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ARTÍCULOS RECIENTES CONTRAPUNTO

EL GOBIERNO FRANKENSTEIN: ESTÁ EN SU NATURALEZA

PSOE Posted on Wed, October 14, 2020 10:57:01

Casi todo el mundo conoce la parábola, que se atribuye a Esopo, del escorpión y la rana. Estaba en la naturaleza del primero matar al anfibio. No podía actuar de otra manera. Y está en la naturaleza del gobierno Frankenstein actuar como lo está haciendo. Su presente y su futuro dependen del bloque de la investidura, que es el mismo  del de la moción de censura. No debemos sorprendernos.

El ministro de Justicia ha anunciado en el Congreso, como quien no quiere la cosa, que va a comenzar a tramitar los expedientes de indulto de los golpistas catalanes. El anuncio no es inocente. Se podría pensar que se trata del comienzo de un trámite más. Cada año se inician más de 4.000. Es cierto, como dicen los sanchistas, que el Gobierno está obligado a tramitarlos, pero no a aprobarlos (no suelen pasar de 30 los finalmente concedidos) y sobre todo no se anuncian en las Cortes. Es evidente que las palabras del ministro de Justicia fueron dichas con toda la intención. Es un mensaje a los golpistas.

No soy de los que piensan que el simple inicio de los expedientes no significa nada. Está claro que la determinación del Gobierno es aprobarlos si fuese necesario. Es más, parece que ya han encargado a la abogacía del Estado que recopile todos los casos en los que el perdón se ha concedido con el informe negativo del tribunal sentenciador. Las palabras del ministro de Justicia constituían, se llegue o no se llegue a concederlos, un mensaje a los nacionalistas asegurándoles que el Gobierno está dispuesto a otorgarlos si tuviese que recurrir a ello.

Caben pocas dudas de cuál es la intención del Ejecutivo. Se ha negado siempre a apoyar las reformas encaminadas a excluir de la ley del indulto los delitos de sedición y rebeldía, y acaban de rechazar en el Senado una proposición de ley para penalizar la convocatoria de referéndums.

Es cierto que el Gobierno piensa que tal vez no sea preciso recurrir a los indultos, puesto que va a tramitar también y de modo exprés, es decir por lectura única, una modificación del Código Penal con el objetivo de rebajar las penas en el delito de sedición y rebeldía, de manera que servirá para excarcelar a los sediciosos catalanes a quienes se les aplicaría retrospectivamente la medida. Tendrá además efectos colaterales. Primero, facilitar la vuelta de los fugados; segundo, abaratar la repetición del golpe.

A todo esto hay que añadir la prohibición al rey de desplazarse a Cataluña para participar en la entrega de despachos a los nuevos jueces. El hecho es de una enorme relevancia, por afectar a dos instituciones, columnas medulares del edificio democrático. Por una parte, la jefatura del Estado y, por otra, el poder judicial. Al margen de que se sea republicano o monárquico, mientras que el rey sea el jefe del Estado, vetar su presencia en una parte del territorio nacional es aceptar la tesis de los golpistas y asumir que Cataluña no es España.

Intelectualmente siempre me he confesado republicano. Como afirmó Pi i Margall, la ventaja de la república sobre la monarquía es la que existe entre lo racional y lo absurdo. Pero en política prima la funcionalidad. Y el constructivismo social con compás y tiralíneas sin tener en cuenta las circunstancias suele resultar peligroso. En este país, desde la Transición y con todos sus defectos, la monarquía ha funcionado aceptablemente bien, quizás porque nuestra Constitución diseñó una monarquía muy republicana en la que el rey apenas tiene competencias, como se acaba de demostrar en los momentos presentes cuando el monarca ni siquiera puede asistir a los actos oficiales sin la aquiescencia del Gobierno.

Tampoco se puede decir que hasta ahora la Corona haya caído en la tentación de borbonear, actuación tan frecuente en Alfonso XIII. Más bien lo que se ha producido es el efecto contrario, el de los políticos queriendo instrumentar la monarquía. Buen ejemplo de ello fue ya la postura de Sánchez en 2015, cuando pretendió dar a su designación para presentarse a la investidura un sentido que no tenía. Se presentó como investido de una dignidad especial, de cierta preeminencia, por encima de todo el resto de políticos, trastocando el acto del rey, que no tiene nada de discrecional, ya que es funcional, automático, se ve impelido a designar a quien tiene posibilidades de ser elegido o al que le dice que las tiene, aunque como en este caso, y luego se vea, carece de ellas. A partir de ese momento la predisposición de Pedro Sánchez en utilizar para sus fines a la monarquía ha sido permanente.

Plantear ahora el cambio de la forma de Estado carece de todo sentido, y constituye una aventura peligrosa. España tiene una cantidad ingente de problemas, como para enfangarse gratuitamente en este lodazal, tanto más cuanto que no existe ni el consenso ni el quórum necesario tal como exige nuestra Constitución para realizarlo. Es más, muchos tenemos la sospecha de que las andanadas que se lanzan al rey no son tanto como rey sino en su calidad de jefe del Estado. Que lo que realmente se busca es la desintegración del Estado. Y, paradójicamente, los que dan gritos a favor de la república están en contra de esa República con mayúscula, esa res pública que es el Estado español.

Si como insinúa Podemos, lo que intentaba el presidente del Gobierno con el veto al rey era deslegitimar a Lesmes, por estar vencido su mandato, lejos de constituir una justificación incrementa la gravedad de la decisión. En primer lugar, porque es una prueba más de cómo este Gobierno no tiene ningún reparo en manipular a la monarquía y sacarla de su papel institucional. Habría tomado al rey como rehén en su lucha partidista en el contencioso que mantiene con el PP respecto a la renovación de los órganos constitucionales.

En segundo lugar, pretender deslegitimar a Lesmes constituye ya por sí mismo un ataque a la Constitución. Lesmes, le guste o no a Sánchez y aunque haya terminado su mandato, y mientras el Congreso y el Senado no se pongan de acuerdo en su renovación, es el presidente del poder judicial, poder independiente del ejecutivo, columna del estado de Derecho y que representa a toda la justicia. No es de extrañar que los jueces en su conjunto hayan tomado la decisión como una ofensa, tanto más cuanto que los ataques a la justicia están siendo continuos. Primero, violentando a la abogacía del Estado. Segundo, nombrando una fiscal general con sectarismo político demostrado. Y tercero, el indulto y la modificación del Código Penal, que tienen como única finalidad corregir la sentencia del Tribunal Supremo.

Lo cierto es que tampoco nos puede asombrar que el rey y la justicia estén en la diana del Gobierno Frankenstein, ya que en ellos se centra la agresividad de los golpistas. El primero por ser el signo de la unidad del Estado y la segunda porque se ha convertido actualmente en la valla de contención frente a la sedición de Cataluña. Todos estos hechos pueden resultar insólitos, pero, como indicaba al inicio del artículo, no tenemos por qué sorprendernos: está en la naturaleza del Gobierno.

La editorial El viejo topo acaba de editar mi último libro, que he titulado “Una historia insólita, el gobierno Frankenstein”. Me pregunto en él cómo hemos llegado a esta situación. Cómo es posible que aquellos grupos que han dado un golpe de Estado en Cataluña y que amenazan con volver a repetirlo, no solo continúen gobernando en Cataluña, sino que hayan decidido el gobierno de España y que le condicionen día a día, aunque no, formen explícitamente parte de ese Ejecutivo. El gobierno Frankenstein no se compone únicamente del PSOE y del PP, sino que lo integran todo el bloque de la investidura que no es distinto del de la moción de censura. Ciertamente es una historia insólita. Y es la que me he propuesto narrar en el libro, cómo en pocos años hemos llegado a este escenario y cuáles han sido sus causas y los protagonistas. Es una historia llena de situaciones inauditas que lógicamente despertaban nuestra sorpresa según iban acaeciendo.

Hay un hecho conocido, pero poco recordado, y que expresa hasta qué punto Sánchez está ligado a los golpistas, y cómo el gobierno Frankenstein estaba presente ya desde sus primeros pasos. En esa noche aciaga de primeros de octubre de 2016, cuando el Comité Federal del PSOE fuerza su dimisión de secretario general, entre los energúmenos que gritaban a la puerta de Ferraz y que se suponía que eran militantes socialistas, se encontraba Torra, el ahora inhabilitado.

Pero, una vez constituido este Gobierno, no tenemos ya derecho a la sorpresa. Está en su naturaleza. Pocas cosas nos deberían impresionar. El plus que otorga a Sánchez el gobierno y le mantiene en él es el ayuntamiento con los secesionistas catalanes, con los separatistas vascos, con los herederos de ETA, con independentistas y regionalistas de todos los pelajes; su ventaja estriba en la coyunda con todas las fuerzas centrífugas que ven en él, en el ámbito nacional, la vía más propicia para poder conseguir sus aspiraciones. Ese es el gobierno Frankenstein que le ha servido para llegar al poder y en el que piensa perpetuarse lo más posible, aunque al final en esa labor el Estado quede destrozado.

republica 2-10-2020



EL DINERO DE EUROPA ¿QUIÉN LO VA A DISTRIBUIR Y DE QUE MANERA?

EUROPA Posted on Wed, September 30, 2020 22:46:18

El dinero de Europa se ha convertido en una especie de fetiche. Se espera de él todo. Son muchos los que lo consideran la piedra filosofal que solucionará todos los problemas. Los empresarios andan como gorriones con la boca abierta esperando el maná, no de papá Estado, sino de mamá Europa. Sánchez se aprovecha para tenerlos  en primer grado de saludo; y ahí estuvieron todos los que dicen que son algo en la economía española, en primera fila, como en un colegio, pendientes de las palabras del presidente en una conferencia vacua, sin contenido, que estaba dirigida a una única finalidad, la de conseguir prietas las filas tanto en el mundo económico como en el político.

