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ARTÍCULOS RECIENTES CONTRAPUNTO

 VOX Y EL GOBIERNO DE CASTILLA Y LEÓN

GOBIERNO, PARTIDOS POLÍTICOS Posted on Jue, mayo 12, 2022 21:13:46

Las noticias se desplazan unas a otras con gran rapidez. Hace algunas semanas toda la actualidad giraba alrededor de las elecciones de Castilla y León, en especial todo el mundo se posicionaba acerca del gobierno que se debía o no se debía formar. Esta información quedó temporalmente sustituida por la crisis del PP que, a su vez, pasó a un segundo término por la guerra de Ucrania. Pero aparezca o no en la primera página, la cuestión está ahí y continúan las mismas falacias con las que se ha querido plantear el problema en todas las circunstancias; desde luego, así fue en Andalucía en diciembre de 2018, cuando se pretendía deslegitimar la victoria del PP y cualquier acuerdo con Vox.

Creo que no es preciso afirmar que ideológicamente estoy en las antípodas de esta formación política. Es más, personalmente sus líderes no me caen especialmente simpáticos, derrochan chulería; pero eso no es razón suficiente para distorsionar la verdad, asumir sofismas o prestar sumisión incondicional a aquellos que consideramos más cerca de nuestras posiciones. En política no vale todo. En realidad, será difícil decir algo nuevo de lo que mantuve con ocasión de las elecciones andaluzas, en los artículos del 12-12-2018 y del 17-1-2019, escritos en estas páginas digitales. Pero, dado que estos días se va a constituir el nuevo gobierno y que se reiteran las mismas falacias, será preciso repetir también los argumentos tendentes a desmantelarlas.

Los resultados obtenidos en Castilla y León solo señalaban dos posibles soluciones. La primera era el entendimiento entre dos partidos mayoritarios, la gran coalición, fórmula que resulta prácticamente imposible (no solo aquí, sino en cualquier otra Autonomía, y no digamos en el Gobierno central), después de que Sánchez escogiese rechazar radicalmente la invitación de Rajoy y optar por el acuerdo con golpistas y herederos de terroristas, razón por la que fue despojado del cargo de secretario general por el Comité Federal de su partido. Su vuelta, al triunfar en unas segundas primarias, produjo una transformación radical del PSOE, pero también de todo el espectro constitucional de España.

La segunda solución, concretamente en Castilla y León, sólo puede provenir de la alianza de las fuerzas a la derecha del PSOE; de manera que trazar un cordón sanitario alrededor de Vox es, amén de injusto y poco democrático, condenar a los ciudadanos castellano-leoneses a unas nuevas elecciones hasta que el PSOE y sus acólitos consiguieran sacar mayoría suficiente.

Pero es que, además, ¿qué sucede con Vox ?, ¿cuál es la razón para que se le tenga que considerar un partido apestado? Todo es un cúmulo de despropósitos. Reprocharle que sea la extrema derecha carece de todo sentido, porque si el arco político se ordena de izquierda a derecha (aunque esta taxonomía cada vez tiene menos consistencia), alguna formación tiene que ocupar el extremo derecho como otra tiene que ocupar el extremo izquierdo. Tal hecho no puede tener ninguna connotación ni negativa ni positiva. Por otra parte, en esa ordenación nunca se tiene en cuenta a los nacionalistas. Durante mucho tiempo he venido reiterando que CiU era el partido más conservador de España.

Tampoco tiene sentido tildar a Vox de formación anti constitucional. El simple hecho de no estar de acuerdo con algunos aspectos de la Carta Magna, por muy importantes que se estimen estos, no es razón para considerar a alguien acreedor a este improperio, siempre que cualquier cambio que plantee sea por la vía legal y siguiendo los procedimientos previstos en la propia Constitución.

El calificativo de anti constitucional debería reservarse para aquellas formaciones que quieren romper la Carta Magna, por la fuerza o al menos por mecanismos ilegales. En ese sentido, sin duda son los independentistas catalanes los que merecerían esa denominación, no tanto por independentistas como por golpistas y por comportarse todos los días como si el golpe hubiera triunfado. De momento, Vox no ha intentado dar ningún golpe de Estado, ni se ha caracterizado por emplear la violencia. Hay que decir más bien que a menudo la ha sufrido.

Se puede estar de acuerdo o en contra de sus planteamientos, pero no parece que ninguno de ellos ataque de forma clara la Constitución. Critican, sí, el Estado de las Autonomías, pero somos muchos los españoles que hasta cierto punto opinamos lo mismo. Incluso desde mucho antes de que existiese Vox. El hecho de considerar que fue un error establecerlo no implica que se piense que es posible modificar -por lo menos a corto y a medio plazo- la estructura territorial establecida en la Constitución. Hay demasiados intereses políticos en juego. Otra cosa es intentar que el proceso de centrifugación se modere o incluso que en algunos aspectos pueda invertirse.

Nadie puede pretender que en asuntos tales como los del feminismo, en los de memoria histórica o democrática, en los de  LGTBI, en los ecológicos o en los derivados de la emigración no quepa ninguna discusión o discrepancia. Todos estos temas no pueden configurarse como un dogma inamovible e incuestionable. La discusión está instalada en la propia sociedad y prohibirla por decreto sería asumir lo que se ha llamado con razón la dictadura de lo políticamente correcto, con efectos negativos para la democracia, pero también para la cohesión social. En otros tiempos decíamos eso de que “dictaduras, ni las del proletariado”. Cercenar las salidas naturales suele conducir a distorsiones y posibles conflictos. No deja de ser paradójico que el cisma se haya situado dentro del ámbito del propio campo del feminismo. A favor o en contra de la teoría queer.

Sin duda, hay temas a mi entender mucho más reprochables en el ideario de Vox: su fundamentalismo religioso y su postura regresiva en materia fiscal. Pero, paradójicamente, son esos temas los que menos separan a Vox del PP, e incluso, si se me apura, del PSOE. Si el fundamentalismo de uno o de otro signo fuese un obstáculo para actuar en política, pocos serían los partidos que permanecerían en la cancha. Y qué decir en cuanto a los impuestos. A lo largo de estos más de treinta años los gobiernos del PP y del PSOE han competido para ver quiénes aprobaban las medidas más regresivas en materia fiscal. No fue Vox el partido que suprimió el impuesto de patrimonio o defendió el tipo único sobre el de la renta, o fraccionó la tarifa del IRPF.

Resulta curioso escuchar a los sanchistas referirse a Vox como si  hubiese surgido de la nada o caído del cielo –bueno, más bien del infierno-, una formación política totalmente nueva. Este relato, como casi todos los de Sánchez, no se adecua a la realidad y está construido artificialmente según sus conveniencias. Vox, como ninguna otra formación política, surge de una escisión, la que experimenta el PP. Los que hoy están fuera, ayer estaban dentro, y para bien o para mal, las ideas que ahora mantienen no son muy distintas de las que defendían anteriormente. ¿A qué viene entonces santiguarse o rasgarse las vestiduras?

Quizás simplemente se han radicalizado. Por una parte, es la respuesta al cambio sufrido por los nacionalistas transmutándose en independentistas golpistas y a lo que consideran respuestas endebles de los partidos nacionales; y, por otra, la reacción quizás desorbitada y en cierta forma defensiva a los intentos de imposición dictatorial de lo políticamente correcto. Nadie puede escandalizarse por los posibles pactos entre el PP y Vox. Entran dentro de la lógica y no implican ninguna unión espuria. Todo lo contrario, sin embargo, ocurre con el Gobierno Frankenstein. La alianza del PSOE con los golpistas catalanes o con los independentistas vascos constituye un amancebamiento contra natura. Así lo entendió el núcleo duro del PSOE, el Comité Federal, obligando a dimitir a Sánchez en 2016 de la Secretaría General.

Sean cuales sean los reproches que puedan dedicarse a Vox, no es precisamente Sánchez quien esté legitimado para realizarlos. Con qué cinismo puede hablar de xenofobia cuando en la noche de los cuchillos largos, a las puertas de Ferraz, era Quim Torra el que, entre la multitud, le aclamaba como héroe en contra de toda la nomenclatura socialista.

Y cómo puede intentar descalificar a Abascal relacionándole con Putin, si en España parece ser que los únicos que se han ayuntado con el mandatario ruso han sido los golpistas catalanes, los mismos que han llevado al gobierno a Sánchez. Y en Europa, para vergüenza de todos, la guerra ha hecho saltar como las ratas de un barco a los ex primeros ministros de múltiples países, recorriendo todas las ideologías, que han debido dimitir de los consejos de administración y de los puestos de alta dirección de las principales multinacionales rusas. A la cabeza de todos ellos, Schröder, el gran amigo personal y lobista del mandatario ruso, insertado, entre otros puestos, en la estructura directiva de Gazprom. Parece que hasta ahora se negaba a dimitir. Schröder no proviene precisamente de Vox, ni siquiera de ninguno de los partidos europeos con los que Sánchez acostumbra a emparentar a esta formación política, sino del SPD, de la familia socialdemócrata de la que últimamente el presidente español hace gala. Fue el canciller que precedió a Merkel.

Cuando algún periodista pone a Sánchez ante la contradicción (pocos, porque él sólo habla a los medios de comunicación amigos) de que se atreve a recriminar al PP sus pactos con Vox, cuando sus alianzas para mantenerse en el gobierno son mucho peores, la contestación de Sánchez consiste en señalar a Europa. Es una forma de echar balones fuera. Pretende dar la imagen de que la Unión Europea es un todo monolítico. Nada menos real.

La UE es plural en los países y las diferencias se mantienen dentro de las grandes familias. Cada partido político nacional tiene sus intereses y sus conveniencias. No es verdad que exista unanimidad a la hora de boicotear a eso que llaman ultraderecha que, además, también es distinta en cada Estado. En los gobiernos regionales se ha llegado en muchas ocasiones a pactos e incluso esas alianzas se han alcanzado a nivel nacional. Sánchez cita a menudo a Salvini. Debía recordar que Salvini fue ministro del Interior del Gobierno italiano.

Nuestros políticos son proclives a escudarse en Europa o a ir a trapichear a Bruselas para que les ayuden en sus luchas nacionales partidistas. Sánchez se valió de su condición de presidente de gobierno para malmeter con Macron en contra de Ciudadanos a efectos de conseguir que esta formación política no participase en gobiernos regionales con el PP, si necesitaban los votos de Vox. Parece ser que Casado, quizás llevado por cierto resentimiento, ha conspirado en el partido popular europeo en contra de un posible acuerdo de PP y Vox en Castilla y León, azuzando a un personaje un tanto estrambótico, Donald Tusk, que ya tuvo una intervención tendenciosa y estrafalaria con ocasión del procés. Y ahora ha repetido la incongruencia de meterse donde nadie le ha llamado, como si no tuviesen suficientes problemas en Polonia.

Los datos en Castilla y León no han dejado mucho lugar para las dudas. Como se suele decir, el pueblo ha hablado. La derrota del PSOE, y en general de lo que llaman la izquierda, es muy clara y significativa. El Gobierno ha intentado ocultarlo detrás de ese discurso un tanto ficticio de anatematizar a Vox. Es evidente que muchos castellano-leoneses no han tenido reparo alguno en votar a esa formación política. La táctica del miedo no ha dado buenos resultados, como no los dio el doberman con Aznar. Yo, en su lugar, me preguntaría por la causa de la derrota y en especial si no se pueden repetir los resultados en otras Comunidades Autónomas, todas aquellas en las que no cuenta con partidos nacionalistas o regionalistas, que puedan sacarle las castañas del fuego.  Es más, yo me cuestionaría si no es precisamente el maridaje con estas formaciones una de las principales causas de que pierdan apoyo electoral en las otras regiones.

republica 24-3-2022



TRAS LA PANDEMIA, LA GUERRA COMO COARTADA

ECONOMÍA, GOBIERNO Posted on Jue, mayo 12, 2022 21:06:54

En mi libro, publicado hace casi dos años en El Viejo Topo y titulado “Una historia insólita”, la historia de la gestación del Gobierno Frankenstein, terminaba el relato en la sesión de investidura de Sánchez. No obstante, cuando el libro salió a la calle había hecho ya su aparición con toda su gravedad la epidemia, por lo que creí conveniente añadir un epílogo, en el que se analizaba la situación entonces presente de la economía y me preguntaba por las expectativas de futuro.

