Blog Image

ARTÍCULOS RECIENTES CONTRAPUNTO

LA INFLACIÓN, ESTÚPIDOS, LA INFLACIÓN

ECONOMÍA Posted on Jue, mayo 12, 2022 22:05:28

Hace quince días terminaba mi artículo semanal haciendo referencia a la inflación y a cómo esta se ha disparado en los últimos meses, y sobre todo -y esto es lo más peligroso- a la diferencia que se está produciendo frente a otros países europeos. En marzo, según Eurostat, el índice de precios armonizados en España fue del 9,8%, 2,3 puntos por encima de la media europea. Solo Lituania, Estonia, Letonia y los Países Bajos han acusado una tasa de inflación superior. Sin embargo, países como Francia, Italia, Portugal, Alemania, etc., que son los más significativos para España, presentan subidas de precios bastante más reducidas que la de nuestro país.

Si nos remontamos en el tiempo comprobaremos que ha habido una constante en la economía española, la inflación ha venido siendo superior a la de otros países. La devaluación de la moneda ha tenido que ser frecuente. Era la forma de retornar a una situación de equilibrio en el comercio exterior, que había quedado dañado por la pérdida de competitividad al encarecerse los productos nacionales frente a los extranjeros. Bien es verdad que durante toda la etapa franquista e incluso posteriormente hasta 1986, fecha en la que entramos en la Unión Europea, el Gobierno contaba con la ayuda de medidas proteccionistas, capacidad de poner contingentes y aranceles a las importaciones y subvenciones, y bonificaciones a las exportaciones.

Para un país, mantener un diferencial de inflación con otros países competidores es siempre un problema, pero este se va agudizando a medida que el Gobierno pierde mecanismos de ajuste. En régimen de libre cambio las dificultades aumentan. A su vez, en un sistema de tipos de cambio fijo, el hecho de que el Ejecutivo cuente con medidas de control de cambios no le libra de la devaluación de la moneda, pero sí podrá retrasarla hasta el momento que considere más oportuno. La cosa cambia si hay libre circulación de capitales. En el extremo se sitúa la pertenencia a una unión monetaria, situación en la que no cabe la devaluación de la moneda.  En este caso la diferencia en la tasa de inflación, y la consiguiente pérdida de competitividad, introduce a la economía en una encrucijada escabrosa, de difícil salida y en todo caso con resultados sociales muy negativos.

Es curiosa la postura de los políticos españoles. La gran mayoría estuvieron a favor en su día de la Unión Monetaria, y continúan defendiéndola, pero después pretende actuar como si no existiese y no quieren ver que pertenecer a ella modifica sustancialmente determinadas situaciones o problemas, y sobre todo las posibles soluciones. El dato de inflación de marzo es en sí mismo malo, pero su gravedad se hace mucho mayor al ser bastante superior que el de nuestros posibles competidores y además estar en la Moneda Única.

Es cierto que la diferencia de precios entre los Estados hasta estos momentos no es grande, pero no es menos cierto que, teniendo su origen en una misma causa, la subida del coste de la energía, no hay ninguna razón para estas divergencias. Es más, considerando que la dependencia energética de España con Rusia es de las menores, no tendría por qué ser el país más castigado. Las señales de alarma deberían haber sonado ya, y con fuerza. Sin embargo, no ha sido así, ni el Gobierno parece darle demasiada importancia. Por eso quizás sea muy conveniente echar la vista atrás y analizar las dos últimas ocasiones en que el diferencial de inflación fue lo suficientemente grande como para crear graves dificultades a la economía española.

La primera de estas dos veces sucedió al principio de los años noventa. Aún no existía el euro, pero los países se disponían a crearlo. Entre los criterios de convergencia establecidos por el Tratado de Maastricht y que tenían como finalidad esta preparación, se encontraba mantener fijo el tipo de cambio dentro del Sistema Monetario Europeo (SME), con una pequeña fluctuación del 2,5% hacia arriba y hacia abajo. En el fondo era un ensayo de la futura Unión Monetaria. Es bien conocido cómo el ensayo terminó en un fracaso estrepitoso. Después de un tiempo, la divergencia en la evolución de los precios en los distintos Estados originó que los tipos de cambio reales no coincidiesen con los nominales, lo que lanzó a los mercados a especular contra algunas de las divisas, especulación que ni todos los países juntos lograron sofocar. De manera que se vieron en la obligación de ampliar las bandas de fluctuación al +-10%, lo que era dejar las monedas casi en libre flotación en la práctica.

