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ARTÍCULOS RECIENTES CONTRAPUNTO

LA YENKA Y EL IMPUESTO A LAS GRANDES FORTUNAS.

GOBIERNO, HACIENDA PÚBLICA Posted on Dom, octubre 02, 2022 20:35:56

La yenka, canción del verano de 1965, popular en su momento, sin ser de calidad ni encerrar mensaje alguno, pero sí mucho ritmo, pegadizo, contagioso, famosa por su baile repetitivo de pequeños saltos laterales y frontales. Muy fácil de seguir con solo escuchar su letra. Letra que se adapta como anillo al dedo al comportamiento de este Gobierno: “Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, detrás, un, dos, tres”.

En veinticuatro horas pueden cambar de opinión. Lo que dijeron antes no es lo mismo que lo que dicen ahora. Todo depende de por dónde sople el viento, de las conveniencias electorales o de las alianzas. Los ejemplos serían infinitos, pero quedémonos con el último lance, el llamado impuesto de las grandes fortunas. En realidad, la creación de esta figura tributaria ha sido una constante demanda de Podemos, pero tantas veces como la ha propuesto otras tantas ha sido rechazada por la parte mayoritaria del Gobierno.

Pero, he aquí, ¡oh, milagro!, que de pronto aparece la número dos del PSOE, por accidente ministra de Hacienda, y asegura que se va a implantar el próximo uno de enero, porque, según dice, en el Ministerio llevan semanas trabajando en ello en silencio. Tan en silencio, que dentro de Hacienda nadie se había percatado. En realidad, no es nada extraño, casi normal. Son ya muchas las veces que los servicios del Ministerio o de la Agencia Tributaria se ven obligados a arreglar los entuertos, anunciados sin encomendarse a Dios ni al diablo por Sánchez o algunos de sus ministros.

Resulta bastante evidente que el anuncio de la ministra se ha hecho al rebufo de la palabrería de Escrivá sobre la recentralización de los distintos impuestos en el Estado, reacción a su vez al anuncio de las modificaciones fiscales propuestas por el presidente de Andalucía. Las declaraciones del ministro de Seguridad Social originaron suspicacias en los aliados independentistas de Sánchez, especialmente en el PNV, porque sería difícil hablar de armonización sin considerar la situación del País Vasco.

No obstante, el impuesto sobre las grandes fortunas, al tratarse de un nuevo gravamen, difícilmente serviría para armonizar la fiscalidad de las distintas Comunidades Autónomas. Se superpondría a los tributos autonómicos. Ocurriría exactamente lo mismo que con el ingreso mínimo vital, que simplemente incrementó el desbarajuste existente.

Siempre que se ha hablado de este impuesto he mostrado mis reticencias. Desconfío de los nuevos impuestos, ya que habitualmente se termina haciendo chapuzas. En la hacienda pública está casi todo inventado. En esta ocasión ya existe el impuesto sobre el patrimonio neto, que se puede articular, como el de la renta, en diferentes tramos y dotarlo del mínimo exento que se desee. Otra cosa es que mostremos nuestra ignorancia, nuestra falta de valentía o la incapacidad para arreglar el desaguisado cometido, por ejemplo, al haber cedido este tributo junto con el de sucesiones a las Comunidades Autónomas.

El impuesto sobre el patrimonio neto está inventado hace mucho. Surgió a finales del siglo XIX y principios del XX en una serie de países: Alemania, Holanda, Suiza, Suecia, Noruega, Dinamarca y Finlandia, todos ellos con modelos fiscales caracterizados por la preponderancia de la imposición directa y personal. Pero es después de la Segunda Guerra Mundial cuando el gravamen adquiere mayoría de edad en la hacienda pública y se perfecciona y generaliza su aplicación. La involución que desde los últimos años setenta tiene lugar en materia económica y social por fuerza habría de afectar de lleno a los sistemas fiscales y, más concretamente, a la imposición directa en la que el impuesto sobre el patrimonio tiene un puesto de honor. Será un tributo odiado por el neoliberalismo económico.

La introducción en la década de los noventa de la libre circulación de capitales en Europa lo condena a muerte. Con el argumento, fingido o real, de que promueve la evasión de capitales y de que es un obstáculo para captar inversión, va desapareciendo de todos los países. Austria lo elimina en 1993; en 1997, Alemania; Dinamarca en 1999; en 2000, los Países Bajos; Finlandia y Luxemburgo en 2006, y así sucesivamente.

Zapatero en 2008, después de afirmar que bajar los impuestos era de izquierdas, lo elimina en España. Siendo un impuesto transferido a las Comunidades Autónomas, el Estado se vio en la obligación de resarcirlas por una cantidad equivalente a lo que cada una de ellas venía recaudando por este gravamen. Es el mismo Zapatero el que lo recupera en 2011 (la yenka) y comete el error de entregarlo de nuevo a las Autonomías.

En la actualidad, en la Unión Europea solo España lo mantiene, pero jibarizado. Italia, Bélgica y Francia poseen un gravamen parcial sobre la riqueza que no se puede denominar en sentido estricto impuesto sobre el patrimonio neto. El hecho de que este permanezca en Europa, únicamente en Noruega y Suiza, países que no pertenecen a la Unión Europea, indica hasta qué punto la desaparición del impuesto ha ido unida a la falta de armonización fiscal en la Unión y cómo todos los países han utilizado este tributo para realizar dumping fiscal, y todos han argumentado que eliminaban el impuesto para defenderse del dumping fiscal de los otros.

Solo en la posibilidad, no sé si fingida o real, de la evasión de capitales es donde puede tener alguna razón de ser la argumentación acerca de eliminar el impuesto y no en la cantidad de sandeces que se oyen y se escriben en los medios de comunicación estos días.

El impuesto sobre el patrimonio tiene sentido tanto en un Estado liberal como en un Estado social. En el primero, porque una de las principales razones de su existencia es garantizar y defender el derecho a la propiedad y los bienes de los propietarios. No es de extrañar, por tanto, que Locke se convirtiese en el primer defensor de este impuesto, ya que parece lógico que sean precisamente los propietarios los que contribuyan en mayor medida a los gastos del Estado.

En un Estado social, porque entre sus finalidades esenciales se encuentra la de remover los obstáculos que se oponen a la igualdad efectiva. Una economía de mercado propicia la acumulación de capital y por esa razón las diferencias serán cada vez mayores y la desigualdad más acusada, si no se articula un sistema fiscal progresivo con impuestos potentes sobre la renta, sobre sucesiones y, por supuesto, sobre la riqueza y el patrimonio.

Los que tachan de injusto este impuesto a lo primero que acuden es a la teoría de la doble imposición. Afirman que se tributa dos veces porque los recursos que se pretende gravar han tributado ya en el IRPF. Dado el proceso circular de la renta, todos los impuestos estarían inmersos en este concepto. De acuerdo con esta visión tan estrecha solo podría existir un tributo. ¿Acaso no tendríamos que hablar de doble imposición en el IVA o en los impuestos especiales, ya que los recursos que dedicamos al consumo han sido previamente gravados en el impuesto sobre la renta? En el impuesto de transmisiones, ¿no son los mismos bienes los que se gravan en una serie indefinida de transacciones? ¿Y qué decir del impuesto sobre bienes inmuebles? Este sí que es un impuesto sobre el patrimonio, solo que generalizado, no progresivo, que recae en exclusiva sobre los bienes inmuebles, con lo que afecta principalmente a las rentas bajas.

Lo cierto es que un sistema fiscal justo y eficaz debe configurarse como un sólido edificio arquitectónico en el que las distintas figuras se entrelazan y recaen sobre aspectos distintos de una misma realidad, sin que eso signifique que exista doble imposición, sino mera complementariedad en los gravámenes. La suficiencia y la equidad de un sistema fiscal exigen una pluralidad de impuestos complementarios y debidamente armonizados, que graven las manifestaciones de capacidad económica de los ciudadanos, y pocas magnitudes indican mejor dicha capacidad que el patrimonio neto.

La segunda razón esgrimida por los detractores del impuesto para tildarlo de injusto es, cómo no, que recae exclusivamente sobre las clases medias, puesto que los contribuyentes de ingresos elevados se escapan de su gravamen mediante la creación de sociedades interpuestas. Si las grandes fortunas eluden tributos tales como el IRPF, patrimonio o sucesiones es únicamente porque el poder político se lo permite. Las sociedades no se encuentran flotando en el aire, tienen accionistas que pueden ser identificados con facilidad, y los valores de aquellas incorporarse al patrimonio de sus dueños. El Estado dispone de suficientes mecanismos para evitar la evasión o la elusión (para el caso, da lo mismo) de este impuesto, y establecer por otra parte un límite exento tan grande como se quiera, que hará que tributen únicamente aquellos con un patrimonio suficientemente alto. 