Al declararse la crisis sanitaria, hacía poco más de un mes que se había constituido el Ejecutivo; sin embargo, no se podía decir lo mismo de Sánchez, que llevaba ya casi dos años de presidente del Gobierno, con un saldo no precisamente positivo. A esas alturas aún no había conseguido aprobar un presupuesto propio, y 2019 se había cerrado con un déficit desbordado y que había merecido ya una corrección de Eurostat.

La actividad económica había entrado en un claro proceso de desaceleración. El descenso en el número de parados disminuía y todo parecía indicar que podía cambiar de signo. Las características populistas del nuevo Gobierno anunciaban un fuerte incremento del gasto público, sin que, por otra parte, Sánchez se mostrase dispuesto a enfrentarse con una nueva reforma fiscal, consciente de que todo incremento de gravamen sería impopular. Se vislumbraban, por tanto, graves desequilibrios en las finanzas públicas con los consiguientes incrementos en el stock de deuda pública. Todo ello no pronosticaba un panorama de futuro demasiado favorable.

En el mes de marzo se hace oficial la crisis sanitaria y se adueña de toda la actualidad. Se anunciaban ya densos nubarrones en la realidad económica, con resultados probablemente muy negativos. Pero la duda que me planteaba yo en ese epílogo era si no se iban a imputar también a la pandemia los efectos que proviniesen de la incompetencia y la mala gestión del Gobierno, mezclando todo sin discriminación, y que le sirviesen de coartada.

Dos años después, parece que todo ello se ha cumplido y que el Gobierno se ha escondido detrás de la pandemia para justificar sus muchos errores y su ineptitud. Pienso que es innecesario insistir en ello. La crisis sanitaria ha tapado todo y, en cualquier caso, se ha construido un relato que no se corresponde con la realidad. El Gobierno ha disimulado el paro detrás de los ERTE y de los autónomos en cese de actividad y ha presentado tasas malas o mediocres de crecimiento ofreciéndolas como buenas, silenciando que las comparaciones se estaban haciendo con los momentos más bajos de la serie, por lo que los incrementos no tenían la significación que se les pretendía dar.

A lo largo de todo este tiempo el Gobierno se ha dedicado a facilitar unas previsiones de crecimiento contrarias y superiores a las que ofrecían todos los organismos nacionales e internacionales, empeñándose en describir unas perspectivas muy positivas y halagüeñas, mayores que las que se predicaban de otros países. Han intentado por todos los medios mantener este relato falaz, pero la situación resulta ya insostenible. Es imposible ocultar que la economía se desplomó en 2020 más que ninguna otra de la Unión y el doble (10,8%) que la media.

A su vez, el dato provisional de 2021, (5,2%), facilitado por el INE, tira por los suelos todas las perspectivas quiméricas. Deja al descubierto que al principio de 2022 la renta nacional es un 6% inferior que la existente a finales de 2019, lo que coloca a nuestro país a la cola de todos los países de Europa y de la OCDE a la hora de recobrar el nivel de actividad económica que tenía antes de la pandemia. Todas las previsiones apuntan a que, como mínimo hasta 2023, España, a diferencia de los otros países europeos, no recuperará dicho nivel.

Y he aquí que hace dos semanas, Rusia ha invadido Ucrania. Todo hace prever que la economía mundial, y más concretamente la europea, va a recibir un fuerte golpe, pero paradójicamente una vez más da también la impresión de que las tragedias se vuelven a colocar delante de Sánchez para que puedan servir de cortina de humo con la que esconder sus errores y de excusa para explicar los resultados negativos de sus decisiones. El Gobierno sanchista se está situando detrás de la guerra de Ucrania, al igual que durante los dos años anteriores lo hizo tras la pandemia, y pretende aplicar también las mismas tácticas, repartir las responsabilidades cuando las cosas van mal. Por eso ha convocado a la patronal y a los sindicatos para lo que ha llamado pomposamente “un pacto de rentas”.

En cierta forma resulta lógico que se quiera comenzar por ahí, ya que a corto plazo el tema más preocupante parece ser la inflación. No obstante, conviene señalar que los precios ya se habían disparado con anterioridad al inicio de la guerra sin que los Estados supusiesen muy bien qué hacer ante la inflación. Tan inclinado como está Sánchez a echar la culpa a otros, parecería lógico que en esta ocasión responsabilizase a la Unión Europea, en donde en buena medida se encuentra el origen del problema; bien es verdad que esto sería reconocer que la soberanía española está ya cercenada, lo que Sánchez no está dispuesto a hacer.

Con toda probabilidad el problema de la inflación se va a agravar sustancialmente con la invasión de Ucrania; pero no parece que todo pueda solucionarse, tal como piensa el Gobierno, con un pacto de rentas. No obstante, en principio podríamos pensar que tiene su lógica. En el fondo de la inflación se encuentra siempre un enfrentamiento de sujetos económicos porfiando por maximizar su porción en la renta. De manera simple, se habla de retribución de los trabajadores y del excedente empresarial y de cómo ambos participan en la renta nacional. Pero ello es un mero esquema. Cada uno de estos dos colectivos es a su vez enormemente complejo.

Lo que en la contabilidad nacional llamamos retribución de los trabajadores es un conjunto altamente heterogéneo en el que se incluyen desde el temporero más precario hasta los altos ejecutivos de las sociedades del IBEX. Y en cuanto al excedente empresarial la diversidad es aún mayor: desde el beneficio de los empresarios y los intereses de los rentistas, a las rentas mixtas de los autónomos, que en algún caso pueden ser simplemente paro encubierto. Todos, absolutamente todos, peleando por mantener su trozo de pastel o conseguir uno más grande mediante una subida de precios, entendiendo también como tales los salarios y los tipos de interés.

En esta multiplicidad, ¿cómo se puede hablar de pactos de rentas?  ¿Cómo pueden negociar y pactar sujetos tan diferentes e intereses tan distintos? Y ¿quién puede representar a grupos tan híbridos? La patronal y los sindicatos actúan en nombre de tan solo una parte de sus respectivos colectivos; y, además, teniendo en cuenta que nos movemos en mercados libres, tampoco la CEOE puede garantizar que los precios se mantendrán estables. Así que lo que se llama pacto de rentas se reduce en la mayoría de los casos a limitar los salarios, por supuesto no de todos los trabajadores, sino tan solo de los que están sometidos a convenio, en la esperanza de que se moderen los precios. Se trata, en definitiva, de que esa contienda que se denomina espiral inflacionista termine por que los trabajadores, al menos algunos de ellos, acepten su derrota.

Resulta, en consecuencia, lógico que todo pacto de rentas vaya acompañado de medidas fiscales que compensen a la clase trabajadora de ser la perdedora del acuerdo. Así ocurrió en los renombrados Pactos de la Moncloa, con los que se pretendió neutralizar el efecto negativo sobre los asalariados de la deflación competitiva derivada del pacto de rentas con una reforma fiscal en profundidad, potenciando la progresividad y la función redistributiva de la renta.

El sanchismo ha dejado muy claro que no está dispuesto a emprender una tarea de esta proporción, la de deshacer todas las normas regresivas aprobadas en política fiscal durante los treinta últimos años. Sus socios, por muy a la izquierda que se crean, tampoco están en condiciones de exigírselo. Se contentan, todo lo más, con aspectos muy parciales de la política social, tales como los de la vivienda y con medidas quizás contraproducentes.

Todo pretexto ha sido bueno. Primero la epidemia, ahora la guerra. Sin embargo, escudarse en las tragedias carece de toda lógica, pues quizás en estas circunstancias es cuando más se necesitan políticas redistributivas. Los efectos serán positivos o negativos dependiendo de las figuras tributarias empleadas y de los colectivos gravados. Paradójicamente, los únicos impuestos que se han incrementado son los indirectos, especialmente los medioambientales, dañinos en tiempo de crisis y, desde el punto de vista social, regresivos.

El Gobierno ha empleado un mecanismo muy socorrido para echar balones fuera, el de crear una comisión de teóricos expertos. La finalidad ha sido doble. Por una parte, alargan el proceso lo más posible y, por otra, pretenden dotar de una capa de neutralidad y tecnicismo a lo que en realidad son decisiones políticas del Gobierno. El análisis del dictamen de los expertos merece uno o varios artículos en exclusiva, pero de momento nos limitaremos a afirmar que no es precisamente un ejemplo de progresismo.

De las dos finalidades principales y deberíamos decir que casi únicas de un sistema fiscal, suficiencia y progresividad, se fijan exclusivamente en la primera a la que se añade, por presiones del Gobierno, con carácter casi hegemónico, la ecológica. La casi totalidad de los gravámenes que se proponen con esta finalidad tienen efectos regresivos porque inciden en mayor medida sobre las clases bajas. La ecología es cara, casi un lujo para la mayoría de la población. El mismo principio que parece que los expertos del Gobierno han querido colocar en el frontispicio de su trabajo, “el que contamina paga”, tiene mucho más que ver con el neoliberalismo que con la socialdemocracia. La lógica nos llevaría por ejemplo a replicar que el coste de las carreteras debería recaer sobre los usuarios, el de la sanidad sobre los enfermos, el de la educación sobre los estudiantes o sus padres, etc. La doctrina fiscal del Estado Social se encamina por otros derroteros. Es quien más tiene el que debe pagar más.

Los nostálgicos de los Pactos de la Moncloa y defensores acérrimos de repetirlos olvidan, aparte de que Sánchez de ningún modo estaría dispuesto a acometer una reforma fiscal como la que inició Suárez, que entonces no estábamos en la Unión Monetaria ni siquiera en la Unión Europea, con lo que entre otras muchas cosas se pudo devaluar la peseta, que fue lo primero que hizo Fuentes Quintana como introducción a los pactos.

Está extendida la creencia, sobre todo entre los periodistas conservadores, de que, dado que el Gobierno ha estimado los ingresos públicos de acuerdo con previsiones macroeconómicas exageradas, la recaudación será muy inferior a la prevista, con el consiguiente impacto negativo sobre el déficit público. Prescinden sin embargo de la inflación y del aumento que esta va a producir sobre los ingresos. Este error va unido al que se produce con esa afirmación tan reiterada de que la inflación al actualizar las pensiones por el IPC va a elevar el déficit. Se está olvidando que la correlación se estable entre la recaudación impositiva y el PIB nominal, en el que se incluye el elemento precios. La recaudación fiscal va a ser muy superior a la prevista gracias a la inflación, y el déficit, menor a pesar de las pensiones.

Sánchez dice que toda la culpa de la inflación es de Putin. Sin embargo, España presenta un diferencial de dos puntos sobre la Unión Europea, aunque en teoría tendría que ser uno de los países menos afectados. El Gobierno podría reducir los precios, especialmente de la electricidad, del gas, de la gasolina, los gasóleos, etc., disminuyendo así sus cargas fiscales, y compensando esta bajada de recaudación con la subida de los impuestos directos. No parece que esté dispuesto a ello. Demasiado esfuerzo. La Unión Europea profesa el neoliberalismo económico y no está decidida, pase lo que pase, a modificar el mercado de la electricidad. Borrell y la niña Botín han encontrado ya la solución y, como aventajados boys scouts, proponen su buena obra mensual: consumir menos y bajar el termostato. La ministra del asunto afirma que se ha roto el mercado. Lo que han roto, entre España y Europa, es el Estado.  

