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ARTÍCULOS RECIENTES CONTRAPUNTO

RETALES, CHAPUZA Y PASTICHE

ECONOMÍA, GOBIERNO Posted on Lun, enero 23, 2023 19:14:05

Dediqué el artículo de la pasada semana a señalar la contradicción existente, en mi opinión, entre la política monetaria del Banco Central Europeo y la política fiscal de la Comisión y de la mayoría de los gobiernos nacionales. Terminaba haciendo  referencia de pasada a las medidas adoptadas últimamente por el Gobierno español y prometía tratar algunas de ellas en el artículo de esta semana. Con carácter general, el primer reproche a realizar es que la ayuda se ha dividido en un número elevado de medidas de pequeña cuantía y escasa eficacia que complican enormemente la gestión. Retales, chapuza y pastiche, remiendos, tapujos y parches, que diría Luis Eduardo Aute.

Un sistema fiscal vale lo que vale la administración encargada de aplicarlo. Aseveración que es casi un tópico, pero no por eso deja de ser menos verdad. Los tributos, para ser justos, deben ser complejos, pero no tanto que hagan imposible su gestión y control, porque entonces terminan siendo radicalmente inconsistentes y arbitrarios al beneficiar tan solo a los que estén dispuestos a mentir o a defraudar.

A menudo, el Ministerio de Hacienda se ha equivocado, y continúa equivocándose, al establecer deducciones fiscales con tal cúmulo de requisitos y condiciones que hacen inviable su comprobación. Sin embargo, creo que ha acertado cuando ha renunciado a un control exhaustivo de toda la población y ha exonerado de declarar a aquellos contribuyentes con rentas bajas y que apenas tienen margen para defraudar. El coste administrativo podría ser mayor que el beneficio que se obtendría al intentar un control total.

Curiosamente, quizás por ignorancia, o por pensar que así obtenía más publicidad, el Gobierno, lejos de plantear las ayudas de forma unitaria y global mediante un solo instrumento, las ha dividido en múltiples medidas de escasa cuantía no conexionadas entre sí e imposibles de gestionar adecuadamente, como no sea consumiendo una gran cantidad de recursos administrativos que son necesarios para otros menesteres. Con un planteamiento un tanto simple han creído solucionar el problema encargando de la gestión a la Agencia Tributaria, a la que se enfanga con una pluralidad de asuntos menores que no puede analizar ni controlar adecuadamente, pero que la apartan de su misión, que es perseguir el fraude.

El inicio de este camino hay que asignárselo al ministro que se cree independiente, pero que es especialista en operaciones fallidas y en lanzar los muertos a los otros departamentos o entidades. Su ignorancia administrativa le llevó a crear un ingreso mínimo vital (IMV) alambicado y complejo que ha sido un fracaso, imposible de gestionar y más aún de controlar, y que ha inundado de papeleo a la Seguridad Social y a la Agencia Tributaria. Se da la incongruencia de que se obliga a presentar la declaración del IRPF a aquellas personas, quizás a las de menores rentas, que estaban exentas y que desde luego no saben de qué manera hacerlo. La Agencia, por tanto, carece de una adecuada información respecto a ellas. Con lo que el control y las comprobaciones carecerán de rigor, pero alejarán a la administración tributaria de su objetivo.

La última ocurrencia en este sendero, por ahora, es la entrega por una sola vez de un cheque de 200 euros para aquellos ciudadanos con una renta anual inferior a los 27.000 euros y un patrimonio no superior a 75.000. El problema, entre otros, radica en que, al igual que en el IMV, en muchos casos la Agencia Tributaria carecerá de los datos necesarios para comprobar el cumplimiento de las condiciones, especialmente la cuantía del patrimonio.

La situación se hace más compleja cuanto que para determinar estos límites se considera el estado civil del beneficiario, siendo la familia, si existe, la unidad a considerar. Son los ingresos sumados del marido y de la mujer los que se computan a efectos de calcular si se tiene o no derecho a la subvención. Aparte de complicar enormemente la gestión, se genera una situación injusta, porque en una mayoría de casos el nivel de renta y patrimonio que permitiría cobrar la ayuda en el caso de ser soltero la excluye cuando los beneficiarios están casados o son pareja de hecho.

Se produce así no solo una arbitrariedad, sino que se plantea un grave problema jurídico. El Tribunal Constitucional a principio de 1989 declaró contrario a la Constitución la obligación que existía entonces de que los matrimonios realizasen una declaración conjunta en el IRPF. Sentaba así la doctrina de que el estado de casado o casada no podía implicar un trato desfavorable en materia fiscal. Parece lógico que este planteamiento se pueda extender al ámbito de las ayudas o subvenciones.

Esta complejidad en la gestión contrasta con la levedad de la ayuda, escasa cuantía y ceñida a un reducido colectivo. El hecho de que se excluya a los que cobran una pensión o el IMV, unido a que el cómputo sea por familias conduce a que el número de beneficiarios vaya a ser muy reducido. Eso no es óbice para que el Gobierno, como siempre, haga trampas e infle la cifra de subvencionados y la cantidad a emplear. Por otra parte, como ya es costumbre en las medidas aprobadas por este Gobierno, se cae en un error de salto. Es un desliz que solo es propio de aprendices. Se pierde el derecho a la subvención por tener un céntimo más de renta o de patrimonio.

Dentro de las medidas aprobadas se encuentra también la prórroga de la gratuidad del transporte de cercanías y a media distancia. Decisión sin duda muy discutible que únicamente tiene importancia, y solo relativa, para un número muy reducido de personas, aquellas que viven en ciudades y usan transporte público. Por otra parte, la experiencia de los últimos meses ha mostrado -lo que por otra parte ya se sabía- que el precio, entre otras finalidades, limita el consumo a niveles racionales y evita el despilfarro. En este caso, la gratuidad en el servicio originó que a muchas personas que necesitaban viajar no les fuera posible hacerlo, a pesar de que los trenes iban casi vacíos como consecuencia de que al no tener coste se reservaban muchos más billetes de los que después se utilizaban.

Se contrasta de nuevo la conveniencia de canalizar las ayudas mediante un solo instrumento y orientado a incrementar la renta o el ingreso personal, y no a través de múltiples subvenciones a productos específicos que complican la gestión y distorsionan el mercado. La aseveración es aun más cierta cuando se subvenciona la totalidad del precio, convirtiendo en gratuito el consumo de un producto. Se incentiva el derroche y muy posiblemente se genera escasez.

El Gobierno ha prorrogado también la congelación de los precios de los alquileres. Es una medida que no cuesta nada al erario público, ya que la fiesta corre a cargo de los propietarios. Quizás ayude momentáneamente a los actuales arrendatarios, pero perjudica a los arrendadores y a los futuros inquilinos, ya sean nuevos o que tengan que renovar su contrato. Se estrecha la oferta lo que aumenta el precio y las dificultades de los arrendatarios más precarios (ver mi artículo del 20-9-2018 en este mismo medio).

El Ejecutivo, después de resistirse y criticar a los que lo propusieron, ha decidido la bajada del IVA a los alimentos de primera necesidad. Lo llamativo es que una vez más ha querido cuadrar el círculo y comprometerse a lo imposible. Aunque ciertamente le da igual, puesto que no tiene ningún problema en incumplir las promesas. Ha asegurado que impedirá y no permitirá que los empresarios se apoderen de la bajada del IVA y que no lo repercutan sobre los consumidores. Misión quimérica. Sucede igual con el impuesto sobre los ingresos bancarios, que será totalmente imposible saber si se produce o no la traslación ¿cómo determinar en qué medida la reducción del IVA está incorporada en la variación de los precios o el nuevo impuesto en las modificaciones de los costes de los servicios bancarios? Solo la competencia puede impedir que los empresarios se apoderen de la bajada del IVA y los bancos trasladen los impuestos.

Refirámonos por ultimo a una medida ocurrente, como salida de la factoría del ministro independiente. Ante la falta de médicos, se ofrece a los de familia y a los pediatras la posibilidad de seguir trabajando después de la edad de jubilación haciendo compatible el sueldo con el 75% de la pensión. No deja de resultar curioso que en el país con más paro de toda la Eurozona se incentive el retraso en la edad de jubilación.

