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ARTÍCULOS RECIENTES CONTRAPUNTO

POLÍTICA MONETARIA VERSUS POLÍTICA FISCAL

ECONOMÍA, HACIENDA PÚBLICA Posted on Dom, septiembre 25, 2022 20:59:03

Existe un cierto espejismo en la política económica. Hay quienes piensan que lo más progresista es emplear recursos públicos, cuantos más mejor. Y ahí tenemos al Gobierno actual regando con dinero público a diestro y siniestro, concediendo en una especie de lotería dádivas y mercedes sin orden ni concierto. Supone que así va a conseguir los votos de los beneficiarios. Lo malo es que quiere hacer pasar esa política por el culmen del progresismo y bandera de la izquierda. Sánchez se vanagloria de ello, y agita como el mayor triunfo personal y el más meritorio la cantidad de dinero público gastado, en la idea de que cuantos más recursos se empleen la sociedad le considerará mejor gestor y gobernante.

Habrá quienes piensen que en esta etapa de crisis lo más conveniente para la población es que se bajen los impuestos. Y ahí tenemos al PP y a muchos de sus seguidores vociferando por todas partes que lo más necesario es ayudar a las familias y para ello se precisa reducir la presión fiscal de manera que se compense, aunque sea parcialmente, el daño que está haciendo la inflación. Piensan también que esta sería la política más progresista. Ambas posiciones, aun cuando aparecen radicalmente opuestas, en el fondo no existe entre ellas tanta diferencia. Ambas mantienen una política expansiva.

Recientemente, el Banco Central Europeo (BCE) ha subido el tipo de interés 0,75 puntos, situándolo en el 1,25%. Una subida más bien inédita. Resulta evidente que Christine Lagarde ha querido mostrar que está dispuesta a controlar la inflación pase lo que pase. Los bancos centrales pretenden reducir la demanda con la finalidad de controlar los precios. Pero existe siempre una cierta contrapartida: que se dañe el crecimiento. A pesar de ser tan elevado, casi todo el mundo ha visto lógico el incremento realizado del tipo de interés.

Me pregunto por qué no se aplica el mismo rasero a la política fiscal  ya que ambas políticas son complementarias, pero también sustitutivas. Una política fiscal expansiva incrementará la demanda y por ende la inflación. Cuanto más expansivas sean las políticas fiscales, más restrictiva tendrá que ser la política monetaria. Qué duda cabe que en ese 0,75% tiene mucho que ver la actitud relajada que están adoptando en materia fiscal, unos más otros menos, la mayoría de los gobiernos y, cosa curiosa, con el beneplácito de la Comisión Europea.

En la Unión Europea la política monetaria es única y está encomendada al BCE. Por el contrario, cada gobierno aplica su política fiscal y no es de extrañar que todos ellos tiendan a contentar a sus electores con medidas fiscales expansivas, bien sea a través del gasto o de la bajada de impuestos, y dejen la tarea de controlar la inflación a la autoridad monetaria, que aplicará una política tanto más dura cuanto menos hayan colaborado los gobiernos nacionales.

Fuera de la Unión Monetaria, la responsabilidad de ambas políticas -por más que algunos se empeñen en afirmar que los bancos centrales son independientes- recae sobre los gobiernos, y para luchar contra la inflación tendrán que calibrar en qué medida utilizan la política fiscal y en qué medida la monetaria, y cuál de ellas es más dolorosa para los ciudadanos y cómo se distribuye el coste entre las clases y los grupos sociales.

En principio, la política monetaria es mucho más rígida y en ella caben pocas opciones y variaciones, como no sea su intensidad. En política fiscal, sin embargo, son posibles casi infinitas combinaciones y alternativas, y también escoger sobre qué grupos se incide para obtener mejores resultados con los menores costes, e incluso elegir las clases sociales que deben soportar preferentemente las cargas.

Intuitivamente podemos afirmar que las restricciones monetarias perjudican a los deudores y pueden beneficiar a los acreedores. Los efectos negativos de una subida de tipos de interés recaerán de forma inmediata sobre todos aquellos ciudadanos que tengan firmadas hipotecas a tipos variables, y en general sobre todos los que tienen contraídos préstamos referenciados al Euríbor. Con carácter general, clase media o humilde. En realidad, una de las finalidades de endurecer la política monetaria es desincentivar el consumo.

La elevación del tipo de interés afectará también a las empresas, encareciendo la financiación. El resultado será menos inversiones y una reducción de la actividad económica con efectos negativos sobre el empleo, y quizás también sobre los salarios. Pero todo eso es precisamente lo que se persigue para reducir la demanda y con ella la inflación, aunque tenemos que ser conscientes de que también puede dañar el crecimiento económico. Como se ve, una política monetaria restrictiva no se puede tomar a broma, no es inocua. Tal vez sea necesaria para controlar la inflación, pero tiene un alto coste para los ciudadanos en general y en mayor medida para las clases bajas y medias bajas.

Se desprende de todo esto que no constituye una actitud muy progresista ni socialmente positiva dejar el control de la inflación en exclusiva en manos de los bancos centrales y de la política monetaria. Esa postura es mucho más onerosa y quizás más injusta que hacer que la política fiscal sea también restrictiva o al menos colabore en el control de los precios. Cuando los gobiernos se jactan de la utilización generosa del presupuesto, bien a través del incremento de los gastos bien por la minoración de ingresos, parecen desconocer que cuanto más laxa sea su política, mayor será el torniquete monetario que aplicará el banco central.

Ante la elevación de 0,75 puntos en el tipo de interés que ha realizado el BCE se han levantado algunas voces que consideran la subida demasiado elevada. Afirman que la inflación actual es de costes y que la política monetaria va a dañar el crecimiento. La subida de los precios puede ser que tenga su origen en el fuerte incremento en el coste de la energía, lo cual no es totalmente cierto porque el exceso de demanda derivado de la epidemia tuvo mucho que ver; pero, en cualquier caso, sea cual sea el origen, toda inflación se consolida por una diferencia entre oferta y demanda, y su control en la mayoría de las ocasiones solo se puede efectuar por la contención de la demanda.

Los que insisten en situar el origen de la inflación en la guerra de Ucrania y en la subida de los precios de la energía y de las materias primas tendrían que ser conscientes de que casi en su totalidad obedece a productos importados, por lo que el aumento de sus precios representa un empobrecimiento de la economía española. Alguien tiene que asumirlo. No es la mejor solución ni la más progresista dejar que tenga que ser únicamente la política monetaria la que se encargue de distribuir el coste.

republica.com  22-9-2022



UN IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS BANCARIOS

ECONOMÍA, HACIENDA PÚBLICA Posted on Lun, agosto 08, 2022 09:02:12

En esa escenificación de su giro a la izquierda, Sánchez ha anunciado un impuesto extraordinario a la banca y a las eléctricas. Lo fundamenta en que ambos sectores han obtenido beneficios extraordinarios. Es curioso. El populismo olvida que las sociedades propiamente no delinquen ni se enriquecen, que son entidades interpuestas, y que sus beneficios siempre terminan en personas físicas, ejecutivos y accionistas.

Atacar a los bancos tiene buena prensa; a los ejecutivos y accionistas, no tanto. Por eso Sánchez nunca abordará una reforma del IRPF para fusionar en una misma tarifa las rentas de capital (provengan o no de la banca) y las de trabajo, y establecer nuevos tramos con tipos marginales mucho más elevados en los que estuviesen incluidas las rentas escandalosas de los altos ejecutivos (sean o no del sector bancario).

La banca, como Hacienda, somos todos. Parece un desvarío, pero de desvarío tiene muy poco. La importancia económica de las entidades financieras es de tal calibre que sus peripecias terminan impactando en toda la sociedad y por consiguiente en el erario público. Solo hay que recordar la historia, por ejemplo, desde 1980, para constatar cómo el Estado ha tenido que salir en múltiples ocasiones en auxilio de los bancos, por las implicaciones que su quiebra tenía para toda la economía.

Pero es esa característica especial de las entidades financieras la que exige que se las someta a un control muy especial del Estado. En tiempos lejanos, la izquierda no planteaba aplicarles un impuesto extraordinario, sino su nacionalización. Quizás en tiempos no tan lejanos, puesto que Miguel Boyer en 1976, en la escuela de verano del PSOE, defendía la nacionalización de la banca.

El franquismo, como régimen intervencionista que era, propició que una parte de las entidades financieras fuesen públicas, a las se denominó banca oficial. Además, en el resto de las entidades, el Gobierno establecía los tipos de interés que debían aplicar y, mediante los coeficientes de inversión y solvencia, determinaba qué porcentaje de los activos tenían que dirigirse hacia uno u otro sector de la economía, incluso qué porcentaje debía materializarse en deuda pública.

La liberalización financiera acompañó a la Transición. Se mantuvo, por supuesto, la necesidad de que las entidades financieras estuviesen sometidas a una normativa especial y a una supervisión y control estrictos por parte del Banco de España, fundamentalmente en lo relativo a la solvencia.

Al mismo tiempo, perduraron junto a la banca privada, unas entidades financieras públicas y otras que, aunque no tenían este carácter, tampoco se puede decir que fuesen privadas, ya que sus órganos directivos se entregaron en buena medida a la clase política y a los estamentos sindicales y empresariales de las Comunidades Autónomas y Corporaciones locales, lo que constituyó un grave error. Las públicas con el tiempo entraron en un proceso de fusiones cuyo final fue la privatización.