España se integró en el SME en 1989, al mismo tiempo que se adoptaba la libre circulación de capitales. Hubo quienes mantuvieron que nos incorporamos a un tipo de cambio más alto que el que correspondía. El caso es que, en 1992, cuando estallaron las turbulencias y los ataques de los mercados, la economía española se encontraba en una situación particularmente crítica. La cotización en marcos de la peseta era la misma que en 1987. Pero desde ese año los precios habían crecido en España 22 puntos más que en Alemania, es decir, el país había perdido competitividad vía precios en un 22%. Esa menor competitividad se trasladó de inmediato a la balanza de pagos. El déficit por cuenta corriente ascendió al 3,7%, lo suficientemente alto para que los inversores pensasen que el tipo de cambio de la peseta no era el adecuado, forzando cuatro devaluaciones, tres con Solchaga y una con Solbes (de 1992 a 1995).

Hay quien se preguntará por qué cuatro devaluaciones. La respuesta es sencilla, pero un poco indignante. La razón se encuentra en la cerrazón de un gobierno empeñado en tener un tipo de cambio más alto del que le correspondía y en pretender forzar a los mercados a aceptarlo. Estos no se conformaron hasta que creyeron que la cotización de la peseta era la apropiada. Al final se logró el equilibrio y la economía remontó la crisis, pero eso no significa que no quedase huella. La pérdida de competitividad durante estos años provocó un alto coste en la actividad económica. Aun cuando la competitividad se recobró por las cuatro devaluaciones, el daño estructural estaba hecho y habría de arrastrarse hacia el futuro.

Las cuatro devaluaciones, no obstante, crearon el equilibrio necesario para que Aznar se adentrase en un periodo de bonanza que sirvió de pórtico a nuestro ingreso en la Unión Monetaria en 1999. Durante los años que siguieron, tanto Aznar como Zapatero se vanagloriaron de la buena marcha de la economía, pero era una falsa prosperidad basada en el desequilibrio y en el crédito. En 2008 apareció su verdadera faz. Desde la constitución de la Unión Monetaria en 1999 hasta el 2008 los precios se incrementaron en la Eurozona un 22%, pero en los distintos países miembros siguieron una tendencia desigual. Mientras que en Alemania crecían un 17,42%, en España, Grecia, Irlanda y Portugal lo hicieron en un 34,28%, 35,55%, 35,72%, 30,33%, respectivamente. Era la trastienda de la crisis en Europa.

Concretamente, los precios de los productos españoles se encarecieron con respecto a los alemanes en un 17%, con la consiguiente pérdida de competitividad, y el incremento del déficit en el sector exterior. Este fue aumentando a lo largo de todos esos años hasta que en 2007 se produce un máximo, la balanza por cuenta corriente alcanzó un saldo negativo del 9,8%, cuyo correlato fue un fuerte endeudamiento en el extranjero. El crecimiento en este periodo fue en buena parte a crédito. Los acreedores extranjeros concedieron los préstamos hasta extremos poco prudentes basándose en que la moneda era la misma y por lo tanto no existía riesgo de cambio.

Como ocurre siempre en estos casos, todo resulta muy bonito hasta que estalla, surge el miedo, el capital huye y todos pretenden recuperar los préstamos, la crisis aparece y la economía se hunde. Pero en esta ocasión, a diferencia del año 1992, no fue posible recurrir a la devaluación de la moneda, ya que estábamos en la Unión Monetaria. La salida se hizo mucho más difícil. El problema no fue exclusivo de España; de hecho, países como Portugal, Grecia e Italia, de una manera u otra, sufrieron parecidos apuros.

No es preciso relatar las dificultades de todo tipo que todos estos países tuvieron que padecer. Son de sobra conocidas. La economía española, en concreto, para remontar la crisis, corregir los altos niveles de desempleo y recobrar la perdida de la competitividad, al no poder devaluar se vio sometida a una depreciación interna de precios y salarios con muy graves costes laborales y sociales. Cinco o seis años duró el ajuste hasta que la economía comenzó a recobrarse. De hecho, aún la recuperación no era completa cuando tuvimos que enfrentarnos con la crisis de la pandemia, crisis que no tiene nada que ver con las dos anteriores. Su causa no es económica, sino sanitaria, con sus consecuentes decisiones administrativas.

