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ARTÍCULOS RECIENTES CONTRAPUNTO

¿QUÉ TIENE QUE HACER UN GOBIERNO CUANDO ALGUIEN VULNERA LA CONSTITUCIÓN?

CATALUÑA, GOBIERNO Posted on Dom, mayo 22, 2022 22:54:42

Hace casi dos años (11-6-2020) en un artículo en este mismo periódico, señalaba el acierto que había tenido Rubalcaba al bautizar con el nombre de Frankenstein al gobierno que Pedro Sánchez acariciaba en 2016, y que motivo que le descabalgasen de la Secretaría General del PSOE, que al final logró formar en 2018 con 85 diputados, para repetirlo en 2020 con 120. La semejanza con el personaje creado en su novela por Mary Shelley es evidente. Construido en la ficción con despojos de distintos individuos, porciones con orígenes plurales y heterogéneos, es deforme y repelente. Pero, es además, al ser contra natura resulta funcionalmente no apto para la vida.

Algo casi idéntico sucede con el Gobierno formado por Sánchez. Se apoya en un conglomerado híbrido de múltiples formaciones políticas totalmente inconexas, la mayoría minoritarias, de aquí y de allá, muchas de ellas con la única pretensión de romper España. ¿Cómo no va ser contra natura que gobierne el Estado quien quiere destruirlo? Pero, también, al igual que el personaje literario, es inhábil funcionalmente. Difícilmente puede cumplir los objetivos que se le asignan a un gobierno. Su historia se reduce a una serie de contradicciones y contrasentidos que sería interminable relatar. Cada uno nuevo que emerge supera a los anteriores. Se van acumulando y complicando la situación.

Últimamente, los despropósitos han surgido alrededor de una noticia sin garantía alguna de veracidad, publicada en un periódico de Canadá, acerca de que se había investigado con el programa Pegasus a una serie de independentistas catalanes. El reportaje habría pasado casi desapercibido si no hubiese sido porque los soberanistas, que en parte lo habían propiciado, no estaban dispuestos a dejar pasar ocasión tan propicia para hacerse, como es su costumbre, las víctimas. Magnificaron el asunto, dando por probado lo que era una mera especulación. Han puesto el grito en el cielo y lo han utilizado para uno de sus objetivos preferidos, la internacionalización, según dicen, del conflicto.

Hemos tenido que ver a Puigdemont, el fugado de la justicia, acompañado por unos cuantos acólitos, con pancartas a la puerta del Parlamento Europeo, quejándose de que les habían espiado, y hemos tenido que aguantar que ese hombre de Estado que es Rufián se mostrase intranquilo y abatido porque lo que, según él, estaba en solfa no era la legislatura, sino el sistema democrático. Y esto lo dice quien es portavoz de un partido que violó todas las leyes democráticas con la finalidad de transgredir la Constitución y que pretendió romper el Estado. Pero todo ello no puede extrañarnos, entra dentro de la conducta a la que nos tienen acostumbrados los independentistas. Lo que no parece normal ni presentable es que un gobierno reaccione tal como lo ha hecho el  de Sánchez.

Cualquier otro gobierno en una situación parecida no se habría dado por enterado mientras la información no estuviese probada. Consideraría la noticia como una más, de la que no se sabe qué parte es invención y qué parte realidad, y que por lo tanto el Gobierno no tiene por qué confirmarla o desmentirla al tratarse, además, de materia de secretos oficiales. En todo caso, mantendría que, verdad o mentira, no tendría nada de raro que aquellos que habían dado un golpe de Estado y afirmaban que volverían a repetirlo fuesen vigilados por el Estado; sostendría que sería totalmente lógico que los que habían tenido contactos con potencias extranjeras, como Rusia, y con un dictador como Putin con la finalidad de conseguir ayuda para romper España, hayan sido investigados por los servicios secretos; y defendería que sería razonable que aquellos que movilizaron las fuerzas antisistema para incendiar toda Cataluña, cometer toda clase de sabotajes, que cortaron con gran violencia carreteras y servicios ferroviarios y que pretendieron apoderarse por la fuerza del aeropuerto de Barcelona fuesen fiscalizados por el CNI.

Pero todo esto sería así, si el Gobierno fuese normal, pero estamos en presencia de un gobierno Frankenstein. Margarita Robles tendría que haber sido consciente de ello, puesto que, desde el primer momento -2016-, se situó al lado de Sánchez frente al Comité Federal, cuando manejaba ya la idea de realizar todas estas alianzas espurias, le acompañó en su hégira de las segundas primarias y ha formado parte desde el principio del Gobierno Frankenstein. Sin embargo, se olvidó de todo ello, cuando en el Congreso se enfrentó muy digna a los nacionalistas, con la siguiente pregunta: ¿Qué tiene que hacer un Estado, un gobierno, cuando alguien vulnera la Constitución, cuando alguien declara la independencia, corta las vías públicas, cuando realiza desórdenes públicos, cuando alguien está teniendo relaciones con dirigentes políticos de un país que está invadiendo Ucrania?

Alguien podría haber respondido: Que ¿Qué tiene que hacer un gobierno? Si es el Frankenstein: indultar a los golpistas, gobernar con ellos, asumir el lenguaje soberanista respecto al espionaje, desplazar al ministro de la presidencia a Barcelona a pedir disculpas y humillarse frente a un miembro de tercera fila del Gobern, convocar una rueda de prensa precipitadamente y por sorpresa para anunciar que el presidente del Gobierno y la ministra de Defensa habían sido espiados hace un año? El hecho de publicitarlo –que resultaba un tanto insólito e incomprensible- adquirió sentido más tarde, al comprender que servía de pretexto para cesar a la directora del CNI y dar así satisfacción a los golpistas.

Qué tiene que hacer un gobierno, se preguntaba Margarita Robles. Pues si ese gobierno es el Frankenstein, parece que forzar a la presidenta del Congreso a que cambie las reglas del juego para constituir la Comisión de Secretos Oficiales e introducir en ella a los independentistas, golpistas y herederos de Batasuna; obligar a comparecer en esta Comisión a la directora del CNI y mostrar todos los expedientes y las correspondientes autorizaciones judiciales; y, por último, cesarla a petición de los golpistas y utilizando la coartada previamente preparada del espionaje al Gobierno.

¿Por último? No es la expresión adecuada, porque parece que los independentistas no van a conformase con lo obtenido hasta ahora y van a seguir chantajeando al Gobierno. Parece que exigen que se desclasifiquen los expedientes referentes a las escuchas y las respectivas autorizaciones judiciales. Pero seguramente lo que no les gustaría es extender la desclasificación al contenido de los pinchazos, ya que se escucharían y se verían muchas cosas que a los secesionistas no les interesaría que se supiesen. No saldrían quizás muy bien parados. Es posible que sea ese mismo motivo el que hace que no estén muy decididos a ir a los tribunales. A lo largo de los procesos saldrían a la luz toda una serie de hechos e informaciones que seguramente les perjudicarían.

Hay quienes piensan que existe aún una baza pendiente en aras de dar satisfacción a los nacionalistas, el cese de Margarita Robles, una vez que haya pasado la asamblea de la OTAN. Las múltiples reiteraciones de la ministra de Defensa acerca de que cuenta totalmente con la confianza de Sánchez tienen muy poco valor y si no que se lo digan a Ábalos, a Calvo o a Iván Redondo. Poco vale que Robles saque a pasear que ha acompañado a Sánchez desde el principio. Lo cual es cierto y también el mayor manchón en su vida política e incluso democrática,  pero es que, además, no les sirvió de nada a los tres citados anteriormente para impedir su cese.

Lo único cierto es que la todavía ministra de Defensa hizo un tremendo papelón en la rueda de prensa en la que comunicó el cese (sustitución lo denominó ridículamente) de Paz Esteban como directora del CNI. Fue todo un espectáculo. Ha decepcionado a muchos que se creían que Robles era distinta de los otros miembros del ejecutivo, lo que constituye sin lugar a dudas un espejismo. Todos participan de la misma culpa, les une el mismo pecado, la pertenencia al Gobierno Frankenstein. Habrá quien se interrogue sobre la causa de que Margarita Robles no haya dimitido. La pregunta no deja de ser ingenua. Quien admite gobernar apoyándose en golpistas, por qué se va a detener con bagatelas como la de participar en este aquelarre de dar satisfacción a los secesionistas con el cese de la directora del CNI.

No se piense, sin embargo, que la sangre va a llegar al rio. Nadie está interesado en romper la baraja. Todo queda en un mero teatro. Estirar la cuerda, pero sin que llegue a romperse. ¿Con qué gobierno van a estar mejor los independentistas? Otegui lo dejó muy claro. Junqueras habló ya de seguir apoyando. Solo exigen que el Gobierno les prometa que no cometerán de nuevo tamaña osadía. La cosa no deja de ser paradójica. Los que afirman que repetirán el golpe de Estado exigen que los servicios secretos y los jueces no vuelvan a vigilarles.

Hasta ahora era evidente que Sánchez gobernaba supeditado al chantaje de un revoltijo de fuerzas políticas de lo más dispar, desde “Teruel existe” hasta ”Bildu”. Tras haberse descubierto el presunto espionaje de que ha sido objeto el presidente del Gobierno, surge una pregunta: ¿no habrá alguien más que se haya apuntado al chantaje? Solo así se explicaría ese acontecimiento de lo más misterioso, el cambio repentino y sin contar con nadie que adoptó Sánchez sobre la posición de España en el tema del Sáhara. ¿Qué tiene que esconder?

