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EL GASTO PÚBLICO Y EL DOCUMENTO DE FEIJÓO

HACIENDA PÚBLICA, PARTIDO POPULAR Posted on Mié, mayo 18, 2022 22:53:51

En mi artículo de la semana pasada intenté comentar y también criticar algunos de los puntos del documento de 41 folios elaborado por el PP y presentado por Feijóo al Gobierno. Opinaba que quizás podría ser conveniente la bajada provisional de los impuestos indirectos que gravan la electricidad y los carburantes a efectos de controlar la tasa galopante de inflación. Sin embargo, consideraba injustificada y contraproducente la reducción arbitraria del IRPF y del impuesto de sociedades. De cualquier modo, terminaba la reflexión afirmando que, dado el desmedido endeudamiento público, toda reducción tributaria tendría que compensarse con una minoración del gasto o un incremento de otros gravámenes.

El documento parece inclinarse por lo que denomina “ahorro en el gasto público”. El análisis no es demasiado fino, ni siquiera ocurrente. No va más allá de recomendar la evaluación de políticas públicas, amén de atribuírselo a órganos como la AIReF, que no tienen competencias en la materia. La verdad es que este sonsonete, junto con el del presupuesto por programas o el del coste cero, llevo oyéndolo desde hace más de cuarenta años, desde mi ingreso en Hacienda, sin que de las palabras se haya pasado nunca a la realidad. Incluso Jordi Sevilla, cuando ocupaba el ministerio de Administraciones Públicas con Zapatero, creó una agencia de evaluación de políticas públicas, y que seguramente lo único que demostró fue la inutilidad de tal organismo.

El problema no estriba en los análisis o en la creación de entes o agencias, sino en la voluntad política de racionalizar el gasto público. La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), con casi ciento cincuenta años de historia y más de cuarenta años de realizar controles financieros sobre los distintos organismos y actuaciones públicas, ha puesto sobre la mesa cientos y cientos -quizás varios miles- de informes señalando múltiples deficiencias y deseconomías en la gestión del gasto público. Pero lo cierto es que muy pocas veces los políticos han hecho caso a las recomendaciones. Son las conveniencias electorales o políticas las que terminan motivando sus decisiones.

De todas formas es conveniente poner las cosas en su sitio. El gasto público en España está sumamente descentralizado. La Administración central es solo una más, que se encuentra al lado de las de 17 Comunidades y de las más de ocho mil corporaciones locales, y la gran mayoría de ellas con un grado de descontrol y de ineficacia mayor que el del Estado. El documento señala a título de ejemplo los 22 ministerios y los múltiples asesores que se han contratado en esta legislatura. Sin duda es un escándalo e indicador de la poca importancia que este Gobierno ha concedido al control del gasto público, y de la desfachatez con la que crea y maneja las instituciones públicas.

No obstante, apartemos el dedo de la diana que está a la vista de todos, y contemplemos el panorama general. El Estado de las Autonomías ha multiplicado por 17 todos los cargos -presidentes, ministros, directores generales, etc.-, en muchos casos con retribuciones mayores que las del Estado. Solo hay que considerar el sueldo del muy honorable presidente de la Generalitat catalana, y las retribuciones y prebendas que quienes han estado en ese puesto mantienen una vez que han dejado el cargo y eso, aunque hayan sido cesados como golpistas y estén fugados de la justicia española. Quizás el mayor despilfarro se encuentra en la misma existencia de las Autonomías. En cualquier caso, no parece que sea posible la marcha atrás, el mallado de intereses políticos en cada Comunidad Autónoma es ya demasiado fuerte.