Es más, precisamente el hecho de que la mayoría de las rentas altas tengan sus bienes materializados en sociedades aboga por la utilidad del impuesto de patrimonio. En el impuesto sobre la renta las ganancias de capital aparecen solo como ingresos -y, por lo tanto, gravados- cuando se realizan, con lo que la carga tributaria se puede diferir indefinidamente, si no lo evitan de alguna manera tanto el impuesto de patrimonio como el de sucesiones. Otra razón viene a respaldar el mantenimiento de un impuesto sobre el patrimonio, la existencia de determinados bienes de lujo o improductivos que no generan ingresos, y que por ello no serían nunca gravados en un impuesto sobre la renta.

Los detractores de este impuesto alegan también que ha quedado obsoleto. Por lo visto, ahora los tributos modernos e innovadores son los indirectos. Por ese camino puede que lleguemos a un gravamen tan simple y tan original como el de puertas y ventanas.

No son los defectos que supuestamente se atribuyen a este impuesto los que han ocasionado su desaparición, sino la globalización, la libre circulación de capitales y, sobre todo, la negativa de los mandatarios europeos a la armonización fiscal dentro de la Unión, quizás porque ello les permite crear sistemas fiscales cada vez más regresivos con el argumento de la evasión de capitales.

Por eso no se entiende muy bien que en España hayamos replicado esos errores a nivel regional, permitiendo al conceder autonomía normativa en materia fiscal a las Comunidades que se establezca entre ellas una competencia desleal. Pero menos se entiende aún, que sea desde el campo independentista desde donde ahora se levanten voces airadas por los efectos nocivos que han tenido estas transferencias y que pidan el retorno a la centralización bajo el eufemismo de la armonización. Y sobre todo es difícil de entender que desde Bruselas se muestren tan preocupados por la armonización fiscal en el interior de España cuando en materia fiscal existe en toda la Unión Europea un inmenso carajal, permitiendo que los países compitan de forma bochornosa por atraer inversiones a costa de minorar la imposición y hacerla más y más regresiva.

Pero dicho todo esto, creo que poco va a tener que ver con ello el nuevo impuesto que propone el Gobierno. Primero, es muy posible que no se lleve a cabo y que todo quede una vez más en un mero acto de propaganda. Difícil que pueda entrar en vigor el uno de enero, cuando está todo por hacer. Además, si al final se aplicase, existen todas las probabilidades de que sea una chapuza, lleno de contradicciones y efectos no queridos. No es tan sencillo inventar un impuesto coherente, y sobre todo tan precipitadamente y con tanta urgencia. En cualquier caso, pienso que su eficacia será mínima. Tendrá un carácter puramente simbólico.

Si de verdad se quiere tender hacia un sistema fiscal más justo, lo primero que habría que hacer, antes que nada, es reformar el impuesto sobre la renta devolviéndole su carácter personal y global, es decir, uniendo en una misma base imponible y tarifa todas las fuentes de renta, terminando con esa tremenda injusticia de que las rentas de capital soporten una menor carga fiscal que las remuneraciones del trabajo y además se reduzca la progresividad del impuesto al tributar de forma separada. Eso sí que sería una verdadera medida progresista y de izquierdas. Por eso Sánchez nunca la acometerá, y parece ser que Podemos, quizás por ignorancia, tampoco la reclama. Se conforma con que suba el tipo impositivo de las rentas de capital.

republica.com 29-9-2022



EL COSTE DE LA EXCEPCIÓN IBÉRICA

GOBIERNO Posted on Mar, septiembre 20, 2022 11:34:41

El recibo de la luz ha sido siempre uno de los arcanos más difíciles de descifrar. Gobiernos de derechas y de izquierdas y las distintas compañías eléctricas se han conchabado para que los recibos y las tarifas sean incomprensibles. Desde el Ejecutivo se privatizó alguna de ellas, pero fue comprada -¡oh, paradoja!- por una empresa pública de otro país, es decir, que continúa siendo pública, aunque no española.

Con esto de la liberalización, el mercado se dividió en dos partes, el regulado y el libre. Lo de libre es un eufemismo porque los distintos gobiernos han aprovechado el recibo de la luz para repercutir sobre los ciudadanos los costes derivados de sus políticas erróneas o las subvenciones que daban a algunas compañías eléctricas para primar determinas fuentes de electricidad frente a otras. En realidad, funcionan como impuestos indirectos, con la única diferencia de  estar disimulados mediante la factura de la electricidad.

En el mercado regulado el precio de la electricidad (impuestos y recargos aparte) viene determinado por el precio que alcanza en el mercado mayorista. En el mercado libre el precio, en teoría, se establece de acuerdo con lo que hayan fijado contractualmente la eléctrica y el consumidor. Digo en teoría porque las compañías se han lanzado a captar clientes quitándoselos unas a otras, ofreciendo cada una de ellas más ventajas que los demás. Pero la mayoría de las veces las contrataciones se realizan por teléfono, sin que el cliente haya conocido bien los términos y, desde luego, con ignorancia total de la letra pequeña, lo que da el poder a las sociedades, al menos a la hora de la renovación, de cambiar lo establecido en el contrato, obviando en muchos casos avisar al consumidor.

Es frecuente que la contratación de la electricidad se haga conjuntamente con el gas y que sea en el recibo de esta última energía donde aparezcan cargos adicionales sin saberse muy bien el motivo, aunque a menudo se disfrace de asistencia técnica. Todo esto hace que la mayoría de las veces haya sido hasta ahora más rentable para el consumidor pertenecer al mercado regulado que al libre.

La situación ha cambiado con la guerra de Ucrania y con la ineptitud de los mandatarios europeos. Tanto los gobiernos de los países miembros como las autoridades comunitarias, con carácter general, están haciendo esforzadamente el ridículo, al menos mostrando una falta total de previsión. No es solo que en su momento en materia de energía se echasen en manos de Rusia, es que después han presumido y fanfarroneado, prometiendo que en dos días iban a terminar con Putin y que ahogarían la economía rusa; y lo cierto es que es la economía europea la que ahora se tambalea y Putin el que está chantajeando a Europa con la energía.

El precio mayorista de la electricidad está alcanzando precios astronómicos y amenaza con subir aún mucho más en el futuro si, como todo hace pronosticar, el suministro de gas se reduce. El Gobierno español ha sido de los primeros en reaccionar, viendo la amenaza electoral que podía representar la inflación que, paradójicamente, está siendo mayor en España que en países como Alemania, Francia o Italia; pidió a Europa que desvincularan el precio del gas del de la electricidad, poniendo un tope al primero a efectos de calcular el valor del segundo.

No consiguió que la idea fuese aceptada e introducida en toda la Unión Europea, pero al menos logró que autorizasen una excepción para la península ibérica, es decir, para España y Portugal, basándose en que casi constituye una isla energética. Tal como acostumbra Sánchez, retornó de Europa eufórico y triunfalista. El sanchismo anunció a bombo y platillo que esa medida iba a servir para reducir el precio de la electricidad. Este no ha disminuido, sino que ha seguido aumentando, aunque sí es verdad que en menor medida que el de otros países.

Lo que callan, o al menos no publicitan mucho, es la letra pequeña. Alguien tenía que pagar la diferencia entre el precio del mercado del gas y el valor que se ha establecido como máximo para calcular el precio de la electricidad. En este caso no se ha creído conveniente que fuese el sector público el afectado, sino los consumidores. Pero no solo los del mercado regulado, sino también los del mercado libre, que están viendo cómo, sin comerlo ni beberlo, de repente en su factura de la luz aparece un nuevo recargo, el correspondiente a la excepción ibérica.

La suposición que está detrás del razonamiento del Gobierno es que esta medida servirá no solo a los clientes del mercado regulado, sino también a los del libre, porque las compañías, al realizar los nuevos contratos o renovar los antiguos, tendrían en cuenta los precios del mercado regulado. Pero es mucho suponer. Lo cierto es que los clientes del mercado libre ven que el precio que habían pactado con las compañías de buenas a primeras se incrementa sustancialmente por un recargo aprobado por el Gobierno con el que no habían contado.

El sanchismo se apoya en el populismo y en el electoralismo. En su afán por mantenerse en el poder, no solo otorga todas las mercedes que le reclaman los partidos que lo sustentan, sino que está dispuesto a empedrar su gobierno de todo tipo de dádivas sin reparar en el coste. Presenta las concesiones como si saliesen de su propio bolsillo, cuando en realidad los recursos o provienen del presupuesto o, lo que es peor, de forma arbitraria se les hace recaer sobre otros ciudadanos.