Republica.com 19-5-2022



FRANKENSTEIN Y LA POLÍTICA DE LOS BLOQUES

GOBIERNO, PARTIDOS POLÍTICOS Posted on Vie, mayo 13, 2022 11:24:38

Al alcalde de Madrid le parece raro que la Fiscalía solo investigue contratos del PP. ¿Raro?, ¿por qué?, me pregunto yo. Lo extraño  sería que siendo Dolores Delgado la actual Fiscal General del Estado, la Fiscalía investigase los innumerables contratos de Illa o de Ábalos. Y que nadie se engañe, admitir a trámite no quiere decir que los investigue y que no se mueran en un cajón.  ¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso. Así se expresaba Sánchez en televisión cuando prometía traer preso a Puigdemont de vuelta a España. Eso sí que es inverosímil. Ahora se le mantiene con dinero público, viviendo como un marqués en Bélgica, y parece ser que no resulta raro.

Tampoco tiene que sorprendernos que, estando Dolores Delgado de Fiscal General del Estado, la Fiscalía del Tribunal de Cuentas haya rebajado la responsabilidad contable de los condenados por el procés de los 9 millones de euros que había fijado la instructora del caso a 3,2 millones. Ni siquiera nos debe chocar que la nueva sala de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas haya estimado contra todo sentido común que la Hacienda Pública podía avalar ante la justicia a quienes responden por delitos de malversación contra esa misma Hacienda Pública. Para eso se han cambiado los consejeros.

Almeida no debe considerar absurdo que, aun cuando de momento no hay nada que recriminarle judicialmente, el PSOE intente montar una moción de censura y, sin embargo, no deje caer a la alcaldesa de Barcelona que está imputada por corrupción y que depende solo del PSC (PSOE) el que se mantenga en el cargo

Igualmente, no nos tiene que resultar insólito que en el Consejo de Ministros se siente alguien que participó, aunque fuese simplemente votando, en el golpe de Estado en el que se pretendió partir España. Y hablo de golpe de Estado porque (independientemente de cuál sea la calificación penal: rebeldía o sedición) es un concepto de teoría política que se ajusta como una definición de manual a lo que cometieron los independentistas en Cataluña. Tampoco debería ser motivo de asombro el hecho de que los que dieron el golpe sean hoy socios del Gobierno de España. Más aún, que esos mismos continúen impertérritos afirmando que volverán a repetirlo en cuanto tengan ocasión y mientras tanto, se esfuercen de forma ostentosa por dar la impresión, en todo aquello que puedan, de que son un Estado independiente y de que a ellos no les afectan ni los tribunales ni las leyes de España.

¿Por qué extrañarnos de que no ocurra absolutamente nada cuando un gobierno autonómico se declara en rebeldía y manifiesta que no va a cumplir las sentencias de los tribunales, negándose a introducir el castellano en las escuelas catalanas? En Alemania ven como lógico que el canciller Olaf Scholz se niegue a ir a Ucrania después del veto que en ese país han impuesto al presidente de la República, Frank-Walter Steinmeier. En España, sin embargo, vemos normal lo contrario, y no tenemos por qué admirarnos de que el gobierno de Cataluña haga feos continuos al jefe del Estado de España y, sin embargo, el presidente del Ejecutivo se ayunte con ellos cada poco.

Después de mayo de 2018, fecha en la que Sánchez pactó con todas las formaciones defensoras del derecho de autodeterminación y, por tanto, con muchas de ellas que esperan una nueva oportunidad para intentar romper el Estado, todo es posible y nada debe sorprendernos. La fuerza de Sánchez, lo que le ha permitido gobernar, primero solo con ochenta diputados y después con 120, se encuentra en estar dispuesto a pactar con cualquier formación política, defienda lo que defienda. Por eso, ante la propuesta de Núñez Feijóo de que gobierne el partido más votado, plantea la alternativa de los bloques.

En una entrevista en Antena Tres, Sánchez plantea la gobernabilidad del país como una disyuntiva. O bien el PP con la ultraderecha o bien el centro-izquierda, materializado por el PSOE, y lo que representa el espacio de Yolanda Díaz. Todo ello dicho en tono episcopal, con toda la intención, y como siempre con falacias y retorciendo la verdad. En un lado coloca al PP y a Vox, pero no denominándolo por su nombre, sino designándole como la ultra derecha; en el otro, sitúa lo que se apresura a llamar centro-izquierda, acentuando lo de centro. Pero más significativo es el desglose que realiza: partido socialista y lo que “representa el espacio de Yolanda Díaz”.

Evita nombrar a Podemos y en su lugar cita a la ministra de Trabajo quien, según dicen, tiene mejor prensa. En realidad, hoy por hoy Yolanda Díaz no tiene ningún espacio. Queda todo por definir, y lo poco intuido más que sabido: Colau, Oltra o Más Madrid; no pinta bien ni se sale de la órbita de los que defienden el derecho de autodeterminación. Pero lo principal es lo que Sánchez ha ocultado. Él no ha llegado a la Moncloa, tanto en 2018 como en 2020, únicamente con los votos del PSOE y Podemos. Ha necesitado de los que ya habían dado un golpe de Estado y de todas las fuerzas centrífugas que pretenden de una u otra manera romper el Estado o, al menos, colocan sus objetivos en beneficiar a una provincia o región en contra de las restantes: gobierno Frankenstein.

Esta es la diferencia entre unas alianzas y otras. Mientras el pacto se realiza entre partidos nacionales se hace en función de la ideología de cada uno de ellos y se supone que en proporción a los resultados electorales. Cuando entran en juego, sin embargo, formaciones nacionalistas o regionalistas, el acuerdo se convierte en una subasta, pletórico de concesiones del gobierno central y de privilegios hacia los territorios que representa cada partido. En ocasiones, el tema es más grave porque implica entrar en el juego del independentismo y claudicar en temas de suma importancia.

Núñez Feijóo, ante los continuos ataques sanchistas acerca de sus previsibles pactos con Vox, ha planteado al presidente del Gobierno llegar al acuerdo de que gobierne el partido más votado. Como artificio retórico está bien y le puede servir al PP para neutralizar la ofensiva de Sánchez, pero como solución carece de consistencia. Nuestro sistema ni es presidencialista ni es mayoritario. No se elige al presidente, sino a los diputados, por lo que la propuesta planteada es totalmente ajena a nuestra práctica política.

Importarlo de otros sistemas foráneos y de características muy distintas al nuestro puede producir distorsiones y acarrear múltiples problemas, por ejemplo, la existencia de un gobierno sin respaldo parlamentario, con lo que muy probablemente se produciría una parálisis total de la política. Además, quién podría asegurar que no se acabaría produciendo una moción de censura nada más haberse celebrado la investidura. Sin cambiar totalmente el sistema, hay que tener cuidado con hacer innovaciones que solo van a ser un parche en el existente. El tiro puede salir por la culata, tal como ha ocurrido con las primarias, cuyos efectos han sido nocivos, tan nocivos como para facilitar que Sánchez llegase a secretario general del PSOE.

El sistema de bloques defendido por el presidente del gobierno tiene una enorme falla. Que uno de estos bloques para llegar al poder está dispuesto a juntase con cualquiera. El resultado puede ser y es que terminen gobernando el Estado quienes conspiran contra él y pretenden romperlo. Es lógico, por tanto, que los independentistas estén enormemente crecidos. Piensan, y no les falta razón, que el gobierno está en sus manos. Se sienten con el derecho de montar continuos numeritos victimistas.

Últimamente los soberanistas catalanes se han sentido muy ofendidos porque dicen que les han expiado. Se extrañan de ello, y es que no asumen el hecho de que han dado un golpe de Estado y de que, lo que aún es peor, afirman continuamente que piensan repetirlo. Ante la amenaza de un nuevo golpe de Estado, lo menos que se puede hacer es vigilarles. La finalidad del CNI es, por supuesto, defender al Estado de los ataques exteriores, pero se supone que también de los interiores, de aquellos que pretenden quebrar la integridad del Estado.

¿Alguien se extrañaría de que el CNI hubiese expiado a Tejero y en general a aquellos militares que proyectasen repetir el golpe de Estado? Pere Aragonés, quejándose de que le hubiesen expiado, se preguntaba: “¿Es un indicio de alguna actividad criminal que defienda mis ideas, como la independencia, con métodos democráticos?”. Ese es el problema, que intentaron imponerlo por la fuerza y por procedimientos no democráticos, y que además continúan proclamando que volverán a repetirlo. Eso sí es una actividad criminal o, al menos, una amenaza de ella.

En los momentos presentes, el factor que desequilibra todo el sistema político español es la deserción del PSOE de las filas constitucionalistas. El panorama no es halagüeño, porque mientras el actual presidente del gobierno esté al frente del partido socialista, el cambio no es posible; pero hay muchas dudas de que lo pueda ser una vez que haya desaparecido. Sánchez ha hecho este PSOE a su imagen y semejanza. Me temo que su impronta se va a perpetuar durante mucho tiempo.

republica.com 28-4-2022



QUE PUTIN NO NOS HUNDA LA ECONOMÍA

ECONOMÍA, GOBIERNO, PSOE Posted on Jue, mayo 12, 2022 21:50:20

“No vamos a permitir, señoras y señores, que la guerra trueque esa evolución positiva de la economía española en nuestro país”. Así se explicaba Sánchez al presentar su “Plan de choque de respuesta a la guerra”. Lo hacía en ese foro en el que se siente tan a gusto, el del mundo empresarial y el del IBEX, y al que suele acudir a presentar sus proyectos y leyes, con anterioridad a exponerlo en el Parlamento, o a la oposición, incluso, a sus socios de gobierno y de coalición. Lo propio de un régimen autocrático. El caudillo no debe tener ninguna limitación. Solo aplausos y aquiescencia. Y para eso están siempre dispuestos los clientes agradecidos. La oposición estorba.

Sánchez es especialista en esconderse tras cualquier cosa con tal de echar culpas fuera. Ahora es Putin. Titula su plan de choque (de choque tiene poco) “de repuesta a la guerra”. Quiere dar la imagen de que la economía iba como un cañón con anterioridad a la invasión de Ucrania. “Una economía que había empezado a crecer de forma robusta y que está creando empleo de manera también robusta, en niveles históricos”. Todo muy robusto y que no falte la coletilla de “niveles históricos”.

