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ARTÍCULOS RECIENTES CONTRAPUNTO

RETALES, CHAPUZA Y PASTICHE

ECONOMÍA, GOBIERNO Posted on Lun, enero 23, 2023 19:14:05

Dediqué el artículo de la pasada semana a señalar la contradicción existente, en mi opinión, entre la política monetaria del Banco Central Europeo y la política fiscal de la Comisión y de la mayoría de los gobiernos nacionales. Terminaba haciendo  referencia de pasada a las medidas adoptadas últimamente por el Gobierno español y prometía tratar algunas de ellas en el artículo de esta semana. Con carácter general, el primer reproche a realizar es que la ayuda se ha dividido en un número elevado de medidas de pequeña cuantía y escasa eficacia que complican enormemente la gestión. Retales, chapuza y pastiche, remiendos, tapujos y parches, que diría Luis Eduardo Aute.

Un sistema fiscal vale lo que vale la administración encargada de aplicarlo. Aseveración que es casi un tópico, pero no por eso deja de ser menos verdad. Los tributos, para ser justos, deben ser complejos, pero no tanto que hagan imposible su gestión y control, porque entonces terminan siendo radicalmente inconsistentes y arbitrarios al beneficiar tan solo a los que estén dispuestos a mentir o a defraudar.

A menudo, el Ministerio de Hacienda se ha equivocado, y continúa equivocándose, al establecer deducciones fiscales con tal cúmulo de requisitos y condiciones que hacen inviable su comprobación. Sin embargo, creo que ha acertado cuando ha renunciado a un control exhaustivo de toda la población y ha exonerado de declarar a aquellos contribuyentes con rentas bajas y que apenas tienen margen para defraudar. El coste administrativo podría ser mayor que el beneficio que se obtendría al intentar un control total.

Curiosamente, quizás por ignorancia, o por pensar que así obtenía más publicidad, el Gobierno, lejos de plantear las ayudas de forma unitaria y global mediante un solo instrumento, las ha dividido en múltiples medidas de escasa cuantía no conexionadas entre sí e imposibles de gestionar adecuadamente, como no sea consumiendo una gran cantidad de recursos administrativos que son necesarios para otros menesteres. Con un planteamiento un tanto simple han creído solucionar el problema encargando de la gestión a la Agencia Tributaria, a la que se enfanga con una pluralidad de asuntos menores que no puede analizar ni controlar adecuadamente, pero que la apartan de su misión, que es perseguir el fraude.

El inicio de este camino hay que asignárselo al ministro que se cree independiente, pero que es especialista en operaciones fallidas y en lanzar los muertos a los otros departamentos o entidades. Su ignorancia administrativa le llevó a crear un ingreso mínimo vital (IMV) alambicado y complejo que ha sido un fracaso, imposible de gestionar y más aún de controlar, y que ha inundado de papeleo a la Seguridad Social y a la Agencia Tributaria. Se da la incongruencia de que se obliga a presentar la declaración del IRPF a aquellas personas, quizás a las de menores rentas, que estaban exentas y que desde luego no saben de qué manera hacerlo. La Agencia, por tanto, carece de una adecuada información respecto a ellas. Con lo que el control y las comprobaciones carecerán de rigor, pero alejarán a la administración tributaria de su objetivo.

La última ocurrencia en este sendero, por ahora, es la entrega por una sola vez de un cheque de 200 euros para aquellos ciudadanos con una renta anual inferior a los 27.000 euros y un patrimonio no superior a 75.000. El problema, entre otros, radica en que, al igual que en el IMV, en muchos casos la Agencia Tributaria carecerá de los datos necesarios para comprobar el cumplimiento de las condiciones, especialmente la cuantía del patrimonio.

La situación se hace más compleja cuanto que para determinar estos límites se considera el estado civil del beneficiario, siendo la familia, si existe, la unidad a considerar. Son los ingresos sumados del marido y de la mujer los que se computan a efectos de calcular si se tiene o no derecho a la subvención. Aparte de complicar enormemente la gestión, se genera una situación injusta, porque en una mayoría de casos el nivel de renta y patrimonio que permitiría cobrar la ayuda en el caso de ser soltero la excluye cuando los beneficiarios están casados o son pareja de hecho.

Se produce así no solo una arbitrariedad, sino que se plantea un grave problema jurídico. El Tribunal Constitucional a principio de 1989 declaró contrario a la Constitución la obligación que existía entonces de que los matrimonios realizasen una declaración conjunta en el IRPF. Sentaba así la doctrina de que el estado de casado o casada no podía implicar un trato desfavorable en materia fiscal. Parece lógico que este planteamiento se pueda extender al ámbito de las ayudas o subvenciones.

Esta complejidad en la gestión contrasta con la levedad de la ayuda, escasa cuantía y ceñida a un reducido colectivo. El hecho de que se excluya a los que cobran una pensión o el IMV, unido a que el cómputo sea por familias conduce a que el número de beneficiarios vaya a ser muy reducido. Eso no es óbice para que el Gobierno, como siempre, haga trampas e infle la cifra de subvencionados y la cantidad a emplear. Por otra parte, como ya es costumbre en las medidas aprobadas por este Gobierno, se cae en un error de salto. Es un desliz que solo es propio de aprendices. Se pierde el derecho a la subvención por tener un céntimo más de renta o de patrimonio.

Dentro de las medidas aprobadas se encuentra también la prórroga de la gratuidad del transporte de cercanías y a media distancia. Decisión sin duda muy discutible que únicamente tiene importancia, y solo relativa, para un número muy reducido de personas, aquellas que viven en ciudades y usan transporte público. Por otra parte, la experiencia de los últimos meses ha mostrado -lo que por otra parte ya se sabía- que el precio, entre otras finalidades, limita el consumo a niveles racionales y evita el despilfarro. En este caso, la gratuidad en el servicio originó que a muchas personas que necesitaban viajar no les fuera posible hacerlo, a pesar de que los trenes iban casi vacíos como consecuencia de que al no tener coste se reservaban muchos más billetes de los que después se utilizaban.

Se contrasta de nuevo la conveniencia de canalizar las ayudas mediante un solo instrumento y orientado a incrementar la renta o el ingreso personal, y no a través de múltiples subvenciones a productos específicos que complican la gestión y distorsionan el mercado. La aseveración es aun más cierta cuando se subvenciona la totalidad del precio, convirtiendo en gratuito el consumo de un producto. Se incentiva el derroche y muy posiblemente se genera escasez.

El Gobierno ha prorrogado también la congelación de los precios de los alquileres. Es una medida que no cuesta nada al erario público, ya que la fiesta corre a cargo de los propietarios. Quizás ayude momentáneamente a los actuales arrendatarios, pero perjudica a los arrendadores y a los futuros inquilinos, ya sean nuevos o que tengan que renovar su contrato. Se estrecha la oferta lo que aumenta el precio y las dificultades de los arrendatarios más precarios (ver mi artículo del 20-9-2018 en este mismo medio).

El Ejecutivo, después de resistirse y criticar a los que lo propusieron, ha decidido la bajada del IVA a los alimentos de primera necesidad. Lo llamativo es que una vez más ha querido cuadrar el círculo y comprometerse a lo imposible. Aunque ciertamente le da igual, puesto que no tiene ningún problema en incumplir las promesas. Ha asegurado que impedirá y no permitirá que los empresarios se apoderen de la bajada del IVA y que no lo repercutan sobre los consumidores. Misión quimérica. Sucede igual con el impuesto sobre los ingresos bancarios, que será totalmente imposible saber si se produce o no la traslación ¿cómo determinar en qué medida la reducción del IVA está incorporada en la variación de los precios o el nuevo impuesto en las modificaciones de los costes de los servicios bancarios? Solo la competencia puede impedir que los empresarios se apoderen de la bajada del IVA y los bancos trasladen los impuestos.

