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¿GIRO A LA IZQUIERDA O POLITICA POPULISTA?

HACIENDA PÚBLICA, PSOE Posted on Mar, agosto 02, 2022 19:20:03

Una de las primeras cosas que se aprende en la facultad de Economía es que esta disciplina se basa en un principio, el de la elección. Es el tópico dilema de cañones o mantequilla. Las funciones de producción limitan los recursos y fuerzan a la disyuntiva. La escasez es la característica esencial de los bienes económicos. Toda decisión debe estar sometida al coste de oportunidad, esto es, la alternativa o las alternativas a las que se renuncian, lo que se podría hacer con tales recursos de no efectuar ese gasto o prescindir de tales ingresos.

Entre las enormes diferencias existentes entre una política socialdemócrata y una populista se encuentra la consideración o no del coste de oportunidad. La primera tiene conciencia de que todo tiene un precio, y asume que los recursos deben orientarse a los objetivos mejores. No basta con que sean buenos, sino que deben ser los óptimos. La política populista, por el contrario, bien se  califique de derechas o de izquierdas, ignora el coste de oportunidad, supone que todo es gratuito; en ella se adoptan las decisiones como si los recursos fuesen infinitos, atendiendo exclusivamente a la rentabilidad electoral.

Actualmente existe en España, y en cierto modo también en Europa, una hegemonía de la doctrina populista. Tanto la autodenominada izquierda como la llamada derecha se han olvidado del coste de oportunidad. Unos venden sus ocurrencias en materia de gasto público como si el dinero cayese del cielo o como si el endeudamiento público no tuviese consecuencias a medio o a largo plazo. Los otros están dispuestos a reducir tributos con la misma alegría y, aunque se pronuncian partidarios de la estabilidad fiscal, parece que no creen que las rebajas de impuestos la afecten, solo el incremento de los gastos.

Ambos, Gobierno y oposición, a la hora de proponer medidas lo hacen con idéntica frivolidad y sin establecer su financiación, es decir, sin considerar la alternativa al gasto o a la reducción propuesta de ingresos. Desde esta perspectiva, ¿quién va a estar en desacuerdo con las dádivas planteadas por el Gobierno o con las laxitudes fiscales de la oposición? Nos movemos en el reino de Jauja, allí donde ha desaparecido la necesidad y todo es posible. Es el mundo del populismo.

Pero, permítanme que me centre en la política del Gobierno, precisamente por eso, por ser gobierno, ya que sus ocurrencias o desatinos, para desgracia de los ciudadanos, los puede hacer realidad. Eso no ocurre con la oposición. Es más, es muy posible que cuando asuma en algún momento el gobierno no tenga más remedio que llevar a cabo políticas muy distintas de las que ha defendido con anterioridad. En cualquier caso, ya habrá tiempo de criticar su labor si es que llega al poder.

Sánchez, cada vez que obtiene un mal resultado en unas elecciones o que las encuestas le son negativas, realiza toda una escenificación de giro a la izquierda de su política. Se olvida o no, pero, aunque no se olvide, sabe que no puede prescindir de ello, de su máximo lastre, que es mantenerse en el gobierno mediante la compra de votos de golpistas, independentistas y herederos de terroristas. Es más, de cara a una nueva legislatura, es consciente de que si tiene alguna posibilidad de gobernar será con las mismas ataduras. Por eso centra su estrategia electoral en escenificar una política de izquierdas, que es más bien populista. Un conjunto de medidas heterogéneas sin conexión ni coherencia. Es curioso que cuando las anuncia su discurso se centra principalmente en alardear de los cuantiosos recursos que se van a emplear, sin mayor concreción, y sin indicar nunca cómo se van a financiar. Parece que el mérito político radicara en la relevancia de la cuantía.

Bien es verdad que posteriormente resulta difícil comprobar si se han cumplido o no las previsiones. Hay, sin embargo, alguna excepción. El ingreso mínimo vital es de tal relevancia que se conoce bien la enorme diferencia que se ha producido entre el discurso triunfalista del ministro y del Gobierno en su conjunto y los desastrosos resultados obtenidos. Recientemente ha sido la propia AIReF la que ha criticado duramente la gestión de esta prestación social. En realidad, todos estos defectos estaban ya presentes en el diseño desde el inicio. De hecho, nada más publicarse el decreto ley, el 20 de septiembre de 2020, en este mismo diario publiqué un artículo titulado “El patinazo del Ingreso Mínimo Vital”, en el que criticaba con dureza el diseño y avisaba de los enormes problemas de gestión que iba a ocasionar.

Buena prueba de la veleidad que acompaña la política del Gobierno es su decisión de subir en un quince por ciento el importe de la prestación de los actuales beneficiarios del IMV. Lo lógico sería que el incremento coincidiese con el aumento de la inflación, a no ser que se reconozca que la cantidad fijada hace poco más de un año era incorrecta. El hecho de que haya sobrado más del sesenta por ciento de la partida consignada se debe no tanto a que la prestación sea insuficiente, sino a los muchos teóricamente beneficiarios que se han quedado fuera por la mala gestión y el deficiente diseño. Es más fácil incrementar un quince por ciento las ayudas actuales que corregir la norma y aumentar los beneficiarios.

Una de las últimas ocurrencias, el gratis total en cercanías, muestra también la improvisación y los vaivenes de la actuación del Ejecutivo. Se toma esta medida cuando hace pocos días se había acordado subvencionar tan solo el cincuenta por ciento. Tales cambios de criterio en tan corto plazo de tiempo tienen difícil explicación y sin duda son expresión de la frivolidad de una política sin consistencia.

La medida, por otra parte, no parece tener demasiada lógica. Primero, afecta exclusivamente a una pequeña parte de la población española. ¿Que dirán los extremeños? Segundo, se subvenciona al cien por cien a los viajeros del tren, que no han sufrido ningún perjuicio. La subida se ha producido en los carburantes y los damnificados son los usuarios del automóvil y el transporte por carretera. Se supone que la finalidad es incentivar que los ciudadanos abandonen el automóvil y opten por el tren. La medida es simplista porque el incentivo en todo caso ya existía, debido al elevado precio de la gasolina y el gasóleo y porque además va a existir una enorme desproporción entre el pequeño número de aquellos que debido a la gratuidad se trasladen al ferrocarril y el coste de eximir a todos los viajeros del pago del billete.

Da la impresión de que la aprobación está motivada por un cierto fanatismo que pretende criminalizar el uso del coche privado y que cree que la crisis de los carburantes se solucionará reduciendo el consumo. La Comisión Europea tampoco está muy fina, cuando después de la desastrosa política energética que ha aplicado -y a petición de los llamados hasta ahora países frugales, pero que en materia energética no lo son tanto-, se le ocurre como única solución pedir a los ciudadanos que consuman menos.

Pero quizás el ejemplo más claro de lo que es una ocurrencia populista se encuentre en esa medida que parecía recluida en el baúl de los recuerdos y que acaba de resucitar Iceta, el ministro apóstol de la reforma del delito de secesión. Me refiero a esa especie de lotería que les ha tocado a todos los nacidos en el 2004 (será por eso de ser el año del triunfo de Zapatero o porque tienen derecho al voto por primera vez), un bono de 400 euros para que se lo gasten en chucherías culturales.

Ante estas ocurrencias y otras muchas del programa populista de Sánchez surge una pregunta: ¿Dónde se encuentra la ministra de Hacienda? Tradicionalmente, el ministro de Hacienda ha sido siempre el malo de la película, el cancerbero que interceptaba las ocurrencias de los demás ministerios, que criticaba sus propuestas y que mejor o peor aplicaba el coste de oportunidad. Hasta ahora no se entendía que toda nueva medida no fuese acompañada del correspondiente informe de este departamento.

Hoy parece que el ministerio no existe. Sus técnicos se enteran por la prensa y se ven obligados a arreglar los desaguisados, una vez anunciadas con la mayor frivolidad las cosas más peregrinas. Casos especialmente graves los han constituido el IMV y ese bono de una sola vez de 200 euros para los más necesitados, ambos con normativa y condiciones tan descabelladas que han echado sobre la Agencia Tributaria toda una enorme e inútil carga de trabajo que le era totalmente ajena y que la apartaba de su verdadera finalidad, la gestión de los tributos y la persecución del fraude fiscal.

Lo que realmente no existe es una ministra de Hacienda. Sanitaria de formación y política de profesión, carece de la competencia mínima para ocupar ese puesto, con el agravante de que se trajo de Andalucía un equipo de características parecidas, y que se encuentra totalmente perdido en un ministerio de tamaña complejidad. Han sido ya dos los secretarios de Estado de Hacienda dimitidos al comprobar que el puesto les caía totalmente grande. En eso han tenido más honestidad que la propia titular del departamento.