Sánchez piensa utilizar los fondos europeos como la palanca para afianzarse en el poder. Sus acólitos proclaman que son suyos porque los ha conseguido, y es evidente que, en sus intenciones, incluso lo ha dicho explícitamente, está emplearlos con total discrecionalidad. Son su instrumento para domesticar el mundo empresarial y sindical. Espera tener a todos comiendo de su mano porque todos confían en obtener pingües beneficios de dichos fondos. Instrumento también para doblegar a la oposición, chantajeándoles con la falacia de que su adhesión es necesaria para obtener los recursos, y responsabilizándoles de los problemas que puedan presentarse.

Aprovecha que la izquierda no existe, y que la derecha está desarbolada. Vox, en el monte creyendo que por ser más asilvestrado gana en eficacia, pero lo único que consigue es desacreditarse; Ciudadanos, traumatizados por los últimos resultados electorales, continúa bailando la yenka y se han convertido en los tontos útiles de Sánchez a los que maneja a sus anchas y humilla cuando quiere; y el PP se debate de caso de corrupción en caso de corrupción, muy bien aireados y orquestados por el sanchismo y sus aliados.

No seré yo el que reste importancia a la corrupción, pero en este país ningún partido puede tirar la primera piedra. En materia de gastos reservados es posible que el PP lo único que haya hecho es seguir el ejemplo del PSOE, así que me resulta difícil no ver como un gran acto de hipocresía la rasgadura de vestiduras de Ábalos cuando, como otros muchos, pasó en 1981 del partido comunista al socialista, para estar de meritorio en esta formación política, sin que en todos estos años haya levantado la voz lo más mínimo contra la corrupción o los fondos reservados. Tampoco a Sánchez se le puede considerar adalid en la materia, ya que ingresó en el PSOE en 1993, en pleno auge de la corrupción de este partido, cuando otros lo abandonaban escandalizados por ese motivo.

Retornando al dinero de Europa, lo primero que hay que afirmar es que no es de Europa, y mucho menos de Sánchez. El dinero es de todos los españoles, porque todos vamos a tener que pagarlo. A pesar de la inmensa propaganda oficial, la mayor parte de los recursos van a venir en forma de créditos. (Ver mi artículo del 30 de julio titulado “Mister Marshall parió un ratón”). El Estado español se va a endeudar hasta unos niveles desproporcionados a los que jamás creíamos que íbamos a llegar. Posiblemente, el stock se incrementará en más de 200.000 millones de euros.

Resulta curioso que aquellos que pusieron el grito en el cielo con la utilización de 40.000 millones de euros para enjugar las pérdidas de las cajas de ahorro –que en buena medida suponía salvar a un montón de pequeños depositantes- saluden con gozo y no tengan ningún reparo en gastar una cantidad de dinero mucho mayor, que después hay que devolver, en ayudar empresas de manera más difusa y previsiblemente con mucha menos transparencia.

La ministra de Economía ha afirmado en referencia a la polémica desatada sobre los excedentes de las corporaciones locales que el Gobierno no necesita para financiarse el dinero de los ayuntamientos, ya que el Tesoro no está encontrando ningún problema en los mercados. La pregunta surge de manera inmediata: ¿Por qué entonces se recurre a los préstamos europeos? Es más, ¿por qué la funcionaria aplicada de Bruselas mantiene que la respuesta europea es fundamental? Es que, una vez más, la ministra de Economía se queda en medias verdades, que suelen ser las más terribles de las mentiras, porque si el Tesoro en estos momentos puede financiarse de forma adecuada es porque el BCE sostiene la deuda pública española. Como ya he mantenido alguna vez, el rescate de Europa se dirige más a aliviar la inmensa carga del BCE y a solucionar los problemas de las empresas que a mejorar las cuentas públicas de los países.

El presidente del Gobierno identifica torticeramente los Presupuestos Generales del Estado con el plan de recuperación económica y con los dineros europeos, cuando en realidad son realidades muy distintas, aun cuando puedan en el límite tener alguna conexión. Los presupuestos, si al final se aprueban, se circunscribirán al año 2021, mientras que los préstamos europeos irán llegando con mucha parsimonia, de forma escalonada y condicionada a lo largo del periodo 2021-2027. Están unidos al marco financiero plurianual de la UE. FUNCAS estima, y yo creo que con cierto optimismo, que en 2021, recibiremos como mucho 14.000 millones (10% del total), en su mayoría préstamos.

Los pregonados presupuestos de 2021 en lo fundamental están ya hechos, puesto que muchas decisiones con impacto en ese ejercicio están tomadas y las que quedan por tomar se adaptarán sobre la marcha, bien sea con los nuevos presupuestos o con los de Montoro otra vez prorrogados (Ver mi artículo del 13 de agosto pasado titulado “Los presupuestos y la pantomima de Ciudadanos”). Si Sánchez está tan interesado en elaborar unos nuevos es tan solo por una cuestión de apariencia, por evitar el bochorno de que después de casi tres años de estar en la Moncloa haya sido incapaz de aprobar unos presupuestos propios y tenga que ejecutar unos ajenos, que, además, él tanto denigró cuando estaba en la oposición.

Mayor interés sin duda tendría conocer las previsiones de liquidación de las cuentas públicas tanto para 2020 como para 2021, pero ahí precisamente el Gobierno extiende un muro de secretismo y es difícil estimar el brutal agujero económico que va a experimentar el sector público en los próximos años. Para 2020- 2021, el Banco de España establece dos escenarios con unos déficits públicos del 10,8 y del 7,0% respectivamente en el primer escenario y del 12,1 y 9,9% en el segundo y peor, lo que conduce a que la cifra de endeudamiento público se mueva al final de 2021 en un abanico del 115% al 125% del PIB. Todo ello sin contar la deuda que contraeremos con la UE. Los déficits sin embargo pueden ser bastante mayores si se tiene en cuenta no solo el incremento del numerador sino también la reducción que va a sufrir el denominador, es decir el PIB.

La verdadera incógnita que se abre no está en la discusión de los presupuestos sino en a dónde se van a dirigir los créditos que provengan de Bruselas a lo largo de los próximos cinco años, recursos que se administrarán en cierto modo al margen de los presupuestos y que van a conceder un gran poder a quien los maneje. Casado tenía razón en su entrevista con Sánchez al poner el acento en el plan de reconstrucción. Se comprende perfectamente su preocupación y su petición de que fuese una comisión de técnicos independientes la que decidiese el reparto.

Siempre he desconfiado de las comisiones de expertos independientes porque nunca son tan independientes y su condición de expertos siempre resulta discutible. Pero, al margen de ello, sí tiene toda la consistencia la idea que se encuentra detrás, que la asignación y las condiciones que se fijen gocen de toda la transparencia y objetividad posibles. Parece razonable exigir que ninguna fuerza política pueda apoderarse de su distribución y que la discusión y aprobación se realice en el Congreso con luz y taquígrafos y no de forma global, sino detallada. El plan de recuperación va a constituir en la práctica los verdaderos presupuestos que deben debatir y pactar todas las fuerzas políticas.

Pero aquí termina la petición de unidad de Sánchez. No está dispuesto a conceder en esta tarea la menor participación a nadie. No tiene ninguna intención de compartir el poder que piensa que le va otorgar la distribución de forma discrecional de todo este cúmulo de dinero. Poder frente a las Comunidades Autónomas, frente a las fuerzas económicas, frente al Ibex, frente a las grandes empresas y, a través de ellas, frente a los medios de comunicación. Se habla mucho de salvar a los autónomos y a las pequeñas empresas, pero la parte del león se la llevarán las grandes. Entrará en juego la cofinanciación, la cooperación público-privada y otras formas de ingeniería financiera, pero siempre que el sector público se ha ayuntado con el sector privado el primero ha salido escaldado. Recordemos tan solo a modo de ejemplo los casos de las desaladoras, los hospitales y las autopistas.

Por ello resulta tan indignante la comparecencia de la doctora ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno tras la entrevista del presidente del Gobierno con el jefe de la oposición, descalificando como un tema menor lo que denominó aspecto puramente formal, los mecanismos de decisión en la elección de los proyectos y de los destinatarios de las ayudas. Sin embargo, detrás de ese aspecto se encuentra la idea de soberanía y de democracia, y sobre todo la utilidad y la eficacia en la administración de unos recursos que van a caer en el futuro como una vasta carga sobre todos los españoles. La intervención tan airada de la señora doctora era signo evidente de que Casado había hecho diana y que de ninguna manera Sánchez está dispuesto a dar entrada a nadie en esta tarea que presume que le puede conceder un inmenso poder personal.

Prueba evidente de esta postura del presidente del Gobierno se encuentra en que ya ha constituido una comisión al efecto en la Moncloa, dentro de su propio gabinete, en la que ni siquiera ha incorporado a sus socios de gobierno. Despierta estupefacción escuchar al líder de Podemos hablar de emplear los recursos europeos para crear una nueva clase empresarial. Estupor porque no se sabe si habla desde la inocencia o desde el cinismo.

 Lo más grave del tema es que no saben qué hacer con el dinero y en qué proyectos invertirlo. Tienen el temor de que no sean ni siquiera capaces de preparar la documentación que les va a exigir Bruselas y desconfían aun más de su capacidad para gestionar los proyectos. De ahí que hayan acudido a contratar la colaboración de las cuatro grandes firmas de auditoría –Deloitte, PWC, EY y KPMG. Uno se pregunta hasta qué punto estas compañías están capacitadas para conocer las necesidades de la economía española y sobre todo cuál va a a ser su objetividad si, como es de suponer, cada una de ellas tiene sus intereses y sus conexiones económicas y financieras con otras sociedades.

