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ARTÍCULOS RECIENTES CONTRAPUNTO

LOS MANDATARIOS EUROPEOS GLOBALIZAN SUS BENEFICIOS PERSONALES

CORRUPCIÓN, EUROPA Posted on Jue, mayo 12, 2022 21:22:05

Las terribles imágenes ofrecidas por los medios de comunicación de la invasión de Ucrania -expresión clara de la tragedia a la que se está sometiendo a una población-, hacen que esta guerra se presente como una disputa entre buenos y malos, en la que Putin es la personificación del mal. No diré yo nada en defensa del mandatario ruso, pero sí mostraré mi convencimiento de que según vaya transcurriendo la contienda aparecerán otros muchos aspectos que sin duda tienen interés, pero que han podido quedar eclipsados por este, más primario y dramático.

Me temo (o más bien, deseo) que esta guerra vaya a cambiar muchas de nuestras creencias. Pasada la primera etapa de autocomplacencia, será inevitable preguntarse acerca de cuál ha sido el papel de Europa en la contienda. No deja de ser chocante cómo los países europeos al tiempo que están a punto de entrar en guerra con Rusia dependen totalmente de este país en cuanto al aprovisionamiento de energía. Es grotesco, pero también trágico y paradójico. Indica la fragilidad y debilidad a las que la globalización ha condenado a los Estados. Resulta enormemente inocente pensar que todo se arregla incrementando el gasto en defensa.

Las medidas económicas adoptadas frente a Rusia no sé si están haciendo realmente daño a Putin, pero lo que sí es cierto es que están dejando al descubierto determinados hechos que estaban ocultos o, al menos, no eran generalmente conocidos. Varios ex primeros ministros de países europeos han tenido que dimitir de los puestos que ocupaban hasta ahora como altos cargos en las principales multinacionales rusas.

Matteo Renzi, quien fuera primer ministro de Italia entre 2014 y 2016 y que actualmente es senador por el partido centrista “Italia Viva”, ocupaba hasta ahora el puesto de consejero de Delimobil, la mayor empresa de carsharing de Rusia, cargo al que ha tenido que renunciar después de la invasión a Ucrania.

Austria es el país que se encuentra a la cabeza en el número de políticos implicados, con tres ex cancilleres y dos ex ministros (que se sepa), con intereses financieros en empresas rusas. Entre ellos destacan Wolfgang Schüssel, Christian Kern y Karin Kneissl. El primero de los citados del Partido Popular austriaco, fue canciller de su país entre febrero de 2000 y enero de 2007. Tras dejar la política se incorporó al consejo de supervisión de Lukoil, la mayor petrolera de Rusia. El segundo, Christian Kern, ex jefe de gobierno izquierdista austriaco, que ocupó el cargo de canciller entre 2016 y 2017, al acabar su mandato se incorporó al consejo de administración de Russian Railways, la empresa estatal rusa de transporte ferroviario. Renunció a su cargo tras el inicio de la guerra.

Especialmente llamativo ha sido el caso de Karin Kneissl, periodista austríaca que ejerció como ministra de Asuntos Exteriores entre 2017 y 2019 y que se ha ido a vivir a Francia para evitar las críticas que estaba recibiendo en su país por su decisión de no dimitir en el consejo de supervisión de la petrolera estatal rusa Rosneft. En esta postura sin duda ha influido su amistad personal con Putin, quien incluso asistió a su boda.

En Finlandia,Paavo Lipponen, presidente del Partido Socialdemócrata y primer ministro entre 1995 y 2003, se convirtió poco después de dejar el cargo en asesor del proyecto de gasoducto Nord Stream impulsado por Gazprom. Tras la invasión de Ucrania y el bloqueo del Nord Stream 2, se ha puesto fin a su contrato. El antecesor de Lipponen como primer ministro de Finlandia, Esko Aho, tras el inicio de la guerra ha dimitido como miembro del consejo de supervisión de Sberbank, uno de los mayores bancos rusos.

El ex primer ministro francés François Fillon pertenecía a los consejos de administración de la compañía de hidrocarburos Zarubezhneft y de la mayor productora petroquímica de Rusia, Sibur. Parece ser que tras la invasión de Ucrania renunció a sus cargos.

Es posible que a la cabeza de todos se encuentre Gerhard Schröder, el que fuera canciller de Alemania entre 1998 y 2005, amigo personal de Vladimir Putin.  Poco antes de dejar el sillón, concedió un aval público de 900 millones de euros a la energética rusa Gazprom. Tras su cese, se convirtió en asesor de esta empresa. Y parece ser que aspiraba ahora a sentarse en su consejo de administración. Tiene también un alto cargo en Nord Stream. Pero las críticas no le han hecho dimitir por ahora.

Los casos citados son un pequeño catálogo formado por las noticias llegadas a la prensa y limitado solo a los ex primeros ministros y a las multinacionales rusas. Podemos, sin embargo, imaginemos cuál sería el número de casos a citar, si ampliásemos el abanico al resto de altos cargos y a la totalidad de empresas y multinacionales europeas. El hecho es sumamente significativo de la profunda conexión que existe entre los ámbitos políticos y económicos en este mundo de la globalización.

Existe una conclusión inmediata, aunque quizás se pueda considerar accesoria y secundaria, y es que las tan cacareadas puertas giratorias no constituyen un hecho exclusivo de España. En este tema, al igual que en otros muchos, encontramos un vicio muy extendido en la sociedad española, considerar que los problemas, errores o defectos solo suceden en nuestro país. Es frecuente escuchar en cualquier conversación que algún participante termina su intervención con la aseveración “esto solo ocurre en España”.  Ya Larra se refirió a ello en un conocido artículo titulado “En este país”, en el que se retrataba a un tal don Periquito, especialista en explicar cualquier acontecimiento por las características más bien negativas y únicas de España, diferentes a las del resto de los países.

El hecho de que en esta ocasión sean los maridajes referentes a las empresas públicas rusas los que se hayan hecho públicos, tiene sin duda su origen en el desencadenamiento de la guerra, pero esclarece al mismo tiempo hasta qué punto la globalización económica traspasa y se sobrepone a las posiciones políticas más enfrentadas y aúna si es preciso las ideologías.

La presencia de Schröder a la cabeza de este elenco concede al mismo una significación especial. Schröder, canciller alemán entre 1998-2005, se puede decir que fue el enterrador de la doctrina socialdemócrata en Europa. Ciertamente, con François Mitterrand, Jacques Delors, Felipe González y Toni Blair se habían dado ya pasos muy importantes en este proceso, pero fue Schröder el que le asestó el golpe definitivo. Los que han venido después, por ejemplo, en España Zapatero y Sánchez, son ya otra cosa. Llamémosles populistas, identitarios o como queramos, pero no socialdemócratas, e igual ocurre en los otros países. Lo que en cierto modo es lógico, ya que la globalización y la Unión Monetaria lo impiden.

En 2003, el Partido socialdemócrata alemán (SPD) celebró sus 140 años de existencia. Conmemoraciones que se realizaron con fuertes tensiones internas. Oskar Lafontaine, que defendía con mayor fidelidad la línea socialdemócrata, perdió la partida. En la sombra estaba la agenda 2010, con fuerte bajada de impuestos, desregulaciones y recortes sociales. Merkel vivió todos sus años de mandato de los ajustes acometidos en dicha agenda por Schröder. Aunque el canciller del SPD tuvo que dedicarse a fondo tanto en el interior como en el exterior para explicar el giro que pretendía dar a la política del partido. Es por eso que aprovechando que la formación política cumplía 140 años escribió el 8 de julio de 2003 una tribuna libre en el periódico El Mundo titulada “El Estado del bienestar reta a la izquierda europea”. El artículo, con el objetivo sin duda de justificar la agenda 2010, defendía la globalización, con la tesis de que no era una alternativa, sino una realidad que no había más remedio que aceptar.

Varios días después, el 17 del mismo mes, escribía yo en el susodicho diario otra tribuna titulada “La izquierda europea renuncia al Estado social”. Contestación al artículo del canciller alemán, pretendía hacer una réplica a esa idea central que mantenía Schröder de que la globalización no es una opción, sino una necesidad. Con esta teoría, el entonces presidente del PSD  se apuntaba en cierto modo al determinismo económico sustentado por el neoliberalismo y que mantiene que el statu quo económico es inmutable y que las opciones políticas deben doblegarse ante él.

Defendía yo en el artículo que el concepto de globalización es ambiguo. A veces se emplea para designar ciertos fenómenos sociales unidos a avances técnicos y científicos. En ese sentido no cabe duda de que es una realidad. Pero cuando el pensamiento conservador y ahora parece que también los partidos socialistas hablan de globalización se refieren a otra cosa, lo reducen al libre comercio, a la libre circulación de capitales, y en Europa, a partir del año 2000, a la moneda única. Así lo entiende la RAE, y hay que admirar su sinceridad, cuando lo limita al campo económico y lo define como “la tendencia de los mercados y de las empresas a extenderse alcanzando una dimensión mundial que sobrepasa las fronteras nacionales”. Es decir, constituye la huida del capital y de las fuerzas económicas del corsé del poder político democrático. En este sentido, la globalización no es una necesidad, sino una opción tomada por los propios gobiernos que han decidido abdicar de sus competencias y permitir que el poder económico campe a sus anchas. Tal decisión implica la muerte del Estado social y, por lo tanto, el vaciamiento ideológico de la socialdemocracia.

La globalización es una decisión política que se está imponiendo con un relato erróneo, el de describir un escenario económico idílico y positivo. El de que la globalización constituye una especie de Arcadia buena para todos. La realidad es más bien la contraria. Todos los indicadores lo señalan. Desde principios de los ochenta, fecha en la que podemos situar el inicio de este proceso, por término medio en todos los países las tasas de crecimiento se reducen, las de paro aumentan, la desigual social se intensifica dentro de los Estados y en Europa la brecha entre estos se hace cada vez más honda.

En este artículo no es posible ni es mi intención extenderme sobre los efectos negativos de la globalización. Lo hice en libros tales como “Economía mentiras y trampas” o “La trastienda de la crisis”, ambos de la editorial Península, y que se encuentran al alcance de todos aquellos que tengan curiosidad para comprobarlo. La finalidad de estas líneas se encuentra más bien en llamar la atención sobre el revés de la trama, es decir, la otra cara de la moneda, lo que reside detrás de la faz pública de la globalización. Es lo que en cierto modo y aunque solo sea parcialmente ha aparecido con la invasión de Ucrania, el escenario en el que se entreteje el capital, tenga el origen que tenga, con los mandatarios públicos, sea cual sea su ideología.

Todo este entramado, que en parte se está haciendo público tras el inicio de la guerra, explica en buena medida la postura adoptada hace ya casi veinte años por el entonces canciller alemán y por otros muchos mandatarios europeos para defender la globalización, globalización que a él y a otros mandatarios políticos les está  resultando muy rentable.

republica.com 31-3-2022



LA EUROPA DEL CAPITAL Y EL MODELO 720

EUROPA, HACIENDA PÚBLICA Posted on Jue, mayo 12, 2022 20:33:59

En 2017, la Comisión, y ahora el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se han pronunciado en contra del modelo 720 de la Agencia Tributaria (Declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero). En realidad, lo que censuran y condenan ambas instituciones es la obligación impuesta a los residentes en España de declarar en dicho modelo toda clase de bienes en el extranjero, así como reprueban las sanciones que lleva aparejadas no hacerlo, o hacerlo fuera de plazo.