Refirámonos por ultimo a una medida ocurrente, como salida de la factoría del ministro independiente. Ante la falta de médicos, se ofrece a los de familia y a los pediatras la posibilidad de seguir trabajando después de la edad de jubilación haciendo compatible el sueldo con el 75% de la pensión. No deja de resultar curioso que en el país con más paro de toda la Eurozona se incentive el retraso en la edad de jubilación.

Es posible que exista carencia de médicos, pero esto es únicamente por las condiciones económicas que obligan a emigrar a muchos de ellos. El Estado español realiza un mal negocio. Corre con los gastos de educación de los aspirantes para que después terminen produciendo en otros países. Habrá que cuestionarse si no sería más lógico dedicar a la Sanidad más recursos, de manera que no se produzca semejante diáspora.

Podríamos preguntarnos también si no habría que considerar la sanidad pública como uno de los mejores destinos para los llamados fondos de recuperación, en lugar de dedicarlos a esas otras finalidades etéreas que están muy lejos de incentivar la economía -no hemos alcanzado aún los niveles de 2019-, pero que sí van a enriquecer arbitrariamente a determinadas empresas, de acuerdo con las conveniencias del Gobierno y de los objetivos electorales de Sánchez. Todo funciona a pegotes. Qué carnaval, qué pitote. Vaya chapuza que hay.

republica 19-1-2023



EL BCE Y LA ACTUAL POLÍTICA DE LA EUROZONA

ECONOMÍA, EUROPA Posted on Lun, enero 16, 2023 18:24:19

En la mayoría de los países occidentales ha ido triunfando la tesis de que los bancos centrales tienen que ser independientes de los gobiernos. Supuesto defendido en un principio por el neoliberalismo económico. Se desconfía de la democracia y de las decisiones que puedan tomar los políticos acerca de la creación de dinero. La política económica, se dice, es demasiado importante para dejarla en manos de los gobernantes. Se cree que estos se rigen fundamentalmente por intereses electorales, que tenderán a la prodigalidad y considerarán la emisión de la moneda como un mero instrumento para sus fines.

Hay que reconocer que la historia proporciona en parte fundamento para defender esta tesis. Con frecuencia, distintas monedas se han hundido hasta perder casi su valor debido a que los reyes o príncipes financiaron las guerras mediante la emisión de moneda. Bien es verdad que en casi todos estos casos se trataba de regímenes autocráticos. No obstante, los defensores de la autonomía de los bancos centrales mantienen que en las democracias se puede dar -y de hecho se da- un fenómeno parecido. La facilidad que para contraer gastos proporciona la creación de dinero es una tentación demasiado fuerte para gobiernos que tienen que contentar a sus electores.

A pesar de estas declaraciones teóricas, la autonomía de los bancos centrales raramente se ha cumplido al cien por cien. Resulta difícil creer que el presidente de la Reserva Federal desoiga las indicaciones del presidente de EE. UU. o que el gobernador del Banco de Inglaterra actúe en contra de los deseos del primer ministro británico. Quizás donde parece aplicarse el principio de forma más completa sea en Europa, en la Unión Monetaria (UM). La razón principal radica en que el Banco Central Europeo (BCE) es uno, mientras que los gobiernos son múltiples y dispares, con lo que ninguno de ellos, ni siquiera Alemania, podrá controlarlo totalmente.

Cuando se trata de un solo país, por mucho que se hable de autonomía del banco central, es difícil que el gobierno pueda desentenderse de la política monetaria. Se quiera o no, no podrán lavarse las manos acerca de la evolución de los precios, y en caso de inflación no tendrán más remedio que orientar la política fiscal en la misma dirección que la política monetaria, por muy dolorosa que resulte a los ciudadanos.

En el caso de la UM, sin embargo, la multiplicidad de países y consecuentemente de gobiernos hace ciertamente imposible que ninguno de ellos pueda decidir la emisión de dinero y fijar los tipos de interés; pero por eso mismo no se les hará responsables de la política monetaria ni se les culpabilizara, aunque la inferencia no es muy lógica, del aumento del coste de la vida.

El BCE en su lucha contra la inflación se sentirá autónomo y con autoridad para aplicar la política que considere oportuna, que en épocas como esta va a ser por fuerza restrictiva, y con quebrantos considerables para los ciudadanos. Ahora bien, al no presentarse a las elecciones no se sentirá obligado a aplicar políticas clientelares. Sus actuaciones tendrán una sola finalidad, controlar la inflación sin considerar la contrapartida.

Los gobiernos, por el contrario, sentirán siempre la tentación de adoptar políticas fiscales generosas, y de mostrarse como benefactores y dispuestos a conceder toda clase de dádivas y ayudas. Con la excusa de aplicar una política social, encauzarán sus acciones a comprar votos sin tener en cuenta el coste. Esta postura es posible porque piensan que no se les podrá exigir cuentas del incremento de los precios, al considerarse que el control de la inflación es competencia en exclusiva del BCE.

Se dará la paradoja de que, el BCE dirigirá sus acciones, por ejemplo, a través de la subida de tipos de interés, a reducir la demanda, mientras que la política de los gobiernos de aumentar el gasto público, si no se compensa con una subida de impuestos de la misma magnitud, tendrá el efecto contrario, incrementarla. Se da así una profunda contradicción y en cierta manera un círculo vicioso.

Al establecer la autonomía del BCE se pretendía evitar las actuaciones pródigas y permisivas de los gobiernos arrebatándoles la capacidad de controlar la oferta monetaria. Pero curiosamente lo que se consigue con ello es el efecto inverso; quitándoles la competencia de la política monetaria no se colocará en su debe, al menos en una primera lectura, la subida de los precios, lo que les permitirá instrumentar una política fiscal expansiva aumentando el gasto público todo lo que crean conveniente para conseguir adhesiones y votos sin verse obligados a elevar los impuestos en idéntica cuantía.

La situación que en la actualidad se está creando en Europa es claramente esquizofrénica: mientras el BCE pretende contraer la demanda, los gobiernos la incentivan, con lo que fuerzan al banco emisor a nuevas medidas restrictivas, que a su vez tendrán más efectos negativos para los ciudadanos, que a su vez empujarán sin duda a los gobiernos a conceder nuevas ayudas y así sucesivamente.

Desde luego esto no ha sido siempre así. Este estado de cosas es relativamente nuevo. Desde el primer momento de la creación de la UM se acordó la obligación de que los gobiernos nacionales tuviesen que mantener una disciplina fiscal y presupuestaria. Ha sido en los tres últimos años cuando se han suspendido esos requisitos. En 2020 y en gran parte de 2021, en plena epidemia y sin apenas inflación, la relajación presupuestaria podía estar justificada para reactivar la economía. Pero la cosa cambia a partir de finales de 2021, en que los precios comienzan a dispararse arrastrados, por una parte, por un incremento del consumo, que había estado contenido durante los tiempos duros de la pandemia y, por otra, por la subida del coste de la energía, debida a la tensión y posterior guerra entre Rusia y Ucrania y a que la Unión europea adoptó una actitud beligerante. Desde ese momento la inflación en todos los países miembros se ha disparado hacia cotas que habría que remontarse muchos años atrás para encontrar otras similares.

Tales incrementos en el nivel de precios crean sin duda graves problemas al funcionamiento de la economía y distorsionan el reparto de rentas entre los ciudadanos, favoreciendo a unos y perjudicando a otros. Es lógico por tanto que el BCE haya cambiado de política; pero lo que es menos comprensible es que los gobiernos nacionales, y en mayor medida las autoridades comunitarias, mantengan la misma lasitud fiscal y presupuestaria.