Existe a nivel popular una equivocación referente a los recursos que van a venir de Europa, que –conviene afirmarlo una vez más- en su mayoría directa o indirectamente lo harán en forma de préstamos, e incrementarán la losa de endeudamiento para los próximos años. Equivocación propiciada por el Gobierno. En contra de lo que cree una gran parte de la población, no se podrán emplear para enjugar las extensas y profundas necesidades sociales que va a generar la crisis económica, ni siquiera para amortiguar la brutal baja de recaudación que va a sufrir el Tesoro Público. Los recursos se orientan a proyectos de inversión y a ayudar a empresas (en su mayoría grandes empresas, que serán las implicadas en estos proyectos), y todo ello según los objetivos y las prioridades de Bruselas, que no tienen por qué ser los que convienen a la economía española. No olvidemos que nos continuamos moviendo en la Europa del capital y es el capital el que manda.

A todo ello habrá que añadir los propios intereses de Pedro Sánchez, en especial sus acuerdos con algunas grandes compañías del IBEX. Es la misma patronal CEOE la que avisa de que los sectores elegidos en primer término por el presidente del Gobierno (banca, telecomunicaciones, energía, etc.) no son los más representativos del tejido industrial de este país, ni los que más han sufrido por la crisis, ni siquiera los que más pueden reactivar la demanda. Bien es verdad que tal vez sí son las empresas que más interesan a Sánchez para consolidar su poder y controlar los medios de comunicación social, su objetivo número uno. Me temo que según avance el tiempo los españoles nos daremos cuenta de que el dinero de Europa no ha sido un buen negocio.  

republica.com 25-9-2020



PIKETTY, EUROPA, ESPAÑA Y CATALUÑA

Cataluña, EUROPA Posted on Thu, September 24, 2020 08:49:03

Creo que he citado ya dos veces en estas páginas a Thomas Piketty. Es un autor que encuentro interesante porque, se compartan o no sus juicios de valor, puede resultar de gran utilidad la extensa información que maneja y pone a disposición del público. Es una lástima que apenas cite a España y, en contraste con otros países, no se refiera a ella de forma específica y determinada. Por eso me parece tan relevante la excepción, las paginas (1.090-1.094) que  dedica en su última obra, “Capital e ideología”, a Europa, España y Cataluña, tanto más en cuanto que se acaba de celebrar la Diada.

Me van a permitir que esta semana haga simplemente de transmisor de sus opiniones, ya que coincido con ellas y las considero de interés para los lectores, principalmente para aquellos que se sienten de izquierdas, y que tal vez estén predispuestos a aceptar de mejor grado sus palabras que las mías, aunque sea simplemente por el hecho de no ser español. Comienza Piketty manifestando que de todas las encuestas se deduce el hecho de que el independentismo en Cataluña no es transversal. Los partidarios de la secesión se incrementan a medida que aumentan sus ingresos y su nivel cultural.

Según el autor, esta tendencia no tiene por qué aparecer como discordante con la que se presenta en la mayoría de los países europeos en los que la adhesión a la integración europea está en correlación positiva con el nivel de renta y son principalmente las clases modestas las que rechazan en mayor medida la Unión. Y añade Piketty que la razón de esta aparente contradicción es que las clases acomodadas que apoyan la independencia catalana no tienen ningún interés en abandonar Europa. Quieren que Cataluña permanezca en la UE, pero como Estado independiente, de manera que pueda seguir sacando partido de la integración comercial y financiera, conservando, sin embargo, sus propios ingresos fiscales.

No obstante, ya es hora de que a partir de aquí reproduzcamos literalmente las palabras de Piketty:

No se trata de reducir por entero el nacionalismo catalán a una motivación fiscal. Los factores propiamente culturales y lingüísticos tienen su importancia, así como la memoria histórica del franquismo y lo brusco del poder centralizador madrileño. Pero la autonomía fiscal desempeña un papel central en el caso catalán. Sobre todo, tratándose de una región notablemente más rica que la media española. Es natural pensar que los contribuyentes más acomodados se sientan especialmente exasperados por la idea de que sus impuestos en parte se van a otras regiones. Al contrario, las categorías modestas y medias son por el contrario un poco más sensibles a las virtudes de la solidaridad fiscal y social.

Es importante destacar que, en el aspecto fiscal, España es uno de los países más descentralizados del mundo, incluso comparado con estados federales mucho más grandes. En concreto desde 2011, la base imponible del impuesto sobre la renta está dividida en partes iguales entre el gobierno central y las regiones. Un sistema de este tipo plantea muchos problemas, en el sentido de que daña la idea misma de solidaridad en el seno del país y termina por enfrentar a las regiones entre ellas, lo que resulta especialmente problemático tratándose de una herramienta como el impuesto sobre la renta que se supone debe reducir las desigualdades entre los más pobres y los más ricos, al margen de las identidades regionales o profesionales…

En comparación, el impuesto sobre la renta siempre ha sido federal en EE. UU. Es el que garantiza, desde su creación en 1913, la progresividad fiscal y el que aplica los tipos impositivos más altos a los tramos superiores de la renta. Tal vez a los contribuyentes acomodados de California (estado que por sí solo está casi tan poblado como España y seis veces más que Cataluña) les habría gustado conservar para sí y para sus hijos la mitad del impuesto federal sobre las rentas más altas, pero nunca lo han conseguido (para ser sinceros nunca lo han intentado seriamente puesto que la sola idea habría sido interpretada como una declaración de guerra de tipo secesionista)

En la República Federal de Alemania, ejemplo más cercano a España, el impuesto sobre la renta es exclusivamente federal: los estados alemanes (länder) no tienen la posibilidad de votar tipos impositivos adicionales ni conservar para sí la más mínima parte de la recaudación tributaria, independientemente de lo que piensen los contribuyentes bávaros. La lógica de los tipos impositivos adicionales a nivel regional o local no es perniciosa en si misma siempre que sea mensurada. Optando por el reparto a medias del impuesto sobre la renta con las regiones, tal vez España hay ido demasiado lejos y ahora se encuentra en una situación en la que una parte de los catalanes querrían, independizándose, conservar el cien por cien de los ingresos.  

Europa también tiene una gran responsabilidad en esta crisis. Además de la gestión calamitosa de la crisis de la zona del euro, sobre todo en perjuicio de España, desde hace décadas, la Unión Europea promueve un modelo de desarrollo basado en la idea de que es posible tenerlo todo: la integración en un gran mercado europeo y mundial, todo sin obligaciones de solidaridad y de financiación de los bienes públicos. En estas condiciones, ¿por qué no probar hacer de Cataluña un paraíso fiscal al estilo de Luxemburgo? De hecho, para muchos independentistas catalanes el proyecto es este, constituyéndose en estado independiente podrán conservar la totalidad ingresos generados en el territorio para desarrollar Cataluña y, si es necesario, reducir los impuestos a los actores económicos que gozan de mayor movilidad para así atraer inversiones a la región-estado (lo que resultaría tanto más fácil cuanto que se habría desembarazado de la solidaridad con el resto de España).

No hay ninguna duda que la politización de la cuestión catalana habría sido totalmente distinta si la Unión Europea contara con un presupuesto federal europeo, como es el caso de Estados unidos, financiado por impuestos progresivos sobre la renta y sobre las sucesiones a nivel federal. Si la parte esencial de los impuestos por las rentas altas catalanas alimentara el presupuesto federal como es el caso en Estados Unidos, la salida de España tendría un interés limitado para Cataluña desde el punto de vista económico. Para huir de la solidaridad fiscal, habría hecho falta huir de Europa con el riesgo de ser excluido del gran mercado europeo, lo que tendría un coste redhibitorio a ojos de muchos catalanes independentistas.

No digo que el movimiento nacionalista e independentista desapareciera inmediatamente en un sistema así ni que debería desaparecer. Pero se debilitaría mucho y, sobre todo, estaría centrado en las cuestiones culturales, lingüísticas y escolares, que son importantes y complejas, en lugar de centrarse en las cuestiones fiscales y en el enredo de cuentas entre regiones. La crisis catalana, tal como está estructurada, se nos presenta como el síntoma de una Europa que descansa sobre una competitividad generalizada entre territorios y sobre una ausencia absoluta de solidaridad fiscal, que siempre contribuye a acrecentar la lógica del “cada uno por su cuenta”. Constituye otro caso más de la estrecha relación entre el sistema político y las desigualdades entre las fronteras el régimen de propiedad.”  

republica.com 18-9-2020



CALVIÑO MIENTE Y LO SABE

APUNTES POLÍTICOS Posted on Sat, September 19, 2020 14:49:52

Calviño miente y lo sabe. La funcionaria aplicada de Bruselas se ha convertido en la acólita obsequiosa de Sánchez, deseosa de proveer de argumentos a su señorito para la representación y el postureo. Así, como el que no quiere la cosa, ha insinuado que ya ha llegado la recuperación económica (recuerda a los “brotes verdes” de Zapatero).  Se basa en que según pronósticos la economía crecerá en el tercer trimestre un 10%. Olvidó señalar que se refería a la tasa intertrimestral de crecimiento del PIB, cifra que en esta crisis no significa absolutamente nada.

Nunca me han gustado las tasas intertrimestrales, especialmente  cuando se refieren a magnitudes estacionales como el PIB. Ocultan más que lo que enseñan. Pueden inducir a confusión. Y este es el caso en el que nos encontramos ahora. La crisis económica actual poco tiene que ver con las típicas de la economía. Es una crisis inducida por la pandemia y por las medidas obligatorias que, a consecuencia de ella, han impuesto los gobiernos sobre la actividad económica. Es una crisis económica obligada. Como resultado de ello, en el segundo trimestre del año, todos los países han tenido tasas negativas del PIB como jamás habían conocido.