La crisis del 2008 pasó, pero eso no quiere decir que no dejase su huella y sus efectos negativos. Concretamente, el alto nivel de endeudamiento público. En el 2007 el sector público tuvo un superávit del 1,9%, y el stock de deuda pública alcanzaba un moderado 36% del PIB. Si el enorme crecimiento de la deuda en manos extranjeras estuvo en el origen de la crisis, no fue la pública, sino el endeudamiento privado, a pesar de que nadie le hubiese hablado de él a Zapatero, de lo que se quejó amargamente con posteridad.  Durante la crisis, el sector público se vio en la tesitura de tener que asumir parte de ese endeudamiento privado insolvente, con lo que al final de la recesión el stock de deuda pública superó el 90% del PIB. No solo es esta carga la que se ha trasladado al futuro, sino que las dos crisis citadas, las de 1992 y 2007, han tenido mucho que ver en la configuración de nuestro actual sistema productivo, en nuestra tasa crónica de mayor desempleo y en la baja productividad actual.

Las equivocaciones pueden cometerse, pero repetirlas resulta mucho menos disculpable. Los últimos treinta años nos han enseñado las negativas consecuencias, cercanas a la catástrofe que tiene para nuestra economía dentro de la Unión Monetaria mantener un importante diferencial de inflación con otros países europeos. No sé si la sociedad española podría soportar otra crisis como la del 2007, tanto más cuanto que nos sorprendería en condiciones  mucho peores que las de entonces. Una deuda pública que es del 123% del PIB, en lugar del 36%, y que deja un sector público agónico para cualquier alegría, una productividad negativa, una tasa de paro mucho mayor que entonces y un balance del BCE suficientemente engordado, para que se despierten las presiones de los halcones del Norte. En fin, alguien, ahora, tendría que gritar: “La inflación, estúpidos, la inflación”.

republica.com 21-4-2022



QUE PUTIN NO NOS HUNDA LA ECONOMÍA

ECONOMÍA, GOBIERNO, PSOE Posted on Jue, mayo 12, 2022 21:50:20

“No vamos a permitir, señoras y señores, que la guerra trueque esa evolución positiva de la economía española en nuestro país”. Así se explicaba Sánchez al presentar su “Plan de choque de respuesta a la guerra”. Lo hacía en ese foro en el que se siente tan a gusto, el del mundo empresarial y el del IBEX, y al que suele acudir a presentar sus proyectos y leyes, con anterioridad a exponerlo en el Parlamento, o a la oposición, incluso, a sus socios de gobierno y de coalición. Lo propio de un régimen autocrático. El caudillo no debe tener ninguna limitación. Solo aplausos y aquiescencia. Y para eso están siempre dispuestos los clientes agradecidos. La oposición estorba.

Sánchez es especialista en esconderse tras cualquier cosa con tal de echar culpas fuera. Ahora es Putin. Titula su plan de choque (de choque tiene poco) “de repuesta a la guerra”. Quiere dar la imagen de que la economía iba como un cañón con anterioridad a la invasión de Ucrania. “Una economía que había empezado a crecer de forma robusta y que está creando empleo de manera también robusta, en niveles históricos”. Todo muy robusto y que no falte la coletilla de “niveles históricos”.

“El año 2021 se cerró, como he dicho antes -continúa hablando Sánchez-, con un crecimiento del 5,1% del PIB, el mayor en dos décadas”. La afirmación no es errónea, pero el latiguillo final colocado con toda la intención puede inducir a confusión. Desde la Moncloa se hace esta triquiñuela de forma habitual y lo malo es que los medios de comunicación suelen repetirla. Es cierto que hay que remontarse veinte años atrás para encontrar un dato parecido, pero eso no constituye ningún éxito, ni la tasa representa nada excepcional al estar calculada sobre una base anormalmente baja, el PIB del año de 2020, tras ese derrumbe del 10,8%. Ante el titular, muchos ciudadanos se quedan en la creencia de estar en presencia de un buen dato, cuando constituye un incremento realmente pobre respecto al que cabía esperar, y que nos pone a la cola de todos los países europeos en el proceso de recuperación.

Lo verdaderamente ilustrativo es comparar el PIB de 2021 con el de 2019. La tasa es del 6,3% negativa. Es decir, el año pasado terminó con un PIB un 6,3% inferior al de 2019, lo que crea graves incertidumbres acerca de en qué año nuestro nivel de renta alcanzará el que teníamos antes de comenzar la crisis sanitaria, y desmiente radicalmente las palabras de Sánchez: “Estamos a punto de recuperar en tan solo dos años el PIB anterior a la pandemia”. La realidad es que nos encontramos muy lejos de ello y, además, a la cola de todos los países europeos. Muchos de ellos ya lo han conseguido.