Es posible que exista carencia de médicos, pero esto es únicamente por las condiciones económicas que obligan a emigrar a muchos de ellos. El Estado español realiza un mal negocio. Corre con los gastos de educación de los aspirantes para que después terminen produciendo en otros países. Habrá que cuestionarse si no sería más lógico dedicar a la Sanidad más recursos, de manera que no se produzca semejante diáspora.

Podríamos preguntarnos también si no habría que considerar la sanidad pública como uno de los mejores destinos para los llamados fondos de recuperación, en lugar de dedicarlos a esas otras finalidades etéreas que están muy lejos de incentivar la economía -no hemos alcanzado aún los niveles de 2019-, pero que sí van a enriquecer arbitrariamente a determinadas empresas, de acuerdo con las conveniencias del Gobierno y de los objetivos electorales de Sánchez. Todo funciona a pegotes. Qué carnaval, qué pitote. Vaya chapuza que hay.

republica 19-1-2023



SIN DERECHO, NI SOCIAL NI DEMOCRATICO

GOBIERNO Posted on Lun, enero 02, 2023 23:12:11

Hace ya algunos días que se oyeron en el discurso político los mayores y más graves disparates. Todo comenzó por que el PP presentó ante el Tribunal Constitucional un recurso de amparo y la petición de medidas cautelarísimas contra la chapuza legislativa que una vez más adoptaba el Gobierno Frankenstein y que violaba todas las normas y reglas procedimentales (ver mi artículo del 15 de diciembre del 2022 publicado en este mismo diario con el título “Legislar a la carta”). La oposición entendió que esta forma de legislar conculcaba sus derechos como diputados, por ello reclamaban el amparo del alto tribunal.

El simple hecho de que el Constitucional se reuniese con carácter de urgencia, y a pesar de que ni siquiera hubiese decidido si admitía o no el recurso, fue suficiente para que el bloque Frankenstein perdiese los nervios y saliese en tromba vomitando todo tipo de exabruptos y despropósitos y tildando de golpistas a la oposición, a los jueces, a los medios y a todo el que se cruzase en el camino de Sánchez. Lo irónico del planteamiento es que los únicos que en realidad han dado un golpe de Estado han sido en 2017 los secesionistas catalanes, que son precisamente los aliados y el apoyo del Gobierno.

Es larga la serie de falacias e improperios vertidos desde las filas del Frankenstein con la aquiescencia del presidente del Gobierno e imposible de recoger en un artículo, pero lo que sí hay que resaltar, y resulta lo más grave, es el supuesto que subyace en todo ese discurso, el mismo que manejaron los golpistas en 2017. Según el cual, el triunfo en unas elecciones concede al ganador un poder absoluto sin sometimiento a las leyes ni a ningún otro poder que haga de contrapeso.

Sin embargo la creación del Estado moderno se ha basado en tres pilares que se han ido asentando progresivamente. Primero se le exigió constituirse como Estado de derecho, con el que se superaba el absolutismo y la arbitrariedad. Se trataba de trascender el sistema basado en un déspota benevolente que aplicaba la justicia según su leal saber y entender, sin someterse a ninguna norma que no fuese la de su juicio y voluntad, y llegar a otro en el que leyes objetivas obliguen por igual a todos los ciudadanos. En esto consiste el gran avance del Estado de derecho, en el sometimiento de todos por igual a la ley, desapareciendo cualquier criterio arbitrario y discrecional.

Tres son principalmente los requisitos que resumen su contenido: a) Reconocimiento y tutela de derechos civiles y libertades públicas; un ámbito de intimidad privada y autonomía para las personas; b) División de los distintos poderes de manera que, contrapesándose, se impida cualquier tipo de absolutismo y c) Sometimiento de todos, y en especial de las autoridades, al imperio de la ley y del derecho.

Posteriormente, el Estado añadió a su condición “de derecho”, la de “democrático”, el gobierno de uno solo o de una camarilla es sustituido por el de todos. El calificativo de democrático predicado del Estado implica la participación de la totalidad de los ciudadanos en los asuntos públicos. Es un paso más en la evolución del Estado moderno, con respecto al simple Estado de derecho; añade al status libertatis el status activae civitatis. Representa, en realidad, una superación del esquema original burgués ligado al sufragio censitario en el que los derechos políticos estaban reservados a ciertos niveles de propiedad y de instrucción, y basado en el funcionamiento de los partidos de cuadros, meras asociaciones de notables. El Estado democrático se fue imponiendo progresivamente en toda Europa desde mediados del siglo XIX hasta los inicios del XX, a través del sufragio universal y los partidos de masas: 1848 para Francia y Suiza, 1864 para Grecia, 1870 para el imperio alemán, 1893 para Bélgica, 1918 para Inglaterra etc.

El Estado social constituye el último paso, al menos por ahora, en ese proceso de configuración del Estado moderno. Parte de la consideración de que los aspectos económicos condicionan el ejercicio de los derechos civiles y políticos y de que el hombre, para poder realizarse como hombre, necesita disponer de un mínimo nivel económico; en definitiva, de que no se puede hablar de auténtica libertad si no están cubiertas las necesidades vitales más elementales. Estima que quizás la mayor esclavitud surge de los lazos económicos. Si el Estado de derecho pretende proporcionar seguridad jurídica, el Estado social intenta garantizar la seguridad económica y social.

El Estado social también se basa en el supuesto de que la estructura económica no solo puede ser un impedimento para el Estado de derecho, sino también para el Estado democrático. Asumen el principio de Marx de que la desigualdad en el dinero origina también la desigualdad en el poder, y que los que concentran las riquezas tienen tales medios e instrumentos que pueden interferir en el juego democrático, desnaturalizándolo y convirtiéndolo en una envoltura puramente formal, sin ningún contenido. Si el Estado quiere ser verdaderamente un Estado de derecho y democrático, no tiene más remedio que ser también social, renegar del laissez faire e intervenir en el ámbito económico.

La pretensión de que el Estado asumiese este carácter de social pasó a integrarse en una gran parte de los programas de la izquierda, más concretamente en el de aquellos partidos llamados socialistas o socialdemócratas. Así, en agosto de 1869 en el congreso fundacional del Partido Socialista Obrero alemán; en la creación del partido socialdemócrata danés en 1878; en 1879 en el Partido Socialista Obrero Español, en 1892 en el partido italiano etc.

Pero es necesario añadir en seguida que esta evolución temporal puede seguirse conceptualmente también en sentido inverso respecto a la posible condicionalidad entre los tres criterios. No puede darse el Estado social si no es democrático y de derecho (en todo caso quedaría reducido a la mera beneficencia) y sin la condición “de derecho” el Estado no puede ser ni democrático ni social. Entre los tres atributos hay una relación determinista y, en un orden lógico y consecuente, cada uno de ellos exige e implica los otros dos. Quedarse en una de las fases sin dar un salto a la siguiente significa no solo no avanzar, sino retroceder; constituye una involución al despotismo, porque ninguna de esas facetas es estable sin el complemento de las restantes.

Hay una tendencia relativamente reciente en fijarse exclusivamente en el criterio de democrático y olvidarse de la sujeción al derecho. Se piensa que los votos permiten todo y que quien gana unas elecciones tiene patente de corso para actuar y gobernar sin ninguna cortapisa. Se recurre a la soberanía popular, pero hay que considerar que esta se encuentra en los tres poderes e informando todas las instituciones del Estado. Los gobiernos, por muy democráticamente que hayan sido elegidos, tienen que funcionar de acuerdo con las leyes y la Constitución. De lo contrario, retornaríamos al absolutismo y a un sistema despótico, aun cuando en este caso no se concrete en un jefe, en un rey o en un caudillo, sino en una mayoría electoral. Dictaduras, ni la del proletariado, decíamos antiguamente en la izquierda. Los votos se emiten de acuerdo con unas reglas de juego y unas leyes que marcan no solo la forma y finalidad de las elecciones, sino también cuáles son las competencias y limitaciones de los elegidos. Las mismas mayorías y minorías se forman de acuerdo con una norma determinada y tal vez serían otras si la ley fuese distinta.

Fue en Francia a partir de Napoleón III cuando surgió la expresión “golpe de Estado”, designando con ello la insurrección frente al orden jurídico, transgrediendo la ley y el statu quo desde el poder. En el golpe de Estado, a diferencia de la revolución, es el poder el que pretende cambiar el marco de juego gracias al cual precisamente se han celebrado los comicios, en la creencia de que las competencias de los elegidos son absolutas y en que no tienen que supeditar sus dictados ante nadie ni ante nada. Se estima que la ley no es igual para todos y que se puede utilizar de forma discrecional y arbitraria según a quien se le aplique.