Además, sería curioso contemplar las reacciones de muchos de los que defienden el recorte en los gastos públicos, cuando de lo general se pasase a lo concreto y se entrase con tijeras y bisturí a la poda de partidas singulares. Habrá pocas unanimidades acerca de qué gastos recortar. Cada uno de ellos tendrá sus defensores, que declararán que son imprescindibles. Es por esto por lo que será muy difícil suprimir determinados gastos, tales como subvenciones a las empresas, a fundaciones, asociaciones y ONG. Son legión las organizaciones que viven enchufadas al erario público, y nos quedaríamos sorprendidos de la cantidad de empresas zombis que existen tan solo porque están colgadas de las ubres del sector público y que, antes o después, la mayoría de ellas terminarán cerrando; pero, eso sí, después de haber consumido una cantidad importante de recursos públicos.

Por otra parte, el mucho o el poco ahorro de los gastos públicos no debería orientarse a la financiación de la bajada de impuestos, sino que habría de destinarse a potenciar y completar otros gastos que están claramente infradotados. Me refiero, por ejemplo, a la sanidad pública. Después de la pandemia, imagino que nadie se atreverá a decir que se trata de un gasto improductivo o que solo el sector privado crea riqueza. La pandemia ha dejado también claras las deficiencias de nuestro sistema de salud, la necesidad de incrementar el personal y de la creación de nuevas instalaciones. Las listas de espera son interminables. Las demoras existentes para que nos atienda un especialista, para afrontar una operación o incluso para la atención primaria, desvaloriza el sistema público de salud y lo reduce en buena medida a unos servicios de urgencia. Es más, conduce a muchos de los que tienen posibles (que sin embargo se tienen por clase media y no quieren que suban los impuestos) a sortear esta situación y contratar una compañía privada, como complemento.

Lo mismo podríamos afirmar de la justicia que, en cuanto a la mecanización, parece encontrarse en la prehistoria y su falta de personal hace que los procesos se dilaten excesivamente en el tiempo, cumpliéndose la aseveración de que una justicia lenta no es justicia. Sería inexplicable que afirmásemos que el gasto en justicia es improductivo, cuando la seguridad jurídica constituye una condición indispensable para la actividad y el desarrollo económico.

Podríamos seguir citando otras muchas partidas de gastos con insuficiencia de recursos. El documento de Núñez Feijóo mantiene que una cantidad mayor de gasto público no conlleva necesariamente un mayor y mejor desempeño. Necesariamente, no, pero también es cierto que la insuficiencia de medios, los recortes y el regateo terminan por echar a perder y por deteriorar servicios muy valiosos. Lo barato muchas veces termina siendo caro.

En cuanto a lo que el documento manifiesta acerca de los fondos europeos de recuperación, hay de todo, cosas acertadas y menos atinadas. Plantea la posibilidad de emplearlos para financiar las rebajas fiscales. No parece ningún disparate, siempre que, tal como yo afirmaba en el artículo de la semana pasada, se refiera exclusivamente a los impuestos indirectos que gravan las distintas fuentes de energía y de carburantes, y de forma provisional. Incluso si Europa pusiese impedimentos para dedicarlos a este objetivo, se podrían asignar a inversiones públicas, tales como la sanidad, la modernización de la Administración o la creación de un gran parque de viviendas sociales dedicadas al alquiler, etc., que permitirían liberar recursos para dedicarlos a la rebaja de impuestos indirectos. 

Por otra parte, el documento señalaba la lentitud con que se están ejecutando los fondos y parece culpabilizar de ello a una mala gestión de la Administración, o a los muchos requisitos y trabas que se ponen en la contratación y en la concesión de las subvenciones en el sector público. Es cierto que los fondos no se están ejecutando ni mucho menos con la celeridad que se anunciaba. Pero, en primer lugar, hay que señalar la dilación de la Unión Europea. Si hay un aparato burocrático parsimonioso, ese es el de la Comisión. Una cosa ha sido el anuncio a bombo y platillo de la creación de los fondos y otra cosa muy distinta el tortuoso camino de las entregas concretas. Hasta ahora solo ha llegado una parte más bien pequeña, y en buena medida a final de año.