El tema es tanto más inexplicable cuanto que en el pasado, en la crisis de 2008, sin ningún riesgo de inflación, pero sí con una importante depresión económica, la Unión Europea obligó a los gobiernos a una política fiscal fuertemente restrictiva, mantuvo por encima de todo la disciplina presupuestaria con dolorosos ajustes para la población, colaborando a que se mantuviese la propia recesión.

Da la sensación de que las autoridades comunitarias han practicado la ley del péndulo; pero además en sentido inverso a lo que sería normal. En una época de deflación como fue la de los años posteriores a la anterior crisis defendió una política fiscal rabiosamente contractiva contribuyendo aún más a la recesión, y sin embargo en la actualidad, cuando nos movemos en tasas de inflación desconocidas desde principios de los ochenta, permite una política presupuestaria laxa, con lo que facilita la subida de los precios, dificultando la labor del BCE.

Esta actuación asimétrica y totalmente errática quizás pueda explicarse primero porque se trata de aplicar en cada momento aquellas políticas que favorecen a Alemania, y segundo por la ingravidez de la Comisión y de su presidenta, sin ninguna autoridad frente a los Estados, y principalmente frente al país germánico.

Los gobiernos se jactan de tomar medidas contra la inflación cuando en realidad ocurre todo lo contrario. La expansión de la demanda propiciará la subida de los precios. En el mejor de los casos, podría afirmarse que tratan de favorecer a los ciudadanos, pero es posible que el daño infligido por las mayores tasas de inflación y el consecuente endurecimiento de la política monetaria sea mayor que las ayudas que se proyectan; sobre todo si estas no constituyen un plan serio, sino parches y chapuzas sin orden ni concierto, ocurrencias (ahora sí, después no) tales como son las aprobadas últimamente por el Gobierno de España, controvertidas hasta dentro del mismo Gobierno. Pero para hablar de ellas habrá que esperar a un nuevo artículo, quizás el de la semana que viene.

republica.com 12-1-2023



LAS HIPOTECAS  Y LA LIMITACIÓN DE LA RIQUEZA

ECONOMÍA, GOBIERNO Posted on Mar, diciembre 27, 2022 23:12:00

No es ninguna novedad. Este Gobierno ama la representación, que le permite aparentar lo que no es, y figurar como progresista y social sin serlo. Esta distorsión ha hecho su presencia una vez más, ahora en la negociación con la banca respecto a las hipotecas. Cuesta entender lo que se aprobó en el Consejo de Ministros, y se convalido en el Parlamento, puesto que su eficacia queda reducida a una simple recomendación a las entidades financieras, que pueden aplicar esas medidas u otras parecidas o ninguna.

Durante semanas pregonaron que el Gobierno y la Asociación Española de Banca (AEB) estaban negociando un acuerdo acerca del tratamiento que debería darse a las hipotecas de los más vulnerables. Al final dijeron que habían llegado a un acuerdo, acuerdo que se aprobaría en el Consejo de Ministros. ¿Pero de qué negociación se trata, a qué pacto se referían, qué consistencia tiene el acuerdo del Consejo de Ministros cuando las entidades financieras no adquirían ningún compromiso? Todo puro aire, flatus vocis, mera propaganda, trasmitir la idea de que el Gobierno actuaba y ayudaba a los tenedores de hipotecas, que se ven fuertemente damnificados por la subida de los tipos de interés.

Es verdad que la mayoría de los bancos se han adherido, pero eso es tan solo porque con negociación o sin ella, con acuerdo o sin acuerdo, cada entidad financiera habría aplicado medidas similares. Después de la anterior crisis no creo que a los bancos les apetezca abarrotarse de impagados que, según las directivas del Banco de España, se verían obligados a provisionar, con la consiguiente disminución de los beneficios contables. Y mucho menos, serán proclives a ejecutar esos créditos y llenar sus balances de casas y edificios sin saber muy bien qué hacer después con ellos.

Sin duda les tiene mucha más cuenta flexibilizar los criterios de pago y permitir que los créditos se abonen en un periodo más largo, siempre, eso sí, que no se les obligue a provisionarlos. Esto último es lo primero que pidieron las entidades financieras y hay que suponer que lo consiguieron porque, de lo contrario, ninguna estaría dispuesta a aplicar las medidas. Hay un grave inconveniente que la no provisión de estos créditos, muchos de ellos difíciles de cobrar, y que seguramente terminaran siendo incobrables, puede crear una falsa imagen de la solvencia de la banca.

Lo que no está tan claro es el beneficio que van a conseguir los clientes, porque si de momento se les alivian los pagos que tienen que realizar, es a condición de alargar sustancialmente la vida del préstamo y, por lo tanto, de incrementar el monto total de los intereses a pagar. La pequeña rebaja del tipo de interés que en algunos casos se consigue es casi despreciable. No tendría nada de extraño que muchos deudores negociando individualmente consiguieran mejores condiciones dada la repulsa que la entidad financiera tendrá a ejecutar el crédito.

Las cosas son muy distintas de cómo se nos quieren presentar. Es lo propio del populismo, dar respuestas simples a problemas complejos y nada más simple que las recetas de Zapatero. Hace unos días en la reunión de la Internacional Socialista ha dicho que una de las tareas principales a emprender hoy es la de plafonar la riqueza. Por lo visto está dispuesto a descubrir el Mediterráneo, porque la solución a lo que plantea está hallada ya hace mucho tiempo, solo que se llamaba dificultar la acumulación del capital.

Hace casi un siglo que la socialdemocracia había logrado que la mayoría de los Estados contasen con los instrumentos adecuados para conseguir este objetivo. Primero, un impuesto sobre la renta fuertemente progresivo, cuyo tipo máximo marginal en algunos países como Estados Unidos o Reino Unido se situó en algunos momentos por encima del ochenta por ciento. En nuestro país mismo alcanzó a finales de los setenta y primeros de los ochenta el sesenta y cinco por ciento. Segundo, los impuestos de patrimonio y sucesiones que tienen como objetivo, amén de complementar el impuesto sobre la renta, impedir precisamente la acumulación de capital, evitando que los activos se embalsen, por ejemplo, en sociedades, sin realizarlos y por lo tanto sin que tributen en el IRPF.

Sorprende que Zapatero se plantee desconocidos e ilusorios caminos para limitar la riqueza cuando durante su gobierno se eliminó el impuesto de patrimonio, se defendió un tipo único para el impuesto sobre la renta, y tanto con Pedro Solbes como con Elena Salgado en el Ministerio de Hacienda se tomaron medidas fiscales enormemente regresivas.

Y es que, desde hace décadas, con la globalización y la Unión Monetaria, la socialdemocracia ha desaparecido, por mucho que una vez más Sánchez haya montado una representación con partidos de tercera o cuarta división y se haya nombrado presidente de un chiringuito al que llaman Internacional Socialista. Fue en esa magna asamblea en la que el presidente del gobierno anunció su entronización en la Historia y Zapatero proclamó esa idea tan original de que había que plafonar la riqueza. Claro que para idea original la de Yolanda Díaz cuando para justificar su pretensión de que se considere al propietario de cinco pisos gran tenedor afirmó sin despeinarse que con cinco pisos se puede manipular el mercado del alquiler. Es lógico que ella y Zapatero hayan ido a homenajear a la peronista Cristina Kirchner.

republica.com 22-12-2022



CRECIMIENTO ECONÓMICO Y CIFRAS DE DESEMPLEO

ECONOMÍA, GOBIERNO Posted on Mar, diciembre 06, 2022 17:34:24

Ya en los primeros tiempos de la epidemia, la economía española, por incompetencia del Gobierno, se hundió en un porcentaje mucho mayor que la del resto de los países europeos. Desde entonces, ante los malos resultados, el Ejecutivo ha venido refugiándose en las estadísticas de paro y en el número de afiliados a la Seguridad Social, utilizándolo para presentar un panorama positivo.

