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ARTÍCULOS RECIENTES CONTRAPUNTO

LA CONDONACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA EN PODER DEL BCE

EUROPA Posted on Thu, February 25, 2021 22:52:21

El cinco de febrero pasado, el diario El País (curiosamente, en España, solo el diario El País) publicaba un manifiesto firmado por cien economistas y titulado “Anular la deuda pública mantenida por el BCE para que nuestro destino vuelva a estar en nuestras manos”. Las firmas presentan una distribución muy desigual no solo por la representación de los distintos países, sino porque dentro de cada uno de ellos el sesgo es evidente. Por ejemplo, en España predominan aquellos que se mueven en los aledaños del PSOE o pertenecen a la plataforma “economistas frente a la crisis” -que para el caso viene a ser parecido-, prevaleciendo además los que se han especializado en los temas de energía y medio ambiente.

Tengo que reconocer que el manifiesto me ha producido una cierta ambivalencia. En un primer momento, satisfacción al constatar que personas como Cristina Narbona, Manuel Escudero o Jordi Sevilla, conspicuos miembros del PSOE que como tales han defendido siempre la Unión Monetaria, aceptan ahora que la pertenencia a ella nos ha hecho perder nuestro destino, es decir, nuestra soberanía, soberanía que se encuentra en manos del BCE. Algo que, sin embargo, ha sido patente a lo largo de todo este tiempo. Solo es preciso acordarse de Grecia. “Dejadme emitir y controlar el dinero de una nación y no me preocupará quién escriba las leyes”. Frase que se atribuye a Mayer Amschel Rothschild.

Pero en seguida me han asaltado otros sentimientos, decepción, desilusión y cierto escepticismo al tomar conciencia de que todo ese recobrar nuestro destino se concretaba exclusivamente en lograr que el BCE cancelase la deuda pública de los países miembros en su poder. Es más, tengo la impresión de que plantearlo en este momento puede resultar contraproducente. No aduciré que sería ilegal y que iría contra los tratados. En Europa, los tratados -o al menos su interpretación- se utilizan siempre con una gran elasticidad y priman sobre ellos los intereses. Se transita por sus lindes cuando se considera necesario y está en peligro el invento.

El BCE hace ya tiempo, al menos desde el 2012 que circula por esos confines, e incluso ahora, está situado más bien en el exterior. Pero ese fue el mérito de Mario Draghi, el intuir que, en aquellas circunstancias, a pesar de las críticas que se alzaron, nadie que quisiera que la Unión Monetaria perdurase podía oponerse en serio a que se diese el salto y se actuase en el mercado conteniendo las actuaciones desestabilizadoras. Italia y España no eran Grecia y dejar caer a esas dos economías era equivalente a que se derrumbase toda la Eurozona.

En realidad, el BCE no ha hecho nada extraordinario que no hayan hecho otros bancos centrales como el de Gran Bretaña, el de Japón o la Reserva Federal; o lo que hubiese realizado el Banco de Italia o el de España en el caso de haber tenido moneda propia. Pero es que el BCE, según los tratados, no es un banco central normal. Nació, como el resto de las instituciones europeas, perniquebrado y sometido a limitaciones que lo hacían totalmente ineficaz. La diferencia con las demás instituciones es que, quizás por necesidad, el BCE supo reaccionar, y paradójicamente la que parecía más antidemocrática ha resultado la más efectiva a la hora de solucionar los problemas que ha tenido y tiene la Eurozona. Quizás, y es triste decirlo, esa supuesta independencia de los poderes políticos que tanto criticamos lo ha mantenido en cierta forma al margen de la división entre países y partidos.

Primero Draghi y ahora Lagarde han sabido reaccionar frente a las crisis. Bien es verdad que frente a la del 2008, un poco tarde. Lo cierto es que, si la gran mayoría de países miembros se están financiando en los mercados a tipos sostenibles, incluso bajos, es porque están respaldados por el BCE, lo que en principio no tendría que tener nada de meritorio porque para eso están los bancos centrales; pero en el país de los ciegos el tuerto es el rey y en Europa estamos casi todos ciegos.

El BCE, nada más comenzar la crisis del Covid, cuando los distintos gobiernos y la propia Comisión estaban discutiendo si eran galgos o podencos (aun parece que lo siguen discutiendo), puso sobre la mesa 750.000 millones de euros, cantidad que meses después aumentó en otros 600.000 millones, orientados a comprar títulos públicos y privados. Recientemente ha añadido otros 500.000, con lo que su potencial de fuego se eleva en estos momentos a 1.850.000 millones de euros. Es más, ha anunciado que continuará con esta política al menos hasta marzo de 2022 y que, si fuera necesario, incrementaría la cantidad hasta 2.5 billones de euros.

Esta actuación del BCE no ha sido pacífica. Desde dentro de la propia institución, pero sobre todo desde fuera, desde el ámbito de los países que llaman “frugales”, han arreciado las críticas, en las que ha tenido sin duda un papel predominante el Bundesbank; sin olvidar la sentencia del Tribunal Constitucional alemán que pende como una espada de Damocles sobre la política expansiva de Frankfurt, porque, aunque en principio carece de competencias sobre las instituciones comunitarias, es imposible no tener presente el peso que su opinión tiene en Alemania y la influencia de este país sobre toda la UE. Por eso puede constituir una osadía y cierta imprudencia proponer ahora la cancelación de la deuda pública. No descarto que en el futuro pudiera ser necesario llevar a cabo una operación de este calibre, pero desde luego no es este el momento, entre otras razones porque su utilidad sería muy dudosa y además puede despertar al monstruo dormido. Los países miembros, incluso los del Sur, apenas obtendrían ventajas de ello. En los momentos actuales apenas hay diferencia entre que la deuda se encuentre en manos del BCE o que esté condonada. Nadie en su sano juicio puede creer que esa deuda pueda amortizarse en el futuro, al menos en una medida importante, en base a una política de austeridad presupuestaria.

El manifiesto habla de que, en contrapartida a la cancelación de la deuda, los países miembros deberían invertir esas cantidades (las estiman en 2.500.000 millones de euros) en la reconstrucción ecológica y social. La pregunta es de dónde iba a surgir esa cantidad de dinero. No cabe más que una respuesta. De una nueva emisión de deuda de los países miembros que, sin duda alguna, para que fuese sostenible, al menos para un gran número de estos, y se mantuviese el tipo de interés, debería ser adquirida de nuevo por el BCE, cosa que resultaría difícil, por no decir imposible, de justificar y más aún de conseguir.

En realidad, esa gran inversión que piden los firmantes del manifiesto hace tiempo que el BCE la viene realizando. Su balance, que alcanzaba dos billones de euros con anterioridad a la crisis de 2008, se ha incrementado hasta sobrepasar los siete en los momentos actuales. Es decir, que ha emitido dinero y regado las economías de la Eurozona con una cantidad aproximada de cinco billones de euros, y una gran parte de ellos se ha orientado a los sectores públicos; otra cosa es el destino que los gobiernos hayan dado a estos fondos.

No obstante, se podría argumentar que la cancelación de la deuda, sí produciría una diferencia en las haciendas nacionales: librarse de parte de las cargas financieras; pero, como arguyen los portavoces del BCE, también se reducirían en la misma cuantía los ingresos de esta institución y, como consecuencia, los dividendos que el BCE abona a los países miembros. Vienen a decir que lo comido por lo servido. Pero el tema no es tan simple, debido a la diversidad que existe entre los Estados, en su endeudamiento y en sus cargas financieras. Por ejemplo, hace tiempo que Alemania presenta intereses negativos, es decir, que no paga, sino que cobra por la deuda que emite. Así que la cancelación de parte de ella, lejos de significarle menos gastos, le representaría menores ingresos.

La prima de riesgo no debería existir en una unión monetaria, pero existe en la europea, dada su deficiente constitución y las anormales características con las que se creó. Ello lleva al hecho de que la cancelación de la deuda por parte del BCE tendría consecuencias diversas en los distintos países. Es esa misma razón la que aleja cualquier posibilidad de acuerdo en esta materia. Por otra parte, la ganancia para los países del Sur no sería tan grande mientras las primas de riesgo se mantengan en los niveles actuales. El verdadero interés para estos países es que el BCE continúe con esta política y sería una temeridad ponerla en peligro por un cambio cuasi cosmético o de nomenclatura.

Las condiciones en Europa son muy distintas de las que se daban en 1953 cuando en la Conferencia de Londres se le perdonaron a Alemania dos tercios de su deuda, o de las que pueden aconsejar su derogación en los países en desarrollo. En Eurozona, sin moneda propia, los países miembros estarán siempre a expensas del BCE y precisarán de su intervención en los mercados para evitar la especulación. Condonarles ahora su deuda no serviría de nada. Es previsible que dentro de poco, en el mejor de los casos, estuviésemos en la misma situación.

El problema de la deuda, como casi todos en Europa, radica en las diferencias sustanciales que se generan entre los Estados, al estar en presencia de un mercado único, con libre circulación de capitales y una moneda común y sin los mecanismos redistributivos que cualquier unidad política establece entre sus regiones. En los momentos actuales, el endeudamiento público de Alemania, Holanda, Austria y Finlandia, después de los gastos extraordinarios efectuados con la pandemia, mantiene aún un nivel relativamente moderados (75, 62, 78 y 69% del PIB, respectivamente). El panorama cambia radicalmente cuando nos referimos a los Estados del Sur: Grecia, 196%; Italia, 159%; Portugal, 132%; España, 117%; Francia, 116%.

Los países del Norte, e incluso muchas voces desde los del Sur, de forma simplona e interesada sitúan la causa de esta discrepancia en el diverso comportamiento en el manejo de las finanzas públicas de los gobiernos y de la política presupuestaria. Discrepancias existen y han existido siempre, pero esa no es la razón de que se formen dos bloques de forma tan definida. Esta hay que buscarla en el euro. En 1999, justo antes de su creación, la deuda de todos los países citados se movía entre el 40 y el 60%. Solo Grecia con el 99% e Italia con el 113%, rompían la tónica, pero como se ve, en porcentajes muy inferiores a los actuales. El endeudamiento de Alemania se situaba, por ejemplo, en 60,1% y el de España en el 60,8%.

La Unión Monetaria privó a los países del único instrumento (la moneda y, por lo tanto, la devaluación) que poseían frente a un mercado único y una libertad de capitales que genera lógicamente desequilibrios entre los distintos territorios. Antes de constituir la Unión Monetaria las balanzas por cuenta corriente de todos los países miembros estaban más o menos en equilibrio, con déficits y superávits relativamente moderados. La cosa cambia en pocos años tras entrar en funcionamiento el euro. En 2007, mientras Alemania y Holanda obtienen superávits desorbitados (alrededor del 7% del PIB), Grecia, España y Portugal sufren déficits imposibles de sostener (15%, 9% y 9%, respectivamente).