Este Ejecutivo hace gala de su política jactándose del dinero que gasta. Sin embargo, la actuación de un gobierno no puede enjuiciarse por la mayor o menor prodigalidad en el gasto público, sino más bien porque asigna los recursos al mejor destino posible. No hay nada gratuito ni sale del peculio de los ministros. Todo tiene un coste. Los fondos públicos utilizados en una finalidad no se pueden usar en otras.

Pero a veces este Gobierno financia sus ocurrencias de una manera aun más censurable, cargando el coste de forma arbitraria sobre otro grupo de ciudadanos. Así está ocurriendo con la excepción ibérica. El beneficio que se concede a los clientes del mercado regulado se financia mediante recargos en la factura de los consumidores del mercado libre. Se da además un efecto perverso. Hay que vender la electricidad a Francia al precio bonificado, sin que se le pueda girar luego el recargo que pagan los consumidores españoles; es decir, que estos terminan subvencionando a los franceses.

Al cabo de seis meses, Bruselas comienza a despertar y a darse cuenta del problema en el que se ha metido y del que no sabe muy bien cómo salir. Sánchez se ha apresurado a proclamar que la Comisión iba a copiar la excepción ibérica, e implantarla en la totalidad de la Unión. Poco le ha durado la alegría porque Bruselas ha desechado rápidamente la idea con el argumento de que eso aumentaba el consumo; pero supongo que no habrá estado lejos de la motivación el hecho de que alguien tenía que asumir el coste, y no parece que en Europa estén dispuestos a repetir el juego trilero de Sánchez.

Este no ha sido el único desengaño que el presidente del Gobierno se ha llevado últimamente en sus ínfulas europeas. A pesar del coqueteo que ha mantenido con el canciller alemán, Macron se ha negado radicalmente a emprender la construcción del gaseoducto MidCat. Bruselas ya se ha echado atrás argumentando que es un asunto privado entre España y Francia.

republica 15-9-2022      



VOY A POR TODAS

GOBIERNO, PSOE Posted on Mar, agosto 23, 2022 09:03:19

Voy a por todas. Cuando se escuchan estas palabras de boca de Sánchez, no se puede por menos que sentir un cierto escalofrío. Emergen a la memoria todas las cosas que ha sido capaz de hacer para llegar a la presidencia del gobierno y mantenerse en ella. Sánchez ha chalaneado, ha engañado a todo el mundo, ha destruido a su antiguo partido para sustituirlo por una secta a sus órdenes. Se ha mostrado dispuesto a pactar si era necesario con el propio diablo, prometer lo que le pidiesen, pagar el precio que le exigieran, todo para continuar en el poder. Ha construido un mundo de embustes y mentiras que él mismo se ha llegado a creer. Cuando la realidad le ha zarandeado haciendo que viese que perdía elección tras elección y las encuestas una tras otra le eran desfavorables, ha gritado “voy a por todas”. ¿Hasta dónde será capaz de llegar si se encuentra entre la espada y la pared y ve que se le escapa el poder de las manos? Da miedo.

A por todas, no pone ninguna limitación. Todo es lícito, todo vale. El fin justifica los medios. De tanto pactar con los golpistas e independentistas ha asimilado su discurso. Desjudicializar la política. Es imposible encontrar una expresión más mendaz y menos democrática. En realidad, lo que se está pidiendo es acabar con el Estado de derecho.

La política es todo lo referente al gobierno de la polis, la ciudad, el Estado para los griegos. Tras muchos años de historia, después de múltiples vicisitudes, avances y retrocesos, la polis, el Estado moderno, se fundamenta en tres soportes básicos: democrático, social y de derecho. Estos atributos se complementan, se necesitan y ninguno de los tres puede realizarse plenamente sin que se den los otros dos. Así como, sin el carácter de social, el Estado se convierte en el consejo de administración de la clase dominante, sin el derecho, el Estado se transforma en tiranía o se hace despótico. La misma democracia necesita de leyes y de normas para realizarse.

Los golpistas catalanes prescindieron de las leyes y de la Constitución, declararon la soberanía de Cataluña y se proclamaron únicos representantes de los ciudadanos catalanes, sin reparar en que si habían sido elegidos era para el cometido y con las exclusivas competencias que les otorgaban las leyes y la Constitución. Se lanzaron a una revolución, pero desde el poder que les daba la Generalitat, por ello es lícito denominarles golpistas.

El Estado de derecho se impuso y frustró su propósito. Esa es la razón por la que exigen ahora que se desjudicialice la polis, la política, que desaparezca del Estado el derecho y la justicia. Sánchez les ha comprado el eslogan. En realidad no le ha costado mucho. Desde el principio ha tenido alergia a las leyes y a todo lo que coarte sus ansias de poder. Lo probó ya en su primera singladura como secretario general al no aceptar los límites que le imponía el Comité federal del partido e intentar frustradamente un golpe de Estado interno, aunque algún correligionario que le acompañó luego en el gobierno lo interpretase interesadamente como los idus de marzo.

A menudo en nuestra democracia se produce la unión no deseable en una misma mano del poder legislativo y el ejecutivo. Tan solo el judicial permanece independiente. Sánchez ha sabido unir con alianzas y pactos contra natura el ejecutivo y el legislativo, y encuentra como única limitación a su poder la de los tribunales. Por eso desde el primer momento ha pretendido controlarlos. De ahí la enorme ofensiva desatada contra el PP respecto a la elección del Consejo General del Poder Judicial. Incluso han acusado a la oposición de insumisión constitucional.

El PP ha estado más bien torpe a la hora de defenderse. Cuando no se llega a un acuerdo entre dos bandos, es evidente que los responsables serán ambos. No se puede hablar de bloqueo de uno solo. Pero es que, además, el PSOE lo que pretende (a tenor de que todos los vocales que propone son de lo más sectario) es continuar con el sistema de reparto, que es precisamente el contrario al espíritu de la Constitución, según la interpretación dada por el Tribunal Constitucional en su sentencia del 29 de julio de 1986 (véase mi artículo publicado el 23 de septiembre de 2021 en este mismo diario digital y titulado “Trapicheo en la constitución del CGPJ”).

Sánchez, desde que se instaló en el poder, ha establecido un permanente forcejeo, más bien contienda, contra todos los ámbitos judiciales, de manera que se pudiesen retorcer las leyes a su antojo. La última, con la complicidad de la anterior dirección del PP, el nombramiento en el Tribunal de Cuentas de consejeros afines con el único objetivo de que cambiasen, por una parte, el criterio anterior del propio Tribunal, aceptando ahora el sinsentido de que una Administración pueda avalar la responsabilidad contable de quien ha robado a esa propia Administración. Y, por otra, rebajar la cuantía de las cantidades defraudadas por los golpistas del 1 de octubre. Para tales cambios se precisaba el concurso de la Fiscalía, pero la Fiscalía, al igual que la Abogacía del Estado, han dejado de ser instancias profesionales e independientes para ser una prolongación del sanchismo.

En aras de desjudicializar la política, tal como ha pactado con los independentistas, intenta que la Fiscalía retire la acusación a los dirigentes de ETA a los que se juzga por el asesinato de Miguel Ángel Blanco y, del mismo modo, que se inhiba en los juicios pendientes en los distintos tribunales por los acontecimientos de la subversión del 2017 en Cataluña.

Bajo el eslogan de desjudicializar la política, los golpistas catalanes han pasado olímpicamente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y del Tribunal Supremo que había ratificado la sentencia del anterior, exigiendo la enseñanza del castellano al menos en un 25% en las aulas. El Parlament ha aprobado una ley con el concurso del PSC por la que se contradice de forma radical la postura de los tribunales y de la misma Constitución. Es más, la ley ha sido seguida de una instrucción del consejero de Educación catalán a los colegios, propia de un régimen dictatorial, prohibiendo el español hasta en los recreos y con comisario político incluido. Aplican al idioma español los mismos procedimientos que Franco utilizaba frente al catalán.

Uno se pregunta si hay que desjudicializar la política. ¿Por qué aprueban una ley? Parece ser que sus leyes sí son válidas. En el fondo lo que se está poniendo en cuestión a diario en Cataluña es un asunto de soberanía. Lo que se esconde detrás de la frase de los independentistas catalanes de desjudicializar la política es el empeño de librar a la polis (estado) catalana de la ley y de la justicia española.

Por eso resulta tan reprobable la postura del Gobierno. Lejos de recurrir la ley del Parlament ante el Tribunal Constitucional, con lo que la norma quedaría suspendida temporalmente hasta que se produjese la sentencia (la suspensión automática solo es prerrogativa del Gobierno), la asume, la jalea y la hace propia, con lo que se coloca también él en insumisión frente al Tribunal Supremo, cosa que ha hecho con frecuencia, y en cierto modo frente a la Constitución.  