“El año 2021 se cerró, como he dicho antes -continúa hablando Sánchez-, con un crecimiento del 5,1% del PIB, el mayor en dos décadas”. La afirmación no es errónea, pero el latiguillo final colocado con toda la intención puede inducir a confusión. Desde la Moncloa se hace esta triquiñuela de forma habitual y lo malo es que los medios de comunicación suelen repetirla. Es cierto que hay que remontarse veinte años atrás para encontrar un dato parecido, pero eso no constituye ningún éxito, ni la tasa representa nada excepcional al estar calculada sobre una base anormalmente baja, el PIB del año de 2020, tras ese derrumbe del 10,8%. Ante el titular, muchos ciudadanos se quedan en la creencia de estar en presencia de un buen dato, cuando constituye un incremento realmente pobre respecto al que cabía esperar, y que nos pone a la cola de todos los países europeos en el proceso de recuperación.

Lo verdaderamente ilustrativo es comparar el PIB de 2021 con el de 2019. La tasa es del 6,3% negativa. Es decir, el año pasado terminó con un PIB un 6,3% inferior al de 2019, lo que crea graves incertidumbres acerca de en qué año nuestro nivel de renta alcanzará el que teníamos antes de comenzar la crisis sanitaria, y desmiente radicalmente las palabras de Sánchez: “Estamos a punto de recuperar en tan solo dos años el PIB anterior a la pandemia”. La realidad es que nos encontramos muy lejos de ello y, además, a la cola de todos los países europeos. Muchos de ellos ya lo han conseguido.

En cuanto a los datos de nivel de empleo, variable a la que con más fuerza se agarra el Gobierno para mostrarse optimista, hay que interpretarlos adecuadamente. No deben separarse del número de trabajadores en ERTE y del de autónomos en cese de actividad, a los que no se puede considerar empleados aun cuando continúen afiliados a la Seguridad Social. Buena prueba de ello es el hecho de que las prestaciones que perciben se realizan con cargo al seguro de desempleo. Por otra parte, una evolución más positiva del empleo respecto al PIB solo indica que la productividad está descendiendo. Es por eso por lo que a las cifras que hay que acudir, y que son las realmente significativas, son las estadísticas de horas trabajadas.

Sumamente revelador es comparar las realizaciones con lo que el Gobierno, en la elaboración de los presupuestos, en octubre de 2020, esperaba lograr, que situaba como objetivos para 2021. El Gobierno presentó dos escenarios macroeconómicos. El primero es el que llamó tendencial, esto es, el que se conjeturaba que se produciría de acuerdo con las condiciones normales de la economía sin medidas adicionales de política económica. El segundo es el que teóricamente se iba a alcanzar mediante la actuación del Gobierno y la aplicación de recursos públicos, especialmente los derivados del fondo de recuperación europea, en el que Sánchez puso todas sus esperanzas.

El crecimiento del PIB previsto en este segundo escenario -y se supone que sobre el que estarían basando las cifras presupuestarias- era del 9,8%, es decir, nada menos que 4,7 puntos de diferencia sobre la tasa real que al final se ha conseguido, 5,1%, tasa que está por debajo (2,1 puntos menos) incluso de la que se preveía en el escenario tendencial (7.2%). Pero es que, además, ya casi al final del año, en el mes de octubre, en la presentación de los presupuestos de 2022, el Gobierno, en contra de las previsiones de todos los otros organismos, continuaba apostando, tal vez por voluntarismo, ignorancia o con mayor probabilidad por el afán de ocultar la realidad, a un crecimiento del 6,5%, es decir, 1,4 puntos por encima del que realmente ha sido.

Sería de suponer que una tasa real tan alejada de los objetivos que el Ejecutivo se había fijado, le llevaría a tomar una postura más bien humilde de aceptación del fracaso; también que daría una explicación de sus posibles causas y expondría la forma de superar los problemas de cara al futuro. Pero la actitud adoptada ha sido muy diferente. No dejan de hablar de crecimiento robusto. El presidente del Gobierno, la ministra de Economía, todos siguen la consigna, expansión robusta. La ministra de Hacienda no podía ser menos. Antes muerta que sencilla. También ella ha recurrido a la robustez de la economía para explicar la contención del déficit. La explicación, sin embargo, es otra muy distinta.

El déficit de 2021 (6,7% del PIB), aunque menor al esperado, no es como para lanzar fuegos artificiales, y desde luego está lejos de merecer ese tono triunfalista adoptado por la doctora ministra en su presentación. Acude a la misma táctica de siempre y que después copian los medios con titulares llamativos, el cotejo con los datos de 2020 (10,08%). Alardea de que es 4,1 puntos menor y un 38% más bajo, una disminución única, dice, en la serie histórica. Para el sanchismo todo es histórico. Siempre estamos en lo mismo, en la comparación con el año 2020, que fue totalmente anormal. Solo faltaba que mantuviésemos el mismo PIB, el mismo número de parados y el mismo déficit que el de ese año.

Lo que sí es verdad es que los datos facilitados por María Jesús Montero han desmentido las expectativas agoreras de todos aquellos que, desde los medios de comunicación, pronosticaban que, dado que los presupuestos se habían elaborado sobre un cuadro económico inflado, la recaudación sería inferior a la prevista y el déficit, por tanto, mayor. El razonamiento seria impecable a no ser porque no tenían en cuenta que interviene otro factor en el juego, la inflación. La inflación cuenta y mucho con respecto a las finanzas públicas. Existe una correlación entre los ingresos públicos y el PIB, pero el PIB nominal, en precios corrientes, incluyendo el nivel de precios.

Atendiendo únicamente a la parte real del crecimiento, PIB en precios constantes, la recaudación en 2021 tendría efectivamente que haber sido inferior a la prevista en los presupuestos, ya que el nivel de la actividad económica se mantuvo también por debajo de lo pronosticado, pero como la inflación ha alcanzado cotas muy superiores a las anunciadas, se ha compensado con creces el anterior desfase. El ejercicio se ha cerrado con un deflactor del PIB de 2,3 puntos por encima del que aparecía en el presupuesto y el índice de precios al consumo ha seguido una senda constante de crecimiento desde el 0% a principios de año hasta el 6,5% en diciembre. Ha sido la inflación la causante de la subida de la recaudación y de que el déficit no fuese mayor.

La ministra de Hacienda o bien es que no entiende nada de todo esto (lo cual es muy posible), o es que está dispuesta a mentir todo lo que sea necesario a mayor gloria del jefe (lo que es aún más probable). Insistió en la rueda de prensa en que el buen comportamiento de la recaudación y del déficit se debe a la expansión “potente” de la economía, lo que es falso porque, como ya hemos visto, el PIB creció mucho menos de lo previsto. Resulta evidente que el Gobierno ha visto en la subida de los precios un instrumento ideal para nivelar y con creces ese mayor déficit que se hubiera producido al ser la recuperación económica muy inferior a la anunciada.

A estas alturas de la película, parece que todo el mundo debería ser consciente de que la inflación incide positivamente en la cuantía de la recaudación, por lo que carecen de todo sentido las múltiples posturas farisaicas, anunciando todo tipo de males y catástrofes por indexar las pensiones al IPC. Se olvidan de que, si el gasto en pensiones sube con la inflación, en mayor medida lo hacen los ingresos del Estado, ya que estos tienen una elasticidad con respecto al PIB superior a la unidad.

Es curioso que aquellos que se oponen a que las pensiones se actualicen por el IPC sean los mismos que después insisten una y otra vez en denominar a la inflación el impuesto de los pobres, porque es precisamente en este ámbito donde, si las prestaciones no se regularizan, se hace cierta tal definición. Los jubilados verían gravadas sus remuneraciones por un importe equivalente a la subida de los precios y el Estado recaudaría una cantidad extra equivalente.

El problema solo aparece cuando el Gobierno pretende utilizar ese exceso de recaudación generada por la inflación a otros menesteres como puede ser, en los momentos actuales, para compensar el déficit de ingresos causado por el menor crecimiento de la economía. Es por ese motivo y mirando al futuro por lo que Sanchez ha sido tan reacio a combatir las subidas de los precios de las distintas clases de energía, bajando los impuestos correspondientes que gravan esos productos y renunciando al menos a la recaudación extraordinaria derivada de esta clase de tributación.

Lo que se entiende menos es que cuando al fin se ha visto obligado a hacer una pequeña concesión, como la de bonificar con veinte céntimos el litro de carburante, lo haya instrumentado como una especie de subvención, con una gran complicación administrativa y no, como sería más sencillo, como una simple bajada de impuestos. Sea cual sea la razón, lo que ha ocurrido es que debido a la incompetencia y falta de experiencia administrativa de este Ejecutivo y de sus cargos de confianza se ha generado un desbarajuste muy considerable, y si no que se lo digan a las gasolineras. De nuevo, al igual que con el ingreso mínimo vital se ha embarrado a la Agencia Tributaria en tareas que no le corresponden y la alejan de su auténtico objetivo, el control fiscal y la persecución del fraude. Bien es verdad que, si una galena puede hacer de ministra de Hacienda, por qué la Agencia tributaria no va a poder dedicarse al negocio de la gasolina.

Sánchez nos quiere hacer ver que las dificultades económicas han surgido con Putin, hasta el extremo de que su plan de choque contra la crisis económica lo ha tildado de respuesta a la guerra, pero ello resulta difícil de creer cuando, como hemos visto más arriba, antes del conflicto bélico e incluso antes de que este se vislumbrase el hundimiento de la economía española había sido el más pronunciado de todos los países de la Unión Europea y de la OCDE, y el ritmo de recuperación el más bajo, de manera que nuestra economía es la que más se aleja de los niveles de 2019. A su vez, la inflación ha venido aumentándose a lo largo de todo 2021, hasta alcanzar en diciembre, mucho antes de que las tropas rusas invadiesen Ucrania, el 6,5%.