En cuanto a los datos de nivel de empleo, variable a la que con más fuerza se agarra el Gobierno para mostrarse optimista, hay que interpretarlos adecuadamente. No deben separarse del número de trabajadores en ERTE y del de autónomos en cese de actividad, a los que no se puede considerar empleados aun cuando continúen afiliados a la Seguridad Social. Buena prueba de ello es el hecho de que las prestaciones que perciben se realizan con cargo al seguro de desempleo. Por otra parte, una evolución más positiva del empleo respecto al PIB solo indica que la productividad está descendiendo. Es por eso por lo que a las cifras que hay que acudir, y que son las realmente significativas, son las estadísticas de horas trabajadas.

Sumamente revelador es comparar las realizaciones con lo que el Gobierno, en la elaboración de los presupuestos, en octubre de 2020, esperaba lograr, que situaba como objetivos para 2021. El Gobierno presentó dos escenarios macroeconómicos. El primero es el que llamó tendencial, esto es, el que se conjeturaba que se produciría de acuerdo con las condiciones normales de la economía sin medidas adicionales de política económica. El segundo es el que teóricamente se iba a alcanzar mediante la actuación del Gobierno y la aplicación de recursos públicos, especialmente los derivados del fondo de recuperación europea, en el que Sánchez puso todas sus esperanzas.

El crecimiento del PIB previsto en este segundo escenario -y se supone que sobre el que estarían basando las cifras presupuestarias- era del 9,8%, es decir, nada menos que 4,7 puntos de diferencia sobre la tasa real que al final se ha conseguido, 5,1%, tasa que está por debajo (2,1 puntos menos) incluso de la que se preveía en el escenario tendencial (7.2%). Pero es que, además, ya casi al final del año, en el mes de octubre, en la presentación de los presupuestos de 2022, el Gobierno, en contra de las previsiones de todos los otros organismos, continuaba apostando, tal vez por voluntarismo, ignorancia o con mayor probabilidad por el afán de ocultar la realidad, a un crecimiento del 6,5%, es decir, 1,4 puntos por encima del que realmente ha sido.

Sería de suponer que una tasa real tan alejada de los objetivos que el Ejecutivo se había fijado, le llevaría a tomar una postura más bien humilde de aceptación del fracaso; también que daría una explicación de sus posibles causas y expondría la forma de superar los problemas de cara al futuro. Pero la actitud adoptada ha sido muy diferente. No dejan de hablar de crecimiento robusto. El presidente del Gobierno, la ministra de Economía, todos siguen la consigna, expansión robusta. La ministra de Hacienda no podía ser menos. Antes muerta que sencilla. También ella ha recurrido a la robustez de la economía para explicar la contención del déficit. La explicación, sin embargo, es otra muy distinta.

El déficit de 2021 (6,7% del PIB), aunque menor al esperado, no es como para lanzar fuegos artificiales, y desde luego está lejos de merecer ese tono triunfalista adoptado por la doctora ministra en su presentación. Acude a la misma táctica de siempre y que después copian los medios con titulares llamativos, el cotejo con los datos de 2020 (10,08%). Alardea de que es 4,1 puntos menor y un 38% más bajo, una disminución única, dice, en la serie histórica. Para el sanchismo todo es histórico. Siempre estamos en lo mismo, en la comparación con el año 2020, que fue totalmente anormal. Solo faltaba que mantuviésemos el mismo PIB, el mismo número de parados y el mismo déficit que el de ese año.

Lo que sí es verdad es que los datos facilitados por María Jesús Montero han desmentido las expectativas agoreras de todos aquellos que, desde los medios de comunicación, pronosticaban que, dado que los presupuestos se habían elaborado sobre un cuadro económico inflado, la recaudación sería inferior a la prevista y el déficit, por tanto, mayor. El razonamiento seria impecable a no ser porque no tenían en cuenta que interviene otro factor en el juego, la inflación. La inflación cuenta y mucho con respecto a las finanzas públicas. Existe una correlación entre los ingresos públicos y el PIB, pero el PIB nominal, en precios corrientes, incluyendo el nivel de precios.