Han transcurrido más de diez años. Antes de la pandemia los países del Sur habían logrado equilibrar sus balanzas por cuenta corriente. Eso sí, a base de enormes sacrificios y tras una devaluación interna que ha hundido los salarios e incrementado fuertemente la desigualdad social. Alemania y Holanda, sin embargo, han incrementado su superávit (8% y 10%) con lo que los desequilibrios subsisten. La permanencia de un mismo tipo de cambio, diferencias en las estructuras productivas y un mercado único, sin integración presupuestaria y fiscal, son una amenaza constante para los países del Sur y para la misma pervivencia de la Unión Monetaria. Es sobre todo esto sobre lo que habría que abrir el debate. La condonación de deuda pública por el BCE no solucionaría nada y complicaría gravemente la política seguida por esta institución que es imprescindible para los Estados del Sur.

El manifiesto parece que lo encabeza Piketty. En varias ocasiones he citado al economista francés. Admiro sus obras por la cantidad de información que acumula y los análisis estructurales que realiza. Cabría decirse que es un extraordinario profesor de estructura económica (creo que ahora se llama economía aplicada), pero de lo que no estoy tan seguro es de que domine de la misma manera la teoría económica y, desde luego, lo que no comparto es su visión relativamente optimista acerca de que la Unión Europea pueda caminar hacia un verdadero estado federal. Me temo que ello le conduce a proponer soluciones demasiado simples como la actual, que lejos de solucionar los problemas los embrollan.

De todas formas, Piketty como profesor e intelectual puede sin mayores complicaciones presentar a debate las cuestiones que crea convenientes. Otra cosa distinta es cuando el manifiesto lo firman personas que se consideran muy próximos a un gobierno, de manera que se pueda interpretar que detrás de ellos se encuentra la postura de ese país miembro. Ni que decir tiene que es muy posible que se despierten todo tipo de susceptibilidades y que se provoque la reacción contraria de otros Estados, complicando gravemente el escenario. Ese es el problema cuando se quiere estar al mismo tiempo en el gobierno y en la oposición.

republica.com 19-2-2021



VOX, SENTIDO DE ESTADO Y LOS FONDOS EUROPEOS

EUROPA, HACIENDA PUBLICA Posted on Wed, February 17, 2021 21:51:49

Hay que reconocer que los medios de comunicación se encuentran a veces un poco desorientados. Así ha ocurrido con el asunto de las vacunas. Entraron al trapo y se pasaron no sé cuántos días estableciendo un ranking acerca de cuáles eran las Autonomías que habían vacunado un porcentaje mayor con respecto a las dosis recibidas; datos, supongo, hábilmente filtrados por el Ministerio de Sanidad para alejar la atención del verdadero problema, el suministro. Cualquier observador avisado podía darse cuenta de que al ritmo al que estaban llegando las vacunas se tardaría cuatro años en inmunizar a toda la población.

En ese momento, por lo tanto, la mayor o menor celeridad en la administración tenía muy poca importancia. Es más, en seguida se demostró que las Comunidades que habían actuado correctamente eran las que con prudencia habían guardado una parte importante de las dosis para la vacunación de la segunda fase. Por el contrario, las que se habían apresurado se encontraban en la desagradable tesitura de encontrarse sin material suficiente para administrar la segunda dosis, con el desastre que esto representaba de dejar sin eficacia toda la vacunación realizada hasta esa fecha. El Gobierno, con un gran cinismo, vino a sacarles del atolladero redistribuyendo los envíos a favor de las cigarras y en contra de las hormigas, utilizando el falaz argumento de que debía primar a las Comunidades que habían demostrado mayor presteza en la administración.

Bien es verdad que no cabía esperar que la contratación y la gestión europea fuesen tan desastrosas. Después de la pasividad mostrada por la Comisión en la primera etapa de la pandemia, en la que cada país debió apañarse por su cuenta, parecía una buena idea lo del suministro centralizado. Sin embargo, la burocracia europea está demostrando una vez más lo que da de sí. Es increíble que países como Israel o Reino Unido estén obteniendo mucho mejores resultados que la Unión Europea (UE), con todo el potencial que se le supone.

Pero yo hoy quería tratar principalmente otro affaire que también en buena medida ha desorientado a la prensa. Me refiero a la abstención de Vox en la votación parlamentaria del decreto-ley por el que se aprueban medidas para la gestión del Plan de Recuperación, Trasformación y Resiliencia. Es curioso comprobar que es tal la propensión de este Gobierno de legislar por decretos- leyes que a casi todo el mundo se le ha olvidado la diferencia que existe entre decreto y decreto-ley, y los medios y los periodistas emplean los dos términos indistintamente.

La abstención de Vox permitió que el decreto-ley fuese aprobado en el Congreso, lo que fue acogido con estupefacción por gran parte de la prensa. ¡Vox salvando a Sánchez! Quizás si hubieran tenido un poco más de perspicacia habrían comprendido que muy posiblemente no entraba en las intenciones de Vox ayudar al Gobierno, sino cumplir las indicaciones de los empresarios, en especial de algunos empresarios, que estaban sumamente interesados en que el decreto-ley saliese adelante.

En otras circunstancias, lo asombroso habría sido que Podemos e IU hubiesen votado a favor. Pero no estamos en una época normal y Podemos forma parte del Gobierno. Es fácil imaginarse cuáles serían los epítetos y las críticas de esta formación política de no pertenecer al Ejecutivo. Durante años los partidos llamados de izquierdas han estado censurando, seguramente con razón, los 40.000 millones que, llegados de Europa, incrementaban nuestro endeudamiento y sirvieron para solucionar el desastre creado por las Cajas de Ahorros. Sin embargo, ahora parece contemplarse con satisfacción que 140.000 millones de euros rieguen a las empresas privadas de manera oscurantista y sin ningún control.

Se ha creado el mantra de que este dinero es una especie de maná gratuito que recibimos de la generosa Europa sin coste alguno. Habrá que recordar una vez más los números y constatar que la mayor parte de la cantidad que vamos a recibir recaerá sobre el erario español. Aunque se afirma que, de los 140.000 millones, 72.000 son a fondo perdido, lo cierto es que esta cantidad se reduce a 33.000 millones, al minorarla en 39.000 millones, parte proporcional que España como país miembro debe financiar, por uno u otro medio, del monto global (390.000).

La cantidad de 33.000 millones, aunque aparentemente considerable, resulta bastante exigua si se la compara con las transferencias de recursos que España recibiría todos los años si en la UE existiese una integración presupuestaria y fiscal como la que se da en cualquier Estado y que es el complemento necesario de una unión monetaria. Además, por mucho que se haya dicho lo contrario, los fondos vendrán condicionados a tomar determinado tipo de medidas que seguramente tendrán mucho más que ver con la ideología que impera en la UE que con las necesidades de reactivación de la economía española. No es por casualidad que las dos reformas que en este momento están sobre la mesa sean la de pensiones y la laboral, que apenas tienen relación con la pandemia, la crisis actual o la recuperación.

La historia puede repetirse. Tras un periodo en el que se invita a los Estados a gastar sin medida, posteriormente se les conmina a recortes muy duros y antisociales. El denominado maná se puede convertir en una losa muy pesada para el futuro, sobre todo si los gastos se orientan a objetivos equivocados y si no se han controlado adecuadamente, y ahí es donde retornamos al Decreto-ley 36/2020 y a la abstención de Vox.

Vox, para justificar su postura, ha recurrido al sentido de Estado, al interés de todos los ciudadanos y a la exigencia de la economía. Ha alegado la necesidad de que los fondos europeos lleguen y lleguen cuanto antes, pero esto no es lo que estaba en juego con la aprobación del decreto-ley. Lo que se ventilaba no era la llegada o no de los fondos, ni siquiera el “cuándo”, que depende de la burocracia europea, sino de cómo gastarlos, quién tiene que decidir su destino y, cómo se van a gestionar y con qué control.

Paradójicamente, Vox había dicho de esta norma que “creaba la mayor red clientelar de la maltratada historia de este país”.  Cambio tan radical solo se explica por el hecho de que alguien les hiciese notar que en este caso los clientes eran los de su bando, a pesar de que también le hagan la pelota a Sánchez. Ahora andan los líderes de Vox intentando dar explicaciones en todos los medios que se lo permiten, afirmando que el decreto-ley no es un cheque en blanco al Gobierno. Vano intento. Por mucho que se esfuercen, el hecho es que todo el proceso va a quedar sin control político alguno, y muy deteriorados y disminuidos los controles y procedimientos administrativos, esos que son totalmente necesarios para garantizar la objetividad y neutralidad en la aplicación de todos los recursos públicos, y estos lo son.

Desde el punto de vista político, es claro que el Gobierno rehúye todo control del Parlamento. Todas las decisiones quedan en el ámbito del Ejecutivo. Se crean un Comité y una Comisión Delegada. Comisión Delegada que constituye un caso único y que pasará como una aberración a los anales del Derecho Administrativo, puesto que se compone de todo el Consejo de Ministros, ampliado con unos cuantos secretarios de Estado. Se supone que las comisiones delegadas, como su propio nombre indica, son delegadas para determinadas materias del Gobierno, pero ¿qué delegación puede darse si la integra el Consejo de Ministros en pleno y la preside el presidente del Gobierno?. En cuanto al Comité, el decreto- ley ni siquiera explicita cuál va a ser su composición, aunque todo indica que será este comité el que realmente va a partir el bacalao y no es muy arriesgado suponer también que estará formado principalmente por el personal de la Moncloa.

Se crea también una conferencia sectorial en la que participarán todas las Autonomías. Se podría pensar que este iba a ser un órgano de cogobernanza, como se dice ahora, pero este término suele encerrar tan solo una forma de engañar al personal. De hecho, el reglamento interno de esta Conferencia estipula que la representación del Gobierno cuenta con el mismo número de votos (19) que el total de las Autonomías, más el voto de calidad de la presidenta, la ministra de Hacienda.

Tras aprobar el decreto-ley, al Congreso no le queda ningún papel ni en la determinación del destino de los fondos ni en su adjudicación. A lo único que se compromete el Gobierno es a informar trimestralmente al Parlamento, comparecencia que se convertirá una vez más en un acto de publicidad y propaganda.

Parece bastante claro que los recursos en su mayoría no se van a quedar en el sector público. No van a servir para reducir el fuerte incremento que ha experimentado el stock de deuda pública. Tampoco se van a emplear en fortalecer la sanidad, perfeccionar el sistema educativo, intensificar los organismos públicos dedicados a la innovación, modernizar la justicia, etc. Es muy posible que tampoco se orienten a esa parte del sector privado que más ha sufrido la pandemia, concretamente hacia aquellos establecimientos que se han visto obligados a cerrar por disposiciones legales, y que lógicamente podrían tener derecho a una indemnización.

Según todos los indicios, los recursos se van a destinar al sector privado, pero a otros menesteres que se suponen más elevados y que se presentan con palabras grandilocuentes, cambiar la estructura productiva, reforma de la economía, transición energética, proyectos estratégicos, etc. Todo ello bajo principios ecológicos y de igualdad de género, etc., que pueden ser muy respetables pero que poco tienen que ver con la necesidad más apremiante que es remontar la enorme crisis económica y fiscal en que nos vamos a ver envueltos.