Republica 17-3-2022



EL TRIBUNAL DE CUENTAS,  LA CORRUPCIÓN DE LAS INSTITUCIONES

CATALUÑA, CORRUPCIÓN, GOBIERNO, HACIENDA PÚBLICA Posted on Jue, mayo 12, 2022 20:51:32

La tragedia que asola Ucrania y que salpica a toda Europa puede hacer que una de las mayores corrupciones políticas de España pase casi desapercibida. Digamos que está llegando a su fin según lo predispuesto. El Tribunal de Cuentas ha cambiado en pocos días su propio criterio acerca de las garantías a exigir a los responsables de la malversación de fondos públicos llevada a cabo en los actos de publicidad y propaganda en el extranjero, orientados a preconizar el referéndum ilegal de independencia del 1 de octubre en Cataluña.

La gravedad del escándalo no estriba únicamente en el mero hecho de que se haya producido la modificación de criterio, sino que esta se ha conseguido mediante el cambio en la composición del propio tribunal, cambio realizado por el sistema tradicional de reparto entre los dos partidos mayoritarios, y que tan contrario es al espíritu de la propia Constitución. (Ver mis artículos del 23 de septiembre y del 11 noviembre del año pasado en este mismo diario digital). La gravedad, además, se incrementa en tanto en cuanto que la mutación ha recaído sobre un fallo cuya conclusión era tan evidente que la decisión tomada ahora por la sesión de enjuiciamiento quebranta las normas básicas del Derecho financiero y de la Hacienda Pública, y contradice los principios más elementales de la lógica y del sentido común.

¿Cómo se va a garantizar con dinero público que el erario recupere los recursos defraudados? El planteamiento es tan disparatado como cuando en tono de chunga y con cierta ironía se le comunica a alguien la disposición a convidarle siempre que antes nos adelante el dinero de la invitación. Se pretende cubrir una defraudación con otra defraudación, defraudación al cuadrado.

Corrupción, y grave, la de todos aquellos que en Cataluña han empleado fondos públicos para un objetivo ilegal, incluso delictivo, intentar la sedición de parte de la ciudadanía, insumisión frente a la Constitución y la soberanía nacional. Pero corrupción también y más grave la de los consejeros del Instituto Catalán de Finanzas que, a sabiendas, aprobaron que el organismo avalase con dinero público el alcance anterior. Se convierte en una corrupción de mayor nivel, corrupción al cuadrado.

Habrá sido seguramente esa la razón por la que tres de los consejeros dimitieron, para no tener que dar su conformidad a los avales. Quizás por miedo a incurrir en un grave delito de prevaricación. Habrá que preguntarse si la Sociedad Civil Catalana además de plantear una demanda ante el tribunal de Cuentas no debería haber interpuesto una querella criminal contra aquellos miembros del Instituto Catalán de Finanzas que aprobaron el aval y a todos aquellos que les forzaron a hacerlo.

Todo esto era ya bien conocido y no hay por qué incidir en ello, pero últimamente ha acaecido un nuevo suceso que eleva el listón de la corrupción, corrupción al cubo. Constituye un salto cualitativo. La gravedad es sustancialmente mayor, porque no radica en que determinados actos sean corruptos, sino en la corrupción de las propias instituciones. Ahora, la del Tribunal de Cuentas.

La corrupción del propio Gobierno Frankenstein no tiene parangón con ningún otro acto concreto de corrupción. Ni a la izquierda ni a la derecha del espectro político. Es una corrupción estructural que está en la misma conformación desde sus orígenes de este Ejecutivo, desde el inicio, desde la misma moción de censura, que mancha a todos los que forman o han formado parte de él, estigma que se mantendrá en el futuro y que será imposible de olvidar. Durante toda su existencia este Gobierno viene incurriendo en un cohecho endémico mediante el que se compra con fondos públicos o con cesiones políticas la permanencia día a día en el poder. Resulta grotesco que Sanchez asuma el lenguaje de los puros y exija explicaciones a Juan Carlos. Siempre he pensado que el problema de Sanchez respecto a la monarquía no tiene relación con las preferencias con respecto a la forma de Estado sino que se fundamenta más bien en un sindrome  sicológico, le es aplicable aquello que Nietzsche decía de sí mismo “Si dios existiese como iba a soportar yo no serlo, luego Dios no existe”.  Si existe rey como va a soportar Sanchez no serlo. Luego la monarquía debe desaparecer.    

Ahora se comprende la urgencia con la que el presidente del gobierno quería cambiar la composición del Tribunal de Cuentas. El mandato de los consejeros, a diferencia de los de las otras instituciones, acababa de expirar. Tras el indulto de los golpistas, quedaba por solucionar el problema crematístico, que no podía ser objeto de indulto, derivado de la defraudación cometida en los preparativos del golpe de Estado y que dependía del Tribunal de Cuentas. Se precisaba pues cambiar a los consejeros para corregir la redacción del auto que la sección de enjuiciamiento había preparado para rechazar los avales que presentaba el Instituto Catalán de Finanzas y que parecían más bien una broma pesada.

La historia reciente del Tribunal no es para que nos sintamos precisamente orgullosos de esta institución. La Ley Orgánica de 1982 y la Ley de funcionamiento de 1988, elaboradas ambas de acuerdo con las pretensiones del PSOE -la primera cuando estaba en la oposición, la segunda ya en el gobierno y de acuerdo con las manías de Pascual Sala-, configuraron una institución con enormes lacras, que comenzaban ya en el diseño de la responsabilidad y de la jurisdicción contable, y finalizaban en su constitución como órgano pluripersonal de doce consejeros, y que se han venido repartiendo en cuotas iguales los dos partidos mayoritarios.

Han sido estas lacras las que han condenado con frecuencia a esta institución a la esterilidad, limitando su actuación a casos de poca monta y quedando, sin embargo paralizada en cualquier asunto de mayor envergadura en el que hubiese por medio intereses políticos, porque en la mayoría de los casos la mitad del Consejo bloquea a la otra media. Durante todos estos años, el Tribunal de Cuentas no ha destacado precisamente por su eficacia, pero nunca había llegado al descaro, degradación y degeneración que se ha producido ahora. Degeneración de los currículos de los elegidos respecto a los que deberían tener, según la categoría asignada al puesto por la ley orgánica y la de funcionamiento. Cada vez son mucho más grises y de carácter más político.

Degradación, porque se ha nombrado a unos consejeros, y ellos han aceptado la designación, con la finalidad explícita de librar a los golpistas catalanes de la obligación económica derivada de los actos de sedición, admitiendo para cubrirla el aval de un organismo público, lo que en sí mismo constituye otra malversación. Dos son los elegidos para los puestos en la sección de enjuiciamiento, que van a permitir el cambio de criterio. En realidad, sus currículos son de tal levedad que no resulta fácil encontrarlos en Internet. Solo en el portal de trasparencia y con bastante vaguedad.

El primero es don Diego Íñiguez, perteneciente al cuerpo de Administradores Civiles del Estado y que ya desde el inicio (1993, en plena cúspide, de corrupción felipista) se separó de sus compañeros de promoción para cubrir un puesto de mayor nivel del que le correspondía de salida, pero también de mayor contenido político, consejero técnico en el Gabinete del ministro de Justicia. Durante los gobiernos del PSOE y en las esferas políticas de los gabinetes, ejerció bien de consejero técnico bien de asesor ejecutivo bien de vocal asesor, primero a la sombra de Belloch y más tarde a la de María Teresa Fernández de la Vega.

En el ínterin, durante los gobiernos de Aznar, buscó acomodo en el exterior en puestos muy cotizados en su cuerpo por sus altas retribuciones. Al final del mandato de Zapatero, consiguió que le hiciesen magistrado por el cuarto turno, es decir a dedo y sin oposición, lo que suelen describir como “juristas de reconocido prestigio”, aunque siempre está el problema de quién es el que reconoce el prestigio. Por desgracia, hay que preguntarse si no fue una forma que inventó en sus tiempos el PSOE para que  desembarcasen sus fieles en la Administración de Justicia. Ello permitió al nuevo magistrado refugiarse durante los mandatos de Rajoy en su judicatura recién estrenada, para volver con Sánchez a los puestos políticos. Primero, como director en la empresa pública de paradores, para aterrizar más tarde como jefe de gabinete de la ministra de Defensa, cargo que ocupaba al ser nombrado consejero del Tribunal de Cuentas.

Precisamente su inmediata permanencia como jefe de gabinete de la ministra de Defensa podría hacer que alguien se preguntase si no  podría estar inmerso en los supuestos del artículo 33.3 de la Ley Orgánica de la institución: haber gestionado fondos públicos o haber pertenecido a un consejo de administración de un organismo o sociedad pública en los dos últimos años, lo que le invalidaría para ocupar el nuevo cargo.

El segundo puesto como consejero en la sección de enjuiciamiento lo va a ocupar doña Rosario García Álvarez. Su currículum es mucho menos movido que el del anterior, se limita a veintisiete años de experiencia en la carrera judicial, últimamente como magistrada de la sala de lo social en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y profesora de Derecho laboral en la Universidad de Comillas. No parecen conocimientos muy a propósito para el Tribunal de Cuentas. Ni Derecho administrativo, ni financiero, ni mercantil, ni contabilidad, ni auditoría, ni análisis de los estados económicos y financieros, nada. Su única gracia parece que radica en poder ir a la sección de enjuiciamiento y estar dispuesta a cambiar el dictamen. Tan es así que según dicen doña Rosario no estaba en la primera lista, sino que era doña María Luz Rodríguez la designada, pero al darse cuenta de que la titulación de esta última no la capacitaba para ir a la sección de enjuiciamiento, que es para lo que se la necesitaba como objetivo primario -salvar a los golpistas-, se modificó la propuesta.

Poco puede sorprendernos la postura del sanchismo. Está en su naturaleza como en la del alacrán de la fábula. El Gobierno Frankenstein precisa día a día de estos comportamientos para mantenerse. Estaban claros su objetivo y su finalidad. Pero ¿a qué se debe la postura del PP?, ¿qué ganaba con los acuerdos? Solo le pueden acarrear desprestigio, después de meses y meses censurando el procedimiento y denunciando con buen fundamento su dudosa constitucionalidad, hasta el extremo de continuar bloqueando la renovación del Consejo General del Poder Judicial, lo que ahora parece una incongruencia. ¿Por qué uno sí y otros no?

Parece que en algún momento el PP alegó a favor del acuerdo el hecho de que los candidatos propuestos no tenían perfil político, lo que constituye una gran ingenuidad, puesto que confundían el nivel con la trayectoria. Que no hayan ocupado puestos relevantes solo indica que su currículum es más bien gris, pero no que todo él no se haya desarrollado a la sombra del PSOE. Es precisamente esa mediocridad la que más les debería haber llamado la atención y hecho desconfiar y podrían haberse cuestionado acerca de cuál era entonces el motivo de la propuesta. Ahora ya se sabe. Que estaban dispuestos a cumplir de forma servil las indicaciones políticas. La pregunta surge entonces de forma inmediata: ¿qué trapicheos ha habido entre Félix Bolaños y Teodoro García Egea?