Atendiendo únicamente a la parte real del crecimiento, PIB en precios constantes, la recaudación en 2021 tendría efectivamente que haber sido inferior a la prevista en los presupuestos, ya que el nivel de la actividad económica se mantuvo también por debajo de lo pronosticado, pero como la inflación ha alcanzado cotas muy superiores a las anunciadas, se ha compensado con creces el anterior desfase. El ejercicio se ha cerrado con un deflactor del PIB de 2,3 puntos por encima del que aparecía en el presupuesto y el índice de precios al consumo ha seguido una senda constante de crecimiento desde el 0% a principios de año hasta el 6,5% en diciembre. Ha sido la inflación la causante de la subida de la recaudación y de que el déficit no fuese mayor.

La ministra de Hacienda o bien es que no entiende nada de todo esto (lo cual es muy posible), o es que está dispuesta a mentir todo lo que sea necesario a mayor gloria del jefe (lo que es aún más probable). Insistió en la rueda de prensa en que el buen comportamiento de la recaudación y del déficit se debe a la expansión “potente” de la economía, lo que es falso porque, como ya hemos visto, el PIB creció mucho menos de lo previsto. Resulta evidente que el Gobierno ha visto en la subida de los precios un instrumento ideal para nivelar y con creces ese mayor déficit que se hubiera producido al ser la recuperación económica muy inferior a la anunciada.

A estas alturas de la película, parece que todo el mundo debería ser consciente de que la inflación incide positivamente en la cuantía de la recaudación, por lo que carecen de todo sentido las múltiples posturas farisaicas, anunciando todo tipo de males y catástrofes por indexar las pensiones al IPC. Se olvidan de que, si el gasto en pensiones sube con la inflación, en mayor medida lo hacen los ingresos del Estado, ya que estos tienen una elasticidad con respecto al PIB superior a la unidad.

Es curioso que aquellos que se oponen a que las pensiones se actualicen por el IPC sean los mismos que después insisten una y otra vez en denominar a la inflación el impuesto de los pobres, porque es precisamente en este ámbito donde, si las prestaciones no se regularizan, se hace cierta tal definición. Los jubilados verían gravadas sus remuneraciones por un importe equivalente a la subida de los precios y el Estado recaudaría una cantidad extra equivalente.

El problema solo aparece cuando el Gobierno pretende utilizar ese exceso de recaudación generada por la inflación a otros menesteres como puede ser, en los momentos actuales, para compensar el déficit de ingresos causado por el menor crecimiento de la economía. Es por ese motivo y mirando al futuro por lo que Sanchez ha sido tan reacio a combatir las subidas de los precios de las distintas clases de energía, bajando los impuestos correspondientes que gravan esos productos y renunciando al menos a la recaudación extraordinaria derivada de esta clase de tributación.

Lo que se entiende menos es que cuando al fin se ha visto obligado a hacer una pequeña concesión, como la de bonificar con veinte céntimos el litro de carburante, lo haya instrumentado como una especie de subvención, con una gran complicación administrativa y no, como sería más sencillo, como una simple bajada de impuestos. Sea cual sea la razón, lo que ha ocurrido es que debido a la incompetencia y falta de experiencia administrativa de este Ejecutivo y de sus cargos de confianza se ha generado un desbarajuste muy considerable, y si no que se lo digan a las gasolineras. De nuevo, al igual que con el ingreso mínimo vital se ha embarrado a la Agencia Tributaria en tareas que no le corresponden y la alejan de su auténtico objetivo, el control fiscal y la persecución del fraude. Bien es verdad que, si una galena puede hacer de ministra de Hacienda, por qué la Agencia tributaria no va a poder dedicarse al negocio de la gasolina.

Sánchez nos quiere hacer ver que las dificultades económicas han surgido con Putin, hasta el extremo de que su plan de choque contra la crisis económica lo ha tildado de respuesta a la guerra, pero ello resulta difícil de creer cuando, como hemos visto más arriba, antes del conflicto bélico e incluso antes de que este se vislumbrase el hundimiento de la economía española había sido el más pronunciado de todos los países de la Unión Europea y de la OCDE, y el ritmo de recuperación el más bajo, de manera que nuestra economía es la que más se aleja de los niveles de 2019. A su vez, la inflación ha venido aumentándose a lo largo de todo 2021, hasta alcanzar en diciembre, mucho antes de que las tropas rusas invadiesen Ucrania, el 6,5%.