A la demora del proceso también ha contribuido la deficiente planificación del Gobierno, centralizando las decisiones de manera autocrática, lo que ha influido en la tardanza en presentar los papeles a la Comisión y también en los sinuosos caminos de las concesiones. Carece de todo sentido colocar el problema de la baja ejecución en los obstáculos administrativos cuando el Gobierno ha eliminado casi todos los requisitos, perjudicando gravemente el control y las posibilidades de racionalización en la aplicación de los fondos.

Las soluciones que plantea Núñez Feijóo para acelerar la ejecución de los fondos europeos discurren por los peores caminos, la desregulación de los gastos y, lo que es peor, la canalización de los fondos mediante los beneficios fiscales, exenciones, deducciones, bonificaciones, etc. La idea bien podía haber sido inspirada por la CEOE. Exigir una mayor desregulación de los gastos es un brindis al sol, porque respecto a los fondos de recuperación han desaparecido la mayoría de los controles. El único paso adelante que cabría dar, aunque sería más bien un paso atrás, sería utilizar los beneficios fiscales, tal como manifiesta Feijóo, lo que significa en el fondo adoptar el autoservicio, esto es, que los empresarios y las familias se sirviesen a sí mismos.

El desorden que puede imperar a la hora de presupuestar en los gastos públicos propiamente dichos se multiplica al infinito cuando se trata de otro tipo de gastos que a menudo no tenemos por tales, los gastos fiscales, que, aunque se presenten como minoración de los ingresos, tienen el mismo efecto que los gastos públicos y suelen obedecer a similares razones.

A pesar de esa homogeneidad, resulta curioso comprobar las distintas posiciones que se mantienen respecto a estos dos tipos de gastos, según la ideología que se profesa. Desde las filas conservadoras y neoliberales, se suele anatematizar el gasto público. Pero esa agresividad desaparece cuando se trata de gastos fiscales. Y es que los gastos fiscales se orientan principalmente a favor de las clases altas. Al configurarse como minoración de impuestos tienen un carácter inverso a estos. Serán tanto más regresivos cuanto más progresivos sean los tributos que aminoran. Aun las deducciones o bonificaciones aparentemente más sociales terminan beneficiando en mayor medida a los que tienen rentas más elevadas.

Además, los gastos fiscales, al estar difuminados como una reducción de los ingresos, pasan desapercibidos sin sufrir para su concesión los controles de otros tipos de gastos y, lo que es más importante, en muchos casos se desconoce una cuantificación adecuada de su coste. Son de muy difícil control e incrementan las vías de fraude. Los requisitos que se imponen a cada una de las exenciones, deducciones o bonificaciones en aras de conseguir el objetivo para el que se han aprobado resultan en muchos casos imposibles de verificar, sobre todo cuando, como ocurre en la mayoría de los sistemas fiscales modernos, las medidas afectan a un gran número de contribuyentes. La generalizada evasión que posibilitan hace que se incremente y multiplique gratuitamente el coste de las medidas. No parece que sea, por tanto, el modo más adecuado para canalizar los fondos europeos de recuperación.

Como se ve por este artículo, y también el de la semana pasada, pienso que el documento presentado por Feijóo posee muchos elementos criticables y rechazables, pero al menos tiene una cierta coherencia interna y se puede analizar y criticar. Por el contrario, el decreto-ley elaborado por el Gobierno y refrendado, aunque dejando pelos en la gatera, por el Congreso es un conglomerado anárquico de medidas, un totum revolutum sin demasiada coherencia, difícil incluso de enjuiciar.