Recientemente esta mentalidad y forma de actuar, al unísono con el desarrollo del populismo, se ha extendido en bastantes regiones de América Latina. Algunos gobiernos, aunque elegidos democráticamente, se olvidan del Estado de derecho y se deslizan hacia sistemas autoritarios y absolutos, en algunos casos dictatoriales, modificando los regímenes sin respetar las reglas establecidas para ello. Curiosamente con frecuencia acusan de golpistas y subversivos a aquellos que se les oponen.

En España el ejemplo más claro lo constituyó el golpe de Estado de los independentistas catalanes en 2017. Basándose en que el Parlament de Cataluña era soberano y que ellos tenían en él mayoría se creyeron con la potestad de modificar, unilateralmente y sin someterse a las normas y procedimientos establecidos, la Constitución y de cambiar la estructura territorial de España. Negaban la competencia del Tribunal Constitucional para determinar lo que podía aprobar y no aprobar el Parlamento catalán.

Al margen de que la soberanía no reside en la sociedad catalana, sino en la totalidad de la española, es que el hecho de haber ganado unas elecciones no da derecho a actuar en contra de la Constitución ni a negar la autoridad que posee el Tribunal Constitucional para señalar lo que el Parlamento catalán no puede establecer de acuerdo con la Carta Magna. En realidad, solo confirmaban el principio escondido tras el relato que venían repitiendo acerca de lo escandaloso que resultaba que el Tribunal Constitucional hubiese anulado algunos artículos de un estatuto que había aprobado en referéndum la sociedad catalana.

A partir de que Sánchez ganase con apoyo de los golpistas catalanes la moción de censura, esta falsa concepción del orden político mantenido por los secesionistas se ha ido introyectando poco a poco por el Estado y más concretamente por el Gobierno, así como por los partidos que lo apoyan. Incluso han asumido su mismo lenguaje. Términos como conflicto político o desjudicialización de la política indican de forma bastante clara cómo lo que en realidad se pretende es crear para la política un ámbito de impunidad, en el que el derecho y la ley no rigen. De ahí los ataques a los jueces cuando estos pretenden simplemente aplicar el orden penal y constitucional. El presidente del Gobierno para justificar los indultos calificó de venganza la sentencia del Tribunal Supremo.

Los acontecimientos ocurridos estos últimos días y la enorme cantidad de aberraciones y dislates vertidos confirman la concepción absolutista que Sánchez tiene del poder. Ningunea al Jefe del Estado. No admite ningún otro contrapoder, ni leyes ni tribunales. Desprecia el Estado de derecho, cuyos principales supuestos rechaza. No cree que la ley tenga que ser igual para todos y por eso legisla a la carta para que sus aliados soberanistas salgan favorecidos y, como se ve, tampoco cree en la división de poderes, ni en los derechos de las minorías.

Hace años se precisaba escribir artículos como este, con la finalidad de defender el Estado social argumentando que sin él resulta imposible que el Estado sea “de derecho” y “democrático”. Hoy, sin embargo, sorprendentemente lo más urgente y necesario es defender que sin derecho al final se falsean la democracia y el Estado social. O témpora, o mores.

republica.com 29-12-2022



LAS HIPOTECAS  Y LA LIMITACIÓN DE LA RIQUEZA

ECONOMÍA, GOBIERNO Posted on Mar, diciembre 27, 2022 23:12:00

No es ninguna novedad. Este Gobierno ama la representación, que le permite aparentar lo que no es, y figurar como progresista y social sin serlo. Esta distorsión ha hecho su presencia una vez más, ahora en la negociación con la banca respecto a las hipotecas. Cuesta entender lo que se aprobó en el Consejo de Ministros, y se convalido en el Parlamento, puesto que su eficacia queda reducida a una simple recomendación a las entidades financieras, que pueden aplicar esas medidas u otras parecidas o ninguna.

Durante semanas pregonaron que el Gobierno y la Asociación Española de Banca (AEB) estaban negociando un acuerdo acerca del tratamiento que debería darse a las hipotecas de los más vulnerables. Al final dijeron que habían llegado a un acuerdo, acuerdo que se aprobaría en el Consejo de Ministros. ¿Pero de qué negociación se trata, a qué pacto se referían, qué consistencia tiene el acuerdo del Consejo de Ministros cuando las entidades financieras no adquirían ningún compromiso? Todo puro aire, flatus vocis, mera propaganda, trasmitir la idea de que el Gobierno actuaba y ayudaba a los tenedores de hipotecas, que se ven fuertemente damnificados por la subida de los tipos de interés.

Es verdad que la mayoría de los bancos se han adherido, pero eso es tan solo porque con negociación o sin ella, con acuerdo o sin acuerdo, cada entidad financiera habría aplicado medidas similares. Después de la anterior crisis no creo que a los bancos les apetezca abarrotarse de impagados que, según las directivas del Banco de España, se verían obligados a provisionar, con la consiguiente disminución de los beneficios contables. Y mucho menos, serán proclives a ejecutar esos créditos y llenar sus balances de casas y edificios sin saber muy bien qué hacer después con ellos.

Sin duda les tiene mucha más cuenta flexibilizar los criterios de pago y permitir que los créditos se abonen en un periodo más largo, siempre, eso sí, que no se les obligue a provisionarlos. Esto último es lo primero que pidieron las entidades financieras y hay que suponer que lo consiguieron porque, de lo contrario, ninguna estaría dispuesta a aplicar las medidas. Hay un grave inconveniente que la no provisión de estos créditos, muchos de ellos difíciles de cobrar, y que seguramente terminaran siendo incobrables, puede crear una falsa imagen de la solvencia de la banca.

Lo que no está tan claro es el beneficio que van a conseguir los clientes, porque si de momento se les alivian los pagos que tienen que realizar, es a condición de alargar sustancialmente la vida del préstamo y, por lo tanto, de incrementar el monto total de los intereses a pagar. La pequeña rebaja del tipo de interés que en algunos casos se consigue es casi despreciable. No tendría nada de extraño que muchos deudores negociando individualmente consiguieran mejores condiciones dada la repulsa que la entidad financiera tendrá a ejecutar el crédito.

Las cosas son muy distintas de cómo se nos quieren presentar. Es lo propio del populismo, dar respuestas simples a problemas complejos y nada más simple que las recetas de Zapatero. Hace unos días en la reunión de la Internacional Socialista ha dicho que una de las tareas principales a emprender hoy es la de plafonar la riqueza. Por lo visto está dispuesto a descubrir el Mediterráneo, porque la solución a lo que plantea está hallada ya hace mucho tiempo, solo que se llamaba dificultar la acumulación del capital.

Hace casi un siglo que la socialdemocracia había logrado que la mayoría de los Estados contasen con los instrumentos adecuados para conseguir este objetivo. Primero, un impuesto sobre la renta fuertemente progresivo, cuyo tipo máximo marginal en algunos países como Estados Unidos o Reino Unido se situó en algunos momentos por encima del ochenta por ciento. En nuestro país mismo alcanzó a finales de los setenta y primeros de los ochenta el sesenta y cinco por ciento. Segundo, los impuestos de patrimonio y sucesiones que tienen como objetivo, amén de complementar el impuesto sobre la renta, impedir precisamente la acumulación de capital, evitando que los activos se embalsen, por ejemplo, en sociedades, sin realizarlos y por lo tanto sin que tributen en el IRPF.

Sorprende que Zapatero se plantee desconocidos e ilusorios caminos para limitar la riqueza cuando durante su gobierno se eliminó el impuesto de patrimonio, se defendió un tipo único para el impuesto sobre la renta, y tanto con Pedro Solbes como con Elena Salgado en el Ministerio de Hacienda se tomaron medidas fiscales enormemente regresivas.