Lo primero que puede extrañar es que tanto la Comisión como el Tribunal se adentren en materia de Hacienda Pública, ya que la Unión Europea ha huido siempre de estas competencias. Permanentemente ha rechazado todo intento de integración en el ámbito fiscal, a pesar de constituir un complemento necesario tanto del Acta Única como de la Unión Monetaria. En buena medida, los males y defectos de la UE radican en esa falta de unidad fiscal. El presupuesto comunitario es casi ridículo y los ingresos propios, en extremo reducidos y casi en su totalidad cobrados a los Estados y no directamente a los ciudadanos.

Ha sido la pasividad de las instituciones europeas la que ha permitido la existencia de paraísos fiscales dentro de la propia Unión y una competencia desleal entre los Estados, que han ido reduciendo la presión fiscal directa a favor de la indirecta, y que han jibarizado la política redistributiva. La UE nunca ha querido asumir la política redistributiva ni en el plano personal ni en el territorial, pero al mismo tiempo obstaculiza que los Estados la desarrollen.

Pero entonces, ¿por qué la Comisión y el Tribunal se entrometen en la forma de recaudar de un Estado miembro? La explicación se asienta en los derechos y prerrogativas del capital, y más concretamente de sus libres movimientos. La argumentación de la Comisión y del Tribunal, aunque con diferencias, se fundamenta en que consideran que el modelo 720 y todo lo que conlleva constituye una restricción a la libre circulación de capitales y por lo tanto al Derecho comunitario.

Todos los elementos que se cuestionan: las ganancias patrimoniales no justificadas, la no prescripción, la desproporción que según ellos tienen las sanciones, etc., son contrarios al Derecho comunitario, solo en cuanto que todos ellos incrementan la intensidad y la importancia de las restricciones a la libre circulación de capitales. Razonan que todas esas obligaciones impuestas acerca de los bienes que se sitúan en otros países pueden desincentivar la inversión en el extranjero. Aunque tendríamos que decir más bien que lo que hacen es eliminar el incentivo que la posibilidad de fraude y evasión fiscal conceden a la deslocalización de los bienes fuera del país de residencia.

Habrá que preguntarse si la facilidad para defraudar a la Hacienda Pública no es la que corrompe la libre circulación de capitales, al quebrar la neutralidad entre los destinos y al transformarla en evasión de capitales. Conviene no olvidar que gran parte de la inversión en el extranjero se puede realizar desde los bancos nacionales o en territorio nacional. Así que muchos de los que depositan bienes en el exterior lo que buscan es la opacidad fiscal. Con el modelo 720 se pretende retornar a la ecuanimidad, permitiendo que la libre circulación de capitales, al menos en cuanto a la información, se rija por motivos económicos y no fiscales.

Más allá de si el modelo 720 restringe o no la libre circulación de capitales, de lo que no cabe duda es que esta ocupa un papel fundamental en el andamiaje constitucional de la UE. Por el contrario, al sistema fiscal y a la lucha contra el fraude se los relega a un lugar muy secundario, casi irrelevante. En nuestra Constitución la jerarquía es la inversa. La libre circulación de capitales no aparece y, sin embargo, el Estado social, cuyo principal componente es un sistema fiscal justo, basado en la igualdad y progresividad, se configura como columna central del edificio. Ello conduce a plantear un problema de fondo: ¿hasta qué punto son compatibles ambas realidades políticas?

Va llegando el momento de que nos preguntemos si al firmar el Acta Única y al incorporarnos a la Unión Monetaria no se produjo un cambio sustancial de la Constitución Española, modificación que se realizó con cierta ligereza democrática, basándose exclusivamente en la autorización que la Carta Magna concede a los mandatarios para firmar acuerdos internacionales; si bien no parece que al redactar y aprobar este artículo se estuviese pensando en pactos que modificasen esencialmente la propia Constitución.

En honor de la verdad hay que añadir que esta metamorfosis no ha sido exclusiva de nuestro país. La mayoría de los Estados han dado un giro similar. Este hecho es bastante lógico si se considera que los pasos fundamentales en la constitución de la UE se han dado cuando el neoliberalismo había adquirido ya una posición dominante y la socialdemocracia y el Estado Social estaban de retirada. La UE se ha construido siguiendo los axiomas más estrictos de la globalización. En el centro está el capital y sus intereses y son los respectivos lobbies los encargados de escribir el libreto en Bruselas. No nos puede extrañar por tanto que las instituciones europeas solo entren en los temas fiscales para defender las prerrogativas del capital y de las empresas.

El Tribunal de Luxemburgo admite que se puede restringir la libre circulación de capitales en aras de la lucha contra el fraude fiscal, ma non troppo, pero no demasiado. El Estado puede demandar la información, pero sin establecer en caso de incumplimiento esas penalizaciones que se consideran tan duras. O, dicho de otro modo, el modelo 720 puede seguir funcionando, pero con unas sanciones suaves, casi testimoniales, que todo se reduzca a nueva invitación a declarar y que difícilmente empujarán al cumplimiento del contribuyente.

La sentencia acusa a las sanciones a imponer de falta de proporcionalidad. Se ignora a qué se refiere y qué medida emplea para determinarla, pero parece bastante claro que la intensidad y cuantía de la sanción, para que sea efectiva, debe estar en proporción directa a la facilidad de evasión. Allí donde la probabilidad de que la Administración detecte la infracción sea muy alta, la amenaza de una sanción reducida será suficiente para asegurar el cumplimiento. Por el contrario, cuando la posibilidad de evasión es muy grande y además el riesgo se puede diversificar en distintos bienes, las sanciones tienen que ser muy elevadas para que generen algún efecto disuasorio.

En los bienes que se encuentran en el extranjero la posibilidad que tiene la Administración Tributaria de detectarlos, si sus dueños no los manifiestan, es casi inexistente, por lo que las sanciones a la no declaración tienen que ser cuantiosas para lograr algún resultado. El Tribunal quizás emplea el término proporcional en relación a las sanciones que se imponen cuando los bienes están en territorio nacional, lo que no tiene ninguna lógica, dado que los distintos bienes situados en España, al revés de los que se asientan en el exterior, están sometidos a todo tipo de controles. Son muchas las fuentes a través de las cuales llega la información a la Agencia Tributaria: entidades financieras, compañías de seguros, notarios, registradores de la propiedad, catastro, empresas y demás entidades obligadas a retener, etc. Después de cruzar todos estos datos, la información de los bienes situados en España es bastante completa, lo que no quiere decir que no exista fraude en las rentas.

Parece que el Tribunal considera abusivo que los bienes descubiertos en el extranjero se califiquen de incrementos no justificados de patrimonio. Sin embargo, es el mismo tratamiento fiscal que se les da a los que se descubren en el interior. La única diferencia, y quizás esté ahí la explicación de la crítica del Tribunal, se encuentra en la prescripción. Mientras en estos últimos bienes se admite la prescripción, desde el momento en que fueron adquiridos por el contribuyente, siempre que se pueda conocer esta fecha, en los situados en el exterior la prescripción solo comienza a computarse desde el momento en que la Agencia Tributaria tiene noticia de ellos.

Pero esta diferencia es también razonable y no debe extrañarnos ni tendría que escandalizar al Tribunal. En los bienes situados en territorio nacional, la Administración puede localizarlos desde el mismo momento en el que están en poder del contribuyente. Por el contrario, en los que están emplazados en el exterior, difícilmente Hacienda puede descubrirlos si no tiene constancia de su existencia. Además, en el extranjero la Administración no cuenta ni con los medios ni con la potestad de actuar con los que cuenta en el interior.

En sus alegaciones la Comisión aduce que en la UE se ha establecido una serie de directivas destinadas a facilitar el intercambio de información entre los Estados, lo que hace innecesarios otros procedimientos más agresivos como el modelo 720. Resulta un poco ingenuo tal razonamiento. En primer lugar, porque según esta normativa la petición hay que hacerla de forma individualizada, lo que resulta imposible en la mayoría de los casos, cuando se desconoce absolutamente todo. En segundo lugar, porque como casi todo en Europa, esta obligación de información se realiza muy deficientemente, tarde, mal y nunca. Debe de funcionar tan bien como las órdenes de detención, de cuya ineficacia tenemos una amplia constancia los españoles.

Resulta llamativo el escaso espacio que ha ocupado en la prensa esta sentencia y, además, en la mayoría de las ocasiones felicitándose de ella y tildando de abusiva la postura de Hacienda. Parecería procedente que la reacción de aquellos que se oponen a toda subida de impuestos, aferrándose a la idea de que el fraude es muy elevado, fuese la contraria, ya que deberían defender todas las medidas de lucha contra la evasión fiscal. Y contra la sentencia debería haber tomado posición desde luego la izquierda, ya que la gravedad de lo decidido por la UE es grande y deja bien claro lo que se puede esperar dentro de sus límites. No es solo que a nivel comunitario no se pueda establecer un sistema tributario progresivo, sino, que tampoco se puede realizar dentro de cada Estado. Todo conspira para que el modelo que rija en este tema en Europa sea profundamente neoliberal.

En esta ocasión se echan en falta esas voces tan proclives a censurar a la justicia española cuando sentencia a los golpistas catalanes. Se esperaría que, siendo muchos de ellos teóricamente de izquierdas, hubieran reaccionado ante una sentencia que rompe la soberanía fiscal de un Estado miembro en beneficio del capital. Cuando se conozca el listado nominativo de las devoluciones y las cantidades respectivas será difícil no darse cuenta del disparate que se ha cometido con esta sentencia.

Los defensores entusiastas de la sentencia y detractores del modelo 720 se enfrentan a una contradicción. Fue el Gobierno de Rajoy  el que lo aprobó, siendo ministro de Hacienda Cristóbal Montoro. Conozco a Montoro desde hace muchos años, antes de que fuera ministro o secretario de Estado. Coincidí con él en múltiples mesas redondas cuando él ocupaba el cargo de director del Instituto de Estudios Económicos, entidad dependiente de la CEOE, y uno de los principales focos de emisión de pensamiento neoliberal. Nuestras posturas, como es normal, estaban casi siempre enfrentadas. Montoro no ha sido nunca un bolchevique rabioso ni siquiera un furibundo keynesiano. Sin embargo, vio la necesidad de que, si se quiere combatir el fraude, los bienes en el extranjero de los residentes deberían ser tan trasparentes como los que se encuentran en el interior del país.

Republica.com 17-2-2022



DE CUBA A UCRANIA

EUROPA, GLOBALIZACIÓN, REALIDAD INTERNACIONAL Posted on Jue, mayo 12, 2022 20:10:32

Se comenta que, en días de agobio político, el fantasma de Iván Redondo recorre los despachos de la Moncloa. Y debe de ser así, porque, de lo contrario, llegaríamos a la conclusión de que nos habíamos equivocado y de que los numeritos y los escenarios azul pastel no eran suyos y habría que predicarlos más bien del propio Sánchez. Tras la marcha del jefe de gabinete continúan produciéndose los mismos espectáculos circenses. El otro día las televisiones nos presentaron un cuadro entrañable: Sánchez sentado en su despacho con cartera presidencial añadida, hablando descamisado por teléfono, y una voz en off indicando que el presidente del Gobierno se comunicaba con el resto de mandatarios internacionales a efectos de solucionar el problema de Ucrania. Se presentaba la cuestión de tal manera que parecía que él estaba al frente de la operación. El cuadro resulta más estrambótico, si cabe, si consideramos que estuvo más de seis meses esperando la llamada de Biden y que pocos días después de la representación Biden mantuvo una videoconferencia con todos los que pintan algo en Europa (hasta el primer ministro polaco fue convocado) y de la que fue excluido Sánchez.