En realidad, lo que Sánchez quiere ante todo es politizar la justicia, pretende hacerse con el control del Tribunal Constitucional. Con ese objetivo no tiene empacho en elaborar una ley (bueno, decreto ley, que es lo único que utiliza Sánchez) corrigiendo el que hace unos meses había hecho aprobar y que limitaba las funciones del CGPJ, privándole de hacer nombramientos; ahora se le devuelve tal competencia, pero limitada exclusivamente a la designación de los dos consejeros del Tribunal Constitucional que le corresponden y que es condición para que el Gobierno pueda hacer el nombramiento de los dos suyos. Todo es absolutamente descarado.

Sánchez se ha llevado ya algunos coscorrones del Tribunal Constitucional y, dada la forma de gobernar totalmente despótica, a base de decreto ley y con sumisión continua a las fuerzas que quieren romper el Estado, no es descabellado que se llevase alguno más. De ahí que persiga controlarlo, dado que tiene muchos asuntos pendientes y bastantes de ellos de verdadera importancia, como la sentencia de los ERE.

El Gobierno, siguiendo la senda de Tartufo, por una parte, afirma que respeta el veredicto de los tribunales, pero, por otra, ha salido en tromba en defensa de los dos presidentes de la Junta con el tópico de que ellos no se han enriquecido. Todos los ministros repiten que pagan justos por pecadores. Pero si ellos son los justos, ¿quiénes son los pecadores?

Nunca he entendido ese discurso que disculpa a los defraudadores con el argumento de que no se han enriquecido personalmente. Pienso que siempre existe enriquecimiento, aunque sea indirecto y no inmediato. Es más, en estos casos suele haber un agravante. Si el fin es la financiación de un partido, se está violentando la neutralidad que debe darse en el juego político. Algo parecido ocurrió con los ERE, se utilizó una enorme cantidad de dinero público para crear todo un mundo clientelar que garantizase el poder al partido socialista. Y más grave es aún la corrupción de los golpistas catalanes, que usaron múltiples recursos de la Generalitat para atentar contra el Estado y la Constitución.

Y en la cúspide de todos, aun cuando no este tipificada en el Código Penal y tenga apariencia de legalidad, se encuentra la corrupción de un gobierno que compra con mercedes públicas a otras fuerzas políticas para permanecer como sea en el poder.

republica.com 18-8-2022



DE UCRANIA A TAIWAN PASANDO POR LA CORBATA

GOBIERNO, REALIDAD INTERNACIONAL Posted on Mié, agosto 17, 2022 13:39:45

Al principio de la invasión de Ucrania, los mandatarios europeos y los prebostes de la Unión Europea, con paso firme y bastante empaque, amenazaron a Putin con las penas del averno. Hablaron de guerra moderna, entendiendo por tal la económica y financiera, y prometieron adoptar tales medidas que la economía de Rusia se hundiría. Europa poseía un arma infalible, dejar de adquirir petróleo y gas al invasor.

Han pasado cinco meses y desconocemos cómo está la economía rusa, pero lo que sí sabemos es que la europea se tambalea. Es Putin el que restringe el suministro de gas y se teme que lo corte por completo, lo que, según los expertos, ocasionaría una catástrofe para países como Alemania, y el efecto se expandiría a toda Europa.

Ante el peligro de un desabastecimiento de productos energéticos en Europa, la vicepresidenta tercera aseguró reiteradamente y muy segura de sí misma que en España no existirían restricciones. Es más, cuando la Comisión Europea habló de imponer a todos los Estados la obligación de recortar el consumo de gas en un 15%, Teresa Ribera sacó pecho y le dijo públicamente a Bruselas que España no tenía por qué hacer ese recorte, ya que había hecho los deberes, y que poseía suministro de sobra y estaba incluso exportando a otros países.

Pocos días han pasado cuando el Gobierno, una vez más, donde dijo digo dice diego y han venido de Bruselas con la cabeza gacha y con la consigna de los ajustes, y no han tardado en sacar un decreto ley con una ristra de medidas muy controvertidas que son claramente restricciones al consumo. Eso sí, como siempre, echan balones fuera y encargan la gestión y el control a las Comunidades Autónomas, a pesar de que también como siempre nadie las ha consultado.

Dicen que con tales medidas se recortará el consumo en un 7%, pero este porcentaje no está dicho en ninguna parte. Lo aprobado en Europa es un 15%, aunque con el añadido de que, en función de una serie de variables, a algunos países, entre los que parece encontrarse España, se les podrá rebajar esa proporción. Lo del 7% es una estimación de Teresa Ribera.

Johnny cogió su fusil y Sánchez se quitó la corbata al anunciar las restricciones. Debió recordar sus tiempos de meritorio, allí en el Ministerio de Industria cuando era su titular Miguel Sebastián. Y así como copió de los papeles del ministerio el 80% de la tesis doctoral, ahora, en un momento tan crítico, recrea el numerito ecologista de su antiguo ministro en el Congreso de los Diputados y su disputa con Bono.

Sebastián y Sánchez van a salvar el planeta quitándose la corbata. Bien es verdad que de Sebastián no me acuerdo, pero Sánchez, después de gesto tan valiente, cogió el helicóptero para trasladarse de la Moncloa a Torrejón y después el Falcon para ir a Lanzarote.

El Gobierno de Sánchez cambió el nombre del ministerio de Medio Ambiente por el de Transición Ecológica para estar más acorde con los tiempos actuales y con la orientación de la UE, pero esta es veleta y gira hacia donde gira Alemania, y ahora resulta que la energía atómica y el gas son energías verdes. Sin tardar mucho, lo será también el carbón; el país germánico ya se ha inclinado hacia su consumo. Y es que los países satisfechos de Occidente son ecologistas, pero solo hasta cierto límite. Están poco decididos a sacrificar grados en su bienestar. La ecología es cara.

Ni EE. UU. ni la UE están dispuestos a entrar en una guerra. Por eso deberían tener más cuidado con sus bravuconadas, sobre todo cuando se dirigen a países menos satisfechos y con regímenes más despóticos, donde el lavado de cerebro es más sencillo y la opinión pública cuenta poco. Después dicen eso de que la OTAN solo tiene una finalidad defensiva. Ninguna de las guerras en las que ha intervenido hasta ahora ha sido de carácter defensivo.

Nancy Pelosi, que quizás debería estar ya jubilada (hay que ver el empeño de algunos en morir con las botas puestas), ha ido a tocar las narices a los chinos y estos se han encabritado. Ya a finales de abril, principios de mayo, la presidenta de la Cámara de Representantes fue a Polonia y a Ucrania a visitar a Zelenski y a garantizarle que cuenta con todo su apoyo y el de EE. UU. Ahora en Taiwan ha asegurado que EE. UU. no les dejará solos, y que su país mantendrá todos sus compromisos. Imagino que, mirando de reojo a Ucrania, los taiwaneses se habrán echado a temblar y habrán dicho: por favor, no nos ayuden.

republica 11-8-2022



LAS OCURRENCIAS DEL GOBIERNO ROBIN HOOD

ECONOMÍA, GOBIERNO Posted on Dom, julio 10, 2022 21:47:36

El sanchismo se ha empleado a fondo en pregonar las versiones más curiosas acerca de los resultados de Andalucía, que si Juanma Moreno no es del PP, que si ha rentabilizado electoralmente los cuantiosos recursos que Sánchez había mandado a Andalucía, que si lo importante era saber qué tendencia iba a primar en el PP. Pero, a pesar de todo ello, la procesión ha ido por dentro y las señales de alarma han sonado en la Moncloa. El presidente del Gobierno ha terminado por introyectar el discurso de Rufián cuando le interpelaba en las Cortes acerca de que, para invertir la tendencia electoral, el Ejecutivo tenía que implementar medidas progresistas, que más bien habría que tildar de populistas.

El discurso fue sin duda paradójico, porque lo que más perjudica electoralmente al PSOE es precisamente su alianza con Esquerra y con otras formaciones políticas similares. Pero invertir esta situación no está en la mano de Sánchez. Le guste o no, su Gobierno solo puede ser Frankenstein y su permanencia en el poder está ligada irremediablemente a golpistas, soberanistas y descendientes de terroristas. Por eso ha optado por el único camino que cree que le queda, disfrazar la realidad, bien mostrando de ella una faz falsa, bien aprobando todo un abanico de medidas económicas que en su mayoría no tienen por objeto mejorar la economía, ni siquiera paliar los efectos negativos de la crisis, sino mostrar una apariencia de que se pretende dar una respuesta adecuada a la inflación.

A los pocos días de las elecciones andaluzas, el Gobierno ha aprobado un nuevo decreto ley que en buena medida consiste tan solo en prorrogar el anterior, que vencía a finales de junio. El resto  es un pastiche poco convincente lleno de medidas populistas que lo que único que indican es la ausencia de una verdadera política económica y social. Ocurrencias al mejor estilo zapateril, que solucionan nada o muy poco y cuyo truco radica en ocultar cualquier coste de oportunidad, es decir, presentarlas como si fuesen totalmente gratuitas y como si los recursos dedicados a ellas lloviesen del cielo.