La ministra, que ocupó durante algún tiempo la portavocía del Gobierno, ha suplido su falta de ideas y de discurso con una verborrea mareante, sin que nadie sea capaz de callarla, sea cual sea el tema. Antes muerta que sencilla. Su mayor virtud, el no poner ninguna objeción y decir a todo que sí ante su señorito, convertirse, en definitiva, en alfombra. No hay porque extrañarse por tanto que ahora la premien con la vicesecretaría general del partido. Bien es verdad que en el actual PSOE solo hay un cargo, el de secretario general.

En su afán por justificar lo injustificable de la política del Gobierno, Montero puede pronunciar los mayores disparates, como que la ley va a impedir que la banca repercuta a los clientes el nuevo impuesto que el Ejecutivo quiere imponer. Ya dirá cómo. La transmisión o no, dependerá del mercado y de la competencia que se establezca entre las entidades financieras. Pero este tema, el del impuesto a la banca, lo dejaremos para la semana que viene.

Republica.com 30-7-2022



¿ESTAMOS O NO ESTAMOS EN RECESIÓN?

ECONOMÍA Posted on Lun, julio 25, 2022 21:10:16

Es la pregunta que se plantea todo el mundo. Los economistas, como cualquier otra profesión, tienen su jerga y también convenciones que son solo eso, convenciones, extraídas todas ellas de condiciones normales y habituales. En cuanto a la recesión, se ha convenido que una economía se encuentra en esta situación cuando durante dos trimestres seguidos su tasa de crecimiento intertrimestral es negativa. Esta suposición tiene su lógica en la forma tradicional en la que suceden las crisis.

Pero la originada por el Covid posee unas características totalmente diferentes de las que estamos acostumbrados. No obedece a causas económicas, sino a decisiones políticas y administrativas tomadas en función de la situación sanitaria. Fue la evolución de las condiciones epidemiológicas la que ha determinado en buena medida la marcha de la economía y la que originó que en el año 2020 el PIB de todos los países se hundiera, aunque ciertamente en porcentajes distintos según la pericia que los diferentes gobiernos mostraron a la hora de gestionar la pandemia y la economía.

Por eso he defendido durante todos estos meses, en contra de ciertos triunfalismos, que en este tipo de crisis las tasas intertrimestrales de crecimiento no tienen demasiado sentido, al depender del suelo del que se parte. La información relevante es relacionar el PIB obtenido cada trimestre o en cada momento con el alcanzado antes de la pandemia. Diríamos que mientras no se llegue a ese último, en una crisis como esta, se está en recesión.

Concretamente en España podríamos simplificar estas dos interpretaciones de la recesión en dos series históricas, referentes ambas a todos los trimestres de los años 2020, 2021, y el primero de 2022, último dato disponible:

2020 2021 2022
Trim. ITrim. IITrim. IIITrim. IV Trim. ITrim. IITrim. IIITrim. IV Trim. I
-5,4-17,716,80,2 -0,51,12,62,2 0,2
94,677,990,991,1 90,791,794,196,1 96,3
 

La primera serie estaría constituida por las tasas intertrimestrales del PIB. La segunda por el porcentaje que el PIB de cada trimestre representa respecto del obtenido en el último trimestre de 2019. Según la interpretación clásica (la primera serie), la recesión habría durado solo el primer semestre de 2020. Pero según lo que se podría considerar una interpretación más adecuada a la crisis provocada por motivos sanitarios (segunda serie), la economía española continuaría en recesión puesto que no ha alcanzado el PIB del último trimestre de 2019. Se encuentra en el 96,3%

Ciertamente el momento más bajo de la crisis habría tenido lugar en el segundo trimestre de 2020, en el que el PIB se redujo un 22% con respecto al que tenía en 2019, descenso no equiparable a lo ocurrido en ningún otro país de la Unión Europea, lo que indica hasta qué punto el Gobierno cometió graves errores durante la pandemia que repercutieron muy negativamente en la economía.

En estos momentos, el PIB de la gran mayoría, por no decir de la totalidad, de las naciones europeas han conseguido retornar al de finales de 2019, especialmente en aquellos Estados con los que debemos compararnos. Ellos sí pueden afirmar que han superado la recesión de la pandemia y tiene sentido que se pregunten si en el futuro, debido a la guerra de Ucrania y a la crisis de las materias primas, van a entrar de nuevo en esa situación económica.

En el caso de España el tema es totalmente diferente, ya que no hemos conseguido retornar al PIB de 2019. En cierta forma no hemos salido aún de la recesión anterior y todo hace pensar que no vamos a llegar a esta meta ni siquiera a finales de este ejercicio. Nuestras previsibles tasas de crecimiento positivas no indican de ningún modo que España vaya a estar mejor que los otros países, sino que se deben a que estamos lejos de alcanzar las cotas de 2019.

Por eso es tan absurdo el triunfalismo de Escrivá, de Yolanda Díaz y del mismo Sánchez cuando se agarran como tabla de salvación a las cifras de empleo, queriéndonos convencer de que nos encontramos ya en la economía de prepandemia. Si la actividad económica no se ha recuperado, el empleo, por mucho que se empeñen, tampoco. A no ser que lo haga a costa de la productividad, empleo a tiempo parcial, o bien porque las estadísticas no recojan el total de los parados, que es lo que ocurre con los ERTE y con los fijos discontinuos.

Hay que recordar la frase de James Whitcomb Riley: «Cuando veo un pájaro que anda como un pato, nada como un pato y grazna como un pato, lo llamo pato». Pues bien, considerando a los trabajadores en ERTE o determinadas épocas de los contratados fijos discontinuos, no puede uno por menos que afirmar que si no trabajan al igual que trabaja un parado y si cobran el seguro de desempleo como los parados es que con toda probabilidad son parados.

El maquillaje es tal que la única estadística creíble en materia de empleo es la de horas trabajadas que publica el INE. Al menos hasta ahora, porque después del cambio del director de este organismo (debido a que los datos que ofrecía no gustaban ni a Calviño ni a Escrivá) todo es posible.

Quizás una de las variables más expresivas a la hora de constatar la situación diferencial de España y que menos permiten el engaño es la evolución de la renta per cápita. A finales de 2021, tanto la Eurozona como la Unión Europea habían recuperado la renta per cápita previa a la pandemia. Por el contrario, nuestro país se mantiene aún en un 5% por debajo de la que tenía a finales de 2019. Es más, España es la única economía de la UE cuya renta per cápita es inferior a la existente al principio de 2018. Es decir, por término medio, todos los españoles somos más pobres que cuando Sánchez alcanzó el poder hace cuatro años.

A todo esto hay que añadir, por una parte, el enorme incremento en la deuda pública a lo largo de esta era sanchista, casi un 30%, que hace que los ciudadanos, amén de ser más pobres, estén mucho más endeudados y, por otra parte, que presentemos la mayor tasa de inflación (10,2) entre los países de nuestro entorno.

Algún tertuliano fichado últimamente por El País se ha empeñado en decir que no es verdad. Que Ucrania (21,5%), Estonia (20,1%), Lituania (18.5%), Letonia (16,8%), República Checa (15,2%), Bulgaria (13,4%), Polonia (12,8 %), Rumanía (12,4%), Eslovaquia (11,8%), Hungría (10,8%), Croacia (10,7%), Grecia (10,5%) y Eslovenia (10,4%) superan a España en tasa de inflación. Tiene razón. Pero, por lo visto, es con estos países con los que nos quieren comparar las huestes sanchistas. Por otra parte, todos estos Estados tienen una cercanía y una dependencia mucho mayor que la nuestra con Rusia.

En el resto de las economías de la Unión, excepto en Holanda que se iguala a España, la inflación es inferior: Francia, 5,4%; Italia, 7,3; Alemania 7,6 y hasta Portugal 8,7. Aparte del empobrecimiento que esta situación implica para los ciudadanos españoles, el diferencial en los precios, al tener la misma moneda, puede dañar gravemente la competitividad de nuestros productos. A no ser que nos conformemos con la ganancia en la competitividad que vamos a obtener frente a Estonia, Lituania y Letonia.

Sánchez y su Gobierno se escudan en la pandemia y en la Guerra de Ucrania. Pero todos los países han padecido la primera y están sufriendo la segunda. Es más, España ha contado con ciertos factores estructurales favorables. Primero, la resistencia a la vacunación ha sido mucho menor en la población española que en el resto. Segundo, está bastante más alejada de Ucrania y de Rusia no solo geográfica, sino política y económicamente. Tercero, ha sido de los países que tenían a su disposición más fondos europeos y que, según Sánchez, poseían un carácter milagroso e iban a solucionar todos nuestros problemas. No parece que haya ningún motivo, excepto la incompetencia y cierto fanatismo del Gobierno, para que España presente en su conjunto los peores datos en todas las variables económicas de la Unión Europea.

republica.com 21- 7- 2022.