La exhibición televisiva, en principio, no tendría demasiada importancia, ya que cada uno hace el ridículo como quiere, y además es un tipo de espectáculo al que Sánchez nos tiene muy acostumbrados. Ya montó uno similar con la salida de Afganistán, o con la llegada del Aquarius. El hecho adquiere, sin embargo, mayor relevancia porque el Gobierno se ha dado prisa en ocupar los primeros puestos, mandando al lugar de conflicto una fragata, dos buscaminas y no sé cuántos aviones y soldados. Parece que queremos hacernos perdonar algo o pasar por los alumnos más aplicados. Esta postura contrasta con el papel de la Unión Europea que, hasta ahora, ha sido mucho más tibio; incluso el ministro de Asuntos Exteriores ruso, tras la negociación con su homólogo norteamericano, bromeaba preguntándose con cierta ironía dónde estaba la Unión Europea.

Esta tendencia a ser los primeros de la clase y a ocupar un puesto que no nos corresponde no es nueva. No es cierto que este sea el país de la paz, como algunos quizás con poca memoria pregonan. España participó entusiásticamente en la primera guerra del Golfo y en la de Yugoeslavia en tiempos de Felipe González y en la segunda de Iraq con Aznar. En principio, nada hay de censurable en que España haya cumplido sus compromisos con su pertenencia a la OTAN, aunque bien es verdad que todas estas acciones bélicas no se ejecutaron desarrollando estrictamente el reglamento de la  organización. Para España lo reprochable comienza cuando se pone al frente de la manifestación asumiendo un protagonismo que resulta hasta ridículo, al tiempo que otros países con muchos mayores motivos optan por un lugar más discreto y una actitud más ambigua. Pensemos en la foto de las Azores.

En todas estas situaciones los partidarios del no a la guerra hemos sido minoría. La postura del PSOE de Zapatero con respecto a la guerra de Iraq fue una excepción motivada por encontrarse en la oposición y considerar que ese planteamiento le proporcionaba buenos rendimientos electorales y un medio para llegar al gobierno, como realmente ocurrió, aunque bien es verdad que ello solo fue posible por los atentados del 11-M. Tanto antes como después, el PSOE no ha sobresalido por su pacifismo. Del no a la OTAN a Javier Solana de secretario general de Alianza Atlantica.

Algunas lecciones deberíamos sacar de todos estos acontecimientos pasados. La primera es que todas las guerras, aun cuando adopten el nombre de misiones humanitarias, normalmente producen más dolor del que en teoría dicen querer evitar (lo llaman a menudo “efectos colaterales”) y dejan con frecuencia tras de sí una situación peor que la inicial. La última prueba, Afganistán.

La segunda es que los calificativos como dictador, demócrata, tirano, justo o injusto, etc., que tienen todo el sentido en la política nacional, dejan de tenerlo cuando los aplicamos a la internacional. En este orden, todos los gobernantes suelen comportarse de forma muy parecida, motivados únicamente por intereses de todo tipo. Se suele hablar de la “realpolitik”. Nadie es santo ni nadie es villano, pero todos lo son a la vez. La única diferencia entre unos y otros es que algunos no necesitan justificarse ante sus ciudadanos; otros sí tienen que hacerlo y entonces no les queda más remedio que recurrir a las mentiras y a los montajes. Recordemos las armas de destrucción masiva en la guerra de Iraq. Es un gran error juzgar los conflictos internacionales por las características que concurren en cada uno de los bandos, en lugar de considerar el motivo del conflicto o la cuestión que está en porfía.

En esta ocasión, gran parte de la opinión publicada se ha apresurado a calificar a Putin con toda clase de epítetos y connotaciones negativas. Mucho de lo que dicen puede ser perfectamente cierto, pero eso no explica ni da razón del conflicto. Hay también quienes quieren ver intenciones ocultas y no confesadas por Moscú. Según esas voces, la razón de la ofensiva se encontraría en la necesidad de evitar que los países limítrofes de Rusia se incorporen a la opulencia de Occidente, pues esto facilitaría que los rusos empobrecidos pudiesen tomar consciencia del contraste entre ambos mundos.

El defecto principal de esta elucubración es que no se sustenta en ninguna prueba y las peticiones explícitas de Putin no van en esa dirección. No parece que sus preocupaciones caminen por la situación económica o alianzas comerciales de los países que circundan a Rusia. Se centran más bien en las alianzas militares, y más concretamente en la posible entrada de Ucrania y algún otro país vecino en la OTAN, lo que conllevaría el riesgo de situar las más sofisticadas armas ofensivas a pocos kilómetros de Moscú.

Hay también quien con gran solemnidad plantea que en esta contienda se cuestiona un principio esencial, la libertad de un país soberano para tomar sus decisiones y hacer lo que le plazca, en este caso entrar o no entrar en la OTAN. Considerado así, en teoría, parece un planteamiento consistente. Nada más lógico que defender la autonomía de un país independiente. Pero nunca las cosas, sobre todo en la geopolítica, están claras, más aún si echamos la vista hacia atrás.

Con mucha frecuencia EE. UU., la OTAN o los demás países de eso que llaman la Comunidad Internacional no han tenido ningún empacho en limitar la libertad de países soberanos cuando los han considerado amenazas para la seguridad internacional, que lógicamente coincide con la suya. En aras de evitar la proliferación nuclear, se limita la capacidad de obrar de determinados Estados, que también son soberanos por muy reprobables que puedan parecer sus respectivos regímenes políticos. En la segunda guerra de Iraq el pretexto que manejaban Bush y los países invasores, aunque después resultase falso, es que Sadam Husein poseía armas de destrucción masiva.

Y por qué no citar el caso que más se asemeja al actual, aunque se remonte al año 1966. Me refiero al affaire de los misiles cubanos, más bien rusos, que la Unión Soviética quería instalar en Cuba, y que la Administración Kennedy no estaba dispuesta a consentir, dada la proximidad a muchas ciudades americanas, incluso al mismo Washington. El discurso, entonces de Kennedy, no era sustancialmente distinto del que ahora asume Putin, con independencia de las opiniones que se tengan de ellos. Ambos justifican la limitación de la soberanía de un tercer país en la autodefensa. También Cuba en aquel momento era un país soberano.

Se puede alegar que en 1966 estábamos en la Guerra Fría. Pero lo cierto es que la Alianza Atlántica es un residuo de esa misma guerra fría. Desapareció el Pacto de Varsovia, pero no la OTAN, y conviene recordar que constituye una alianza militar. Aun cuando en sus estatutos se afirma que tiene una finalidad defensiva y que solo debe actuar a petición de un socio que se vea agredido (art 5), la mayoría de las veces que la OTAN ha actuado no lo ha hecho dentro de esos límites, ni como consecuencia de haber activado el artículo 5, excepto con ocasión de la invasión de Afganistán en la que EE. UU. pidió su aplicación. No obstante, en este mismo caso es difícil aceptar que la ofensiva terrorista contra las torres gemelas pueda considerarse el ataque de un país por otro.

No puede extrañar demasiado que Rusia muestre cierta intranquilidad a que los países limítrofes puedan incorporarse a la OTAN, que no conviene confundir con el ingreso en la UE a lo que en principio no parece que Rusia tenga ninguna objeción. De hecho, Suecia y Finlandia han mantenido durante muchos años una situación especial, pertenecen a la Unión Europea pero no a la OTAN. Se trataba entonces de mantener un espacio de neutralidad frente al Pacto de Varsovia y la OTAN.

El tema no es nuevo. Estuvo presente en la disolución de la antigua URSS. Gorbachov, que pilotó la operación, ha afirmado, y así lo recoge en sus memorias, que hubo un acuerdo con la OTAN, en el que esta organización se comprometía a no extenderse hacia el Este. El acuerdo parece que fue oral y no se plasmó por escrito en ningún documento, por lo que en los momentos presentes puede considerarse papel mojado y no representa ninguna prueba, pero sí puede estar influyendo en la motivación de Rusia. Tal vez por eso Putin exige ahora a Biden la contestación a sus demandas por escrito.

Rusia siempre ha presentado reticencias a la entrada en la OTAN de un país limítrofe y perteneciente con anterioridad al bloque soviético, pero, a pesar de ello, son ya varios los países fronterizos con Rusia que pertenecen a la Alianza Atlántica. Da toda la impresión de que en esta ocasión Putin no está dispuesto a admitir que este proceso continúe y, dadas además las especiales condiciones que unen a Rusia con Ucrania, ha decidido plantar cara.

Pero preguntémonos cuáles son los intereses que se encuentran detrás del ingreso de Ucrania en la OTAN. Quizá la comparación de nuevo con Kennedy y los misiles cubanos nos ayuden a contestar a la pregunta. En aquella ocasión el interés no estaba tanto en la Unión Soviética como en Cuba, que pretendía protegerse ante una posible invasión norteamericana, repetición de la de la Bahía de Cochinos. Ahora la verdaderamente interesada es Ucrania, que pretende cubrirse ante una posible invasión rusa. EE. UU. y la OTAN no han mostrado hasta ahora demasiada predisposición. De hecho, a diferencia de otros países, a Ucrania no se le ha hecho un plan temporalmente estructurado. Para la Alianza Atlántica el tema es más de principio, de defender el artículo 10 de la organización que establece que todo país puede pedir el ingreso. Pero ya sabemos que en geopolítica los principios son menos importantes que los intereses.

Se blande con frecuencia el hecho de que Ucrania es un país soberano, pero soberanía no es igual a omnipotencia. Ucrania no puede decidir sin más entrar en la OTAN, porque ello incumbe a la propia Organización Atlántica. En 1966, Cuba era un país soberano pero la decisión de instalar misiles soviéticos en su territorio dependía en primer lugar de la Unión Soviética. Es por eso por lo que el conflicto fue entre Kennedy y Khruschev; las demandas del primero se dirigían al segundo, y las negociaciones se establecieron entre EE. UU. y la Unión Soviética. En la actualidad, las exigencias de Rusia no se orientan a Ucrania sino a la OTAN, que es lo mismo que decir a EE. UU.

Este conflicto, al igual que el de 1966, estaba ocasionado por los miedos recíprocos. Cuba tenía miedo de la invasión de EE. UU., y por eso quería los misiles en su territorio. Ahora es Ucrania la que tiene miedo de que Rusia pueda invadir su territorio. Entonces, a EE. UU. le asustaban unos misiles soviéticos instalados tan cerca de sus fronteras, y en la actualidad es a Rusia a la que intimida que la OTAN se instale tan cerca. La solución en aquel momento pasó por la destrucción de todos los miedos, el desmantelamiento de los misiles y la promesa de que EE. UU. no invadiría nunca Cuba. Quizás en la actualidad el acuerdo no tiene por qué alejarse mucho del de entonces. Podría concretarse en el compromiso de Putin de que Rusia no invadirá nunca Ucrania y al mismo tiempo que se aleje cualquier proyecto de que este último país entre en la OTAN.

republica 3-2-2022



LOS FONDOS DE RECUPERACIÓN, NI SON GRANDES NI ANDAN

EUROPA, GLOBALIZACIÓN, HACIENDA PÚBLICA Posted on Jue, mayo 12, 2022 19:49:19

Burro grande, ande o no ande, afirma el refrán popular, y parece hecho a medida del comportamiento del sanchismo. Todo lo que hacen, según ellos, es lo más grande, grandioso, colosal, lo más excelso, histórico, único. Como no podía ser menos, todos estos calificativos u otros parecidos se los han aplicado a los fondos de recuperación europeos. Me temo que ese burro no va andar, pero es que tampoco es el más grande.