No obstante, una pregunta flota en el aire: ¿cómo es posible que con tasas de crecimiento muy bajas o negativas se haya incrementado el empleo, según se empeñan en convencernos de manera triunfalista cada cierto tiempo tanto el ministro de la Seguridad Social como la ministra de Trabajo? Pregunta que por supuesto ninguno de los dos, bien sea por conveniencia o por incompetencia, han podido contestar. Escrivá, para justificar su ignorancia, la hace extensiva a todos los economistas y habla de enigma. Pero la cuestión no tiene por qué ocultar ningún misterio.

Lo primero a tener en cuenta es la periodicidad. En determinados años o determinados meses, quizás no se produzca tal divergencia. Por ejemplo, en este ejercicio, todas las previsiones apuntan a que el crecimiento económico se situará alrededor del 4%, fruto de la tardanza en recuperarnos del desplome de nuestra economía en los primeros tiempos de la epidemia. No tiene, por tanto, nada de chocante que en este año también crezca el empleo y se reduzca el paro. Es más, tampoco debería extrañarnos que existan desplazamientos y ajustes de un mes a otro, incluso de un año a otro.

La cosa cambia cuando se considera un periodo más largo. Por ejemplo, de 2019 a la actualidad. Nuestra economía es la única de la Unión Europea que aún no ha recobrado los niveles anteriores a la pandemia; luego, en condiciones normales, cabría esperar que el empleo tampoco. Si existen diferencias, y las hay, es cuando hay que empezar a buscar los motivos.

La primera explicación podría encontrarse en un doble requisito. Primero, que el excedente empresarial hubiera reducido su proporción en la renta y, por lo tanto, incrementado la de la retribución de los trabajadores. Segundo, que ese aumento se hubiese destinado a incorporar a un número mayor de asalariados. No parece que este sea el caso. No es verosímil. El proceso más bien ha sido el contrario.

Resulta mucho más creíble una segunda explicación: que los datos oficiales de empleo estén sobrevalorados. Que no aparezcan todos los parados y entre los afiliados a la Seguridad Social se cuente con colectivos que en realidad son desempleados. Tal vez el caso más llamativo y cuantitativamente más importante haya sido el de los trabajadores sometidos a una regulación temporal de empleo (ERTE). No computan como parados y sin embargo lo son, aun cuando lo sean temporalmente. Cobran el seguro de desempleo y no trabajan.

El afán de presentar como un gran éxito lo que no lo es no puede llevarnos a distorsionar la realidad, tal como hacía la ministra de Trabajo cuando se jactaba tiempo atrás de que, en esta crisis, a pesar de producirse un descenso muy superior del PIB al de la anterior, la reducción del empleo ha sido mucho menor. En mayo del 2020 el número oficial de personas en paro ascendía a 3,8 millones. ¿Cuál hubiera sido el dato real si a esta cifra se le hubiesen sumado los 3,6 millones que se encontraban en ERTE? ¿Dónde está la diferencia con la crisis de 2008?

En los momentos actuales, este factor de distorsión ha perdido importancia. Se ha reducido sustancialmente el número de trabajadores en esta situación; sin embargo, después de la reforma laboral una parte de los contratos temporales se han convertido en fijos discontinuos a los que no se considera parados en la etapa en que se encuentran entre trabajo y trabajo. A ellos hay que añadir los contratados en formación, los de disponibilidad limitada y los autónomos sin actividad. Toda una serie de colectivos que están sin duda en una situación de desempleo, pero que no aparecen en las estadísticas oficiales.

Por último, hay otra razón para que existan diferencias entre la evolución del empleo y la del crecimiento económico, quizás la más inmediata, la variación de la productividad. Primero, mediante una progresiva traslación de la actividad de sectores de mayor valor añadido a otros que lo tienen menor. Causaría una diferencia entre la variación del PIB y del empleo. Segundo, el incremento de los trabajadores a tiempo parcial respecto a la totalidad. Esto último explicaría también, al menos en parte, el hecho de que en los momentos actuales el estado de pobreza se extiende a trabajadores con empleo.

Podría pensarse que el hecho de que nuestra economía no haya perdido de forma sensible la competitividad con el resto de los países europeos es señal de que la productividad no se está reduciendo. Es una deducción simplona, puesto que hay otros factores que influyen en la competitividad. Por supuesto, el tipo de cambio, aunque este comodín se encuentra vedado para nosotros desde que estamos en la Unión Monetaria. Pero existen otras variables como el nivel salarial, que pueden compensar el descenso de la productividad a efectos de mantener la competitividad.

Por otra parte, el tránsito de sectores de más productividad a otros de menor valor añadido no tiene por qué dañar la competitividad. Precisamente, es muy posible que se abandonen determinados sectores y se traslade la actividad a otros de menor valor añadido porque se ha dejado de ser competitivo en los primeros.

En cualquier caso lo que parece incuestionable es que si se quiere saber con certeza cómo evoluciona el empleo hay que mirar a las estadísticas de horas trabajadas y se comprobará que su evolución no es muy distinta de la del PIB.

republica.com 1-12-2022



EL BCE Y EL ENDIOSAMIENTO DE SÁNCHEZ

ECONOMÍA, GOBIERNO Posted on Lun, noviembre 21, 2022 12:47:37

No era preciso tener dotes proféticas para adivinar la reacción que iba a tener el Banco Central Europeo (BCE) ante el impuesto que piensa imponer el Gobierno a la banca. Es curioso que a los que se les llena la boca de hablar de Europa después actúan como si la Unión Monetaria no existiese. Sobre todo, se olvidan de las grandes limitaciones que ello significa. Desde la crisis del 2008 la solvencia de las entidades financieras forma parte de las preocupaciones de las instituciones comunitarias y, entre ellas, en este cometido el BCE ocupa un puesto de preeminencia.

La creación de la unión bancaria aparecía como una necesidad. Bien es verdad que, a pesar de haberla establecido y hasta la fecha, tal unión no ha servido para socializar entre todos los países las pérdidas. Las insolvencias acaecidas últimamente han recaído sobre los propios accionistas de la entidad o sobre el erario público del respectivo Estado, y de ningún modo sobre Bruselas. Pero lo que sí se ha transferido a las autoridades comunitarias es la supervisión y vigilancia de las entidades financieras. Los bancos centrales de los distintos Estados han pasado en cierto modo a ser sucursales del BCE.

Tampoco era necesario afinar mucho para adelantar algunas de las objeciones que iba a poner Frankfurt (ver mi artículo en este periódico del 4 de agosto de 2022, titulado “Impuesto a los depósitos bancarios”). Mas allá de las deficiencias técnicas de la norma (cosa casi generalizada en las leyes de este Gobierno) y de la posibilidad de que la tumbe la justicia, el BCE coloca como una de las objeciones principales el hecho de que el gravamen gire sobre el margen de intereses y las comisiones, y no sobre los beneficios, con lo que se puede distorsionar el funcionamiento del mercado financiero y dañar la solvencia de los bancos, tanto más cuanto que el tributo no es generalizado.

Pero, sobre todo, Frankfurt destaca la prohibición que establece la norma de que las entidades financieras repercutan el gravamen sobre los clientes, cuyo cumplimiento resulta totalmente imposible de comprobar. Las entidades financieras tienen suficientes mecanismos para trasladar el impuesto, con lo que la prohibición se convierte en un brindis al sol.