Es curioso observar la discrepancia en el nombre conferido al plan en Europa y en España. En Europa se le denomina “Instrumento Europeo de Recuperación” (Next Generation Eu) –en inglés es Siguiente generación UE-; en España, “Plan de Recuperación, Trasformación y Resiliencia”. Como se ve, se ha añadido el término transformación. Sánchez no se conforma con sacarnos de la crisis, pretende también transformar toda la economía, lo que representa una enorme osadía y un gran desconocimiento de la realidad, creer que, con esos recursos -que aun cuando se suponen muy cuantiosos son bastante reducidos- puede cambiar la estructura productiva de un país. Una transformación de este calibre no depende únicamente del dinero, sino de otras muchas variables muy difíciles de controlar. Tanto más cuando se está encuadrado dentro de una organización como la UE, y no se dispone de moneda propia.

Los medios que el Gobierno piensa emplear son bastante conocidos: convenios, asociaciones público-privadas, empresas mixtas, etc. Todos ellos bajo un mismo prisma, el maridaje entre lo público y lo privado, cuyas experiencias han sido la mayoría de las veces desastrosas. Los beneficios, cuando los ha habido, han quedado en el ámbito privado, mientras que las pérdidas, las más de las veces, han corrido a cargo del sector público. El mismo Tribunal de Cuentas de la UE criticó en un informe en 2018 las fuertes deficiencias e irregularidades que se han derivado de las asociaciones publico-privadas desarrolladas en la UE. Las previsiones pueden ser tanto peores cuanto que con el falaz argumento de lograr una gestión más ágil se huye del Derecho Administrativo y se eliminan los escasos mecanismos de control que tienen estas figuras.

En los proyectos que se aprueben va a existir desde luego la cofinanciación del sector privado. La banca ya se está frotando las manos en la seguridad de que la mayoría de los que acudan a la tómbola carecerán de recursos y tendrán que recurrir a las entidades financieras, que piensan obtener pingües beneficios. En resumen, en gran medida se va a producir un enorme apalancamiento. Cuando surjan los proyectos fallidos, los futuros socios serán insolventes. Las pérdidas serán para el Estado y quizás también para los bancos que, de una u otra forma, terminarán repercutiendo sobre el sector público.

La huida del Derecho Administrativo está presente en todo el decreto-ley. Se crean de nuevo las agencias, órganos de gestión altamente desreguladas. Se modifican reglamentos y numerosas leyes desde la de contratos del Estado, a la de subvenciones, pasando por la ley general presupuestaria, todo con la excusa de agilizar la gestión, pero con el corolario de que se eliminan controles y mecanismos totalmente necesarios para garantizar la objetividad y neutralidad en la adjudicación, así como la eficacia y el cumplimiento de la legalidad en la realización. No solo es el control político el que se elimina, sino también el administrativo. Ello merece quizás otro artículo.

El resultado económico posiblemente será nefasto, pero en cualquier caso lo que es cierto es que se consolidará una amplia red clientelar alrededor del Gobierno, con lo que aumentarán fuertemente su poder y su influencia, por ejemplo, en la prensa. Ya algún periódico se ha apresurado a defender el decreto-ley e incluso a Vox por su sentido de Estado.

republica.com 12-2-2021



LA MUY VOLUBLE ORTODOXIA ECONÓMICA

EUROPA Posted on Thu, December 24, 2020 19:26:35

La teoría económica, tras cualquier proposición, suele emplear la expresión “ceteris paribus”, que viene a significar que tal cosa sucederá siempre que permanezcan constantes todas las demás variables. Es una forma de guardarse las espaldas. Lo cierto es que casi nunca las otras variables permanecen estables, pero eso no importa porque el economista de “pro” continúa actuando como si no hubiese introducido la cláusula, o bien como si nada hubiese cambiado. He aquí una de las razones por las que muchas veces en Economía se afirma una cosa y la contraria.

Existe aún otro motivo para las enormes discrepancias que se suelen dar en esta disciplina, y es que las teorías tienen consecuencias prácticas y diferentes según la posición social en la que cada uno se encuentra. Las afirmaciones no suelen ser desinteresadas, y todo depende del sitio donde cada cual esté situado o del bando al que pertenezca. Es más, la ortodoxia se desplaza sin el menor pudor de unas a otras posiciones.

Los que llevamos bastantes años en el estudio de esta materia, recordamos cómo hace treinta o treinta y cinco años, incluso más, la doctrina oficial pasaba por condenar toda posible monetización del déficit. Durante muchos años financiar el déficit público con la emisión de dinero era tabú y herejía. Aquí en nuestro país el Banco de España se presentaba como el cancerbero de la ortodoxia, pero coincidía al cien por cien con el diseño seguido en la Unión Europea y con los principios sobre los que se estaba asentando la creación del Banco Central Europeo (BCE); en general, concordaba con las tesis de todos los bancos centrales. Se defendía que una postura expansiva de la política monetaria conducía automáticamente a un proceso inflacionario.

Solo algunos nos atrevimos a adentrarnos mínimamente en planteamientos que casi todo el mundo consideraba heterodoxos, y mantuvimos que la creación de dinero no tenía por qué ser inflacionaria, ya que actúa sobre el PIB nominal, es decir, sobre sus dos componentes, PIB real y precios, sin que esté determinado a priori en qué proporción. Es posible que en muchas ocasiones no se traduzca en inflación, sino en crecimiento de la economía. Señalábamos también que una política monetaria en exceso restrictiva, tal como se venía aplicando primero en el proceso de convergencia y más tarde en el plan de estabilización, podía dañar gravemente la economía.

En los momentos actuales, el panorama ha cambiado por completo. Todos los bancos centrales han adoptado políticas monetarias enormemente flexibles a las que se ha denominado “de expansión cuantitativa” (QE, por sus siglas en inglés), con las que monetizan los déficits públicos de sus respectivos países. Como se puede apreciar, el dogma ha virado de un extremo al otro. El BCE bajo la presidencia de Draghi se vio obligado a dar un giro radical para que la Unión Monetaria no hiciese aguas. Aunque es verdad que el BCE no inyecta directamente el efectivo a los tesoros de los países miembros, sí los financia mediante la compra de deuda pública en el mercado secundario y el descuento de los títulos de los bancos.

El BCE, nada más comenzar la crisis del Covid, cuando los distintos gobiernos y la propia Comisión estaban discutiendo si eran galgos o podencos, puso sobre la mesa 750.000 millones de euros, cantidad que meses después aumentó en otros 600.000 millones, orientados a comprar títulos públicos y privados. La pasada semana ha añadido otros 500.000, con lo que su potencial de fuego se eleva en estos momentos a 1.850.000 millones de euros. Es más, ha anunciado que continuará con esta política al menos hasta marzo de 2022 y que, si fuera necesario, incrementaría la cantidad hasta 2.5 billones de euros. No es extraño que por primera vez el Tesoro español haya podido introducir en el mercado bonos a diez años a interés negativo. Y todo ello sin que aparezca la menor señal de inflación. El incremento de los precios está muy lejos de alcanzar el objetivo del 2%.

Considerando estas cifras, uno se pregunta qué sentido tiene el tan cacareado y alabado plan de recuperación (los 750.000 millones), al menos en la parte –su gran mayoría- que se va a ofrecer como endeudamiento. No parece que las condiciones de estos préstamos puedan ser mucho mejores que las que ofrece ahora el mercado, gracias al BCE. Pero, sobre todo, es que los del fondo de recuperación van a ser préstamos finalistas, con lo que los distintos parlamentos nacionales no van a contar con autonomía para decidir a qué finalidades se orienta el endeudamiento, ni siquiera si van a ser convenientes y rentables.

La versatilidad de la ortodoxia ha ido más allá porque hasta hace pocos años no solo se condenaba la monetización del déficit, sino el déficit en sí mismo. La doctrina oficial y el pensamiento único hablaban del crowding out, traducido al español, efecto desplazamiento. Es decir, que, según esta teoría, el déficit público, aun cuando se financiase en el mercado, desplazaba al sector privado de la obtención de los recursos que precisaba para sus inversiones, lo que perjudicaba gravemente la actividad económica.

Una vez más, algunos nos atrevimos a disentir, aunque con prudencia y matizando situaciones. Pensábamos que, en momentos de debilidad económica, malamente se podía desplazar al sector privado, cuando en realidad no había sector privado que desplazar, no existía apenas la iniciativa privada. Pero es que, además, si el sector público sustituye al sector privado a la hora de acometer determinadas actuaciones lo lógico es que lo sustituya también en la financiación. No existe ninguna constatación de que el gasto privado sea siempre más productivo que el público.

De nuevo la doctrina oficial ha cambiado por completo de posición. Hoy, todos los estamentos, desde los organismos internacionales hasta los servicios de estudios, pasando por las organizaciones empresariales y demás agentes sociales, piden a los estados que gasten, que rieguen la economía con dinero público, sin importar cuál sea el déficit o el endeudamiento de las administraciones públicas o, lo que me temo que es peor, sin analizar con demasiado detenimiento la rentabilidad económica y social del gasto o de la inversión.

La verdad es que no ha sido la única vez en la que la ortodoxia ha apostado por aumentar el gasto o reducir los impuestos y, como consecuencia, por incrementar el déficit y el endeudamiento públicos. Recuerdo que contemplé con asombro cómo, en 2008, al aparecer la crisis, todos, incluidos organismos internacionales, hasta entonces en posturas abiertamente liberales, se hicieron keynesianos. Es cierto que el paréntesis duró bien poco. En 2010 ya se estaban reclamando -más que reclamando, imponiendo- la estabilidad fiscal y presupuestaria, con duros ajustes y reformas. Hay que reconocer que los planes fiscales expansivos realizados en los dos años anteriores no habían servido para mucho en orden a incentivar la economía. Buen ejemplo de ello fue el plan E, un procedimiento perfecto para tirar dinero a la papelera. Algunos lo cifran en 50.000 millones de euros.

Según los últimos datos del Banco de España, el endeudamiento público en nuestro país a finales del mes de septiembre de 2020 se situó en un 114,1% del PIB, habiendo tomado como valor de esta última variable la media de los alcanzados en los cuatro trimestres de 2019. Es de suponer que el porcentaje del endeudamiento alcanzará un valor mayor cuando se utilice el PIB de 2020, que con toda seguridad será sustancialmente menor que el de 2019. El stock de deuda pública se ha incrementado, por tanto, en los tres primeros trimestres del presente año en 18,6 puntos del PIB. Aun cuando nos movemos en términos de caja y no de contabilidad nacional, este porcentaje puede ser una buena aproximación de a cuánto se elevaba el déficit de las administraciones públicas a finales de septiembre, y no resulta muy arriesgado vaticinar que al final del año se situará por encima del 20%, si no se realizan ingeniarías financieras.

¿A qué nivel se situará el endeudamiento público en los años 2021 y 2022? No cometemos ninguna exageración si hablamos del 125 o 130% del PIB. Y ello solo como consecuencia de la acumulación de los déficits públicos de estos ejercicios. A ellos habría que añadir para estos años y para los siguientes los 140.000 millones de euros (tal como se distribuyan temporalmente) que según dicen provendrán de Europa. No deja de ser sorprendente la percepción que de estos futuros recursos tienen todos. Aquellos que han venido anatematizando el déficit y el endeudamiento público, los que ponían el grito en el cielo ante cualquier incremento de gasto público, ahora se muestran encantados, y no les importa que el estado tenga que endeudarse. Tienen la percepción equivocada de que esos recursos son gratuitos y que no hay que devolverlos, cuando lo cierto es que de esos 140.000 millones de euros solo alrededor de 33.000 millones lo son a fondo perdido. El resto habrá que pagarlo de una o de otra forma. (Ver mis artículos en estas páginas digitales del 30 de julio y del 24 de septiembre del presente año). Es cierto que, en este cambio tan brusco de postura, por ejemplo, el de los empresarios, también puede influir que en esta ocasión esperan ser los principales beneficiarios del gasto.