Sánchez y la ministra de Economía no han escatimado adjetivos, incluso han llegado a compararlo con el Plan Marshall y, contra toda verdad, se afirma que es la movilización de fondos más elevada que ha realizado la Unión Europea. Lo que, desde luego, no es cierto. Se puede disculpar la ignorancia del presidente del Gobierno, este capítulo no debe de estar en su tesis doctoral, pero lo que es menos explicable es que lo repita Nadia Calviño, dado que ha sido directora general de Presupuestos de la Unión Europea. Es posible que los dos estén haciendo trampas y para realizar las comparaciones consideren los recursos en valores absolutos, sin tener en cuenta la inflación ni las distintas monedas en que están expresados.

Los fondos de cohesión y de desarrollo han representado una movilización de dinero de bastante mayor cuantía que la que ahora se activa. Para realizar estas comparaciones, las transferencias de recursos hay que entenderlas a fondo perdido, excluyendo los préstamos o cantidades reembolsables. Además, habrá que considerarlas en términos netos, es decir, minorando la cuantía de las recibidas con la cuota que el país en cuestión como miembro de la UE debe aportar a la financiación total.

Aplicando lo anterior al Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia, y redondeando, la totalidad de los recursos que la UE proyecta trasladar a los Estados se eleva a una cifra cercana a los 700.000 millones de euros, de los cuales aproximadamente la mitad se entregará en calidad de préstamos y el resto, como transferencias no reembolsables. A España, como uno de los máximos beneficiados, le corresponderán unos 140.000 millones de euros en total; cerca de 70.000 millones de euros, si nos fijamos únicamente en las entregas a fondo perdido.

Para conocer la cuantía real de la ayuda, esta última cantidad se tiene que minorar por el importe con el que España, como un miembro más de la UE, debe contribuir a la financiación de la cantidad total. Este porcentaje es alrededor del 10%, porque es esta misma proporción la que existe aproximadamente entre el PIB español y el de toda la Unión, y que se traduce en una suma de 35.000 millones de euros. Si la transferencia teórica a España va a ser de 70.000 millones de euros, la ayuda neta, esto es, aquella que podemos afirmar que de verdad es a fondo perdido, no estará muy por encima de la mitad (35.000 millones de euros), que se recibirá a lo largo de estos seis años (2021-2026) y que representa un 3% del PIB, es decir, una media del 0,5% anual.

En los muchos años que España gozó de los fondos de cohesión, por lo menos hasta la ampliación al Este, su saldo neto positivo anual frente a la UE se ha movido en un rango del 0,5% al 1% del PIB. A su vez, el saldo neto de Portugal, Grecia e Irlanda ha pasado la mayoría de los años del 2% del PIB respectivo. Es absurdo por tanto pretender situar las ayudas que ahora se movilizan a la cabeza de cualquier otra transferencia realizada por la UE.

Sánchez, creyéndoselo o no, ha colocado los fondos de recuperación en el centro de su mensaje y ha hecho de ellos su máxima baza electoral. Por eso ha magnificado su cuantía, pero, sobre todo, se ha apoderado de ellos. Primero, intentando convencernos de que la concesión ha sido mérito suyo. Recordemos el paseíllo apoteósico que hizo entre todos los ministros aplaudiendo a su entrada al Consejo. Nadie que conozca mínimamente cómo funciona la UE puede creerse que un acuerdo como el de los fondos de recuperación puede ser obra del presidente del Gobierno de España, y menos si ese presidente es Pedro Sánchez.

Segundo, porque sin ningún pudor los considera suyos y por lo tanto con derecho a repartirlos como crea conveniente. No ha permitido que se aplicase ningún control político e incluso, y eso es casi más grave, ha liberado su ejecución de casi todos los requisitos a los que normalmente están supeditados los fondos públicos y ha convertido la fiscalización previa (en las intervenciones delegadas) de estas partidas en una mera nota de toma de razón contable. En ese reparto se va a imponer la más total discrecionalidad en la selección de los agraciados, tanto si son Comunidades Autónomas, empresas o particulares.

Como siempre, Sánchez tiene la virtud de reprochar a la oposición precisamente todo lo que él realiza. Resulta paradójico que en su comparecencia con Olof Scholz haya pedido que nadie convierta los fondos en un instrumento político, cuando ha sido precisamente él, desde el mismo momento de su aprobación, quien los ha considerado el mejor medio para hacer clientelismo y asegurarse así la permanencia en el poder.

Este burro, el de los fondos de recuperación, no solo no es el más grande, es que tampoco parece que pueda andar, al menos en persecución del objetivo que se confiesa y que está explícito en el título: la recuperación. Es posible, sin embargo, que sí funcione para conseguir el otro propósito de Sánchez, el clientelismo. Cuando aún no se había recibido ni un solo euro de los fondos europeos, se consignaron en los ingresos del presupuesto de 2021, 27.000 millones de euros, con la intención de que se pudiese anticipar la ejecución de los programas desde el mismo día uno de enero. Pues bien, la realización no parece que haya influido muy positivamente en la recuperación cuando, las estadísticas y previsiones de todos los organismos nacionales e internacionales, excepto las del Gobierno, llegan a la conclusión de que España se encuentra a la cola de todos los países de la UE en el ritmo de alcanzar los valores económicos  anteriores a la pandemia.

Esto no debería extrañarnos demasiado teniendo en cuenta los ejes transversales que se han fijado para vertebrar los planes de los fondos: la transición ecológica, la transformación digital, la igualdad de género, etc., finalidades que pueden ser muy respetables, pero en las actuales circunstancias no parece que constituyan el camino más rápido ni más eficiente para recomponer lo que la crisis ha destruido.

Existe, no solo en el Gobierno, una versión triunfalista que encomia con gran admiración el Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia y lo ve como una ocasión única que nos presta la UE. No obstante, por mucho que se diga lo contrario, los fondos van a venir condicionados no solo por las obligaciones que pueda imponer Europa, sino también por los proyectos en los que hay que gastarlos, que pueden ser muy convenientes para los fines que la UE se ha marcado, pero quizás no sean tan prioritarios para España.

Estos fondos, al igual que los de cohesión y el FEDER en el pasado, de ninguna manera van a compensar los desequilibrios que generan el mercado y la Unión Monetaria ni pueden compararse con la función redistributiva entre personas y territorios que ejercería una verdadera unión fiscal. Parece que son tan solo ese mínimo que están dispuestos a aceptar los llamados países austeros (de austeros nada, simplemente agraciados por la Moneda Única) para evitar que la desigualdad sea tan grande que termine por poner en peligro la Unión Monetaria.

Las desigualdades que está creando la moneda única -y que no hay fondos que puedan compensarlas- se pueden comprobar de manera fehaciente al considerar cómo ha evolucionado la economía de los países. Tal vez una de las variables más significativas sea el montante de deuda pública (también la privada) que acumulan los distintos Estados. En el año 2000, al comienzo del euro, la deuda pública española (59,60% del PIB) y la alemana (60,40% del PIB) se encontraban casi al mismo nivel; actualmente la primera (122,8% del PIB) es el doble que la segunda (69,7%).

A ello hay que añadir que durante estos años nos hemos desprendido de la casi totalidad de nuestros activos, empresas públicas rentables, lo que la prensa llamaba “las joyas de la corona”. Claramente nos hemos empobrecido. La fortaleza económica se mide por el patrimonio neto. Activo menos pasivo. A partir de la creación del euro nos hemos quedado sin activos y hemos engordado fuertemente nuestro pasivo. Curiosamente, algunos de los que están siempre dispuestos a alabar lo exterior y criticar lo interior han contrapuesto el hecho de que Alemania para financiar las pensiones haya acudido a emitir deuda, mientras que España ha subido las cotizaciones, sin considerar que nuestra deuda es el doble que la alemana y nuestra presión fiscal más reducida. Otra cosa es que el Gobierno español no haya escogido precisamente el impuesto más adecuado.

A lo largo de la historia las deudas han significado dolor, sufrimiento y el camino más corto para el empobrecimiento, la prisión e incluso la esclavitud. El endeudamiento también debilita a los Estados cuando lo contraen nominado en una divisa que no es la suya y que no controlan. Puede hacerles perder su soberanía y supeditarlos a poderes extranjeros. Sirva de ejemplo lo que ha ocurrido en muchos países de Latinoamérica con el Fondo Monetario Internacional. La enorme deuda que en estos momentos tiene contraída España y nominada en una divisa que, aunque suya, no controla hace a nuestro país totalmente dependiente de las decisiones del Banco Central Europeo, y de las presiones que este organismo pueda  sufrir en el futuro.

republica.com 27-1-2022



EL EURO, VEINTE AÑOS DESPUÉS

EUROPA Posted on Jue, mayo 12, 2022 19:27:16

A principios de año, casi todos los medios de comunicación han recordado que hace justamente dos décadas se creó el euro. Al mismo tiempo, los presidentes del Consejo y del Europarlamento y la presidenta de la Comisión han lanzado su discursito referente a este acontecimiento encomiando todas sus enormes virtudes y los muchos bienes que nos había traído. Para ser exactos, el euro se creó tres años antes, el 31 de diciembre de 1998, cuando se fijaron los tipos a los que quedaron ligadas de manera irrevocable las monedas de los distintos países y los de cada uno de ellos con la nueva moneda que se creaba. Había surgido en Europa la Unión Monetaria.

El día siguiente, 1 de enero de 1999, hizo su aparición el euro, solo que como moneda, digamos virtual, puesto que servía únicamente para las transacciones por escrito y a la que había que conformar todas las contabilidades. No obstante, como moneda física no surgió hasta el 1 de enero de 2002, simultaneándose con las monedas nacionales dos meses, hasta el 28 de febrero, fecha en la que estas dejaron de ser de curso legal.

Aun cuando en la mente de los ciudadanos lo que se mantiene con mayor fijeza es la aparición física del euro, unida a una serie de anécdotas que afectaron a cada uno en mayor o menor medida, los hechos realmente importantes fueron los de tres años antes, cuando, tal como se ha señalado, las monedas quedaron ligadas por cotizaciones irrevocables. Según dijo el entonces gobernador del Banco de España, Ángel Rojo, fijadas para toda la eternidad. Palabras que algunos, que siempre hemos pensado que todo tiene fin, recibimos con cierto escepticismo. Pasados veinte años de voluntarismo político y de propaganda, habrá muchos que piensen que Ángel Rojo tenía razón en eso de “para toda la eternidad”, y que la situación es irreversible.