Sin duda, la guerra ha agravado la situación económica de toda la Unión Europea, especialmente disparando la inflación, pero alguien tendría que contestar a la pregunta de por qué nuestro país, siendo de los que se encuentran más alejados de Ucrania y de los que teóricamente tienen menor dependencia energética de Rusia, es uno de los que presentan mayores incrementos de precios. En el mes de marzo la tasa de inflación armonizada de España asciende a 9,8%, 2,3 puntos por encima de la media de la Unión Europea (7,5%). Tan solo Lituania, Estonia, Países Bajos y Letonia han sufrido mayores incrementos. Sin embargo, otros, y más representativos para nuestra economía, como Alemania, Italia, Portugal y Francia, etc., presentan respectivamente tasas mucho más reducidas (7,6%, 7%, 5,5% y 5,1%,).

Este fenómeno tiene especial gravedad, ya que el diferencial de precios con los otros países y la correspondiente pérdida de competitividad estuvieron en el origen de las crisis económicas que sufrió España en los principios de los noventa y en 2008. De la primera se salió con cuatro devaluaciones; en la segunda, al no poder devaluar por encontrarnos ya en la Unión Monetaria, la sociedad tuvo que sufrir una depreciación interior de precios y salarios con graves consecuencias sociales. Esperemos que no tengamos que enfrentarnos muy pronto de nuevo con una crisis de estas características.

Republica.com 7-4-2022



 VOX Y EL GOBIERNO DE CASTILLA Y LEÓN

GOBIERNO, PARTIDOS POLÍTICOS Posted on Jue, mayo 12, 2022 21:13:46

Las noticias se desplazan unas a otras con gran rapidez. Hace algunas semanas toda la actualidad giraba alrededor de las elecciones de Castilla y León, en especial todo el mundo se posicionaba acerca del gobierno que se debía o no se debía formar. Esta información quedó temporalmente sustituida por la crisis del PP que, a su vez, pasó a un segundo término por la guerra de Ucrania. Pero aparezca o no en la primera página, la cuestión está ahí y continúan las mismas falacias con las que se ha querido plantear el problema en todas las circunstancias; desde luego, así fue en Andalucía en diciembre de 2018, cuando se pretendía deslegitimar la victoria del PP y cualquier acuerdo con Vox.

Creo que no es preciso afirmar que ideológicamente estoy en las antípodas de esta formación política. Es más, personalmente sus líderes no me caen especialmente simpáticos, derrochan chulería; pero eso no es razón suficiente para distorsionar la verdad, asumir sofismas o prestar sumisión incondicional a aquellos que consideramos más cerca de nuestras posiciones. En política no vale todo. En realidad, será difícil decir algo nuevo de lo que mantuve con ocasión de las elecciones andaluzas, en los artículos del 12-12-2018 y del 17-1-2019, escritos en estas páginas digitales. Pero, dado que estos días se va a constituir el nuevo gobierno y que se reiteran las mismas falacias, será preciso repetir también los argumentos tendentes a desmantelarlas.

Los resultados obtenidos en Castilla y León solo señalaban dos posibles soluciones. La primera era el entendimiento entre dos partidos mayoritarios, la gran coalición, fórmula que resulta prácticamente imposible (no solo aquí, sino en cualquier otra Autonomía, y no digamos en el Gobierno central), después de que Sánchez escogiese rechazar radicalmente la invitación de Rajoy y optar por el acuerdo con golpistas y herederos de terroristas, razón por la que fue despojado del cargo de secretario general por el Comité Federal de su partido. Su vuelta, al triunfar en unas segundas primarias, produjo una transformación radical del PSOE, pero también de todo el espectro constitucional de España.

La segunda solución, concretamente en Castilla y León, sólo puede provenir de la alianza de las fuerzas a la derecha del PSOE; de manera que trazar un cordón sanitario alrededor de Vox es, amén de injusto y poco democrático, condenar a los ciudadanos castellano-leoneses a unas nuevas elecciones hasta que el PSOE y sus acólitos consiguieran sacar mayoría suficiente.

Pero es que, además, ¿qué sucede con Vox ?, ¿cuál es la razón para que se le tenga que considerar un partido apestado? Todo es un cúmulo de despropósitos. Reprocharle que sea la extrema derecha carece de todo sentido, porque si el arco político se ordena de izquierda a derecha (aunque esta taxonomía cada vez tiene menos consistencia), alguna formación tiene que ocupar el extremo derecho como otra tiene que ocupar el extremo izquierdo. Tal hecho no puede tener ninguna connotación ni negativa ni positiva. Por otra parte, en esa ordenación nunca se tiene en cuenta a los nacionalistas. Durante mucho tiempo he venido reiterando que CiU era el partido más conservador de España.

Tampoco tiene sentido tildar a Vox de formación anti constitucional. El simple hecho de no estar de acuerdo con algunos aspectos de la Carta Magna, por muy importantes que se estimen estos, no es razón para considerar a alguien acreedor a este improperio, siempre que cualquier cambio que plantee sea por la vía legal y siguiendo los procedimientos previstos en la propia Constitución.

El calificativo de anti constitucional debería reservarse para aquellas formaciones que quieren romper la Carta Magna, por la fuerza o al menos por mecanismos ilegales. En ese sentido, sin duda son los independentistas catalanes los que merecerían esa denominación, no tanto por independentistas como por golpistas y por comportarse todos los días como si el golpe hubiera triunfado. De momento, Vox no ha intentado dar ningún golpe de Estado, ni se ha caracterizado por emplear la violencia. Hay que decir más bien que a menudo la ha sufrido.

Se puede estar de acuerdo o en contra de sus planteamientos, pero no parece que ninguno de ellos ataque de forma clara la Constitución. Critican, sí, el Estado de las Autonomías, pero somos muchos los españoles que hasta cierto punto opinamos lo mismo. Incluso desde mucho antes de que existiese Vox. El hecho de considerar que fue un error establecerlo no implica que se piense que es posible modificar -por lo menos a corto y a medio plazo- la estructura territorial establecida en la Constitución. Hay demasiados intereses políticos en juego. Otra cosa es intentar que el proceso de centrifugación se modere o incluso que en algunos aspectos pueda invertirse.

Nadie puede pretender que en asuntos tales como los del feminismo, en los de memoria histórica o democrática, en los de  LGTBI, en los ecológicos o en los derivados de la emigración no quepa ninguna discusión o discrepancia. Todos estos temas no pueden configurarse como un dogma inamovible e incuestionable. La discusión está instalada en la propia sociedad y prohibirla por decreto sería asumir lo que se ha llamado con razón la dictadura de lo políticamente correcto, con efectos negativos para la democracia, pero también para la cohesión social. En otros tiempos decíamos eso de que “dictaduras, ni las del proletariado”. Cercenar las salidas naturales suele conducir a distorsiones y posibles conflictos. No deja de ser paradójico que el cisma se haya situado dentro del ámbito del propio campo del feminismo. A favor o en contra de la teoría queer.

Sin duda, hay temas a mi entender mucho más reprochables en el ideario de Vox: su fundamentalismo religioso y su postura regresiva en materia fiscal. Pero, paradójicamente, son esos temas los que menos separan a Vox del PP, e incluso, si se me apura, del PSOE. Si el fundamentalismo de uno o de otro signo fuese un obstáculo para actuar en política, pocos serían los partidos que permanecerían en la cancha. Y qué decir en cuanto a los impuestos. A lo largo de estos más de treinta años los gobiernos del PP y del PSOE han competido para ver quiénes aprobaban las medidas más regresivas en materia fiscal. No fue Vox el partido que suprimió el impuesto de patrimonio o defendió el tipo único sobre el de la renta, o fraccionó la tarifa del IRPF.

Resulta curioso escuchar a los sanchistas referirse a Vox como si  hubiese surgido de la nada o caído del cielo –bueno, más bien del infierno-, una formación política totalmente nueva. Este relato, como casi todos los de Sánchez, no se adecua a la realidad y está construido artificialmente según sus conveniencias. Vox, como ninguna otra formación política, surge de una escisión, la que experimenta el PP. Los que hoy están fuera, ayer estaban dentro, y para bien o para mal, las ideas que ahora mantienen no son muy distintas de las que defendían anteriormente. ¿A qué viene entonces santiguarse o rasgarse las vestiduras?

Quizás simplemente se han radicalizado. Por una parte, es la respuesta al cambio sufrido por los nacionalistas transmutándose en independentistas golpistas y a lo que consideran respuestas endebles de los partidos nacionales; y, por otra, la reacción quizás desorbitada y en cierta forma defensiva a los intentos de imposición dictatorial de lo políticamente correcto. Nadie puede escandalizarse por los posibles pactos entre el PP y Vox. Entran dentro de la lógica y no implican ninguna unión espuria. Todo lo contrario, sin embargo, ocurre con el Gobierno Frankenstein. La alianza del PSOE con los golpistas catalanes o con los independentistas vascos constituye un amancebamiento contra natura. Así lo entendió el núcleo duro del PSOE, el Comité Federal, obligando a dimitir a Sánchez en 2016 de la Secretaría General.

Sean cuales sean los reproches que puedan dedicarse a Vox, no es precisamente Sánchez quien esté legitimado para realizarlos. Con qué cinismo puede hablar de xenofobia cuando en la noche de los cuchillos largos, a las puertas de Ferraz, era Quim Torra el que, entre la multitud, le aclamaba como héroe en contra de toda la nomenclatura socialista.