Republica 10-3-2022



DEL ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS AL CANTONALISMO

AUTONOMÍAS, CATALUÑA Posted on Jue, mayo 12, 2022 20:46:33

Dicen que Ortega y Gasset fue el autor intelectual de la estructura territorial dibujada en la Constitución del 78. Efectivamente, el filósofo madrileño defendió en su tiempo organizar el Estado español en una serie de regiones autónomas, más o menos semejantes a las actuales. Quizás imbuido por el pensamiento identitario alemán, pensaba que la única fotma de mantener un Estado fuerte y centralizado era concediendo autonomía a sus territorios, de manera que tuviesen su propio gobierno y su asamblea legislativa. No obstante, Ortega se negó siempre a dar un paso más, caminar hacia un Estado federal. En su diseño no se pretendía unir unas entidades previamente existentes e independientes para crear una unidad nueva llamada España, sino todo lo contrario, conceder autonomía a las partes para fortalecer el todo.

La soberanía era solo una y pertenecía a España como nación. Por eso en las discusiones del estatuto catalán en la Cortes españolas de la Segunda República, Ortega se pronunció en el sentido de que quedase deslindado del proyecto de Estatuto todo cuanto significase, o pudiese parecer, amenaza a la soberanía unida, o que dejara infectada su raíz. Por este camino –decía- iríamos derechos y rápidos a una catástrofe nacional.

Se dirigía a los nacionalistas con estas palabras: «No nos presentéis vuestro afán en términos de soberanía, porque entonces no nos entenderemos. Presentadlo, planteadlo en términos de autonomía. Y conste que autonomía significa, en la terminología juridicopolítica, la cesión de poderes; en principio, no importa cuáles ni cuántos, con tal de que quede sentado de la manera más clara e inequívoca que ninguno de esos poderes es espontáneo, nacido de sí mismo, que es, en suma, soberano, sino que el Estado lo otorga y el Estado lo retrae y a él reviene. Esto es autonomía. Y en ese plano, reducido así el problema, podemos entendernos muy bien».

Por el mismo motivo arremetía por su carácter ambiguo contra el término “ciudadanía catalana”, ya que en sentido estricto ciudadanía es el concepto jurídico que liga al individuo con el Estado. Del mismo modo, defendió que en el estatuto debía quedar meridianamente claro que lo que el Estado otorgaba por la autonomía podía volver a sus manos más tarde y no solo por la voluntad de los catalanes, sino también por la del propio Estado.

Ortega pensaba que la mejor forma de vertebrar el Estado y de neutralizar toda tendencia secesionista era organizarlo dividiéndolo en grandes regiones autónomas. Solo habrá -llegó a afirmar-verdadero y saludable centralismo, es decir, Estado, cuando haya vigoroso autonomismo y viceversa. Y eso mismo debían de pensar los diputados del 78, cuando consagraron en la Constitución el Estado de las Autonomías.

A estas alturas de la película es fácil llegar a la conclusión de que Ortega se equivocó y los que aprobaron la Constitución del 78 cometieron el mismo error, pensar que las Autonomías servían para aplacar las ansias de los soberanistas. Nada más ilusorio que creer que las repetidas concesiones apaciguan al nacionalismo. Hoy, después de cuarenta y cuatro años, el problema territorial está infinitamente peor y más infectado que durante la Transición.

Pero lo cierto es que quizás ni uno, ni los otros tendrían que haberse equivocado si hubiesen reparado en la Historia. El regionalismo terminó con la Primera República española, precipitándola al caos. La pretensión de conseguir una república federalista condujo al cantonalismo y a la anarquía. Hasta el propio Pí i Margall se vio sobrepasado e impotente para controlar los distintos focos de independencia. Cuando un Estado federal se forma por la suma de entidades políticas independientes puede llegar sin duda a una situación de cierto equilibrio; pero si, por el contrario, se pretende formar una federación por la separación de partes de un Estado ya constituido, la situación será de inestabilidad porque significará adentrarse en un proceso que nunca se dará por terminado. Cada grado de autonomía servirá para reclamar más y más sin saciarse nunca, hasta llegar a la independencia.

Con el Estado de las Autonomías se puso en marcha una fuerza centrífuga que parece no tener fin y que conduce al cantonalismo, cuando no a la secesión. Esta fuerza ha ido adquiriendo mayor o menor intensidad dependiendo de las circunstancias y de otras variables. El primer factor que ha colaborado a incrementar esa tendencia ha sido la propia Constitución que, a diferencia de la alemana a la que siguió en otros muchos aspectos, se definió como no militante y consiente la existencia de partidos políticos que defienden abiertamente la ruptura de España. Así mismo permite que determinadas Comunidades gocen de ciertos privilegios (a los que llaman fueros) en materia presupuestaria y fiscal, propios de la Edad Media.

A ello hay que añadir la propia ley electoral que otorga una representación mayor de la que corresponde a los partidos nacionalistas y no impuso su presencia en un número mínimo de provincias para poder tener diputados en el Parlamento español, medida que hubiese sido necesaria para que los intereses de todos los parlamentarios coincidan con el interés general de la nación y evitar así que el Congreso se convierta en una subasta en la que se puja por votos a cambio de privilegios provincianos.

Durante los muchos años que el sistema ha girado alrededor del bipartidismo, los partidos nacionalistas de Cataluña y del País Vasco, mediante la cesión de sus votos en las Cortes Generales, obtuvieron pingües privilegios y consolidaron sus posiciones en las respectivas Comunidades Autónomas. Tanto el PSOE como el PP, cuando estaban en el gobierno, les dejaron actuar libremente en sus territorios a cambio de contar con su apoyo en el Parlamento nacional. Poco a poco, en parte mediante un fuerte adoctrinamiento, en parte mediante un continuo trasvase de competencias y en parte debido a la pasividad de los gobiernos centrales, Cataluña y el País Vasco han ido conformándose como Estados independientes, si no de iure, sí de facto, de tal modo que al final los separatistas terminan creyendo que también lo son de pleno derecho.

Al mismo tiempo, en todas las otras regiones se fue formando una clase política cuyos intereses están ligados en buena medida al proceso autonómico, y que por lo tanto apuestan más y más por la autonomía. Igualmente, no es extraño que vean con cierta envidia al País Vasco y a Cataluña y pretendan imitarles bajo la premisa de que ellos no son menos.

Tres factores vienen a influir de forma definitiva en las fuerzas disgregadoras en los últimos años. En primer lugar, la crisis de 2008 y el surgimiento del 15-M. En segundo lugar, el proceso de fagocitación del PSOE por parte del sanchismo y, en tercer lugar, el surgimiento de Podemos. La crisis de 2008 y las manifestaciones del 15-M en Barcelona en contra de la política de la Generalitat llevaron a Artur Más y al Gobern a desviar los cañones hacia otro lado, hacia Madrid, y dar el paso que hasta ese momento no se habían atrevido a dar: independencia sí o sí.

La dominación del sanchismo sobre el PSOE constituye un hito decisivo. Pedro Sánchez consiguió los peores resultados obtenidos nunca por su partido, pero no se resignó a ser perdedor. En contra de la sensatez y de lo que sería lógico, con el fin de llegar al gobierno y mantenerse en él ha estado dispuesto a pactar con toda clase de formaciones de lo más heterogéneo: regionalistas, independentistas, que ya eran golpistas, e incluso con los herederos de los terroristas vascos. El Gobierno Sánchez no solo ha blanqueado todas estas formaciones políticas cuya finalidad es quebrar el Estado, sino que en buena medida las ha hecho partícipes en la gobernación de ese Estado que quieren fragmentar. No solo ha permitido que se intensificaran las tensiones secesionistas en el País Vasco y Cataluña, también ha propiciado que otras Autonomías como Baleares, Navarra o Valencia comiencen a andar por el mismo camino.

En otros territorios, aunque con menos pulsiones separatistas, se ha tomado muy buena nota de las ventajas que obtienen los partidos nacionalistas, así que las formaciones políticas regionalistas o incluso provincianas han comenzado a proliferar como las setas. Últimamente, el Parlamento se ha fraccionado y se han multiplicado las siglas, en algunos casos de forma ridícula; pero es de todos esos partidos de los que se vale Sánchez para seguir manteniéndose en el gobierno.

Son ya muy numerosos los partidos políticos en el Congreso cuya representación se limita a una región o a una provincia: Compromís en la Comunidad Valenciana; Partido Regionalista en Cantabria; Coalición Canaria y Nueva Canarias, que se formaron a su vez por no sé cuántas formaciones políticas; PDECat, Esquerra, CUP y Junts pel sí en Cataluña; PNV y Bildu en el País Vasco; el BNG en Galicia; el Foro en Asturias; Mas País en Madrid; Unión del Pueblo Navarro en Navarra y, por último, Teruel existe.

En una tendencia que cada vez es más pronunciada, son muchos los partidos que con representación en los parlamentos regionales están a la espera para saltar al Congreso de Madrid, tal como por ejemplo lo han demostrado las últimas elecciones en Castilla y León, en las que Soria ya y Unión del Pueblo Leonés han obtenido tres escaños cada uno, y la formación Por Ávila, uno. En Baleares, Mes Mallorca, con implantación en esa isla, y que gobierna con el PSOE en la Comunidad, afirma que el Estado de las Autonomías está agotado. Su especial interés radica en que mantiene la misma concepción del federalismo que los cantonalistas de la Primera República, un proceso de abajo arriba. Propone la creación de partidos en las restantes islas, que se terminen federando con ellos mediante referéndums.

Cometen un error los que piensan que las injusticias y desigualdades generadas por el secesionismo y los partidos nacionalistas se superan y desaparecen mediante el cantonalismo. Cuanto más se disgregue el Estado, el quebranto a las regiones más abandonadas y deprimidas será mayor, y mayores los desequilibrios entre las Comunidades. El diputado de Teruel existe fue decisivo para la investidura de Sánchez. Hoy, sus votantes deberían preguntarse si las limosnas prometidas -que no sé si cumplidas-, compensan el coste de haber impuesto un Gobierno Frankenstein a toda España.

El tercer factor es el surgimiento de Podemos como partido político, y la extraña postura adoptada por dicha formación frente a los regionalismos y los nacionalismos. El 14 de septiembre de 2017 publicaba yo un artículo en este diario digital titulado “El coqueteo nacionalista de Podemos”. Poco tengo que añadir a lo que allí afirmaba. Así que me remitiré a ello en aras de no alargar demasiado este artículo. Solo reiteraré lo que a mi entender ha sido el problema fundamental de esta formación: su afán por llegar al poder lo antes posible, sacrificando incluso la coherencia en el discurso.

La finalidad de obtener en cada sitio los mejores resultados es el motivo de la heterogeneidad, que en cada Comunidad y Ayuntamiento se ha plasmado en distintas alianzas, y también en la pluralidad de discursos, que se concreta en la defensa del derecho de autodeterminación y en el coqueteo con los nacionalistas y regionalistas. Las prisas por llegar al poder se han evidenciado también en la búsqueda constante del pacto con el PSOE, a pesar de que el 15-M surgió cuando gobernaba Rodríguez Zapatero y no Rajoy.

Mantenía en aquel artículo también que este planteamiento a medio y a largo plazo podía ser peligroso para la propia formación. En muchas Comunidades, precisamente las más pobres y peor dotadas, no se vería con buenos ojos -como así está ocurriendo- que un partido teóricamente de izquierdas se coloque a favor de las sociedades ricas que quieren romper la unidad solidaria del Estado. En las otras, con presencia de nacionalistas y regionalistas, no era fácil que se hiciese un hueco con un discurso ambiguo. Los electores prefieren siempre las primeras marcas. Y en cualquier caso la defensa de la disgregación a nivel territorial puede ser un búmeran que termine actuando sobre el propio partido disgregándolo en fracciones casi autónomas.