Entre abril y junio de este 2020 el PIB de la Eurozona sufre una caída del 12,1%, tras haber experimentado ya un descenso del 3,6% en el primer trimestre. En la Unión Europea, estos decrementos fueron del 11,9 (%) y del 3,2%, respectivamente. Por su parte, el PIB de Francia se redujo en esas mismas fechas el 13,8 y el 5,9%; en Italia el 12,4 y el 5,4%; en Bélgica se hundió el 12,2 y el 3,5%; en Alemania el 12,2 y el 3,5%; en Portugal, 14, y 3,8%.  Y a la cabeza de todos, España con un descenso en el segundo trimestre del PIB del 18,5%., tanto más grave en cuanto que en el trimestre anterior (como consecuencia de los últimos 15 días de marzo, sometido el país al estado de alarma y al confinamiento) ya se había reducido el 5,2%. Es decir, que desde el 31 de diciembre de 2019 hasta junio de 2020 el PIB español perdió el 23% de su valor o, lo que es igual, quedó reducido a sus tres cuartas partes. Este mismo hecho aparece desde otro ángulo en la tasa interanual de crecimiento del segundo trimestre, un descenso del 22%.

¿Alguien puede suponer que después de haber tenido por decreto gran parte de la economía clausurada durante cuatro meses y de haber reducido el PIB cerca del 25%, cuando por fin se permite -aunque sea renqueando- la apertura de la actividad económica el PIB iba a continuar descendiendo o incluso habría de permanecer estancado? Sería ciertamente incomprensible. Es evidente que el fin del confinamiento representa para todos los países -y más que ninguno para España- un límite en el desplome de la economía, una sima de una magnitud tal que a partir de ella solo es posible la subida, a no ser que la pandemia nos retornarse de nuevo al precipicio del confinamiento, lo que más que desastre supondría la aniquilación.

Sí, solo cabe la subida. Por fuerza, la tasa de crecimiento de septiembre sobre junio (intertrimestral) de todos los países tiene que ser positiva, de mayor o menor valor, pero positiva. España debería encontrarse en la zona alta, puesto que su desplome hasta junio ha sido considerablemente mayor. Llamar a eso recuperación económica es mala fe o ganas de engañar al personal, y ello tras la careta de un prestigio profesional que la prensa le ha otorgado quizás por la única razón de que en el país de los ciegos el tuerto es el rey.

Calviño sabe muy bien que para conocer dónde se sitúa la economía al final de septiembre (tercer trimestre) deberemos considerar la tasa interanual, esto es, habremos de comparar con el mismo periodo del año anterior y no con el trimestre precedente, cuando nos encontrábamos en el infierno. Comprobaremos entonces que la tasa será negativa, un 10, un 13, un 15 %. Veremos. Y veremos entonces lo que falta para la verdadera recuperación.

Aunque ni siquiera cuando el PIB se sitúe al nivel de 2019 podremos hablar de una recuperación auténtica. Esta crisis, al igual que el virus que la causa, va a dejar lacras muy severas. En primer lugar, habremos perdido varios años de crecimiento. En segundo lugar, el stock de nuestro endeudamiento público sobre el PIB habrá crecido un 20 o un 25%. Dicho de otro modo, cuando por fin hayamos logrado igualar la renta nacional al nivel de 2019 descubriremos que el 20% de ella no nos pertenece, sino que tendremos que devolverlo. En tercer lugar, me temo que el déficit exterior que se había logrado equilibrar con tanto coste social vuelva a desbaratarse. Y por último y en cuarto lugar, tendremos que ver con qué nivel de desempleo salimos de la crisis.

A finales de julio la tasa de paro era del 15,8%, más del doble de la tasa media de la Unión Europea y de la Eurozona. En la primera mitad del año, según Eurostat, España destruyó más del 8% del empleo, situándose a la cabeza de Europa y muy lejos de su media (3%) y, de acuerdo con los datos del INE, desaparecieron un millón trescientos cincuenta mil puestos de trabajo. Todo ello sin tener en cuenta el número de trabajadores que aun se encuentran en los ERTE, que si bien puede no ser paro encubierto, sí en buena medida paro potencial. Hay que contar además con la espada de Damocles que mantenernos sobre nuestras cabezas, ya que la crisis sanitaria aún no ha pasado; estamos en una nueva oleada y liderando Europa en el número de contagios. Está por ver la cota máxima de desempleo que alcanzaremos y cuándo va a comenzar el descenso y a qué ritmo. Hablar en estas situaciones de recuperación económica o de brotes verdes tiene que sonar a la mayoría de los españoles a puro sarcasmo.

Este Gobierno lo cifra todo en la propaganda y en la representación y para ello vale cualquier artimaña, prescindir de la exactitud y el rigor, tratar e interpretar los datos torticeramente. Nos van a hablar de incorporación mensual a la Seguridad Social, de tasas sobre el trimestre anterior o de variaciones debidamente escogidas. Que los árboles no nos impidan ver el bosque. Comparemos las cifras con las de diciembre de 2019 y saquemos conclusiones.

El presidente del Ejecutivo ha asegurado, y se ha quedado tan ancho, que tiene un plan para que el PIB crezca a largo plazo un 2%, por supuesto sin dar mayor concreción y sin ofrecer dato alguno que justifique tal afirmación. No hay nada que respalde esa promesa, ni siquiera que la haga mínimamente razonable. Pero en Sánchez todo es igual, solo humo. Pide adhesión incondicional a su palabra, como si se tratase de una secta, sin sentirse obligado a fundamentar o explicar nada. Sus planteamientos políticos desde el principio se han basado siempre en la fe, no en los razonamientos. De ahí la enorme responsabilidad de aquellos que son tenidos por técnicos y que a cambio de un ministerio u otra gabela se prestan a cubrirle engañando al personal, tratando de dar apariencia lógica a lo que no es más que puro voluntarismo e intento de embaucamiento.

republica.com 11- 9-2020



EL PATINAZO DEL INGRESO MÍNIMO VITAL

ECONOMÍA DEL BIENESTAR Posted on Mon, September 07, 2020 23:09:57

Se suele confundir Gobierno con Administración, y así en muchas ocasiones se echan sobre la Administración las culpas que solo son de los gobiernos. Sus ineptitudes a la hora de elaborar leyes, devienen en fracasos cuya responsabilidad se intenta imputar a los funcionarios. Bien sé que la elaboración de las leyes pertenece al Parlamento, pero los Ejecutivos son los que preparan y aprueban los proyectos y cuando, como en estos momentos, solo se legisla por decreto-ley, es el Gobierno y solo el Gobierno el responsable. Esta forma de legislar, la mayoría de las veces de dudosa constitucionalidad, tiene el grave inconveniente de su tramitación exprés, sin que en su paso por las correspondientes comisiones parlamentarias se pueda ir limando el proyecto y adecuándolo quizás mucho más a la realidad.

Muchas leyes (sobre todo tratándose de decretos-leyes) son piezas de laboratorio, o de gabinete, fruto de ocurrencias políticas sin conexión con la realidad y con desconocimiento absoluto de la Administración que tiene que aplicarlas. Después devienen los colapsos o, lo que es peor, una gestión desastrosa, con resultados contrarios a los que, al menos en teoría, se buscaban. Parece que por estos derroteros ha transitado el ingreso mínimo vital (IMV) fruto mucho más del interés político de apuntarse un tanto que de solucionar los verdaderos problemas existentes.

En tiempos de desolación no hacer mudanza, decía San Ignacio (bien es verdad que en un sentido distinto), pero este Gobierno se ha empeñado en hacer mudanzas a su mayor gloria y al de un ministro arribista en una época en la que España pasa por una enorme tribulación. En lugar de ir dando soluciones puntuales, simples y rápidas a las necesidades sociales que se van a presentar de forma extraordinaria como consecuencia de la pandemia, ha pretendido elaborar una figura de una inmensa complejidad en un momento en el que la Administración, al igual que gran parte de la actividad económica, se encuentra a medio gas y muchos de sus organismos con una sobrecarga de trabajo derivada de los problemas creados por la crisis económica y sanitaria.

A lo largo de todo el preámbulo del decreto-ley por el que se aprueba el IMV se mezclan continuamente la doble intención de dar respuesta a las necesidades surgidas del Covid junto con la de constituir una prestación social de carácter permanente que combata la marginación y la pobreza. Es esta doble característica las que condenan por partida doble el proyecto. La urgencia impuesta por el Covid ha hecho que la elaboración de esta norma haya sido precipitada y su diseño tenga muchas lagunas, remisiones constantes a un desarrollo reglamentario, que no se sabe cuándo llegará. Pero la complejidad de un instrumento que tiene vocación de permanencia (tanto más si su diseño se elabora desde un despacho y con desconocimiento de la realidad) hace imposible la aplicación rápida e imperiosa que se precisa en los momentos actuales. No se ha conseguido ni una cosa ni otra. Solo hay que constatar el bloqueo de la Administración y los problemas económicos de los que deberían recibirlo.

Se ha construido desde la pura teoría, con total ignorancia de la Administración que tenía que aplicarlo y del colectivo al que va dirigido. Da la impresión de que en el Gobierno hay más de un astronauta. Basta leer el decreto-ley, o descargarse el impreso de solicitud, para percatarse de la complejidad de la figura que se ha diseñado y lo alejada que está de la capacidad del colectivo al que teóricamente va dirigido, las personas en riesgo de exclusión.