A su vez, a lo largo de todos estos años la supervisión y el control del Banco de España han dejado mucho que desear, puesto que las crisis bancarias se han sucedido con graves consecuencias para la economía y para el erario público. El proceso ha sido siempre el mismo o parecido. Intervención por parte del Estado de la empresa dañada y posterior privatización una vez saneada. El último ejemplo y en tiempos recientes, Bankia.

En concreto la crisis de 2007 constituye un buen ejemplo de los fallos de la inspección del Banco de España y del control de los gobiernos de Zapatero y Aznar. Significó la casi total desaparición de las Cajas de Ahorro y cuantiosas pérdidas para las entidades que sobrevivieron, así como la utilización de ingentes recursos públicos con el correspondiente incremento de la deuda. Es cierto que habría existido una solución más equitativa, la de repartir las pérdidas entre los bancos deudores (los españoles) y los acreedores (alemanes, franceses, holandeses, etc.), pero en Europa manda quien manda.

Las entidades financieras que sobrevivieron alimentaron importantes insolvencias que no pudieron deducir del impuesto de sociedades en los ejercicios en los que se generaron al no tener ingresos suficientes y que se fueron acumulando en el balance como activos frente a la Hacienda Pública. Son los llamados créditos fiscales, conocidos como DTA, por sus siglas en inglés (deferred tax assets).

Los DTA existen no solo en las entidades financieras, también en las eléctricas y en otra serie de empresas. Pero son los bancos los que han acumulado en sus balances una cantidad mayor de estos activos. En los momentos actuales se estima que aún mantienen más de 65.000 millones de euros. Tales cantidades amenazaban con vaciar de contenido la recaudación del impuesto de sociedades, de manera que, en 2016, con buen criterio, el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro limitó al 25% de la base imponible la cantidad que las empresas podían deducir por este concepto, con lo que la banca necesitará de 15 a 20 años para recuperar fiscalmente los créditos acumulados.

Quizás lo que no sea demasiado conocido es que para que los DTA que las entidades financieras mantienen en el balance, computasen a efectos de cumplir los criterios de solvencia, Europa exigió que fuesen avalados por el Estado.

Todo lo dicho hasta el momento da buena idea de hasta qué punto la situación económica de la banca está ligada a la economía nacional e, incluso, a partir de la unidad bancaria, a la europea. Son esta integración y esta dependencia las que exigen suma prudencia a la hora de actuar en este sector. Entrar como elefante en una cacharrería podría tener efectos bastante negativos.

El Gobierno pretende justificar el impuesto que ahora introduce en la suposición de que la inflación beneficia a los bancos. Pero establecer en cada momento a quién perjudica o favorece la subida de precios no es tarea fácil, ya que depende de muchas variables y de la decisión de múltiples agentes. Es lo que pretendía explicar en el artículo publicado el 14 de octubre de 2021 en este mismo diario digital titulado “La inflación, ¿el impuesto de los pobres?”.  Señalaba en ese artículo que en realidad no existe una inflación, sino el incremento desigual de una multitud de precios, incluyendo entre ellos los tipos de interés y los salarios. La ganancia o la pérdida dependerán de cómo evolucionen, de la relación entre ellos, es decir, de los precios relativos.

Hay sin embargo algo que se puede afirmar de manera inmediata. Al reducirse el valor de la moneda, la inflación perjudica a los acreedores y beneficia a los deudores. En este aspecto patrimonial no parece que las entidades financieras salgan favorecidas o damnificadas significativamente al ser similares sus activos y sus pasivos.

En cuanto a la cuenta de resultados, es previsible desde luego que se incrementen sus ingresos como consecuencia del aumento de los tipos de interés de los créditos, pero también sería lógico que, como en otros momentos, comenzase una guerra entre los propios bancos por el pasivo, con el consiguiente incremento de la retribución de este y de los depósitos. En principio no tendría por qué generarse ninguna ganancia extraordinaria. Desde la óptica del crédito y de los tipos de interés, no es ahora cuando se produce una situación insólita, sino en la época anterior. Lo notable radica más bien en que el tipo de interés sea negativo, y en que el acreedor pague por prestar, tal como ocurría en los últimos tiempos.

El Gobierno más bien que de crear un impuesto a la banca debería ocuparse de que funcione la competencia entre las entidades financieras. Si esta se diera, con toda probabilidad las subidas de tipos de interés se trasladarían a los depositantes y demás acreedores.

De lo que no cabe ninguna duda es que el impuesto anunciado a bombo y platillo como una gran medida de política social se repercutirá a los clientes. Es el colmo de la ingenuidad, de la estupidez o del embuste, pretender impedir por ley la transmisión del gravamen. Actualmente la actividad bancaria resulta extremadamente compleja y las entidades tienen múltiples medios de trasladar a los clientes sus cargas, sin que se pueda probar lo contrario, diga lo que diga la normativa. Es como poner puertas al campo.

El Gobierno representa una comedia pletórica de hipocresía. La proposición de ley establece una tabla de sanciones que todos sabemos que no se podrá aplicar por la imposibilidad de probar cuándo se ha repercutido o no el impuesto. En ese intento de enfangar a las instituciones la proposición de ley encomienda a la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia y al Banco de España el cumplimiento de la norma, la vigilancia de un objetivo vaporoso e imposible de comprobar.

La banca cuenta, además, con un mecanismo automático de transmisión del tributo. Solo tiene que no hacer nada. En  la actualidad lo extraordinario se encuentra en las condiciones que rodean todo tipo de depósitos bancarios, a los que apenas se retribuye, y en el hecho de que las entidades financieras cobren comisiones elevadas por el mero mantenimiento de las cuentas corrientes. Estas circunstancias eran debidas hasta ahora, a una situación excepcional, a la existencia de tipos negativos de interés y a que el BCE cobrase a los bancos por las cantidades que tenían depositadas en esa institución.

Es lógico suponer que con el cambio de política por parte del BCE las entidades financieras, en su afán por atraer clientes, trasladasen la subida de tipos a los depositantes y cuentacorrentistas, bien por una retribución mayor bien por una menor comisión. La cosa cambia ante el nuevo impuesto. No parece desatinado pensar también que teniendo en cuenta el gravamen la banca no realice tal traslación, con lo que este tributo se convierta en uno de los más regresivos, ya que afectará a millones y millones de personas, a eso que llama Sánchez la clase media trabajadora (y a las clases bajas, añado yo, que Sánchez no contempla) que tienen cuentas corrientes abiertas en los bancos.

Cabría pensar que, si la causa del impuesto se encuentra en un supuesto beneficio extraordinario, este concepto se tomase como base imponible. ¿Pero cómo determinarlo?, ¿cómo separarlo del beneficio ordinario? Ante esta imposibilidad el Gobierno tira por la calle de en medio y establece gravar los tipos de interés y las comisiones de los créditos, con lo que, amén de una cierta incongruencia, se facilita aún más el camino para la transmisión.

La única forma de tener éxito en el cometido de evitar que la banca repercuta el impuesto a los clientes es retornando a un régimen de intervención del sistema financiero parecido al del franquismo o al de alguna república bananera. Pero no creo yo que se encamine por ahí el Gobierno. Por lo menos por ahora. Aunque, cuando se oye eso de diez años de pena de cárcel, se comienza a dudar de todo.

Tampoco se entiende muy bien el porqué de la discriminación en el tamaño de las entidades financieras, gravando a unas y no a otras. Existe una distorsión en ciertos políticos y en la opinión pública en general mediante la que se pretende aplicar criterios de las personas físicas a las personas jurídicas. En estas últimas el tamaño no es señal ni de riqueza ni de prosperidad ni de mayores beneficios. Esta segregación fiscal dentro de un sector puede introducir distorsiones, sobre todo en el ámbito de la competencia.

El impuesto que plantea el Gobierno se mueve en un terreno pantanoso. Primero con Europa. Conviene señalar que el BCE considera el sistema financiero europeo como su predio. Ya se opuso en 2019 a un tributo similar sobre la banca que pretendía imponer Lituania. Ciertamente las circunstancias son distintas y España no es Lituania, pero no creo que la medida vaya a llenar de satisfacción al instituto emisor. Segundo, el sector ya ha manifestado que piensa recurrir el impuesto. Veremos cómo reaccionan los tribunales. Puede haber problemas jurídicos en cuanto a la forma exprés de aprobarlo, dudosa retroactividad y su construcción chapucera.

Si lo que quería el Gobierno era incrementar la recaudación a costa de la banca quizás tenía un sistema más discreto y menos estridente que crear un impuesto nuevo, extraordinario y particular. Podría simplemente haber establecido que en dos o tres años los créditos fiscales no fuesen deducibles del impuesto de sociedades. Aunque pensándolo bien, lo que quería Sánchez era lo contrario, la notoriedad, la publicidad, declarar a bombo y platillo que él se enfrenta a los poderes económicos en aras de salvar a la clase media trabajadora.

Solo faltaría que al final del proceso los tribunales tumbasen el impuesto y obligasen a devolver el dinero a la banca, después de haber sido los depositantes y demás clientes los que hubiesen soportado en realidad el gravamen.

republica.com 4-8-2022



¿ESTAMOS O NO ESTAMOS EN RECESIÓN?