Ante esta mudanza tan rotunda de la política oficial, algunos, otra vez desde la heterodoxia, no podemos por menos que gritar que ni tanto ni tan calvo. Ante discursos fuertemente triunfalistas que hablan de lo importantes que son los fondos europeos y de lo mucho que se puede hacer con ellos, hay que recordar el cuento de la lechera y más concretamente las medidas tomadas por Zapatero en los años 2008-2009. Orientadas, tal como se decía entonces, a reactivar la economía, pero que no tuvieron ningún resultado salvo los de incrementar el endeudamiento público y hacer más difíciles los ajustes de 2010 y años posteriores.

Los miedos se incrementan y los recelos de que el dinero se despilfarre se intensifican al leer o escuchar los objetivos a los que en teoría se van a dedicar estos recursos: investigación e innovación, lucha contra el cambio climático, protección de la biodiversidad e igualdad de género, modernización y digitalización del ecosistema de nuestras empresas, cambiar el sistema productivo y otros más de las mismas características,  todos ellos muy vagos y genéricos y sin que aparezca una conexión clara con la reactivación de la economía y con la creación de empleo. ¿Vendrá después el llorar y el crujir de dientes?

El nivel de deuda pública en el que vamos a situarnos es sin duda muy alarmante, solo sostenible si el BCE permanece en la política expansiva que está aplicando. ¿Pero hasta cuándo va a querer o poder mantenerla? El balance de esta institución supera ya los siete billones de euros y es muy posible que llegue a los ocho el próximo año. Multiplicará así por cuatro la cifra (dos billones) que tenía con anterioridad a la crisis de 2008. La situación presenta una evidente inestabilidad a medio plazo, tanto más cuanto que el problema puede afectar no solo a España, ya que el stock de deuda pública de Grecia, Portugal, Italia, Francia, Chipre y hasta Bélgica, también se sitúan ya por encima del 100% de sus respectivos PIB.

No obstante, todos estos países no se encuentran en la misma situación. Se está produciendo un nuevo giro en la ortodoxia económica. Son bastantes quienes en los bancos centrales comienzan a pensar algo que algunos veníamos hace tiempo defendiendo: que el problema no está tanto en el endeudamiento público como en el exterior (conjunto de público y privado). Lo que importa no es tanto el déficit público como el déficit por cuenta corriente de la balanza de pagos o, dicho de otro modo, desde el punto de vista macroeconómico el endeudamiento público no es peligroso siempre que haya sido adquirido por los nacionales.

Está claro que este planteamiento da un respiro a la estrategia del BCE, porque la Eurozona en su conjunto presenta superávit en el saldo de su balanza de pagos. El problema es que la posición entre los distintos estados miembros es muy diferente. Ese superávit exterior de la Eurozona en su conjunto obedece al enorme saldo positivo de Alemania y Holanda. Lo que crea una nueva situación de inestabilidad y una pregunta angustiosa para nosotros: ¿cuál va ser en los próximos años el saldo de nuestra balanza por cuenta de renta? No podemos olvidar que fue el desequilibrio exterior el que nos precipitó a la crisis pasada. A la hora de destinar los fondos de recuperación, lejos de movernos por rutas imperiales, ¿no deberíamos analizar qué impacto va a tener cada una de las partidas en la balanza de pagos?

republica.com 18-12- 2020.



GESTIONAR EL FONDO DE RECUPERACIÓN

EUROPA Posted on Wed, November 04, 2020 18:29:23

En 1992, Telecinco puso en antena un programa presentado por  Jesús Puente titulado “El millonario”. El juego consistía en que el concursante debía gastar un millón de pesetas en treinta minutos desde una habitación y cuando los establecimientos comerciales estaban cerrados. Solo podía contar con un teléfono y las páginas amarillas. El premio para el concursante consistía en quedarse con todo aquello que hubiese podido comprar durante esa media hora.

Ni que decir tiene que la elección de los artículos adquiridos no se acomodaba exactamente a las necesidades del concursante, ni a los bienes o servicios que hubiera adquirido con ese dinero en condiciones normales. La elección estaba condicionada por la prisa, la precipitación y por las posibilidades que en ese momento se le ofrecían, lo que hacía que, a menudo, con tal de gastar la mayor cantidad de dinero posible, el participante se llenara de cachivaches que en otras circunstancias hubiesen ocupado un lugar muy secundario en sus preferencias.

Lo anterior puede servir de paradigma a lo que a menudo ha ocurrido con los fondos de cohesión. Con frecuencia, el miedo a perder los recursos europeos hizo que las inversiones y los gastos acometidos no se acomodaran perfectamente a las prioridades de los españoles e incluso en ocasiones, con el tiempo, algunos resultaron fallidos, irracionales, poco útiles y con fuertes deseconomías.

El peligro se encuentra en que la historia se repita ahora con los recursos que van a venir de Europa. Ese riesgo revoloteaba por encima de la escenificación que el pasado 7 de octubre nos ofreció el presidente del Gobierno con piano y empresarios incluidos. En ese espectáculo montado con todo el mimo, con la vista puesta en la publicidad y en la propaganda, destacaron dos sensaciones que quedaron flotando en el ambiente, porfiando cada una de ellas por tener un puesto preferente y superar a la otra.

Destaco la ambigüedad y la levedad en la presentación de los proyectos; más que proyectos, enunciación de frases generalistas que no indicaban nada. Afirmar por toda explicación que el 37% se va a dedicar a transición verde y el 33% a transformación digital es dejar todo en el aire. Da la impresión de que quizás el Gobierno aún no sabe muy bien qué se puede hacer con ese dinero, y también de que está más interesado en garantizar que se gasten todos los recursos que en discriminar y seleccionar su destino.

Pero en aquel acto quedó también flotando la sensación de que el propio Gobierno desconfiaba de su capacidad para gestionar todos esos fondos. De ahí la insistencia del presidente del Gobierno en la prontitud y en la urgencia, primando estos objetivos por encima de la adecuada elección de los proyectos, de acuerdo con su eficacia y rentabilidad y teniendo en cuenta las necesidades reales.

Parece que el Gobierno se puede ver en la misma tesitura que el concursante de aquel programa de Telecinco señalado al principio del artículo y, llevado por el afán de utilizar todo el dinero, pueda encontrarse al final con una serie de inversiones que, en el mejor de los casos, no eran prioritarias y, en el peor, totalmente inútiles e incluso ruinosas para la sociedad española, aunque quizás convenientes para alguna iniciativa privada perspicaz.

Esa ansiedad en utilizar los recursos es la que hace decir a Pedro Sánchez y a sus acólitos que van a modificar la ley de contratos, la de subvenciones, la de régimen jurídico, la general presupuestaria, y que van a emprender una reforma de la Administración, de los procedimientos administrativos, de los sistemas de control, de rendición de cuentas, en definitiva, de todo lo que consideran obstáculos para lo que, según ellos, es una gestión ágil, eliminar -como afirma Sánchez- los estrangulamientos funcionariales.

Hay que reconocer que en esto los sanchistas no son demasiado originales. En los muchos años que he trabajado en el sector público he escuchado esa cantinela multitud de veces y casi siempre se producía una correlación casi perfecta entre la incapacidad para gestionar de los políticos que proponían las medidas y la fuerza con la que reclamaban la eliminación de todos los mecanismos y condicionantes que son garantía de que el gasto público se administre con la ecuanimidad y objetividad necesarias y que minimizan las posibilidades de corrupción y de arbitrariedad.

Todo esto explica la postura del Gobierno. Ante los muchos fracasos cosechados en la gestión, en este corto plazo que llevan en el poder, tienden a justificarse culpabilizando de los descalabros a lo que llaman rigideces administrativas, descalabros de los que solo ellos son causantes. El Gobierno es responsable de todos los fallos que han rodeado la gestión de la pandemia, puesto que han contado con poderes ilimitados y los contratos se han hecho por el procedimiento de emergencia, como pagos a justificar, sin someterse a la ley de contratos ni a los mecanismos habituales de control. Quizás por eso las distintas compras han resultado  a menudo nefastas y se han adjudicado no precisamente a las mejores empresas.

El bloqueo sistémico en la concesión del ingreso mínimo vital solo tiene una causa, el absurdo diseño con el que se ha elaborado que va a dificultar la gestión hasta niveles inasumibles, no solo ahora, sino en el futuro, y con resultados insólitos y casi ridículos como la respuesta que se da a un solicitante en la que se le comunica que se le ha concedido la prestación por importe de 14,20 euros mensuales. Algo parecido ha ocurrido con el atasco en los ERTE, en la aprobación de las pensiones y en el seguro de desempleo. El Ejecutivo no debe buscar la causa en lo que Sánchez llama cuellos de botella de la Administración, sino en su incapacidad para gestionar.

La desconfianza del Gobierno en la posibilidad de utilizar correctamente y a tiempo los fondos europeos ha tenido un efecto positivo, el de limitar, al menos a corto plazo, los recursos que han de solicitarse a los 72.000 millones que se van a conceder a fondo perdido. En realidad, netos son solo 33.000 millones, porque los otros 39.000 millones son aproximadamente la cuota que por uno u otro procedimiento debe aportar España como un miembro más de la Unión Europea en función de la cuantía de su PIB.

En principio, no parece que nuestro país obtenga ningún beneficio por disponer de los fondos que puedan venir de Europa como préstamos cuando actualmente no tiene dificultad, gracias al BCE, en financiarse adecuadamente. Si seleccionar los proyectos es siempre una operación delicada que se debe realizar con sumo cuidado, aun cuando los recursos sean a fondo perdido, cuánto más si el dinero viene en forma de préstamos, que pueden constituir para el futuro una enorme losa sobre la economía española.

No nos puede extrañar que la CEOE haya reaccionado en contra de la exclusión, porque muchos empresarios contaban ya con repartirse ese dinero. Pero los intereses de la sociedad española no tienen por qué coincidir con los suyos, y el Estado debe elegir con mucho cuidado cuál debe ser el nivel de endeudamiento y, sobre todo, qué proyectos son tan necesarios e imprescindibles de manera que merezcan incrementar la deuda pública. La historia se repite. Rajoy tuvo que resistir la presión que provenía de ámbitos empresariales y mediáticos exigiéndole que pidiera el rescate. Esperemos que al menos en esta ocasión Sánchez sepa estar a la altura, se mantenga firme y plantee las cosas con realismo, no con el triunfalismo al que nos tiene acostumbrados.

Hay un cierto equívoco referente a las ayudas europeas. La verdadera mutualización de la deuda se encuentra en el BCE y en sus programas llamados de “flexibilización cuantitativa”. Desde 2012, momento en el que Draghi decidió actuar, el balance del instituto emisor se ha incrementado sustancialmente. En la actualidad, su activo sobrepasa los cinco billones y medio de euros, acercándose al 60% del PIB comunitario. Activo que en buena medida lo constituyen créditos a los bancos y a los países miembros comprando su deuda en el mercado secundario.