La nueva prestación se configura como una especie de impuesto negativo sobre la renta, figura que desde que Friedman la propuso (como se ve tiene un origen muy progresista) ha hecho correr ríos de tinta y llenado muchos folios en las universidades, en los institutos de estudios, en las revistas especializadas e incluso en algún periódico; pero, mas allá de los gabinetes, ningún país se ha atrevido a aplicarla debido a su complejidad y difícil control.

Aun cuando no se defina como tal, su diseño es el de un impuesto negativo sobre la renta, en tanto en cuanto la ayuda viene fijada  por la diferencia entre la renta garantizada por la ley y los ingresos obtenidos por el beneficiario o beneficiarios en el año anterior. Hay que suponer que, si se aplicase correctamente, habría una gran disparidad en el importe de las ayudas, no solo por la introducción de la unidad de convivencia -de la que hablaremos más adelante-, sino porque va a depender de la renta que se haya obtenido en el ejercicio precedente.

De aquí la obligación que se impone a los perceptores de la prestación de que tengan que presentar anualmente la declaración del impuesto sobre la renta. Carga burocrática para este colectivo que se supone que en su gran mayoría no está acostumbrado a ello; pero carga adicional también para la Agencia Tributaria. Se da un paso atrás en lo que ha sido la política, al menos teórica, de esta institución, eximiendo de tal obligación al mayor número posible de contribuyentes, y liberándose a sí misma de un volumen de trabajo que podría apartarla de otras labores más importantes y rentables desde el punto de vista fiscal.

En el momento actual es muy amplio el abanico de los contribuyentes que están exentos de declarar y no es arriesgado suponer que la mayoría de los presuntos beneficiarios del IMV hayan estado hasta ahora libres de esa obligación que se les impondrá de cara al futuro. Serán muchos cientos de miles de declaraciones, si no millones, a añadir a las que ya recibe las que se vea obligada a procesar la Agencia Tributaria. Pero la sobrecarga de trabajo para este organismo no se termina aquí, puesto que el decreto-ley remite a la Agencia Tributaria la tarea de contrastar la información en materia económica que hayan facilitado los beneficiarios. Es de suponer que todo ello irá en detrimento de la finalidad principal de esta institución que es perseguir el fraude en material fiscal, en el que están en juego cantidades mucho más importantes que las que se puedan derivar de las pequeñas trampas de los beneficiarios de una ayuda orientada a solucionar la pobreza.

Parece ser una constante en el comportamiento del ministro independiente. Cuando estuvo de presidente de la AIREF, un pequeño organismo creado para dar respuesta a los caprichos de Bruselas, y cuya misión radica únicamente en constatar si las previsiones del Gobierno son creíbles y revisar más tarde si estas se han cumplido, quiso emular a la Intervención General, eso sí, utilizando toda su información y medios. Ahora quiere construir en el Instituto de la Seguridad Social su propia Agencia Tributaria, aunque poniendo a su disposición la del Ministerio de Hacienda.

Como si no fuese suficiente complicación la configuración de esta figura como un impuesto negativo sobre la renta, se mete en danza el patrimonio de los beneficiarios, añadiendo no solo más complejidad, sino creando ciertas contradicciones. Se deja exenta la vivienda propia, dando ventaja a los que la tienen sobre los que viven de alquiler, y genera múltiples situaciones injustas como la de aquellos que, estando alquilados, mantienen una participación en otra casa que a su vez está alquilada.

La casuística es interminable y se incrementa de forma sustancial al introducir el concepto de unidad de convivientes, mucho más amplio que el de familia, y por lo tanto con más supuestos. Esperemos que a nadie le dé por recurrir al Tribunal Constitucional y a este fallar en la línea que lo hizo en 1989, acerca de que a un contribuyente por el hecho de estar casado o inscrito en una familia no puede dársele un tratamiento peor que si estuviese soltero.

La falta de aptitud de esta prestación para dar respuesta a los graves problemas sociales que se van a presentar con motivo de la epidemia y de la crisis económica aparece de modo evidente en el hecho de su referencia a la renta del beneficiario o beneficiarios del ejercicio anterior. Porque las mayores necesidades sin duda surgirán en aquellos que han visto cambiar radicalmente su situación económica de un año a otro. Es cierto que en el decreto-ley se plantea, como no podía ser de otra manera, la cuestión y se admite la excepción de que puedan considerarse los ingresos del año actual, pero con tal ambigüedad y falta de concreción acerca de su comprobación que va a dar lugar a múltiples interpretaciones. Por otra parte, parece que el legislador no se resiste a remitir a ciertos límites en la renta y en el patrimonio del ejercicio anterior, constituyendo seguramente una condición insalvable para muchos.

Buena prueba de esta inoperancia es el hecho de que gobiernos y sindicatos estén hablando de prorrogar el seguro de desempleo a aquellos que les vence en el presente ejercicio. Quizas por ahí se debería haber empezado.

Lo que parece que tiene aún menos lógica es que las distintas ayudas que las Comunidades conceden con la misma finalidad – llámense como se llamen- no se consideren como ingresos del beneficiario, a la hora de restarlas de la renta garantizada y sí se tenga en cuenta cualquier otro ingreso; bueno, excepto los derivados de violencia de género y de trata de seres humanos, que están continuamente exceptuados de los reiterados condicionantes que la norma va estableciendo a lo largo de todo su contenido texto. La compatibilidad con las ayudas autonómicas deja la situación en el mismo caos de antes y perpetúa la desigualdad territorial, que es precisamente lo que habían criticado los organismos internacionales, aunque sea únicamente porque dificulta la movilidad geográfica de la mano de obra. Está claro que este Gobierno no puede librarse del control de los nacionalismos y regionalismos, ya que los necesita para gobernar.

El punto número 4 del artículo 8 del decreto-ley estipula que con la finalidad de que la percepción del IMV no desincentive la participación en el mercado laboral se hace compatible con las rentas de trabajo o con la actividad económica por cuenta propia. Pero lo cierto es que la compatibilidad es muy relativa, por no decir inexistente, puesto que los recursos obtenidos no figuran entre los exentos en el punto e) del artículo 18, es decir, que se deducirán como un ingreso más de la renta garantizada. Es difícil creer que alguien esté dispuesto a trabajar cuando su remuneración va a ser descontada más tarde de la percepción que recibe como prestación social. A no ser (y eso es lo que va a ocurrir) que en la mayoría de los casos el trabajo se haga en negro, con lo que la economía sumergida puede incrementarse de forma sustancial. La retahíla de sanciones estipuladas tanto para los beneficiarios como para los colaboradores en el incumplimiento es un brindis al sol y suscita cierta hilaridad. La compatibilidad establecida en el art. 8 anterior choca además con el requisito de estar inscrito como demandante de empleo fijado en el apartado d) del punto 1 del art.7.

El señor Escrivá ha vendido que iba a conceder de oficio el IMV a 75.000 familias. En realidad, lo único que ha hecho es cambiar la percepción que ya recibían por hijo o menor a cargo, que desaparece para este año y se engloba en la nueva prestación. No sé si cobrarán más o menos, pero lo cierto es que se les va a complicar la situación burocráticamente porque la operación no termina de entenderse, ya que, después de decir que es una prestación extinguida, concede la opción de que aquellos que consideren que no tienen derecho al IMV puedan el 31 de diciembre solicitar de nuevo la prestación anterior.

El señor ministro ha establecido en el decreto que sea la AIREF la que evalúe anualmente los resultados de la nueva prestación. Sabe bien que esta tarea excede sus funciones y -lo que es más importante- de su capacidad y de los medios con los que cuenta. ¿No será acaso que creyendo que mantiene aún una fuerte ascendencia sobre esta institución espera un cheque en blanco?

Lo que el ministro sí hace es crear burocracia. Constituye una comisión de seguimiento formada por no se sabe cuántos altos cargos y un consejo consultivo con representaciones de todo tipo de instituciones. Uno se pregunta si para cada prestación social que concede el Estado o cada impuesto que gestiona van a necesitarse tantos órganos pluripersonales. Más importante sería que contrastase el numero de funcionarios del que dispone y si van a ser capaces de gestionar una prestación tan compleja como la que se ha diseñado. Bien es verdad que en un brote de megalomanía ha logrado que en el decreto-ley se establezca que todas las otras administraciones, aun las locales y autonómicas, estén a su servicio. Pero una cosa son las determinaciones legales y otra muy distinta su cumplimiento.

Según se van conociendo, los primeros resultados no son muy halagüeños, y confirman la incapacidad de la Administración para dar respuesta con esta prestación a las urgencias que se están presentando. Tan es así que se han visto obligados a contratar a una empresa pública que se dedica a la construcción y a la ingeniería, que a su vez ha tenido que reclutar personal en paro sin preparación administrativa alguna. El desastre parece que está siendo absoluto. Por una parte, los recursos no llegan a los necesitados, pero, por otra y no es menos grave, es muy previsible que cuando lleguen, los fallos en la gestión y en el control hagan que no estén los que son y no sean los que están, es decir, que al final los beneficiarios no sean los más necesitados, sino los más listillos y aquellos con más necesidades se queden fuera y se produzcan numerosas y profundas injusticias. Por poco que se conozca la técnica fiscal y presupuestaria se sabe que cuantos más requisitos incidan en una desgravación fiscal o en una prestación social, más difícil será su control y mayores facilidades se darán al fraude y a la picaresca.