Y es que, desde hace décadas, con la globalización y la Unión Monetaria, la socialdemocracia ha desaparecido, por mucho que una vez más Sánchez haya montado una representación con partidos de tercera o cuarta división y se haya nombrado presidente de un chiringuito al que llaman Internacional Socialista. Fue en esa magna asamblea en la que el presidente del gobierno anunció su entronización en la Historia y Zapatero proclamó esa idea tan original de que había que plafonar la riqueza. Claro que para idea original la de Yolanda Díaz cuando para justificar su pretensión de que se considere al propietario de cinco pisos gran tenedor afirmó sin despeinarse que con cinco pisos se puede manipular el mercado del alquiler. Es lógico que ella y Zapatero hayan ido a homenajear a la peronista Cristina Kirchner.

republica.com 22-12-2022



LEGISLAR A LA CARTA

CATALUÑA, CORRUPCIÓN, GOBIERNO, JUSTICIA Posted on Lun, diciembre 19, 2022 17:00:45

Siempre se ha dicho que no conviene legislar en caliente. Elaborar y aprobar leyes es una operación sumamente delicada que exige reflexión y sosiego. Es por eso por lo que se establecen para ello procedimientos cuidadosamente fijados y premiosos con distintas etapas, de manera que sea posible la mesura y la deliberación. No obstante, siempre ha habido excepciones. La primera es la ley de presupuestos, que cuenta con un procedimiento de tramitación especial y más rápido. De ahí que normalmente se haya visto con recelo introducir en ella prescripciones que nada tienen que ver con los presupuestos.

Pero precisamente por esa razón también todos los gobiernos han sentido la tentación de aprovechar su tramitación para dar salida a otros preceptos y normas que juzgaban urgentes. Tan es así que, con la intención de disimular y hacer el tema más presentable, se creó una nueva ley llamada de acompañamiento que siguiera los pasos de la de presupuestos, en la que introducir todos estos elementos espurios. Existen otras excepciones (pero tendrían que ser eso, excepciones) tales como el decreto ley cuya utilización está prevista solo en caso de extraordinaria y urgente necesidad o la tramitación por el procedimiento de urgencia de las leyes.

El problema surge cuando lo que debe ser una excepción, algo extraordinario, se convierte en la norma, que es lo que ha ocurrido con el Gobierno Frankenstein. Para dar salida a su diarrea legislativa ha llevado hasta el límite toda clase de procedimientos atípicos. Ha hecho habitual lo extraordinario. Sin comparación posible, ha usado mucho más que cualquier otro gobierno los decretos leyes. Y en las leyes que ha tramitado ha recurrido más de lo que sería deseable al procedimiento de urgencia.

Utiliza también “la proposición de ley”, tramitada por sus grupos parlamentarios, que acorta los trámites y los simplifica y que se suponía que son los apropiados para los grupos de la oposición, ya que no tiene demasiado sentido que los grupos que apoyan al Gobierno las presenten, como no sea para pisar el acelerador, evitar los debates y, sobre todo, los informes molestos de otros órganos institucionales, puesto que cuentan con que el Ejecutivo puede aprobar proyectos de leyes. El extremo de la corruptela se alcanza cuando, como ahora, se pretende modificar leyes básicas tales como el Código Penal, o las orgánicas del funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial o del Tribunal Constitucional, mediante una simple enmienda a una ley exprés que ya de por sí tenía los defectos anteriores y que se resolverá en pocos días.

A Lope de Vega se le atribuye aquello de que “muchas obras en horas veinticuatro pasaron de las musas al teatro”. Pedro Sánchez podría afirmar que muchas leyes en pocos días han pasado del Diario del Congreso al Boletín Oficial del Estado. El Gobierno Frankenstein no es que legisle en caliente es que se quema y abrasa la democracia.

Recientemente ha dado un paso más deslizándose de legislar en caliente a legislar a la carta, es decir, según los intereses y conveniencias de algunos políticos. Es lo que ha llamado el ingenioso Rufián “operación quirúrgica” (aislar lo que interesa), en otras palabras, leyes elaboradas únicamente con la finalidad de beneficiar a determinados delincuentes. Se las podría denominar “leyes de autor”, hechas a la medida. Por si no bastara con la eliminación del delito de sedición, ahora se rebajan las penas de la malversación para reducir la inhabilitación que pesa sobre los golpistas catalanes y de este modo puedan presentarse próximamente a las elecciones.

Para esta operación quirúrgica se sacan de la manga una distinción que no tiene sentido: los que roban para sí con “ánimo de apropiárselo”, como dice la enmienda de Rufián, o aquellos que roban para la causa, por otros motivos, para otras finalidades. Diferencian entre que haya enriquecimiento personal y que no lo haya, calificando de mayor gravedad la primera forma de malversación que la segunda. Creo que más bien debería ser al contrario, porque en el caso del enriquecimiento propio el daño queda solo reducido al desfalco que se produce a la Hacienda Pública; en el segundo caso, al menoscabo en el erario público se añade otro perjuicio, el que normalmente se deriva de la finalidad a la que va dirigida la cantidad hurtada al Fisco.

En la financiación ilegal de un partido político o en la creación de una red clientelar se rompen las reglas del juego democrático dando ventajas a una formación política sobre las demás. Y no digamos el perjuicio que se produce cuando se trata de financiar un golpe de Estado o las operaciones orientadas a fracturar una nación, o robar a todos los ciudadanos la soberanía que les corresponde sobre una porción de España.

Por otra parte, ¿qué entendemos por beneficio propio? En toda malversación, de un modo o de otro, lo hay. El dinero que se roba para el partido o para la causa termina repercutiendo en provecho de uno mismo, al menos en cargos o prebendas. Además, ¿dónde se encuentra el límite?, ¿se incluyen los hijos la pareja, otros familiares, los amigos….?

Como de costumbre, el Gobierno juega con las palabras. En los días previos todos los ministros han salido a repetir la consigna. Ni este Gobierno ni este partido tomarán nunca una medida que favorezca la corrupción. El equívoco perseguido es que nos dirán después que si no hay enriquecimiento propio no se puede hablar de corrupción, cuando esta sobrepasa con mucho no solo todo el espectro de la malversación, sino que alcanza a otras muchas actuaciones como conseguir un cargo o un puesto de trabajo para el hijo o para la pareja.

El Gobierno, al mismo tiempo, lanza una cortina de humo para tapar la desvergüenza que va a cometer al reducir las penas de los malversadores: ha registrado una enmienda a la ley creando un nuevo delito que ha denominado de “enriquecimiento ilícito” con el que se, según afirma, intenta intensificar la lucha contra la corrupción. Se castigará con penas de seis meses a tres años a los cargos públicos cuyo patrimonio se haya incrementado en 250.000 euros y no puedan justificarlo.

La enmienda es claramente una operación de distracción, y a la vez una demostración de ignorancia, puesto que el delito que se propone ya existe. Y no solo para los cargos públicos sino para todos los contribuyentes, y con condiciones más duras. El delito fiscal castiga de 1 a 6 años de prisión a aquellos contribuyentes que defrauden más de 120.000 euros y hay que tener en cuenta que los incrementos no justificados de patrimonio se consideran defraudación.

También por una simple enmienda a esta ley exprés el Gobierno quiere cambiar las reglas del juego o, lo que es lo mismo, las mayorías con las que se tiene que elegir a los miembros de los órganos constitucionales. Pretende justificarse con una idea que repite hasta la saciedad y que espera que como lluvia fina penetre en los ciudadanos: “la oposición tiene bloqueada la renovación del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional”. La realidad es precisamente la contraria, es el sanchismo el que las bloquea, ya que su planteamiento es de este tenor: “si no aceptáis los nombres que yo propongo, no hay acuerdo, rompo la baraja y además os acuso de bloquear la negociación”.

Precisamente la fijación de una mayoría cualificada tiene como objetivo que ninguna formación política o tendencia pueda designar por sí misma y en solitario a un consejero. Se supone que al establecer la exigencia de los tres quintos de los votos, los elegidos tendrán que ser de consenso y no representar la prolongación de ningún partido. Serán de todos porque no serán de ninguno.

Ciertamente se puede dar una corruptela que es la que ha imperado en el pasado en casi todas las etapas, y que el PSOE quiere mantener, el reparto de cromos entre los dos partidos mayoritarios. Tú nombras a unos y yo nombro a otros. Tú apoyas a los míos y yo a los tuyos. El resultado es que los elegidos para estos órganos, lejos de ser personas de consenso y, en cierto modo, independientes, se convierten en correas de transmisión de los partidos que les han nombrado. Y de este modo son los políticos los que controlan los órganos constitucionales (ver mi artículo titulado “Cumplir la Constitución” del 10-11-22 y publicado en este mismo diario).