LA CUMBRE DE LAS ALPARGATAS

EUROPA, GLOBALIZACIÓN, REALIDAD INTERNACIONAL Posted on Lun, julio 18, 2022 20:37:50

Se han desvanecido ya las luminarias de la fiesta. Casi toda España se ha congratulado de nuestro buen hacer de anfitriones. Recepciones, museos, cenas de gala, conciertos, representaciones, visitas a monumentos, y hasta compra de alpargatas, todo lo necesario para hacer las delicias de los grandes mandatarios internacionales y sus esposas, e incluso de las nietas del emperador que parecían haber venido a Europa de vacaciones. Lo paradójico es que los solemnes y deslumbrantes fastos obedecían a la reunión de una organización militar, que proclamaba estar en guerra.

Ciertamente una guerra especial, porque se efectúa por apoderado. Es Ucrania la encargada de sufrir la desolación. Al tiempo que en Madrid se celebraban los festejos, el déspota ruso bombardeaba con más ímpetu las ciudades ucranianas. Los países de la OTAN en esta guerra se han limitado a hacer de fans, maldiciendo a Putin, y animando a los ucranianos a enfrentarse a Rusia, haciéndoles creer que tenían detrás a todo Occidente; pero lo cierto es que las naciones europeas no podían intervenir si no querían comenzar la tercera guerra mundial, con el riesgo evidente de que fuera atómica. Su papel ha quedado reducido a facilitar a Ucrania armamento militar y a lo que, en tono un tanto pedante, el alto representante de la Unión Europea denominó una versión moderna de la guerra, la económica.

Tampoco desde esta última perspectiva los mandatarios europeos han estado muy finos. Se han olvidado de la globalización y de la dependencia energética que la Unión Europea tenía respecto de otros países, especialmente de Rusia. Se da la paradoja de que son países de la OTAN los que con la compra del gas están financiando el coste de la guerra a Putin y, a pesar de las amenazas continuas, lanzadas en las distintas reuniones europeas acerca de acabar con las adquisiciones, lo cierto es que hasta este momento más bien ha sido Rusia la que ha cortado total o parcialmente el suministro a algunos de los países miembros.

Rusia es una dictadura. Desde Occidente es difícil saber lo que realmente pasa en ese país y en qué medida la guerra está dañando sus intereses y perjudicando a su población. Pero no es menos verdad que las sanciones, al menos parcialmente, se están volviendo como un bumerán contra la economía de la Unión Europea. Sobre todo la inflación está castigando duramente a sus ciudadanos, y minando con fuerza su capacidad económica. Desde luego nada comparable con lo que está sufriendo el pueblo ucraniano. Su país está quedando destruido, los muertos y heridos son innumerables y una buena parte de la población (la mayoría mujeres y niños) ha tenido que emigrar.

Existen pocas dudas acerca de que el principal culpable de esta tragedia es Putin y su concepción cesarista del orden internacional. Ahora bien, Putin puede ser un déspota, un tirano y, si se quiere, un criminal de guerra. Pero Putin, se quiera o no, es un dato del problema que se tenía que haber tenido en cuenta. Otro dato era hasta dónde estaba dispuesta a intervenir la OTAN y la capacidad que tenía para hacerlo. Todo ello debería haber contado en la estrategia de Ucrania, de la OTAN y, principalmente, de Estados Unidos.

Unos pueden ser los malos, y los otros los buenos. Pero la geopolítica y el orden internacional no se rigen por estos criterios, sino por las posibilidades prácticas y el objetivo de obtener los mejores resultados, o los menos malos posibles (realpolitik). Aun cuando la guerra no ha terminado, observando lo transcurrido en estos primeros 140 días, comienza a existir muchas dudas de que las negociaciones previas hayan sido las más convenientes y no hubiese sido mejor intentar un tipo de acuerdo parecido al que se obtuvo en 1962 entre la Unión Soviética y EE. UU. respecto de los misiles cubanos.

El 3 de febrero, antes de que comenzase la guerra, escribí un artículo en este diario titulado “de Cuba a Ucrania”, explicando la similitud que existía entre ambos conflictos. Kennedy y EE. UU. consideraban, por mucho que Cuba fuese soberana, una provocación inaceptable que los misiles rusos se situasen a pocos kilómetros de sus costas. Al comienzo del conflicto, parecía que del mismo modo Putin y Rusia, con razón o sin ella, veían una amenaza en el hecho de que la OTAN se acercase a sus fronteras, y más concretamente rechazaban la incorporación de Ucrania a la Alianza Atlántica.

En aquel artículo mantenía la esperanza de que el conflicto se evitase del mismo modo que en 1962. Entonces el acuerdo entre Kennedy y Kruschev consistió en un compromiso mutuo. Rusia retiraba los cohetes y EE. UU. se comprometía a no invadir Cuba y a no ayudar a ningún otro país que lo intentase. No sé si algo parecido quizás se podría haber pactado en os momentos presentes  antes del inicio de la conflagración, esto es, la promesa de Ucrania de no entrar en la OTAN y la de Rusia de no invadir Ucrania.

En cualquier caso, me temo que el acuerdo que antes o después se firme va a tener condiciones mucho más negativas para Ucrania que las que al principio hubiera obtenido, fuesen estas las que fuesen y por muy injustas que fueran, pero en la geopolítica la justicia e la injusticia importan poco, manda la fuerza. Desde el momento en el que la OTAN no quería o no podía intervenir directamente, la suerte parecía estar echada y quizás habría que preguntarse si los aplausos, los apoyos morales, e incluso el suministro de armamento no habrán sido contraproducentes.

Se dice que el orden internacional ha cambiado sustancialmente, incluso que hemos vuelto a la Guerra Fría. Puede que sea así y que Putin sea el más interesado en este cambio de ciclo, pero los mandatarios de la OTAN, y especialmente Biden, no parecen muy apenados por el nuevo escenario. El mismo concepto estratégico de Madrid no colabora a mejorar mucho la situación, cuando califica a la Federación Rusa “de ser la amenaza más directay significativa para la seguridad de la Alianza y la paz y estabilidad en el área euroatlántica. E introduce a China en el texto calificándola de desafío sistémico. Lo más curioso es que tanto China como Rusia mantienen con los países europeos una fuerte interdependencia económica, lo que hace más paradójica la situación.

Por otra parte, tampoco se precisa ser amante de las teorías conspiratorias para ser conscientes de que el nuevo orden puede convenir a otros muchos intereses políticos y económicos, desde  la propia OTAN que ve reforzado su papel -el cual había quedado obsoleto, después de la Guerra Fría y de la disolución del Pacto de Varsovia-, a todos los países o empresas que se han convertido en suministradores preferentes de todos aquellos productos que Rusia y Ucrania no pueden o no quieren proporcionar, pasando sobre todo por los que se están beneficiando y se beneficiarán del incremento del gasto militar, que impone Biden bajo el principio de que todos deben colaborar.

Se dice que quien paga manda, lo cual es cierto, pero no lo es menos la afirmación inversa de que quien manda debe pagar. Por eso se entiende mal el victimismo de EE. UU. acerca de que el coste de la OTAN recae principalmente sobre los americanos. Para eso son el imperio y no dejan de demostrarlo cada vez que salen de su país. Solo hay que comparar la diferencia de trato, de protocolo y de prevalencia dados a las distintas delegaciones en Madrid y en general allá donde van.

España no debe confundirse, que los fastos hayan resultado deslumbrantes, que Madrid haya estado por unos días presente en toda la prensa internacional, que la marca España haya ganado puntos en cuanto a su hospitalidad y en referencia a las muchas maravillas artísticas que tiene, no quiere decir que, a partir de ahora, cuente mucho más en la Alianza Atlántica. La prueba es que, se pinte como se pinte, el tema de Ceuta y Melilla queda como estaba y su defensa sometida, tal como dijo el secretario general de la OTAN, a una decisión política. Sánchez tampoco debe engañarse, que haya obtenido las fotos tanto tiempo deseadas, que Biden se haya portado con él con mucha cordialidad, que incluso se haya atrevido a coger a su esposa por la cintura, no le concede una importancia política mayor dentro de la organización ni impide que en una próxima cumbre se repita el paseíllo.

Políticamente quizás lo único que se ha incrementado es el vasallaje y la aportación militar a guerras que nos quedan muy lejanas. La pretensión de Margarita Robles de descalificar a Yolanda Díaz argumentando que el gasto militar crea empleo en El Ferrol resulta cínica, cuando no patética. ¿Por qué no solucionamos el paro dedicándonos a la producción de marihuana?