Pero lo cierto es que no es así. El coste irá a incrementar el ya muy elevado endeudamiento público, puesto que Sánchez ha eludido desde el principio acometer seriamente reformas fiscales progresivas. El mismo impuesto que se anuncia a las compañías energéticas no deja de ser una chapuza, de dudosa constitucionalidad, sobre todo cuando se le quiere conceder un carácter retroactivo. Se trata solo de la apariencia de que se ataca a los ricos y poderosos. Por otra parte, esta escalada inflacionista no puede explicarse únicamente por los beneficios extraordinarios de las energéticas. Son muchos los perdedores, pero también bastantes los ganadores. Una redistribución de ganancias y pérdidas precisa de una utilización de la política fiscal mucho más fina. Es muy posible, además, que la medida consista tan solo en eso, en un anuncio para cubrir las apariencias, pero que finalmente no llegue a término.

Incrementar el endeudamiento público no es algo inocuo y que no vaya a tener un coste alto. En los momentos actuales en los que el BCE se ve obligado a cambiar de política, y las primas de riesgo de países como España pueden dispararse, la aplicación de nuevos instrumentos para salvar la deuda de estos países se hará sin duda de forma condicionada. De hecho, la Comisión, al dar estos días luz verde al nuevo tramo del Fondo de Recuperación, ya ha dejado caer la necesidad de que España presente un plan creíble acerca de la viabilidad del sistema público de pensiones, transmitiendo así sus dudas acerca de la solución un tanto bobalicona presentada por el ministro Escrivá, con lo que los augurios de cara al futuro no son precisamente buenos. Esperemos que las alegrías actuales no nos conduzcan como en la etapa Zapatero a situaciones muy críticas.

Sánchez, en la presentación del decreto ley, afirmó con aplomo que con las medidas que se aprobaban se reduciría la tasa de inflación 3,5 puntos. Desde una perspectiva económica, la afirmación es ridícula o cómica. No obstante, la disminución sí puede cumplirse en el ámbito de la representación. Todo consiste en que al final el Gobierno afirme, sea cual sea la inflación que se dé, que los precios  habrían sido 3,5 puntos más elevados si no hubiese sido por la política aplicada por el Gobierno. Tan solo una medida puede influir seriamente en la inflación, la reducción del 10 al 5% del IVA de la electricidad, medida que curiosamente fue propuesta por Feijoó y despreciada hasta ahora por el Gobierno, y que desde luego está muy lejos de poder garantizar tal minoración de los precios.

El resto de las medidas apenas van a tener impacto sobre la inflación. Son ocurrencias. Su finalidad consiste en crear una apariencia de ayuda a las clases más perjudicadas, pero resultan un conjunto anárquico, sin ligazón de unas con otras y sin demasiada racionalidad. Suben los carburantes y lo que se rebaja es el precio del transporte público. No parece tener demasiado sentido. La razón esgrimida es que favorece a las clases bajas, aunque se olvidan de todo el ámbito rural. Muchas medidas podrían cumplir de forma mejor esta finalidad al tiempo que reducirían la inflación, como por ejemplo minorar o eliminar el IVA de artículos que entran principalmente en la cesta de la compra de las capas sociales más vulnerables. Alternativamente se alega otra razón, la necesidad de desincentivar el consumo de la energía, pero resulta un poco ingenuo pensar que, si el elevado precio actual no consigue ese objetivo, lo va a lograr la rebaja en el coste del transporte público.

La medida a la que se ha dado más publicidad, por ser quizás la más populista (y que recuerda otras de Zapatero o la aprobada por el mismo Sánchez de conceder 400 euros a los jóvenes que cumplan 18 años en el presente ejercicio para que lo gasten en artículos culturales) es la de establecer una ayuda de 200 euros, como pago único a personas definidas como de bajo nivel de ingresos. El límite de estos queda fijado en 14.000 euros por unidad familiar, y referido al ejercicio 2021.

Como toda medida populista esta se encuentra llena de vacíos y de contradicciones. La primera, su relatividad. Una persona soltera que hubiese ganado 13.500 euros en 2021 tendría derecho a la ayuda, mientras que una familia de seis miembros, tres niños y tres adultos, y que los ingresos de estos últimos hubiesen sido de 6.000, 4.500 y 4.000 respectivamente estarían excluidos de la subvención.

Pero es que, además, el ámbito de los beneficiarios queda limitado a personas que a la entrada en vigor del real decreto ley realicen una actividad por cuenta propia o ajena, o sean desempleados. Quedan excluidos por tanto los perceptores de pensiones no contributivas o del ingreso mínimo vital. Cosa curiosa, cuando se supone que esta última prestación se había creado para dar cobertura a los estratos sociales más vulnerables. Surge de inmediato una pregunta a la que la norma no aparece dar respuesta: ¿Qué sucede cuando en una misma familia coinciden individuos de conjuntos diferentes, por ejemplo, un autónomo y un beneficiario de pensión no contributiva?

Los mayores problemas de la medida van a surgir del hecho de que parece que se ha diseñado por los mismos genios que idearon la chapuza del ingreso mínimo vital, con lo que muy probablemente esté condenada a idénticos defectos y errores. Es más, el decreto ley remite a efectos de su gestión a la norma por la que se establece el ingreso mínimo vital, con lo que sin duda se caerá en el mismo desbarajuste. Empezando porque una vez más se va a producir un desfase temporal entre el momento en que se computan los ingresos (año 2021) y el de la prestación (segundo semestre de 2022). La situación económica puede haber cambiado sustancialmente. Y siguiendo porque en muchos casos resultará muy difícil, incluso imposible, comprobar los requisitos exigidos. Al igual que en el caso del ingreso mínimo vital, se encarga a la Agencia Tributaria, que en la mayoría de las ocasiones no tendrá ni información ni medios para hacerlo y además se la distrae una vez más de su auténtico objetivo, controlar el fraude fiscal.

Sánchez ha puesto un colofón a sus ocurrencias y se presenta como un nuevo Robin Hood. “Sabemos para quiénes gobernamos, para los más vulnerables y para las clases medias y trabajadoras. Este es un gobierno molesto para ciertos poderes económicos que tienen sus terminales mediáticas y políticas”. Eso lo dice quien ha huido del Parlamento para la presentación de sus planes económicos y ha preferido representaciones teatrales delante de toda la plana mayor del mundo empresarial, que, como gorriones, abrían la boca esperando el maná de los fondos europeos.

Republica.com 7-6-2022



¿SE HAN VUELTO DE DERECHAS LOS ANDALUCES?

GOBIERNO, PSOE Posted on Dom, julio 03, 2022 22:44:31

A lo largo de los diez últimos días han sido muchos los comentarios vertidos en los medios de comunicación acerca de las elecciones andaluzas y sus resultados. Cada uno de ellos ha arrimado el ascua a su sardina. Son bastantes, todos los entusiastas del sanchismo, los que han intentado aislar Andalucía del resto de España y a Juanma Bonilla del Partido Popular. Hay quienes han llegado a manifestar que el candidato había escondido las siglas. Con todo ello pretenden establecer un cortafuego alrededor de Sánchez. Curiosamente, ocurrió lo mismo con Madrid, se esforzaron en afirmar que los resultados no eran extrapolables al resto de España.

Tras atacar de forma inmisericorde a Juanma Bonilla a lo largo de la campaña, ahora se deshacen en loas, ensalzan sus cualidades, su buena gestión y sobre todo su ponderación y centralidad. Se empeñan en contraponerlo a Ayuso y, cosa curiosa, lo único que destacan de las elecciones de Andalucía, es saber cuál de las dos versiones es la que va a triunfar dentro del Partido Popular. No sé si son dos visiones distintas. Lo que es indudable es que las dos han tenido éxito y que van a lograr gobernar en solitario en sus respectivas Comunidades, que es a lo que ambos candidatos aspiraban. No deja de ser llamativo que después de lo que ha ocurrido en Andalucía, la cuestión que preocupe al sanchismo sea una imaginaria división del Partido Popular. Como si en el PSOE no hubiese divergencias, ¿versiones distintas?, casi partidos diferentes.

Algo de común tienen las elecciones en Galicia, Madrid, Castilla y León o Andalucía, es que ha perdido la izquierda en su conjunto y, en algunos casos, estrepitosamente. He afirmado con frecuencia que hace tiempo que en España no se vota a favor sino en contra, y eso creo que ha pasado en todos estos comicios. No diré yo que todos los candidatos, cada uno en su medida, no haya tenido que ver en la victoria, pero por mucho que los altavoces sanchistas se empeñen, aislar a Andalucía y mantener los resultados al margen de la problemática nacional resulta incomprensible y absurdo.