Caben pocas dudas de que la postura de Podemos está facilitando la aparición del cantonalismo; pero al mismo tiempo se produce el declive de la propia formación. Creo que muchos de sus líderes son conscientes de ello. De ahí el intento de refundación con la actual ministra de Trabajo. Pero curiosamente parece que se pretende copiar el mismo patrón. La famosa reunión en Valencia, que en cierto modo pretendía servir de presentación del nuevo proyecto, aparte de echarse en falta la cuota masculina, seguía idénticos cánones disgregadores: Colau por Cataluña, Oltra por Valencia, Mónica García por Madrid, y la misma Yolanda Díaz por Galicia. Todo ello con un extraño olor a cantonalismo. Modificamos algo para que nada cambie.

republica 3-3-2022



LA GAVIOTA, EN CUARENTENA

PARTIDOS POLÍTICOS Posted on Jue, mayo 12, 2022 20:39:28

“Hay veces que cuesta entender a los políticos. A menudo están empeñados en labrar su propia perdición. Son presa de la desmesura. Es lo que entendían los griegos por “hibris”, pecado de orgullo y de arrogancia. Plutarco afirmaba que “los dioses ciegan a quienes quieren perder” y, en palabras de Eurípides: “Aquel a quienes los dioses desean destruir primero lo vuelven loco”. El poder ofusca a los humanos. La “hibris” arroja a quienes la padecen al exceso y al engreimiento, les fuerza a abandonar la justa medida, a sobrepasar los límites. Es posible que algunos miembros del PP estén dejándose arrastrar por la “hibris”. Contra toda lógica, se empeñan en crear enfrentamientos internos. Parecen desconocer que son las divisiones entre las distintas facciones de un partido lo que castigan en mayor medida los electores”. Así comenzaba el artículo que escribí el 11 de noviembre de 2021, cuando hacían su aparición los primeros enfrentamientos entre Génova y la Puerta del Sol. ¿Qué decir ahora?

Siempre he defendido la presunción de inocencia y he pensado que en España se la violaba con demasiada frecuencia. La corrupción real o supuesta ha sido un arma utilizada habitualmente por los políticos para atacar al bando de enfrente. Arma política al igual que las comisiones de investigación constituidas en el Congreso, que no sirven desde luego para investigar nada y cuyas conclusiones están escritas desde antes de comenzar, al gusto de los que tienen la mayoría en la Cámara, y al margen de los papeles examinados o de los argumentos manifestados.

En el tema de la corrupción hay y ha habido mucho fariseísmo. Los partidos se han tirado a la cabeza unos a otros la basura. Bien es verdad que la pequeña, porque la grande se encuentra siempre bien oculta. Mierda cierta o presunta, lo importante es dejar flotando en el ambiente la sospecha. Menos habitual es que desde la dirección de un partido se emplee idéntica táctica contra uno de sus principales activos políticos, dinamitando al mismo tiempo la propia formación. No sé cuánto habrá de reprochable en el famoso contrato de las mascarillas, pero lo que no se puede olvidar es que nos encontrábamos en abril de 2020, cuando se carecía del más elemental material para combatir la pandemia. Si en algún momento ha estado justificada en la contratación la tramitación de emergencia ha sido entonces, tanto más cuando los escasos suministradores se encontraban en China.

Todas las Comunidades tuvieron que acudir a este tipo de contratación, ante el fracaso estrepitoso del Gobierno central. ¿Cuál sería el resultado si se analizasen todos los contratos realizados en ese tiempo por el Ministerio de Sanidad o más tarde por el de Fomento que se hizo cargo de la contratación de la pandemia ante la incapacidad de aquel? No sé si con comisión o sin comisión, lo que sí parece cierto es que en múltiples casos ni se conocía el nombre de los proveedores y que muchos de los artículos no llegaron o llegaron defectuosos. Seamos serios, lo más importante del contrato de la Comunidad de Madrid es que las 250.000 mascarillas aterrizaron en el hospital de IFEMA y en un momento en el que el portavoz del Ministerio, el doctor Simón, con todo el descaro, mantenía que las mascarillas no eran necesarias, por la simple razón de que el Gobierno no disponía de ellas.

Es difícil no sorprenderse al escuchar a la portavoz de Mas Madrid en su ruta hacia la Fiscalía afirmar que se había pagado por las mascarillas un precio superior al del mercado. Ciertamente, a las virtudes de médico, mujer y madre no puede añadir la de economista. ¿De qué mercado? Si no había ninguno, y la demanda superaba con mucho la oferta. Había que buscar recomendación para conseguir proveedores. 

Como afirmaba al principio, no sé si hay algo de censurable (mucho o poco) en el citado contrato. El tiempo lo dirá. Pero sobre lo que no parece que haya muchas dudas es de que la dirección nacional ha querido chantajear a la presidenta de la Comunidad de Madrid para que no opte a la presidencia del partido en esa región, lo que tiene poca explicación (todos los barones tienen esa doble condición) como no sea el miedo a que a medio plazo pueda ser una alternativa a Casado. Explicación poco vistosa y que no deja en muy buen lugar la seguridad que en sí mismo tiene el actual presidente del PP. Oyendo a unos y a otros, es difícil llegar a conclusiones distintas.

Quizás la primera aclaración surge de la rueda de prensa que ofreció el alcalde de Madrid. Intentó, y yo creo que lo consiguió, salvar su actuación y sus responsabilidades. Dio explicaciones exclusivamente como alcalde y se negó a contestar como portavoz de la dirección nacional. Disociación un tanto chocante, e incluso que merece cierta recriminación, pero perfectamente explicable y hasta cierto modo hermenéutica de lo que estaba ocurriendo. Martínez Almeida ha querido hacerse cargo exclusivamente de lo que entraba dentro de sus responsabilidades, pero en ningún caso de decisiones tomadas en otras esferas que no dependen de él, aunque sea portavoz de ellas. La dimisión de Ángel Carromero vino a confirmar las sospechas.

Teodoro García Egea comenzó su comparecencia en rueda de prensa declarando que era el secretario general del PP, aseveración un tanto inútil porque todos los sabíamos, y que desde que asumió el cargo su objetivo ha sido mantener el partido limpio. Su discurso resultó un tanto presuntuoso y no demasiado creíble, al tiempo que condenaba por anticipado -y parece ser que sin pruebas- a la presidenta de la Comunidad de Madrid, lo que al día siguiente remataba de forma más rotunda Casado en su entrevista en la COPE. Es más, ambos han dado ocasión a las otras fuerzas políticas para que se lanzasen al asalto.

Han faltado horas para que todos los partidos políticos de la oposición de Madrid salvo VOX hayan ido corriendo a la Fiscalía. De hecho, en la Asamblea de Madrid los adversarios políticos de Ayuso habían agitado con frecuencia el fantasma de la corrupción, pero sin poder concretarla en nada, como no fuese en la petición de crear una comisión de investigación, solución muy socorrida porque no requiere ningún requisito, a no ser el de contar con una mayoría que en este caso no existía. Tampoco poseían pruebas para ir a los tribunales, ni siquiera a la Fiscalía. Por lo que ellos han manifestado ahora, solo tenían unos SMS anónimos. Y Anónimo, según han dicho desde Génova, es también el dosier de marras. Habrá que recordar que las denuncias anónimas era el sistema habitual ante el tribunal de la Inquisición.

Únicamente se han atrevido a recurrir a la Fiscalía tras el órdago lanzado por la dirección general del PP, que parecía legitimarles o al menos concederles las excusas que necesitaban. Existe quizás la sospecha de que hay una operación circular, un búmeran que parte del Gobierno y vuelve a él, mediante sus antenas en la Comunidad de Madrid. Ayuso manifestó que Casado al hacerle entrega del dosier afirmaba que su origen se encontraba en la Moncloa, lo que resulta bastante creíble. En primer lugar, porque no parece que la presidenta de la Comunidad de Madrid ganase nada con tal afirmación y, en segundo lugar, porque el desmentido de Casado ha sido un tanto ambiguo, eludiendo indicar su procedencia y afirmando al mismo tiempo que contenía documentos oficiales de información fiscal, datos que solo podían provenir de la Agencia Tributaria.

El secreto fiscal afecta a toda la información que maneja la Administración tributaria, constituyendo delito su revelación. Su manejo está muy restringido. Toda consulta a los ordenadores deja rastro y la identificación de quien ha accedido a ella. Esto hace que sea muy difícil cualquier fuga de datos, si no es a niveles políticos muy elevados, e incrementa las posibilidades de que el dosier proviniese de la Moncloa.

Tal vez las susceptibilidades se incrementan ante la sospecha de que todo parte de Teodoro García Egea y al considerar las extrañas relaciones que ha mantenido con la Moncloa. Resultó totalmente incomprensible que, tras muchos meses en los que se PP se negó a pactar el nombramiento de los órganos constitucionales por el procedimiento clásico de repartirse los miembros entre los dos partidos mayoritarios, de repente haya accedido a ello excluyendo solo al Consejo de Poder Judicial (ver el artículo citado de 11 de noviembre del año pasado). Tampoco ayuda mucho a aclarar las cosas que la mano derecha del secretario general sea Alberto Casero, quien votó a favor de la reforma laboral, y el encargado estos días de llamar a cargos del PP para que tuiteen en favor de Pablo Casado. Resulta un poco extraño, o quizás no, que Teodoro López Egea, escogiera la Sesta para realizar su discurso de despedida, y no tendríamos acaso que preguntarnos ¿porque en las tertulias aquellos que siempre defienden con desafuero a Sanchez, en este affaire se colocan al lado de Casado y Egea?  

De la Moncloa a la Moncloa, porque la ofensiva ha terminado en las sucursales del Gobierno central en la Comunidad de Madrid. Sanchez se reviste de Tartufo mientras brinda con champán en la Moncloa, y con ese tono suave y jesuítico pide que todo se aclare, al tiempo que manda sus huestes a la Fiscalía. Nótese, no a los tribunales, sino a la Fiscalía, donde cuenta con Dolores que con pruebas o sin pruebas puede tener estancado el expediente el tiempo que sea necesario.

Todos los discursos acerca de la corrupción suelen revestirse de fariseísmo. Todo el mundo ve la mota en el ojo del vecino y no la viga en el propio. Uno no sale de su asombro al contemplar a Juan Lobato, ese chiquilicuatre, que diría Esperanza Aguirre, secretario general del PSOE de Madrid, coger el testigo que les lanza la dirección nacional del PP, rasgarse las vestiduras acerca de la corrupción que según él se encuentra en los contratos de la Comunidad y proclamar: “Aquí estamos los socialistas para dignificar la política, ser ejemplares y fiscalizar». Y se queda tan contento.

Por lo visto se olvida de la alcaldesa de Alcorcón, Natalia de Andrés, socialista, condenada a cinco años de inhabilitación y que no piensa dimitir; de Noelia Posse, alcaldesa de Móstoles, socialista, imputada con buena parte de su equipo de gobierno por perdonar tasas municipales a una empresa propietaria de una ITV; de María Luz Lastras, ex alcaldesa de San Martín de Valdeiglesias, y de otros cuatro ediles y ex ediles todos ellos del PSOE, además de familiares y empresarios, acusados de corrupción urbanística, en la “Operación Pantano”. Así se podría continuar citando casos parecidos en Fuenlabrada, Parla, Ciempozuelos, etc. Y ¿por qué no salir de la Comunidad de Madrid? Baste con citar el caso de la alcaldesa de Barcelona, imputada y que se niega a dejar el cargo sin que sus socios del PSC exijan su dimisión.

El que esté libre de pecado que tire la primera piedra, dice el Evangelio. Todo el mundo intenta tapar sus vergüenzas, por eso es tan extraño que la dirección nacional de un partido lance a los leones, y además sin pruebas, a sus propios altos cargos.

Republica 24-2-2022



LA EUROPA DEL CAPITAL Y EL MODELO 720

EUROPA, HACIENDA PÚBLICA Posted on Jue, mayo 12, 2022 20:33:59

En 2017, la Comisión, y ahora el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se han pronunciado en contra del modelo 720 de la Agencia Tributaria (Declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero). En realidad, lo que censuran y condenan ambas instituciones es la obligación impuesta a los residentes en España de declarar en dicho modelo toda clase de bienes en el extranjero, así como reprueban las sanciones que lleva aparejadas no hacerlo, o hacerlo fuera de plazo.