Y cómo puede intentar descalificar a Abascal relacionándole con Putin, si en España parece ser que los únicos que se han ayuntado con el mandatario ruso han sido los golpistas catalanes, los mismos que han llevado al gobierno a Sánchez. Y en Europa, para vergüenza de todos, la guerra ha hecho saltar como las ratas de un barco a los ex primeros ministros de múltiples países, recorriendo todas las ideologías, que han debido dimitir de los consejos de administración y de los puestos de alta dirección de las principales multinacionales rusas. A la cabeza de todos ellos, Schröder, el gran amigo personal y lobista del mandatario ruso, insertado, entre otros puestos, en la estructura directiva de Gazprom. Parece que hasta ahora se negaba a dimitir. Schröder no proviene precisamente de Vox, ni siquiera de ninguno de los partidos europeos con los que Sánchez acostumbra a emparentar a esta formación política, sino del SPD, de la familia socialdemócrata de la que últimamente el presidente español hace gala. Fue el canciller que precedió a Merkel.

Cuando algún periodista pone a Sánchez ante la contradicción (pocos, porque él sólo habla a los medios de comunicación amigos) de que se atreve a recriminar al PP sus pactos con Vox, cuando sus alianzas para mantenerse en el gobierno son mucho peores, la contestación de Sánchez consiste en señalar a Europa. Es una forma de echar balones fuera. Pretende dar la imagen de que la Unión Europea es un todo monolítico. Nada menos real.

La UE es plural en los países y las diferencias se mantienen dentro de las grandes familias. Cada partido político nacional tiene sus intereses y sus conveniencias. No es verdad que exista unanimidad a la hora de boicotear a eso que llaman ultraderecha que, además, también es distinta en cada Estado. En los gobiernos regionales se ha llegado en muchas ocasiones a pactos e incluso esas alianzas se han alcanzado a nivel nacional. Sánchez cita a menudo a Salvini. Debía recordar que Salvini fue ministro del Interior del Gobierno italiano.

Nuestros políticos son proclives a escudarse en Europa o a ir a trapichear a Bruselas para que les ayuden en sus luchas nacionales partidistas. Sánchez se valió de su condición de presidente de gobierno para malmeter con Macron en contra de Ciudadanos a efectos de conseguir que esta formación política no participase en gobiernos regionales con el PP, si necesitaban los votos de Vox. Parece ser que Casado, quizás llevado por cierto resentimiento, ha conspirado en el partido popular europeo en contra de un posible acuerdo de PP y Vox en Castilla y León, azuzando a un personaje un tanto estrambótico, Donald Tusk, que ya tuvo una intervención tendenciosa y estrafalaria con ocasión del procés. Y ahora ha repetido la incongruencia de meterse donde nadie le ha llamado, como si no tuviesen suficientes problemas en Polonia.

Los datos en Castilla y León no han dejado mucho lugar para las dudas. Como se suele decir, el pueblo ha hablado. La derrota del PSOE, y en general de lo que llaman la izquierda, es muy clara y significativa. El Gobierno ha intentado ocultarlo detrás de ese discurso un tanto ficticio de anatematizar a Vox. Es evidente que muchos castellano-leoneses no han tenido reparo alguno en votar a esa formación política. La táctica del miedo no ha dado buenos resultados, como no los dio el doberman con Aznar. Yo, en su lugar, me preguntaría por la causa de la derrota y en especial si no se pueden repetir los resultados en otras Comunidades Autónomas, todas aquellas en las que no cuenta con partidos nacionalistas o regionalistas, que puedan sacarle las castañas del fuego.  Es más, yo me cuestionaría si no es precisamente el maridaje con estas formaciones una de las principales causas de que pierdan apoyo electoral en las otras regiones.

republica 24-3-2022



TRAS LA PANDEMIA, LA GUERRA COMO COARTADA

ECONOMÍA, GOBIERNO Posted on Jue, mayo 12, 2022 21:06:54

En mi libro, publicado hace casi dos años en El Viejo Topo y titulado “Una historia insólita”, la historia de la gestación del Gobierno Frankenstein, terminaba el relato en la sesión de investidura de Sánchez. No obstante, cuando el libro salió a la calle había hecho ya su aparición con toda su gravedad la epidemia, por lo que creí conveniente añadir un epílogo, en el que se analizaba la situación entonces presente de la economía y me preguntaba por las expectativas de futuro.

Al declararse la crisis sanitaria, hacía poco más de un mes que se había constituido el Ejecutivo; sin embargo, no se podía decir lo mismo de Sánchez, que llevaba ya casi dos años de presidente del Gobierno, con un saldo no precisamente positivo. A esas alturas aún no había conseguido aprobar un presupuesto propio, y 2019 se había cerrado con un déficit desbordado y que había merecido ya una corrección de Eurostat.

La actividad económica había entrado en un claro proceso de desaceleración. El descenso en el número de parados disminuía y todo parecía indicar que podía cambiar de signo. Las características populistas del nuevo Gobierno anunciaban un fuerte incremento del gasto público, sin que, por otra parte, Sánchez se mostrase dispuesto a enfrentarse con una nueva reforma fiscal, consciente de que todo incremento de gravamen sería impopular. Se vislumbraban, por tanto, graves desequilibrios en las finanzas públicas con los consiguientes incrementos en el stock de deuda pública. Todo ello no pronosticaba un panorama de futuro demasiado favorable.

En el mes de marzo se hace oficial la crisis sanitaria y se adueña de toda la actualidad. Se anunciaban ya densos nubarrones en la realidad económica, con resultados probablemente muy negativos. Pero la duda que me planteaba yo en ese epílogo era si no se iban a imputar también a la pandemia los efectos que proviniesen de la incompetencia y la mala gestión del Gobierno, mezclando todo sin discriminación, y que le sirviesen de coartada.

Dos años después, parece que todo ello se ha cumplido y que el Gobierno se ha escondido detrás de la pandemia para justificar sus muchos errores y su ineptitud. Pienso que es innecesario insistir en ello. La crisis sanitaria ha tapado todo y, en cualquier caso, se ha construido un relato que no se corresponde con la realidad. El Gobierno ha disimulado el paro detrás de los ERTE y de los autónomos en cese de actividad y ha presentado tasas malas o mediocres de crecimiento ofreciéndolas como buenas, silenciando que las comparaciones se estaban haciendo con los momentos más bajos de la serie, por lo que los incrementos no tenían la significación que se les pretendía dar.

A lo largo de todo este tiempo el Gobierno se ha dedicado a facilitar unas previsiones de crecimiento contrarias y superiores a las que ofrecían todos los organismos nacionales e internacionales, empeñándose en describir unas perspectivas muy positivas y halagüeñas, mayores que las que se predicaban de otros países. Han intentado por todos los medios mantener este relato falaz, pero la situación resulta ya insostenible. Es imposible ocultar que la economía se desplomó en 2020 más que ninguna otra de la Unión y el doble (10,8%) que la media.

A su vez, el dato provisional de 2021, (5,2%), facilitado por el INE, tira por los suelos todas las perspectivas quiméricas. Deja al descubierto que al principio de 2022 la renta nacional es un 6% inferior que la existente a finales de 2019, lo que coloca a nuestro país a la cola de todos los países de Europa y de la OCDE a la hora de recobrar el nivel de actividad económica que tenía antes de la pandemia. Todas las previsiones apuntan a que, como mínimo hasta 2023, España, a diferencia de los otros países europeos, no recuperará dicho nivel.

Y he aquí que hace dos semanas, Rusia ha invadido Ucrania. Todo hace prever que la economía mundial, y más concretamente la europea, va a recibir un fuerte golpe, pero paradójicamente una vez más da también la impresión de que las tragedias se vuelven a colocar delante de Sánchez para que puedan servir de cortina de humo con la que esconder sus errores y de excusa para explicar los resultados negativos de sus decisiones. El Gobierno sanchista se está situando detrás de la guerra de Ucrania, al igual que durante los dos años anteriores lo hizo tras la pandemia, y pretende aplicar también las mismas tácticas, repartir las responsabilidades cuando las cosas van mal. Por eso ha convocado a la patronal y a los sindicatos para lo que ha llamado pomposamente “un pacto de rentas”.

En cierta forma resulta lógico que se quiera comenzar por ahí, ya que a corto plazo el tema más preocupante parece ser la inflación. No obstante, conviene señalar que los precios ya se habían disparado con anterioridad al inicio de la guerra sin que los Estados supusiesen muy bien qué hacer ante la inflación. Tan inclinado como está Sánchez a echar la culpa a otros, parecería lógico que en esta ocasión responsabilizase a la Unión Europea, en donde en buena medida se encuentra el origen del problema; bien es verdad que esto sería reconocer que la soberanía española está ya cercenada, lo que Sánchez no está dispuesto a hacer.

Con toda probabilidad el problema de la inflación se va a agravar sustancialmente con la invasión de Ucrania; pero no parece que todo pueda solucionarse, tal como piensa el Gobierno, con un pacto de rentas. No obstante, en principio podríamos pensar que tiene su lógica. En el fondo de la inflación se encuentra siempre un enfrentamiento de sujetos económicos porfiando por maximizar su porción en la renta. De manera simple, se habla de retribución de los trabajadores y del excedente empresarial y de cómo ambos participan en la renta nacional. Pero ello es un mero esquema. Cada uno de estos dos colectivos es a su vez enormemente complejo.

Lo que en la contabilidad nacional llamamos retribución de los trabajadores es un conjunto altamente heterogéneo en el que se incluyen desde el temporero más precario hasta los altos ejecutivos de las sociedades del IBEX. Y en cuanto al excedente empresarial la diversidad es aún mayor: desde el beneficio de los empresarios y los intereses de los rentistas, a las rentas mixtas de los autónomos, que en algún caso pueden ser simplemente paro encubierto. Todos, absolutamente todos, peleando por mantener su trozo de pastel o conseguir uno más grande mediante una subida de precios, entendiendo también como tales los salarios y los tipos de interés.