Republica.com 12-5-2022



LA REDUCION DE LOS IMPUESTOS EN EL DOCUMENTO DE FEIJÓO

PARTIDO POPULAR Posted on Vie, mayo 13, 2022 11:37:28

Presiento que Nuñez Feijóo va a complicar la vida a Sánchez. Difícilmente este va a poder seguir manteniéndose en ese doble papel de, por una parte, gobernar autocráticamente sin dar cuenta a nadie y, por otra, echar la culpa a la oposición de que no colabora. Feijóo ha presentado frente al plan del Gobierno un documento con 41 folios, lleno de medidas con sus respectivas justificaciones. Medidas muy discutibles, como también lo son las aprobadas por el decreto-ley del Gobierno. Precisamente porque todas son discutibles se deberían haber discutido y no presentar el asunto como un trágala, un plan para la adhesión. Cuando no se está dispuesto a cambiar una línea del propio programa y no se quiere aceptar ninguna de las medidas propuestas por la oposición, no se puede echar las culpas a los demás de no llegar a acuerdos.

Pero dicho esto, en el documento de Feijóo, tal como se ha señalado, hay muchas cosas discutibles y otras, claramente erróneas o falsas. El análisis económico que se hace como introducción es correcto. La situación de España no es buena, mantiene uno de los endeudamientos públicos más altos de Europa, cercano al 120%, que limita enormemente las finanzas públicas. Su economía, en el 2020, con la epidemia, se hundió más que ninguna otra de la Eurozona y va a ser la única que hasta 2023 no llegará a alcanzar el nivel de 2019. Y si aparentemente se ha recuperado el empleo es tan solo porque los ERTE y los contratos fijos discontinuos permiten que no figuren como parados los que en realidad lo son. Los resultados son muy distintos cuando se consideran las horas trabajadas. De todos modos, de lo que no hay duda es que nuestro país tiene la tasa de paro más elevada de la Eurozona; y, en cuanto a la inflación, España está a la cabeza de la Unión Europea, muy superior a la media y doble que, por ejemplo, Francia.

Pero una cosa es acertar en el diagnóstico y otra cosa distinta en la medicina. El documento parte de una premisa falsa. La inflación ha enriquecido al Gobierno y ha empobrecido a las familias y a las empresas. En cuanto a la primera parte, es verdad que la inflación ha incrementado los ingresos del Estado, pero es tan solo nominalmente y tiene su correlato en el aumento que deben sufrir los gastos para mantener el mismo valor real. Desde que se disparó la inflación son muchas las voces que cuestionan la revalorización de las pensiones y estiman que van alcanzar un monto inasumible para el sector público. Hace poco lo hacía el presidente de la patronal, sin tener en cuenta que si la inflación incrementa los gastos públicos también aumenta los ingresos. Es paradójico que se diga, por una parte, que el Estado no va a poder cumplir sus obligaciones con los pensionistas y, al mismo tiempo, anuncie que presenta un excedente desproporcionado de ingresos.

Ese excedente, como la mayoría de todo aquello que tiene que ver con la inflación, es pura ilusión, ya que solo se puede hablar de excedente si el Estado no cumple con sus obligaciones. Las compras del sector público también subirán al mismo ritmo que los precios, las inversiones públicas estarán sometidas a la cláusula contractual de revisión de precios, y por lo tanto su cuantía aumentará a medida que lo haga la inflación. Si no se quiere que las prestaciones de los pensionistas se reduzcan en términos reales hay que actualizarlas con el IPC. No hay ninguna pensión pública por encima de 40.000 euros anuales. Los empleados públicos: sanitarios, profesores, policías, etc., la mayoría de ellos con un sueldo inferior a 40.000 euros anuales, exigirán también la actualización de sus retribuciones con tanta o más razón en cuanto que arrastran por término medio la minoración del 5% del sueldo que les sustrajo Zapatero y que nunca les ha sido reembolsado.