Además, el BCE no ha visto con buenos ojos que se designe al Banco de España como cancerbero de la observancia de un mandato totalmente irrisorio, que cae fuera de sus funciones e incluso en cierto modo se opone a ellas, ya que el BCE ha establecido, nos guste o no, que las entidades financieras deben repercutir todos sus costes a los clientes.

Lo que sí nos debería haber sorprendido, aun cuando estemos curados de espanto, es la reacción tan visceral, zafia y fuera de tono que han tenido todos los miembros del Gobierno ante el informe del BCE. Quizás el mayor exabrupto, excluyendo el de Sánchez, haya sido el protagonizado por el ministro de Seguridad Social, y es que los conversos suelen llevar las cosas hasta el extremo para que se les perdonen los pecados pasados.

Lo único que se le ha ocurrido decir es que el informe es de corta y pega. Debe de conocer bien esa técnica, ya que su señorito la domina a la perfección, como demostró con su tesis doctoral, y él mismo la ha aplicado en la elaboración del ingreso mínimo vital y en su reforma de las pensiones, que son chapuzas de primer orden. Si el ministro no hubiese sido tan visceral, habría entendido que una cosa es el corta y pega y otra que una institución al elaborar un informe cite las tesis que ha mantenido en otros casos similares. En esta ocasión, transcribe lo dicho respecto de Lituania, Eslovenia y Polonia. Y ciertamente no dice mucho acerca de la salud de la democracia española que el BCE la tenga que comparar con la de estas naciones.

La traca final la protagonizó Sánchez con unas declaraciones muy a su estilo -estilo que ha transmitido a sus ministros-, la de sustituir los argumentos que no tiene por ataques personales, insultos e injurias.  Claro que primero tiene que identificar el objeto o el sujeto a quien echar las culpas y, por lo tanto, convertirlo en diana. Es una táctica muy vieja, quizás desde los sofistas. Schopenhauer la explicó de forma profusa en su obra “Parerga y Paralipómena”, cuyas conclusiones fueron recogidas por Alianza editorial en un librito titulado “El arte de insultar”.

El filosofo alemán se expresaba de este tenor: “Cuando se advierte que el adversario es superior y que uno no conseguirá llevar razón, personalícese, séase ofensivo, grosero. Personalizar consiste en que uno se aparta del objeto de la discusión (porque es una partida perdida) y ataca de algún modo al contendiente y a su persona: esto podría denominarse argumentum ad personam, a diferencia de argumentum ad hominem”.

Sánchez se ha hecho un maestro en esa táctica del argumentum ad personam. La ha practicado desde hace mucho, desde antes de ser presidente del gobierno. Todos recordamos aquel debate electoral del 13 de diciembre de 2015 en el que espetó a Rajoy aquello de “Usted no es una persona decente”. Sonó como un trallazo que dejó desconcertado incluso al propio presidente del gobierno, ya que hasta entonces nadie estaba acostumbrado a este tipo de enfrentamientos personales.

Ahora ha dado órdenes a sus ministros de que lo utilicen. Buen ejemplo de ello es la ofensiva emprendida contra Núñez Feijóo. Causa risa de lo burda que es y de lo obvia y evidente que aparece. Incluso le han acusado de no saber inglés. Si el presidente del PP hubiese sido ducho en argumentos ad personam habría podido contestar que peor que no saber inglés es saber solo inglés, que es lo que le pasa a Sánchez.

Esa misma táctica es la seguida contra el informe del BCE que tan mal ha sentado en el Gobierno. La reacción no se ha basado en ningún argumento racional, sino en ataques personales. Para ello ha escogido como objetivo al vicepresidente de la institución, Luis de Guindos, basándose en que fue ministro de Economía de Rajoy. El plan ha resultado ingenuo. Es difícil de creer que un informe del BCE firmado por su presidenta obedezca únicamente a la animadversión de un miembro del Consejo.

Este menosprecio de Sánchez, dados sus antecedentes, no debería sorprendernos. No obstante, en esta ocasión sí hay un motivo para el asombro, el hecho de que el contrincante sea el BCE, entidad que mantiene en su balance más del 30% de la deuda española y que es la única institución europea realmente con poder. Colocó a la economía griega al borde del abismo hasta que hizo rectificar al entonces Gobierno de Tsipras. Fue el que tuvo que salvar a España e Italia del acoso de los mercados, pero, en contrapartida, les obligó a duras medidas y ajustes.

Ciertamente sería ingenuo pensar que por este enfrentamiento el BCE vaya a tomar represalias vendiendo la deuda pública española. Pero la situación actual es sumamente crítica. Ante la desmedida inflación, el BCE debe cambiar de política. Por lo pronto ha tenido que subir los tipos de interés, pero todo hace pensar que tendrá que pasar de comprar bonos a desprenderse de ellos en el mercado para drenar liquidez y reducir así la demanda. En esto no se distingue de otro banco central cualquiera, como la Reserva Federal de EE. UU. o el Banco de Inglaterra. No obstante, sí existe una notable diferencia, la Unión Europea ni es un Estado ni constituye una única economía; por el contrario, se compone de veintisiete países muy heterogéneos y con un stock de deuda pública enormemente dispar.

El BCE prevé que no podrá vender títulos de algunos países, y que incluso tendrá que continuar comprándolos si no quiere que los mercados apuesten contra ellos y que su prima de riesgo se dispare, tal como ocurrió en 2012. Es decir, que se va a producir la fragmentación del mercado, deberá vender títulos de la mayoría de los países, pero se verá obligado a comprar de algunos otros como Italia, España y, por supuesto, Grecia.

Ha habido que crear un nuevo instrumento mediante el cual se comprará los títulos de aquellos países que lo necesiten, pero con requisitos y obligaciones que forzosamente habrá que cumplir. Es decir, que dentro de muy poco parece que vamos a depender del BCE más de lo que querríamos, y que estaremos sometidos a su dictamen y a sus condiciones. No me parece que sea el momento para la petulancia, la soberbia y el desplante. En estas circunstancias la altivez se convierte en imprudencia.

republica.com 17- 11-2022



TRAYECTORIA ERRÁTICA DE LA POLÍTICA DE LA UNIÓN EUROPEA

ECONOMÍA, EUROPA Posted on Mar, noviembre 08, 2022 00:34:42

La concisión que precisa un artículo me dispensa de remontarme en el tiempo más allá de la Unión Monetaria. Además, la creación del euro es el punto de partida de las mayores contradicciones y quizás la expresión más clara del despiste de los mandatarios europeos. Por otra parte, tras la moneda única la izquierda no tiene más remedio que cambiar sus planteamientos económicos, ya que los países miembros han perdido su soberanía monetaria.

Fue Mitterrand, y Francia con él, quien dio el patinazo de mayor envergadura. No era ningún secreto que Alemania desde hacía tiempo abrigaba el anhelo de la reunificación, en realidad de la absorción de la Alemania democrática por la Alemania Federal. Pero la operación tenía repercusiones muy serias sobre toda Europa. Kohl necesitaba lograr de algún modo la aquiescencia de los otros miembros y especialmente de Francia, que junto con Alemania formaba ya el núcleo duro de la Unión Europea.

La reunificación asustaba a Mitterrand por los desequilibrios que podía representar en Europa una Alemania fuerte. Así que impuso como condición la creación de la Unión Monetaria. De esta manera se privaba, según él, al país germánico de lo que se pensaba que era una de sus más sólidas columnas, el marco, y se ahuyentaban los fantasmas del pasado.