Con anterioridad a la pandemia, el BCE mantenía controladas las primas de riesgo de los países como España o Italia mediante el Programa de compras del sector público (PSPP por sus siglas en inglés), creado en 2015 y que ha llegado a ascender a 2,9 billones de euros. Más tarde, previendo las consecuencias económicas del Covid19, el BCE reaccionó desde el primer momento. El 26 de marzo creó el Programa de compras de emergencia para pandemias (PEPP por sus siglas en inglés), dotándolo con 750.000 millones de euros, cifra que ha incrementado en otros 600.000 millones de euros en junio. Es decir, que mientras la Comisión, el Consejo, incluso el Parlamento, están discutiendo por ese fondo de recuperación tan ensalzado cuyo importe es de 700.000 millones, y que todo el mundo considera fabuloso, pero del que todavía no se ha visto ni un euro, el BCE ha puesto el doble -1.350.000 millones- sobre la mesa y gracias a él España, Italia y otros muchos países han podido funcionar, endeudarse y no caer en la bancarrota.

Mientras el BCE siga actuando de esta manera no parece que haya necesidad de recurrir a los préstamos de los fondos de recuperación. Es más, puede que no sea conveniente, ya que estos recursos van a venir condicionados, como mínimo, a invertir en los planes y proyectos que aprueben, si no los hombres de negro, sí los hombres de gris. La emisión de deuda pública, siempre que se pueda realizar en la cuantía necesaria, presenta ventajas indudables, aunque sea tan solo porque aparecen de forma explícita el coste y la carga, mientras que con los préstamos de los fondos de recuperación puede dar la impresión de que nos lo regalan, y de este modo se decida gastar los recursos con mucha más alegría.

En realidad, el BCE no está haciendo nada que no hagan los otros bancos centrales, el de Japón, el de Inglaterra o la Reserva Federal de Estados Unidos. La única cuestión anómala se encuentra en la naturaleza de la Eurozona, una moneda única sin integración fiscal, presupuestaria y política. De ahí surgen las contradicciones. Mientras los países del norte son totalmente cicateros y reacios a aceptar en la política fiscal toda operación que comporte mutualización de riesgos, esta se consigue en una cuantía mucho mayor a través de la política monetaria del BCE. No puede extrañarnos que el Tribunal Constitucional alemán se haya pronunciado en contra.

Republica.com 30-10-2020



LOS FONDOS EUROPEOS Y LOS FRUGALES

EUROPA Posted on Mon, October 19, 2020 18:35:34

La propaganda oficial tiene mucha fuerza, sobre todo cuando desde el Gobierno se pretende vender como un triunfo lo que en realidad es un fracaso. Eso ya ocurrió con González y los fondos de cohesión y ha vuelto a suceder en la actualidad con el cacareado dinero de Europa (ver mi artículo del 30 de julio pasado). Pienso que en la batalla que enfrentó en el Consejo Europeo a unos países contra otros fueron los llamados “frugales” los que se llevaron el gato al agua, concediendo el mínimo para que el invento continuase vivo y funcionando, pero que va a dejar a los países del sur casi moribundos.

Esta semana pretendo analizar el término “frugal” aplicado a los Estados, porque su concepción correcta quizás explique, más allá de los mantras, en qué terreno de juego se mueve la Unión Monetaria y puede que sirva para desmitificar el fondo de recuperación y las ayudas europeas.

La opinión pública entiende casi mayoritariamente que cuando se predica de un país el término frugal se está haciendo referencia al déficit y al endeudamiento público. En este sentido, sin duda, existen actualmente importantes diferencias entre los países del norte y del sur. Es más, generalmente se interpreta tal división en un sentido cuasi moral o al menos como signo de una recta política. Países austeros y países manirrotos.

Los frugales han reprochado a los endeudados que no han sabido aprovechar los años de expansión que siguieron a la última crisis para ajustar sus finanzas públicas. Lo embarazoso es que de esa misma percepción participan muchos comentaristas nacionales que piensan que nuestros problemas surgen de una mala gestión de las cuentas públicas al haber abandonado la estabilidad presupuestaria. Algún articulista incluso ha mirado para atrás y se ha acordado con nostalgia de cuando a nosotros se nos podía llamar frugales. Etapa dorada de Aznar y primera legislatura de Zapatero en la que nuestro déficit publico era casi inexistente (en algún año se convirtió incluso en superávit) y la deuda pública, muy reducida y gozaba de la calificación de triple A.

Pero a la hora de aplicar el calificativo de frugal a un país deberíamos entenderlo de otra manera, que en mi opinión es la correcta. Hay que considerar el déficit y el endeudamiento de todo el país frente al exterior, incluyendo tanto el sector público como el privado. Desde este punto de vista, la deuda en poder de los nacionales no cuenta puesto que son activos y pasivos que se consolidan dentro del propio Estado. Es el déficit de la balanza por cuenta corriente el que puede conceder el calificativo a todo el país de frugal o pródigo. Considerar únicamente el sector público y olvidarse del sector privado puede tener efectos perniciosos y eso fue lo que ocurrió en los años anteriores a la crisis. Zapatero después se quejaba amargamente de que nadie le había hablado del endeudamiento privado.

Esta óptica cambia por completo la historia. Desde la entrada en vigor del euro hasta el comienzo de la anterior crisis el comportamiento de los países del norte y los del sur fue muy distinto. Los primeros gastaron frente al exterior mucho menos que los ingresos que recibían del extranjero. En todos ellos el saldo de la balanza por cuenta corriente fue haciéndose positivo y cada vez de mayor cuantía. Así, países como Holanda o Alemania, en 2007 llegaron a alcanzar un superávit del orden del 7%, hecho insólito hasta entonces, solo comparable con China, pero es que este país, como es sabido, tiene características muy especiales. En este sentido se podría calificar a los países del norte de frugales, incluso de muy frugales, porque los alemanes, los holandeses o los daneses consumían menos de lo que producían.

Por el contrario, los países del sur desde la creación del euro comenzaron a sufrir déficits en su balanza por cuenta corriente, llegando algunos de ellos a niveles desproporcionados y alarmantes en 2007: España 9,4%, 9,7% Portugal, 15,5% Grecia. Francia e Italia tuvieron saldos más moderados, pero también negativos. No se puede dudar de que durante todos estos años estos países fueran pródigos. Consumieron más de lo que producían.

Desde esta perspectiva, la época de Aznar y la primera legislatura de Zapatero están muy lejos de poder considerarse como la edad de oro que dibujan algunos comentaristas. Por mucho que la deuda pública mantuviese entonces la calificación de triple A, España se comportó como un país profundamente despilfarrador. Vivió del crédito. En él se fundamentaba la prosperidad económica de la que se vanagloriaban los gobiernos. En estos años el endeudamiento exterior (endeudamiento privado) se incrementó fuertemente llegando a niveles desproporcionados y peligrosos, y causantes de los problemas económicos de nuestro país cuando estalló la crisis de las subprime.

Fue precisamente en los años posteriores a la crisis cuando el Estado español entró por necesidad en un proceso de austeridad. Recortes en el sector público, sector público que terminó por asumir parte del endeudamiento privado, y una devaluación interna en precios y salarios con un alto coste para la sociedad española, pero que logró que a partir de 2012 el déficit de la balanza por cuenta corriente se transformase en superávit. Es decir, que nuestro país comenzó a la fuerza a ser frugal, puesto que consumía menos de lo que producía. Procesos similares se dieron en Grecia y Portugal.

Los países del norte, sin embargo, continuaron siendo frugales, y cada año en mayor medida; no realizaron ningún ajuste en su balanza de pagos, y los superávits por cuenta corriente han sido cada vez más elevados. Esta variable alcanza actualmente en Alemania más del 7% y en Holanda se eleva a dos dígitos.

En un mercado de libre flotación de la moneda, fuera por tanto de la Unión Monetaria, un país no puede mantener la condición de frugal mucho tiempo. Esta falta de permanencia se explica en economía por lo que se conoce como “mal holandés”. Recibe el nombre de los problemas que Holanda tuvo en los años sesenta. En 1959 se descubrieron importantes bolsas de gas en el Mar del Norte que concedieron a los Países Bajos durante unos años una expansión de sus exportaciones, superávit en su balanza de pagos y una cierta euforia económica, pero también, como es lógico, una fuerte entrada de divisas que apreciaron poco a poco el florín, de manera que los productos holandeses dejaron de ser competitivos y las exportaciones tradicionales de Holanda descendieron fuertemente. En virtud del tipo de cambio, la balanza de pagos se fue equilibrando.

El llamado mal holandés se ha repetido otras veces, en otros países y en otras situaciones y sin tener que estar ligado al descubrimiento de ningún producto energético. Lo importante de este hecho es que el mecanismo de tipos de cambio impide los desequilibrios comerciales permanentes. Es decir, que no se puede ser frugal o pródigo durante mucho tiempo.

El panorama cambia totalmente cuando nos movemos en la Unión Monetaria, donde no pueden jugar los tipos de cambio. No hay apreciación o depreciación de las monedas, puesto que existe una sola. Un país puede ser frugal por tiempo indefinido. El desequilibrio comercial no tiene por qué desaparecer, ninguna modificación del tipo de cambio le obligará a ello. Bien es verdad que puede forzar la revalorización de la moneda común, el euro, pero el impacto se diluirá entre 19 países, haciéndoles perder competitividad precisamente a los que precisarían todo lo contrario.

La situación anómala que crea la Unión Monetaria quizás se comprenda mejor cuando se considera la evolución de los tipos de cambio en los años anteriores al euro. De 1980 a 1999, el marco alemán y el florín neerlandés casi doblaron su valor con respecto a la peseta y esta moneda se apreció más del 100% con respecto al escudo portugués y al dracma griego. Variaciones similares quizás se podrían haber producido del año 2000 al 2020 si no se hubiese formado la Unión Monetaria.

Cabría pensar que al igual que pasa con la condición de frugal ocurre con la de pródigo, y que en con la Moneda Única resulta posible tener un déficit comercial de manera indefinida. Nada más alejado de la realidad. Es verdad que no habrá apreciación de tipo de cambio que corrija el desequilibrio, pero después de un tiempo y de un cierto nivel de déficit y endeudamiento los acreedores comenzarán a desconfiar de los países pródigos, los inversores se retraerán, aparecerán la crisis económica y el desempleo y el país en cuestión no tendrá más remedio que corregir su desfase entre importaciones y exportaciones, con una devaluación interna que empobrecerá a los trabajadores y a la mayoría de los ciudadanos.

Los países del norte pueden continuar siendo frugales, pero no es mérito suyo. No lo serian fuera de la Unión Monetaria. Es la moneda única la que les libra del mal holandés. Es la pertenencia al Euro la que les permite tener esos enormes superávits en sus balanzas por cuenta corriente, a costa de la economía de los países del sur. Alemania y Holanda gozan de esta situación de privilegio gracias a que la cotización del euro es bastante inferior a la que tendrían el florín neerlandés o el marco alemán si flotasen. Pero ese mismo tipo de cambio del euro resulta muy superior al que tendrían las monedas de países como España, Grecia, Portugal, e incluso Italia y Francia, si estuvieran fuera de la Unión Monetaria, lo que les está haciendo perder competitividad.