En esta multiplicidad, ¿cómo se puede hablar de pactos de rentas?  ¿Cómo pueden negociar y pactar sujetos tan diferentes e intereses tan distintos? Y ¿quién puede representar a grupos tan híbridos? La patronal y los sindicatos actúan en nombre de tan solo una parte de sus respectivos colectivos; y, además, teniendo en cuenta que nos movemos en mercados libres, tampoco la CEOE puede garantizar que los precios se mantendrán estables. Así que lo que se llama pacto de rentas se reduce en la mayoría de los casos a limitar los salarios, por supuesto no de todos los trabajadores, sino tan solo de los que están sometidos a convenio, en la esperanza de que se moderen los precios. Se trata, en definitiva, de que esa contienda que se denomina espiral inflacionista termine por que los trabajadores, al menos algunos de ellos, acepten su derrota.

Resulta, en consecuencia, lógico que todo pacto de rentas vaya acompañado de medidas fiscales que compensen a la clase trabajadora de ser la perdedora del acuerdo. Así ocurrió en los renombrados Pactos de la Moncloa, con los que se pretendió neutralizar el efecto negativo sobre los asalariados de la deflación competitiva derivada del pacto de rentas con una reforma fiscal en profundidad, potenciando la progresividad y la función redistributiva de la renta.

El sanchismo ha dejado muy claro que no está dispuesto a emprender una tarea de esta proporción, la de deshacer todas las normas regresivas aprobadas en política fiscal durante los treinta últimos años. Sus socios, por muy a la izquierda que se crean, tampoco están en condiciones de exigírselo. Se contentan, todo lo más, con aspectos muy parciales de la política social, tales como los de la vivienda y con medidas quizás contraproducentes.

Todo pretexto ha sido bueno. Primero la epidemia, ahora la guerra. Sin embargo, escudarse en las tragedias carece de toda lógica, pues quizás en estas circunstancias es cuando más se necesitan políticas redistributivas. Los efectos serán positivos o negativos dependiendo de las figuras tributarias empleadas y de los colectivos gravados. Paradójicamente, los únicos impuestos que se han incrementado son los indirectos, especialmente los medioambientales, dañinos en tiempo de crisis y, desde el punto de vista social, regresivos.

El Gobierno ha empleado un mecanismo muy socorrido para echar balones fuera, el de crear una comisión de teóricos expertos. La finalidad ha sido doble. Por una parte, alargan el proceso lo más posible y, por otra, pretenden dotar de una capa de neutralidad y tecnicismo a lo que en realidad son decisiones políticas del Gobierno. El análisis del dictamen de los expertos merece uno o varios artículos en exclusiva, pero de momento nos limitaremos a afirmar que no es precisamente un ejemplo de progresismo.

De las dos finalidades principales y deberíamos decir que casi únicas de un sistema fiscal, suficiencia y progresividad, se fijan exclusivamente en la primera a la que se añade, por presiones del Gobierno, con carácter casi hegemónico, la ecológica. La casi totalidad de los gravámenes que se proponen con esta finalidad tienen efectos regresivos porque inciden en mayor medida sobre las clases bajas. La ecología es cara, casi un lujo para la mayoría de la población. El mismo principio que parece que los expertos del Gobierno han querido colocar en el frontispicio de su trabajo, “el que contamina paga”, tiene mucho más que ver con el neoliberalismo que con la socialdemocracia. La lógica nos llevaría por ejemplo a replicar que el coste de las carreteras debería recaer sobre los usuarios, el de la sanidad sobre los enfermos, el de la educación sobre los estudiantes o sus padres, etc. La doctrina fiscal del Estado Social se encamina por otros derroteros. Es quien más tiene el que debe pagar más.

Los nostálgicos de los Pactos de la Moncloa y defensores acérrimos de repetirlos olvidan, aparte de que Sánchez de ningún modo estaría dispuesto a acometer una reforma fiscal como la que inició Suárez, que entonces no estábamos en la Unión Monetaria ni siquiera en la Unión Europea, con lo que entre otras muchas cosas se pudo devaluar la peseta, que fue lo primero que hizo Fuentes Quintana como introducción a los pactos.

Está extendida la creencia, sobre todo entre los periodistas conservadores, de que, dado que el Gobierno ha estimado los ingresos públicos de acuerdo con previsiones macroeconómicas exageradas, la recaudación será muy inferior a la prevista, con el consiguiente impacto negativo sobre el déficit público. Prescinden sin embargo de la inflación y del aumento que esta va a producir sobre los ingresos. Este error va unido al que se produce con esa afirmación tan reiterada de que la inflación al actualizar las pensiones por el IPC va a elevar el déficit. Se está olvidando que la correlación se estable entre la recaudación impositiva y el PIB nominal, en el que se incluye el elemento precios. La recaudación fiscal va a ser muy superior a la prevista gracias a la inflación, y el déficit, menor a pesar de las pensiones.

Sánchez dice que toda la culpa de la inflación es de Putin. Sin embargo, España presenta un diferencial de dos puntos sobre la Unión Europea, aunque en teoría tendría que ser uno de los países menos afectados. El Gobierno podría reducir los precios, especialmente de la electricidad, del gas, de la gasolina, los gasóleos, etc., disminuyendo así sus cargas fiscales, y compensando esta bajada de recaudación con la subida de los impuestos directos. No parece que esté dispuesto a ello. Demasiado esfuerzo. La Unión Europea profesa el neoliberalismo económico y no está decidida, pase lo que pase, a modificar el mercado de la electricidad. Borrell y la niña Botín han encontrado ya la solución y, como aventajados boys scouts, proponen su buena obra mensual: consumir menos y bajar el termostato. La ministra del asunto afirma que se ha roto el mercado. Lo que han roto, entre España y Europa, es el Estado.  

Republica 17-3-2022



EL TRIBUNAL DE CUENTAS,  LA CORRUPCIÓN DE LAS INSTITUCIONES

CATALUÑA, CORRUPCIÓN, GOBIERNO, HACIENDA PÚBLICA Posted on Jue, mayo 12, 2022 20:51:32

La tragedia que asola Ucrania y que salpica a toda Europa puede hacer que una de las mayores corrupciones políticas de España pase casi desapercibida. Digamos que está llegando a su fin según lo predispuesto. El Tribunal de Cuentas ha cambiado en pocos días su propio criterio acerca de las garantías a exigir a los responsables de la malversación de fondos públicos llevada a cabo en los actos de publicidad y propaganda en el extranjero, orientados a preconizar el referéndum ilegal de independencia del 1 de octubre en Cataluña.

La gravedad del escándalo no estriba únicamente en el mero hecho de que se haya producido la modificación de criterio, sino que esta se ha conseguido mediante el cambio en la composición del propio tribunal, cambio realizado por el sistema tradicional de reparto entre los dos partidos mayoritarios, y que tan contrario es al espíritu de la propia Constitución. (Ver mis artículos del 23 de septiembre y del 11 noviembre del año pasado en este mismo diario digital). La gravedad, además, se incrementa en tanto en cuanto que la mutación ha recaído sobre un fallo cuya conclusión era tan evidente que la decisión tomada ahora por la sesión de enjuiciamiento quebranta las normas básicas del Derecho financiero y de la Hacienda Pública, y contradice los principios más elementales de la lógica y del sentido común.

¿Cómo se va a garantizar con dinero público que el erario recupere los recursos defraudados? El planteamiento es tan disparatado como cuando en tono de chunga y con cierta ironía se le comunica a alguien la disposición a convidarle siempre que antes nos adelante el dinero de la invitación. Se pretende cubrir una defraudación con otra defraudación, defraudación al cuadrado.

Corrupción, y grave, la de todos aquellos que en Cataluña han empleado fondos públicos para un objetivo ilegal, incluso delictivo, intentar la sedición de parte de la ciudadanía, insumisión frente a la Constitución y la soberanía nacional. Pero corrupción también y más grave la de los consejeros del Instituto Catalán de Finanzas que, a sabiendas, aprobaron que el organismo avalase con dinero público el alcance anterior. Se convierte en una corrupción de mayor nivel, corrupción al cuadrado.

Habrá sido seguramente esa la razón por la que tres de los consejeros dimitieron, para no tener que dar su conformidad a los avales. Quizás por miedo a incurrir en un grave delito de prevaricación. Habrá que preguntarse si la Sociedad Civil Catalana además de plantear una demanda ante el tribunal de Cuentas no debería haber interpuesto una querella criminal contra aquellos miembros del Instituto Catalán de Finanzas que aprobaron el aval y a todos aquellos que les forzaron a hacerlo.

Todo esto era ya bien conocido y no hay por qué incidir en ello, pero últimamente ha acaecido un nuevo suceso que eleva el listón de la corrupción, corrupción al cubo. Constituye un salto cualitativo. La gravedad es sustancialmente mayor, porque no radica en que determinados actos sean corruptos, sino en la corrupción de las propias instituciones. Ahora, la del Tribunal de Cuentas.

La corrupción del propio Gobierno Frankenstein no tiene parangón con ningún otro acto concreto de corrupción. Ni a la izquierda ni a la derecha del espectro político. Es una corrupción estructural que está en la misma conformación desde sus orígenes de este Ejecutivo, desde el inicio, desde la misma moción de censura, que mancha a todos los que forman o han formado parte de él, estigma que se mantendrá en el futuro y que será imposible de olvidar. Durante toda su existencia este Gobierno viene incurriendo en un cohecho endémico mediante el que se compra con fondos públicos o con cesiones políticas la permanencia día a día en el poder. Resulta grotesco que Sanchez asuma el lenguaje de los puros y exija explicaciones a Juan Carlos. Siempre he pensado que el problema de Sanchez respecto a la monarquía no tiene relación con las preferencias con respecto a la forma de Estado sino que se fundamenta más bien en un sindrome  sicológico, le es aplicable aquello que Nietzsche decía de sí mismo “Si dios existiese como iba a soportar yo no serlo, luego Dios no existe”.  Si existe rey como va a soportar Sanchez no serlo. Luego la monarquía debe desaparecer.    