Sin duda, la guerra ha agravado la situación económica de toda la Unión Europea, especialmente disparando la inflación, pero alguien tendría que contestar a la pregunta de por qué nuestro país, siendo de los que se encuentran más alejados de Ucrania y de los que teóricamente tienen menor dependencia energética de Rusia, es uno de los que presentan mayores incrementos de precios. En el mes de marzo la tasa de inflación armonizada de España asciende a 9,8%, 2,3 puntos por encima de la media de la Unión Europea (7,5%). Tan solo Lituania, Estonia, Países Bajos y Letonia han sufrido mayores incrementos. Sin embargo, otros, y más representativos para nuestra economía, como Alemania, Italia, Portugal y Francia, etc., presentan respectivamente tasas mucho más reducidas (7,6%, 7%, 5,5% y 5,1%,).

Este fenómeno tiene especial gravedad, ya que el diferencial de precios con los otros países y la correspondiente pérdida de competitividad estuvieron en el origen de las crisis económicas que sufrió España en los principios de los noventa y en 2008. De la primera se salió con cuatro devaluaciones; en la segunda, al no poder devaluar por encontrarnos ya en la Unión Monetaria, la sociedad tuvo que sufrir una depreciación interior de precios y salarios con graves consecuencias sociales. Esperemos que no tengamos que enfrentarnos muy pronto de nuevo con una crisis de estas características.

Republica.com 7-4-2022



TRAS LA PANDEMIA, LA GUERRA COMO COARTADA

ECONOMÍA, GOBIERNO Posted on Jue, mayo 12, 2022 21:06:54

En mi libro, publicado hace casi dos años en El Viejo Topo y titulado “Una historia insólita”, la historia de la gestación del Gobierno Frankenstein, terminaba el relato en la sesión de investidura de Sánchez. No obstante, cuando el libro salió a la calle había hecho ya su aparición con toda su gravedad la epidemia, por lo que creí conveniente añadir un epílogo, en el que se analizaba la situación entonces presente de la economía y me preguntaba por las expectativas de futuro.

Al declararse la crisis sanitaria, hacía poco más de un mes que se había constituido el Ejecutivo; sin embargo, no se podía decir lo mismo de Sánchez, que llevaba ya casi dos años de presidente del Gobierno, con un saldo no precisamente positivo. A esas alturas aún no había conseguido aprobar un presupuesto propio, y 2019 se había cerrado con un déficit desbordado y que había merecido ya una corrección de Eurostat.

La actividad económica había entrado en un claro proceso de desaceleración. El descenso en el número de parados disminuía y todo parecía indicar que podía cambiar de signo. Las características populistas del nuevo Gobierno anunciaban un fuerte incremento del gasto público, sin que, por otra parte, Sánchez se mostrase dispuesto a enfrentarse con una nueva reforma fiscal, consciente de que todo incremento de gravamen sería impopular. Se vislumbraban, por tanto, graves desequilibrios en las finanzas públicas con los consiguientes incrementos en el stock de deuda pública. Todo ello no pronosticaba un panorama de futuro demasiado favorable.

En el mes de marzo se hace oficial la crisis sanitaria y se adueña de toda la actualidad. Se anunciaban ya densos nubarrones en la realidad económica, con resultados probablemente muy negativos. Pero la duda que me planteaba yo en ese epílogo era si no se iban a imputar también a la pandemia los efectos que proviniesen de la incompetencia y la mala gestión del Gobierno, mezclando todo sin discriminación, y que le sirviesen de coartada.

Dos años después, parece que todo ello se ha cumplido y que el Gobierno se ha escondido detrás de la pandemia para justificar sus muchos errores y su ineptitud. Pienso que es innecesario insistir en ello. La crisis sanitaria ha tapado todo y, en cualquier caso, se ha construido un relato que no se corresponde con la realidad. El Gobierno ha disimulado el paro detrás de los ERTE y de los autónomos en cese de actividad y ha presentado tasas malas o mediocres de crecimiento ofreciéndolas como buenas, silenciando que las comparaciones se estaban haciendo con los momentos más bajos de la serie, por lo que los incrementos no tenían la significación que se les pretendía dar.

A lo largo de todo este tiempo el Gobierno se ha dedicado a facilitar unas previsiones de crecimiento contrarias y superiores a las que ofrecían todos los organismos nacionales e internacionales, empeñándose en describir unas perspectivas muy positivas y halagüeñas, mayores que las que se predicaban de otros países. Han intentado por todos los medios mantener este relato falaz, pero la situación resulta ya insostenible. Es imposible ocultar que la economía se desplomó en 2020 más que ninguna otra de la Unión y el doble (10,8%) que la media.