La cumbre de las alpargatas, de las cuchipandas, de las Meninas y del turismo, ha finiquitado. Espectáculo un tanto obsceno, cuando en Ucrania se incrementaban el sudor, la sangre y las lágrimas, y cuando muchos ciudadanos europeos ven que sus economías se debilitan día a día por decisiones adoptadas a muchos kilómetros de sus fronteras por aquellos que ahora se comportan como un club de lujo, en vacaciones. Veremos cómo termina la guerra y, lo que es más incierto, la posguerra.

republica 14-7-2022



LAS OCURRENCIAS DEL GOBIERNO ROBIN HOOD

ECONOMÍA, GOBIERNO Posted on Dom, julio 10, 2022 21:47:36

El sanchismo se ha empleado a fondo en pregonar las versiones más curiosas acerca de los resultados de Andalucía, que si Juanma Moreno no es del PP, que si ha rentabilizado electoralmente los cuantiosos recursos que Sánchez había mandado a Andalucía, que si lo importante era saber qué tendencia iba a primar en el PP. Pero, a pesar de todo ello, la procesión ha ido por dentro y las señales de alarma han sonado en la Moncloa. El presidente del Gobierno ha terminado por introyectar el discurso de Rufián cuando le interpelaba en las Cortes acerca de que, para invertir la tendencia electoral, el Ejecutivo tenía que implementar medidas progresistas, que más bien habría que tildar de populistas.

El discurso fue sin duda paradójico, porque lo que más perjudica electoralmente al PSOE es precisamente su alianza con Esquerra y con otras formaciones políticas similares. Pero invertir esta situación no está en la mano de Sánchez. Le guste o no, su Gobierno solo puede ser Frankenstein y su permanencia en el poder está ligada irremediablemente a golpistas, soberanistas y descendientes de terroristas. Por eso ha optado por el único camino que cree que le queda, disfrazar la realidad, bien mostrando de ella una faz falsa, bien aprobando todo un abanico de medidas económicas que en su mayoría no tienen por objeto mejorar la economía, ni siquiera paliar los efectos negativos de la crisis, sino mostrar una apariencia de que se pretende dar una respuesta adecuada a la inflación.

A los pocos días de las elecciones andaluzas, el Gobierno ha aprobado un nuevo decreto ley que en buena medida consiste tan solo en prorrogar el anterior, que vencía a finales de junio. El resto  es un pastiche poco convincente lleno de medidas populistas que lo que único que indican es la ausencia de una verdadera política económica y social. Ocurrencias al mejor estilo zapateril, que solucionan nada o muy poco y cuyo truco radica en ocultar cualquier coste de oportunidad, es decir, presentarlas como si fuesen totalmente gratuitas y como si los recursos dedicados a ellas lloviesen del cielo.

Pero lo cierto es que no es así. El coste irá a incrementar el ya muy elevado endeudamiento público, puesto que Sánchez ha eludido desde el principio acometer seriamente reformas fiscales progresivas. El mismo impuesto que se anuncia a las compañías energéticas no deja de ser una chapuza, de dudosa constitucionalidad, sobre todo cuando se le quiere conceder un carácter retroactivo. Se trata solo de la apariencia de que se ataca a los ricos y poderosos. Por otra parte, esta escalada inflacionista no puede explicarse únicamente por los beneficios extraordinarios de las energéticas. Son muchos los perdedores, pero también bastantes los ganadores. Una redistribución de ganancias y pérdidas precisa de una utilización de la política fiscal mucho más fina. Es muy posible, además, que la medida consista tan solo en eso, en un anuncio para cubrir las apariencias, pero que finalmente no llegue a término.

Incrementar el endeudamiento público no es algo inocuo y que no vaya a tener un coste alto. En los momentos actuales en los que el BCE se ve obligado a cambiar de política, y las primas de riesgo de países como España pueden dispararse, la aplicación de nuevos instrumentos para salvar la deuda de estos países se hará sin duda de forma condicionada. De hecho, la Comisión, al dar estos días luz verde al nuevo tramo del Fondo de Recuperación, ya ha dejado caer la necesidad de que España presente un plan creíble acerca de la viabilidad del sistema público de pensiones, transmitiendo así sus dudas acerca de la solución un tanto bobalicona presentada por el ministro Escrivá, con lo que los augurios de cara al futuro no son precisamente buenos. Esperemos que las alegrías actuales no nos conduzcan como en la etapa Zapatero a situaciones muy críticas.

Sánchez, en la presentación del decreto ley, afirmó con aplomo que con las medidas que se aprobaban se reduciría la tasa de inflación 3,5 puntos. Desde una perspectiva económica, la afirmación es ridícula o cómica. No obstante, la disminución sí puede cumplirse en el ámbito de la representación. Todo consiste en que al final el Gobierno afirme, sea cual sea la inflación que se dé, que los precios  habrían sido 3,5 puntos más elevados si no hubiese sido por la política aplicada por el Gobierno. Tan solo una medida puede influir seriamente en la inflación, la reducción del 10 al 5% del IVA de la electricidad, medida que curiosamente fue propuesta por Feijoó y despreciada hasta ahora por el Gobierno, y que desde luego está muy lejos de poder garantizar tal minoración de los precios.

El resto de las medidas apenas van a tener impacto sobre la inflación. Son ocurrencias. Su finalidad consiste en crear una apariencia de ayuda a las clases más perjudicadas, pero resultan un conjunto anárquico, sin ligazón de unas con otras y sin demasiada racionalidad. Suben los carburantes y lo que se rebaja es el precio del transporte público. No parece tener demasiado sentido. La razón esgrimida es que favorece a las clases bajas, aunque se olvidan de todo el ámbito rural. Muchas medidas podrían cumplir de forma mejor esta finalidad al tiempo que reducirían la inflación, como por ejemplo minorar o eliminar el IVA de artículos que entran principalmente en la cesta de la compra de las capas sociales más vulnerables. Alternativamente se alega otra razón, la necesidad de desincentivar el consumo de la energía, pero resulta un poco ingenuo pensar que, si el elevado precio actual no consigue ese objetivo, lo va a lograr la rebaja en el coste del transporte público.

La medida a la que se ha dado más publicidad, por ser quizás la más populista (y que recuerda otras de Zapatero o la aprobada por el mismo Sánchez de conceder 400 euros a los jóvenes que cumplan 18 años en el presente ejercicio para que lo gasten en artículos culturales) es la de establecer una ayuda de 200 euros, como pago único a personas definidas como de bajo nivel de ingresos. El límite de estos queda fijado en 14.000 euros por unidad familiar, y referido al ejercicio 2021.

Como toda medida populista esta se encuentra llena de vacíos y de contradicciones. La primera, su relatividad. Una persona soltera que hubiese ganado 13.500 euros en 2021 tendría derecho a la ayuda, mientras que una familia de seis miembros, tres niños y tres adultos, y que los ingresos de estos últimos hubiesen sido de 6.000, 4.500 y 4.000 respectivamente estarían excluidos de la subvención.

Pero es que, además, el ámbito de los beneficiarios queda limitado a personas que a la entrada en vigor del real decreto ley realicen una actividad por cuenta propia o ajena, o sean desempleados. Quedan excluidos por tanto los perceptores de pensiones no contributivas o del ingreso mínimo vital. Cosa curiosa, cuando se supone que esta última prestación se había creado para dar cobertura a los estratos sociales más vulnerables. Surge de inmediato una pregunta a la que la norma no aparece dar respuesta: ¿Qué sucede cuando en una misma familia coinciden individuos de conjuntos diferentes, por ejemplo, un autónomo y un beneficiario de pensión no contributiva?

Los mayores problemas de la medida van a surgir del hecho de que parece que se ha diseñado por los mismos genios que idearon la chapuza del ingreso mínimo vital, con lo que muy probablemente esté condenada a idénticos defectos y errores. Es más, el decreto ley remite a efectos de su gestión a la norma por la que se establece el ingreso mínimo vital, con lo que sin duda se caerá en el mismo desbarajuste. Empezando porque una vez más se va a producir un desfase temporal entre el momento en que se computan los ingresos (año 2021) y el de la prestación (segundo semestre de 2022). La situación económica puede haber cambiado sustancialmente. Y siguiendo porque en muchos casos resultará muy difícil, incluso imposible, comprobar los requisitos exigidos. Al igual que en el caso del ingreso mínimo vital, se encarga a la Agencia Tributaria, que en la mayoría de las ocasiones no tendrá ni información ni medios para hacerlo y además se la distrae una vez más de su auténtico objetivo, controlar el fraude fiscal.

Sánchez ha puesto un colofón a sus ocurrencias y se presenta como un nuevo Robin Hood. “Sabemos para quiénes gobernamos, para los más vulnerables y para las clases medias y trabajadoras. Este es un gobierno molesto para ciertos poderes económicos que tienen sus terminales mediáticas y políticas”. Eso lo dice quien ha huido del Parlamento para la presentación de sus planes económicos y ha preferido representaciones teatrales delante de toda la plana mayor del mundo empresarial, que, como gorriones, abrían la boca esperando el maná de los fondos europeos.

Republica.com 7-6-2022



¿SE HAN VUELTO DE DERECHAS LOS ANDALUCES?