Ahora se comprende la urgencia con la que el presidente del gobierno quería cambiar la composición del Tribunal de Cuentas. El mandato de los consejeros, a diferencia de los de las otras instituciones, acababa de expirar. Tras el indulto de los golpistas, quedaba por solucionar el problema crematístico, que no podía ser objeto de indulto, derivado de la defraudación cometida en los preparativos del golpe de Estado y que dependía del Tribunal de Cuentas. Se precisaba pues cambiar a los consejeros para corregir la redacción del auto que la sección de enjuiciamiento había preparado para rechazar los avales que presentaba el Instituto Catalán de Finanzas y que parecían más bien una broma pesada.

La historia reciente del Tribunal no es para que nos sintamos precisamente orgullosos de esta institución. La Ley Orgánica de 1982 y la Ley de funcionamiento de 1988, elaboradas ambas de acuerdo con las pretensiones del PSOE -la primera cuando estaba en la oposición, la segunda ya en el gobierno y de acuerdo con las manías de Pascual Sala-, configuraron una institución con enormes lacras, que comenzaban ya en el diseño de la responsabilidad y de la jurisdicción contable, y finalizaban en su constitución como órgano pluripersonal de doce consejeros, y que se han venido repartiendo en cuotas iguales los dos partidos mayoritarios.

Han sido estas lacras las que han condenado con frecuencia a esta institución a la esterilidad, limitando su actuación a casos de poca monta y quedando, sin embargo paralizada en cualquier asunto de mayor envergadura en el que hubiese por medio intereses políticos, porque en la mayoría de los casos la mitad del Consejo bloquea a la otra media. Durante todos estos años, el Tribunal de Cuentas no ha destacado precisamente por su eficacia, pero nunca había llegado al descaro, degradación y degeneración que se ha producido ahora. Degeneración de los currículos de los elegidos respecto a los que deberían tener, según la categoría asignada al puesto por la ley orgánica y la de funcionamiento. Cada vez son mucho más grises y de carácter más político.

Degradación, porque se ha nombrado a unos consejeros, y ellos han aceptado la designación, con la finalidad explícita de librar a los golpistas catalanes de la obligación económica derivada de los actos de sedición, admitiendo para cubrirla el aval de un organismo público, lo que en sí mismo constituye otra malversación. Dos son los elegidos para los puestos en la sección de enjuiciamiento, que van a permitir el cambio de criterio. En realidad, sus currículos son de tal levedad que no resulta fácil encontrarlos en Internet. Solo en el portal de trasparencia y con bastante vaguedad.

El primero es don Diego Íñiguez, perteneciente al cuerpo de Administradores Civiles del Estado y que ya desde el inicio (1993, en plena cúspide, de corrupción felipista) se separó de sus compañeros de promoción para cubrir un puesto de mayor nivel del que le correspondía de salida, pero también de mayor contenido político, consejero técnico en el Gabinete del ministro de Justicia. Durante los gobiernos del PSOE y en las esferas políticas de los gabinetes, ejerció bien de consejero técnico bien de asesor ejecutivo bien de vocal asesor, primero a la sombra de Belloch y más tarde a la de María Teresa Fernández de la Vega.

En el ínterin, durante los gobiernos de Aznar, buscó acomodo en el exterior en puestos muy cotizados en su cuerpo por sus altas retribuciones. Al final del mandato de Zapatero, consiguió que le hiciesen magistrado por el cuarto turno, es decir a dedo y sin oposición, lo que suelen describir como “juristas de reconocido prestigio”, aunque siempre está el problema de quién es el que reconoce el prestigio. Por desgracia, hay que preguntarse si no fue una forma que inventó en sus tiempos el PSOE para que  desembarcasen sus fieles en la Administración de Justicia. Ello permitió al nuevo magistrado refugiarse durante los mandatos de Rajoy en su judicatura recién estrenada, para volver con Sánchez a los puestos políticos. Primero, como director en la empresa pública de paradores, para aterrizar más tarde como jefe de gabinete de la ministra de Defensa, cargo que ocupaba al ser nombrado consejero del Tribunal de Cuentas.

Precisamente su inmediata permanencia como jefe de gabinete de la ministra de Defensa podría hacer que alguien se preguntase si no  podría estar inmerso en los supuestos del artículo 33.3 de la Ley Orgánica de la institución: haber gestionado fondos públicos o haber pertenecido a un consejo de administración de un organismo o sociedad pública en los dos últimos años, lo que le invalidaría para ocupar el nuevo cargo.

El segundo puesto como consejero en la sección de enjuiciamiento lo va a ocupar doña Rosario García Álvarez. Su currículum es mucho menos movido que el del anterior, se limita a veintisiete años de experiencia en la carrera judicial, últimamente como magistrada de la sala de lo social en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y profesora de Derecho laboral en la Universidad de Comillas. No parecen conocimientos muy a propósito para el Tribunal de Cuentas. Ni Derecho administrativo, ni financiero, ni mercantil, ni contabilidad, ni auditoría, ni análisis de los estados económicos y financieros, nada. Su única gracia parece que radica en poder ir a la sección de enjuiciamiento y estar dispuesta a cambiar el dictamen. Tan es así que según dicen doña Rosario no estaba en la primera lista, sino que era doña María Luz Rodríguez la designada, pero al darse cuenta de que la titulación de esta última no la capacitaba para ir a la sección de enjuiciamiento, que es para lo que se la necesitaba como objetivo primario -salvar a los golpistas-, se modificó la propuesta.

Poco puede sorprendernos la postura del sanchismo. Está en su naturaleza como en la del alacrán de la fábula. El Gobierno Frankenstein precisa día a día de estos comportamientos para mantenerse. Estaban claros su objetivo y su finalidad. Pero ¿a qué se debe la postura del PP?, ¿qué ganaba con los acuerdos? Solo le pueden acarrear desprestigio, después de meses y meses censurando el procedimiento y denunciando con buen fundamento su dudosa constitucionalidad, hasta el extremo de continuar bloqueando la renovación del Consejo General del Poder Judicial, lo que ahora parece una incongruencia. ¿Por qué uno sí y otros no?

Parece que en algún momento el PP alegó a favor del acuerdo el hecho de que los candidatos propuestos no tenían perfil político, lo que constituye una gran ingenuidad, puesto que confundían el nivel con la trayectoria. Que no hayan ocupado puestos relevantes solo indica que su currículum es más bien gris, pero no que todo él no se haya desarrollado a la sombra del PSOE. Es precisamente esa mediocridad la que más les debería haber llamado la atención y hecho desconfiar y podrían haberse cuestionado acerca de cuál era entonces el motivo de la propuesta. Ahora ya se sabe. Que estaban dispuestos a cumplir de forma servil las indicaciones políticas. La pregunta surge entonces de forma inmediata: ¿qué trapicheos ha habido entre Félix Bolaños y Teodoro García Egea?

Republica 10-3-2022



UN GOBIERNO NEGACIONISTA

GOBIERNO Posted on Jue, mayo 12, 2022 20:17:31

Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Otro refrán que se ajusta perfectamente al desparpajo del que hace gala el presidente del Gobierno. Ahora le ha dado por repetir que la oposición es negacionista. El tema no puede por menos que suscitar una carcajada porque, se mire como se mire, el negacionismo es la  quintaesencia de su política. Desde el principio, Sánchez se hizo famoso por su “no es no” a toda negociación con el PP, a pesar de que esta formación fuera el partido ganador de las elecciones.

El resultado electoral de 2015 no dejaba lugar a demasiadas dudas. Así lo entendió Rajoy que, con realismo, convocó inmediatamente a negociar al PSOE y a Ciudadanos, consciente de que era la única realidad viable. Realidad que Sánchez se negó a admitir. No quiso aceptar que carecía de los votos para ser presidente del gobierno, como no fuese echándose en manos de golpistas y de herederos de terroristas, lo que parecía inconcebible para un partido constitucional. Sanchez creó una realidad paralela, el Gobierno Frankenstein, que contra toda racionalidad y contra su propio partido hace que gobierne el Estado quien quiere destruirlo.

Muchos serían los aspectos que se podrían citar en los que se plasma el negacionismo del Gobierno, por ejemplo, el precio de la electricidad, o las encuestas de Tezanos, pero ninguno como a la hora de juzgar la situación económica y social. Llevan muchos meses pintándonos un panorama azul pastel empalagoso totalmente irreal y contradicen una y otra vez lo que resulta evidente. Se han negado a revisar las previsiones económicas de 2021 y 2022.

En el mes de enero del año pasado, el Gobierno estimó el crecimiento de 2021 en el 9,8%, sin duda totalmente desproporcionado, pero que sirvió para que alardease de que la española era entre todas las europeas la economía que más iba a crecer en ese año, callando que el año anterior (2020) había sido también la que más había disminuido. En seguida tuvo que reducir las previsiones, primero al 7,5% y más tarde al 6,5%, plantándose en este porcentaje y negándose a cambiarlo por más que todas las estimaciones tanto nacionales como internacionales fijaban tasas de crecimiento mucho más reducidas: Banco de España y OCDE el 4,5%; FMI, el 4,9%.