Lo primero que puede extrañar es que tanto la Comisión como el Tribunal se adentren en materia de Hacienda Pública, ya que la Unión Europea ha huido siempre de estas competencias. Permanentemente ha rechazado todo intento de integración en el ámbito fiscal, a pesar de constituir un complemento necesario tanto del Acta Única como de la Unión Monetaria. En buena medida, los males y defectos de la UE radican en esa falta de unidad fiscal. El presupuesto comunitario es casi ridículo y los ingresos propios, en extremo reducidos y casi en su totalidad cobrados a los Estados y no directamente a los ciudadanos.

Ha sido la pasividad de las instituciones europeas la que ha permitido la existencia de paraísos fiscales dentro de la propia Unión y una competencia desleal entre los Estados, que han ido reduciendo la presión fiscal directa a favor de la indirecta, y que han jibarizado la política redistributiva. La UE nunca ha querido asumir la política redistributiva ni en el plano personal ni en el territorial, pero al mismo tiempo obstaculiza que los Estados la desarrollen.

Pero entonces, ¿por qué la Comisión y el Tribunal se entrometen en la forma de recaudar de un Estado miembro? La explicación se asienta en los derechos y prerrogativas del capital, y más concretamente de sus libres movimientos. La argumentación de la Comisión y del Tribunal, aunque con diferencias, se fundamenta en que consideran que el modelo 720 y todo lo que conlleva constituye una restricción a la libre circulación de capitales y por lo tanto al Derecho comunitario.

Todos los elementos que se cuestionan: las ganancias patrimoniales no justificadas, la no prescripción, la desproporción que según ellos tienen las sanciones, etc., son contrarios al Derecho comunitario, solo en cuanto que todos ellos incrementan la intensidad y la importancia de las restricciones a la libre circulación de capitales. Razonan que todas esas obligaciones impuestas acerca de los bienes que se sitúan en otros países pueden desincentivar la inversión en el extranjero. Aunque tendríamos que decir más bien que lo que hacen es eliminar el incentivo que la posibilidad de fraude y evasión fiscal conceden a la deslocalización de los bienes fuera del país de residencia.

Habrá que preguntarse si la facilidad para defraudar a la Hacienda Pública no es la que corrompe la libre circulación de capitales, al quebrar la neutralidad entre los destinos y al transformarla en evasión de capitales. Conviene no olvidar que gran parte de la inversión en el extranjero se puede realizar desde los bancos nacionales o en territorio nacional. Así que muchos de los que depositan bienes en el exterior lo que buscan es la opacidad fiscal. Con el modelo 720 se pretende retornar a la ecuanimidad, permitiendo que la libre circulación de capitales, al menos en cuanto a la información, se rija por motivos económicos y no fiscales.

Más allá de si el modelo 720 restringe o no la libre circulación de capitales, de lo que no cabe duda es que esta ocupa un papel fundamental en el andamiaje constitucional de la UE. Por el contrario, al sistema fiscal y a la lucha contra el fraude se los relega a un lugar muy secundario, casi irrelevante. En nuestra Constitución la jerarquía es la inversa. La libre circulación de capitales no aparece y, sin embargo, el Estado social, cuyo principal componente es un sistema fiscal justo, basado en la igualdad y progresividad, se configura como columna central del edificio. Ello conduce a plantear un problema de fondo: ¿hasta qué punto son compatibles ambas realidades políticas?

Va llegando el momento de que nos preguntemos si al firmar el Acta Única y al incorporarnos a la Unión Monetaria no se produjo un cambio sustancial de la Constitución Española, modificación que se realizó con cierta ligereza democrática, basándose exclusivamente en la autorización que la Carta Magna concede a los mandatarios para firmar acuerdos internacionales; si bien no parece que al redactar y aprobar este artículo se estuviese pensando en pactos que modificasen esencialmente la propia Constitución.

En honor de la verdad hay que añadir que esta metamorfosis no ha sido exclusiva de nuestro país. La mayoría de los Estados han dado un giro similar. Este hecho es bastante lógico si se considera que los pasos fundamentales en la constitución de la UE se han dado cuando el neoliberalismo había adquirido ya una posición dominante y la socialdemocracia y el Estado Social estaban de retirada. La UE se ha construido siguiendo los axiomas más estrictos de la globalización. En el centro está el capital y sus intereses y son los respectivos lobbies los encargados de escribir el libreto en Bruselas. No nos puede extrañar por tanto que las instituciones europeas solo entren en los temas fiscales para defender las prerrogativas del capital y de las empresas.

El Tribunal de Luxemburgo admite que se puede restringir la libre circulación de capitales en aras de la lucha contra el fraude fiscal, ma non troppo, pero no demasiado. El Estado puede demandar la información, pero sin establecer en caso de incumplimiento esas penalizaciones que se consideran tan duras. O, dicho de otro modo, el modelo 720 puede seguir funcionando, pero con unas sanciones suaves, casi testimoniales, que todo se reduzca a nueva invitación a declarar y que difícilmente empujarán al cumplimiento del contribuyente.

La sentencia acusa a las sanciones a imponer de falta de proporcionalidad. Se ignora a qué se refiere y qué medida emplea para determinarla, pero parece bastante claro que la intensidad y cuantía de la sanción, para que sea efectiva, debe estar en proporción directa a la facilidad de evasión. Allí donde la probabilidad de que la Administración detecte la infracción sea muy alta, la amenaza de una sanción reducida será suficiente para asegurar el cumplimiento. Por el contrario, cuando la posibilidad de evasión es muy grande y además el riesgo se puede diversificar en distintos bienes, las sanciones tienen que ser muy elevadas para que generen algún efecto disuasorio.

En los bienes que se encuentran en el extranjero la posibilidad que tiene la Administración Tributaria de detectarlos, si sus dueños no los manifiestan, es casi inexistente, por lo que las sanciones a la no declaración tienen que ser cuantiosas para lograr algún resultado. El Tribunal quizás emplea el término proporcional en relación a las sanciones que se imponen cuando los bienes están en territorio nacional, lo que no tiene ninguna lógica, dado que los distintos bienes situados en España, al revés de los que se asientan en el exterior, están sometidos a todo tipo de controles. Son muchas las fuentes a través de las cuales llega la información a la Agencia Tributaria: entidades financieras, compañías de seguros, notarios, registradores de la propiedad, catastro, empresas y demás entidades obligadas a retener, etc. Después de cruzar todos estos datos, la información de los bienes situados en España es bastante completa, lo que no quiere decir que no exista fraude en las rentas.

Parece que el Tribunal considera abusivo que los bienes descubiertos en el extranjero se califiquen de incrementos no justificados de patrimonio. Sin embargo, es el mismo tratamiento fiscal que se les da a los que se descubren en el interior. La única diferencia, y quizás esté ahí la explicación de la crítica del Tribunal, se encuentra en la prescripción. Mientras en estos últimos bienes se admite la prescripción, desde el momento en que fueron adquiridos por el contribuyente, siempre que se pueda conocer esta fecha, en los situados en el exterior la prescripción solo comienza a computarse desde el momento en que la Agencia Tributaria tiene noticia de ellos.

Pero esta diferencia es también razonable y no debe extrañarnos ni tendría que escandalizar al Tribunal. En los bienes situados en territorio nacional, la Administración puede localizarlos desde el mismo momento en el que están en poder del contribuyente. Por el contrario, en los que están emplazados en el exterior, difícilmente Hacienda puede descubrirlos si no tiene constancia de su existencia. Además, en el extranjero la Administración no cuenta ni con los medios ni con la potestad de actuar con los que cuenta en el interior.

En sus alegaciones la Comisión aduce que en la UE se ha establecido una serie de directivas destinadas a facilitar el intercambio de información entre los Estados, lo que hace innecesarios otros procedimientos más agresivos como el modelo 720. Resulta un poco ingenuo tal razonamiento. En primer lugar, porque según esta normativa la petición hay que hacerla de forma individualizada, lo que resulta imposible en la mayoría de los casos, cuando se desconoce absolutamente todo. En segundo lugar, porque como casi todo en Europa, esta obligación de información se realiza muy deficientemente, tarde, mal y nunca. Debe de funcionar tan bien como las órdenes de detención, de cuya ineficacia tenemos una amplia constancia los españoles.

Resulta llamativo el escaso espacio que ha ocupado en la prensa esta sentencia y, además, en la mayoría de las ocasiones felicitándose de ella y tildando de abusiva la postura de Hacienda. Parecería procedente que la reacción de aquellos que se oponen a toda subida de impuestos, aferrándose a la idea de que el fraude es muy elevado, fuese la contraria, ya que deberían defender todas las medidas de lucha contra la evasión fiscal. Y contra la sentencia debería haber tomado posición desde luego la izquierda, ya que la gravedad de lo decidido por la UE es grande y deja bien claro lo que se puede esperar dentro de sus límites. No es solo que a nivel comunitario no se pueda establecer un sistema tributario progresivo, sino, que tampoco se puede realizar dentro de cada Estado. Todo conspira para que el modelo que rija en este tema en Europa sea profundamente neoliberal.

En esta ocasión se echan en falta esas voces tan proclives a censurar a la justicia española cuando sentencia a los golpistas catalanes. Se esperaría que, siendo muchos de ellos teóricamente de izquierdas, hubieran reaccionado ante una sentencia que rompe la soberanía fiscal de un Estado miembro en beneficio del capital. Cuando se conozca el listado nominativo de las devoluciones y las cantidades respectivas será difícil no darse cuenta del disparate que se ha cometido con esta sentencia.

Los defensores entusiastas de la sentencia y detractores del modelo 720 se enfrentan a una contradicción. Fue el Gobierno de Rajoy  el que lo aprobó, siendo ministro de Hacienda Cristóbal Montoro. Conozco a Montoro desde hace muchos años, antes de que fuera ministro o secretario de Estado. Coincidí con él en múltiples mesas redondas cuando él ocupaba el cargo de director del Instituto de Estudios Económicos, entidad dependiente de la CEOE, y uno de los principales focos de emisión de pensamiento neoliberal. Nuestras posturas, como es normal, estaban casi siempre enfrentadas. Montoro no ha sido nunca un bolchevique rabioso ni siquiera un furibundo keynesiano. Sin embargo, vio la necesidad de que, si se quiere combatir el fraude, los bienes en el extranjero de los residentes deberían ser tan trasparentes como los que se encuentran en el interior del país.

Republica.com 17-2-2022



UN GOBIERNO NEGACIONISTA

GOBIERNO Posted on Jue, mayo 12, 2022 20:17:31

Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Otro refrán que se ajusta perfectamente al desparpajo del que hace gala el presidente del Gobierno. Ahora le ha dado por repetir que la oposición es negacionista. El tema no puede por menos que suscitar una carcajada porque, se mire como se mire, el negacionismo es la  quintaesencia de su política. Desde el principio, Sánchez se hizo famoso por su “no es no” a toda negociación con el PP, a pesar de que esta formación fuera el partido ganador de las elecciones.

El resultado electoral de 2015 no dejaba lugar a demasiadas dudas. Así lo entendió Rajoy que, con realismo, convocó inmediatamente a negociar al PSOE y a Ciudadanos, consciente de que era la única realidad viable. Realidad que Sánchez se negó a admitir. No quiso aceptar que carecía de los votos para ser presidente del gobierno, como no fuese echándose en manos de golpistas y de herederos de terroristas, lo que parecía inconcebible para un partido constitucional. Sanchez creó una realidad paralela, el Gobierno Frankenstein, que contra toda racionalidad y contra su propio partido hace que gobierne el Estado quien quiere destruirlo.