No parece que tenga demasiada justificación quitar el dinero a los pensionistas o a los empleados públicos para gratificar de forma indiscriminada a todos los contribuyentes, tanto personas físicas como empresas. De forma indiscriminada porque, aunque el papel pretende indicar que se ha puesto un límite en las rentas de 40.000 euros anuales, en la realidad no es así. Quizás esos técnicos que cita Feijóo no se lo hayan explicado adecuadamente, pero, dada la estructura del impuesto sobre la renta, la deflactación de los tres primeros tramos de la tarifa beneficia a todos los contribuyentes, incluso a los de mayores ingresos.

A menudo existe una cierta confusión creyendo que el tipo marginal se aplica a la totalidad de la renta, pero no es cierto. Por ejemplo, los contribuyentes con una renta superior a 300.000 euros anuales tributan al 47% solo por la parte de su renta que exceda de esa cantidad, 300.000 euros. En cambio, aquella comprendida entre 60.000 a 300.000 euros lo hará al 45%, que es el quinto tramo, y así sucesivamente en todos los tramos hasta los 12.500 euros primeros que se gravan al 19%, absolutamente en todos los contribuyentes.

Aquellos que pertenecen a un determinado tramo se ven afectados por todo lo que se aplica a los tramos inferiores, ya sean subidas o bajadas. Lo mismo cabe afirmar del límite exento. Además, como se trata de un impuesto progresivo, la deflactacion de la tarifa en el IRPF no beneficiará a todos por igual, sino a unos más que a otros, en función de los ingresos. En este caso, esta relación se cumple hasta los 40.000 euros de renta, y a partir de ahí todos reciben la cantidad máxima.

Los autores anónimos del documento eran conscientes de que aquellos ciudadanos que están exentos de tributar o cuya tributación era muy reducida, los del primer grupo, los de menores renta, apenas salían beneficiados con la medida y por eso señalan sin concreción, porque los casos pueden ser muy variados, un impuesto negativo sobre la renta. A Feijóo no le han explicado bien lo que esto significa. Es lo que nos faltaba después del ingreso mínimo vital del ingenioso Escrivá, que también se diseñó como impuesto negativo sobre la renta y que ha sido un total fracaso, teniendo enormes dificultades de gestión y que enfanga en tareas no propias a la Agencia Tributaria. Armonizar ambas ayudas entre sí con las rentas mínimas de las distintas Autonomías, con lo bonos sociales, etc., sería una tormenta perfecta.

La segunda parte de la premisa que citábamos antes también es errónea. La suposición de que la inflación ha perjudicado a todas las empresas y a todos los ciudadanos está equivocada. Precisamente el peligro de la inflación radica siempre en que tiene un componente explosivo, una espiral que no solamente se cumple en la dinámica beneficios-salarios, sino entre las propias empresas. Cada sujeto económico se defiende de la elevación de sus costes subiendo sus precios, pero nada garantiza además que muchos de ellos no aprovechen la ocasión para fijarlos en una cuantía superior al que les fuerza el incremento de sus inputs.

El origen de esta inflación se encuentra ciertamente en el exterior, en la subida del gas, del petróleo, etc., pero más tarde tomó fuerza en los precios interiores. No hay un solo precio, sino tantos como productos y servicios, y cada sector pugna por trasladar a ellos la elevación de sus inputs. Sin embargo, no todos tienen la misma facilidad. Aquellos sometidos a la competencia exterior, bien porque exporten gran parte de su producción, bien porque puedan ser sustituidos por productos exteriores, tendrán muchos más problemas para resarcirse. Otros, por el contrario, contarán con mayores oportunidades, incluso pueden caer en la tentación de obtener una ganancia fácil subiendo los precios más que los costes.

No todas las empresas y negocios, tal como se nos quiere hacer creer, están teniendo graves dificultades. Incluso muchos de ellos han podido obtener un beneficio extraordinario. Precisamente por ello la inflación alcanza valores tan altos, que no obedecen únicamente a la subida del valor de la energía, sino también a la reacción en cadena de empresas y autónomos para ajustar sus precios a sus costes.