El despiste del mandatario francés fue monumental y con él el de otros muchos líderes europeos, como Felipe González, puesto que ha sido el euro tal como se aprobó en Maastricht y el modo en que se configuró la Eurozona lo que precisamente permite a Alemania mantener, sin armas ni ejércitos, la supremacía sobre toda Europa. Supremacía que aparentemente es económica, pero que deriva inevitablemente en política. Alemania es la gran beneficiada de la moneda única.

La Unión Monetaria se constituyó sin integración fiscal. Tan solo se impuso a los países miembros la obligación de mantener cierta disciplina presupuestaria, de manera que la política fiscal no fuese un obstáculo para la monetaria. Sin embargo, se desechaba integrar aquellos elementos de la política fiscal que podían implicar una dinámica redistributiva.

Esta configuración jugaba a favor de los países económicamente fuertes, y por tanto de Alemania. Situación que se ha ido haciendo más y más patente a medida que se iba consolidando la moneda única. Quizás la magnitud que puede medir mejor estos desequilibrios progresivos sea el stock de deuda pública y su evolución a lo largo del tiempo.

En el año 2000, momento de la introducción del euro, esta variable en Alemania, España, Francia y Portugal alcanzaba un porcentaje parecido del PIB: (59,1%, 57,8% 58,9% y 54,29%, respectivamente) Solo Italia (109,0%) y Grecia (104,9%) se salían de la tónica. En 2021 la situación ha cambiado por completo. En Alemania, en estos veinte años, el porcentaje ha crecido mínimamente (69,3%), mientras que en el resto de los países -España (118,4%; Francia (112,9%); Portugal (127,4%); Italia (150,8%); Grecia (193,3%)- el incremento ha sido sustancial, casi hasta doblar el porcentaje en la mayoría de los casos. La causa de esta diferencia no se encuentra (como pretenden algunos) en la mayor o menor frugalidad de las naciones, sino de la situación que estas ocupan en la economía de la Eurozona.

La preeminencia de Alemania tanto en el orden económico como político ha hecho que la estrategia aplicada en la Eurozona haya sido anárquica y aparentemente incoherente, puesto que puede adoptar las formas más contradictorias en función tan solo de las conveniencias del país germánico.

Este sesgo apareció muy pronto tras la creación del euro, ya en 2004, cuando Alemania, juntamente con Francia, incumplió las condiciones del pacto de estabilidad que este mismo país había impuesto. El comisario europeo en materia económica a la sazón, Joaquín Almunia, con la aquiescencia del resto de la Comisión, tuvo que hacer malabares para justificar por qué no se abría expediente por déficit excesivo.

Pero quizás la contradicción y la incoherencia más clara la constituye la diferente política que la Comisión y Europa en general están aplicando en la actualidad respecto a la que utilizaron en la anterior crisis. En ella se impuso una política rigurosa e intolerante, obligando a los países del Sur a toda una serie de recortes con efectos profundamente negativos para ellos y de la que, como en el caso de Grecia, aún no se han recuperado.

Esa política rígida se mantuvo bastante tiempo, incluso cuando el Banco Central Europeo estaba enfrascado en una política monetaria fuertemente expansiva, sin que por ello lograse situar la inflación en los límites del 2%. Draghi, con buen criterio, recordaba a los gobiernos de todos los países que, tal como afirmó en su tiempo Keynes, existía la trampa de liquidez. La política monetaria necesitaba de la fiscal para reactivar la economía. La llamada del presidente del BCE se dirigía a todos los gobiernos, pero principalmente a los que tenían margen presupuestario, los países del Norte, entre los que ocupaba un papel primordial Alemania.

Desde luego el ruego no fue atendido. Es más, desde Alemania se elevaron muchas voces encabezadas por el Bundesbank que criticaban las actuaciones del banco emisor, en su opinión muy expansiva. Se ha alegado siempre como disculpa el miedo del país germánico a repetir las desastrosas experiencias sufridas en el pasado con el incremento galopante de precios.

Pero lo cierto es que el miedo era totalmente infundado porque durante bastantes años no hubo ningún peligro de inflación. Más bien al contrario, la tasa estaba muy por debajo de ese 2% en la que se ha convenido que deben moverse los precios para que la economía funcione adecuadamente. La verdadera razón de mantener una política tan rígidamente restrictiva y los recortes en el gasto público es que le convenía a Alemania para garantizar así el cobro de las deudas de las que eran titulares sus bancos.

La ortodoxia y la rigidez presupuestaria de aquellos años contrastan con la situación actual. Nada más declararse la epidemia se dejaron en suspenso las reglas fiscales, pero incluso con anterioridad y de forma unilateral Alemania había decidido ya salir en auxilio de sus empresas con dificultades; violaba así uno de los sacrosantos preceptos de la UE, la prohibición de las ayudas de Estado, que se piensa que constituyen un peligro para la competencia y el mercado único.

En aquellos momentos la cuestión no era especialmente peligrosa, dado que la tasa de inflación se mantenía en cotas muy bajas e incluso cuando comenzó a elevarse el BCE creyó que la subida de precios era pasajera, ocasionada por las dificultades en los suministros, generadas en la pandemia, así que continuó manteniendo la misma política y comprando títulos en el mercado.

Durante las etapas duras del Covid quizás podía estar justificado que se relajasen las reglas presupuestarias, aunque da la impresión de que muchos países, incluyendo la misma Alemania, adoptaron la ley del péndulo pasando de un extremo a otro, con lo que en la mayoría de los casos se ha incrementado de manera alarmante el endeudamiento público. Todo el mundo se ha sentido libre para gastar o bajar impuestos como si el dinero público no tuviese fin y como si no existiese el coste de oportunidad.

La situación ha adquirido mayor gravedad después de la invasión de Ucrania por Rusia. La inflación se ha disparado hasta cotas desconocidas desde muchos años atrás. El BCE se ha visto obligado a cambiar de política elevando los tipos de interés y se supone que invirtiendo su actuación en los mercados, vendiendo títulos en lugar de comprarlos. No obstante, la UE ha prolongado la suspensión de las reglas fiscales, con lo que se da a los gobiernos nacionales barra libre en materia presupuestaria. Es decir, la política fiscal se orienta en sentido contraria a la monetaria.

En esta línea el primer país en pronunciarse ha sido Alemania anunciando que va a emplear 200.000 millones de euros (5% del PIB) en auxiliar a sus empresas y ciudadanos. Esta noticia ha levantado voces críticas en varios países miembros e incluso, aunque con sordina, en la Comisión. Consideran que puede romper el mercado único y falsear la competencia entre países, ya que muchos de ellos no pueden aplicar la misma política, puesto que no gozan de una situación fiscal tan desahogada.

En esta ocasión es Alemania la que se encuentra en peor situación pues es a su economía y a sus empresas a las que puede afectar en mayor medida la crisis energética. Una vez más serán los intereses alemanes los que terminarán imponiéndose. En el fondo no es que la política de la UE se haya hecho errática y contradictoria, ni siquiera que haya cambiado. Lo único que se ha modificado es la situación de Alemania y sus conveniencias.

Pero ello nos conduce a un problema mayor, a un enfrentamiento entre la política fiscal y la monetaria, que caminan en direcciones contrarias. Tiran de la cuerda en sentidos opuestos, y es curioso que ahora a Alemania no le importe. Mientras la política monetaria se afana por reducir la demanda a efectos de controlar la inflación, con riesgo no obstante de dañar el crecimiento, la prodigalidad de los ejecutivos de los países miembros incrementa la demanda con la finalidad de reactivar la economía, pero colaboran probablemente a la subida de los precios o al menos anulan la actuación del BCE y obligan a este a aumentar su rigor monetario.