Sánchez va a por todas. Ya lo dijo cuando las encuestas comenzaron a darle la espalda. Quiere controlar el Consejo General de Poder Judicial y el Tribunal Constitucional del mismo modo que ya controla, gracias a la impericia de Pablo Casado, el Tribunal de Cuentas. Está dispuesto a todo para que los nombres que propone sean aceptados, y en ese todo se incluye cambios legislativos de la forma más bochornosa, empleando todo tipo de abusos y corruptelas.

Son muchos los que mantienen que todas estas actuaciones y cesiones están ocasionadas por la necesidad de aprobar los presupuestos. Disiento. La aprobación de los presupuestos no era imprescindible para terminar la legislatura. Se puede gobernar perfectamente con unos prorrogados. Sánchez va mucho más lejos. Se trata de asegurar la coalición contra natura (Gobierno Frankenstein) de cara una nueva legislatura, pues sabe que es la única forma de mantenerse en la Moncloa. Ha comenzado hace tiempo el desarme del Estado, pero este cambio por la puerta de atrás de la Constitución y el derribo de los fundamentos del Estado pretende culminarlos en los próximos cuatro años.

republica.com 15-12-2022



DELITO DE SEDICIÓN: EL TIRO POR LA CULATA

CATALUÑA, GOBIERNO, PSOE Posted on Lun, diciembre 12, 2022 18:13:18

Gestionar resulta difícil, por eso el Gobierno lo rehúye siempre que puede. Prefiere legislar. No es que este cometido no sea complejo, solo que se participa de un cierto espejismo, el creer que lo sabe hacer cualquiera o el de pensar que los errores en este quehacer no tienen consecuencias. Pero los resultados negativos se producen y terminan pagándolo los funcionarios y, sobre todo, los ciudadanos.

En ocasiones el pufo es tan grande que se vuelve contra los propios legisladores. Eso es lo que ha pasado con la ley del sí es sí.  Y es que elaborar una ley resulta sumamente complicado y no todo el mundo está capacitado para ello. No deja de ser irónico que desde el Ministerio de Igualdad se defienda que los jueces deben volver a la escuela para ser reeducados cuando es el Gobierno entero el que debería pasar por las aulas a la hora de legislar o al menos fiarse de los que sí saben hacerlo.

Es posible que en la ley que se está tramitando para eliminar el delito de sedición pueda ocurrir algo parecido, que el tiro les salga por la culata. Es sabido que a los procesados se les tiene que aplicar la norma más favorable, incluso a aquellos cuya condena fue anterior a la aprobación de la nueva ley. Desaparecido el delito de sedición, no parece que existan muchas dudas acerca de que a los ya condenados e indultados por el golpe de Estado de 2017, en el peor de los casos para ellos, se les rebajarán las penas aplicándoles las del nuevo artículo 557, en el que se sanciona el delito contra el orden público.

Pero ¿qué pasa con los que aún no han sido juzgados, y se encuentran huidos en Europa? Todo el mundo da por supuesto que se aprovecharán de un tratamiento similar. Ciertamente, el delito de sedición, al haberse eliminado, no se les podrá imputar, y se presume que se tendrá que esgrimir al artículo 557 con penas mucho menores. Pero lo cierto es que el delito de rebelión continúa existiendo, y que a lo largo del todo el proceso las tres acusaciones defendieron que era la tipología que correspondía utilizar. Solo al final, ante las presiones (más bien ordenes) del Gobierno Sanchez, la Abogacía del Estado cambió de criterio, pasando -sin razón técnica, solo política- de la rebelión a la sedición, previa dimisión como protesta del abogado del Estado jefe del servicio de lo penal.

Curiosamente, en la sentencia se optó también por la sedición. Siempre quedará la duda de que en qué medida este cambio en la postura de la Abogacía del Estado colaboró a que el tribunal se decantase por abandonar el delito de rebelión y se inclinara por el de sedición, lo que hubiera resultado más difícil de justificar si las tres acusaciones hubiesen mantenido la misma calificación. Además no es preciso ser especialmente desconfiado para sospechar que en esta ocasión también se produjo alguna presión por parte del Gobierno para que el Tribunal Supremo optase por la sedición en lugar de la rebelión. No digo que ninguna de estas dos circunstancias fuese determinante, pero sí que lo favorecieron.

Quizás la causa definitiva del cambio se situó en el hecho de que los magistrados se marcasen desde el principio el objetivo de que la sentencia había de dictarse por unanimidad. Y tras esa finalidad hay que reconocer el gran esfuerzo que realizó el Tribunal, o al menos el ponente, para después de aceptar unos supuestos irreprochables, llegar a unas conclusiones que no parece que sean las que de ellos se derivan, sino las que estaban dispuestos a consensuar todos los magistrados, un mínimo común múltiplo. Quizás tengan razón los que afirman que la unanimidad termina siendo la dictadura de la minoría.

La sentencia acepta las premisas de la Fiscalía según las cuales la violencia que exige el artículo 472 del Código Penal no tiene que ser forzosamente física, sino que puede ser también compulsiva, equivalente a la intimidación grave. El Tribunal, desde el punto de vista jurídico, fundamenta consistentemente esta interpretación, pero es que desde el mismo sentido común resulta difícil mantener otra tesis, cuando el artículo 473.2 considera agravante el hecho de portar armas, por lo que hay que suponer que el artículo 472 incluye también en el delito de rebelión otro tipo de violencia distinta de la militar o de la armada. Incluso el empleo de las armas puede surtir efecto con la simple amenaza, sin necesidad de utilizarlas.

La sentencia recoge también la tesis del Ministerio fiscal de que la violencia ha estado presente en los acontecimientos de Cataluña. Literalmente afirma: “La existencia de hechos violentos a lo largo del proceso de secesión ha quedado suficientemente acreditada”. Y, a continuación, pasa a analizar los principales trances en los que se ha producido esta violencia. Esta argumentación desbarataba la tesis de todos los que defendían que no se había producido el delito de rebelión porque no se había utilizado la violencia física.

Ahora bien, el Tribunal mantiene también y con toda lógica que no basta la presencia de violencia para proclamar que los hechos integran un delito de rebelión, sino que se precisa que sea “instrumental, funcional y preordenada”. La violencia tiene que configurarse como instrumento y estar ordenada hacia alguna de las finalidades que marca el artículo 472; pero es que al menos las especificadas en los puntos 1 y 5 (derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución, y declarar la independencia de una parte del territorio nacional) parecen adecuarse perfectamente a la perseguida por los procesados. Evidentemente es esto lo que otorga gravedad a esa violencia y la distingue de cualquier otra algarada por muy amenazadora que sea.

Hasta aquí todo parece ser totalmente coherente. Pero a partir de ahí comienzan los esfuerzos del ponente para retorcer los hechos y los razonamientos hasta llegar a la conclusión que se desea. No puede por menos que extrañar la afirmación de que “los actos paradigmáticos de violencia del 20 de septiembre y del 1 de octubre se tratarían de actos de culminación de un proceso, no de actos instrumentales para hacer realidad lo que ya era una realidad”. No parece que con la violencia del 20 de septiembre y del 1 de octubre se culmine nada, sino que constituye más bien un medio, un instrumento para conseguir la única finalidad perseguida a lo largo de todo el tiempo, la separación de Cataluña del resto de España. Esta es la causa final que informa todo el proceso desde 2012.

Todos los actos y pasos dados, unos violentos y otros no, son medios e instrumentos para obtener la finalidad última, la independencia proclamada unilateralmente y sin someterse a los mecanismos constitucionales. Ello no implica que algunos de estos medios, a su vez, no constituyan un fin intermedio para otros actos, pero todos reciben su sentido último de la causa final. Las leyes de desconexión establecían entre referéndum y secesión una conexión ineluctable, puesto que obligaban a que si el resultado del referéndum era positivo el Parlamento “debía” (no “podía”) declarar la independencia en cuarenta y ocho horas.

Afirmar, tal como hace la sentencia, que la finalidad de los independentistas era tan solo forzar al Gobierno central a la negociación, que todo fue un engaño a la población por parte de los dirigentes y que ellos mismos no se lo creían, así como mantener a posteriori que la secesión no tenía ninguna posibilidad de triunfar son aseveraciones gratuitas y totalmente contradictorias con los hechos. Los propios golpistas no solo se ratificaron en la finalidad de la secesión, sino que mantienen que lo volverán a hacer. Los secesionistas plantearon siempre la negociación como sí o sí y, de acuerdo con ello, el 20 de septiembre, el 1 de octubre y los días posteriores estaban ya en otro escenario diferente al de la negociación, el de la vía unilateral.