No tiene sentido hablar de perjudicados con carácter general, y mucho menos plantear una rebaja en el impuesto de sociedades. Este impuesto grava exclusivamente a los que obtienen resultados positivos y por lo tanto las rebajas en este tributo irían dirigidas a los que tienen beneficios, es decir, a los que no han salido perjudicados. Por el contrario, no ayudaría a los que han sufrido pérdidas, que serían los verdaderamente damnificados. Por otra parte, el procedimiento escogido, la libertad de amortización, es de los más dañinos para la hacienda pública, aunque quizás de los más beneficiosos para los empresarios. Si acaso, tan solo podría estar justificado en momentos en que se precisase incrementar fuertemente la inversión. No parece que sea este el caso. Hoy, el objetivo principal es defenderse de la inflación.

Plantear la solución del problema bajo la forma de ayudas directas a las empresas y a las familias tiene el enorme inconveniente de que se dispara a ciegas con dinero público, sin saber muy bien quién lo necesita. Una vez que la inflación se ha extendido es difícil conocer a quién ha perjudicado y en qué medida. El proceso inflacionario es complejo como compleja es la multitud de productos y precios. Resulta en extremo complicado averiguar cómo están reaccionando los empresarios y trabajadores de los distintos sectores.

Plantear la rebaja del IRPF y de Sociedades despide un cierto tufillo a que en el documento ha participado el Instituto de Estudios Económicos, organización dependiente de la CEOE. El escrito insinúa que la finalidad de las ayudas a las empresas y a las familias es reducir el impacto que el incremento de los precios pueda tener en sus presupuestos, sin que tengan que demandar subidas salariales desproporcionadas, que se trasladarían a los costes empresariales. Es decir, que el objetivo que se percibe es el pacto de rentas y que las negociaciones colectivas se aprueben con salarios más bajos. Siempre he sospechado que las múltiples rebajas fiscales del IRPF de Solchaga, Solbes, y Rato se han transmitido en buena parte a los beneficios de las empresas. Existe un cierto espejismo en los trabajadores a la hora de negociar los salarios, ya que con frecuencia piensan en retribuciones netas.

Si se quiere combatir la inflación con recursos públicos el camino correcto y más rápido es la reducción de la imposición indirecta. Constituye una acción directa sobre los precios. Feijóo lo plantea como una segunda vía, parece que le da un carácter secundario, sin concederle la misma importancia que a la primera, las ayudas directas. De hecho, se debía haber actuado de este modo desde el principio, reduciendo selectivamente los gravámenes indirectos antes de que la subida del precio de la energía se hubiese trasladado al de otros muchos artículos, que es lo que ha hecho explosiva la inflación. La disminución de los impuestos indirectos tiene la ventaja de que actúa a priori para evitar la subida de los precios y no a posteriori como la reducción de los tributos directos, concediendo ayudas para los damnificados por la inflación, sin saber muy bien quiénes son.

Ahora bien, dado el elevado nivel que alcanza el endeudamiento público, la reducción de los impuestos indirectos ligados a los distintos tipos de energía debería acompañarse de la correspondiente financiación, bien por la reducción del gasto público bien por el incremento de otros ingresos. Lo primero no parece demasiado aconsejable, porque si bien hay partidas de las que se podría prescindir hay otras que deberían ser reforzadas. Pero este tema merece otro artículo, seguramente la semana que viene. En cuanto al asunto de los ingresos, aun sabiendo la oposición que levanta, lo cierto es que hay margen dentro de la imposición directa, incluso y con mayor razón en los momentos de crisis, para aumentarla, por ejemplo en lo referente a las rentas de capital. Si en la sociedad española hay muchas personas muy necesitadas, incluso en situación de pobreza, existen también otros muchos ciudadanos con rentas elevadas y con capacidad tributaria. Hay pobres, pero también ricos, aunque estos últimos no se tengan por tales y se consideren a sí mismos rentas medias.

republico.com 5-5-2022