Muchos serían los aspectos que se podrían citar en los que se plasma el negacionismo del Gobierno, por ejemplo, el precio de la electricidad, o las encuestas de Tezanos, pero ninguno como a la hora de juzgar la situación económica y social. Llevan muchos meses pintándonos un panorama azul pastel empalagoso totalmente irreal y contradicen una y otra vez lo que resulta evidente. Se han negado a revisar las previsiones económicas de 2021 y 2022.

En el mes de enero del año pasado, el Gobierno estimó el crecimiento de 2021 en el 9,8%, sin duda totalmente desproporcionado, pero que sirvió para que alardease de que la española era entre todas las europeas la economía que más iba a crecer en ese año, callando que el año anterior (2020) había sido también la que más había disminuido. En seguida tuvo que reducir las previsiones, primero al 7,5% y más tarde al 6,5%, plantándose en este porcentaje y negándose a cambiarlo por más que todas las estimaciones tanto nacionales como internacionales fijaban tasas de crecimiento mucho más reducidas: Banco de España y OCDE el 4,5%; FMI, el 4,9%.

Hace unos días el INE ha facilitado el dato provisional de crecimiento del PIB para el año 2021, cifrándolo en el 5%, 1,5% inferior a las previsiones del Gobierno, lo que les deja en muy mal lugar, especialmente a la ministra de Economía. A pesar de ello, continúan impertérritos como si no hubiese pasado nada. No están dispuestos a rectificar ni a corregir ninguna de sus cifras presupuestarias. Bien es verdad que puede ser que las desviaciones en el crecimiento del PIB real no influyan demasiado en la recaudación porque se compensen con la diferencia entre la inflación prevista y la real, de manera que el PIB nominal no cambie y, por lo tanto, se perciban aproximadamente los mismos ingresos que estaban en el presupuesto. Son muchos quienes olvidan (sobre todo cuando se critica la indexación de las prensiones y la remuneración de los funcionarios) que los ingresos del Estado se incrementan también con la inflación.

El Gobierno ni siquiera después de la publicación por el INE (aunque sea provisional) de la contabilidad nacional de España para 2021 está dispuesto a reconocer la falsedad de su discurso y la debilidad de la recuperación. Callan que la economía de la mayoría de los países de Europa retornará a la situación que tenían en 2019; antes por supuesto que la nuestra, que como pronto lo hará en 2023. Resulta risible, pero también irritante, intentar ocultar este mal dato afirmando que es el mayor incremento del PIB desde hace 21 años, lo que carece de todo mérito y resulta perfectamente explicable cuando en el año anterior el PIB se había desmoronado un 10,8%, porcentaje sin parangón en la economía española, más allá de los tiempos de guerra.

Siendo el dato del PIB publicado por el INE especialmente malo, que indica que la renta española es un 6% más reducida que la de 2019, existe la sospecha de que la cifra definitiva que se publique en marzo estará por debajo de ese 5%. Lo exacto de la cifra induce ya a pensar que se ha redondeando para salir del tramo del 4%. La misma nota del INE contiene un párrafo un tanto insólito: “No obstante, por diversas razones… el volumen de información adelantada del que se ha dispuesto en este avance ha sido menor que en ocasiones anteriores. Este hecho, unido a la dificultad inherente a la medición estadística de cambios de coyuntura de esta magnitud, hace prever que las futuras revisiones de los resultados hoy publicados puedan ser de una magnitud mayor que la habitual”. Párrafo que parece una disculpa anticipada o un ponerse la venda antes de la herida.

Por otra parte, en los datos provisionales publicados por el INE hay uno especialmente chocante. Me refiero al incremento desproporcionado de la inversión en existencias que es posible que se deba a una decisión consciente de los empresarios por incrementar los stocks ante el miedo de desabastecimientos o a la creencia de que sus ventas iban a ser mayores; pero también puede ser la partida que oculte el intento político de publicar momentáneamente un valor del PIB superior al real. En cualquier caso, aun cuando el aumento de la inversión en existencias fuese cierto no por eso habría dejado de producir un incremento engañoso del PIB del año pasado, en detrimento del de este año.

Sánchez y su Gobierno, aun cuando lo nieguen, saben que la recuperación económica está muy lejos de lo que habían prometido y en contra de todas sus aseveraciones. Es por ello por lo que se refugian en las cifras de empleo. A lo largo de todos estos meses han venido vanagloriándose de los buenos datos de la ocupación y de la reducción del paro. Ciertamente ha habido una disociación aparente entre la evolución del empleo y la del crecimiento económico. Una de las razones consiste en los trabajadores en ERTE y en los autónomos con cese de actividad que sin duda son parados, aunque no computen como tales. En algunos momentos como en abril y mayo de 2020 sobrepasaron con mucho los tres millones de personas.

Otra explicación se puede encontrar en las horas trabajadas, que actualmente son un 3,4% menos que antes de la pandemia. En 2021 se han producido 1.200 millones menos de horas trabajadas que en 2019, cifra más acorde con la evolución de la actividad. La discrepancia con el número de empleados indica un incremento de la subactividad, que puede haberse originado por un aumento de la contratación parcial o por un mal cálculo de los empresarios que contaban con una expansión mayor de la demanda y tal vez hayan contratado o sacado de los ERTE a más personal del necesario.

En cualquier caso, un incremento del empleo superior al de la actividad lo único que indica es que existe una reducción de la productividad que se traduce probablemente en la disminución del nivel salarial. Sin generar riqueza solo se logra repartir pobreza. No hay motivos, en consecuencia, para que el sanchismo eche las campanas al vuelo, pero tampoco para que el PP se vanaglorie de la reforma laboral de Rajoy que si ha creado empleo  ha sido a base de deprimir los salarios y las condiciones laborales; impuesta en buena medida por Bruselas y quizás necesaria al estar en el euro y no poder devaluar la moneda para recobrar la productividad perdida.

En su afán negacionista, Sánchez no tiene problema en presentar como un gran éxito ciertas comparaciones tanto de los datos del PIB como del empleo con periodos pasados, comparaciones que no significan absolutamente nada, porque en ningún otro momento de nuestra historia el PIB se ha reducido en un 10,8 %. El afán negacionista de Sánchez se supera de mitin en mitin. La última boutade es afirmar que esta es la legislatura del empleo, y del empleo digno. Es difícil retorcer la realidad de forma más descarada. El empleo no llega ni en el mejor de los casos a los niveles de 2018. La tasa de paro es la mayor de la Unión Europea, superior incluso a la de Grecia. Según el INE, más de un millón de hogares tienen a todos sus miembros en edad de trabajar en paro. En la misma familia coinciden en situación de desempleo padres e hijos: 565.000 mayores de 55 años y 452.000 personas entre 16 y 24 años.

Podría ser hasta aceptable que el Gobierno se intentara justificar afirmando que ellos no son responsables de la crisis ni de la epidemia, aunque su evolución y las consecuencias dependen mucho de la política tanto sanitaria como económica aplicada, lo que se puede comprobar en el hecho de que el resultado varía según los países; pero, en cualquier caso, sería coherente que el Gobierno se defendiese intentando demostrar su ausencia de responsabilidad. Lo que carece de toda lógica es que niegue la realidad y presente una situación social y económica que solo existe en su imaginación.

Todos los estudios y análisis, cualquiera que sea su origen, vienen a decir lo mismo. El último informe de Foessa mantiene que la desigualdad se ha incrementado con esta crisis incluso en mayor medida que con la anterior de 2008. Resulta irónico que Sánchez en tono lacrimógeno sostenga lo mucho que le apena cuando paseando por Madrid se encuentra con algunos indigentes. No parece una afirmación inocente. No se necesita ser demasiado suspicaz para suponer que una vez más lo que intentaba era meterse con Madrid y censurar la política del Gobierno de Ayuso. De todas las formas, la afirmación no es muy afortunada. En primer lugar, porque hace mucho tiempo que Sánchez no pisa las calles de Madrid ni las de otras ciudades. Viaja solo en Falcon, en helicóptero o, todo lo más, en coche.

Y, en segundo lugar, porque si hay un responsable de la pobreza que pueda haber en Madrid y en cualquier otra ciudad de España, es él y su Gobierno. Al principio se empeñaron en convencernos de que la salida de esta crisis sería muy distinta de la de las otras, y que nadie se iba a quedar atrás. Como se ve, eso no se ha cumplido. Por mucho que se empeñen en negarlo, la desigualdad se ha incrementado y el escudo social que tan pomposamente proclamaron no ha funcionado, por inconsecuente o por estar limitado a las ocurrencias.

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha sido un total fracaso y de difícil arreglo debido al diseño desafortunado e incoherente con el que se ha construido. Todo el proceso de concesión ha sido caótico y no precisamente, como a veces se quiere afirmar, por la incapacidad de la Administración, sino por la incompetencia y falta de experiencia de los que están al mando y diseñan las ayudas y la forma de otorgarlas. Al final de ese camino tortuoso, los afortunados a los que se les ha concedido la prestación no han llegado a los 350.00 de los 850.000 previstos por el propio Ministerio. Concesión que en la mayoría de los casos se hizo tras muchos meses de espera. Incluso algunos beneficiarios vieron con sorpresa que las ayudas concedidas ascendían a un monto ridículo al restar de la renta mínima estipulada el importe de las cantidades recibidas por cualquier otro motivo en el año anterior.

El sobresalto de algunos beneficiarios se ha producido de nuevo en el pasado diciembre al recibir una somera resolución de la Seguridad Social por la que se les comunica que a partir de ese momento su prestación quedaba reducida a una cantidad ridícula de 55, o de 73, o de 87, o de 125 euros o de un importe parecido, al haberse detraído de la ayuda legal los ingresos percibidos en 2020, ingresos proporcionados por el Ministerio de Hacienda y que en la mayoría de los casos coincidían con la propia declaración del beneficiario. La minoración se realiza sin consideración alguna sobre si esos recursos han continuado cobrándose en 2021, y si van a permanecer en 2022. Si las rentas obtenidas en 2020 superan la percepción estipulada, se llega a cancelar totalmente la subvención.

El procedimiento es tan absurdo que la necesidad de la prestación se cuantifica no en función de la situación económica actual, sino respecto a la que el beneficiario tenía dos años antes. En un mundo laboral tan cambiante y cuando la mayor causa de pobreza es el paro, resulta evidente que un sistema como este carece de la agilidad necesaria. Se puede estar dando la ayuda a quien ya no lo necesita y denegándosela a quien la precisa, con independencia de lo que haya percibido dos años antes. Por otra parte, fijar prestaciones de 80 euros mensuales o cantidades similares carece de toda coherencia. Los gastos de tramitación seguro que son superiores.

El IMV ha mostrado desde el inicio su radical inadecuación a la realidad al haberlo concebido como un impuesto negativo sobre la renta, figura que nunca se ha aplicado en la práctica y solo existe en las universidades y en las revistas de Economía. Lo lógico hubiese sido corregirlo enseguida al comienzo y no seguir adelante una vez comprobado que no tenía ni pies ni cabeza. Pero, de nuevo, el Gobierno hizo gala de su negacionismo. Habría que aplicarle aquello de Las mocedades del Cid:

Procure siempre acertarla

el honrado y principal;

pero si la acierta mal,

defendella, y no enmendalla.

republica 10-2-2022



DE CUBA A UCRANIA

EUROPA, GLOBALIZACIÓN, REALIDAD INTERNACIONAL Posted on Jue, mayo 12, 2022 20:10:32

Se comenta que, en días de agobio político, el fantasma de Iván Redondo recorre los despachos de la Moncloa. Y debe de ser así, porque, de lo contrario, llegaríamos a la conclusión de que nos habíamos equivocado y de que los numeritos y los escenarios azul pastel no eran suyos y habría que predicarlos más bien del propio Sánchez. Tras la marcha del jefe de gabinete continúan produciéndose los mismos espectáculos circenses. El otro día las televisiones nos presentaron un cuadro entrañable: Sánchez sentado en su despacho con cartera presidencial añadida, hablando descamisado por teléfono, y una voz en off indicando que el presidente del Gobierno se comunicaba con el resto de mandatarios internacionales a efectos de solucionar el problema de Ucrania. Se presentaba la cuestión de tal manera que parecía que él estaba al frente de la operación. El cuadro resulta más estrambótico, si cabe, si consideramos que estuvo más de seis meses esperando la llamada de Biden y que pocos días después de la representación Biden mantuvo una videoconferencia con todos los que pintan algo en Europa (hasta el primer ministro polaco fue convocado) y de la que fue excluido Sánchez.