Sin embargo, hay quienes seguimos pensando que cuando las realidades surgen contra toda lógica y llenas de contradicciones, el tiempo no las cura y, antes o después, tienen que desaparecer. Solo que, si tardan mucho tiempo en hacerlo, no se extinguen de forma suave, sino abrupta e incluso catastróficamente. La Unión Monetaria se constituye por puro voluntarismo político, pero en contra de la lógica económica. Los hechos así lo indicaban:

En primer lugar, la evolución histórica de las cotizaciones de las monedas que en el año 1999 se pretendían unir y las notables variaciones acaecidas a lo largo del tiempo. Cojamos por ejemplo como año base 1966, es decir, 33 años antes de que se produjese la unificación, y comparemos con su valor en esta fecha. Con respecto a la peseta, el marco alemán se había apreciado el 566%; el chelín austriaco, 520%; el franco francés, 207%; el franco belga, 342%; el florín neerlandés, 454%, etc. A su vez, la peseta se habría revalorizado frente al dracma griego un 395%; frente al escudo portugués, un 251%; frente a la lira italiana, un 12%, etc. Como es lógico, estos cambios pueden cruzarse de manera que nos den a conocer cómo se ha modificado la cotización entre dos monedas cualesquiera, por ejemplo, el marco alemán se había apreciado frente al dracma griego un 2.264%, y frente al escudo portugués un 1.451%, y con respecto a la lira italiana, un 636%.

Contemplando estas gigantescas variaciones en el valor de las monedas, costaba creerse que pudiesen mantenerse las cotizaciones fijas durante mucho tiempo después de la integración, al menos sin crear desajustes y desequilibrios de manera generalizada, y graves daños en la economía de algunos países.

En segundo lugar, el desenlace del Sistema Monetario Europeo, establecido como un criterio más de convergencia, pero al mismo tiempo como ensayo general de la Unión Monetaria a constituir y una prueba para que cada país pudiese experimentar lo que significaba mantener fijo el tipo de cambio. El ensayo terminó de la forma más desastrosa imaginable. Las turbulencias acaecidas en los mercados financieros al principio de la década de los noventa evidenciaron de forma muy clara las debilidades del sistema.

Muy pronto Gran Bretaña e Italia tuvieron que abandonar la disciplina de las bandas y dejar flotar sus monedas. España se vio obligada a devaluar cuatro veces, y al final se produjo una fuerte presión frente al franco, que ni siquiera la actuación conjunta de todos los bancos centrales pudo detener. La Unión Europea no tuvo más remedio que ampliar las bandas de fluctuación del +-2,5% al +-15% que era en la práctica dejar las monedas en libre flotación. El SME había muerto. Lo lógico es que este fracaso hubiese hecho dudar a los mandatarios europeos de la viabilidad del proyecto, pero no fue así.

En tercer lugar, la UE no constituía -y aún menos la constituye ahora- una zona monetaria óptima. Haciendo excepción de la integración comercial, no cumple ninguna de las condiciones que establece la teoría al respecto. Si bien el Tratado de Maastricht implanta la libre circulación de personas; ni siquiera legalmente se ha cumplido esta prescripción, ya que se han puesto múltiples impedimentos legales a la emigración entre las naciones. Además, en lo relativo a la movilidad laboral, lo legal es solo una condición necesaria pero no suficiente. Existen otros muchos obstáculos como el idioma, la cultura, el nacionalismo, incluso los recelos históricos, etc. Pero la principal condición y que está totalmente ausente en la Unión Europea es la de la integración fiscal y presupuestaria, que se precisa para compensar los desequilibrios que una unión monetaria produce.

A pesar de que estos tres hechos mostraban claramente cómo el proyecto contradecía la lógica económica, este siguió adelante –como es sabido-, ya que su realización obedecía a la voluntad política, y fueron razones de este tipo las que determinaron la decisión, y es este mismo voluntarismo político el que permite y origina que el euro cuente ya con más de veinte años de existencia.

Muchas son las voces que presentan estos veinte años como la mejor prueba de que la Unión Monetaria es posible. La crisis del 2008, que puso sobre el tablero las notables incoherencias y desequilibrios que se producían en la Eurozona, creó múltiples dudas sobre la viabilidad de la Unión y en algún momento pareció que iba a descarrilar. Pero, una vez superado el conflicto, muchos dan como un hecho incuestionable no solo su permanencia futura sino la conveniencia de su existencia. Se olvidan del coste que ha representado para algunos países superar la crisis y de que los contrasentidos e inestabilidades permanecen.

El mundo sindical y parte de la izquierda habían reconocido las lacras, carencias y fallos del sistema que veía la luz. Su asentimiento a la construcción (el sí crítico) se basó en la creencia más bien bobalicona de que con el tiempo se irían corrigiendo y se avanzaría en un proceso de integración que en aquel momento se reducía exclusivamente a la moneda. Entonces se establecía la Unión Monetaria y todo lo demás se nos daría por añadidura poco a poco. Hoy, dos décadas después, se puede comprobar hasta qué punto estaban equivocados estos biempensantes.

El único paso adelante realmente notable que ha dado la Eurozona es la política de compra de títulos instrumentada por el BCE, que ha sido la que ha salvado por el momento al euro y constituye de verdad la única mutualización de la deuda. Pero, por ese mismo motivo, puede ser en el futuro y con mayor razón si se consolida la inflación, objeto del ataque de los halcones. Al margen de esto, no ha habido apenas ningún avance que pueda considerarse tal.

Dese luego ha estado ausente cualquier progreso serio en lo referente a la unidad fiscal. El presupuesto ha continuado siendo ridículo. La Unión Europea tampoco cuenta con impuestos propios con capacidad recaudatoria y progresividad suficiente para realizar una política redistributiva entre las personas y entre los territorios y los Estados. Los fondos estructurales, los de cohesión y ahora los de recuperación pasan por ser mecanismos de solidaridad, pero son sucedáneos a todas luces insuficientes para compensar los desequilibrios que el mercado y la unión monetaria crean entre los Estados; por supuesto a gran distancia de la redistribución que se produciría con una unidad fiscal al estilo de la que se da en cualquier Estado, o incluso con la que se ha aplicado en la reunificación alemana. Tampoco se ha establecido una mínima armonización fiscal para que el capital no huya de unos Estados a otros, ni se ha creado un seguro de desempleo europeo.

La unidad bancaria ha quedado casi en su totalidad en el mundo de las ideas, puesto que el coste de las crisis continúa recayendo sobre los respectivos Estados y sus ciudadanos. Ni siquiera se ha establecido un fondo de garantía de depósitos a nivel europeo. Ni la Eurozona ni la Unión Europea cuentan con una política exterior y de defensa común. En España hemos podido constatar el enorme vacío que existe en la cooperación judicial entre los Estados, y que existen santuarios donde pueden refugiarse los perseguidos penalmente por otro país. Se ha comprobado fehacientemente la inutilidad de las órdenes de detención y entrega europeas.

Periódicamente se constata la impotencia de la Unión Europea para lograr una política común de migración, terreno donde cada Estado actúa por su cuenta y en ningún caso está dispuesto a colaborar con los demás. Por último, pero quizás lo más importante, se mantiene como el primer día el déficit democrático. La Unión Europea se ha cocinado al margen de los ciudadanos y las decisiones continúan estando en órganos no plenamente democráticos en los que los lobbies económicos tienen una gran fuerza. Se ha creado una superestructura burocrática muy bien pagada pero incapaz de resolver cualquier problema. Las cuestiones se eternizan y las múltiples comisiones pueden estar días y días discutiendo del sexo de los ángeles.

En España no falta quien nos diga que menos mal que estamos en Europa. Ante cualquier problema o dificultad nos reiteran eso de qué sería de España si estuviera fuera de la Unión Monetaria. Hay un juego tramposo en este discurso, porque suponen que si no perteneciésemos a la Eurozona los medios y las condiciones serían los mismos que ahora. Lo cual no es cierto, comenzando porque tendríamos nuestra propia moneda, un banco emisor del que ahora carecemos o al menos no controlamos, una deuda nominada en nuestra propia divisa, y seguramente con un montante muy inferior al actual porque los bancos extranjeros no hubiesen prestado nunca a los nacionales cantidades tan desorbitadas, si hubiese existido riesgo cambiario. Tampoco hubiese habido, por tanto, burbuja inmobiliaria, ni crisis bancaria, al menos de las mismas magnitudes. No es necesario seguir enumerando  factores. Recuerdo ahora que al final de los gobiernos de la UCD el Reino de España gozaba de la triple A, lo que ahora no posee, aunque se financie gracias al BCE a tipos aún menores.

Este discurso de la Unión Monetaria benefactora nos trae a la memoria aquellas coplillas citadas por Juan de Iriarte, de antigua tradición:

                        El señor don Juan de Robles

                        Con caridad sin igual

                        Hizo este santo hospital

                        y primero hizo a los pobres.

Con la Unión Monetaria se nos aboca primero a una ratonera y se nos priva de los instrumentos necesarios para poder realizar una política económica correcta, y más tarde se la presenta como la salvadora de los conflictos que ella misma ha creado.