ECONOMÍA Posted on Lun, julio 25, 2022 21:10:16

Es la pregunta que se plantea todo el mundo. Los economistas, como cualquier otra profesión, tienen su jerga y también convenciones que son solo eso, convenciones, extraídas todas ellas de condiciones normales y habituales. En cuanto a la recesión, se ha convenido que una economía se encuentra en esta situación cuando durante dos trimestres seguidos su tasa de crecimiento intertrimestral es negativa. Esta suposición tiene su lógica en la forma tradicional en la que suceden las crisis.

Pero la originada por el Covid posee unas características totalmente diferentes de las que estamos acostumbrados. No obedece a causas económicas, sino a decisiones políticas y administrativas tomadas en función de la situación sanitaria. Fue la evolución de las condiciones epidemiológicas la que ha determinado en buena medida la marcha de la economía y la que originó que en el año 2020 el PIB de todos los países se hundiera, aunque ciertamente en porcentajes distintos según la pericia que los diferentes gobiernos mostraron a la hora de gestionar la pandemia y la economía.

Por eso he defendido durante todos estos meses, en contra de ciertos triunfalismos, que en este tipo de crisis las tasas intertrimestrales de crecimiento no tienen demasiado sentido, al depender del suelo del que se parte. La información relevante es relacionar el PIB obtenido cada trimestre o en cada momento con el alcanzado antes de la pandemia. Diríamos que mientras no se llegue a ese último, en una crisis como esta, se está en recesión.

Concretamente en España podríamos simplificar estas dos interpretaciones de la recesión en dos series históricas, referentes ambas a todos los trimestres de los años 2020, 2021, y el primero de 2022, último dato disponible:

2020 2021 2022
Trim. ITrim. IITrim. IIITrim. IV Trim. ITrim. IITrim. IIITrim. IV Trim. I
-5,4-17,716,80,2 -0,51,12,62,2 0,2
94,677,990,991,1 90,791,794,196,1 96,3
 

La primera serie estaría constituida por las tasas intertrimestrales del PIB. La segunda por el porcentaje que el PIB de cada trimestre representa respecto del obtenido en el último trimestre de 2019. Según la interpretación clásica (la primera serie), la recesión habría durado solo el primer semestre de 2020. Pero según lo que se podría considerar una interpretación más adecuada a la crisis provocada por motivos sanitarios (segunda serie), la economía española continuaría en recesión puesto que no ha alcanzado el PIB del último trimestre de 2019. Se encuentra en el 96,3%

Ciertamente el momento más bajo de la crisis habría tenido lugar en el segundo trimestre de 2020, en el que el PIB se redujo un 22% con respecto al que tenía en 2019, descenso no equiparable a lo ocurrido en ningún otro país de la Unión Europea, lo que indica hasta qué punto el Gobierno cometió graves errores durante la pandemia que repercutieron muy negativamente en la economía.

En estos momentos, el PIB de la gran mayoría, por no decir de la totalidad, de las naciones europeas han conseguido retornar al de finales de 2019, especialmente en aquellos Estados con los que debemos compararnos. Ellos sí pueden afirmar que han superado la recesión de la pandemia y tiene sentido que se pregunten si en el futuro, debido a la guerra de Ucrania y a la crisis de las materias primas, van a entrar de nuevo en esa situación económica.

En el caso de España el tema es totalmente diferente, ya que no hemos conseguido retornar al PIB de 2019. En cierta forma no hemos salido aún de la recesión anterior y todo hace pensar que no vamos a llegar a esta meta ni siquiera a finales de este ejercicio. Nuestras previsibles tasas de crecimiento positivas no indican de ningún modo que España vaya a estar mejor que los otros países, sino que se deben a que estamos lejos de alcanzar las cotas de 2019.

Por eso es tan absurdo el triunfalismo de Escrivá, de Yolanda Díaz y del mismo Sánchez cuando se agarran como tabla de salvación a las cifras de empleo, queriéndonos convencer de que nos encontramos ya en la economía de prepandemia. Si la actividad económica no se ha recuperado, el empleo, por mucho que se empeñen, tampoco. A no ser que lo haga a costa de la productividad, empleo a tiempo parcial, o bien porque las estadísticas no recojan el total de los parados, que es lo que ocurre con los ERTE y con los fijos discontinuos.

Hay que recordar la frase de James Whitcomb Riley: «Cuando veo un pájaro que anda como un pato, nada como un pato y grazna como un pato, lo llamo pato». Pues bien, considerando a los trabajadores en ERTE o determinadas épocas de los contratados fijos discontinuos, no puede uno por menos que afirmar que si no trabajan al igual que trabaja un parado y si cobran el seguro de desempleo como los parados es que con toda probabilidad son parados.

El maquillaje es tal que la única estadística creíble en materia de empleo es la de horas trabajadas que publica el INE. Al menos hasta ahora, porque después del cambio del director de este organismo (debido a que los datos que ofrecía no gustaban ni a Calviño ni a Escrivá) todo es posible.

Quizás una de las variables más expresivas a la hora de constatar la situación diferencial de España y que menos permiten el engaño es la evolución de la renta per cápita. A finales de 2021, tanto la Eurozona como la Unión Europea habían recuperado la renta per cápita previa a la pandemia. Por el contrario, nuestro país se mantiene aún en un 5% por debajo de la que tenía a finales de 2019. Es más, España es la única economía de la UE cuya renta per cápita es inferior a la existente al principio de 2018. Es decir, por término medio, todos los españoles somos más pobres que cuando Sánchez alcanzó el poder hace cuatro años.

A todo esto hay que añadir, por una parte, el enorme incremento en la deuda pública a lo largo de esta era sanchista, casi un 30%, que hace que los ciudadanos, amén de ser más pobres, estén mucho más endeudados y, por otra parte, que presentemos la mayor tasa de inflación (10,2) entre los países de nuestro entorno.

Algún tertuliano fichado últimamente por El País se ha empeñado en decir que no es verdad. Que Ucrania (21,5%), Estonia (20,1%), Lituania (18.5%), Letonia (16,8%), República Checa (15,2%), Bulgaria (13,4%), Polonia (12,8 %), Rumanía (12,4%), Eslovaquia (11,8%), Hungría (10,8%), Croacia (10,7%), Grecia (10,5%) y Eslovenia (10,4%) superan a España en tasa de inflación. Tiene razón. Pero, por lo visto, es con estos países con los que nos quieren comparar las huestes sanchistas. Por otra parte, todos estos Estados tienen una cercanía y una dependencia mucho mayor que la nuestra con Rusia.

En el resto de las economías de la Unión, excepto en Holanda que se iguala a España, la inflación es inferior: Francia, 5,4%; Italia, 7,3; Alemania 7,6 y hasta Portugal 8,7. Aparte del empobrecimiento que esta situación implica para los ciudadanos españoles, el diferencial en los precios, al tener la misma moneda, puede dañar gravemente la competitividad de nuestros productos. A no ser que nos conformemos con la ganancia en la competitividad que vamos a obtener frente a Estonia, Lituania y Letonia.

Sánchez y su Gobierno se escudan en la pandemia y en la Guerra de Ucrania. Pero todos los países han padecido la primera y están sufriendo la segunda. Es más, España ha contado con ciertos factores estructurales favorables. Primero, la resistencia a la vacunación ha sido mucho menor en la población española que en el resto. Segundo, está bastante más alejada de Ucrania y de Rusia no solo geográfica, sino política y económicamente. Tercero, ha sido de los países que tenían a su disposición más fondos europeos y que, según Sánchez, poseían un carácter milagroso e iban a solucionar todos nuestros problemas. No parece que haya ningún motivo, excepto la incompetencia y cierto fanatismo del Gobierno, para que España presente en su conjunto los peores datos en todas las variables económicas de la Unión Europea.

republica.com 21- 7- 2022.



LAS OCURRENCIAS DEL GOBIERNO ROBIN HOOD

ECONOMÍA, GOBIERNO Posted on Dom, julio 10, 2022 21:47:36

El sanchismo se ha empleado a fondo en pregonar las versiones más curiosas acerca de los resultados de Andalucía, que si Juanma Moreno no es del PP, que si ha rentabilizado electoralmente los cuantiosos recursos que Sánchez había mandado a Andalucía, que si lo importante era saber qué tendencia iba a primar en el PP. Pero, a pesar de todo ello, la procesión ha ido por dentro y las señales de alarma han sonado en la Moncloa. El presidente del Gobierno ha terminado por introyectar el discurso de Rufián cuando le interpelaba en las Cortes acerca de que, para invertir la tendencia electoral, el Ejecutivo tenía que implementar medidas progresistas, que más bien habría que tildar de populistas.

El discurso fue sin duda paradójico, porque lo que más perjudica electoralmente al PSOE es precisamente su alianza con Esquerra y con otras formaciones políticas similares. Pero invertir esta situación no está en la mano de Sánchez. Le guste o no, su Gobierno solo puede ser Frankenstein y su permanencia en el poder está ligada irremediablemente a golpistas, soberanistas y descendientes de terroristas. Por eso ha optado por el único camino que cree que le queda, disfrazar la realidad, bien mostrando de ella una faz falsa, bien aprobando todo un abanico de medidas económicas que en su mayoría no tienen por objeto mejorar la economía, ni siquiera paliar los efectos negativos de la crisis, sino mostrar una apariencia de que se pretende dar una respuesta adecuada a la inflación.