La exhibición televisiva, en principio, no tendría demasiada importancia, ya que cada uno hace el ridículo como quiere, y además es un tipo de espectáculo al que Sánchez nos tiene muy acostumbrados. Ya montó uno similar con la salida de Afganistán, o con la llegada del Aquarius. El hecho adquiere, sin embargo, mayor relevancia porque el Gobierno se ha dado prisa en ocupar los primeros puestos, mandando al lugar de conflicto una fragata, dos buscaminas y no sé cuántos aviones y soldados. Parece que queremos hacernos perdonar algo o pasar por los alumnos más aplicados. Esta postura contrasta con el papel de la Unión Europea que, hasta ahora, ha sido mucho más tibio; incluso el ministro de Asuntos Exteriores ruso, tras la negociación con su homólogo norteamericano, bromeaba preguntándose con cierta ironía dónde estaba la Unión Europea.

Esta tendencia a ser los primeros de la clase y a ocupar un puesto que no nos corresponde no es nueva. No es cierto que este sea el país de la paz, como algunos quizás con poca memoria pregonan. España participó entusiásticamente en la primera guerra del Golfo y en la de Yugoeslavia en tiempos de Felipe González y en la segunda de Iraq con Aznar. En principio, nada hay de censurable en que España haya cumplido sus compromisos con su pertenencia a la OTAN, aunque bien es verdad que todas estas acciones bélicas no se ejecutaron desarrollando estrictamente el reglamento de la  organización. Para España lo reprochable comienza cuando se pone al frente de la manifestación asumiendo un protagonismo que resulta hasta ridículo, al tiempo que otros países con muchos mayores motivos optan por un lugar más discreto y una actitud más ambigua. Pensemos en la foto de las Azores.

En todas estas situaciones los partidarios del no a la guerra hemos sido minoría. La postura del PSOE de Zapatero con respecto a la guerra de Iraq fue una excepción motivada por encontrarse en la oposición y considerar que ese planteamiento le proporcionaba buenos rendimientos electorales y un medio para llegar al gobierno, como realmente ocurrió, aunque bien es verdad que ello solo fue posible por los atentados del 11-M. Tanto antes como después, el PSOE no ha sobresalido por su pacifismo. Del no a la OTAN a Javier Solana de secretario general de Alianza Atlantica.

Algunas lecciones deberíamos sacar de todos estos acontecimientos pasados. La primera es que todas las guerras, aun cuando adopten el nombre de misiones humanitarias, normalmente producen más dolor del que en teoría dicen querer evitar (lo llaman a menudo “efectos colaterales”) y dejan con frecuencia tras de sí una situación peor que la inicial. La última prueba, Afganistán.

La segunda es que los calificativos como dictador, demócrata, tirano, justo o injusto, etc., que tienen todo el sentido en la política nacional, dejan de tenerlo cuando los aplicamos a la internacional. En este orden, todos los gobernantes suelen comportarse de forma muy parecida, motivados únicamente por intereses de todo tipo. Se suele hablar de la “realpolitik”. Nadie es santo ni nadie es villano, pero todos lo son a la vez. La única diferencia entre unos y otros es que algunos no necesitan justificarse ante sus ciudadanos; otros sí tienen que hacerlo y entonces no les queda más remedio que recurrir a las mentiras y a los montajes. Recordemos las armas de destrucción masiva en la guerra de Iraq. Es un gran error juzgar los conflictos internacionales por las características que concurren en cada uno de los bandos, en lugar de considerar el motivo del conflicto o la cuestión que está en porfía.

En esta ocasión, gran parte de la opinión publicada se ha apresurado a calificar a Putin con toda clase de epítetos y connotaciones negativas. Mucho de lo que dicen puede ser perfectamente cierto, pero eso no explica ni da razón del conflicto. Hay también quienes quieren ver intenciones ocultas y no confesadas por Moscú. Según esas voces, la razón de la ofensiva se encontraría en la necesidad de evitar que los países limítrofes de Rusia se incorporen a la opulencia de Occidente, pues esto facilitaría que los rusos empobrecidos pudiesen tomar consciencia del contraste entre ambos mundos.

El defecto principal de esta elucubración es que no se sustenta en ninguna prueba y las peticiones explícitas de Putin no van en esa dirección. No parece que sus preocupaciones caminen por la situación económica o alianzas comerciales de los países que circundan a Rusia. Se centran más bien en las alianzas militares, y más concretamente en la posible entrada de Ucrania y algún otro país vecino en la OTAN, lo que conllevaría el riesgo de situar las más sofisticadas armas ofensivas a pocos kilómetros de Moscú.

Hay también quien con gran solemnidad plantea que en esta contienda se cuestiona un principio esencial, la libertad de un país soberano para tomar sus decisiones y hacer lo que le plazca, en este caso entrar o no entrar en la OTAN. Considerado así, en teoría, parece un planteamiento consistente. Nada más lógico que defender la autonomía de un país independiente. Pero nunca las cosas, sobre todo en la geopolítica, están claras, más aún si echamos la vista hacia atrás.

Con mucha frecuencia EE. UU., la OTAN o los demás países de eso que llaman la Comunidad Internacional no han tenido ningún empacho en limitar la libertad de países soberanos cuando los han considerado amenazas para la seguridad internacional, que lógicamente coincide con la suya. En aras de evitar la proliferación nuclear, se limita la capacidad de obrar de determinados Estados, que también son soberanos por muy reprobables que puedan parecer sus respectivos regímenes políticos. En la segunda guerra de Iraq el pretexto que manejaban Bush y los países invasores, aunque después resultase falso, es que Sadam Husein poseía armas de destrucción masiva.

Y por qué no citar el caso que más se asemeja al actual, aunque se remonte al año 1966. Me refiero al affaire de los misiles cubanos, más bien rusos, que la Unión Soviética quería instalar en Cuba, y que la Administración Kennedy no estaba dispuesta a consentir, dada la proximidad a muchas ciudades americanas, incluso al mismo Washington. El discurso, entonces de Kennedy, no era sustancialmente distinto del que ahora asume Putin, con independencia de las opiniones que se tengan de ellos. Ambos justifican la limitación de la soberanía de un tercer país en la autodefensa. También Cuba en aquel momento era un país soberano.

Se puede alegar que en 1966 estábamos en la Guerra Fría. Pero lo cierto es que la Alianza Atlántica es un residuo de esa misma guerra fría. Desapareció el Pacto de Varsovia, pero no la OTAN, y conviene recordar que constituye una alianza militar. Aun cuando en sus estatutos se afirma que tiene una finalidad defensiva y que solo debe actuar a petición de un socio que se vea agredido (art 5), la mayoría de las veces que la OTAN ha actuado no lo ha hecho dentro de esos límites, ni como consecuencia de haber activado el artículo 5, excepto con ocasión de la invasión de Afganistán en la que EE. UU. pidió su aplicación. No obstante, en este mismo caso es difícil aceptar que la ofensiva terrorista contra las torres gemelas pueda considerarse el ataque de un país por otro.

No puede extrañar demasiado que Rusia muestre cierta intranquilidad a que los países limítrofes puedan incorporarse a la OTAN, que no conviene confundir con el ingreso en la UE a lo que en principio no parece que Rusia tenga ninguna objeción. De hecho, Suecia y Finlandia han mantenido durante muchos años una situación especial, pertenecen a la Unión Europea pero no a la OTAN. Se trataba entonces de mantener un espacio de neutralidad frente al Pacto de Varsovia y la OTAN.

El tema no es nuevo. Estuvo presente en la disolución de la antigua URSS. Gorbachov, que pilotó la operación, ha afirmado, y así lo recoge en sus memorias, que hubo un acuerdo con la OTAN, en el que esta organización se comprometía a no extenderse hacia el Este. El acuerdo parece que fue oral y no se plasmó por escrito en ningún documento, por lo que en los momentos presentes puede considerarse papel mojado y no representa ninguna prueba, pero sí puede estar influyendo en la motivación de Rusia. Tal vez por eso Putin exige ahora a Biden la contestación a sus demandas por escrito.

Rusia siempre ha presentado reticencias a la entrada en la OTAN de un país limítrofe y perteneciente con anterioridad al bloque soviético, pero, a pesar de ello, son ya varios los países fronterizos con Rusia que pertenecen a la Alianza Atlántica. Da toda la impresión de que en esta ocasión Putin no está dispuesto a admitir que este proceso continúe y, dadas además las especiales condiciones que unen a Rusia con Ucrania, ha decidido plantar cara.

Pero preguntémonos cuáles son los intereses que se encuentran detrás del ingreso de Ucrania en la OTAN. Quizá la comparación de nuevo con Kennedy y los misiles cubanos nos ayuden a contestar a la pregunta. En aquella ocasión el interés no estaba tanto en la Unión Soviética como en Cuba, que pretendía protegerse ante una posible invasión norteamericana, repetición de la de la Bahía de Cochinos. Ahora la verdaderamente interesada es Ucrania, que pretende cubrirse ante una posible invasión rusa. EE. UU. y la OTAN no han mostrado hasta ahora demasiada predisposición. De hecho, a diferencia de otros países, a Ucrania no se le ha hecho un plan temporalmente estructurado. Para la Alianza Atlántica el tema es más de principio, de defender el artículo 10 de la organización que establece que todo país puede pedir el ingreso. Pero ya sabemos que en geopolítica los principios son menos importantes que los intereses.

Se blande con frecuencia el hecho de que Ucrania es un país soberano, pero soberanía no es igual a omnipotencia. Ucrania no puede decidir sin más entrar en la OTAN, porque ello incumbe a la propia Organización Atlántica. En 1966, Cuba era un país soberano pero la decisión de instalar misiles soviéticos en su territorio dependía en primer lugar de la Unión Soviética. Es por eso por lo que el conflicto fue entre Kennedy y Khruschev; las demandas del primero se dirigían al segundo, y las negociaciones se establecieron entre EE. UU. y la Unión Soviética. En la actualidad, las exigencias de Rusia no se orientan a Ucrania sino a la OTAN, que es lo mismo que decir a EE. UU.

Este conflicto, al igual que el de 1966, estaba ocasionado por los miedos recíprocos. Cuba tenía miedo de la invasión de EE. UU., y por eso quería los misiles en su territorio. Ahora es Ucrania la que tiene miedo de que Rusia pueda invadir su territorio. Entonces, a EE. UU. le asustaban unos misiles soviéticos instalados tan cerca de sus fronteras, y en la actualidad es a Rusia a la que intimida que la OTAN se instale tan cerca. La solución en aquel momento pasó por la destrucción de todos los miedos, el desmantelamiento de los misiles y la promesa de que EE. UU. no invadiría nunca Cuba. Quizás en la actualidad el acuerdo no tiene por qué alejarse mucho del de entonces. Podría concretarse en el compromiso de Putin de que Rusia no invadirá nunca Ucrania y al mismo tiempo que se aleje cualquier proyecto de que este último país entre en la OTAN.

republica 3-2-2022



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