Hay que preguntarse si no hubiese sido más sensato, al menos en los momentos actuales, haber desarrollado el seguro de desempleo, extendiéndolo en el tiempo y ampliándolo a los colectivos de trabajadores carentes de esta cobertura, y potenciar y armonizar las ayudas autonómicas. Pienso que los resultados hubiesen sido mejores y más inmediatos, bien es verdad que a lo mejor se hubiesen molestado las Comunidades Autónomas, especialmente las fuerzas regionalistas y nacionalistas y sobre todo no habría servido para el postureo del gobierno, y de algún ministro.

republica.com  4-9.2020



LA REBELIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS

HACIENDA PUBLICA Posted on Mon, September 07, 2020 23:06:07

Todo el mundo se hace la siguiente pregunta: ¿por qué el impacto de la pandemia ha sido mucho mayor en España que en el resto de Europa no solo en la primera oleada, sino también en los momentos actuales? Se me ocurre que algo tiene que ver nuestra estructura política, nuestro Estado de las Autonomías y nuestra tendencia al cantonalismo y a los reinos de Taifas.

El 12 de diciembre de 2018 escribía yo un artículo en este mismo diario titulado “El patriotismo de las cosas de comer”, en el que comentaba un informe de la OCDE publicado aproximadamente un mes antes. Este organismo internacional consideraba que la división autonómica de nuestro país era un grave obstáculo para el crecimiento económico y la igualdad. No repetiré, desde luego, aquí las aseveraciones de la OCDE, y mucho menos mis comentarios. Solo resaltaré que, si esto es así en condiciones normales, cuánto más lo es en una situación crítica como la actual.

El virus claramente no sabe de fronteras ni de Autonomías. El Gobierno, en un principio, pareció entenderlo y con toda lógica decretó el estado de alarma, incluso empleando este mismo discurso acerca de que la epidemia no atendía a límites ni a territorios. La medida parecía tan razonable que no tuvo apenas contestación, como no fuese la de los nacionalistas, dispuestos siempre a sobreponer su independencia por encima de cualquier otra cosa.

El problema surge cuando se descubre, por una parte, que el rey está desnudo, es decir, que después de cuarenta años de desmontar el Estado y someterlo a un proceso de enorme intensidad de centrifugado hacia la periferia se encuentra incapaz de cumplir determinadas funciones (por ejemplo, los ministerios de Sanidad y de Educación, inexistentes en el orden práctico). Y, por otra parte, la existencia de un Ejecutivo creado de forma precaria y contra natura, hecho de retales y de un equilibrio inestable y que, como reiteradamente he escrito, está hecho para la representación y el pastoreo, pero se muestra incapaz de gobernar y gestionar.

El Gobierno, tras una etapa en la que confunde el mando único con un poder despótico, que considera que puede hacer lo que quiera sin pactar ni dialogar con nadie, y después de ser consciente de los múltiples problemas generados y negarse a aplicar un plan B, se inhibe y deja todo en manos de las Autonomías, con lo que se instala el caos más absoluto. Se crea un mosaico de medidas dispares y distintas según cada Comunidad y, lo que es peor, al albur del criterio de los diferentes jueces que tienen que ratificarlas. Las consecuencias las estamos viendo y las veremos con mayor claridad tras la apertura de las aulas.

Esa anarquía territorial que se ha apoderado de la estructura política y que recuerda los acontecimientos por los que se hundió la I República no se limita al ámbito de las Autonomías, sino que alcanza a las corporaciones locales. Últimamente se ha producido la rebelión de los Ayuntamientos contra una de las pocas normas con sentido que este Gobierno ha anunciado. El Ejecutivo pretende utilizar el superávit de los entes locales para las múltiples y enormes necesidades surgidas y que van a aflorar con la crisis sanitaria y económica. Es un superávit, además, que los Ayuntamientos no podían gastar, estaban bloqueados por las leyes que el PP se vio obligado a tomar como consecuencia de la anterior crisis y en aras a cumplir la disciplina presupuestaria impuesta por Bruselas.

No se precisa recordar que la situación de las finanzas públicas estatales es crítica y lo va a ser aún más. Los últimos datos del Banco de España no dejan lugar a dudas. El stock hasta junio de la deuda pública alcanza ya el 103% del PIB, aunque en realidad es mayor, ya que esta cifra está calculada sobre el PIB de 2019. Con el previsto para el 2020 podríamos afirmar sin miedo a equivocarnos demasiado que el porcentaje alcanzaría el 113%. ¿Cuál va a ser el que alcance a final del año?

Todas estas cargas van a recaer principalmente sobre el Estado. Así mismo sobre las Comunidades Autónomas, pero los gastos adicionales de estas repercutirán también sobre la Administración Central, ya que el Estado va a transferir a las Autonomías 16.000 millones de euros de forma extraordinaria. Será también la Administración Central la que sufrirá una sustancial reducción en su recaudación al ser los impuestos que gestiona los que están unidos a la actividad económica. Caso muy distinto es el de los Ayuntamientos, cuyos recursos apenas se verán afectados. Es de prever que el IBI escasamente experimente modificación. Un impuesto que, por cierto, se ha multiplicado e incrementado como ninguna otra figura tributaria en los diez o veinte últimos años.

Ante la crisis que estamos sufriendo y las dificultades que se avecinan, la postura de los Ayuntamientos es mezquina y raquítica, pueblerina, con anteojeras. No dudo de que todos ellos tendrán muchas necesidades. Las necesidades siempre son infinitas, pero no es el momento ni de los polideportivos, ni de las piscinas, ni de los centros culturales, ni de las aceras etc. Las necesidades a cubrir van a ser mucho más apremiantes y los recursos, escasos. Tampoco es el momento de que las corporaciones locales asuman funciones que no les corresponden. Los compartimentos estancos no tienen lugar en una crisis como esta. Cada gasto tiene su coste de oportunidad y la elección de los que haya que acometer debe hacerse con carácter general y sin capillitas.

Más grave aún es la postura del PP al colocarse al frente de la manifestación. Da grima escuchar a algunos de sus portavoces bramar que el Estado quiere expoliar el ahorro de los vecinos. Se llega a la conclusión de que los partidos políticos, aunque sean nacionales, no se rigen por la racionalidad sino por la demagogia y el populismo. Habrá que preguntarse quién va a pagar el seguro de desempleo de esos vecinos despojados, y los gastos extraordinarios en sanidad y en educación, incluso ese ingreso mínimo vital si alguna vez se pone en funcionamiento; quién va a costear las pensiones de sus mayores; quién sufragará los ERTE, y los avales para salvar el mayor número posible de las empresas de esos Ayuntamientos.

El sectarismo del PP en este caso aparece de forma más elocuente al recordar que criticó con dureza la medida en sentido inverso que Zapatero adoptó en la crisis del 2008, el llamado plan E, consistente en rociar de dinero a los entes locales creyendo que de esa manera se iba a producir la reactivación. Todo el mundo ha reconocido ya que fue una de sus mayores ocurrencias, y una forma ingeniosa de desperdiciar recursos, recursos que habrían de ser muy necesarios más tarde. Entonces el PP tenía razón, pero por eso se entiende menos la postura que ha adoptado en este momento.

Ante la crisis actual todo capillismo es suicida. La historia nos enseña que en las confrontaciones bélicas el conjunto de los bienes públicos y privados se pone al servicio de la victoria. No es preciso exagerar. No estamos en una guerra, pero sí en una catástrofe sanitaria y probablemente económica. ¿Qué más lógico que el hecho de que todos los recursos públicos se aúnen bajo una dirección única para solucionar las necesidades más apremiantes? Pero aquí nos encontramos con el problema de siempre, este Gobierno no está hecho para gobernar, no puede ni sabe hacerlo. Quizá por su propia incompetencia, pero también y principalmente porque carece de los apoyos políticos necesarios.

Esta ley no saldrá, y si se aprueba será con tantas concesiones que devendrá inútil. Por supuesto no contará con la aquiescencia de vascos y catalanes, a no ser que se les conceda que sean las respectivas Autonomías las que se hagan cargo de los excedentes de sus Ayuntamientos, lo que sería reconocer ya que en España hay tres Estados. Pero es que el Ejecutivo ni siquiera contará con el apoyo de parte del Gobierno. Colau (no olvidemos que es parte del Podemos) ha salido ya vociferando y acusando al Estado de expoliador.

Para gobernar no basta con una moción de censura o con ganar la investidura. Se precisa capacidad y poder político para gestionar el día a día, y eso es lo que le falta a este gobierno Frankenstein. Puede echar las culpas a los Ayuntamientos, a las Comunidades o a la oposición. No digo yo que no tengan responsabilidades, pero la causa principal y el origen de todo lo que sucede se encuentra en un gobierno que nació tarado y que cuanto más prepotente se muestra en la representación y en el postureo, más débil e infecundo es en la gestión y en la gobernanza.

republica.com 28-8-2020



LAS PENSIONES, A LOS PIES DE LOS CABALLOS

ECONOMÍA DEL BIENESTAR Posted on Mon, August 24, 2020 18:05:27

No es por casualidad que en los múltiples rifirrafes acaecidos entre los países del Norte y los del Sur, previos a los acuerdos del Consejo Europeo, el halcón de los primeros (me niego a llamarles “frugales”), el líder holandés, se refirió a las reformas que debería acometer España, citando expresamente la laboral y la de las pensiones. Son palabras que los optimistas y pro europeos no deberían echar en saco roto. En los ajustes practicados durante los mal llamados rescates de la crisis anterior el tema de las pensiones ha estado siempre presente.

Algo, por supuesto, tiene que ver la política neoliberal que impera en Europa, el poder que en ella mantienen los lobbies financieros, y el interés que estos tienen en expandir los fondos privados de pensiones. La ofensiva internacional cuenta, pero hay que reconocer que dentro de España llevamos tiempo (al menos desde el Pacto de Toledo) poniendo las pensiones a los pies de los caballos.