Lo que una intenta arreglar la otra lo desbarata, y que nadie piense que una política monetaria restrictiva es menos dolorosa para los ciudadanos que la disciplina fiscal y presupuestaria. Solo que está más disfrazada y los gobiernos no se sienten implicados en ella. La donación del bono cultural, la gratuidad en el transporte público o la reducción alegre de los impuestos, puede conducir a una mayor subida de los tipos de interés con efecto inmediato en las hipotecas y en las empresas, e incluso, lo que puede ser más peligroso para países con un fuerte endeudamiento público, como Italia o España, la venta masiva por el BCE de títulos en los mercados, y la reacción de estos especulando sobre la deuda de estos Estados.

Bien es verdad que estas actuaciones de política monetaria tienen poco reflejo en las elecciones, mientras que la disciplina fiscal sí.

republica.com 3-11-2022



LA TORRE DE BABEL Y EL DIFERENCIAL DE INFLACIÓN

ECONOMÍA, EUROPA Posted on Mar, octubre 11, 2022 18:57:54

Es de sobra conocido ese pasaje de la Biblia (Génesis 11; 1-9) que narra la construcción de la torre de Babel y cómo Yahvé, ofendido por la osadía de los que querían llegar hasta el cielo, se dijo a sí mismo: Forman un solo pueblo y hablan un solo idioma, podrán lograr todo lo que se propongan, mejor será que confundamos su lengua, y hagamos que tengan que explicarse en distintos idiomas, de manera que no se entiendan entre sí. El relato bíblico no parece que considere la multitud de lenguas como una riqueza cultural, sino más bien como una maldición que coloca una barrera entre los hombres para que no se entiendan.

La Unión Europea cuenta con veinticuatro idiomas: alemán, búlgaro, checo, danés, eslovaco, esloveno, español, estonio, finlandés, francés, griego, húngaro, inglés, irlandés, italiano, letón, lituano, maltés, neerlandés, polaco, portugués, rumano, croata y sueco. Un poco difícil la comunicación… y aún hay quien quiere que se incorporen nuevas lenguas. Se entiende perfectamente que Jean-Claude Juncker, siendo presidente de la Comisión Europea, al ser preguntado por la independencia de Cataluña contestase medio en broma medio en serio: Si Cataluña se independiza, otros muchos pretenderán hacer lo mismo. No quiero una Europa formada por noventa miembros. Manejar a veintisiete países ya es difícil, con  noventa sería imposible.

Entre los múltiples factores que cuestionan la viabilidad a largo plazo de la Unión Europea, ocupa lugar preferente la multiplicidad y heterogeneidad de los países que la conforman. En un principio, cuando se llamaba Comunidad Económica Europea, gozó de cierta estabilidad al estar integrada por seis países de características similares: Alemania, Francia, Italia y los tres del Benelux. Incluso fueron capaces de mantener durante varios años, de 1979 a principios de los noventa, un sistema de cambios fijos, aunque ajustables, y eso a pesar de que el experimento anterior, la serpiente monetaria, había fallado.

La situación comienza a cambiar en cuanto entran otros socios con propiedades económicas algo distintas: Grecia, Portugal, España, cuya incorporación coincide, además, con la adopción de la libre circulación de capitales, es decir, con la privación a los Estados de los mecanismos de control de cambios. No obstante, la clase política, empujada tal vez por los múltiples lobbies que la circundan, estaba decidida a crear la Unión Monetaria, aún a sabiendas de que el fracaso del Sistema Monetario Europeo a principios de los noventa había indicado claramente que los países miembros eran lo suficientemente dispares para hacer dudar de la viabilidad de la moneda única, al menos si no se avanzaba rápidamente hacia una integración fiscal y presupuestaria.

Pero fue en 2004 cuando la Unión Europea se enfrenta a una disyuntiva crucial: crecer en intensidad consumando la Unión, o en extensión añadiendo nuevos miembros. Sabemos que se inclinó por la segunda opción, la ampliación con diez nuevos Estados, lo que se completó en los años posteriores con otras tres incorporaciones hasta alcanzar los veintisiete actuales, y parece que el proceso no ha terminado aún. La crisis de 2008 puso a prueba la solidez de la unión, viéndose claramente la escisión entre países deudores y acreedores, situación que se corrigió provisionalmente gracias a la actuación del BCE y los durísimos ajustes a los que se sometió a los primeros.

Las diferencias, corregidas y aumentadas por la ampliación, continúan estando ahí. Cualquier variable que se tome a la hora de comparar los veintisiete países arroja diferencias inquietantes. La renta per cápita de algunos países es dos, tres o cuatro veces superior a la de otros, y algo similar ocurre con los salarios. Recientemente estas diferencias se han plasmado en las tasas de inflación. Se ha insistido con frecuencia en la cuantía desmesurada, y últimamente desconocida, que ha alcanzado el incremento de precios en Europa, pero a mi entender no se ha puesto el suficiente énfasis en las enormes diferencias que se producen en esta variable entre los países de la Unión Europea y, lo que es aún más grave, de la Eurozona.

Fue esta disparidad en el incremento de precios entre, por ejemplo, Alemania y España, Portugal y Grecia, la que estuvo detrás de los problemas que azotaron al euro en 2008 y años posteriores. Las diferencias en las tasas de inflación, consolidadas y progresivamente incrementadas desde 2000, fecha de constitución de la Eurozona, hasta 2008, no podían por menos que hacer perder la competitividad a los países con mayor incremento de precios, lo que se tradujo en unos déficits desproporcionados en la balanza por cuenta corriente y el consiguiente endeudamiento exterior.

En el mes de agosto la tasa de inflación de la Eurozona ha sido de 9,1%, la de la Unión Europea 10,1 %, pero esto son tan solo medias. Hay países como Francia cuya tasa ha sido del 6,6% y otros como Lituania, Estonia o Letonia que están por encima del 20%. En general, todos los países del este de Europa alcanzan los dos dígitos. Esta diferencia les ocasiona una sustancial pérdida de competitividad. En especial para aquellos que pertenecen a la Eurozona, ya que, al no tener moneda propia, la flotación del tipo de cambio no podrá compensar, aunque sea parcialmente, el mayor incremento de precios.

Conviene resaltar que, si estas disparidades se mantuviesen a lo largo del año, el diferencial existente entre Francia o Alemania por ejemplo con Letonia y Estonia sería mayor en un solo ejercicio que el que, por ejemplo, se consolidó a lo largo de ocho años entre el país germánico y Grecia, Portugal o España, y que tantos problemas acarrearon a estos países. ¿Cómo van a recuperar Letonia, Lituania o Estonia la competitividad perdida (más de catorce puntos) frente a Francia? ¿Qué política monetaria va a ejecutar el BCE? ¿Dónde va a mirar la autoridad monetaria a Francia o a Estonia? Es difícil que la Eurozona pueda funcionar bien cuando se dan estas diferencias tan grandes.

La prueba más palpable se encuentra en esta Comisión actual, que se está demostrando totalmente inoperante. El hecho de que se haya establecido que esté integrada por un comisario de cada país, con independencia del tamaño y las características de este, la convierte en un mosaico inútil y sin fuerza frente a los mandatarios de los países, especialmente los de los importantes.

La tasa de inflación de España es inferior a la de los países del Este. Algún periodista de la órbita del diario El País, con la obvia intención de defender al Gobierno, se fijaba en ello para afirmar que la situación de España era aceptable. Lo cierto es que la separan 4 puntos de Francia y alrededor de 1,5 puntos de Italia y Alemania, que son los países con los que principalmente tiene que competir.