republica.com 13-1-2022



ADIÓS, MERKEL, ADIÓS

EUROPA Posted on Mié, mayo 11, 2022 19:08:49

Dicen que los españoles enterramos muy bien a los muertos, pero pienso que no es una característica exclusiva de España. La razón quizás se encuentre en que una vez que una persona ha fallecido no constituye ya ningún peligro o amenaza, ni siquiera plantea competencia alguna. Es por eso por lo que no hay inconveniente en cantar sus supuestos méritos, e incluso en inventarlos, al tiempo que se silencian todos sus defectos o faltas.
Es posible que un fenómeno similar se produzca cuando se trata de la muerte política, es decir, con respecto a aquel que deja la competición, que se retira del campo de juego. Estas últimas semanas han abundado las alabanzas y piropos a Merkel, en claro contraste con las opiniones que tiempo atrás se vertían en casi toda Europa sobre la canciller y su política, política fuertemente restrictiva, que venía imponiéndose a todos los países miembros desde el Tratado de Maastricht mediante los criterios de convergencia.
Especialmente fue a partir del 2008, al surgir la recesión mundial y con ella las contradicciones de la Unión Monetaria, cuando se impuso con más fuerza la política de austeridad. En muchos países como ocurrió en España la salida de la crisis solo se consiguió tras fuertes sufrimientos y privaciones. Las directrices provenían de las autoridades comunitarias y tuvieron efectos devastadores desde el punto de vista social. De esa política se responsabilizó a Alemania y a Merkel. Tan es así que desde Grecia -que fue sin duda el país más castigado-, algunos llegaron a identificar la situación actual con la dominación alemana en tiempos del nazismo. Recordemos a ese farmacéutico, Dimitris Christoulas, suicidándose en la plaza Sintagma de Atenas y llamando al presidente del Gobierno griego, Tsolákoglu, en referencia a quien ocupaba ese cargo en el gobierno colaboracionista.
He criticado innumerables veces la política aplicada por la Unión Europea. Pero de lo que no he estado nunca tan seguro es de que Merkel fuese la máxima responsable del sacrificio y deterioro sociales generados en la Eurozona. Es importante que no nos pongamos orejeras. Solo así llegaremos a la verdadera causa de los problemas, que no es otra que la propia Unión Europea y, más concretamente, la moneda única. Hay que traer a colación aquel principio escolástico de “Agere sequitur esse”, el obrar sigue al ser. Aplicándolo a nuestro caso podríamos afirmar que la política es consecuencia de la naturaleza del proyecto. Con la Unión Europea hemos construido un engendro lleno de contradicciones y no podemos esperar más que resultados caóticos.
La integración comercial, junto a la libre circulación de capitales y con moneda única, sin que al mismo tiempo se dé la unidad fiscal, presupuestaria y política tiene que conducir por fuerza al debilitamiento de la democracia y a incrementar las desigualdades personales y entre los Estados. Tradicionalmente, los defensores del libre comercio nunca negaron que este pudiese crear embarazosos desequilibrios entre los Estados, es decir, superávits y déficits en la balanza de pagos, que se traducirían en endeudamiento y en un importante gap entre deudores y acreedores, pero suponían que el equilibrio se restablecería antes o después a través del realineamiento de los tipos de cambio.
El problema surge cuando nos movemos en una unión monetaria, y por lo tanto no cabe la depreciación de la moneda. En realidad, eso es lo que sucede dentro de cada país. Los desequilibrios producidos entonces entre regiones solo se palian, aunque sea parcialmente, mediante la política redistributiva del Estado, a través de los impuestos y de un presupuesto consistente, en otras palabras, mediante la unión fiscal. Nada de esto ocurre en la Eurozona. Los impuestos comunes son muy reducidos y carentes de progresividad y el presupuesto es de una cuantía ridícula e inútil para compensar las desigualdades entre Estados que crea el mercado. Es más, los tratados prohíben toda mutualización de la deuda o transferencia de recursos entre países. Lo poco que se ha hecho en esta materia se ha producido en momentos críticos y ante el peligro de que la Unión Monetaria saltase por los aires, sorteando y haciendo trampa a los propios tratados.
Solo hay que echar un vistazo a las cifras macroeconómicas de los distintos países para comprobar cómo ha influido en cada uno de ellos la creación de la moneda única, y las diferencias que se han originado. Ciertamente no es solo Alemania la beneficiada, pero, dado su tamaño, su caso tiene especial trascendencia. Entre los datos macroeconómicos sobresale por su importancia el déficit o el superávit en la balanza por cuenta corriente, porque cuando son desproporcionados indican en buena medida cómo unos países viven a costa de otros. Durante los siete primeros años de este siglo, Alemania fue acrecentando su superávit, enchufada de forma parásita a los déficits de los países del Sur. La crisis ha obligado a estos a equilibrar sus cuentas exteriores de la única manera que podían hacerlo, mediante una devaluación interna que ha significado dolor y empobrecimiento para sus ciudadanos. Al país germánico nada ni nadie le ha obligado a hacer lo mismo con su superávit. Bien al contrario, este se ha incrementado aún más, alcanzando el 9% del PIB, con lo que continúa creando graves problemas a la Eurozona.
No obstante, no es razonable echar la culpa a Merkel de esta situación. Como canciller de Alemania, su quehacer no podía ser otro que sacar las mayores ventajas para su país, explotando todas las posibilidades que le permitían los tratados y la configuración de la propia Eurozona, basada en una enorme asimetría. Otros son los responsables, principalmente los mandatarios de los países perdedores, que no fueron conscientes de a dónde les conducía la Unión Monetaria tal como se estaba gestando, y aquellos que siguen sin darse cuenta todavía.
El origen del euro es un tanto pintoresco. Increíblemente, surge como contrapartida a la reunificación alemana. La consideración de que la nueva Alemania era demasiado grande, desequilibraba la Unión Europea y constituía una amenaza para los intereses del resto de los países, sobre todo para Francia, llevó a Mitterrand a exigir a Helmut Kohl (¡oh, paradoja!) la desaparición del marco y el nacimiento de la moneda europea, en la creencia de que así Alemania tendría las manos atadas. El canciller alemán accedió de mala gana, pero introduciendo tal cúmulo de condiciones que finalmente se dio a luz un despropósito. La perspicacia del presidente francés y de Jacques Delors, que presidía la Comisión, y de algún acólito como Felipe González, pasará como paradigma a los libros de texto, porque si lo que pretendían era controlar a Alemania, el resultado ha sido justo el contrario, es el país germánico el que está controlando al resto de los países miembros. Los tratados le dan tales armas que su voluntad es ley en toda la Eurozona.
Responsables han sido en tanta o mayor medida los gobiernos, sean de derechas o de izquierdas, de los distintos países del Sur, que siguieron el juego sin ser conscientes de a dónde les conducía. En España, Aznar y Zapatero permitieron que se formase la burbuja inmobiliaria y los ingentes déficits de la balanza de pagos por cuenta corriente con el correspondiente endeudamiento exterior, que creó el campo abonado para que se produjese la recesión económica tan pronto como una causa externa hizo de detonante. Y en cierto modo fueron también responsables del deterioro social que se produjo por la aplicación de la devaluación interior, única forma de salir de la crisis.
La izquierda de los países del Sur de Europa, especialmente de España, para lavar su mala conciencia de haber dado su aquiescencia a la Unión Monetaria, echa las culpas a las derechas de las políticas de austeridad seguidas, pero lo cierto es que populares y socialistas se pueden repartir las culpas, porque ambos están implicados en su construcción y, por lo tanto, son responsables de sus consecuencias. Es más, el modelo fabricado condiciona la política actual y paraliza el desarrollo económico de los Estados deudores. Merkel lo único que ha hecho es aprovechar el defecto radical que tiene el proyecto europeo y que se manifiesta en sus tratados para maximizar el beneficio de Alemania en detrimento de otros Estados.
Sin embargo, la canciller alemana, a diferencia de otros mandatarios como el primer ministro holandés, ha sido lo suficientemente pragmática para tirar sí de la cuerda, pero también aflojar cuando era necesario para que la cuerda no se rompiese y matara de ese modo la gallina de los huevos de oro. La primera cesión fue en 2012, cuando la prima de riesgo de España e Italia había llegado a un nivel insostenible y existía el peligro de que se rompiese la Unión Monetaria. Merkel, en contra de los halcones de su misma nación, mantuvo una cierta postura permisiva ante la actuación de Draghi, totalmente necesaria para que el euro no saltase por los aires, pero contraria a los tratados o, al menos, bordeándolos de manera un tanto heterodoxa.
Más tarde, fue el órdago de Monti, al frente entonces del Gobierno italiano, acerca de que el MEDE (UE) asumiese las pérdidas de las entidades financieras quebradas. A esta postura se unieron en enseguida el Gobierno francés y el español. Ante ello la canciller alemana, con cintura, no se opuso a la propuesta, pero supo condicionarla de tal forma que al final la tan cacareada unión monetaria se ha quedado reducida a transferir a las autoridades europeas las competencias sobre la supervisión y las potestades de liquidación y resolución, pero nada de mutualizar las pérdidas.
Otro hito importante fue la llegada de Macron a la cabeza del Gobierno francés. Consciente de que tenía que tomar medidas impopulares, pretendió compensarlas consiguiendo reformas importantes en la Eurozona. Reclamó la creación de un presupuesto para la Eurozona, distinto y separado del de la Unión Europea. La propuesta era sustancial puesto que incidía sobre el defecto más grave de la Unión Monetaria y del que surgen todos sus problemas y contradicciones, el hecho de que al mismo tiempo no se haya creado una unión fiscal.
Merkel pareció aceptar la propuesta y aparentemente Alemania y Francia hacían un frente común, pero en realidad la teórica adhesión de Merkel solo ha servido para desnaturalizar y hacer que pierda todo significado. Las cantidades que se manejan son absurdas por insignificantes, no se nutre de impuestos propios sino de créditos, y de las cotizaciones de los estados y las aportaciones a los países se instrumentan a modo de préstamos y no a fondo perdido. Una vez más, la canciller alemana, con mano izquierda, logró que todo quedase en nada.
Por último, habrá que resaltar la respuesta de Merkel a la hora de encarar la crisis económica derivada de la pandemia, marcando distancias con los halcones y asumiendo un papel reconciliador entre los dos bandos. Era consciente de que la postura de Mark Rutte primer ministro holandés y que capitaneaba a los llamados frugales era suicida. Resultaba inasumible someter a las poblaciones de los países del Sur a los mismos recortes de la crisis pasada. Por otra parte, resultaba temerario enfrentarse a los tres países más grandes de la Eurozona, si exceptuamos a Alemania. Había que cambiar algo para que nada cambiase. Ese ha sido el origen de los fondos de recuperación, que todo el mundo está interesado en magnificar, pero que en realidad tan solo suponen ese mínimo necesario para que el proyecto continúe, y sin comparación alguna con la transferencia de fondos que se produciría en una verdadera integración fiscal. Sirva de ejemplo la unificación alemana. Así lo entendió Merkel, una vez más.
La canciller alemana, como es lógico, ha potenciado siempre la política que le interesaba a Alemania y a los otros países acreedores. Resultaría ilusorio haber pretendido de ella otra cosa. Corregir ahora la asimetría de partida con la que se redactaron los tratados resulta imposible. Los países que se han visto beneficiados por ellos -Alemania y demás países del Norte- quizás hubieran estado dispuestos a ceder en el origen como contrapartida a las ventajas que obtenían de la Unión. Pero de ningún modo van a hacer ahora concesiones sustanciales a cambio de nada. En todo caso, tal como ha hecho Merkel, se plantearán permitir lo necesario para no acabar con la vaca lechera. Veremos lo que nos depara el futuro con el nuevo gobierno alemán.

republica.com 16-12-2021



LA CONDONACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA EN PODER DEL BCE

EUROPA Posted on Jue, febrero 25, 2021 22:52:21

El cinco de febrero pasado, el diario El País (curiosamente, en España, solo el diario El País) publicaba un manifiesto firmado por cien economistas y titulado “Anular la deuda pública mantenida por el BCE para que nuestro destino vuelva a estar en nuestras manos”. Las firmas presentan una distribución muy desigual no solo por la representación de los distintos países, sino porque dentro de cada uno de ellos el sesgo es evidente. Por ejemplo, en España predominan aquellos que se mueven en los aledaños del PSOE o pertenecen a la plataforma “economistas frente a la crisis” -que para el caso viene a ser parecido-, prevaleciendo además los que se han especializado en los temas de energía y medio ambiente.

Tengo que reconocer que el manifiesto me ha producido una cierta ambivalencia. En un primer momento, satisfacción al constatar que personas como Cristina Narbona, Manuel Escudero o Jordi Sevilla, conspicuos miembros del PSOE que como tales han defendido siempre la Unión Monetaria, aceptan ahora que la pertenencia a ella nos ha hecho perder nuestro destino, es decir, nuestra soberanía, soberanía que se encuentra en manos del BCE. Algo que, sin embargo, ha sido patente a lo largo de todo este tiempo. Solo es preciso acordarse de Grecia. “Dejadme emitir y controlar el dinero de una nación y no me preocupará quién escriba las leyes”. Frase que se atribuye a Mayer Amschel Rothschild.

Pero en seguida me han asaltado otros sentimientos, decepción, desilusión y cierto escepticismo al tomar conciencia de que todo ese recobrar nuestro destino se concretaba exclusivamente en lograr que el BCE cancelase la deuda pública de los países miembros en su poder. Es más, tengo la impresión de que plantearlo en este momento puede resultar contraproducente. No aduciré que sería ilegal y que iría contra los tratados. En Europa, los tratados -o al menos su interpretación- se utilizan siempre con una gran elasticidad y priman sobre ellos los intereses. Se transita por sus lindes cuando se considera necesario y está en peligro el invento.

El BCE hace ya tiempo, al menos desde el 2012 que circula por esos confines, e incluso ahora, está situado más bien en el exterior. Pero ese fue el mérito de Mario Draghi, el intuir que, en aquellas circunstancias, a pesar de las críticas que se alzaron, nadie que quisiera que la Unión Monetaria perdurase podía oponerse en serio a que se diese el salto y se actuase en el mercado conteniendo las actuaciones desestabilizadoras. Italia y España no eran Grecia y dejar caer a esas dos economías era equivalente a que se derrumbase toda la Eurozona.