A los pocos días de las elecciones andaluzas, el Gobierno ha aprobado un nuevo decreto ley que en buena medida consiste tan solo en prorrogar el anterior, que vencía a finales de junio. El resto  es un pastiche poco convincente lleno de medidas populistas que lo que único que indican es la ausencia de una verdadera política económica y social. Ocurrencias al mejor estilo zapateril, que solucionan nada o muy poco y cuyo truco radica en ocultar cualquier coste de oportunidad, es decir, presentarlas como si fuesen totalmente gratuitas y como si los recursos dedicados a ellas lloviesen del cielo.

Pero lo cierto es que no es así. El coste irá a incrementar el ya muy elevado endeudamiento público, puesto que Sánchez ha eludido desde el principio acometer seriamente reformas fiscales progresivas. El mismo impuesto que se anuncia a las compañías energéticas no deja de ser una chapuza, de dudosa constitucionalidad, sobre todo cuando se le quiere conceder un carácter retroactivo. Se trata solo de la apariencia de que se ataca a los ricos y poderosos. Por otra parte, esta escalada inflacionista no puede explicarse únicamente por los beneficios extraordinarios de las energéticas. Son muchos los perdedores, pero también bastantes los ganadores. Una redistribución de ganancias y pérdidas precisa de una utilización de la política fiscal mucho más fina. Es muy posible, además, que la medida consista tan solo en eso, en un anuncio para cubrir las apariencias, pero que finalmente no llegue a término.

Incrementar el endeudamiento público no es algo inocuo y que no vaya a tener un coste alto. En los momentos actuales en los que el BCE se ve obligado a cambiar de política, y las primas de riesgo de países como España pueden dispararse, la aplicación de nuevos instrumentos para salvar la deuda de estos países se hará sin duda de forma condicionada. De hecho, la Comisión, al dar estos días luz verde al nuevo tramo del Fondo de Recuperación, ya ha dejado caer la necesidad de que España presente un plan creíble acerca de la viabilidad del sistema público de pensiones, transmitiendo así sus dudas acerca de la solución un tanto bobalicona presentada por el ministro Escrivá, con lo que los augurios de cara al futuro no son precisamente buenos. Esperemos que las alegrías actuales no nos conduzcan como en la etapa Zapatero a situaciones muy críticas.

Sánchez, en la presentación del decreto ley, afirmó con aplomo que con las medidas que se aprobaban se reduciría la tasa de inflación 3,5 puntos. Desde una perspectiva económica, la afirmación es ridícula o cómica. No obstante, la disminución sí puede cumplirse en el ámbito de la representación. Todo consiste en que al final el Gobierno afirme, sea cual sea la inflación que se dé, que los precios  habrían sido 3,5 puntos más elevados si no hubiese sido por la política aplicada por el Gobierno. Tan solo una medida puede influir seriamente en la inflación, la reducción del 10 al 5% del IVA de la electricidad, medida que curiosamente fue propuesta por Feijoó y despreciada hasta ahora por el Gobierno, y que desde luego está muy lejos de poder garantizar tal minoración de los precios.

El resto de las medidas apenas van a tener impacto sobre la inflación. Son ocurrencias. Su finalidad consiste en crear una apariencia de ayuda a las clases más perjudicadas, pero resultan un conjunto anárquico, sin ligazón de unas con otras y sin demasiada racionalidad. Suben los carburantes y lo que se rebaja es el precio del transporte público. No parece tener demasiado sentido. La razón esgrimida es que favorece a las clases bajas, aunque se olvidan de todo el ámbito rural. Muchas medidas podrían cumplir de forma mejor esta finalidad al tiempo que reducirían la inflación, como por ejemplo minorar o eliminar el IVA de artículos que entran principalmente en la cesta de la compra de las capas sociales más vulnerables. Alternativamente se alega otra razón, la necesidad de desincentivar el consumo de la energía, pero resulta un poco ingenuo pensar que, si el elevado precio actual no consigue ese objetivo, lo va a lograr la rebaja en el coste del transporte público.

La medida a la que se ha dado más publicidad, por ser quizás la más populista (y que recuerda otras de Zapatero o la aprobada por el mismo Sánchez de conceder 400 euros a los jóvenes que cumplan 18 años en el presente ejercicio para que lo gasten en artículos culturales) es la de establecer una ayuda de 200 euros, como pago único a personas definidas como de bajo nivel de ingresos. El límite de estos queda fijado en 14.000 euros por unidad familiar, y referido al ejercicio 2021.

Como toda medida populista esta se encuentra llena de vacíos y de contradicciones. La primera, su relatividad. Una persona soltera que hubiese ganado 13.500 euros en 2021 tendría derecho a la ayuda, mientras que una familia de seis miembros, tres niños y tres adultos, y que los ingresos de estos últimos hubiesen sido de 6.000, 4.500 y 4.000 respectivamente estarían excluidos de la subvención.

Pero es que, además, el ámbito de los beneficiarios queda limitado a personas que a la entrada en vigor del real decreto ley realicen una actividad por cuenta propia o ajena, o sean desempleados. Quedan excluidos por tanto los perceptores de pensiones no contributivas o del ingreso mínimo vital. Cosa curiosa, cuando se supone que esta última prestación se había creado para dar cobertura a los estratos sociales más vulnerables. Surge de inmediato una pregunta a la que la norma no aparece dar respuesta: ¿Qué sucede cuando en una misma familia coinciden individuos de conjuntos diferentes, por ejemplo, un autónomo y un beneficiario de pensión no contributiva?

Los mayores problemas de la medida van a surgir del hecho de que parece que se ha diseñado por los mismos genios que idearon la chapuza del ingreso mínimo vital, con lo que muy probablemente esté condenada a idénticos defectos y errores. Es más, el decreto ley remite a efectos de su gestión a la norma por la que se establece el ingreso mínimo vital, con lo que sin duda se caerá en el mismo desbarajuste. Empezando porque una vez más se va a producir un desfase temporal entre el momento en que se computan los ingresos (año 2021) y el de la prestación (segundo semestre de 2022). La situación económica puede haber cambiado sustancialmente. Y siguiendo porque en muchos casos resultará muy difícil, incluso imposible, comprobar los requisitos exigidos. Al igual que en el caso del ingreso mínimo vital, se encarga a la Agencia Tributaria, que en la mayoría de las ocasiones no tendrá ni información ni medios para hacerlo y además se la distrae una vez más de su auténtico objetivo, controlar el fraude fiscal.

Sánchez ha puesto un colofón a sus ocurrencias y se presenta como un nuevo Robin Hood. “Sabemos para quiénes gobernamos, para los más vulnerables y para las clases medias y trabajadoras. Este es un gobierno molesto para ciertos poderes económicos que tienen sus terminales mediáticas y políticas”. Eso lo dice quien ha huido del Parlamento para la presentación de sus planes económicos y ha preferido representaciones teatrales delante de toda la plana mayor del mundo empresarial, que, como gorriones, abrían la boca esperando el maná de los fondos europeos.

Republica.com 7-6-2022



EL BCE Y LA FRAGMENTACIÓN DE LA EUROZONA

ECONOMÍA, EUROPA Posted on Dom, junio 26, 2022 21:11:40

Los bancos centrales parecen haberse convencido ya de que la inflación que sufre la mayoría de los países en la actualidad no es algo temporal, sino que, con toda probabilidad, si no se procede con contundencia, habrá venido para quedarse. El BCE, aunque quizás un poco tarde, no va a actuar de forma distinta a los demás y ha anunciado que interrumpe la compra de títulos y se dispone a subir el tipo de interés en 0,25% el 23 de julio y seguramente en 0,50% en el mes de septiembre.

El primer problema al que se enfrenta el BCE (en eso no es distinto de los otros bancos centrales) es saber si las medidas que pretende adoptar van a ser eficaces a la hora de controlar la inflación. Existe el precedente de la etapa anterior, cuando el objetivo consistía en que el incremento de precios alcanzase el 2% anual. A pesar de emplear todos los medios a su alcance, incluso los procedimientos tenidos hasta entonces por no ortodoxos, no logró que la inflación despegase del entorno del cero por ciento.

La expansión cuantitativa acometida por el BCE en los últimos años ha tenido múltiples resultados positivos, entre otros el de superar la primera crisis grave del euro, pero no consiguió situar los precios en el porcentaje del 2% fijado por el propio banco emisor. Es lógico que nos preguntemos si va a tener éxito en la trayectoria inversa, y si no existe el peligro de que la política restrictiva impacte más sobre el crecimiento real del PIB que sobre los precios, de manera que, lejos de reducir la inflación, contraiga la actividad.

En estos momentos, a pesar de que algunos se han aprendido la palabra y no dejan de usarla, estamos lejos de la estanflación. El crecimiento real es un hecho. Lo cual es lógico, porque por ejemplo España no ha recuperado el PIB anterior a la pandemia. Pero que en la actualidad no nos encontremos en estanflación, no quiere decir que tal situación no nos amenace para el futuro, si la política restrictiva del BCE termina por ahogar la economía.