A su vez, el dato provisional de 2021, (5,2%), facilitado por el INE, tira por los suelos todas las perspectivas quiméricas. Deja al descubierto que al principio de 2022 la renta nacional es un 6% inferior que la existente a finales de 2019, lo que coloca a nuestro país a la cola de todos los países de Europa y de la OCDE a la hora de recobrar el nivel de actividad económica que tenía antes de la pandemia. Todas las previsiones apuntan a que, como mínimo hasta 2023, España, a diferencia de los otros países europeos, no recuperará dicho nivel.

Y he aquí que hace dos semanas, Rusia ha invadido Ucrania. Todo hace prever que la economía mundial, y más concretamente la europea, va a recibir un fuerte golpe, pero paradójicamente una vez más da también la impresión de que las tragedias se vuelven a colocar delante de Sánchez para que puedan servir de cortina de humo con la que esconder sus errores y de excusa para explicar los resultados negativos de sus decisiones. El Gobierno sanchista se está situando detrás de la guerra de Ucrania, al igual que durante los dos años anteriores lo hizo tras la pandemia, y pretende aplicar también las mismas tácticas, repartir las responsabilidades cuando las cosas van mal. Por eso ha convocado a la patronal y a los sindicatos para lo que ha llamado pomposamente “un pacto de rentas”.

En cierta forma resulta lógico que se quiera comenzar por ahí, ya que a corto plazo el tema más preocupante parece ser la inflación. No obstante, conviene señalar que los precios ya se habían disparado con anterioridad al inicio de la guerra sin que los Estados supusiesen muy bien qué hacer ante la inflación. Tan inclinado como está Sánchez a echar la culpa a otros, parecería lógico que en esta ocasión responsabilizase a la Unión Europea, en donde en buena medida se encuentra el origen del problema; bien es verdad que esto sería reconocer que la soberanía española está ya cercenada, lo que Sánchez no está dispuesto a hacer.

Con toda probabilidad el problema de la inflación se va a agravar sustancialmente con la invasión de Ucrania; pero no parece que todo pueda solucionarse, tal como piensa el Gobierno, con un pacto de rentas. No obstante, en principio podríamos pensar que tiene su lógica. En el fondo de la inflación se encuentra siempre un enfrentamiento de sujetos económicos porfiando por maximizar su porción en la renta. De manera simple, se habla de retribución de los trabajadores y del excedente empresarial y de cómo ambos participan en la renta nacional. Pero ello es un mero esquema. Cada uno de estos dos colectivos es a su vez enormemente complejo.

Lo que en la contabilidad nacional llamamos retribución de los trabajadores es un conjunto altamente heterogéneo en el que se incluyen desde el temporero más precario hasta los altos ejecutivos de las sociedades del IBEX. Y en cuanto al excedente empresarial la diversidad es aún mayor: desde el beneficio de los empresarios y los intereses de los rentistas, a las rentas mixtas de los autónomos, que en algún caso pueden ser simplemente paro encubierto. Todos, absolutamente todos, peleando por mantener su trozo de pastel o conseguir uno más grande mediante una subida de precios, entendiendo también como tales los salarios y los tipos de interés.

En esta multiplicidad, ¿cómo se puede hablar de pactos de rentas?  ¿Cómo pueden negociar y pactar sujetos tan diferentes e intereses tan distintos? Y ¿quién puede representar a grupos tan híbridos? La patronal y los sindicatos actúan en nombre de tan solo una parte de sus respectivos colectivos; y, además, teniendo en cuenta que nos movemos en mercados libres, tampoco la CEOE puede garantizar que los precios se mantendrán estables. Así que lo que se llama pacto de rentas se reduce en la mayoría de los casos a limitar los salarios, por supuesto no de todos los trabajadores, sino tan solo de los que están sometidos a convenio, en la esperanza de que se moderen los precios. Se trata, en definitiva, de que esa contienda que se denomina espiral inflacionista termine por que los trabajadores, al menos algunos de ellos, acepten su derrota.

Resulta, en consecuencia, lógico que todo pacto de rentas vaya acompañado de medidas fiscales que compensen a la clase trabajadora de ser la perdedora del acuerdo. Así ocurrió en los renombrados Pactos de la Moncloa, con los que se pretendió neutralizar el efecto negativo sobre los asalariados de la deflación competitiva derivada del pacto de rentas con una reforma fiscal en profundidad, potenciando la progresividad y la función redistributiva de la renta.