En realidad, el BCE no ha hecho nada extraordinario que no hayan hecho otros bancos centrales como el de Gran Bretaña, el de Japón o la Reserva Federal; o lo que hubiese realizado el Banco de Italia o el de España en el caso de haber tenido moneda propia. Pero es que el BCE, según los tratados, no es un banco central normal. Nació, como el resto de las instituciones europeas, perniquebrado y sometido a limitaciones que lo hacían totalmente ineficaz. La diferencia con las demás instituciones es que, quizás por necesidad, el BCE supo reaccionar, y paradójicamente la que parecía más antidemocrática ha resultado la más efectiva a la hora de solucionar los problemas que ha tenido y tiene la Eurozona. Quizás, y es triste decirlo, esa supuesta independencia de los poderes políticos que tanto criticamos lo ha mantenido en cierta forma al margen de la división entre países y partidos.

Primero Draghi y ahora Lagarde han sabido reaccionar frente a las crisis. Bien es verdad que frente a la del 2008, un poco tarde. Lo cierto es que, si la gran mayoría de países miembros se están financiando en los mercados a tipos sostenibles, incluso bajos, es porque están respaldados por el BCE, lo que en principio no tendría que tener nada de meritorio porque para eso están los bancos centrales; pero en el país de los ciegos el tuerto es el rey y en Europa estamos casi todos ciegos.

El BCE, nada más comenzar la crisis del Covid, cuando los distintos gobiernos y la propia Comisión estaban discutiendo si eran galgos o podencos (aun parece que lo siguen discutiendo), puso sobre la mesa 750.000 millones de euros, cantidad que meses después aumentó en otros 600.000 millones, orientados a comprar títulos públicos y privados. Recientemente ha añadido otros 500.000, con lo que su potencial de fuego se eleva en estos momentos a 1.850.000 millones de euros. Es más, ha anunciado que continuará con esta política al menos hasta marzo de 2022 y que, si fuera necesario, incrementaría la cantidad hasta 2.5 billones de euros.

Esta actuación del BCE no ha sido pacífica. Desde dentro de la propia institución, pero sobre todo desde fuera, desde el ámbito de los países que llaman “frugales”, han arreciado las críticas, en las que ha tenido sin duda un papel predominante el Bundesbank; sin olvidar la sentencia del Tribunal Constitucional alemán que pende como una espada de Damocles sobre la política expansiva de Frankfurt, porque, aunque en principio carece de competencias sobre las instituciones comunitarias, es imposible no tener presente el peso que su opinión tiene en Alemania y la influencia de este país sobre toda la UE. Por eso puede constituir una osadía y cierta imprudencia proponer ahora la cancelación de la deuda pública. No descarto que en el futuro pudiera ser necesario llevar a cabo una operación de este calibre, pero desde luego no es este el momento, entre otras razones porque su utilidad sería muy dudosa y además puede despertar al monstruo dormido. Los países miembros, incluso los del Sur, apenas obtendrían ventajas de ello. En los momentos actuales apenas hay diferencia entre que la deuda se encuentre en manos del BCE o que esté condonada. Nadie en su sano juicio puede creer que esa deuda pueda amortizarse en el futuro, al menos en una medida importante, en base a una política de austeridad presupuestaria.

El manifiesto habla de que, en contrapartida a la cancelación de la deuda, los países miembros deberían invertir esas cantidades (las estiman en 2.500.000 millones de euros) en la reconstrucción ecológica y social. La pregunta es de dónde iba a surgir esa cantidad de dinero. No cabe más que una respuesta. De una nueva emisión de deuda de los países miembros que, sin duda alguna, para que fuese sostenible, al menos para un gran número de estos, y se mantuviese el tipo de interés, debería ser adquirida de nuevo por el BCE, cosa que resultaría difícil, por no decir imposible, de justificar y más aún de conseguir.

En realidad, esa gran inversión que piden los firmantes del manifiesto hace tiempo que el BCE la viene realizando. Su balance, que alcanzaba dos billones de euros con anterioridad a la crisis de 2008, se ha incrementado hasta sobrepasar los siete en los momentos actuales. Es decir, que ha emitido dinero y regado las economías de la Eurozona con una cantidad aproximada de cinco billones de euros, y una gran parte de ellos se ha orientado a los sectores públicos; otra cosa es el destino que los gobiernos hayan dado a estos fondos.

No obstante, se podría argumentar que la cancelación de la deuda, sí produciría una diferencia en las haciendas nacionales: librarse de parte de las cargas financieras; pero, como arguyen los portavoces del BCE, también se reducirían en la misma cuantía los ingresos de esta institución y, como consecuencia, los dividendos que el BCE abona a los países miembros. Vienen a decir que lo comido por lo servido. Pero el tema no es tan simple, debido a la diversidad que existe entre los Estados, en su endeudamiento y en sus cargas financieras. Por ejemplo, hace tiempo que Alemania presenta intereses negativos, es decir, que no paga, sino que cobra por la deuda que emite. Así que la cancelación de parte de ella, lejos de significarle menos gastos, le representaría menores ingresos.

La prima de riesgo no debería existir en una unión monetaria, pero existe en la europea, dada su deficiente constitución y las anormales características con las que se creó. Ello lleva al hecho de que la cancelación de la deuda por parte del BCE tendría consecuencias diversas en los distintos países. Es esa misma razón la que aleja cualquier posibilidad de acuerdo en esta materia. Por otra parte, la ganancia para los países del Sur no sería tan grande mientras las primas de riesgo se mantengan en los niveles actuales. El verdadero interés para estos países es que el BCE continúe con esta política y sería una temeridad ponerla en peligro por un cambio cuasi cosmético o de nomenclatura.

Las condiciones en Europa son muy distintas de las que se daban en 1953 cuando en la Conferencia de Londres se le perdonaron a Alemania dos tercios de su deuda, o de las que pueden aconsejar su derogación en los países en desarrollo. En Eurozona, sin moneda propia, los países miembros estarán siempre a expensas del BCE y precisarán de su intervención en los mercados para evitar la especulación. Condonarles ahora su deuda no serviría de nada. Es previsible que dentro de poco, en el mejor de los casos, estuviésemos en la misma situación.

El problema de la deuda, como casi todos en Europa, radica en las diferencias sustanciales que se generan entre los Estados, al estar en presencia de un mercado único, con libre circulación de capitales y una moneda común y sin los mecanismos redistributivos que cualquier unidad política establece entre sus regiones. En los momentos actuales, el endeudamiento público de Alemania, Holanda, Austria y Finlandia, después de los gastos extraordinarios efectuados con la pandemia, mantiene aún un nivel relativamente moderados (75, 62, 78 y 69% del PIB, respectivamente). El panorama cambia radicalmente cuando nos referimos a los Estados del Sur: Grecia, 196%; Italia, 159%; Portugal, 132%; España, 117%; Francia, 116%.

Los países del Norte, e incluso muchas voces desde los del Sur, de forma simplona e interesada sitúan la causa de esta discrepancia en el diverso comportamiento en el manejo de las finanzas públicas de los gobiernos y de la política presupuestaria. Discrepancias existen y han existido siempre, pero esa no es la razón de que se formen dos bloques de forma tan definida. Esta hay que buscarla en el euro. En 1999, justo antes de su creación, la deuda de todos los países citados se movía entre el 40 y el 60%. Solo Grecia con el 99% e Italia con el 113%, rompían la tónica, pero como se ve, en porcentajes muy inferiores a los actuales. El endeudamiento de Alemania se situaba, por ejemplo, en 60,1% y el de España en el 60,8%.

La Unión Monetaria privó a los países del único instrumento (la moneda y, por lo tanto, la devaluación) que poseían frente a un mercado único y una libertad de capitales que genera lógicamente desequilibrios entre los distintos territorios. Antes de constituir la Unión Monetaria las balanzas por cuenta corriente de todos los países miembros estaban más o menos en equilibrio, con déficits y superávits relativamente moderados. La cosa cambia en pocos años tras entrar en funcionamiento el euro. En 2007, mientras Alemania y Holanda obtienen superávits desorbitados (alrededor del 7% del PIB), Grecia, España y Portugal sufren déficits imposibles de sostener (15%, 9% y 9%, respectivamente).

Han transcurrido más de diez años. Antes de la pandemia los países del Sur habían logrado equilibrar sus balanzas por cuenta corriente. Eso sí, a base de enormes sacrificios y tras una devaluación interna que ha hundido los salarios e incrementado fuertemente la desigualdad social. Alemania y Holanda, sin embargo, han incrementado su superávit (8% y 10%) con lo que los desequilibrios subsisten. La permanencia de un mismo tipo de cambio, diferencias en las estructuras productivas y un mercado único, sin integración presupuestaria y fiscal, son una amenaza constante para los países del Sur y para la misma pervivencia de la Unión Monetaria. Es sobre todo esto sobre lo que habría que abrir el debate. La condonación de deuda pública por el BCE no solucionaría nada y complicaría gravemente la política seguida por esta institución que es imprescindible para los Estados del Sur.

El manifiesto parece que lo encabeza Piketty. En varias ocasiones he citado al economista francés. Admiro sus obras por la cantidad de información que acumula y los análisis estructurales que realiza. Cabría decirse que es un extraordinario profesor de estructura económica (creo que ahora se llama economía aplicada), pero de lo que no estoy tan seguro es de que domine de la misma manera la teoría económica y, desde luego, lo que no comparto es su visión relativamente optimista acerca de que la Unión Europea pueda caminar hacia un verdadero estado federal. Me temo que ello le conduce a proponer soluciones demasiado simples como la actual, que lejos de solucionar los problemas los embrollan.

De todas formas, Piketty como profesor e intelectual puede sin mayores complicaciones presentar a debate las cuestiones que crea convenientes. Otra cosa distinta es cuando el manifiesto lo firman personas que se consideran muy próximos a un gobierno, de manera que se pueda interpretar que detrás de ellos se encuentra la postura de ese país miembro. Ni que decir tiene que es muy posible que se despierten todo tipo de susceptibilidades y que se provoque la reacción contraria de otros Estados, complicando gravemente el escenario. Ese es el problema cuando se quiere estar al mismo tiempo en el gobierno y en la oposición.

republica.com 19-2-2021



VOX, SENTIDO DE ESTADO Y LOS FONDOS EUROPEOS

EUROPA, HACIENDA PÚBLICA Posted on Mié, febrero 17, 2021 21:51:49

Hay que reconocer que los medios de comunicación se encuentran a veces un poco desorientados. Así ha ocurrido con el asunto de las vacunas. Entraron al trapo y se pasaron no sé cuántos días estableciendo un ranking acerca de cuáles eran las Autonomías que habían vacunado un porcentaje mayor con respecto a las dosis recibidas; datos, supongo, hábilmente filtrados por el Ministerio de Sanidad para alejar la atención del verdadero problema, el suministro. Cualquier observador avisado podía darse cuenta de que al ritmo al que estaban llegando las vacunas se tardaría cuatro años en inmunizar a toda la población.