Por otra parte, los rebeldes disponían de todo el poder que concede controlar la Comunidad más fuerte de España, que cuenta con un ejército de 17.000 hombres armados, y nadie podía anticipar cuál sería el comportamiento de los mossos. Los sediciosos habían dedicado años a crear las estructuras de Estado. ¿Qué habría pasado si hubiesen logrado una respuesta internacional distinta y hubiesen consolidado su propia hacienda pública? Ellos mismos ponen el ejemplo de Eslovenia.

Que la secesión fracasase no es señal de que no se cometiese el delito de rebeldía. La misma sentencia reconoce que este delito pertenece, según la doctrina penal, a los delitos de consumación anticipada, es decir, que no se precisa esperar a que triunfe para considerar que el delito se ha consumado. Que el Estado no perdiese nunca el control de la situación no quiere decir que todo fuese una ensoñación o una quimera.

En fin, los magistrados, después de descartar el delito de rebelión, se ven obligados a hacer auténticas piruetas y cabriolas jurídicas e intelectuales para amoldar los hechos al delito de sedición. La unanimidad pretendida en la sentencia obligó al tribunal a forzar los argumentos para llegar a conclusiones que de ninguna manera se extraían de las premisas y convertir un delito contra la Constitución en un delito contra el orden público.

Pero, de cara al futuro, el resultado no tiene por qué ser el mismo, ni en el caso de la imputación y presunto juicio de los evadidos ni en la reacción judicial frente a un hipotético nuevo golpe de Estado. Al haberse abolido el delito de sedición, no hay ninguna razón para que el próximo tribunal se incline por el delito de desórdenes públicos agravados, tal como pretenden los golpistas y el Gobierno, y no por el delito de rebelión que seguramente se acercará mucho más a los supuestos de las transgresiones y atentados cometidos o que se cometan. El tiro puede salirles por la culata.

Republica 8-12-2022



CRECIMIENTO ECONÓMICO Y CIFRAS DE DESEMPLEO

ECONOMÍA, GOBIERNO Posted on Mar, diciembre 06, 2022 17:34:24

Ya en los primeros tiempos de la epidemia, la economía española, por incompetencia del Gobierno, se hundió en un porcentaje mucho mayor que la del resto de los países europeos. Desde entonces, ante los malos resultados, el Ejecutivo ha venido refugiándose en las estadísticas de paro y en el número de afiliados a la Seguridad Social, utilizándolo para presentar un panorama positivo.

No obstante, una pregunta flota en el aire: ¿cómo es posible que con tasas de crecimiento muy bajas o negativas se haya incrementado el empleo, según se empeñan en convencernos de manera triunfalista cada cierto tiempo tanto el ministro de la Seguridad Social como la ministra de Trabajo? Pregunta que por supuesto ninguno de los dos, bien sea por conveniencia o por incompetencia, han podido contestar. Escrivá, para justificar su ignorancia, la hace extensiva a todos los economistas y habla de enigma. Pero la cuestión no tiene por qué ocultar ningún misterio.

Lo primero a tener en cuenta es la periodicidad. En determinados años o determinados meses, quizás no se produzca tal divergencia. Por ejemplo, en este ejercicio, todas las previsiones apuntan a que el crecimiento económico se situará alrededor del 4%, fruto de la tardanza en recuperarnos del desplome de nuestra economía en los primeros tiempos de la epidemia. No tiene, por tanto, nada de chocante que en este año también crezca el empleo y se reduzca el paro. Es más, tampoco debería extrañarnos que existan desplazamientos y ajustes de un mes a otro, incluso de un año a otro.

La cosa cambia cuando se considera un periodo más largo. Por ejemplo, de 2019 a la actualidad. Nuestra economía es la única de la Unión Europea que aún no ha recobrado los niveles anteriores a la pandemia; luego, en condiciones normales, cabría esperar que el empleo tampoco. Si existen diferencias, y las hay, es cuando hay que empezar a buscar los motivos.

La primera explicación podría encontrarse en un doble requisito. Primero, que el excedente empresarial hubiera reducido su proporción en la renta y, por lo tanto, incrementado la de la retribución de los trabajadores. Segundo, que ese aumento se hubiese destinado a incorporar a un número mayor de asalariados. No parece que este sea el caso. No es verosímil. El proceso más bien ha sido el contrario.

Resulta mucho más creíble una segunda explicación: que los datos oficiales de empleo estén sobrevalorados. Que no aparezcan todos los parados y entre los afiliados a la Seguridad Social se cuente con colectivos que en realidad son desempleados. Tal vez el caso más llamativo y cuantitativamente más importante haya sido el de los trabajadores sometidos a una regulación temporal de empleo (ERTE). No computan como parados y sin embargo lo son, aun cuando lo sean temporalmente. Cobran el seguro de desempleo y no trabajan.

El afán de presentar como un gran éxito lo que no lo es no puede llevarnos a distorsionar la realidad, tal como hacía la ministra de Trabajo cuando se jactaba tiempo atrás de que, en esta crisis, a pesar de producirse un descenso muy superior del PIB al de la anterior, la reducción del empleo ha sido mucho menor. En mayo del 2020 el número oficial de personas en paro ascendía a 3,8 millones. ¿Cuál hubiera sido el dato real si a esta cifra se le hubiesen sumado los 3,6 millones que se encontraban en ERTE? ¿Dónde está la diferencia con la crisis de 2008?

En los momentos actuales, este factor de distorsión ha perdido importancia. Se ha reducido sustancialmente el número de trabajadores en esta situación; sin embargo, después de la reforma laboral una parte de los contratos temporales se han convertido en fijos discontinuos a los que no se considera parados en la etapa en que se encuentran entre trabajo y trabajo. A ellos hay que añadir los contratados en formación, los de disponibilidad limitada y los autónomos sin actividad. Toda una serie de colectivos que están sin duda en una situación de desempleo, pero que no aparecen en las estadísticas oficiales.

Por último, hay otra razón para que existan diferencias entre la evolución del empleo y la del crecimiento económico, quizás la más inmediata, la variación de la productividad. Primero, mediante una progresiva traslación de la actividad de sectores de mayor valor añadido a otros que lo tienen menor. Causaría una diferencia entre la variación del PIB y del empleo. Segundo, el incremento de los trabajadores a tiempo parcial respecto a la totalidad. Esto último explicaría también, al menos en parte, el hecho de que en los momentos actuales el estado de pobreza se extiende a trabajadores con empleo.

Podría pensarse que el hecho de que nuestra economía no haya perdido de forma sensible la competitividad con el resto de los países europeos es señal de que la productividad no se está reduciendo. Es una deducción simplona, puesto que hay otros factores que influyen en la competitividad. Por supuesto, el tipo de cambio, aunque este comodín se encuentra vedado para nosotros desde que estamos en la Unión Monetaria. Pero existen otras variables como el nivel salarial, que pueden compensar el descenso de la productividad a efectos de mantener la competitividad.

Por otra parte, el tránsito de sectores de más productividad a otros de menor valor añadido no tiene por qué dañar la competitividad. Precisamente, es muy posible que se abandonen determinados sectores y se traslade la actividad a otros de menor valor añadido porque se ha dejado de ser competitivo en los primeros.

En cualquier caso lo que parece incuestionable es que si se quiere saber con certeza cómo evoluciona el empleo hay que mirar a las estadísticas de horas trabajadas y se comprobará que su evolución no es muy distinta de la del PIB.

republica.com 1-12-2022



LOS SEDICIOSOS Y LA IMPUNIDAD

CATALUÑA, GOBIERNO Posted on Lun, noviembre 28, 2022 11:00:27

“No se puede dialogar con los secesionistas cuando se depende de ellos”. Son palabras certeras de García- Page pronunciadas a finales de 2018, cuando el PSOE estaba iniciando una ruta peligrosa, y poco después de que Sánchez hubiese llegado a la Moncloa por una moción de censura con el apoyo de los que habían protagonizado un golpe de Estado. Entonces se hablaba de diálogo cuando lo que se quería decir era negociación, y Sánchez acudía a múltiples argumentos para justificar su nueva relación con los golpistas.

El quid de la cuestión se encuentra en las palabras de García-Page. Es absurdo creer en la inocencia desinteresada y en las buenas intenciones de una negociación si de ella se depende para permanecer en el poder. Han pasado cuatro años en los que en sentido estricto no se puede hablar de diálogo, sino de cesiones, porque en eso es en lo que se convierte la negociación si una de las partes tiene la sartén por el mango y el mango también.