Son muchos los elementos, unos esenciales otros más secundarios, que indican lo contrario. Por ejemplo, es difícil entender la debacle de Ciudadanos sin hacer referencia a la trayectoria nacional de esta formación política. El castigo electoral no iba desde luego orientado a Marín ni al resto de los consejeros que contaban con los mismos méritos que los del PP, sino a la caótica política de los responsables nacionales.

El Gobierno ha estado presente en la campaña desde el primer momento. No se puede olvidar que el candidato, al igual que en Madrid, ha sido el que impuso Sánchez; violentando todos los mecanismos democráticos y retorciendo la voluntad del PSOE andaluz, desplazó a Susana y colocó en su lugar a Espadas. Cómo evitar que los votantes viesen detrás de este candidato la sombra de Sánchez y cómo no suponer que entre los militantes existen muchos damnificados y en cierto modo resentidos. Los ministros y otros principales del partido, no andaluces, se han prodigado en todos los mítines y basaron en buenas medidas sus intervenciones en cantar las excelencias de las políticas del gobierno central y lo mucho que ha hecho por Andalucía. Enfocar así la campaña electoral era suicida. Sánchez, lejos de ser un activo, se ha convertido en un lastre, excepto, por supuesto, para Cataluña y el País Vasco.

Ciertamente, el resultado electoral de Andalucía puede calificarse de asombroso. Que la derecha haya obtenido 72 escaños frente a la izquierda que consiguió 37, y que además haya sido en Andalucía, cortijo durante mucho tiempo del PSOE, es ciertamente sorprendente. Pero, si el hecho se analiza con cierto rigor, lo verdaderamente asombroso sería que andaluces, castellanos, extremeños o aragoneses etc. voten a quien día a día está comprando su estancia en la Moncloa, a base de pagar a independentistas vascos y catalanes.

Todos los andaluces, o la mayoría de ellos, no se han hecho de derechas de la noche a la mañana, ni ningún candidato puede tener tanto carisma como para garantizar tales resultados. Los andaluces han reaccionado, al igual que en su momento los madrileños, frente a un gobierno y a unos políticos que están dispuestos a todo con tal de permanecer en el poder. Cada cesión que realizan a golpistas, filoetarras, independentistas y demás ralea, el resto de los españoles tienen que sentirlo como bofetadas.

Sánchez, aparte de establecer este mercadeo nacional en temas políticos y jurídicos, lo ha instalado también en materia económica. Actúa como si los recursos públicos fuesen suyos y, así, los reparte a su conveniencia. En la distribución de los fondos de recuperación se ha negado a fijar cualquier criterio como no sea el de la discrecionalidad, lo que le permite actuar de forma arbitraria según sus provecho. Y por ello tampoco ha tenido interés después de cuatro años de gobierno de reformar el sistema de financiación autonómica. Ello le permite tener las manos libres para retribuir y gratificar como desee a las Comunidades.

Esa es la razón de que haya resultado tan estridente la intervención de Lastra al señalar que el triunfo de Juanma Moreno obedece al dinero transferido por el gobierno central a Andalucía. En primer lugar, los recursos no son de Sánchez, aunque lo plantea como si saliesen de su bolsillo y, en segundo lugar, no existe razón alguna para pensar que Andalucía ha salido beneficiada en el reparto. Más bien al contrario, todos los indicios señalan que son Cataluña y País Vasco las agraciadas. Se precisa comprar los votos de los independentistas. Ahí quizás se encuentra la razón del castigo a Sánchez y del triunfo del PP en las andaluzas.

La izquierda a la izquierda del PSOE no puede sentirse más satisfecha en los comicios andaluces. Los diecisiete escaños con los que contaban han quedado reducidos a siete. Tiene su lógica, ya que su coyunda con el independentismo es incluso más intensa que la del partido sanchista y constituye además el nexo de unión entre unos y otros. El 14 de septiembre del 2017, cuando aún no se había constituido el Gobierno Frankenstein, escribí un artículo en este diario titulado “El coqueteo nacionalista de Podemos”. Manifestaba en él que resultaba inexplicable que la izquierda defendiese planteamientos tales como el derecho de autodeterminación o se situara a favor de aquellos que tratan de conseguir la desintegración del Estado.

La concepción marxista de que el Estado es el consejo de administración de la clase dominante queda muy lejos y lejos queda también la monarquía y el turnismo de finales del siglo XIX y principios del XX, y distante también el régimen franquista. El Estado actual, social democrático y de derecho, con todos sus defectos, es el único contrapeso a las fuerzas económicas y el mejor instrumento para reducir las desigualdades sociales. Por lo que se entienden mal las posturas anti estatales de la izquierda.

Quizás la única explicación del acercamiento de Podemos y de otras formaciones homólogas al independentismo es la prisa que han mostrado desde el principio para alcanzar el poder, incluso en alguna ocasión llegaron a calificar de fracasada a la izquierda que les precedió por no entrar nunca en el gobierno y ocupar en el tablero político un puesto secundario. Esa prisa por llegar al poder se plasma en dos hechos. El primero es su reiterado esfuerzo por pactar con el PSOE. Olvidando el discurso de las dos orillas, y el de programa, programa, programa, y sobre todo que el 15-M, movimiento del que ellos se sienten continuadores, surgió estando Zapatero en el gobierno.

El segundo ha sido el acercamiento a toda clase de partidos independentistas o regionalistas, y en muchos casos creando con ellos alianzas que terminaban por configurar un mapa de lo más heterogéneo, no solo en las siglas con las que se presentan a las elecciones, sino también en su discurso, pensando que así se podían obtener resultados mejores. Han pensado que tal vez en Comunidades como en Cataluña, País Vasco, Galicia o incluso Valencia y Baleares, esta postura podría resultarles rentable. Lo cierto es que en estas Comunidades, discursos nacionalistas suele haber muchos y a la hora de la verdad se prefiere el original a la copia. Por otra parte, cuando se defiende la soberanía de las regiones existe la tentación de que cada agrupación asuma vida propia y que se declaren cuasi independientes. Lo que está ocurriendo en Cataluña con Colau y sus seguidores es buena prueba de ello.

La contrapartida se encuentra en que sus potenciales votantes de otras regiones, de Andalucía, de Madrid, de Extremadura, de Castilla, de Aragón, etc. no verán con buenos ojos que aquellos partidos a los que votan por definirse como de izquierdas se coloquen a favor de las regiones ricas y se sitúen en el bando de los que están en contra de la solidaridad interterritorial. Los desastrosos resultados en las últimas elecciones andaluzas pueden explicarse en parte por ello.

Tampoco hay que descartar que la permanencia en el gobierno durante los dos últimos años haya colaborado a la derrota. Mientras estemos en la Unión Monetaria, resulta muy problemático, por no decir imposible, aplicar un programa de izquierdas coherente. Lo ocurrido en España con Rodríguez Zapatero y con Syriza en Grecia les debería haber hecho reflexionar, haber aplacado sus urgencias por llegar al poder.

No parece que el futuro pueda ser mucho mejor. El mirlo blanco que algunos ven en Yolanda Díaz plantea muchos interrogantes. Su proyecto en cuanto al tema territorial no varía un ápice del de Podemos. El mismo slogan escogido, “sumar”, está indicando que lo único que se pretende es agrupar lo que ya existe, e incluso añadir si es posible algún corpúsculo más. De hecho, su presentación con Oltra, Colau, la comisionada de Errejón, etc. no concita muchas esperanzas.

No, los andaluces no se han vuelto de repente de derechas. Simplemente es que desde esta perspectiva no encuentran muchas diferencias entre los partidos políticos. Más bien la única distinción que perciben es entre los que mantienen la igualdad de todos los españoles y los que defienden, o al menos contemporizan, con el supremacismo. Votan en consecuencia.

republica.com 30-6-2022



ESCRIVÁ Y LA CARENCIA DE MANO DE OBRA

GOBIERNO, MERCADO LABORAL Posted on Dom, junio 19, 2022 21:40:13

Parece ser que los hosteleros están muy preocupados porque no encuentran trabajadores para esta temporada. Todo ello resulta paradójico en una sociedad que tiene tres millones de parados. El problema no es exclusivo de este sector. Al menos se da en otros dos, el del transporte y el agrícola y ganadero, incluso también en el de la construcción. La queja de los empresarios es bifronte. En primera instancia, necesitan personal sin más; en segunda derivada, personal cualificado. Nunca se sabe cuándo se refieren a una u otra necesidad.