El sanchismo ha dejado muy claro que no está dispuesto a emprender una tarea de esta proporción, la de deshacer todas las normas regresivas aprobadas en política fiscal durante los treinta últimos años. Sus socios, por muy a la izquierda que se crean, tampoco están en condiciones de exigírselo. Se contentan, todo lo más, con aspectos muy parciales de la política social, tales como los de la vivienda y con medidas quizás contraproducentes.

Todo pretexto ha sido bueno. Primero la epidemia, ahora la guerra. Sin embargo, escudarse en las tragedias carece de toda lógica, pues quizás en estas circunstancias es cuando más se necesitan políticas redistributivas. Los efectos serán positivos o negativos dependiendo de las figuras tributarias empleadas y de los colectivos gravados. Paradójicamente, los únicos impuestos que se han incrementado son los indirectos, especialmente los medioambientales, dañinos en tiempo de crisis y, desde el punto de vista social, regresivos.

El Gobierno ha empleado un mecanismo muy socorrido para echar balones fuera, el de crear una comisión de teóricos expertos. La finalidad ha sido doble. Por una parte, alargan el proceso lo más posible y, por otra, pretenden dotar de una capa de neutralidad y tecnicismo a lo que en realidad son decisiones políticas del Gobierno. El análisis del dictamen de los expertos merece uno o varios artículos en exclusiva, pero de momento nos limitaremos a afirmar que no es precisamente un ejemplo de progresismo.

De las dos finalidades principales y deberíamos decir que casi únicas de un sistema fiscal, suficiencia y progresividad, se fijan exclusivamente en la primera a la que se añade, por presiones del Gobierno, con carácter casi hegemónico, la ecológica. La casi totalidad de los gravámenes que se proponen con esta finalidad tienen efectos regresivos porque inciden en mayor medida sobre las clases bajas. La ecología es cara, casi un lujo para la mayoría de la población. El mismo principio que parece que los expertos del Gobierno han querido colocar en el frontispicio de su trabajo, “el que contamina paga”, tiene mucho más que ver con el neoliberalismo que con la socialdemocracia. La lógica nos llevaría por ejemplo a replicar que el coste de las carreteras debería recaer sobre los usuarios, el de la sanidad sobre los enfermos, el de la educación sobre los estudiantes o sus padres, etc. La doctrina fiscal del Estado Social se encamina por otros derroteros. Es quien más tiene el que debe pagar más.

Los nostálgicos de los Pactos de la Moncloa y defensores acérrimos de repetirlos olvidan, aparte de que Sánchez de ningún modo estaría dispuesto a acometer una reforma fiscal como la que inició Suárez, que entonces no estábamos en la Unión Monetaria ni siquiera en la Unión Europea, con lo que entre otras muchas cosas se pudo devaluar la peseta, que fue lo primero que hizo Fuentes Quintana como introducción a los pactos.

Está extendida la creencia, sobre todo entre los periodistas conservadores, de que, dado que el Gobierno ha estimado los ingresos públicos de acuerdo con previsiones macroeconómicas exageradas, la recaudación será muy inferior a la prevista, con el consiguiente impacto negativo sobre el déficit público. Prescinden sin embargo de la inflación y del aumento que esta va a producir sobre los ingresos. Este error va unido al que se produce con esa afirmación tan reiterada de que la inflación al actualizar las pensiones por el IPC va a elevar el déficit. Se está olvidando que la correlación se estable entre la recaudación impositiva y el PIB nominal, en el que se incluye el elemento precios. La recaudación fiscal va a ser muy superior a la prevista gracias a la inflación, y el déficit, menor a pesar de las pensiones.

Sánchez dice que toda la culpa de la inflación es de Putin. Sin embargo, España presenta un diferencial de dos puntos sobre la Unión Europea, aunque en teoría tendría que ser uno de los países menos afectados. El Gobierno podría reducir los precios, especialmente de la electricidad, del gas, de la gasolina, los gasóleos, etc., disminuyendo así sus cargas fiscales, y compensando esta bajada de recaudación con la subida de los impuestos directos. No parece que esté dispuesto a ello. Demasiado esfuerzo. La Unión Europea profesa el neoliberalismo económico y no está decidida, pase lo que pase, a modificar el mercado de la electricidad. Borrell y la niña Botín han encontrado ya la solución y, como aventajados boys scouts, proponen su buena obra mensual: consumir menos y bajar el termostato. La ministra del asunto afirma que se ha roto el mercado. Lo que han roto, entre España y Europa, es el Estado.  

Republica 17-3-2022