GOBIERNO, PSOE Posted on Dom, julio 03, 2022 22:44:31

A lo largo de los diez últimos días han sido muchos los comentarios vertidos en los medios de comunicación acerca de las elecciones andaluzas y sus resultados. Cada uno de ellos ha arrimado el ascua a su sardina. Son bastantes, todos los entusiastas del sanchismo, los que han intentado aislar Andalucía del resto de España y a Juanma Bonilla del Partido Popular. Hay quienes han llegado a manifestar que el candidato había escondido las siglas. Con todo ello pretenden establecer un cortafuego alrededor de Sánchez. Curiosamente, ocurrió lo mismo con Madrid, se esforzaron en afirmar que los resultados no eran extrapolables al resto de España.

Tras atacar de forma inmisericorde a Juanma Bonilla a lo largo de la campaña, ahora se deshacen en loas, ensalzan sus cualidades, su buena gestión y sobre todo su ponderación y centralidad. Se empeñan en contraponerlo a Ayuso y, cosa curiosa, lo único que destacan de las elecciones de Andalucía, es saber cuál de las dos versiones es la que va a triunfar dentro del Partido Popular. No sé si son dos visiones distintas. Lo que es indudable es que las dos han tenido éxito y que van a lograr gobernar en solitario en sus respectivas Comunidades, que es a lo que ambos candidatos aspiraban. No deja de ser llamativo que después de lo que ha ocurrido en Andalucía, la cuestión que preocupe al sanchismo sea una imaginaria división del Partido Popular. Como si en el PSOE no hubiese divergencias, ¿versiones distintas?, casi partidos diferentes.

Algo de común tienen las elecciones en Galicia, Madrid, Castilla y León o Andalucía, es que ha perdido la izquierda en su conjunto y, en algunos casos, estrepitosamente. He afirmado con frecuencia que hace tiempo que en España no se vota a favor sino en contra, y eso creo que ha pasado en todos estos comicios. No diré yo que todos los candidatos, cada uno en su medida, no haya tenido que ver en la victoria, pero por mucho que los altavoces sanchistas se empeñen, aislar a Andalucía y mantener los resultados al margen de la problemática nacional resulta incomprensible y absurdo.

Son muchos los elementos, unos esenciales otros más secundarios, que indican lo contrario. Por ejemplo, es difícil entender la debacle de Ciudadanos sin hacer referencia a la trayectoria nacional de esta formación política. El castigo electoral no iba desde luego orientado a Marín ni al resto de los consejeros que contaban con los mismos méritos que los del PP, sino a la caótica política de los responsables nacionales.

El Gobierno ha estado presente en la campaña desde el primer momento. No se puede olvidar que el candidato, al igual que en Madrid, ha sido el que impuso Sánchez; violentando todos los mecanismos democráticos y retorciendo la voluntad del PSOE andaluz, desplazó a Susana y colocó en su lugar a Espadas. Cómo evitar que los votantes viesen detrás de este candidato la sombra de Sánchez y cómo no suponer que entre los militantes existen muchos damnificados y en cierto modo resentidos. Los ministros y otros principales del partido, no andaluces, se han prodigado en todos los mítines y basaron en buenas medidas sus intervenciones en cantar las excelencias de las políticas del gobierno central y lo mucho que ha hecho por Andalucía. Enfocar así la campaña electoral era suicida. Sánchez, lejos de ser un activo, se ha convertido en un lastre, excepto, por supuesto, para Cataluña y el País Vasco.

Ciertamente, el resultado electoral de Andalucía puede calificarse de asombroso. Que la derecha haya obtenido 72 escaños frente a la izquierda que consiguió 37, y que además haya sido en Andalucía, cortijo durante mucho tiempo del PSOE, es ciertamente sorprendente. Pero, si el hecho se analiza con cierto rigor, lo verdaderamente asombroso sería que andaluces, castellanos, extremeños o aragoneses etc. voten a quien día a día está comprando su estancia en la Moncloa, a base de pagar a independentistas vascos y catalanes.

Todos los andaluces, o la mayoría de ellos, no se han hecho de derechas de la noche a la mañana, ni ningún candidato puede tener tanto carisma como para garantizar tales resultados. Los andaluces han reaccionado, al igual que en su momento los madrileños, frente a un gobierno y a unos políticos que están dispuestos a todo con tal de permanecer en el poder. Cada cesión que realizan a golpistas, filoetarras, independentistas y demás ralea, el resto de los españoles tienen que sentirlo como bofetadas.

Sánchez, aparte de establecer este mercadeo nacional en temas políticos y jurídicos, lo ha instalado también en materia económica. Actúa como si los recursos públicos fuesen suyos y, así, los reparte a su conveniencia. En la distribución de los fondos de recuperación se ha negado a fijar cualquier criterio como no sea el de la discrecionalidad, lo que le permite actuar de forma arbitraria según sus provecho. Y por ello tampoco ha tenido interés después de cuatro años de gobierno de reformar el sistema de financiación autonómica. Ello le permite tener las manos libres para retribuir y gratificar como desee a las Comunidades.

Esa es la razón de que haya resultado tan estridente la intervención de Lastra al señalar que el triunfo de Juanma Moreno obedece al dinero transferido por el gobierno central a Andalucía. En primer lugar, los recursos no son de Sánchez, aunque lo plantea como si saliesen de su bolsillo y, en segundo lugar, no existe razón alguna para pensar que Andalucía ha salido beneficiada en el reparto. Más bien al contrario, todos los indicios señalan que son Cataluña y País Vasco las agraciadas. Se precisa comprar los votos de los independentistas. Ahí quizás se encuentra la razón del castigo a Sánchez y del triunfo del PP en las andaluzas.

La izquierda a la izquierda del PSOE no puede sentirse más satisfecha en los comicios andaluces. Los diecisiete escaños con los que contaban han quedado reducidos a siete. Tiene su lógica, ya que su coyunda con el independentismo es incluso más intensa que la del partido sanchista y constituye además el nexo de unión entre unos y otros. El 14 de septiembre del 2017, cuando aún no se había constituido el Gobierno Frankenstein, escribí un artículo en este diario titulado “El coqueteo nacionalista de Podemos”. Manifestaba en él que resultaba inexplicable que la izquierda defendiese planteamientos tales como el derecho de autodeterminación o se situara a favor de aquellos que tratan de conseguir la desintegración del Estado.

La concepción marxista de que el Estado es el consejo de administración de la clase dominante queda muy lejos y lejos queda también la monarquía y el turnismo de finales del siglo XIX y principios del XX, y distante también el régimen franquista. El Estado actual, social democrático y de derecho, con todos sus defectos, es el único contrapeso a las fuerzas económicas y el mejor instrumento para reducir las desigualdades sociales. Por lo que se entienden mal las posturas anti estatales de la izquierda.

Quizás la única explicación del acercamiento de Podemos y de otras formaciones homólogas al independentismo es la prisa que han mostrado desde el principio para alcanzar el poder, incluso en alguna ocasión llegaron a calificar de fracasada a la izquierda que les precedió por no entrar nunca en el gobierno y ocupar en el tablero político un puesto secundario. Esa prisa por llegar al poder se plasma en dos hechos. El primero es su reiterado esfuerzo por pactar con el PSOE. Olvidando el discurso de las dos orillas, y el de programa, programa, programa, y sobre todo que el 15-M, movimiento del que ellos se sienten continuadores, surgió estando Zapatero en el gobierno.

El segundo ha sido el acercamiento a toda clase de partidos independentistas o regionalistas, y en muchos casos creando con ellos alianzas que terminaban por configurar un mapa de lo más heterogéneo, no solo en las siglas con las que se presentan a las elecciones, sino también en su discurso, pensando que así se podían obtener resultados mejores. Han pensado que tal vez en Comunidades como en Cataluña, País Vasco, Galicia o incluso Valencia y Baleares, esta postura podría resultarles rentable. Lo cierto es que en estas Comunidades, discursos nacionalistas suele haber muchos y a la hora de la verdad se prefiere el original a la copia. Por otra parte, cuando se defiende la soberanía de las regiones existe la tentación de que cada agrupación asuma vida propia y que se declaren cuasi independientes. Lo que está ocurriendo en Cataluña con Colau y sus seguidores es buena prueba de ello.

La contrapartida se encuentra en que sus potenciales votantes de otras regiones, de Andalucía, de Madrid, de Extremadura, de Castilla, de Aragón, etc. no verán con buenos ojos que aquellos partidos a los que votan por definirse como de izquierdas se coloquen a favor de las regiones ricas y se sitúen en el bando de los que están en contra de la solidaridad interterritorial. Los desastrosos resultados en las últimas elecciones andaluzas pueden explicarse en parte por ello.

Tampoco hay que descartar que la permanencia en el gobierno durante los dos últimos años haya colaborado a la derrota. Mientras estemos en la Unión Monetaria, resulta muy problemático, por no decir imposible, aplicar un programa de izquierdas coherente. Lo ocurrido en España con Rodríguez Zapatero y con Syriza en Grecia les debería haber hecho reflexionar, haber aplacado sus urgencias por llegar al poder.