El segundo aspecto importante es el hecho de que el BCE es diferente. No es el banco central de un país concreto, sino de 19 naciones a la vez con economías muy dispares entre sí, con lo que su política puede tener efectos muy diversos en cada una de ellas. Ese es el problema eterno de la Unión Monetaria, la ausencia de una verdadera integración; es esta condición la que crea todos los conflictos y el origen de que el euro entre en crisis cada cierto tiempo. En 2011, los mercados pusieron en jaque a la Eurozona, fraccionándola y colocando contra las cuerdas a los países del Sur; expulsaron del mercado a Grecia y a Portugal, y elevaron a niveles insostenibles la prima de riesgo de Italia y de España. Solo la actuación decidida y heterodoxa del BCE, bordeando –si no violentando- los tratados logró enderezar la situación.

Ahora nos vamos a encontrar en una circunstancia similar. La inflación va a obligar al BCE a invertir la política, de manera que se interrumpa la compra de activos y no efectúe la reinversión según se vayan produciendo las amortizaciones. La cuestión radica en saber cómo se van a comportar los mercados con respecto a la deuda soberana de cada uno de los países. El fantasma de la prima de riesgo vuelve a hacer su aparición. Ha bastado con que el BCE anunciase el giro de su política para que las primas de riesgo de Italia, España, Portugal y Grecia comenzasen a subir.

En una verdadera unión económica las primas de riesgo no deberían existir. Se supone que el riesgo de invertir en deuda pública de cada uno de los países tendría que ser el mismo ya que, al estar nominadas todas ellas en idéntica moneda, está ausente el riesgo de cambio y porque, además, no hay razón para que haya peligro de insolvencia de ninguno de los miembros, a no ser que la Eurozona se fraccionase. En el fondo, lo que mide la prima de riesgo es el grado de credibilidad de la moneda única, la probabilidad de que la Unión Monetaria se rompa. Cuanto mayor sea la divergencia entre los países, mayor será la prima de riesgo de algunos de ellos.

Lo cierto es que la Eurozona es un conjunto de países enormemente heterogéneo y sin los mecanismos de integración adecuados. Hay exposición, por tanto, de que se retorne a la situación anterior a la compra masiva de deuda pública por el BCE, y en consecuencia a que el mercado reaccione de manera desigual frente a los bonos soberanos de los diferentes Estados. Existe además el agravante de que en los momentos actuales el stock de deuda pública en los países del Sur es muy superior al de entonces.

La etapa de relativa tranquilidad conseguida a base del dopaje de la deuda por el BCE no debe ocultar que la divergencia entre países es cada vez mayor y la división entre sus ciudadanos, más acentuada. Contrastan los stocks de deuda pública de Grecia (193% del PIB), de Italia (150%), Portugal (127%), España (118%) e incluso Francia (113%) con los de Alemania (69%), Holanda (52%), Dinamarca (44%) y Austria (70%). La causa principal de esas diferencias no está en el mal comportamiento fiscal de los países del Sur, sino en la misma configuración de la Unión y de los contenidos de los tratados, que permiten que los países del Norte puedan vetar las medidas necesarias para que las diferencias desparezcan.

A pesar de que la presidenta del BCE mantuvo en la rueda de prensa que el BCE tiene mecanismos suficientes para impedir que se fragmente el mercado de deuda soberana, no especificó ni concretó nada acerca de qué medios pensaba emplear, lo que alarmó a las bolsas produciendo cuantiosas pérdidas. No es la primera vez que la circunspección de la señora Lagarde, lejos de calmar a los mercados los enerva. Nada más ser nombrada presidenta del BCE, en su primera rueda de prensa en marzo de 2020, ante el acoso de los periodistas, solo se le ocurrió exclamar que “no estaba allí para cerrar diferenciales” Se refería a diferenciales en los tipos de interés de la deuda pública.  Todas las bolsas europeas cayeron en picado. La frase era demoledora, casi letal. Era una invitación a los mercados a que jugasen al tiro al blanco contra aquellos países miembros que considerasen menos solventes.

Algo parecido ha ocurrido ahora en la rueda de prensa en la que anunció el cambio de política. Los mercados querían saber los instrumentos en concreto que se iban a emplear para evitar los diferenciales de tipo de interés y no les bastaron las promesas abstractas, con lo que las primas de riesgo de los países del Sur se dispararon y los mercados de valores acabaron acumulando bastantes días de perdidas. Al Consejo del BCE no le quedó más remedio que reunirse de urgencia y emitir un comunicado que pretendía ser más explícito.

Sin lugar a dudas, una forma de evitar la fragmentación sería que el BCE comprase en el mercado deuda de los países que se encontrasen presionados, con primas de riesgo elevadas, al tiempo que vendiese por el mismo importe bonos de los países que no sufrieran dificultades. El problema surge desde el momento en que el instituto emisor quiere (o le obligan a) mantener el criterio del capital, es decir, cumplir una proporción entre cómo distribuye por naciones su cartera de deuda soberana y la participación de cada una de ellas en el capital del banco.

Solo hay una excepción, el PEPP (por sus siglas en inglés), instrumento de emergencias de compra de activos frente a la pandemia y que admite cierta flexibilidad en la aplicación de la regla de capital, en otras palabras, que la determinación de la nacionalidad de los títulos que se compran o se venden no esté sometida a demasiadas condiciones. El comunicado del SME señala a esta herramienta como el medio más inmediato al que recurrir para impedir, a través de las reinversiones, la fragmentación del mercado de deuda.

Sin embargo, hay dudas de que los 1,7 billones de euros que conforman el PEPP sean suficientes para poner orden en los mercados y, dado que el programa convencional resulta inválido para este objetivo al estar sometido al criterio de capital y además se encuentran excluidos de él los bonos de Grecia, el SME está construyendo una herramienta ad hoc para evitar la fragmentación del mercado de deuda pública. Es previsible que en el diseño aparezca la obligación de esterilizar cualquier liquidez creada, y que los halcones impongan que los países beneficiarios se sometan a determinadas condiciones, tal como se hizo en la crisis anterior.

De nuevo las autoridades comunitarias, al igual que los gobiernos, llevan camino de cometer el mismo error que en la pasada recesión. La política de recortes y ajustes solo comenzó a partir de la mitad de 2010, mientras que en 2007, 2008 y 2009 se adoptó una política fiscal básicamente permisiva, con proyectos de lo más  descabellado como el del Plan E. En los momentos actuales se puede repetir la historia. Durante los años 2020 y 2021, escudándose en la pandemia y dopados por el BCE, los Estados, con el beneplácito de Bruselas, han incrementado el endeudamiento hasta niveles difícilmente asumibles. Me temo que ahora los países del Norte y la Unión Europea nos fuercen a la misma ducha escocesa.

republica 23-6-2022



LA MALIGNIDAD DEL PACTO DE RENTAS

ECONOMÍA, MERCADO LABORAL Posted on Dom, junio 12, 2022 21:38:16

En la teoría económica suele denominarse espiral inflacionista a la dinámica que se genera en determinadas situaciones entre precios y salarios. La subida de los precios reclama a menudo el aumento de los salarios, y la elevación de estos exige en ocasiones la subida de los precios. Todo se reduce a una contienda entre trabajadores y empresarios por ver quién pierde y quien gana, ya que cada uno pretende apoderarse de una porción mayor de renta.

Hay que reconocer que, en buena medida, la inflación actual tiene su origen en el exterior, en la subida de precios de la energía y de las materias primas. Tal subida, como ha afirmado el gobernador del Banco de España (BE), representa un empobrecimiento en su conjunto de toda la sociedad española. El problema se centra en saber cómo se va a repartir la pérdida entre los distintos agentes económicos.

Es posible que parte del coste pueda transmitirse al exterior vía exportaciones, si es que la competencia lo permite. Al menos en algunos casos será factible, mientras en otros países la inflación sea muy parecida a la nuestra. De cualquier modo, queda una parte importante del incremento de los precios de las importaciones que tendrá que ser asumido en el interior con un cierto empobrecimiento generalizado que nadie querrá aceptar. Es probable que empresarios y trabajadores se enfrenten en una guerra de precios y salarios. Incluso habrá quien (a río revuelto, ganancia de pescadores) aproveche la ocasión para tener una ganancia extra.

El gobernador del BE, la patronal, el Ejecutivo y en general el  stablishment, proponen como solución el pacto de rentas, pero en el fondo de lo que se está hablando es de que en esa contienda entre empresarios y trabajadores sean estos últimos los que se den por vencidos, y se plieguen a que sus salarios suban menos que los precios. En todo pacto de rentas la obligación recae únicamente sobre los asalariados a través de los compromisos adquiridos por las organizaciones sindicales. Las promesas de la patronal y del propio Gobierno son flatus vocis. En una economía de mercado resulta imposible intervenir y controlar los precios, por lo tanto, todo se queda en buenas palabras y piadosas intenciones. Aun cuando se denomine pacto de rentas en plural, las únicas que se pueden limitar son las salariales.

Seguramente para disimular esta realidad, Sánchez se ha querido marcar un tanto, insinuando que se tendrían que tener en cuenta otro tipo de rentas, como los dividendos. No está muy atinado el presidente del Gobierno. En primer lugar, muchos de los dividendos que cobran los españoles son de sociedades extranjeras o con residencia fiscal fuera de nuestro país, sobre las que el Gobierno no tiene ningún poder. En cuanto a las sociedades nacionales, limitar los dividendos no representa en el fondo ninguna pérdida para los accionistas porque en teoría hay que suponer que los títulos se apreciarán en una cuantía similar al importe del dividendo no repartido. Los tipos restantes de renta de capital estarán muy lejos de congelarse. Lo normal es que se incrementen, ya que el BCE subirá los tipos de interés.