En esta etapa entronizada por Sánchez los que tienen la sartén por el mango son los secesionistas e imponen condiciones. No se precisa hacer un recorrido por estos cuatro años para ser consciente de las mercedes y favores que el presidente del Gobierno ha hecho a las fuerzas políticas que le sostienen en el poder, desde los golpistas catalanes a los herederos vascos de ETA, pasando por todo partido nacionalista o regionalista que este pronto a cobrar su estipendio. Ellos saben que son los que mandan y recuerdan cada poco a Sánchez que ocupa el colchón de la Moncloa porque ellos quieren.

La última ha sido la eliminación del delito de sedición del Código Penal. Los secesionistas han despejado toda duda de que son ellos los que han obligado al Gobierno a la supresión. Junto a esto aparecen como sospechosos y quedan invalidados todos los argumentos acuñados por el el sanchismo para justificarse, y que sus altavoces mediáticos y tertulianos de medio pelo repiten con ímpetu y brío, si bien, por mucho que se reiteren, no dejan de ser sofismas y no resisten el menor análisis, aunque ellos piensen, y a lo mejor tienen razón, que a base de recitarlos una y otra vez terminan cuajando en la sociedad como hechos incontestables.

El primer mantra que corean los sanchistas, ya sean políticos o periodistas, es el de la pacificación, afirman que se trata de poner paz en Cataluña. Pretenden hacer una comparación entre la situación de 2017 y el momento actual, en el que, según ellos, existe una mayor tranquilidad, y se lo apuntan como mérito suyo. En realidad, es difícil saber qué escenario es mejor, pero lo que claramente sí hay, como parece lógico, es diferencia entre una etapa en la que se estaba preparando un golpe de Estado y el periodo posterior cuando el golpe ha fracasado y los golpistas se han dado cuenta de que la operación no estaba madura y de que el Estado tenía mucha más capacidad de defensa de la que ellos pensaban.

La aplicación del art. 155 de la Constitución y la actuación de los tribunales fueron los instrumentos que sirvieron para parar el golpe y dejar invalidada la proclamación de la independencia. En buena parte, han sido el poder judicial y el miedo a terminar en la cárcel lo que les ha hecho cambiar de estrategia y convencerse de que había que esperar y, mientras tanto, prepararse acumulando todos los medios posibles para que una nueva intentona no fracasase.

Precisamente Sánchez ha tenido muy poco que ver en la contención del golpe; más bien supuso un lastre que dificultó y condicionó al Gobierno de Rajoy, ya que este pretendía consensuar con el PSOE cualquier actuación en esta materia pensando que era un partido constitucionalista. Es verdad que Sánchez concedió su aquiescencia a aplicar el art. 155, pero tarde y con tantas limitaciones que dejaron muy devaluada su eficacia. Exigió que se excluyesen los medios de comunicación de su ámbito de aplicación y sobre todo que se convocasen inmediatamente elecciones, de manera que le hizo perder gran parte de su virtualidad, aunque ahora, en un ejercicio de cinismo, afirme que Rajoy debería haberlo aplicado antes.

En buena medida la justicia se quedó sola, lo que se hizo más realidad a partir de que Sánchez ganara la moción de censura con el concurso de los golpistas. Desde ese momento estos contaron con un aliado, el Gobierno, que se convirtió en una estupenda coartada para adaptarse a la nueva situación, al tiempo que les dotaba de medios para que pudiesen repetir el golpe con mayor éxito.

Karl Marx escribe en su obra “El 18 brumario” que la historia repite los acontecimientos, esto es, acaecen dos veces, primero como tragedia y después como farsa. Con esta frase quería indicar cómo el golpe de Estado perpetrado en París el 2 de diciembre de 1851 por Luis Bonaparte (Napoleón III) era un remedo, una mala imitación del ejecutado por Napoleón Bonaparte el 18 de noviembre (18 brumario) de 1799. Pero quizás en España la frase debería enunciarse al revés, los golpes de Estado acaecen primero como farsa, bufonada, fiasco o amago frustrado, y la segunda vez como tragedia.

Al golpe de Estado del 18 de julio de 1936, que inició una cruenta guerra de tres años, le precedió la Sanjurjada del 10 de agosto de 1932, que supuso el primer levantamiento del ejército frente a la República y que claramente fracasó.

El golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, aunque fallido finalmente, mantuvo en vilo a toda España durante una noche y humilló al Gobierno y a todos los diputados. Le precedió en noviembre de 1978 la operación Galaxia, protagonizada por el mismo Tejero. Por supuesto, toda la operación fue una auténtica chapuza.

A finales de 2017 en Cataluña se ha producido un auténtico golpe de Estado, no militar, ciertamente, pero sí ejecutado por instituciones que contaban con mucho más poder y capacidad de coacción y amenaza que muchos generales. De haber triunfado, las consecuencias hubiesen sido similares o mayores que las de bastantes pronunciamientos militares. En principio, puede decirse que ha fracasado.

No obstante, una vez más, haríamos mal en tomarnos a broma lo sucedido o infravalorarlo, porque, como hemos dicho, en España lo que comienza como farsa acaba presentándose como tragedia. Tras la moción de censura en la que a los golpistas se les otorgó legitimidad para cambiar el gobierno de la nación, se está desarrollando una nueva etapa bastante peligrosa, centrada en una negociación entre el Gobierno y los independentistas, que puede tener consecuencias gravísimas.

Lo que Sánchez denomina “pacificar Cataluña” consiste en haber blanqueado a los golpistas hasta el punto de calificar de venganza la sentencia del Tribunal Supremo, con la finalidad de justificar los indultos. Ha asumido su mismo lenguaje. Llama conflicto político lo que fue golpe de Estado, y desjudicialización de la política lo que es renuncia del Estado de derecho. Casi les ha dado tratamiento de poder político independiente, negociando con ellos de igual a igual.

Ha renunciado a recurrir las leyes inconstitucionales del Parlament, tales como la de la lengua que se puede usar en la escuela. Ha permitido la creación de más y más embajadas dedicadas a pregonar por todo el mundo la soberanía de Cataluña. Ha manipulado la Fiscalía, la Abogacía del Estado y los nombramientos al Tribunal de Cuentas a efectos de librar a los golpistas de reintegrar lo robado a la hacienda pública. Va a modificar el Código Penal con la finalidad de conceder una amnistía encubierta. Y todo ello sin que los golpistas hayan renunciado a sus pretensiones y gritando a todos los que lo quieran oír que volverán a hacerlo. La paz que predica Sánchez es la rendición del Estado.

El segundo mantra que utilizan los sanchistas para intentar justificar la modificación del Código Penal es el de europeísmo, homologar el delito de sedición con el que rige en la mayoría de los países europeos. Afirman una gran mentira, que la legislación penal de los otros Estados establece un tratamiento mucho más favorable que el nuestro para los delitos similares a los que cometieron los golpistas catalanes. Pero lo cierto es que, dejando al margen el nominalismo y  llamándolo como se llame, en los principales países las penas son sin duda iguales o mayores que las nuestras para aquellos que atacan la Constitución o la integridad del Estado.

Junto a la repetición de los mantras, el sanchismo cuenta con el olvido. Piensan que todo esto habrá desaparecido de la mente de los votantes cuando lleguen las elecciones. De ahí que intenten aprobarlo por el procedimiento más rápido posible. Poco les importan las formalidades democráticas. Han escogido la proposición de ley presentada por los grupos parlamentarios del PSOE y de Podemos, en lugar de un proyecto de ley elaborado por el Gobierno, con lo que evitan que el texto tenga que ser informado por el Consejo de Estado y por el Consejo General del Poder Judicial. Y, por si esto fuera poco, se acuerda tramitarla por el procedimiento de urgencia.