No parece que el futuro pueda ser mucho mejor. El mirlo blanco que algunos ven en Yolanda Díaz plantea muchos interrogantes. Su proyecto en cuanto al tema territorial no varía un ápice del de Podemos. El mismo slogan escogido, “sumar”, está indicando que lo único que se pretende es agrupar lo que ya existe, e incluso añadir si es posible algún corpúsculo más. De hecho, su presentación con Oltra, Colau, la comisionada de Errejón, etc. no concita muchas esperanzas.

No, los andaluces no se han vuelto de repente de derechas. Simplemente es que desde esta perspectiva no encuentran muchas diferencias entre los partidos políticos. Más bien la única distinción que perciben es entre los que mantienen la igualdad de todos los españoles y los que defienden, o al menos contemporizan, con el supremacismo. Votan en consecuencia.

republica.com 30-6-2022



EL BCE Y LA FRAGMENTACIÓN DE LA EUROZONA

ECONOMÍA, EUROPA Posted on Dom, junio 26, 2022 21:11:40

Los bancos centrales parecen haberse convencido ya de que la inflación que sufre la mayoría de los países en la actualidad no es algo temporal, sino que, con toda probabilidad, si no se procede con contundencia, habrá venido para quedarse. El BCE, aunque quizás un poco tarde, no va a actuar de forma distinta a los demás y ha anunciado que interrumpe la compra de títulos y se dispone a subir el tipo de interés en 0,25% el 23 de julio y seguramente en 0,50% en el mes de septiembre.

El primer problema al que se enfrenta el BCE (en eso no es distinto de los otros bancos centrales) es saber si las medidas que pretende adoptar van a ser eficaces a la hora de controlar la inflación. Existe el precedente de la etapa anterior, cuando el objetivo consistía en que el incremento de precios alcanzase el 2% anual. A pesar de emplear todos los medios a su alcance, incluso los procedimientos tenidos hasta entonces por no ortodoxos, no logró que la inflación despegase del entorno del cero por ciento.

La expansión cuantitativa acometida por el BCE en los últimos años ha tenido múltiples resultados positivos, entre otros el de superar la primera crisis grave del euro, pero no consiguió situar los precios en el porcentaje del 2% fijado por el propio banco emisor. Es lógico que nos preguntemos si va a tener éxito en la trayectoria inversa, y si no existe el peligro de que la política restrictiva impacte más sobre el crecimiento real del PIB que sobre los precios, de manera que, lejos de reducir la inflación, contraiga la actividad.

En estos momentos, a pesar de que algunos se han aprendido la palabra y no dejan de usarla, estamos lejos de la estanflación. El crecimiento real es un hecho. Lo cual es lógico, porque por ejemplo España no ha recuperado el PIB anterior a la pandemia. Pero que en la actualidad no nos encontremos en estanflación, no quiere decir que tal situación no nos amenace para el futuro, si la política restrictiva del BCE termina por ahogar la economía.

El segundo aspecto importante es el hecho de que el BCE es diferente. No es el banco central de un país concreto, sino de 19 naciones a la vez con economías muy dispares entre sí, con lo que su política puede tener efectos muy diversos en cada una de ellas. Ese es el problema eterno de la Unión Monetaria, la ausencia de una verdadera integración; es esta condición la que crea todos los conflictos y el origen de que el euro entre en crisis cada cierto tiempo. En 2011, los mercados pusieron en jaque a la Eurozona, fraccionándola y colocando contra las cuerdas a los países del Sur; expulsaron del mercado a Grecia y a Portugal, y elevaron a niveles insostenibles la prima de riesgo de Italia y de España. Solo la actuación decidida y heterodoxa del BCE, bordeando –si no violentando- los tratados logró enderezar la situación.

Ahora nos vamos a encontrar en una circunstancia similar. La inflación va a obligar al BCE a invertir la política, de manera que se interrumpa la compra de activos y no efectúe la reinversión según se vayan produciendo las amortizaciones. La cuestión radica en saber cómo se van a comportar los mercados con respecto a la deuda soberana de cada uno de los países. El fantasma de la prima de riesgo vuelve a hacer su aparición. Ha bastado con que el BCE anunciase el giro de su política para que las primas de riesgo de Italia, España, Portugal y Grecia comenzasen a subir.

En una verdadera unión económica las primas de riesgo no deberían existir. Se supone que el riesgo de invertir en deuda pública de cada uno de los países tendría que ser el mismo ya que, al estar nominadas todas ellas en idéntica moneda, está ausente el riesgo de cambio y porque, además, no hay razón para que haya peligro de insolvencia de ninguno de los miembros, a no ser que la Eurozona se fraccionase. En el fondo, lo que mide la prima de riesgo es el grado de credibilidad de la moneda única, la probabilidad de que la Unión Monetaria se rompa. Cuanto mayor sea la divergencia entre los países, mayor será la prima de riesgo de algunos de ellos.

Lo cierto es que la Eurozona es un conjunto de países enormemente heterogéneo y sin los mecanismos de integración adecuados. Hay exposición, por tanto, de que se retorne a la situación anterior a la compra masiva de deuda pública por el BCE, y en consecuencia a que el mercado reaccione de manera desigual frente a los bonos soberanos de los diferentes Estados. Existe además el agravante de que en los momentos actuales el stock de deuda pública en los países del Sur es muy superior al de entonces.

La etapa de relativa tranquilidad conseguida a base del dopaje de la deuda por el BCE no debe ocultar que la divergencia entre países es cada vez mayor y la división entre sus ciudadanos, más acentuada. Contrastan los stocks de deuda pública de Grecia (193% del PIB), de Italia (150%), Portugal (127%), España (118%) e incluso Francia (113%) con los de Alemania (69%), Holanda (52%), Dinamarca (44%) y Austria (70%). La causa principal de esas diferencias no está en el mal comportamiento fiscal de los países del Sur, sino en la misma configuración de la Unión y de los contenidos de los tratados, que permiten que los países del Norte puedan vetar las medidas necesarias para que las diferencias desparezcan.

A pesar de que la presidenta del BCE mantuvo en la rueda de prensa que el BCE tiene mecanismos suficientes para impedir que se fragmente el mercado de deuda soberana, no especificó ni concretó nada acerca de qué medios pensaba emplear, lo que alarmó a las bolsas produciendo cuantiosas pérdidas. No es la primera vez que la circunspección de la señora Lagarde, lejos de calmar a los mercados los enerva. Nada más ser nombrada presidenta del BCE, en su primera rueda de prensa en marzo de 2020, ante el acoso de los periodistas, solo se le ocurrió exclamar que “no estaba allí para cerrar diferenciales” Se refería a diferenciales en los tipos de interés de la deuda pública.  Todas las bolsas europeas cayeron en picado. La frase era demoledora, casi letal. Era una invitación a los mercados a que jugasen al tiro al blanco contra aquellos países miembros que considerasen menos solventes.

Algo parecido ha ocurrido ahora en la rueda de prensa en la que anunció el cambio de política. Los mercados querían saber los instrumentos en concreto que se iban a emplear para evitar los diferenciales de tipo de interés y no les bastaron las promesas abstractas, con lo que las primas de riesgo de los países del Sur se dispararon y los mercados de valores acabaron acumulando bastantes días de perdidas. Al Consejo del BCE no le quedó más remedio que reunirse de urgencia y emitir un comunicado que pretendía ser más explícito.

Sin lugar a dudas, una forma de evitar la fragmentación sería que el BCE comprase en el mercado deuda de los países que se encontrasen presionados, con primas de riesgo elevadas, al tiempo que vendiese por el mismo importe bonos de los países que no sufrieran dificultades. El problema surge desde el momento en que el instituto emisor quiere (o le obligan a) mantener el criterio del capital, es decir, cumplir una proporción entre cómo distribuye por naciones su cartera de deuda soberana y la participación de cada una de ellas en el capital del banco.

Solo hay una excepción, el PEPP (por sus siglas en inglés), instrumento de emergencias de compra de activos frente a la pandemia y que admite cierta flexibilidad en la aplicación de la regla de capital, en otras palabras, que la determinación de la nacionalidad de los títulos que se compran o se venden no esté sometida a demasiadas condiciones. El comunicado del SME señala a esta herramienta como el medio más inmediato al que recurrir para impedir, a través de las reinversiones, la fragmentación del mercado de deuda.

Sin embargo, hay dudas de que los 1,7 billones de euros que conforman el PEPP sean suficientes para poner orden en los mercados y, dado que el programa convencional resulta inválido para este objetivo al estar sometido al criterio de capital y además se encuentran excluidos de él los bonos de Grecia, el SME está construyendo una herramienta ad hoc para evitar la fragmentación del mercado de deuda pública. Es previsible que en el diseño aparezca la obligación de esterilizar cualquier liquidez creada, y que los halcones impongan que los países beneficiarios se sometan a determinadas condiciones, tal como se hizo en la crisis anterior.