Por otra parte, resulta muy simple considerar al colectivo de los trabajadores, y especialmente al de los empresarios, como un todo homogéneo. El combate de precios no solo es entre patronos y asalariados, sino entre las mismas empresas. Las ventas de unas son los costes de otras. Las ganancias y las pérdidas pueden ser muy diferentes según la situación en el proceso productivo e igual ocurre con los trabajadores.

El gobernador del BE, que recomienda el pacto de rentas para que no se forme la espiral inflacionista, reconoce sin embargo la complejidad del tema en la introducción al informe anual de esa entidad: “A la hora de determinar las características concretas de este pacto de rentas, sería necesario atender al impacto asimétrico de las perturbaciones actuales entre trabajadores, empresas y sectores. Dada esta heterogeneidad, se debe combinar la necesaria coordinación a escala nacional con mecanismos que permitan adaptar el acuerdo a las diferencias de productividad y de actividad que existen entre empresas y sectores. De igual modo, si hay segmentos de los hogares cuyas condiciones de vida se han visto particularmente afectadas de forma adversa por el encarecimiento de la energía, sería deseable que el pacto de rentas implicase una menor merma de recursos para estos agentes. En definitiva, estas consideraciones se traducen en la necesidad de que un eventual pacto de rentas evite adoptar medidas excesivamente uniformes, que resultarían demasiado rígidas para algunos segmentos de agentes”.

Todo esto es muy correcto. ¿Pero es posible? ¿Es el pacto de rentas el instrumento adecuado para realizar un reparto lo más equitativo posible de las pérdidas? De ninguna manera. Esa función de disección fina solo se puede efectuar con el sistema fiscal. Como ya se ha dicho, el pacto de rentas lo único que consigue es que sean los trabajadores los que asuman en su totalidad el empobrecimiento derivado del incremento de precios de las importaciones e incluso a veces del enriquecimiento de algunos empresarios nacionales que hayan tenido la posibilidad de subir en mayor medida los precios de sus ventas que lo que se han elevado sus costes.

Es curioso que se quiera incluir en el pacto de rentas a los pensionistas y a los funcionarios, que se encuentran al margen de la presunta espiral inflacionista porque su patrono es el Estado, y por lo tanto no tiene que provocar una nueva subida de precios dado que la ya producida ha proporcionado al presupuesto público ingresos incluso en cuantía mayor que la que va afectar a estos gastos. Sin embargo, nadie ha planteado tener en cuenta las rentas de capital. Y es que la única forma de limitarlas es mediante el sistema fiscal.

Son reformas de carácter fiscal las que se deberían utilizar para atajar la espiral inflacionista, al menos como complemento del pretendido pacto de rentas. Quienes traen a colación los Pactos de la Moncloa deberían recordar que estos se firmaron junto a una reforma radical de los tributos. El Gobierno en este momento tendría que rebajar contundentemente los impuestos indirectos, con lo que se controlaría en buena medida la inflación, y debería incrementar en la misma o mayor cuantía los impuestos directos, en especial los que hacen referencia a los beneficios de las personas y de las empresas y a las rentas de capital, con lo que se conseguiría que el reparto de la pérdida se acomodase lo más posible a un patrón de equidad.

Si se quiere hacer distinciones en función de la capacidad económica, hay que recurrir a la progresividad de los impuestos directos. Todo lo demás es introducirnos en una selva burocrática,de imposible gestión, en la que el efecto sea el contrario al perseguido. ¿Cómo no mirar con indulgencia la ingenuidad e inocencia de los que quieren hacer distinciones entre los beneficiarios de la bonificación de la gasolina? Me imagino a las gasolineras pidiendo la declaración del impuesto sobre la renta para ver qué descuento hay que aplicar a cada consumidor. Por favor, no más ocurrencias. Para eso ya tenemos a Escrivá.

Algunos, muy indignados, se preguntan por qué se le van a rebajar a un banquero los veinte céntimos de los carburantes. Pienso que, desde una óptica de izquierdas, deberían estar encantados de que se le hiciese tal bonificación e incluso de que se le librase a él como a los demás contribuyentes de parte de los impuestos indirectos, con tal de que como contrapartida se le aplicase el 65% de tipo marginal máximo en el IRPF, o de que sus rentas de capital se incorporasen a la tarifa general de este mismo impuesto, perdiendo el privilegio que actualmente tienen. Esto que hoy no se atreven a demandar los que se llaman “la izquierda”, regía en los años ochenta y fue un gobierno de derechas (UCD) el que lo introdujo al mismo tiempo que otras muchas cosas en su reforma fiscal, aquella aprobada como complemento a los Pactos de la Moncloa. ¿Dónde se encuentra ahora la izquierda? ¿No debería dejar de jugar con cromos e ir a lo que realmente importa?

republica.com 9-6-2022



LA INFLACIÓN, ESTÚPIDOS, LA INFLACIÓN

ECONOMÍA Posted on Jue, mayo 12, 2022 22:05:28

Hace quince días terminaba mi artículo semanal haciendo referencia a la inflación y a cómo esta se ha disparado en los últimos meses, y sobre todo -y esto es lo más peligroso- a la diferencia que se está produciendo frente a otros países europeos. En marzo, según Eurostat, el índice de precios armonizados en España fue del 9,8%, 2,3 puntos por encima de la media europea. Solo Lituania, Estonia, Letonia y los Países Bajos han acusado una tasa de inflación superior. Sin embargo, países como Francia, Italia, Portugal, Alemania, etc., que son los más significativos para España, presentan subidas de precios bastante más reducidas que la de nuestro país.

Si nos remontamos en el tiempo comprobaremos que ha habido una constante en la economía española, la inflación ha venido siendo superior a la de otros países. La devaluación de la moneda ha tenido que ser frecuente. Era la forma de retornar a una situación de equilibrio en el comercio exterior, que había quedado dañado por la pérdida de competitividad al encarecerse los productos nacionales frente a los extranjeros. Bien es verdad que durante toda la etapa franquista e incluso posteriormente hasta 1986, fecha en la que entramos en la Unión Europea, el Gobierno contaba con la ayuda de medidas proteccionistas, capacidad de poner contingentes y aranceles a las importaciones y subvenciones, y bonificaciones a las exportaciones.

Para un país, mantener un diferencial de inflación con otros países competidores es siempre un problema, pero este se va agudizando a medida que el Gobierno pierde mecanismos de ajuste. En régimen de libre cambio las dificultades aumentan. A su vez, en un sistema de tipos de cambio fijo, el hecho de que el Ejecutivo cuente con medidas de control de cambios no le libra de la devaluación de la moneda, pero sí podrá retrasarla hasta el momento que considere más oportuno. La cosa cambia si hay libre circulación de capitales. En el extremo se sitúa la pertenencia a una unión monetaria, situación en la que no cabe la devaluación de la moneda.  En este caso la diferencia en la tasa de inflación, y la consiguiente pérdida de competitividad, introduce a la economía en una encrucijada escabrosa, de difícil salida y en todo caso con resultados sociales muy negativos.

Es curiosa la postura de los políticos españoles. La gran mayoría estuvieron a favor en su día de la Unión Monetaria, y continúan defendiéndola, pero después pretende actuar como si no existiese y no quieren ver que pertenecer a ella modifica sustancialmente determinadas situaciones o problemas, y sobre todo las posibles soluciones. El dato de inflación de marzo es en sí mismo malo, pero su gravedad se hace mucho mayor al ser bastante superior que el de nuestros posibles competidores y además estar en la Moneda Única.

Es cierto que la diferencia de precios entre los Estados hasta estos momentos no es grande, pero no es menos cierto que, teniendo su origen en una misma causa, la subida del coste de la energía, no hay ninguna razón para estas divergencias. Es más, considerando que la dependencia energética de España con Rusia es de las menores, no tendría por qué ser el país más castigado. Las señales de alarma deberían haber sonado ya, y con fuerza. Sin embargo, no ha sido así, ni el Gobierno parece darle demasiada importancia. Por eso quizás sea muy conveniente echar la vista atrás y analizar las dos últimas ocasiones en que el diferencial de inflación fue lo suficientemente grande como para crear graves dificultades a la economía española.

La primera de estas dos veces sucedió al principio de los años noventa. Aún no existía el euro, pero los países se disponían a crearlo. Entre los criterios de convergencia establecidos por el Tratado de Maastricht y que tenían como finalidad esta preparación, se encontraba mantener fijo el tipo de cambio dentro del Sistema Monetario Europeo (SME), con una pequeña fluctuación del 2,5% hacia arriba y hacia abajo. En el fondo era un ensayo de la futura Unión Monetaria. Es bien conocido cómo el ensayo terminó en un fracaso estrepitoso. Después de un tiempo, la divergencia en la evolución de los precios en los distintos Estados originó que los tipos de cambio reales no coincidiesen con los nominales, lo que lanzó a los mercados a especular contra algunas de las divisas, especulación que ni todos los países juntos lograron sofocar. De manera que se vieron en la obligación de ampliar las bandas de fluctuación al +-10%, lo que era dejar las monedas casi en libre flotación en la práctica.