En determinados oficios la carencia de personal puede tener su origen en la falta de cualificación. La coexistencia con tres millones de parados es posible únicamente por la desconexión entre oferta y demanda en el mercado laboral. Existe desde antiguo un problema cultural. Los trabajos manuales están infravalorados y, por lo mismo, peor retribuidos. Todo el mundo quiere ser médico, abogado, ingeniero o al menos empleado en una oficina o un ministerio.

La expansión de las universidades ha generalizado los estudios universitarios, creando un número mayor de titulados de los que la sociedad necesita, mientras se ha abandonado la formación profesional. Los exámenes de selectividad han pretendido ordenar la enseñanza de manera que se compaginasen las necesidades sociales con las preferencias de los alumnos. La irrupción de las universidades privadas ha desequilibrado de nuevo el escenario, originando la injusticia de que aquellos que posean capacidad económica puedan estudiar la carrera que deseen tengan la calificación que tengan.

Pero la falta de personal en estos sectores no afecta únicamente a la cualificación profesional, sino a la mano de obra sin más, en general. Como siempre, la contestación ofrecida desde el Gobierno ha sido dual. Por una parte, el ínclito Escrivá, que cuenta con la adhesión entusiasta de la cúpula empresarial, plantea abrir de par en par las puertas del mercado laboral a la emigración. Se supone que lo formula no como solución a la falta de cualificación profesional (la gran mayoría de los emigrantes no tendrán mayor formación que los parados españoles), sino a la carencia de mano de obra en general. Por otra parte, la ministra de Trabajo ha replicado a los empresarios, remedando a Biden: “Suban los salarios”. La patronal ha contestado inmediatamente y ha tildado de simplista la repuesta de la ministra. Sin embargo, en esta ocasión la ministra tiene al menos su parte de razón, aunque también es verdad que la cosa es más compleja.

Los cuatro sectores señalados tienen en común ser oficios muy duros con jornadas prolongadas e irregulares, amén de ser muchos de ellos trabajos de carácter estacional, con poca seguridad, y la vivienda constituye un fuerte impedimento a la movilidad. La demanda de estos trabajos no solo depende del nivel salarial, sino de las condiciones laborales. Bien es verdad que casi todo se puede compensar con subidas en las retribuciones. Pero ahí nace un factor nuevo que es el de la productividad y que puede limitar los salarios. Ningún empresario contratará a un trabajador más si el incremento en los ingresos no compensa el coste añadido de la contratación.

Es importante añadir que la productividad de la que estamos hablando hay que considerarla en términos monetarios, no en términos reales. En este sentido, no hay incremento de la productividad, aun cuando con el mismo número de trabajadores se consiga una producción mayor, si el importe obtenido por las ventas de todas las unidades producidas no varía. Y viceversa, la productividad puede incrementarse aun produciendo lo mismo si los precios de venta se incrementan. Es decir, que los salarios podrían aumentar si lo hacen al mismo tiempo los precios. Esta es una condición suficiente, pero no necesaria. Las retribuciones pueden subir sin que necesariamente tengan que hacerlo los precios, siempre que el excedente empresarial tenga holgura para asumir el incremento.

En estas coordenadas es fundamental considerar las características de cada sector concreto. Aquellos sometidos a la competencia exterior como el agrícola, o incluso el del transporte, tendrán muy poco margen. Al pertenecer a la Unión Europea, difícilmente podrán subir los precios sin perder cuotas de mercado. La situación es más ambigua en la hostelería. No parece que soporte una gran competencia exterior. Es cierto que puede haber países que puedan competir con España en el ámbito turístico, pero es una competencia global y es muy posible que cada empresario considere que no le afecta individualmente, sobre todo a corto plazo. En principio, no tendría que haber inconveniente en que los empresarios subiesen los salarios simplemente subiendo los precios. De hecho esto último ya lo están haciendo, con lo que el aumento de retribuciones solo precisa de la reducción del excedente empresarial, y lo mismo cabe afirmar de la construcción.

Hay, no obstante, en algunas circunstancias una limitación más para esta subida. La demanda. Un aumento de los precios puede disminuir esta variable, con lo que los ingresos podrían quedar iguales o incluso en ciertos casos reducirse. La baja productividad que últimamente presenta la economía española en parte puede tener su explicación en el exceso de la oferta sobre la demanda, lo que genera una infrautilización de la capacidad productiva de empresas y asalariados. La dificultad en encontrar empleo lleva a muchos trabajadores a montar su propio negocio. Ese exceso conduce a que muchas de las nuevas empresas creadas, o bien las antiguas, no sean viables. Es fácil observar en el pequeño comercio, incluyendo bares y restaurantes, cómo se abren y cierran locales con cierta celeridad. No hay demanda para todos.

Pero, ante ello, la única solución es adecuar la oferta a la demanda, de manera que desaparezcan las empresas o comercios zombis, y se mantengan únicamente los viables. Lo contrario es distorsionar el mercado y presentar una faz mendaz de él, manteniendo la subactividad y el subempleo y casi el paro encubierto, con una baja productividad  que conducen a salarios y beneficios muy reducidos.    

Ante la carencia de trabajadores para determinadas profesiones, en parte tiene razón la ministra cuando les espeta como solución a los empresarios que suban los salarios; lo que será posible en muchos casos, en aquellos en los que los empresarios obtengan un abultado excedente empresarial suficientemente generoso, puesto que la contrapartida será exclusivamente la obtención de menores beneficios. En otros casos, la única forma de subir los salarios será elevando los precios, y aunque esto último no siempre es posible, en la mayoría de los casos, sí lo es.

Desde luego la solución no puede venir de crear una economía dual, tal como propone Escrivá. Se pretende consolidar unos sectores con salarios tan bajos que expulsarán a los trabajadores españoles. Sectores que se quieren mantener a base de traer emigrantes dispuestos a aceptar las condiciones laborales más desfavorables.

En España existe ya un ejército de reserva (más de tres millones de personas) que tiran hacia abajo las retribuciones de los trabajadores. Con la Unión Europea, ese ejército de reserva se ha ampliado sustancialmente al existir movilidad de la mano de obra y un extenso abanico entre los salarios de los países miembros. Hay Estados como Luxemburgo, Alemania, Austria, Bélgica, Holanda y Dinamarca que están por encima de los 50.000 euros anuales de salario medio; otros como Eslovaquia, Rumania, Polonia y Grecia que no llegan a los 15.000 euros; en medio se encuentran países como España, alrededor de los 26.000 euros.

En un mercado único como el europeo esas diferencias en los salarios no crean demasiados problemas si los países están especializados en producciones diferentes, pero la situación se complica si existe competencia entre ellos por tener outputs similares. Es más, los acuerdos de la Unión Europea con terceros países fuerzan a determinadas economías a mantener en ciertos productos los precios y, por lo tanto, los salarios, salarios tan bajos que no tienen ninguna atracción para los nacionales. Es lo que ocurre en algunas producciones de la agricultura, como la de la fresa, que todos los años se precisa traer temporeros del exterior para recolectarla. Es una situación claramente extraña y poco coherente, pero de una superación difícil mientras permanezcamos en la Unión Europea.

Ahora bien, extender esta solución y generalizarla, tal como quiere hacer Escrivá, no tiene ninguna justificación. Como si no fuese suficiente un ejército de reserva de tres millones de parados, se quiere ampliar a los trabajadores de todo el mundo, dispuestos a aceptar las peores condiciones laborales posibles. No hay nada que impida la subida de salarios en la hostelería o en la construcción, como no sea el deseo de los empresarios de contar con una mano de obra barata y cautiva. En muchos casos la subida de las retribuciones podrá enjugarse reduciendo el excedente empresarial, pero si no, siempre queda el recurso de elevar los precios. De hecho, muchos ya los han elevado. La hostelería y la construcción no están sometidas a ninguna competencia exterior. La manifestación de la ministra de Trabajo tiene toda su lógica, si no encuentran personal, lo que deben hacer es elevar los salarios y mejorar las condiciones de trabajo.

Los planteamientos de Escrivá parecen dictados por la patronal y resultan bastante impresentables cuando existen tres millones de parados. Condenar a que una parte importante de la economía funcione basándose exclusivamente en la baja productividad y en unas condiciones laborales tan deterioradas que la vedan a los trabajadores nacionales no tiene ningún sentido.