Hace unos días el Tribunal de Cuentas ha publicado el Informe de Fiscalización de la Seguridad Social (SS) del año 2018. Este organismo, siempre tan diligente y tan rápido. Después alguno dirá que nadie hace caso a sus informes. Con todo, lo peor es el contenido. Se limita a repetir el tópico de que la SS está en quiebra y de que el problema se agravará en los próximos años. Realiza un análisis del balance y viene a concluir su desequilibrio patrimonial. Por otra parte, es algo que todo el mundo sabe y que los medios de comunicación repiten a diario.

Bien es verdad que este documento les ha venido muy bien a muchos periodistas. Han titulado “Demoledor informe del Tribunal de Cuentas”, como si este organismo hubiese realizado un gran hallazgo, cuando solo ha descubierto el Mediterráneo, porque el desequilibrio patrimonial consiste en las deudas que la SS mantiene con el Estado. Todo se reduce a un juego contable, ya que el Estado y la SS son la misma cosa. El pasivo de la SS se corresponde con un activo del Estado y ambos desaparecen del balance cuando se consolidan. Ni que decir tiene que la SS nunca podrá pagar esos préstamos y el Estado sabe que jamás podrá cobrarlos.

Habrá que preguntarse entonces por qué los distintos gobiernos, tanto del PSOE como del PP, se han empeñado en canalizar los recursos de un presupuesto a otro como préstamos en lugar de como aportaciones, que es además lo que se encuentra estipulado en la ley (la SS se financia por cotizaciones sociales y por aportaciones del Estado). Posiblemente la intención sea la de acogotar a la SS y justificar así las sucesivas reformas de las pensiones, cada una de ellas más restrictiva que la anterior.

Lo curioso es que este Gobierno, que se llama progresista y que se presentó con la promesa de derogar la ley sobre las pensiones del anterior Ejecutivo, continúe transfiriendo los recursos a la SS como préstamos y no como aportaciones. Es más, no ha condonado la deuda -como sería lógico-, con lo que se habría terminado la amenaza de quiebra de la SS. Da la sensación de que también pretende que las pensiones continúen estando a los pies de los caballos. Tampoco parece que sea un asunto que importe demasiado a Podemos. Ellos a lo suyo, a continuar embarrados con la Monarquía, que les debe de parecer el problema número uno de la sociedad española.

Mientras se mantenga la ficción de que la SS y el Estado son dos realidades independientes y de que la primera debe financiarse exclusivamente con las cotizaciones sociales habrá una espada de Damocles gravitando sobre las pensiones. Siempre habrá quien haga estudios de rigor muy dudosos como el que acaba de publicar el Banco de España, acerca de que los pensionistas reciben más de lo que han cotizado. Hace tiempo ya que Solchaga afirmó algo parecido. Al menos hay que agradecer al ex ministro que no tratase de revestir una posición ideológica de informe técnico.

En cualquier caso, no sé si la afirmación tiene otro valor y finalidad que mantener la ofensiva contra las pensiones, porque en esta prestación, como en casi todas y también en los servicios públicos, habrá quien reciba más de lo que ha aportado y quien contribuya más de lo que obtenga. En esto consiste precisamente la función redistributiva del Estado. A nadie se le ocurre preguntar si los alumnos de enseñanza media o universitaria o los enfermos de los hospitales o los perceptores del seguro de desempleo o los empresarios que reciben subvenciones o créditos subsidiados, etc., han tributado más o menos de lo que perciben.

El ministro independiente (que depende ahora, como el resto de los ministros, de los golpistas) accedió al cargo y me atrevo a decir que presentó como mérito frente a Sánchez su tesis de que el sistema público de pensiones era viable, pero lo cierto es que no ha hecho nada para consolidarlo. Ha debido de estar muy entretenido y, lo que es peor, ha mantenido muy entretenida, más que entretenida colapsada, a la Administración de la SS, con el nuevo invento del Ingreso Mínimo Vital (IMV), que ahora parece no servir siquiera para solucionar el problema de los trabajadores que en este momento agotan la prestación por desempleo.

Según anuncia la prensa, el Gobierno y los sindicatos están negociando prorrogar en este momento dicha prestación. Es, sin duda, una medida justa y necesaria, pero si el IMV no vale para dar respuesta a estas contingencias, ¿cuál va a ser su papel y quiénes van a ser sus perceptores? Da la impresión de que se va a dirigir a los mismos que cobraban ayudas similares de las distintas Comunidades Autónomas, aunque para ese viaje no hacían falta tales alforjas, especialmente cuando ni siquiera se pretende unificar tales prestaciones; se supone que para no incomodar a los nacionalistas.

Lo único que este Gobierno ha hecho hasta ahora por las pensiones ha sido actualizarlas por el IPC, pero como medida puntual. En realidad, ha consistido en mantener lo que ya había pactado el anterior Gobierno del PP con el PNV. Hay que añadir que, en estos momentos, teniendo en cuenta la baja tasa de inflación, tal actualización carece casi de importancia. Aunque sí puede tenerla -y mucha- de cara al futuro, y hoy por hoy sigue vigente la anterior ley de Rajoy sin que el gobierno sanchista, ni siquiera su facción podemita, hayan hecho nada para derogarla o al menos para corregirla.

En España, desde el pacto de Toledo se viene vendiendo como un gran éxito la actualización de las pensiones por el IPC. Se trata de una victoria raquítica si la comparamos con lo que realizan otros países. Portugal, en función del PIB; Holanda, Alemania o Suecia, de acuerdo con el incremento salarial. En todos estos casos la regularización, por lo tanto, es de mayor cuantía. Prueba de ello es el hecho (hecho que paradójicamente utilizan los detractores de las pensiones para mostrar la inviabilidad del sistema) de la mayor cuantía que cobran los nuevos pensionistas cuando aceden al sistema con respecto a la que dejan de percibir aquellos que lo abandonan por defunción. Señal inequívoca de que la evolución al alza de los salarios ha sido muy superior a la de las pensiones.

Que la SS no es algo independiente del Estado aparece de forma clara al reparar en cómo determinadas medidas que los gobiernos adoptan de cara a su política económica pueden afectar negativamente a la salud financiera del sistema. La bajada, exenciones o beneficios concedidos en diferentes casos a las cotizaciones sociales, o la utilización de las jubilaciones anticipadas para facilitar las regulaciones de empleo o el cierre de empresas, en lugar de usar el seguro de desempleo prologando su cobertura los años necesarios, son fórmulas por las que se traspasan cargas del Estado a la SS. No hay por qué criticar en principio tales medidas, pueden ser las más acertadas en determinados momentos, pero siempre que se acepte la íntima unión entre Estado y SS y que las transferencias necesarias de recursos que el primero realice a la segunda sean aportaciones y no préstamos.

De cara al futuro, las pensiones públicas tienen problemas, indudablemente, pero los mismos que la sanidad, la educación, el seguro de desempleo, la dependencia o este nuevo invento del IMV. Ni más ni menos. Los problemas, más bien el problema, es la insuficiencia recaudatoria de nuestra Hacienda Pública, resultado de muchos años de deterioro, los seis puntos de presión fiscal que nos separan de la media de la Eurozona. Es verdad que el control del gasto público deja bastante que desear, sobre todo en las Autonomías y en los Ayuntamientos, pero por mucho que se erradicase toda la corrupción, se suprimiesen los asesores a dedo, se cerrasen organismos innecesarios, se eliminasen duplicidades, etc, todo ello sería una fracción insignificante comparada con las grandes partidas de gasto y con los recursos imprescindibles para mantener el Estado social. Nos guste o no, la reforma fiscal es imprescindible y la urgencia en cerrar el déficit de recaudación, apremiante (véase mi artículo del 17 de julio pasado).

Nadie quiere coger el toro por los cuernos. Pedro Sánchez ya ha afirmado que se olvida del tema hasta 2023, es decir, ad calendas graecas. Se argumenta que hay que esperar a salir de la crisis. Ya veremos cuándo salimos de la crisis…; pero es que, además, la crisis no afecta a todos por igual. Hay muchos contribuyentes que no están viendo mermada su capacidad económica, incluso en algunos casos la están incrementando. Los impuestos directos solo afectan a los ingresos, a las ganancias, al patrimonio, con lo que de forma inmediata el gravamen de aquellos que están siendo perjudicados por la crisis se reducirá (es lo que se llama estabilizadores automáticos) y por lo tanto en líneas generales tampoco les afectaría la posible reforma si recayese sobre este tipo de tributos.

Tampoco es cierto que dicha reforma fuera a agravar la crisis, siempre que los recursos obtenidos se utilizaran de manera adecuada, ya que retornarían a la sociedad, y precisamente a los colectivos más necesitados y con una fuerte propensión al consumo. Por otra parte, una reforma fiscal no se hace en un día. Si de verdad hubiese voluntad de acometerla, se debería comenzar a planificar y a discutir ya en las Cortes con la finalidad de que pudiese entrar en vigor quizás dentro de un par de años. Es evidente que este Gobierno no tiene la menor intención de llevarla a cabo. Eso sí, el nivel que puede alcanzar la deuda pública puede ser de antología, campo apropiado para que nos obliguen a todo tipo de recortes, comenzando por las pensiones, con resultados muy negativos no solo para la equidad, sino también para la propia actividad económica.