España se integró en el SME en 1989, al mismo tiempo que se adoptaba la libre circulación de capitales. Hubo quienes mantuvieron que nos incorporamos a un tipo de cambio más alto que el que correspondía. El caso es que, en 1992, cuando estallaron las turbulencias y los ataques de los mercados, la economía española se encontraba en una situación particularmente crítica. La cotización en marcos de la peseta era la misma que en 1987. Pero desde ese año los precios habían crecido en España 22 puntos más que en Alemania, es decir, el país había perdido competitividad vía precios en un 22%. Esa menor competitividad se trasladó de inmediato a la balanza de pagos. El déficit por cuenta corriente ascendió al 3,7%, lo suficientemente alto para que los inversores pensasen que el tipo de cambio de la peseta no era el adecuado, forzando cuatro devaluaciones, tres con Solchaga y una con Solbes (de 1992 a 1995).

Hay quien se preguntará por qué cuatro devaluaciones. La respuesta es sencilla, pero un poco indignante. La razón se encuentra en la cerrazón de un gobierno empeñado en tener un tipo de cambio más alto del que le correspondía y en pretender forzar a los mercados a aceptarlo. Estos no se conformaron hasta que creyeron que la cotización de la peseta era la apropiada. Al final se logró el equilibrio y la economía remontó la crisis, pero eso no significa que no quedase huella. La pérdida de competitividad durante estos años provocó un alto coste en la actividad económica. Aun cuando la competitividad se recobró por las cuatro devaluaciones, el daño estructural estaba hecho y habría de arrastrarse hacia el futuro.

Las cuatro devaluaciones, no obstante, crearon el equilibrio necesario para que Aznar se adentrase en un periodo de bonanza que sirvió de pórtico a nuestro ingreso en la Unión Monetaria en 1999. Durante los años que siguieron, tanto Aznar como Zapatero se vanagloriaron de la buena marcha de la economía, pero era una falsa prosperidad basada en el desequilibrio y en el crédito. En 2008 apareció su verdadera faz. Desde la constitución de la Unión Monetaria en 1999 hasta el 2008 los precios se incrementaron en la Eurozona un 22%, pero en los distintos países miembros siguieron una tendencia desigual. Mientras que en Alemania crecían un 17,42%, en España, Grecia, Irlanda y Portugal lo hicieron en un 34,28%, 35,55%, 35,72%, 30,33%, respectivamente. Era la trastienda de la crisis en Europa.

Concretamente, los precios de los productos españoles se encarecieron con respecto a los alemanes en un 17%, con la consiguiente pérdida de competitividad, y el incremento del déficit en el sector exterior. Este fue aumentando a lo largo de todos esos años hasta que en 2007 se produce un máximo, la balanza por cuenta corriente alcanzó un saldo negativo del 9,8%, cuyo correlato fue un fuerte endeudamiento en el extranjero. El crecimiento en este periodo fue en buena parte a crédito. Los acreedores extranjeros concedieron los préstamos hasta extremos poco prudentes basándose en que la moneda era la misma y por lo tanto no existía riesgo de cambio.

Como ocurre siempre en estos casos, todo resulta muy bonito hasta que estalla, surge el miedo, el capital huye y todos pretenden recuperar los préstamos, la crisis aparece y la economía se hunde. Pero en esta ocasión, a diferencia del año 1992, no fue posible recurrir a la devaluación de la moneda, ya que estábamos en la Unión Monetaria. La salida se hizo mucho más difícil. El problema no fue exclusivo de España; de hecho, países como Portugal, Grecia e Italia, de una manera u otra, sufrieron parecidos apuros.

No es preciso relatar las dificultades de todo tipo que todos estos países tuvieron que padecer. Son de sobra conocidas. La economía española, en concreto, para remontar la crisis, corregir los altos niveles de desempleo y recobrar la perdida de la competitividad, al no poder devaluar se vio sometida a una depreciación interna de precios y salarios con muy graves costes laborales y sociales. Cinco o seis años duró el ajuste hasta que la economía comenzó a recobrarse. De hecho, aún la recuperación no era completa cuando tuvimos que enfrentarnos con la crisis de la pandemia, crisis que no tiene nada que ver con las dos anteriores. Su causa no es económica, sino sanitaria, con sus consecuentes decisiones administrativas.

La crisis del 2008 pasó, pero eso no quiere decir que no dejase su huella y sus efectos negativos. Concretamente, el alto nivel de endeudamiento público. En el 2007 el sector público tuvo un superávit del 1,9%, y el stock de deuda pública alcanzaba un moderado 36% del PIB. Si el enorme crecimiento de la deuda en manos extranjeras estuvo en el origen de la crisis, no fue la pública, sino el endeudamiento privado, a pesar de que nadie le hubiese hablado de él a Zapatero, de lo que se quejó amargamente con posteridad.  Durante la crisis, el sector público se vio en la tesitura de tener que asumir parte de ese endeudamiento privado insolvente, con lo que al final de la recesión el stock de deuda pública superó el 90% del PIB. No solo es esta carga la que se ha trasladado al futuro, sino que las dos crisis citadas, las de 1992 y 2007, han tenido mucho que ver en la configuración de nuestro actual sistema productivo, en nuestra tasa crónica de mayor desempleo y en la baja productividad actual.

Las equivocaciones pueden cometerse, pero repetirlas resulta mucho menos disculpable. Los últimos treinta años nos han enseñado las negativas consecuencias, cercanas a la catástrofe que tiene para nuestra economía dentro de la Unión Monetaria mantener un importante diferencial de inflación con otros países europeos. No sé si la sociedad española podría soportar otra crisis como la del 2007, tanto más cuanto que nos sorprendería en condiciones  mucho peores que las de entonces. Una deuda pública que es del 123% del PIB, en lugar del 36%, y que deja un sector público agónico para cualquier alegría, una productividad negativa, una tasa de paro mucho mayor que entonces y un balance del BCE suficientemente engordado, para que se despierten las presiones de los halcones del Norte. En fin, alguien, ahora, tendría que gritar: “La inflación, estúpidos, la inflación”.

republica.com 21-4-2022



QUE PUTIN NO NOS HUNDA LA ECONOMÍA

ECONOMÍA, GOBIERNO, PSOE Posted on Jue, mayo 12, 2022 21:50:20

“No vamos a permitir, señoras y señores, que la guerra trueque esa evolución positiva de la economía española en nuestro país”. Así se explicaba Sánchez al presentar su “Plan de choque de respuesta a la guerra”. Lo hacía en ese foro en el que se siente tan a gusto, el del mundo empresarial y el del IBEX, y al que suele acudir a presentar sus proyectos y leyes, con anterioridad a exponerlo en el Parlamento, o a la oposición, incluso, a sus socios de gobierno y de coalición. Lo propio de un régimen autocrático. El caudillo no debe tener ninguna limitación. Solo aplausos y aquiescencia. Y para eso están siempre dispuestos los clientes agradecidos. La oposición estorba.

Sánchez es especialista en esconderse tras cualquier cosa con tal de echar culpas fuera. Ahora es Putin. Titula su plan de choque (de choque tiene poco) “de repuesta a la guerra”. Quiere dar la imagen de que la economía iba como un cañón con anterioridad a la invasión de Ucrania. “Una economía que había empezado a crecer de forma robusta y que está creando empleo de manera también robusta, en niveles históricos”. Todo muy robusto y que no falte la coletilla de “niveles históricos”.

“El año 2021 se cerró, como he dicho antes -continúa hablando Sánchez-, con un crecimiento del 5,1% del PIB, el mayor en dos décadas”. La afirmación no es errónea, pero el latiguillo final colocado con toda la intención puede inducir a confusión. Desde la Moncloa se hace esta triquiñuela de forma habitual y lo malo es que los medios de comunicación suelen repetirla. Es cierto que hay que remontarse veinte años atrás para encontrar un dato parecido, pero eso no constituye ningún éxito, ni la tasa representa nada excepcional al estar calculada sobre una base anormalmente baja, el PIB del año de 2020, tras ese derrumbe del 10,8%. Ante el titular, muchos ciudadanos se quedan en la creencia de estar en presencia de un buen dato, cuando constituye un incremento realmente pobre respecto al que cabía esperar, y que nos pone a la cola de todos los países europeos en el proceso de recuperación.

Lo verdaderamente ilustrativo es comparar el PIB de 2021 con el de 2019. La tasa es del 6,3% negativa. Es decir, el año pasado terminó con un PIB un 6,3% inferior al de 2019, lo que crea graves incertidumbres acerca de en qué año nuestro nivel de renta alcanzará el que teníamos antes de comenzar la crisis sanitaria, y desmiente radicalmente las palabras de Sánchez: “Estamos a punto de recuperar en tan solo dos años el PIB anterior a la pandemia”. La realidad es que nos encontramos muy lejos de ello y, además, a la cola de todos los países europeos. Muchos de ellos ya lo han conseguido.

En cuanto a los datos de nivel de empleo, variable a la que con más fuerza se agarra el Gobierno para mostrarse optimista, hay que interpretarlos adecuadamente. No deben separarse del número de trabajadores en ERTE y del de autónomos en cese de actividad, a los que no se puede considerar empleados aun cuando continúen afiliados a la Seguridad Social. Buena prueba de ello es el hecho de que las prestaciones que perciben se realizan con cargo al seguro de desempleo. Por otra parte, una evolución más positiva del empleo respecto al PIB solo indica que la productividad está descendiendo. Es por eso por lo que a las cifras que hay que acudir, y que son las realmente significativas, son las estadísticas de horas trabajadas.