Bien es verdad que al ministro de la inclusión social no parece interesarle demasiado el problema del paro. Debe de creer que lo ha solucionado con su ingreso mínimo vital. Es por eso por lo que ha defendido que el problema de las pensiones se soluciona con el retraso en la edad de jubilación, incluso gratificándolo, y con la llegada de emigrantes. Esta estrategia tendría sentido si estuviésemos en una economía de pleno empleo, o con unas tasas de paro fuesen muy reducidas, pero con los datos actuales parece bastante incongruente. Después se extrañarán de que Vox tenga cada vez más votantes.

republica 16-6-2022



PEDRO EL DE LAS MERCEDES

CORRUPCIÓN, GOBIERNO Posted on Lun, junio 06, 2022 21:21:01

“Yo revelo todo mi corazón, amigos míos -atestiguaba Nietzsche por boca de Zaratustra-. Si hubiese Dios, ¿cómo soportaría no serlo? Luego Dios no existe”. Sánchez, aunque sea de forma inconsciente, piensa de la misma manera: si hay rey, ¿cómo soportaría no serlo? Luego delenda est monarchia. La razón de la ofensiva de Sánchez contra la monarquía (ofensiva disimulada, pero no por eso menos agresiva) se encuentra sí en la necesidad de dar gusto a sus socios independentistas, que tienen como uno de sus primeros objetivos destruirla, no tanto como monarquía sino como representación de la unidad del Estado, y atacar al Rey no tanto como rey sino como jefe del Estado.

Pero, también, en un deseo inconsciente frustrado, el de ser rey, pero no rey parlamentario -que necesita para realizar cualquier acto el refrendo del gobierno-, sino absoluto, del Antiguo régimen, de los que aglutinan todos los poderes, tal como los poseía el ahora denostado Juan Carlos I a la muerte de Franco y a los que renunció para transferirlos al pueblo, el español, que según la Constitución es el único soberano. Cuando Sánchez coincide en un mismo acto con el jefe del Estado se nota demasiado su desagrado por tener que ocupar el segundo lugar.

Una noticia no ha tenido quizás la relevancia que merecía, la contestación de la Moncloa al Consejo de Transparencia, acerca del uso del Falcon para asuntos privados o de partido. Han sido tres meses largos de disputas con el Consejo y se han necesitado dos pronunciamientos de la Audiencia Nacional para forzar a Sánchez a reconocer que lo ha empleado para asuntos propios y del partido en infinidad de situaciones. Nunca un presidente de gobierno se ha negado como este a dar información sobre el uso de los medios públicos. Ninguno ha necesitado tantas llamadas de atención por parte del Consejo de Transparencia. Ninguno ha tenido que ser amonestado por la Audiencia Nacional por negarse a facilitar los datos y esconderse detrás de los secretos oficiales.

Con todo, lo más relevante es la argumentación aportada por Moncloa y enviada al Consejo de Transparencia para justificar la utilización de los medios públicos para fines privados: “La condición del presidente del gobierno se ejerce de forma continuada e íntegra durante todo el laxo de tiempo que discurre entre su nombramiento y cese, sin contemplar ningún periodo determinado o determinable en que el jefe del ejecutivo no ostente esa condición”. La contestación no deja de ser sorprendente, ya que parece que se considera la presidencia del gobierno como un cierto manto para cubrir todo lo que se haga y en todo momento, patente de corso, una especie de inviolabilidad para la utilización de los recursos públicos con absoluta discrecionalidad.

Es curioso que ahora que se discute la inviolabilidad del Rey, parece que Sánchez pretende establecerla para la presidencia del gobierno. Con una gran diferencia, en el caso del jefe del Estado la Constitución se la concede después de atarle las manos y establecer que todas sus decisiones sean refrendadas por el Gobierno; de tal manera, que en sentido contrario sus actos son nulos. En nuestra Constitución el jefe del Estado no puede decidir nada por sí mismo. Sus actuaciones se encuentran condicionadas por la voluntad del Gobierno. No puede ir a Cataluña ni a ningún otro sitio si el Ejecutivo no le autoriza; y, piense lo que piense, no ha tenido más remedio, por ejemplo, que firmar los indultos de los condenados por el procés cuando el Gobierno se los ha presentado para su ratificación.

La situación del presidente del Gobierno es totalmente distinta. En un sistema como el español el poder del jefe del Ejecutivo es amplísimo y no necesita para la mayoría de sus decisiones refrendo alguno. De ahí la gravedad de que Sánchez quiera añadirle la irresponsabilidad en el uso de los medios públicos. Quiere ser rey, pero de los de la antigua usanza. Poder acudir en Falcon con su esposa al festival de Benicassim o desplazarse utilizando el mismo medio de transporte por toda España en campaña electoral o en actos de partido, invitar a sus amigos al Palacio de las Marismillas sin dar cuenta a nadie, y sin dar explicaciones marcharse de excursión a Nueva york. En fin, no distinguir entre asuntos particulares y oficiales en la utilización de los medios públicos con el argumento de que él es presidente de gobierno en todo momento haga lo que haga.

No deja de ser curioso que quien se ha negado durante tanto tiempo a dar explicaciones, que quien ha sido amonestado reiteradamente por el Consejo de Transparencia como ninguna otra institución y que quien, creando un precedente gravísimo, ha sido obligado a dar las informaciones que se le reclamaban por la Audiencia Nacional se preocupe tanto por la transparencia de la Casa Real, cuando esta institución, al menos ahora, aparece a la cabeza en todos los rankings en esta materia y además el jefe del Estado debe ser refrendado en todas sus actuaciones por el Gobierno.

Hay asuntos que rayan en lo ridículo, como el hecho de que los ministros y demás acólitos del sanchismo repitan como papagayos la frase ingeniosa del maestro de que el emérito debe dar explicaciones. Lo cierto es que la frase choca con la insistencia en afirmar que ahora es una persona privada, hasta el punto de no poder pernoctar en la Zarzuela, por tratarse de un edificio público, como si no lo fuera el Palacio de las Marismillas y privados los amigos de Sánchez. Juan Carlos ha dado explicaciones, las que podía dar, a través de su abogado, donde las personas privadas las dan, en los tribunales. Aunque en este caso ha sido en la Fiscalía, donde el expediente ha permanecido durante dos años sin llegar siquiera a los jueces. Ya se ha encargado la Fiscalía, bien aleccionada por Lola Delgado, de hacer todo tipo de filtraciones.

En este tema creo que políticos y periodistas han desplegado una buena dosis de hipocresía. Desde que se aprobó la Constitución hasta su abdicación, el anterior jefe del Estado estuvo sometido al refrendo de los distintos gobiernos que respondían por él de sus actos. Es increíble que estos no supiesen nada de las transgresiones o excesos que presuntamente ha cometido el anterior jefe del Estado. Desde el Gobierno de Suárez hasta el de Zapatero, todos en cierta manera han sido responsables. PP y PSOE, PSOE Y PP, no pueden lavarse ahora las manos, y mucho menos rasgarse las vestiduras. Tampoco los independentistas, del PNV y de Convergencia. Algo parecido ocurre con los periodistas.

El sanchismo practica lo del Evangelio. Ven la paja en el ojo ajeno y no ven la viga en el propio. En estos momentos en los que las encuestas les son desfavorables se enrocan en el discurso de la presunta corrupción, la mayoría de casos antiguos, de los demás, pero se olvidan de la suya actual o de la de sus compañeros de viaje. Por ejemplo, el PSC mantiene a Colau en la alcaldía de Barcelona con varias imputaciones.

En cuanto a la corrupción, existe cierta confusión. A menudo solo se considera, o únicamente se le da importancia, a la que comporta el propio provecho y principalmente la malversación en efectivo. Cuántas veces hemos escuchado eso de ”pero ellos no se han enriquecido” Sin embargo, pienso que suele ser bastante peor la corrupción que se comete para favorecer al propio partido que la que el infractor realiza exclusivamente en beneficio propio. Si en ambos casos hay malversación de fondos públicos, en el primer supuesto se ataca además la neutralidad que debe imperar en el juego democrático. Se da ventaja a una formación política por encima de las demás.

Y, para corrupción, la de los amigos de Sánchez, los independentistas, que emplearon en contra del resto de los catalanes gran cantidad de recursos públicos orientados a vulnerar la Constitución y romper el Estado, es decir, a actos delictivos. En el fondo siempre hay enriquecimiento propio, puesto que lo que va al partido o a favorecer la propia opción ideológica termina de una u otra manera beneficiando al autor de la corrupción. Y ¿hay mayor corrupción y enriquecimiento que convertir a un aprendiz de economista incapaz de publicar una tesis sin copiar, en presidente del gobierno a base de cesiones, de comprar con medios públicos, no solo dinerarios sino también políticos, a todos los que pretenden romper el Estado?

A Sánchez habría que llamarle Pedro el de las mercedes por similitud con aquel Enrique II, iniciador de la dinastía Trastámara e hijo bastardo de Alfonso XI, que para llegar al trono y mantenerse en él tuvo que hacer todo tipo de cesiones a los nobles, y que por ello es por lo que la historia lo conoce como Enrique el de las mercedes. Sánchez llegó a la Moncloa y se mantiene en ella a costa de comprar los votos de los enemigos del Estado, pagando un precio muy caro. ¿Hablamos de corrupción?

republico.com 2-6-2022



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