La rapidez tiene su contrapartida en que son todos los parlamentarios del PSOE y de Podemos los que quedan enfangados. En los indultos solo era el Gobierno el implicado. Aquí sería el conjunto de los congresistas y senadores, en realidad la totalidad de los militantes de los partidos. En estos momentos no vale separar lo nacional de lo local. Las ejecutivas de los formaciones políticas y los parlamentarios de Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Castilla y León, etcétera, quieran o no, serán cómplices de los desafueros del Gobierno.

republica.com 24-11-2022



EL BCE Y EL ENDIOSAMIENTO DE SÁNCHEZ

ECONOMÍA, GOBIERNO Posted on Lun, noviembre 21, 2022 12:47:37

No era preciso tener dotes proféticas para adivinar la reacción que iba a tener el Banco Central Europeo (BCE) ante el impuesto que piensa imponer el Gobierno a la banca. Es curioso que a los que se les llena la boca de hablar de Europa después actúan como si la Unión Monetaria no existiese. Sobre todo, se olvidan de las grandes limitaciones que ello significa. Desde la crisis del 2008 la solvencia de las entidades financieras forma parte de las preocupaciones de las instituciones comunitarias y, entre ellas, en este cometido el BCE ocupa un puesto de preeminencia.

La creación de la unión bancaria aparecía como una necesidad. Bien es verdad que, a pesar de haberla establecido y hasta la fecha, tal unión no ha servido para socializar entre todos los países las pérdidas. Las insolvencias acaecidas últimamente han recaído sobre los propios accionistas de la entidad o sobre el erario público del respectivo Estado, y de ningún modo sobre Bruselas. Pero lo que sí se ha transferido a las autoridades comunitarias es la supervisión y vigilancia de las entidades financieras. Los bancos centrales de los distintos Estados han pasado en cierto modo a ser sucursales del BCE.

Tampoco era necesario afinar mucho para adelantar algunas de las objeciones que iba a poner Frankfurt (ver mi artículo en este periódico del 4 de agosto de 2022, titulado “Impuesto a los depósitos bancarios”). Mas allá de las deficiencias técnicas de la norma (cosa casi generalizada en las leyes de este Gobierno) y de la posibilidad de que la tumbe la justicia, el BCE coloca como una de las objeciones principales el hecho de que el gravamen gire sobre el margen de intereses y las comisiones, y no sobre los beneficios, con lo que se puede distorsionar el funcionamiento del mercado financiero y dañar la solvencia de los bancos, tanto más cuanto que el tributo no es generalizado.

Pero, sobre todo, Frankfurt destaca la prohibición que establece la norma de que las entidades financieras repercutan el gravamen sobre los clientes, cuyo cumplimiento resulta totalmente imposible de comprobar. Las entidades financieras tienen suficientes mecanismos para trasladar el impuesto, con lo que la prohibición se convierte en un brindis al sol.

Además, el BCE no ha visto con buenos ojos que se designe al Banco de España como cancerbero de la observancia de un mandato totalmente irrisorio, que cae fuera de sus funciones e incluso en cierto modo se opone a ellas, ya que el BCE ha establecido, nos guste o no, que las entidades financieras deben repercutir todos sus costes a los clientes.

Lo que sí nos debería haber sorprendido, aun cuando estemos curados de espanto, es la reacción tan visceral, zafia y fuera de tono que han tenido todos los miembros del Gobierno ante el informe del BCE. Quizás el mayor exabrupto, excluyendo el de Sánchez, haya sido el protagonizado por el ministro de Seguridad Social, y es que los conversos suelen llevar las cosas hasta el extremo para que se les perdonen los pecados pasados.

Lo único que se le ha ocurrido decir es que el informe es de corta y pega. Debe de conocer bien esa técnica, ya que su señorito la domina a la perfección, como demostró con su tesis doctoral, y él mismo la ha aplicado en la elaboración del ingreso mínimo vital y en su reforma de las pensiones, que son chapuzas de primer orden. Si el ministro no hubiese sido tan visceral, habría entendido que una cosa es el corta y pega y otra que una institución al elaborar un informe cite las tesis que ha mantenido en otros casos similares. En esta ocasión, transcribe lo dicho respecto de Lituania, Eslovenia y Polonia. Y ciertamente no dice mucho acerca de la salud de la democracia española que el BCE la tenga que comparar con la de estas naciones.

La traca final la protagonizó Sánchez con unas declaraciones muy a su estilo -estilo que ha transmitido a sus ministros-, la de sustituir los argumentos que no tiene por ataques personales, insultos e injurias.  Claro que primero tiene que identificar el objeto o el sujeto a quien echar las culpas y, por lo tanto, convertirlo en diana. Es una táctica muy vieja, quizás desde los sofistas. Schopenhauer la explicó de forma profusa en su obra “Parerga y Paralipómena”, cuyas conclusiones fueron recogidas por Alianza editorial en un librito titulado “El arte de insultar”.

El filosofo alemán se expresaba de este tenor: “Cuando se advierte que el adversario es superior y que uno no conseguirá llevar razón, personalícese, séase ofensivo, grosero. Personalizar consiste en que uno se aparta del objeto de la discusión (porque es una partida perdida) y ataca de algún modo al contendiente y a su persona: esto podría denominarse argumentum ad personam, a diferencia de argumentum ad hominem”.

Sánchez se ha hecho un maestro en esa táctica del argumentum ad personam. La ha practicado desde hace mucho, desde antes de ser presidente del gobierno. Todos recordamos aquel debate electoral del 13 de diciembre de 2015 en el que espetó a Rajoy aquello de “Usted no es una persona decente”. Sonó como un trallazo que dejó desconcertado incluso al propio presidente del gobierno, ya que hasta entonces nadie estaba acostumbrado a este tipo de enfrentamientos personales.

Ahora ha dado órdenes a sus ministros de que lo utilicen. Buen ejemplo de ello es la ofensiva emprendida contra Núñez Feijóo. Causa risa de lo burda que es y de lo obvia y evidente que aparece. Incluso le han acusado de no saber inglés. Si el presidente del PP hubiese sido ducho en argumentos ad personam habría podido contestar que peor que no saber inglés es saber solo inglés, que es lo que le pasa a Sánchez.

Esa misma táctica es la seguida contra el informe del BCE que tan mal ha sentado en el Gobierno. La reacción no se ha basado en ningún argumento racional, sino en ataques personales. Para ello ha escogido como objetivo al vicepresidente de la institución, Luis de Guindos, basándose en que fue ministro de Economía de Rajoy. El plan ha resultado ingenuo. Es difícil de creer que un informe del BCE firmado por su presidenta obedezca únicamente a la animadversión de un miembro del Consejo.

Este menosprecio de Sánchez, dados sus antecedentes, no debería sorprendernos. No obstante, en esta ocasión sí hay un motivo para el asombro, el hecho de que el contrincante sea el BCE, entidad que mantiene en su balance más del 30% de la deuda española y que es la única institución europea realmente con poder. Colocó a la economía griega al borde del abismo hasta que hizo rectificar al entonces Gobierno de Tsipras. Fue el que tuvo que salvar a España e Italia del acoso de los mercados, pero, en contrapartida, les obligó a duras medidas y ajustes.

Ciertamente sería ingenuo pensar que por este enfrentamiento el BCE vaya a tomar represalias vendiendo la deuda pública española. Pero la situación actual es sumamente crítica. Ante la desmedida inflación, el BCE debe cambiar de política. Por lo pronto ha tenido que subir los tipos de interés, pero todo hace pensar que tendrá que pasar de comprar bonos a desprenderse de ellos en el mercado para drenar liquidez y reducir así la demanda. En esto no se distingue de otro banco central cualquiera, como la Reserva Federal de EE. UU. o el Banco de Inglaterra. No obstante, sí existe una notable diferencia, la Unión Europea ni es un Estado ni constituye una única economía; por el contrario, se compone de veintisiete países muy heterogéneos y con un stock de deuda pública enormemente dispar.

El BCE prevé que no podrá vender títulos de algunos países, y que incluso tendrá que continuar comprándolos si no quiere que los mercados apuesten contra ellos y que su prima de riesgo se dispare, tal como ocurrió en 2012. Es decir, que se va a producir la fragmentación del mercado, deberá vender títulos de la mayoría de los países, pero se verá obligado a comprar de algunos otros como Italia, España y, por supuesto, Grecia.

Ha habido que crear un nuevo instrumento mediante el cual se comprará los títulos de aquellos países que lo necesiten, pero con requisitos y obligaciones que forzosamente habrá que cumplir. Es decir, que dentro de muy poco parece que vamos a depender del BCE más de lo que querríamos, y que estaremos sometidos a su dictamen y a sus condiciones. No me parece que sea el momento para la petulancia, la soberbia y el desplante. En estas circunstancias la altivez se convierte en imprudencia.

republica.com 17- 11-2022



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