Sumamente revelador es comparar las realizaciones con lo que el Gobierno, en la elaboración de los presupuestos, en octubre de 2020, esperaba lograr, que situaba como objetivos para 2021. El Gobierno presentó dos escenarios macroeconómicos. El primero es el que llamó tendencial, esto es, el que se conjeturaba que se produciría de acuerdo con las condiciones normales de la economía sin medidas adicionales de política económica. El segundo es el que teóricamente se iba a alcanzar mediante la actuación del Gobierno y la aplicación de recursos públicos, especialmente los derivados del fondo de recuperación europea, en el que Sánchez puso todas sus esperanzas.

El crecimiento del PIB previsto en este segundo escenario -y se supone que sobre el que estarían basando las cifras presupuestarias- era del 9,8%, es decir, nada menos que 4,7 puntos de diferencia sobre la tasa real que al final se ha conseguido, 5,1%, tasa que está por debajo (2,1 puntos menos) incluso de la que se preveía en el escenario tendencial (7.2%). Pero es que, además, ya casi al final del año, en el mes de octubre, en la presentación de los presupuestos de 2022, el Gobierno, en contra de las previsiones de todos los otros organismos, continuaba apostando, tal vez por voluntarismo, ignorancia o con mayor probabilidad por el afán de ocultar la realidad, a un crecimiento del 6,5%, es decir, 1,4 puntos por encima del que realmente ha sido.

Sería de suponer que una tasa real tan alejada de los objetivos que el Ejecutivo se había fijado, le llevaría a tomar una postura más bien humilde de aceptación del fracaso; también que daría una explicación de sus posibles causas y expondría la forma de superar los problemas de cara al futuro. Pero la actitud adoptada ha sido muy diferente. No dejan de hablar de crecimiento robusto. El presidente del Gobierno, la ministra de Economía, todos siguen la consigna, expansión robusta. La ministra de Hacienda no podía ser menos. Antes muerta que sencilla. También ella ha recurrido a la robustez de la economía para explicar la contención del déficit. La explicación, sin embargo, es otra muy distinta.

El déficit de 2021 (6,7% del PIB), aunque menor al esperado, no es como para lanzar fuegos artificiales, y desde luego está lejos de merecer ese tono triunfalista adoptado por la doctora ministra en su presentación. Acude a la misma táctica de siempre y que después copian los medios con titulares llamativos, el cotejo con los datos de 2020 (10,08%). Alardea de que es 4,1 puntos menor y un 38% más bajo, una disminución única, dice, en la serie histórica. Para el sanchismo todo es histórico. Siempre estamos en lo mismo, en la comparación con el año 2020, que fue totalmente anormal. Solo faltaba que mantuviésemos el mismo PIB, el mismo número de parados y el mismo déficit que el de ese año.

Lo que sí es verdad es que los datos facilitados por María Jesús Montero han desmentido las expectativas agoreras de todos aquellos que, desde los medios de comunicación, pronosticaban que, dado que los presupuestos se habían elaborado sobre un cuadro económico inflado, la recaudación sería inferior a la prevista y el déficit, por tanto, mayor. El razonamiento seria impecable a no ser porque no tenían en cuenta que interviene otro factor en el juego, la inflación. La inflación cuenta y mucho con respecto a las finanzas públicas. Existe una correlación entre los ingresos públicos y el PIB, pero el PIB nominal, en precios corrientes, incluyendo el nivel de precios.

Atendiendo únicamente a la parte real del crecimiento, PIB en precios constantes, la recaudación en 2021 tendría efectivamente que haber sido inferior a la prevista en los presupuestos, ya que el nivel de la actividad económica se mantuvo también por debajo de lo pronosticado, pero como la inflación ha alcanzado cotas muy superiores a las anunciadas, se ha compensado con creces el anterior desfase. El ejercicio se ha cerrado con un deflactor del PIB de 2,3 puntos por encima del que aparecía en el presupuesto y el índice de precios al consumo ha seguido una senda constante de crecimiento desde el 0% a principios de año hasta el 6,5% en diciembre. Ha sido la inflación la causante de la subida de la recaudación y de que el déficit no fuese mayor.

La ministra de Hacienda o bien es que no entiende nada de todo esto (lo cual es muy posible), o es que está dispuesta a mentir todo lo que sea necesario a mayor gloria del jefe (lo que es aún más probable). Insistió en la rueda de prensa en que el buen comportamiento de la recaudación y del déficit se debe a la expansión “potente” de la economía, lo que es falso porque, como ya hemos visto, el PIB creció mucho menos de lo previsto. Resulta evidente que el Gobierno ha visto en la subida de los precios un instrumento ideal para nivelar y con creces ese mayor déficit que se hubiera producido al ser la recuperación económica muy inferior a la anunciada.

A estas alturas de la película, parece que todo el mundo debería ser consciente de que la inflación incide positivamente en la cuantía de la recaudación, por lo que carecen de todo sentido las múltiples posturas farisaicas, anunciando todo tipo de males y catástrofes por indexar las pensiones al IPC. Se olvidan de que, si el gasto en pensiones sube con la inflación, en mayor medida lo hacen los ingresos del Estado, ya que estos tienen una elasticidad con respecto al PIB superior a la unidad.

Es curioso que aquellos que se oponen a que las pensiones se actualicen por el IPC sean los mismos que después insisten una y otra vez en denominar a la inflación el impuesto de los pobres, porque es precisamente en este ámbito donde, si las prestaciones no se regularizan, se hace cierta tal definición. Los jubilados verían gravadas sus remuneraciones por un importe equivalente a la subida de los precios y el Estado recaudaría una cantidad extra equivalente.

El problema solo aparece cuando el Gobierno pretende utilizar ese exceso de recaudación generada por la inflación a otros menesteres como puede ser, en los momentos actuales, para compensar el déficit de ingresos causado por el menor crecimiento de la economía. Es por ese motivo y mirando al futuro por lo que Sanchez ha sido tan reacio a combatir las subidas de los precios de las distintas clases de energía, bajando los impuestos correspondientes que gravan esos productos y renunciando al menos a la recaudación extraordinaria derivada de esta clase de tributación.

Lo que se entiende menos es que cuando al fin se ha visto obligado a hacer una pequeña concesión, como la de bonificar con veinte céntimos el litro de carburante, lo haya instrumentado como una especie de subvención, con una gran complicación administrativa y no, como sería más sencillo, como una simple bajada de impuestos. Sea cual sea la razón, lo que ha ocurrido es que debido a la incompetencia y falta de experiencia administrativa de este Ejecutivo y de sus cargos de confianza se ha generado un desbarajuste muy considerable, y si no que se lo digan a las gasolineras. De nuevo, al igual que con el ingreso mínimo vital se ha embarrado a la Agencia Tributaria en tareas que no le corresponden y la alejan de su auténtico objetivo, el control fiscal y la persecución del fraude. Bien es verdad que, si una galena puede hacer de ministra de Hacienda, por qué la Agencia tributaria no va a poder dedicarse al negocio de la gasolina.

Sánchez nos quiere hacer ver que las dificultades económicas han surgido con Putin, hasta el extremo de que su plan de choque contra la crisis económica lo ha tildado de respuesta a la guerra, pero ello resulta difícil de creer cuando, como hemos visto más arriba, antes del conflicto bélico e incluso antes de que este se vislumbrase el hundimiento de la economía española había sido el más pronunciado de todos los países de la Unión Europea y de la OCDE, y el ritmo de recuperación el más bajo, de manera que nuestra economía es la que más se aleja de los niveles de 2019. A su vez, la inflación ha venido aumentándose a lo largo de todo 2021, hasta alcanzar en diciembre, mucho antes de que las tropas rusas invadiesen Ucrania, el 6,5%.

Sin duda, la guerra ha agravado la situación económica de toda la Unión Europea, especialmente disparando la inflación, pero alguien tendría que contestar a la pregunta de por qué nuestro país, siendo de los que se encuentran más alejados de Ucrania y de los que teóricamente tienen menor dependencia energética de Rusia, es uno de los que presentan mayores incrementos de precios. En el mes de marzo la tasa de inflación armonizada de España asciende a 9,8%, 2,3 puntos por encima de la media de la Unión Europea (7,5%). Tan solo Lituania, Estonia, Países Bajos y Letonia han sufrido mayores incrementos. Sin embargo, otros, y más representativos para nuestra economía, como Alemania, Italia, Portugal y Francia, etc., presentan respectivamente tasas mucho más reducidas (7,6%, 7%, 5,5% y 5,1%,).

Este fenómeno tiene especial gravedad, ya que el diferencial de precios con los otros países y la correspondiente pérdida de competitividad estuvieron en el origen de las crisis económicas que sufrió España en los principios de los noventa y en 2008. De la primera se salió con cuatro devaluaciones; en la segunda, al no poder devaluar por encontrarnos ya en la Unión Monetaria, la sociedad tuvo que sufrir una depreciación interior de precios y salarios con graves consecuencias sociales. Esperemos que no tengamos que enfrentarnos muy pronto de nuevo con una crisis de estas características.

Republica.com 7-4-2022



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