Una vez más, la economía española se adentra por una senda peligrosa que ya recorrimos al principio de los noventa con el Sistema Monetario Europeo. La cuestión es que entonces no existía el euro y pudimos devaluar cuatro veces, con lo que se alcanzaron de nuevo los niveles de competitividad perdida. Pero es cierto que entre que devaluamos o no la economía se resintió significativamente. Más gravedad tuvo el diferencial de inflación que se produjo en la segunda legislatura de Aznar y la primera de Zapatero, que se tradujo en un enorme déficit de la balanza de pagos y en un incremento del endeudamiento exterior difícil de mantener. Nos encontrábamos ya en la Unión Monetaria, y era imposible recuperar de nuevo las cotas de competitividad vía tipo de cambio, de modo que hubo que someterse a una devaluación interior con enormes sacrificios de la sociedad española, principalmente de las clases bajas.

En la actual coyuntura, deberíamos preguntarnos cuál es la razón de que la inflación en España sea superior a la de Francia, Italia o Alemania. La política monetaria ha sido la misma, instrumentada por el BCE, y todo indica que la guerra nos debería afectar menos a nosotros que a los países citados. La respuesta no puede ser más que una: el tratamiento que dimos a la epidemia y principalmente la política fiscal que estamos aplicando, permitiendo que la demanda crezca más que la oferta, en mayor medida que las principales economías de la Eurozona. Estamos echando leña al fuego.

republica.com 6-10-2022



POLÍTICA MONETARIA VERSUS POLÍTICA FISCAL

ECONOMÍA, HACIENDA PÚBLICA Posted on Dom, septiembre 25, 2022 20:59:03

Existe un cierto espejismo en la política económica. Hay quienes piensan que lo más progresista es emplear recursos públicos, cuantos más mejor. Y ahí tenemos al Gobierno actual regando con dinero público a diestro y siniestro, concediendo en una especie de lotería dádivas y mercedes sin orden ni concierto. Supone que así va a conseguir los votos de los beneficiarios. Lo malo es que quiere hacer pasar esa política por el culmen del progresismo y bandera de la izquierda. Sánchez se vanagloria de ello, y agita como el mayor triunfo personal y el más meritorio la cantidad de dinero público gastado, en la idea de que cuantos más recursos se empleen la sociedad le considerará mejor gestor y gobernante.

Habrá quienes piensen que en esta etapa de crisis lo más conveniente para la población es que se bajen los impuestos. Y ahí tenemos al PP y a muchos de sus seguidores vociferando por todas partes que lo más necesario es ayudar a las familias y para ello se precisa reducir la presión fiscal de manera que se compense, aunque sea parcialmente, el daño que está haciendo la inflación. Piensan también que esta sería la política más progresista. Ambas posiciones, aun cuando aparecen radicalmente opuestas, en el fondo no existe entre ellas tanta diferencia. Ambas mantienen una política expansiva.

Recientemente, el Banco Central Europeo (BCE) ha subido el tipo de interés 0,75 puntos, situándolo en el 1,25%. Una subida más bien inédita. Resulta evidente que Christine Lagarde ha querido mostrar que está dispuesta a controlar la inflación pase lo que pase. Los bancos centrales pretenden reducir la demanda con la finalidad de controlar los precios. Pero existe siempre una cierta contrapartida: que se dañe el crecimiento. A pesar de ser tan elevado, casi todo el mundo ha visto lógico el incremento realizado del tipo de interés.

Me pregunto por qué no se aplica el mismo rasero a la política fiscal  ya que ambas políticas son complementarias, pero también sustitutivas. Una política fiscal expansiva incrementará la demanda y por ende la inflación. Cuanto más expansivas sean las políticas fiscales, más restrictiva tendrá que ser la política monetaria. Qué duda cabe que en ese 0,75% tiene mucho que ver la actitud relajada que están adoptando en materia fiscal, unos más otros menos, la mayoría de los gobiernos y, cosa curiosa, con el beneplácito de la Comisión Europea.

En la Unión Europea la política monetaria es única y está encomendada al BCE. Por el contrario, cada gobierno aplica su política fiscal y no es de extrañar que todos ellos tiendan a contentar a sus electores con medidas fiscales expansivas, bien sea a través del gasto o de la bajada de impuestos, y dejen la tarea de controlar la inflación a la autoridad monetaria, que aplicará una política tanto más dura cuanto menos hayan colaborado los gobiernos nacionales.

Fuera de la Unión Monetaria, la responsabilidad de ambas políticas -por más que algunos se empeñen en afirmar que los bancos centrales son independientes- recae sobre los gobiernos, y para luchar contra la inflación tendrán que calibrar en qué medida utilizan la política fiscal y en qué medida la monetaria, y cuál de ellas es más dolorosa para los ciudadanos y cómo se distribuye el coste entre las clases y los grupos sociales.

En principio, la política monetaria es mucho más rígida y en ella caben pocas opciones y variaciones, como no sea su intensidad. En política fiscal, sin embargo, son posibles casi infinitas combinaciones y alternativas, y también escoger sobre qué grupos se incide para obtener mejores resultados con los menores costes, e incluso elegir las clases sociales que deben soportar preferentemente las cargas.

Intuitivamente podemos afirmar que las restricciones monetarias perjudican a los deudores y pueden beneficiar a los acreedores. Los efectos negativos de una subida de tipos de interés recaerán de forma inmediata sobre todos aquellos ciudadanos que tengan firmadas hipotecas a tipos variables, y en general sobre todos los que tienen contraídos préstamos referenciados al Euríbor. Con carácter general, clase media o humilde. En realidad, una de las finalidades de endurecer la política monetaria es desincentivar el consumo.

La elevación del tipo de interés afectará también a las empresas, encareciendo la financiación. El resultado será menos inversiones y una reducción de la actividad económica con efectos negativos sobre el empleo, y quizás también sobre los salarios. Pero todo eso es precisamente lo que se persigue para reducir la demanda y con ella la inflación, aunque tenemos que ser conscientes de que también puede dañar el crecimiento económico. Como se ve, una política monetaria restrictiva no se puede tomar a broma, no es inocua. Tal vez sea necesaria para controlar la inflación, pero tiene un alto coste para los ciudadanos en general y en mayor medida para las clases bajas y medias bajas.

Se desprende de todo esto que no constituye una actitud muy progresista ni socialmente positiva dejar el control de la inflación en exclusiva en manos de los bancos centrales y de la política monetaria. Esa postura es mucho más onerosa y quizás más injusta que hacer que la política fiscal sea también restrictiva o al menos colabore en el control de los precios. Cuando los gobiernos se jactan de la utilización generosa del presupuesto, bien a través del incremento de los gastos bien por la minoración de ingresos, parecen desconocer que cuanto más laxa sea su política, mayor será el torniquete monetario que aplicará el banco central.

Ante la elevación de 0,75 puntos en el tipo de interés que ha realizado el BCE se han levantado algunas voces que consideran la subida demasiado elevada. Afirman que la inflación actual es de costes y que la política monetaria va a dañar el crecimiento. La subida de los precios puede ser que tenga su origen en el fuerte incremento en el coste de la energía, lo cual no es totalmente cierto porque el exceso de demanda derivado de la epidemia tuvo mucho que ver; pero, en cualquier caso, sea cual sea el origen, toda inflación se consolida por una diferencia entre oferta y demanda, y su control en la mayoría de las ocasiones solo se puede efectuar por la contención de la demanda.

Los que insisten en situar el origen de la inflación en la guerra de Ucrania y en la subida de los precios de la energía y de las materias primas tendrían que ser conscientes de que casi en su totalidad obedece a productos importados, por lo que el aumento de sus precios representa un empobrecimiento de la economía española. Alguien tiene que asumirlo. No es la mejor solución ni la más progresista dejar que tenga que ser únicamente la política monetaria la que se encargue de distribuir el coste.

republica.com  22-9-2022



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