Hace unos días el INE ha facilitado el dato provisional de crecimiento del PIB para el año 2021, cifrándolo en el 5%, 1,5% inferior a las previsiones del Gobierno, lo que les deja en muy mal lugar, especialmente a la ministra de Economía. A pesar de ello, continúan impertérritos como si no hubiese pasado nada. No están dispuestos a rectificar ni a corregir ninguna de sus cifras presupuestarias. Bien es verdad que puede ser que las desviaciones en el crecimiento del PIB real no influyan demasiado en la recaudación porque se compensen con la diferencia entre la inflación prevista y la real, de manera que el PIB nominal no cambie y, por lo tanto, se perciban aproximadamente los mismos ingresos que estaban en el presupuesto. Son muchos quienes olvidan (sobre todo cuando se critica la indexación de las prensiones y la remuneración de los funcionarios) que los ingresos del Estado se incrementan también con la inflación.

El Gobierno ni siquiera después de la publicación por el INE (aunque sea provisional) de la contabilidad nacional de España para 2021 está dispuesto a reconocer la falsedad de su discurso y la debilidad de la recuperación. Callan que la economía de la mayoría de los países de Europa retornará a la situación que tenían en 2019; antes por supuesto que la nuestra, que como pronto lo hará en 2023. Resulta risible, pero también irritante, intentar ocultar este mal dato afirmando que es el mayor incremento del PIB desde hace 21 años, lo que carece de todo mérito y resulta perfectamente explicable cuando en el año anterior el PIB se había desmoronado un 10,8%, porcentaje sin parangón en la economía española, más allá de los tiempos de guerra.

Siendo el dato del PIB publicado por el INE especialmente malo, que indica que la renta española es un 6% más reducida que la de 2019, existe la sospecha de que la cifra definitiva que se publique en marzo estará por debajo de ese 5%. Lo exacto de la cifra induce ya a pensar que se ha redondeando para salir del tramo del 4%. La misma nota del INE contiene un párrafo un tanto insólito: “No obstante, por diversas razones… el volumen de información adelantada del que se ha dispuesto en este avance ha sido menor que en ocasiones anteriores. Este hecho, unido a la dificultad inherente a la medición estadística de cambios de coyuntura de esta magnitud, hace prever que las futuras revisiones de los resultados hoy publicados puedan ser de una magnitud mayor que la habitual”. Párrafo que parece una disculpa anticipada o un ponerse la venda antes de la herida.

Por otra parte, en los datos provisionales publicados por el INE hay uno especialmente chocante. Me refiero al incremento desproporcionado de la inversión en existencias que es posible que se deba a una decisión consciente de los empresarios por incrementar los stocks ante el miedo de desabastecimientos o a la creencia de que sus ventas iban a ser mayores; pero también puede ser la partida que oculte el intento político de publicar momentáneamente un valor del PIB superior al real. En cualquier caso, aun cuando el aumento de la inversión en existencias fuese cierto no por eso habría dejado de producir un incremento engañoso del PIB del año pasado, en detrimento del de este año.

Sánchez y su Gobierno, aun cuando lo nieguen, saben que la recuperación económica está muy lejos de lo que habían prometido y en contra de todas sus aseveraciones. Es por ello por lo que se refugian en las cifras de empleo. A lo largo de todos estos meses han venido vanagloriándose de los buenos datos de la ocupación y de la reducción del paro. Ciertamente ha habido una disociación aparente entre la evolución del empleo y la del crecimiento económico. Una de las razones consiste en los trabajadores en ERTE y en los autónomos con cese de actividad que sin duda son parados, aunque no computen como tales. En algunos momentos como en abril y mayo de 2020 sobrepasaron con mucho los tres millones de personas.

Otra explicación se puede encontrar en las horas trabajadas, que actualmente son un 3,4% menos que antes de la pandemia. En 2021 se han producido 1.200 millones menos de horas trabajadas que en 2019, cifra más acorde con la evolución de la actividad. La discrepancia con el número de empleados indica un incremento de la subactividad, que puede haberse originado por un aumento de la contratación parcial o por un mal cálculo de los empresarios que contaban con una expansión mayor de la demanda y tal vez hayan contratado o sacado de los ERTE a más personal del necesario.

En cualquier caso, un incremento del empleo superior al de la actividad lo único que indica es que existe una reducción de la productividad que se traduce probablemente en la disminución del nivel salarial. Sin generar riqueza solo se logra repartir pobreza. No hay motivos, en consecuencia, para que el sanchismo eche las campanas al vuelo, pero tampoco para que el PP se vanaglorie de la reforma laboral de Rajoy que si ha creado empleo  ha sido a base de deprimir los salarios y las condiciones laborales; impuesta en buena medida por Bruselas y quizás necesaria al estar en el euro y no poder devaluar la moneda para recobrar la productividad perdida.

En su afán negacionista, Sánchez no tiene problema en presentar como un gran éxito ciertas comparaciones tanto de los datos del PIB como del empleo con periodos pasados, comparaciones que no significan absolutamente nada, porque en ningún otro momento de nuestra historia el PIB se ha reducido en un 10,8 %. El afán negacionista de Sánchez se supera de mitin en mitin. La última boutade es afirmar que esta es la legislatura del empleo, y del empleo digno. Es difícil retorcer la realidad de forma más descarada. El empleo no llega ni en el mejor de los casos a los niveles de 2018. La tasa de paro es la mayor de la Unión Europea, superior incluso a la de Grecia. Según el INE, más de un millón de hogares tienen a todos sus miembros en edad de trabajar en paro. En la misma familia coinciden en situación de desempleo padres e hijos: 565.000 mayores de 55 años y 452.000 personas entre 16 y 24 años.

Podría ser hasta aceptable que el Gobierno se intentara justificar afirmando que ellos no son responsables de la crisis ni de la epidemia, aunque su evolución y las consecuencias dependen mucho de la política tanto sanitaria como económica aplicada, lo que se puede comprobar en el hecho de que el resultado varía según los países; pero, en cualquier caso, sería coherente que el Gobierno se defendiese intentando demostrar su ausencia de responsabilidad. Lo que carece de toda lógica es que niegue la realidad y presente una situación social y económica que solo existe en su imaginación.

Todos los estudios y análisis, cualquiera que sea su origen, vienen a decir lo mismo. El último informe de Foessa mantiene que la desigualdad se ha incrementado con esta crisis incluso en mayor medida que con la anterior de 2008. Resulta irónico que Sánchez en tono lacrimógeno sostenga lo mucho que le apena cuando paseando por Madrid se encuentra con algunos indigentes. No parece una afirmación inocente. No se necesita ser demasiado suspicaz para suponer que una vez más lo que intentaba era meterse con Madrid y censurar la política del Gobierno de Ayuso. De todas las formas, la afirmación no es muy afortunada. En primer lugar, porque hace mucho tiempo que Sánchez no pisa las calles de Madrid ni las de otras ciudades. Viaja solo en Falcon, en helicóptero o, todo lo más, en coche.

Y, en segundo lugar, porque si hay un responsable de la pobreza que pueda haber en Madrid y en cualquier otra ciudad de España, es él y su Gobierno. Al principio se empeñaron en convencernos de que la salida de esta crisis sería muy distinta de la de las otras, y que nadie se iba a quedar atrás. Como se ve, eso no se ha cumplido. Por mucho que se empeñen en negarlo, la desigualdad se ha incrementado y el escudo social que tan pomposamente proclamaron no ha funcionado, por inconsecuente o por estar limitado a las ocurrencias.

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha sido un total fracaso y de difícil arreglo debido al diseño desafortunado e incoherente con el que se ha construido. Todo el proceso de concesión ha sido caótico y no precisamente, como a veces se quiere afirmar, por la incapacidad de la Administración, sino por la incompetencia y falta de experiencia de los que están al mando y diseñan las ayudas y la forma de otorgarlas. Al final de ese camino tortuoso, los afortunados a los que se les ha concedido la prestación no han llegado a los 350.00 de los 850.000 previstos por el propio Ministerio. Concesión que en la mayoría de los casos se hizo tras muchos meses de espera. Incluso algunos beneficiarios vieron con sorpresa que las ayudas concedidas ascendían a un monto ridículo al restar de la renta mínima estipulada el importe de las cantidades recibidas por cualquier otro motivo en el año anterior.

El sobresalto de algunos beneficiarios se ha producido de nuevo en el pasado diciembre al recibir una somera resolución de la Seguridad Social por la que se les comunica que a partir de ese momento su prestación quedaba reducida a una cantidad ridícula de 55, o de 73, o de 87, o de 125 euros o de un importe parecido, al haberse detraído de la ayuda legal los ingresos percibidos en 2020, ingresos proporcionados por el Ministerio de Hacienda y que en la mayoría de los casos coincidían con la propia declaración del beneficiario. La minoración se realiza sin consideración alguna sobre si esos recursos han continuado cobrándose en 2021, y si van a permanecer en 2022. Si las rentas obtenidas en 2020 superan la percepción estipulada, se llega a cancelar totalmente la subvención.

El procedimiento es tan absurdo que la necesidad de la prestación se cuantifica no en función de la situación económica actual, sino respecto a la que el beneficiario tenía dos años antes. En un mundo laboral tan cambiante y cuando la mayor causa de pobreza es el paro, resulta evidente que un sistema como este carece de la agilidad necesaria. Se puede estar dando la ayuda a quien ya no lo necesita y denegándosela a quien la precisa, con independencia de lo que haya percibido dos años antes. Por otra parte, fijar prestaciones de 80 euros mensuales o cantidades similares carece de toda coherencia. Los gastos de tramitación seguro que son superiores.

El IMV ha mostrado desde el inicio su radical inadecuación a la realidad al haberlo concebido como un impuesto negativo sobre la renta, figura que nunca se ha aplicado en la práctica y solo existe en las universidades y en las revistas de Economía. Lo lógico hubiese sido corregirlo enseguida al comienzo y no seguir adelante una vez comprobado que no tenía ni pies ni cabeza. Pero, de nuevo, el Gobierno hizo gala de su negacionismo. Habría que aplicarle aquello de Las mocedades del Cid:

Procure siempre acertarla

el honrado y principal;

pero si la acierta mal,

defendella, y no enmendalla.

republica 10-2-2022