Merkel es perfectamente consciente de los beneficios que están obteniendo Alemania y el resto de los países acreedores de su pertenencia a la Unión Monetaria, y ha comprendido también que ante una crisis como la del coronavirus de origen sanitario y a pocos años de la anterior recesión económica, cuando los países del sur no están recuperados aún, el invento podía venirse al traste si no se les ayudaba. De ahí que diese la impresión de que cambiaba de postura y se aliaba con Macron, en la necesidad de establecer mecanismos de rescate, y de que convenciese (si es que no era un juego previamente pactado) al halcón holandés. El mercado único necesita a las empresas y a los consumidores españoles, italianos, portugueses, etc., y no se les podía dejar caer.

El problema es que esas ayudas europeas, por ejemplo, a las empresas españolas, van a venir en su mayoría bajo la forma de préstamos (las transferencias a fondo perdido no pasarán de los 33.000 euros) y que va a constituir una gigantesca carga sobre la hacienda española, cuyo endeudamiento alcanza ya niveles muy peligrosos. El dinero que va a llegar de Europa no es una conquista de Sánchez, sino el mínimo que los frugales han considerado necesario para que el chiringuito no se hunda. Lo que Sánchez presenta como un gran éxito en realidad es un enorme fracaso, porque solo consiguieron una parte, y no demasiado importante, a fondo perdido. Los préstamos pueden ser una losa muy pesada que ahogue la economía española para muchos años.

Republica.com 16-10-2020



EL DINERO DE EUROPA ¿QUIÉN LO VA A DISTRIBUIR Y DE QUE MANERA?

EUROPA Posted on Wed, September 30, 2020 22:46:18

El dinero de Europa se ha convertido en una especie de fetiche. Se espera de él todo. Son muchos los que lo consideran la piedra filosofal que solucionará todos los problemas. Los empresarios andan como gorriones con la boca abierta esperando el maná, no de papá Estado, sino de mamá Europa. Sánchez se aprovecha para tenerlos  en primer grado de saludo; y ahí estuvieron todos los que dicen que son algo en la economía española, en primera fila, como en un colegio, pendientes de las palabras del presidente en una conferencia vacua, sin contenido, que estaba dirigida a una única finalidad, la de conseguir prietas las filas tanto en el mundo económico como en el político.

Sánchez piensa utilizar los fondos europeos como la palanca para afianzarse en el poder. Sus acólitos proclaman que son suyos porque los ha conseguido, y es evidente que, en sus intenciones, incluso lo ha dicho explícitamente, está emplearlos con total discrecionalidad. Son su instrumento para domesticar el mundo empresarial y sindical. Espera tener a todos comiendo de su mano porque todos confían en obtener pingües beneficios de dichos fondos. Instrumento también para doblegar a la oposición, chantajeándoles con la falacia de que su adhesión es necesaria para obtener los recursos, y responsabilizándoles de los problemas que puedan presentarse.

Aprovecha que la izquierda no existe, y que la derecha está desarbolada. Vox, en el monte creyendo que por ser más asilvestrado gana en eficacia, pero lo único que consigue es desacreditarse; Ciudadanos, traumatizados por los últimos resultados electorales, continúa bailando la yenka y se han convertido en los tontos útiles de Sánchez a los que maneja a sus anchas y humilla cuando quiere; y el PP se debate de caso de corrupción en caso de corrupción, muy bien aireados y orquestados por el sanchismo y sus aliados.

No seré yo el que reste importancia a la corrupción, pero en este país ningún partido puede tirar la primera piedra. En materia de gastos reservados es posible que el PP lo único que haya hecho es seguir el ejemplo del PSOE, así que me resulta difícil no ver como un gran acto de hipocresía la rasgadura de vestiduras de Ábalos cuando, como otros muchos, pasó en 1981 del partido comunista al socialista, para estar de meritorio en esta formación política, sin que en todos estos años haya levantado la voz lo más mínimo contra la corrupción o los fondos reservados. Tampoco a Sánchez se le puede considerar adalid en la materia, ya que ingresó en el PSOE en 1993, en pleno auge de la corrupción de este partido, cuando otros lo abandonaban escandalizados por ese motivo.

Retornando al dinero de Europa, lo primero que hay que afirmar es que no es de Europa, y mucho menos de Sánchez. El dinero es de todos los españoles, porque todos vamos a tener que pagarlo. A pesar de la inmensa propaganda oficial, la mayor parte de los recursos van a venir en forma de créditos. (Ver mi artículo del 30 de julio titulado “Mister Marshall parió un ratón”). El Estado español se va a endeudar hasta unos niveles desproporcionados a los que jamás creíamos que íbamos a llegar. Posiblemente, el stock se incrementará en más de 200.000 millones de euros.

Resulta curioso que aquellos que pusieron el grito en el cielo con la utilización de 40.000 millones de euros para enjugar las pérdidas de las cajas de ahorro –que en buena medida suponía salvar a un montón de pequeños depositantes- saluden con gozo y no tengan ningún reparo en gastar una cantidad de dinero mucho mayor, que después hay que devolver, en ayudar empresas de manera más difusa y previsiblemente con mucha menos transparencia.

La ministra de Economía ha afirmado en referencia a la polémica desatada sobre los excedentes de las corporaciones locales que el Gobierno no necesita para financiarse el dinero de los ayuntamientos, ya que el Tesoro no está encontrando ningún problema en los mercados. La pregunta surge de manera inmediata: ¿Por qué entonces se recurre a los préstamos europeos? Es más, ¿por qué la funcionaria aplicada de Bruselas mantiene que la respuesta europea es fundamental? Es que, una vez más, la ministra de Economía se queda en medias verdades, que suelen ser las más terribles de las mentiras, porque si el Tesoro en estos momentos puede financiarse de forma adecuada es porque el BCE sostiene la deuda pública española. Como ya he mantenido alguna vez, el rescate de Europa se dirige más a aliviar la inmensa carga del BCE y a solucionar los problemas de las empresas que a mejorar las cuentas públicas de los países.

El presidente del Gobierno identifica torticeramente los Presupuestos Generales del Estado con el plan de recuperación económica y con los dineros europeos, cuando en realidad son realidades muy distintas, aun cuando puedan en el límite tener alguna conexión. Los presupuestos, si al final se aprueban, se circunscribirán al año 2021, mientras que los préstamos europeos irán llegando con mucha parsimonia, de forma escalonada y condicionada a lo largo del periodo 2021-2027. Están unidos al marco financiero plurianual de la UE. FUNCAS estima, y yo creo que con cierto optimismo, que en 2021, recibiremos como mucho 14.000 millones (10% del total), en su mayoría préstamos.

Los pregonados presupuestos de 2021 en lo fundamental están ya hechos, puesto que muchas decisiones con impacto en ese ejercicio están tomadas y las que quedan por tomar se adaptarán sobre la marcha, bien sea con los nuevos presupuestos o con los de Montoro otra vez prorrogados (Ver mi artículo del 13 de agosto pasado titulado “Los presupuestos y la pantomima de Ciudadanos”). Si Sánchez está tan interesado en elaborar unos nuevos es tan solo por una cuestión de apariencia, por evitar el bochorno de que después de casi tres años de estar en la Moncloa haya sido incapaz de aprobar unos presupuestos propios y tenga que ejecutar unos ajenos, que, además, él tanto denigró cuando estaba en la oposición.

Mayor interés sin duda tendría conocer las previsiones de liquidación de las cuentas públicas tanto para 2020 como para 2021, pero ahí precisamente el Gobierno extiende un muro de secretismo y es difícil estimar el brutal agujero económico que va a experimentar el sector público en los próximos años. Para 2020- 2021, el Banco de España establece dos escenarios con unos déficits públicos del 10,8 y del 7,0% respectivamente en el primer escenario y del 12,1 y 9,9% en el segundo y peor, lo que conduce a que la cifra de endeudamiento público se mueva al final de 2021 en un abanico del 115% al 125% del PIB. Todo ello sin contar la deuda que contraeremos con la UE. Los déficits sin embargo pueden ser bastante mayores si se tiene en cuenta no solo el incremento del numerador sino también la reducción que va a sufrir el denominador, es decir el PIB.

La verdadera incógnita que se abre no está en la discusión de los presupuestos sino en a dónde se van a dirigir los créditos que provengan de Bruselas a lo largo de los próximos cinco años, recursos que se administrarán en cierto modo al margen de los presupuestos y que van a conceder un gran poder a quien los maneje. Casado tenía razón en su entrevista con Sánchez al poner el acento en el plan de reconstrucción. Se comprende perfectamente su preocupación y su petición de que fuese una comisión de técnicos independientes la que decidiese el reparto.

Siempre he desconfiado de las comisiones de expertos independientes porque nunca son tan independientes y su condición de expertos siempre resulta discutible. Pero, al margen de ello, sí tiene toda la consistencia la idea que se encuentra detrás, que la asignación y las condiciones que se fijen gocen de toda la transparencia y objetividad posibles. Parece razonable exigir que ninguna fuerza política pueda apoderarse de su distribución y que la discusión y aprobación se realice en el Congreso con luz y taquígrafos y no de forma global, sino detallada. El plan de recuperación va a constituir en la práctica los verdaderos presupuestos que deben debatir y pactar todas las fuerzas políticas.

Pero aquí termina la petición de unidad de Sánchez. No está dispuesto a conceder en esta tarea la menor participación a nadie. No tiene ninguna intención de compartir el poder que piensa que le va otorgar la distribución de forma discrecional de todo este cúmulo de dinero. Poder frente a las Comunidades Autónomas, frente a las fuerzas económicas, frente al Ibex, frente a las grandes empresas y, a través de ellas, frente a los medios de comunicación. Se habla mucho de salvar a los autónomos y a las pequeñas empresas, pero la parte del león se la llevarán las grandes. Entrará en juego la cofinanciación, la cooperación público-privada y otras formas de ingeniería financiera, pero siempre que el sector público se ha ayuntado con el sector privado el primero ha salido escaldado. Recordemos tan solo a modo de ejemplo los casos de las desaladoras, los hospitales y las autopistas.

Por ello resulta tan indignante la comparecencia de la doctora ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno tras la entrevista del presidente del Gobierno con el jefe de la oposición, descalificando como un tema menor lo que denominó aspecto puramente formal, los mecanismos de decisión en la elección de los proyectos y de los destinatarios de las ayudas. Sin embargo, detrás de ese aspecto se encuentra la idea de soberanía y de democracia, y sobre todo la utilidad y la eficacia en la administración de unos recursos que van a caer en el futuro como una vasta carga sobre todos los españoles. La intervención tan airada de la señora doctora era signo evidente de que Casado había hecho diana y que de ninguna manera Sánchez está dispuesto a dar entrada a nadie en esta tarea que presume que le puede conceder un inmenso poder personal.

Prueba evidente de esta postura del presidente del Gobierno se encuentra en que ya ha constituido una comisión al efecto en la Moncloa, dentro de su propio gabinete, en la que ni siquiera ha incorporado a sus socios de gobierno. Despierta estupefacción escuchar al líder de Podemos hablar de emplear los recursos europeos para crear una nueva clase empresarial. Estupor porque no se sabe si habla desde la inocencia o desde el cinismo.