De nuevo las autoridades comunitarias, al igual que los gobiernos, llevan camino de cometer el mismo error que en la pasada recesión. La política de recortes y ajustes solo comenzó a partir de la mitad de 2010, mientras que en 2007, 2008 y 2009 se adoptó una política fiscal básicamente permisiva, con proyectos de lo más  descabellado como el del Plan E. En los momentos actuales se puede repetir la historia. Durante los años 2020 y 2021, escudándose en la pandemia y dopados por el BCE, los Estados, con el beneplácito de Bruselas, han incrementado el endeudamiento hasta niveles difícilmente asumibles. Me temo que ahora los países del Norte y la Unión Europea nos fuercen a la misma ducha escocesa.

republica 23-6-2022



ESCRIVÁ Y LA CARENCIA DE MANO DE OBRA

GOBIERNO, MERCADO LABORAL Posted on Dom, junio 19, 2022 21:40:13

Parece ser que los hosteleros están muy preocupados porque no encuentran trabajadores para esta temporada. Todo ello resulta paradójico en una sociedad que tiene tres millones de parados. El problema no es exclusivo de este sector. Al menos se da en otros dos, el del transporte y el agrícola y ganadero, incluso también en el de la construcción. La queja de los empresarios es bifronte. En primera instancia, necesitan personal sin más; en segunda derivada, personal cualificado. Nunca se sabe cuándo se refieren a una u otra necesidad.

En determinados oficios la carencia de personal puede tener su origen en la falta de cualificación. La coexistencia con tres millones de parados es posible únicamente por la desconexión entre oferta y demanda en el mercado laboral. Existe desde antiguo un problema cultural. Los trabajos manuales están infravalorados y, por lo mismo, peor retribuidos. Todo el mundo quiere ser médico, abogado, ingeniero o al menos empleado en una oficina o un ministerio.

La expansión de las universidades ha generalizado los estudios universitarios, creando un número mayor de titulados de los que la sociedad necesita, mientras se ha abandonado la formación profesional. Los exámenes de selectividad han pretendido ordenar la enseñanza de manera que se compaginasen las necesidades sociales con las preferencias de los alumnos. La irrupción de las universidades privadas ha desequilibrado de nuevo el escenario, originando la injusticia de que aquellos que posean capacidad económica puedan estudiar la carrera que deseen tengan la calificación que tengan.

Pero la falta de personal en estos sectores no afecta únicamente a la cualificación profesional, sino a la mano de obra sin más, en general. Como siempre, la contestación ofrecida desde el Gobierno ha sido dual. Por una parte, el ínclito Escrivá, que cuenta con la adhesión entusiasta de la cúpula empresarial, plantea abrir de par en par las puertas del mercado laboral a la emigración. Se supone que lo formula no como solución a la falta de cualificación profesional (la gran mayoría de los emigrantes no tendrán mayor formación que los parados españoles), sino a la carencia de mano de obra en general. Por otra parte, la ministra de Trabajo ha replicado a los empresarios, remedando a Biden: “Suban los salarios”. La patronal ha contestado inmediatamente y ha tildado de simplista la repuesta de la ministra. Sin embargo, en esta ocasión la ministra tiene al menos su parte de razón, aunque también es verdad que la cosa es más compleja.

Los cuatro sectores señalados tienen en común ser oficios muy duros con jornadas prolongadas e irregulares, amén de ser muchos de ellos trabajos de carácter estacional, con poca seguridad, y la vivienda constituye un fuerte impedimento a la movilidad. La demanda de estos trabajos no solo depende del nivel salarial, sino de las condiciones laborales. Bien es verdad que casi todo se puede compensar con subidas en las retribuciones. Pero ahí nace un factor nuevo que es el de la productividad y que puede limitar los salarios. Ningún empresario contratará a un trabajador más si el incremento en los ingresos no compensa el coste añadido de la contratación.

Es importante añadir que la productividad de la que estamos hablando hay que considerarla en términos monetarios, no en términos reales. En este sentido, no hay incremento de la productividad, aun cuando con el mismo número de trabajadores se consiga una producción mayor, si el importe obtenido por las ventas de todas las unidades producidas no varía. Y viceversa, la productividad puede incrementarse aun produciendo lo mismo si los precios de venta se incrementan. Es decir, que los salarios podrían aumentar si lo hacen al mismo tiempo los precios. Esta es una condición suficiente, pero no necesaria. Las retribuciones pueden subir sin que necesariamente tengan que hacerlo los precios, siempre que el excedente empresarial tenga holgura para asumir el incremento.

En estas coordenadas es fundamental considerar las características de cada sector concreto. Aquellos sometidos a la competencia exterior como el agrícola, o incluso el del transporte, tendrán muy poco margen. Al pertenecer a la Unión Europea, difícilmente podrán subir los precios sin perder cuotas de mercado. La situación es más ambigua en la hostelería. No parece que soporte una gran competencia exterior. Es cierto que puede haber países que puedan competir con España en el ámbito turístico, pero es una competencia global y es muy posible que cada empresario considere que no le afecta individualmente, sobre todo a corto plazo. En principio, no tendría que haber inconveniente en que los empresarios subiesen los salarios simplemente subiendo los precios. De hecho esto último ya lo están haciendo, con lo que el aumento de retribuciones solo precisa de la reducción del excedente empresarial, y lo mismo cabe afirmar de la construcción.

Hay, no obstante, en algunas circunstancias una limitación más para esta subida. La demanda. Un aumento de los precios puede disminuir esta variable, con lo que los ingresos podrían quedar iguales o incluso en ciertos casos reducirse. La baja productividad que últimamente presenta la economía española en parte puede tener su explicación en el exceso de la oferta sobre la demanda, lo que genera una infrautilización de la capacidad productiva de empresas y asalariados. La dificultad en encontrar empleo lleva a muchos trabajadores a montar su propio negocio. Ese exceso conduce a que muchas de las nuevas empresas creadas, o bien las antiguas, no sean viables. Es fácil observar en el pequeño comercio, incluyendo bares y restaurantes, cómo se abren y cierran locales con cierta celeridad. No hay demanda para todos.

Pero, ante ello, la única solución es adecuar la oferta a la demanda, de manera que desaparezcan las empresas o comercios zombis, y se mantengan únicamente los viables. Lo contrario es distorsionar el mercado y presentar una faz mendaz de él, manteniendo la subactividad y el subempleo y casi el paro encubierto, con una baja productividad  que conducen a salarios y beneficios muy reducidos.    

Ante la carencia de trabajadores para determinadas profesiones, en parte tiene razón la ministra cuando les espeta como solución a los empresarios que suban los salarios; lo que será posible en muchos casos, en aquellos en los que los empresarios obtengan un abultado excedente empresarial suficientemente generoso, puesto que la contrapartida será exclusivamente la obtención de menores beneficios. En otros casos, la única forma de subir los salarios será elevando los precios, y aunque esto último no siempre es posible, en la mayoría de los casos, sí lo es.

Desde luego la solución no puede venir de crear una economía dual, tal como propone Escrivá. Se pretende consolidar unos sectores con salarios tan bajos que expulsarán a los trabajadores españoles. Sectores que se quieren mantener a base de traer emigrantes dispuestos a aceptar las condiciones laborales más desfavorables.

En España existe ya un ejército de reserva (más de tres millones de personas) que tiran hacia abajo las retribuciones de los trabajadores. Con la Unión Europea, ese ejército de reserva se ha ampliado sustancialmente al existir movilidad de la mano de obra y un extenso abanico entre los salarios de los países miembros. Hay Estados como Luxemburgo, Alemania, Austria, Bélgica, Holanda y Dinamarca que están por encima de los 50.000 euros anuales de salario medio; otros como Eslovaquia, Rumania, Polonia y Grecia que no llegan a los 15.000 euros; en medio se encuentran países como España, alrededor de los 26.000 euros.

En un mercado único como el europeo esas diferencias en los salarios no crean demasiados problemas si los países están especializados en producciones diferentes, pero la situación se complica si existe competencia entre ellos por tener outputs similares. Es más, los acuerdos de la Unión Europea con terceros países fuerzan a determinadas economías a mantener en ciertos productos los precios y, por lo tanto, los salarios, salarios tan bajos que no tienen ninguna atracción para los nacionales. Es lo que ocurre en algunas producciones de la agricultura, como la de la fresa, que todos los años se precisa traer temporeros del exterior para recolectarla. Es una situación claramente extraña y poco coherente, pero de una superación difícil mientras permanezcamos en la Unión Europea.

Ahora bien, extender esta solución y generalizarla, tal como quiere hacer Escrivá, no tiene ninguna justificación. Como si no fuese suficiente un ejército de reserva de tres millones de parados, se quiere ampliar a los trabajadores de todo el mundo, dispuestos a aceptar las peores condiciones laborales posibles. No hay nada que impida la subida de salarios en la hostelería o en la construcción, como no sea el deseo de los empresarios de contar con una mano de obra barata y cautiva. En muchos casos la subida de las retribuciones podrá enjugarse reduciendo el excedente empresarial, pero si no, siempre queda el recurso de elevar los precios. De hecho, muchos ya los han elevado. La hostelería y la construcción no están sometidas a ninguna competencia exterior. La manifestación de la ministra de Trabajo tiene toda su lógica, si no encuentran personal, lo que deben hacer es elevar los salarios y mejorar las condiciones de trabajo.