Lo más llamativo es el silencio de Podemos sobre todos estos temas. Era de suponer que fuese en este ámbito en el que se produjesen los enfrentamientos con Sánchez y sus acólitos. Pero he aquí que no. Se han encelado y entablan una batalla sobre la forma de Estado, que no creo yo que, en los momentos actuales, inmersos en una epidemia de resultados impredecibles y una crisis económica que puede ser devastadora para una buena parte de la sociedad, sea el tema más urgente, ni el que más importe al personal. Únicamente a los nacionalistas, pero solo como medio para romper el Estado. Además, su debate actual no solo es contraproducente, sino de difícil solución. No se cumplen los requisitos para modificar la Constitución en esta materia. Solo se conseguiría dividir a la sociedad en el peor momento posible. Da la impresión de ser una cortina de humo para ocultar otros problemas. La duda es si se trata de una contienda real o ficticia y de si Pedro Sánchez no está en el ajo, repartiéndose entre las dos partes del Gobierno los papeles de policía bueno y policía malo.

republica.com 21-8-2020



LOS PRESUPUESTOS Y LA PANTOMIMA DE CIUDADANOS

HACIENDA PUBLICA Posted on Thu, August 20, 2020 09:14:41

Dicen que cuando un gobierno no sabe resolver un problema crea una comisión, que es la manera de dejarlo en vía muerta. Quizás podría afirmarse también que a veces lo que se crea es un ministerio o una secretaría de Estado. Zapatero fue experto en eso de inventar ministerios sin contenido: Vivienda, Igualdad, etc. Pedro Sánchez, no obstante, le ha ganado por la mano. Por si hubiera sido poca la multiplicación de carteras y de órganos administrativos establecidos al principio del segundo gobierno Frankenstein, ahora crea una secretaría de Estado. Tras su nefasta gestión de la pandemia y su vergonzoso lavado de manos en lo que ha denominado la “nueva normalidad”, como toda solución al empeoramiento progresivo de contagios que anuncia una nueva oleada crea una secretaría de Estado de Sanidad y se va de vacaciones. Habrá que preguntarse a qué se va a dedicar ahora el filósofo.

Pedro Sánchez va a reponer fuerzas para lo que de verdad le interesa de cara al futuro, aprobar unos presupuestos. Casi al final del artículo de la semana pasada insinuaba yo, sin dar más detalles, que la aprobación de los presupuestos tenía más que ver con la representación que con la gobernanza, lo que sin duda extrañaría a muchos de los lectores. Y es que entre los muchos tópicos que anidan en la vida política española se encuentra la creencia generalizada de que los Presupuestos Generales del Estado tienen una gran trascendencia, ya que fijan y cifran la política económica y social del gobierno de turno. Se piensa que sin ellos no se puede gobernar; y puede ser que tengan razón, no se puede gobernar bien, pero sí chapuceramente.

Los que hemos trabajado dilatadamente en el área del gasto público tendemos a relativizar y a desmitificar la realidad presupuestaria. Recuerdo que cuando yo me dedicaba a esos menesteres, el abogado del Estado que venía encargándose año tras año de coordinar la elaboración de la ley de presupuestos, tuvo un rasgo de humor y definió, ya entonces, el presupuesto como un solo crédito y ampliable. No era ninguna exageración, indicaba con ello la enorme flexibilidad que existía en la normativa presupuestaria. Una vez aprobado, el gobierno podía hacer todo tipo de modificaciones entre partidas y, además, muchos de los créditos eran ampliables. Es más, siempre cabía el recurso al decreto ley y a los créditos extraordinarios.

Tras su aprobación, el margen de maniobra del Ejecutivo era y sigue siendo amplísimo. Me viene a la memoria que en aquellos tiempos (tiempos ya lejanos) en los que todos los años se discutía en las Cortes el presupuesto, todos los diputados hacían esfuerzos para que los proyectos de infraestructuras de sus respectivas provincias figurasen explícitamente en las partidas de inversión, con la finalidad de poder vender electoralmente más tarde tal hazaña en sus territorios. Recuerdo también -con cierta rechifla – que, después, en la fase de ejecución el gobierno lo cambiaba todo, haciendo baldíos tales esfuerzos; aunque no del todo, porque la venta del producto estaba ya hecha.

Aquellos que piensan que los presupuestos son un instrumento para controlar al Ejecutivo se equivocan. Sobre todo, después de haberse impuesto la utilización desmedida de los decretos leyes que, si bien en teoría están condicionados a ser utilizados en situaciones extraordinarias y de urgente necesidad, la permisiva actuación del Tribunal Constitucional ha dado lugar a que todos los gobiernos los hayan usado abusivamente. Abuso que se ha convertido en crónico, habitual y llevado al extremo por Pedro Sánchez, aprobando por esa vía las cosas más surrealistas.

Hay que considerar además que una gran parte de los presupuestos está afectada de gran permanencia y sus partidas se consolidan de un ejercicio a otro. Tan solo una fracción de cuantía reducida en relación con el resto es la que goza de discrecionalidad y no se encuentra supeditada a compromisos anteriores. De manera que el gobierno -manejando esa proporción que comparativamente no es llamativa, pero sí lo suficientemente grande- puede actuar con total desahogo y a sus anchas, concediendo y negando mercedes.

La realidad habla por sí misma. Pedro Sánchez lleva más de dos años gestionando unas cuentas que no son suyas. Es más, que criticó duramente desde la oposición y que se negó a apoyar. En ningún caso, sin embargo, las ha sentido como un corsé, y me atrevería a mantener que se ha encontrado tan cómodo con ellas como si fuesen las propias. Los problemas que haya podido tener obedecen a su propia incompetencia, a la levedad de su gobierno y a no contar con una mayoría consistente, pero no a unos presupuestos que ha modificado a su conveniencia sin ningún impedimento. Si disolvió las Cortes durante el primer Gobierno Frankenstein no fue porque no le aprobasen unos nuevos presupuestos (solo fue el pretexto), sino porque esperaba mejores resultados en las urnas. La prueba es que tras las elecciones en ningún caso se planteó la urgencia de elaborar unas nuevas cuentas públicas para el año 2020.

La necesidad que siente ahora de aprobarlas para 2021 no surge del ámbito de la gestión, sino del de la representación, del que dirán, de la creencia generalizada entre la población de que un gobierno debe tener sus propios presupuestos y, sobre todo, de la necesidad de presentar a la Unión Europea un documento que cuente con la mayor aquiescencia posible de las fuerzas políticas. Pero que nadie se llame a engaño, todos estos motivos no son suficientemente sólidos como para obligarle a convocar elecciones, en el caso de que no lograse su aprobación. Solo el convencimiento de que podría obtener mejores resultados en unos nuevos comicios le llevaría a disolver el Parlamento.

Esto deberían tenerlo muy en cuenta el resto de las formaciones políticas. En especial Ciudadanos, que pretende justificar la nueva actitud colaboracionista que ha adoptado su dirección con la excusa de que así doblega al Gobierno, y lo desliga de los que considera socios indeseables. Deberían haber aprendido ya que las promesas de Pedro Sánchez carecen totalmente de valor y que, aunque pretendan convencernos de otra cosa, lo único que han obtenido hasta ahora es que les hayan tomado el pelo y representar el deshonroso papel de tontos útiles. ¿Dónde está ese plan B que, según ellos, habían conseguido arrancar a Sánchez? ¿No será ese desmadre en el que nos movemos ahora y al que han bautizado como “nueva normalidad”?

A la nueva dirección de Ciudadanos y a sus asesores no les debería caber la menor duda de que lo que firmen respecto a los presupuestos será papel mojado tan pronto como estos se hayan aprobado, y que Pedro Sánchez se sentirá en total libertad para actuar a sus anchas y sin cortapisas. En cierto sentido lo ha dicho ya él mismo, al afirmar sin ningún pudor que será él quien reparta los fondos europeos. Recursos que, conviene recordar, serán en su mayoría préstamos que repercutirán de una u otra manera en las cuentas públicas, y que, como he escrito en varias ocasiones, me temo que van a dedicarse a intentar salvar a empresas privadas. Digo a intentar, porque no es seguro que lo consigan. El final puede consistir en enterrar dinero público en empresas zombis que antes o después terminen quebrando.

Por otra parte, la dirección de Ciudadanos tampoco tendría que hacerse líos mentales para calmar su mala conciencia e intentar convencernos de que ellos negocian exclusivamente con el PSOE. No deben equivocarse. Pactar en estos momentos con el sanchismo es hacerlo con el lote completo. No solamente con Podemos, de los que Ciudadanos no quiere ni oír hablar, sino también con el PNV y con los privilegios del País Vasco que tantas veces han criticado; con Bildu, con quienes Pedro Sánchez se ha coaligado en Navarra y negocia en el Parlamento español; con los golpistas catalanes, tan en las antípodas de todo lo que ha representado Ciudadanos desde su fundación; incluso con los partidos regionalistas cuyo objetivo, por muy ortodoxos que sean, reside exclusivamente, al igual que en el caso de los nacionalistas, en conseguir privilegios para sus respectivos territorios, distorsionando el equitativo equilibrio regional.

Ciudadanos tiene una cierta tendencia al catarismo. Siempre se han considerado los puros, pero en política eso no funciona. Cuando constituyó gobiernos autonómicos con el PP le repugnaba tener que negociar con Vox y pretendía convencernos de que no lo hacía, a pesar de que los votos de esta formación eran totalmente necesarios; montaba una espléndida pantomima, y mantenía la tesis de que ellos dialogaban únicamente con el PP, y de que el pacto de este partido con Vox no les afectaba.

Ahora defienden que pactan únicamente con el PSOE. Pero es que este partido tiene tan solo 120 diputados, y Pedro Sánchez lleva macuto, y muy voluminoso, todo el que ha sido necesario para alcanzar la Moncloa. Pactar con él, les guste o no, es hacerlo con el lote completo, con el gobierno Frankenstein en pleno, desde Bildu y el PNV hasta los golpistas catalanes. 

Republica.com 14-8-2020



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