 Lo más grave del tema es que no saben qué hacer con el dinero y en qué proyectos invertirlo. Tienen el temor de que no sean ni siquiera capaces de preparar la documentación que les va a exigir Bruselas y desconfían aun más de su capacidad para gestionar los proyectos. De ahí que hayan acudido a contratar la colaboración de las cuatro grandes firmas de auditoría –Deloitte, PWC, EY y KPMG. Uno se pregunta hasta qué punto estas compañías están capacitadas para conocer las necesidades de la economía española y sobre todo cuál va a a ser su objetividad si, como es de suponer, cada una de ellas tiene sus intereses y sus conexiones económicas y financieras con otras sociedades.

Existe a nivel popular una equivocación referente a los recursos que van a venir de Europa, que –conviene afirmarlo una vez más- en su mayoría directa o indirectamente lo harán en forma de préstamos, e incrementarán la losa de endeudamiento para los próximos años. Equivocación propiciada por el Gobierno. En contra de lo que cree una gran parte de la población, no se podrán emplear para enjugar las extensas y profundas necesidades sociales que va a generar la crisis económica, ni siquiera para amortiguar la brutal baja de recaudación que va a sufrir el Tesoro Público. Los recursos se orientan a proyectos de inversión y a ayudar a empresas (en su mayoría grandes empresas, que serán las implicadas en estos proyectos), y todo ello según los objetivos y las prioridades de Bruselas, que no tienen por qué ser los que convienen a la economía española. No olvidemos que nos continuamos moviendo en la Europa del capital y es el capital el que manda.

A todo ello habrá que añadir los propios intereses de Pedro Sánchez, en especial sus acuerdos con algunas grandes compañías del IBEX. Es la misma patronal CEOE la que avisa de que los sectores elegidos en primer término por el presidente del Gobierno (banca, telecomunicaciones, energía, etc.) no son los más representativos del tejido industrial de este país, ni los que más han sufrido por la crisis, ni siquiera los que más pueden reactivar la demanda. Bien es verdad que tal vez sí son las empresas que más interesan a Sánchez para consolidar su poder y controlar los medios de comunicación social, su objetivo número uno. Me temo que según avance el tiempo los españoles nos daremos cuenta de que el dinero de Europa no ha sido un buen negocio.  

republica.com 25-9-2020



PIKETTY, EUROPA, ESPAÑA Y CATALUÑA

Cataluña, EUROPA Posted on Thu, September 24, 2020 08:49:03

Creo que he citado ya dos veces en estas páginas a Thomas Piketty. Es un autor que encuentro interesante porque, se compartan o no sus juicios de valor, puede resultar de gran utilidad la extensa información que maneja y pone a disposición del público. Es una lástima que apenas cite a España y, en contraste con otros países, no se refiera a ella de forma específica y determinada. Por eso me parece tan relevante la excepción, las paginas (1.090-1.094) que  dedica en su última obra, “Capital e ideología”, a Europa, España y Cataluña, tanto más en cuanto que se acaba de celebrar la Diada.

Me van a permitir que esta semana haga simplemente de transmisor de sus opiniones, ya que coincido con ellas y las considero de interés para los lectores, principalmente para aquellos que se sienten de izquierdas, y que tal vez estén predispuestos a aceptar de mejor grado sus palabras que las mías, aunque sea simplemente por el hecho de no ser español. Comienza Piketty manifestando que de todas las encuestas se deduce el hecho de que el independentismo en Cataluña no es transversal. Los partidarios de la secesión se incrementan a medida que aumentan sus ingresos y su nivel cultural.

Según el autor, esta tendencia no tiene por qué aparecer como discordante con la que se presenta en la mayoría de los países europeos en los que la adhesión a la integración europea está en correlación positiva con el nivel de renta y son principalmente las clases modestas las que rechazan en mayor medida la Unión. Y añade Piketty que la razón de esta aparente contradicción es que las clases acomodadas que apoyan la independencia catalana no tienen ningún interés en abandonar Europa. Quieren que Cataluña permanezca en la UE, pero como Estado independiente, de manera que pueda seguir sacando partido de la integración comercial y financiera, conservando, sin embargo, sus propios ingresos fiscales.

No obstante, ya es hora de que a partir de aquí reproduzcamos literalmente las palabras de Piketty:

No se trata de reducir por entero el nacionalismo catalán a una motivación fiscal. Los factores propiamente culturales y lingüísticos tienen su importancia, así como la memoria histórica del franquismo y lo brusco del poder centralizador madrileño. Pero la autonomía fiscal desempeña un papel central en el caso catalán. Sobre todo, tratándose de una región notablemente más rica que la media española. Es natural pensar que los contribuyentes más acomodados se sientan especialmente exasperados por la idea de que sus impuestos en parte se van a otras regiones. Al contrario, las categorías modestas y medias son por el contrario un poco más sensibles a las virtudes de la solidaridad fiscal y social.

Es importante destacar que, en el aspecto fiscal, España es uno de los países más descentralizados del mundo, incluso comparado con estados federales mucho más grandes. En concreto desde 2011, la base imponible del impuesto sobre la renta está dividida en partes iguales entre el gobierno central y las regiones. Un sistema de este tipo plantea muchos problemas, en el sentido de que daña la idea misma de solidaridad en el seno del país y termina por enfrentar a las regiones entre ellas, lo que resulta especialmente problemático tratándose de una herramienta como el impuesto sobre la renta que se supone debe reducir las desigualdades entre los más pobres y los más ricos, al margen de las identidades regionales o profesionales…

En comparación, el impuesto sobre la renta siempre ha sido federal en EE. UU. Es el que garantiza, desde su creación en 1913, la progresividad fiscal y el que aplica los tipos impositivos más altos a los tramos superiores de la renta. Tal vez a los contribuyentes acomodados de California (estado que por sí solo está casi tan poblado como España y seis veces más que Cataluña) les habría gustado conservar para sí y para sus hijos la mitad del impuesto federal sobre las rentas más altas, pero nunca lo han conseguido (para ser sinceros nunca lo han intentado seriamente puesto que la sola idea habría sido interpretada como una declaración de guerra de tipo secesionista)

En la República Federal de Alemania, ejemplo más cercano a España, el impuesto sobre la renta es exclusivamente federal: los estados alemanes (länder) no tienen la posibilidad de votar tipos impositivos adicionales ni conservar para sí la más mínima parte de la recaudación tributaria, independientemente de lo que piensen los contribuyentes bávaros. La lógica de los tipos impositivos adicionales a nivel regional o local no es perniciosa en si misma siempre que sea mensurada. Optando por el reparto a medias del impuesto sobre la renta con las regiones, tal vez España hay ido demasiado lejos y ahora se encuentra en una situación en la que una parte de los catalanes querrían, independizándose, conservar el cien por cien de los ingresos.  

Europa también tiene una gran responsabilidad en esta crisis. Además de la gestión calamitosa de la crisis de la zona del euro, sobre todo en perjuicio de España, desde hace décadas, la Unión Europea promueve un modelo de desarrollo basado en la idea de que es posible tenerlo todo: la integración en un gran mercado europeo y mundial, todo sin obligaciones de solidaridad y de financiación de los bienes públicos. En estas condiciones, ¿por qué no probar hacer de Cataluña un paraíso fiscal al estilo de Luxemburgo? De hecho, para muchos independentistas catalanes el proyecto es este, constituyéndose en estado independiente podrán conservar la totalidad ingresos generados en el territorio para desarrollar Cataluña y, si es necesario, reducir los impuestos a los actores económicos que gozan de mayor movilidad para así atraer inversiones a la región-estado (lo que resultaría tanto más fácil cuanto que se habría desembarazado de la solidaridad con el resto de España).

No hay ninguna duda que la politización de la cuestión catalana habría sido totalmente distinta si la Unión Europea contara con un presupuesto federal europeo, como es el caso de Estados unidos, financiado por impuestos progresivos sobre la renta y sobre las sucesiones a nivel federal. Si la parte esencial de los impuestos por las rentas altas catalanas alimentara el presupuesto federal como es el caso en Estados Unidos, la salida de España tendría un interés limitado para Cataluña desde el punto de vista económico. Para huir de la solidaridad fiscal, habría hecho falta huir de Europa con el riesgo de ser excluido del gran mercado europeo, lo que tendría un coste redhibitorio a ojos de muchos catalanes independentistas.

No digo que el movimiento nacionalista e independentista desapareciera inmediatamente en un sistema así ni que debería desaparecer. Pero se debilitaría mucho y, sobre todo, estaría centrado en las cuestiones culturales, lingüísticas y escolares, que son importantes y complejas, en lugar de centrarse en las cuestiones fiscales y en el enredo de cuentas entre regiones. La crisis catalana, tal como está estructurada, se nos presenta como el síntoma de una Europa que descansa sobre una competitividad generalizada entre territorios y sobre una ausencia absoluta de solidaridad fiscal, que siempre contribuye a acrecentar la lógica del “cada uno por su cuenta”. Constituye otro caso más de la estrecha relación entre el sistema político y las desigualdades entre las fronteras el régimen de propiedad.”  

republica.com 18-9-2020



MISTER MARSHALL PARIÓ UN RATÓN

EUROPA Posted on Fri, August 07, 2020 14:21:41

En el artículo de la semana pasada me refería yo al mundo de apariencias construido por Sánchez y también a la farsa y a la representación en la que desde hace muchísimos años se mueve la Unión Europea (UE). En Pedro Sánchez todo es escena y espectáculo. Coreografía fue su entrada triunfal en el salón del Consejo de Ministros con todo el Gobierno (también los miembros de Podemos e IU) de pie en la puerta aplaudiéndole y vitoreándole, como si se tratase de Sigfrido después de haber matado al dragón. Una escena propia de un régimen caudillista y bananero que se repitió después, unos días más tarde, en el Congreso de los Diputados con los grupos parlamentarios del PSOE y de Podemos.

Lo malo es que la sociedad e incluso los medios de comunicación tienen muy mala memoria y nadie consulta la hemeroteca; de lo contrario, recordarían que hace tan solo tres meses Pedro Sánchez se lanzó a reclamar, con la prepotencia que le es habitual, lo que denominó un nuevo Plan Marshall. Su propuesta pasaba por la constitución en la UE de un fondo de un billón y medio de euros financiado por deuda perpetua mutualizada, que se transferiría a los distintos países miembros sin contrapartida y sin devolución, según las necesidades que cada uno de ellos hubiese contraído como consecuencia de la pandemia. Los recursos se asignarían sin condicionalidad alguna. Todo esto tiene poco parecido con lo que al final se ha aprobado. Del proyecto ha desaparecido la deuda perpetua. La cantidad que se concederá a fondo perdido es aproximadamente la cuarta parte (390.000 euros) de lo reclamado y, desde luego, tendrá condicionalidad no solo en la planificación y selección de los proyectos y políticas, sino en su ejecución; incluso se prevé que cualquier gobierno pueda convertirse en vigilante del vecino.