Los planteamientos de Escrivá parecen dictados por la patronal y resultan bastante impresentables cuando existen tres millones de parados. Condenar a que una parte importante de la economía funcione basándose exclusivamente en la baja productividad y en unas condiciones laborales tan deterioradas que la vedan a los trabajadores nacionales no tiene ningún sentido.

Bien es verdad que al ministro de la inclusión social no parece interesarle demasiado el problema del paro. Debe de creer que lo ha solucionado con su ingreso mínimo vital. Es por eso por lo que ha defendido que el problema de las pensiones se soluciona con el retraso en la edad de jubilación, incluso gratificándolo, y con la llegada de emigrantes. Esta estrategia tendría sentido si estuviésemos en una economía de pleno empleo, o con unas tasas de paro fuesen muy reducidas, pero con los datos actuales parece bastante incongruente. Después se extrañarán de que Vox tenga cada vez más votantes.

republica 16-6-2022



LA MALIGNIDAD DEL PACTO DE RENTAS

ECONOMÍA, MERCADO LABORAL Posted on Dom, junio 12, 2022 21:38:16

En la teoría económica suele denominarse espiral inflacionista a la dinámica que se genera en determinadas situaciones entre precios y salarios. La subida de los precios reclama a menudo el aumento de los salarios, y la elevación de estos exige en ocasiones la subida de los precios. Todo se reduce a una contienda entre trabajadores y empresarios por ver quién pierde y quien gana, ya que cada uno pretende apoderarse de una porción mayor de renta.

Hay que reconocer que, en buena medida, la inflación actual tiene su origen en el exterior, en la subida de precios de la energía y de las materias primas. Tal subida, como ha afirmado el gobernador del Banco de España (BE), representa un empobrecimiento en su conjunto de toda la sociedad española. El problema se centra en saber cómo se va a repartir la pérdida entre los distintos agentes económicos.

Es posible que parte del coste pueda transmitirse al exterior vía exportaciones, si es que la competencia lo permite. Al menos en algunos casos será factible, mientras en otros países la inflación sea muy parecida a la nuestra. De cualquier modo, queda una parte importante del incremento de los precios de las importaciones que tendrá que ser asumido en el interior con un cierto empobrecimiento generalizado que nadie querrá aceptar. Es probable que empresarios y trabajadores se enfrenten en una guerra de precios y salarios. Incluso habrá quien (a río revuelto, ganancia de pescadores) aproveche la ocasión para tener una ganancia extra.

El gobernador del BE, la patronal, el Ejecutivo y en general el  stablishment, proponen como solución el pacto de rentas, pero en el fondo de lo que se está hablando es de que en esa contienda entre empresarios y trabajadores sean estos últimos los que se den por vencidos, y se plieguen a que sus salarios suban menos que los precios. En todo pacto de rentas la obligación recae únicamente sobre los asalariados a través de los compromisos adquiridos por las organizaciones sindicales. Las promesas de la patronal y del propio Gobierno son flatus vocis. En una economía de mercado resulta imposible intervenir y controlar los precios, por lo tanto, todo se queda en buenas palabras y piadosas intenciones. Aun cuando se denomine pacto de rentas en plural, las únicas que se pueden limitar son las salariales.

Seguramente para disimular esta realidad, Sánchez se ha querido marcar un tanto, insinuando que se tendrían que tener en cuenta otro tipo de rentas, como los dividendos. No está muy atinado el presidente del Gobierno. En primer lugar, muchos de los dividendos que cobran los españoles son de sociedades extranjeras o con residencia fiscal fuera de nuestro país, sobre las que el Gobierno no tiene ningún poder. En cuanto a las sociedades nacionales, limitar los dividendos no representa en el fondo ninguna pérdida para los accionistas porque en teoría hay que suponer que los títulos se apreciarán en una cuantía similar al importe del dividendo no repartido. Los tipos restantes de renta de capital estarán muy lejos de congelarse. Lo normal es que se incrementen, ya que el BCE subirá los tipos de interés.

Por otra parte, resulta muy simple considerar al colectivo de los trabajadores, y especialmente al de los empresarios, como un todo homogéneo. El combate de precios no solo es entre patronos y asalariados, sino entre las mismas empresas. Las ventas de unas son los costes de otras. Las ganancias y las pérdidas pueden ser muy diferentes según la situación en el proceso productivo e igual ocurre con los trabajadores.

El gobernador del BE, que recomienda el pacto de rentas para que no se forme la espiral inflacionista, reconoce sin embargo la complejidad del tema en la introducción al informe anual de esa entidad: “A la hora de determinar las características concretas de este pacto de rentas, sería necesario atender al impacto asimétrico de las perturbaciones actuales entre trabajadores, empresas y sectores. Dada esta heterogeneidad, se debe combinar la necesaria coordinación a escala nacional con mecanismos que permitan adaptar el acuerdo a las diferencias de productividad y de actividad que existen entre empresas y sectores. De igual modo, si hay segmentos de los hogares cuyas condiciones de vida se han visto particularmente afectadas de forma adversa por el encarecimiento de la energía, sería deseable que el pacto de rentas implicase una menor merma de recursos para estos agentes. En definitiva, estas consideraciones se traducen en la necesidad de que un eventual pacto de rentas evite adoptar medidas excesivamente uniformes, que resultarían demasiado rígidas para algunos segmentos de agentes”.

Todo esto es muy correcto. ¿Pero es posible? ¿Es el pacto de rentas el instrumento adecuado para realizar un reparto lo más equitativo posible de las pérdidas? De ninguna manera. Esa función de disección fina solo se puede efectuar con el sistema fiscal. Como ya se ha dicho, el pacto de rentas lo único que consigue es que sean los trabajadores los que asuman en su totalidad el empobrecimiento derivado del incremento de precios de las importaciones e incluso a veces del enriquecimiento de algunos empresarios nacionales que hayan tenido la posibilidad de subir en mayor medida los precios de sus ventas que lo que se han elevado sus costes.

Es curioso que se quiera incluir en el pacto de rentas a los pensionistas y a los funcionarios, que se encuentran al margen de la presunta espiral inflacionista porque su patrono es el Estado, y por lo tanto no tiene que provocar una nueva subida de precios dado que la ya producida ha proporcionado al presupuesto público ingresos incluso en cuantía mayor que la que va afectar a estos gastos. Sin embargo, nadie ha planteado tener en cuenta las rentas de capital. Y es que la única forma de limitarlas es mediante el sistema fiscal.

Son reformas de carácter fiscal las que se deberían utilizar para atajar la espiral inflacionista, al menos como complemento del pretendido pacto de rentas. Quienes traen a colación los Pactos de la Moncloa deberían recordar que estos se firmaron junto a una reforma radical de los tributos. El Gobierno en este momento tendría que rebajar contundentemente los impuestos indirectos, con lo que se controlaría en buena medida la inflación, y debería incrementar en la misma o mayor cuantía los impuestos directos, en especial los que hacen referencia a los beneficios de las personas y de las empresas y a las rentas de capital, con lo que se conseguiría que el reparto de la pérdida se acomodase lo más posible a un patrón de equidad.

Si se quiere hacer distinciones en función de la capacidad económica, hay que recurrir a la progresividad de los impuestos directos. Todo lo demás es introducirnos en una selva burocrática,de imposible gestión, en la que el efecto sea el contrario al perseguido. ¿Cómo no mirar con indulgencia la ingenuidad e inocencia de los que quieren hacer distinciones entre los beneficiarios de la bonificación de la gasolina? Me imagino a las gasolineras pidiendo la declaración del impuesto sobre la renta para ver qué descuento hay que aplicar a cada consumidor. Por favor, no más ocurrencias. Para eso ya tenemos a Escrivá.

Algunos, muy indignados, se preguntan por qué se le van a rebajar a un banquero los veinte céntimos de los carburantes. Pienso que, desde una óptica de izquierdas, deberían estar encantados de que se le hiciese tal bonificación e incluso de que se le librase a él como a los demás contribuyentes de parte de los impuestos indirectos, con tal de que como contrapartida se le aplicase el 65% de tipo marginal máximo en el IRPF, o de que sus rentas de capital se incorporasen a la tarifa general de este mismo impuesto, perdiendo el privilegio que actualmente tienen. Esto que hoy no se atreven a demandar los que se llaman “la izquierda”, regía en los años ochenta y fue un gobierno de derechas (UCD) el que lo introdujo al mismo tiempo que otras muchas cosas en su reforma fiscal, aquella aprobada como complemento a los Pactos de la Moncloa. ¿Dónde se encuentra ahora la izquierda? ¿No debería dejar de jugar con cromos e ir a lo que realmente importa?

republica.com 9-6-2022



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