En ese momento, por lo tanto, la mayor o menor celeridad en la administración tenía muy poca importancia. Es más, en seguida se demostró que las Comunidades que habían actuado correctamente eran las que con prudencia habían guardado una parte importante de las dosis para la vacunación de la segunda fase. Por el contrario, las que se habían apresurado se encontraban en la desagradable tesitura de encontrarse sin material suficiente para administrar la segunda dosis, con el desastre que esto representaba de dejar sin eficacia toda la vacunación realizada hasta esa fecha. El Gobierno, con un gran cinismo, vino a sacarles del atolladero redistribuyendo los envíos a favor de las cigarras y en contra de las hormigas, utilizando el falaz argumento de que debía primar a las Comunidades que habían demostrado mayor presteza en la administración.

Bien es verdad que no cabía esperar que la contratación y la gestión europea fuesen tan desastrosas. Después de la pasividad mostrada por la Comisión en la primera etapa de la pandemia, en la que cada país debió apañarse por su cuenta, parecía una buena idea lo del suministro centralizado. Sin embargo, la burocracia europea está demostrando una vez más lo que da de sí. Es increíble que países como Israel o Reino Unido estén obteniendo mucho mejores resultados que la Unión Europea (UE), con todo el potencial que se le supone.

Pero yo hoy quería tratar principalmente otro affaire que también en buena medida ha desorientado a la prensa. Me refiero a la abstención de Vox en la votación parlamentaria del decreto-ley por el que se aprueban medidas para la gestión del Plan de Recuperación, Trasformación y Resiliencia. Es curioso comprobar que es tal la propensión de este Gobierno de legislar por decretos- leyes que a casi todo el mundo se le ha olvidado la diferencia que existe entre decreto y decreto-ley, y los medios y los periodistas emplean los dos términos indistintamente.

La abstención de Vox permitió que el decreto-ley fuese aprobado en el Congreso, lo que fue acogido con estupefacción por gran parte de la prensa. ¡Vox salvando a Sánchez! Quizás si hubieran tenido un poco más de perspicacia habrían comprendido que muy posiblemente no entraba en las intenciones de Vox ayudar al Gobierno, sino cumplir las indicaciones de los empresarios, en especial de algunos empresarios, que estaban sumamente interesados en que el decreto-ley saliese adelante.

En otras circunstancias, lo asombroso habría sido que Podemos e IU hubiesen votado a favor. Pero no estamos en una época normal y Podemos forma parte del Gobierno. Es fácil imaginarse cuáles serían los epítetos y las críticas de esta formación política de no pertenecer al Ejecutivo. Durante años los partidos llamados de izquierdas han estado censurando, seguramente con razón, los 40.000 millones que, llegados de Europa, incrementaban nuestro endeudamiento y sirvieron para solucionar el desastre creado por las Cajas de Ahorros. Sin embargo, ahora parece contemplarse con satisfacción que 140.000 millones de euros rieguen a las empresas privadas de manera oscurantista y sin ningún control.

Se ha creado el mantra de que este dinero es una especie de maná gratuito que recibimos de la generosa Europa sin coste alguno. Habrá que recordar una vez más los números y constatar que la mayor parte de la cantidad que vamos a recibir recaerá sobre el erario español. Aunque se afirma que, de los 140.000 millones, 72.000 son a fondo perdido, lo cierto es que esta cantidad se reduce a 33.000 millones, al minorarla en 39.000 millones, parte proporcional que España como país miembro debe financiar, por uno u otro medio, del monto global (390.000).

La cantidad de 33.000 millones, aunque aparentemente considerable, resulta bastante exigua si se la compara con las transferencias de recursos que España recibiría todos los años si en la UE existiese una integración presupuestaria y fiscal como la que se da en cualquier Estado y que es el complemento necesario de una unión monetaria. Además, por mucho que se haya dicho lo contrario, los fondos vendrán condicionados a tomar determinado tipo de medidas que seguramente tendrán mucho más que ver con la ideología que impera en la UE que con las necesidades de reactivación de la economía española. No es por casualidad que las dos reformas que en este momento están sobre la mesa sean la de pensiones y la laboral, que apenas tienen relación con la pandemia, la crisis actual o la recuperación.

La historia puede repetirse. Tras un periodo en el que se invita a los Estados a gastar sin medida, posteriormente se les conmina a recortes muy duros y antisociales. El denominado maná se puede convertir en una losa muy pesada para el futuro, sobre todo si los gastos se orientan a objetivos equivocados y si no se han controlado adecuadamente, y ahí es donde retornamos al Decreto-ley 36/2020 y a la abstención de Vox.

Vox, para justificar su postura, ha recurrido al sentido de Estado, al interés de todos los ciudadanos y a la exigencia de la economía. Ha alegado la necesidad de que los fondos europeos lleguen y lleguen cuanto antes, pero esto no es lo que estaba en juego con la aprobación del decreto-ley. Lo que se ventilaba no era la llegada o no de los fondos, ni siquiera el “cuándo”, que depende de la burocracia europea, sino de cómo gastarlos, quién tiene que decidir su destino y, cómo se van a gestionar y con qué control.

Paradójicamente, Vox había dicho de esta norma que “creaba la mayor red clientelar de la maltratada historia de este país”.  Cambio tan radical solo se explica por el hecho de que alguien les hiciese notar que en este caso los clientes eran los de su bando, a pesar de que también le hagan la pelota a Sánchez. Ahora andan los líderes de Vox intentando dar explicaciones en todos los medios que se lo permiten, afirmando que el decreto-ley no es un cheque en blanco al Gobierno. Vano intento. Por mucho que se esfuercen, el hecho es que todo el proceso va a quedar sin control político alguno, y muy deteriorados y disminuidos los controles y procedimientos administrativos, esos que son totalmente necesarios para garantizar la objetividad y neutralidad en la aplicación de todos los recursos públicos, y estos lo son.

Desde el punto de vista político, es claro que el Gobierno rehúye todo control del Parlamento. Todas las decisiones quedan en el ámbito del Ejecutivo. Se crean un Comité y una Comisión Delegada. Comisión Delegada que constituye un caso único y que pasará como una aberración a los anales del Derecho Administrativo, puesto que se compone de todo el Consejo de Ministros, ampliado con unos cuantos secretarios de Estado. Se supone que las comisiones delegadas, como su propio nombre indica, son delegadas para determinadas materias del Gobierno, pero ¿qué delegación puede darse si la integra el Consejo de Ministros en pleno y la preside el presidente del Gobierno?. En cuanto al Comité, el decreto- ley ni siquiera explicita cuál va a ser su composición, aunque todo indica que será este comité el que realmente va a partir el bacalao y no es muy arriesgado suponer también que estará formado principalmente por el personal de la Moncloa.

Se crea también una conferencia sectorial en la que participarán todas las Autonomías. Se podría pensar que este iba a ser un órgano de cogobernanza, como se dice ahora, pero este término suele encerrar tan solo una forma de engañar al personal. De hecho, el reglamento interno de esta Conferencia estipula que la representación del Gobierno cuenta con el mismo número de votos (19) que el total de las Autonomías, más el voto de calidad de la presidenta, la ministra de Hacienda.

Tras aprobar el decreto-ley, al Congreso no le queda ningún papel ni en la determinación del destino de los fondos ni en su adjudicación. A lo único que se compromete el Gobierno es a informar trimestralmente al Parlamento, comparecencia que se convertirá una vez más en un acto de publicidad y propaganda.

Parece bastante claro que los recursos en su mayoría no se van a quedar en el sector público. No van a servir para reducir el fuerte incremento que ha experimentado el stock de deuda pública. Tampoco se van a emplear en fortalecer la sanidad, perfeccionar el sistema educativo, intensificar los organismos públicos dedicados a la innovación, modernizar la justicia, etc. Es muy posible que tampoco se orienten a esa parte del sector privado que más ha sufrido la pandemia, concretamente hacia aquellos establecimientos que se han visto obligados a cerrar por disposiciones legales, y que lógicamente podrían tener derecho a una indemnización.

Según todos los indicios, los recursos se van a destinar al sector privado, pero a otros menesteres que se suponen más elevados y que se presentan con palabras grandilocuentes, cambiar la estructura productiva, reforma de la economía, transición energética, proyectos estratégicos, etc. Todo ello bajo principios ecológicos y de igualdad de género, etc., que pueden ser muy respetables pero que poco tienen que ver con la necesidad más apremiante que es remontar la enorme crisis económica y fiscal en que nos vamos a ver envueltos.

Es curioso observar la discrepancia en el nombre conferido al plan en Europa y en España. En Europa se le denomina “Instrumento Europeo de Recuperación” (Next Generation Eu) –en inglés es Siguiente generación UE-; en España, “Plan de Recuperación, Trasformación y Resiliencia”. Como se ve, se ha añadido el término transformación. Sánchez no se conforma con sacarnos de la crisis, pretende también transformar toda la economía, lo que representa una enorme osadía y un gran desconocimiento de la realidad, creer que, con esos recursos -que aun cuando se suponen muy cuantiosos son bastante reducidos- puede cambiar la estructura productiva de un país. Una transformación de este calibre no depende únicamente del dinero, sino de otras muchas variables muy difíciles de controlar. Tanto más cuando se está encuadrado dentro de una organización como la UE, y no se dispone de moneda propia.

Los medios que el Gobierno piensa emplear son bastante conocidos: convenios, asociaciones público-privadas, empresas mixtas, etc. Todos ellos bajo un mismo prisma, el maridaje entre lo público y lo privado, cuyas experiencias han sido la mayoría de las veces desastrosas. Los beneficios, cuando los ha habido, han quedado en el ámbito privado, mientras que las pérdidas, las más de las veces, han corrido a cargo del sector público. El mismo Tribunal de Cuentas de la UE criticó en un informe en 2018 las fuertes deficiencias e irregularidades que se han derivado de las asociaciones publico-privadas desarrolladas en la UE. Las previsiones pueden ser tanto peores cuanto que con el falaz argumento de lograr una gestión más ágil se huye del Derecho Administrativo y se eliminan los escasos mecanismos de control que tienen estas figuras.

En los proyectos que se aprueben va a existir desde luego la cofinanciación del sector privado. La banca ya se está frotando las manos en la seguridad de que la mayoría de los que acudan a la tómbola carecerán de recursos y tendrán que recurrir a las entidades financieras, que piensan obtener pingües beneficios. En resumen, en gran medida se va a producir un enorme apalancamiento. Cuando surjan los proyectos fallidos, los futuros socios serán insolventes. Las pérdidas serán para el Estado y quizás también para los bancos que, de una u otra forma, terminarán repercutiendo sobre el sector público.

La huida del Derecho Administrativo está presente en todo el decreto-ley. Se crean de nuevo las agencias, órganos de gestión altamente desreguladas. Se modifican reglamentos y numerosas leyes desde la de contratos del Estado, a la de subvenciones, pasando por la ley general presupuestaria, todo con la excusa de agilizar la gestión, pero con el corolario de que se eliminan controles y mecanismos totalmente necesarios para garantizar la objetividad y neutralidad en la adjudicación, así como la eficacia y el cumplimiento de la legalidad en la realización. No solo es el control político el que se elimina, sino también el administrativo. Ello merece quizás otro artículo.

El resultado económico posiblemente será nefasto, pero en cualquier caso lo que es cierto es que se consolidará una amplia red clientelar alrededor del Gobierno, con lo que aumentarán fuertemente su poder y su influencia, por ejemplo, en la prensa. Ya algún periódico se ha apresurado a defender el decreto-ley e incluso a Vox por su sentido de Estado.

republica.com 12-2-2021



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