Como se puede apreciar, hay una gran diferencia entre la propuesta y lo conseguido. Sin embargo, se continúa hablando de Plan Marshall, de conquista histórica, de éxito sin precedente y no sé cuántos calificativos más; y todo ello basado únicamente en titulares, rueda de prensa y sin leer la letra pequeña, que en gran medida estará aún por escribir. La gran mayoría de los periodistas, comentaristas y medios de comunicación nacionales han comprado este relato. Unos por vaguería, por sentimiento de rebaño, porque así no hay que adentrarse en las implicaciones y recovecos que tiene el acuerdo. Otros, porque en el fondo se alegran, ya que la ayuda, sea cual sea, implica la intromisión de Bruselas en la política económica española y piensan que la va a condicionar en la línea neoliberal que de hecho impera en Europa. Son los mismos que en tiempos de Rajoy reclamaban insistentemente que el Gobierno pidiese el rescate, y a los que, con buen criterio, este no hizo caso.

Esta representación nacional tiene su correspondencia con ese otro espacio de quimeras que es la UE. Bruselas ha destacado siempre por su capacidad para manejar la publicidad y la propaganda, haciendo pasar los fracasos por éxitos. Desde al menos la firma del Tratado de Maastricht, la UE ha intentado tapar sus ingentes lacras y carencias con parches, que solo le permiten ir tirando, pero que son presentados como pasos de gigante en la buena dirección, como éxitos enormes de la integración. Todo lo más, sin embargo, son muletas que la facultan para continuar arrastrándose, pero sin solucionar en absoluto los problemas de fondo. Los desequilibrios entre los países son cada vez mayores y las contradicciones internas, más profundas. Y, según se ha visto precisamente en la última cumbre, no hay ninguna intención de establecer entre los Estados una verdadera integración presupuestaria y fiscal, complemento necesario del mercado único y de la Unión Monetaria. Incluso a los países que son contribuyentes netos, siguiendo la estela de Gran Bretaña, se les devuelve el dinero.

Triunfalismo y algaradas aparte, lo único que se ha hecho en la última cumbre es salvar los muebles, o al menos intentarlo. Merkel se lo espetó abiertamente al primer ministro holandés: “Si los países del Sur quiebran, caemos todos”. La canciller alemana ha sido la verdadera artífice del acuerdo. Muchos se extrañan del papel que ha asumido, enfrentándose incluso con los que son siempre sus aliados, pero hay una razón clara: Merkel es perfectamente consciente de que lo que está en peligro es la propia Unión, tan conveniente para Alemania y para los propios países del Norte y presuponía que la cerrazón de estos podría matar la gallina de los huevos de oro. Es un problema de supervivencia. En realidad, esto es lo único que se ha aprobado en la Cumbre, ese mínimo imprescindible para que el edificio no se desmorone; y, así y todo, dada la imponente debacle económica en la que se van a ver inmersos muchos países, no es seguro que se consiga.

No obstante, la presentación al exterior es muy distinta. Como en todas las ocasiones, se habla de éxito fabuloso, de paso de gigante, incluso de nueva Europa, cuando de nueva no tiene nada y ha quedado patente que continúa anclada en las mismas contradicciones y errores de siempre. Para ponderar la importancia del acuerdo se argumenta que es la primera vez que las transferencias se realizan a fondo perdido, lo cual no es cierto, ya que los Fondos de Cohesión, el FEDER, el Fondo Social Europeo y hasta la propia PAC, gozan de la misma característica. Es verdad que en la pasada crisis todos los rescates se instrumentaron mediante préstamos, pero, precisamente por ello y dado el desmedido nivel de endeudamiento que mantienen los países en el momento actual, los créditos malamente pueden constituir ya una solución. Me temo que tampoco vayan a serlo las transferencias a fondo perdido, si tenemos en cuenta su escasa cuantía.

Para entender lo mucho de superchería que acompaña a la presentación del acuerdo adoptado por el Consejo la semana pasada en Bruselas, no está de más que analicemos el montaje que ha venido rodeando desde el inicio todo lo referente a los Fondos de Cohesión, ya que da la impresión de que va a existir una cierta semejanza entre ambas realidades. También entonces Felipe González, al volver de la ciudad holandesa de Maastricht, agitó con todo el triunfalismo imaginable y a modo de botín los Fondos de Cohesión. Con tal motivo publicaba yo un artículo en el diario El Mundo en el que pretendía desinflar el optimismo del Gobierno y de la política oficial, situándoles ante la realidad de un presupuesto comunitario que se elevaba tan solo al 1,24% (nunca ha sido mayor) del PIB de la UE, porcentaje totalmente discordante con el que mantiene cualquier Estado por liberal que sea, y que demostraba bien a las claras la insuficiencia de los fondos creados para compensar las consecuencias de la integración monetaria que se acababa de realizar.

No obstante, en España se creó un auténtico mantra -que aún perdura- acerca de la ingente cantidad de recursos que se recibían de la UE. La generalización de esta opinión se ha conseguido a base de una campaña publicitaria bien organizada por la Comisión que obligaba a publicitar la marca Europa en todas las obras, infraestructuras, actuaciones etc., financiadas, aunque fuese solo en parte, por el presupuesto comunitario. Bien es verdad que a este objetivo colaboró también una propaganda interna empeñada en cantar las excelencias de la UE, y lo muy positivo que ha resultado para España incorporarse a ella.

Nadie ha puesto sin embargo el acento en el hecho de que España no solo era receptora de fondos sino también contribuyente, con lo que la cantidad a considerar era la posición neta, desde luego muy inferior a la bruta, y que por término medio ha podido ser a lo largo de todos los años anteriores a la ampliación aproximadamente el 1% del PIB. Unos años más, otros menos. Cantidad desde luego insuficiente para compensar el efecto negativo que producen sobre nuestra economía el mercado único y la unidad monetaria.

Por otra parte, las ayudas -al igual que se supone que van a ser las del nuevo Fondo de Recuperación- han sido finalistas. Se forzaba así a los países a invertir en determinados objetivos, no solo por la contribución realizada a la UE, sino incluso por la cofinanciación que se exigía en la mayoría de los proyectos al gobierno nacional. En muchos casos la elección no era la más acertada ni la que más convenía al país, ni la que el país libremente decidía, sino la que iba a contar con la aquiescencia de Bruselas. Eso explica, por ejemplo, el descomunal desarrollo de las infraestructuras, algunas de ellas sin demasiado sentido, en detrimento de los gastos de protección social.

Mucho de lo señalado para los Fondos de Cohesión tiene plena validez para la parte del Fondo de Recuperación que teóricamente se va a transferir a los países a fondo perdido. Pero antes parémonos un instante a considerar la otra parte, aquella que se va a conceder como bajo forma de préstamos. Parece evidente que poco o nada va ayudar en la solución del problema. En los momentos presentes, gracias al BCE, los países no tienen problemas de financiación y los tipos de interés son muy reducidos. El problema está en las enormes cotas que el endeudamiento va a alcanzar en algunos países y estas no se aminoran por el hecho de que los préstamos los facilite la UE en lugar de los mercados. Quizás el alivio sea en todo caso para el BCE que se verá obligado a respaldar en el mercado menor cantidad de deuda pública. Bien es verdad que en compensación a lo mejor deberá sostener los bonos que emita la propia Comisión.

Retornando a la parte del fondo que se transfiera a fondo perdido y ya que se empeñan en hablar de cantidades enormes y mareantes, deberíamos hacer unos sencillos cálculos. Afirman que el monto global va a ser de unos 390.000 millones de euros, de los que a nosotros, según dicen, nos corresponderán alrededor de 72.000 millones. Ciertamente los 390.000 millones no van a llover del cielo, ni van a ser generosamente donados por los países del Norte, aunque eso es lo que ellos quieren hacer creer, sino que de una u otra forma (impuestos comunitarios, préstamos, mayores aportaciones al presupuesto de la UE, etc.) va a recaer sobre todos los países miembros, y se supone que aproximadamente en función de su PIB. El nuestro se situará alrededor del 9 o 10% del de la UE, con lo que deberemos hacernos cargo de alrededor de 39.000 millones. El saldo neto que percibiremos quedará reducido por tanto a 33.000 millones de euros (72-39), que se distribuirá en tres anualidades (2021, 2022, 2023) de 11.000 millones de euros por término medio, aproximadamente el 1% del PIB. A ello habrá que descontar la parte que correspondería a España de las minoraciones que por ejemplo en la PAC y en los Fondos de Cohesión se van a hacer en el marco financiero plurianual 2021-2027, para compensar parcialmente el fondo de reconstrucción.

Por mucho que se quiera vender lo contrario, estas cantidades resultan bastante insignificantes comparadas con las necesidades que por desgracia va a presentar la economía española, según señalan todas las previsiones (20 o 30 puntos sobre el PIB). Necesidades que se van a ir haciendo rápidamente presentes, aun cuando la ministra de Hacienda sea portavoz de todo, menos de la ejecución presupuestaria, y no se facilite ninguna información sobre esta materia.

Los cantores de las excelencias del acuerdo, en su afán laudatorio, proclaman la gran novedad que representa que por primera vez se vaya a mutualizar la deuda. La afirmación no es en sentido estricto exacta, puesto que el endeudamiento necesario para financiar el Fondo de Reconstrucción no lo van firmar sindicadamente los países, sino la Comisión con la garantía del presupuesto comunitario. Sin duda contestarán que para el caso da lo mismo, porque detrás se encuentran todos los Estados miembros, y tendrán razón. Pero entonces no se puede decir que es la primera vez, porque la Comisión ya se había endeudado con anterioridad y con la misma garantía. Y el argumento de que en el fondo son todos los países los que responden sirve exactamente igual para el endeudamiento del MEDE, del SURE e incluso para el pasivo del BCE.

En un sentido si se quiere más laxo, y al mismo tiempo de forma más arcana, la verdadera mutualización de la deuda, y en cantidades más importantes, se está produciendo con las operaciones llamadas de expansión cuantitativa que el BCE, al igual que otros bancos centrales, lleva tiempo ejecutando. Cuando en marzo de 2015 Draghi comenzó esta operación, el balance del BCE era de 2,1 billones de euros; en la actualidad es ya de 6,2 billones, más del 50% del PIB comunitario. El BCE, con su actuación en el mercado, salvó al euro cuando estaba contra las cuerdas, y con las primas de riesgo de Italia y España por encima de 500%, y ha sido su actuación la que ha mantenido viva durante todo este tiempo la Unión Monetaria a pesar de sus contradicciones.

Ante los problemas económicos derivados del Covid-19, el BCE ha sido el primero en reaccionar poniendo sobre la mesa un programa de emergencia (PEPP) de 750.000 millones de euros, ampliado más tarde a 1,35 billones, que ha hecho posible que las primas de riesgo permanezcan relativamente estables. He aquí el verdadero rescate. La pregunta es hasta cuándo podrá el BCE seguir manteniendo al euro en sus contradicciones. El otro día en Bruselas lo que estaba en juego era si se descargaba al BCE, aunque fuese en pequeña medida, de tan pesada carga. De ahí la postura de Merkel. No se rescataba a Italia o a España, sino al BCE. Por eso resultan tan ridículas las peroratas de los botafumeiros de Europa; y más que ridícula, hiriente, teniendo en cuanta lo mal que lo van a pasar muchos españoles, la entrada triunfal de Pedro Sánchez al Consejo de Ministros y al Parlamento. Le faltó hacerlo bajo palio.  

republica.com 31-7-2020



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