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ARTÍCULOS RECIENTES CONTRAPUNTO

EL BCE Y LA ACTUAL POLÍTICA DE LA EUROZONA

ECONOMÍA, EUROPA Posted on Lun, enero 16, 2023 18:24:19

En la mayoría de los países occidentales ha ido triunfando la tesis de que los bancos centrales tienen que ser independientes de los gobiernos. Supuesto defendido en un principio por el neoliberalismo económico. Se desconfía de la democracia y de las decisiones que puedan tomar los políticos acerca de la creación de dinero. La política económica, se dice, es demasiado importante para dejarla en manos de los gobernantes. Se cree que estos se rigen fundamentalmente por intereses electorales, que tenderán a la prodigalidad y considerarán la emisión de la moneda como un mero instrumento para sus fines.

Hay que reconocer que la historia proporciona en parte fundamento para defender esta tesis. Con frecuencia, distintas monedas se han hundido hasta perder casi su valor debido a que los reyes o príncipes financiaron las guerras mediante la emisión de moneda. Bien es verdad que en casi todos estos casos se trataba de regímenes autocráticos. No obstante, los defensores de la autonomía de los bancos centrales mantienen que en las democracias se puede dar -y de hecho se da- un fenómeno parecido. La facilidad que para contraer gastos proporciona la creación de dinero es una tentación demasiado fuerte para gobiernos que tienen que contentar a sus electores.

A pesar de estas declaraciones teóricas, la autonomía de los bancos centrales raramente se ha cumplido al cien por cien. Resulta difícil creer que el presidente de la Reserva Federal desoiga las indicaciones del presidente de EE. UU. o que el gobernador del Banco de Inglaterra actúe en contra de los deseos del primer ministro británico. Quizás donde parece aplicarse el principio de forma más completa sea en Europa, en la Unión Monetaria (UM). La razón principal radica en que el Banco Central Europeo (BCE) es uno, mientras que los gobiernos son múltiples y dispares, con lo que ninguno de ellos, ni siquiera Alemania, podrá controlarlo totalmente.

Cuando se trata de un solo país, por mucho que se hable de autonomía del banco central, es difícil que el gobierno pueda desentenderse de la política monetaria. Se quiera o no, no podrán lavarse las manos acerca de la evolución de los precios, y en caso de inflación no tendrán más remedio que orientar la política fiscal en la misma dirección que la política monetaria, por muy dolorosa que resulte a los ciudadanos.

En el caso de la UM, sin embargo, la multiplicidad de países y consecuentemente de gobiernos hace ciertamente imposible que ninguno de ellos pueda decidir la emisión de dinero y fijar los tipos de interés; pero por eso mismo no se les hará responsables de la política monetaria ni se les culpabilizara, aunque la inferencia no es muy lógica, del aumento del coste de la vida.

El BCE en su lucha contra la inflación se sentirá autónomo y con autoridad para aplicar la política que considere oportuna, que en épocas como esta va a ser por fuerza restrictiva, y con quebrantos considerables para los ciudadanos. Ahora bien, al no presentarse a las elecciones no se sentirá obligado a aplicar políticas clientelares. Sus actuaciones tendrán una sola finalidad, controlar la inflación sin considerar la contrapartida.

Los gobiernos, por el contrario, sentirán siempre la tentación de adoptar políticas fiscales generosas, y de mostrarse como benefactores y dispuestos a conceder toda clase de dádivas y ayudas. Con la excusa de aplicar una política social, encauzarán sus acciones a comprar votos sin tener en cuenta el coste. Esta postura es posible porque piensan que no se les podrá exigir cuentas del incremento de los precios, al considerarse que el control de la inflación es competencia en exclusiva del BCE.

Se dará la paradoja de que, el BCE dirigirá sus acciones, por ejemplo, a través de la subida de tipos de interés, a reducir la demanda, mientras que la política de los gobiernos de aumentar el gasto público, si no se compensa con una subida de impuestos de la misma magnitud, tendrá el efecto contrario, incrementarla. Se da así una profunda contradicción y en cierta manera un círculo vicioso.

Al establecer la autonomía del BCE se pretendía evitar las actuaciones pródigas y permisivas de los gobiernos arrebatándoles la capacidad de controlar la oferta monetaria. Pero curiosamente lo que se consigue con ello es el efecto inverso; quitándoles la competencia de la política monetaria no se colocará en su debe, al menos en una primera lectura, la subida de los precios, lo que les permitirá instrumentar una política fiscal expansiva aumentando el gasto público todo lo que crean conveniente para conseguir adhesiones y votos sin verse obligados a elevar los impuestos en idéntica cuantía.

La situación que en la actualidad se está creando en Europa es claramente esquizofrénica: mientras el BCE pretende contraer la demanda, los gobiernos la incentivan, con lo que fuerzan al banco emisor a nuevas medidas restrictivas, que a su vez tendrán más efectos negativos para los ciudadanos, que a su vez empujarán sin duda a los gobiernos a conceder nuevas ayudas y así sucesivamente.

Desde luego esto no ha sido siempre así. Este estado de cosas es relativamente nuevo. Desde el primer momento de la creación de la UM se acordó la obligación de que los gobiernos nacionales tuviesen que mantener una disciplina fiscal y presupuestaria. Ha sido en los tres últimos años cuando se han suspendido esos requisitos. En 2020 y en gran parte de 2021, en plena epidemia y sin apenas inflación, la relajación presupuestaria podía estar justificada para reactivar la economía. Pero la cosa cambia a partir de finales de 2021, en que los precios comienzan a dispararse arrastrados, por una parte, por un incremento del consumo, que había estado contenido durante los tiempos duros de la pandemia y, por otra, por la subida del coste de la energía, debida a la tensión y posterior guerra entre Rusia y Ucrania y a que la Unión europea adoptó una actitud beligerante. Desde ese momento la inflación en todos los países miembros se ha disparado hacia cotas que habría que remontarse muchos años atrás para encontrar otras similares.

Tales incrementos en el nivel de precios crean sin duda graves problemas al funcionamiento de la economía y distorsionan el reparto de rentas entre los ciudadanos, favoreciendo a unos y perjudicando a otros. Es lógico por tanto que el BCE haya cambiado de política; pero lo que es menos comprensible es que los gobiernos nacionales, y en mayor medida las autoridades comunitarias, mantengan la misma lasitud fiscal y presupuestaria.

El tema es tanto más inexplicable cuanto que en el pasado, en la crisis de 2008, sin ningún riesgo de inflación, pero sí con una importante depresión económica, la Unión Europea obligó a los gobiernos a una política fiscal fuertemente restrictiva, mantuvo por encima de todo la disciplina presupuestaria con dolorosos ajustes para la población, colaborando a que se mantuviese la propia recesión.

Da la sensación de que las autoridades comunitarias han practicado la ley del péndulo; pero además en sentido inverso a lo que sería normal. En una época de deflación como fue la de los años posteriores a la anterior crisis defendió una política fiscal rabiosamente contractiva contribuyendo aún más a la recesión, y sin embargo en la actualidad, cuando nos movemos en tasas de inflación desconocidas desde principios de los ochenta, permite una política presupuestaria laxa, con lo que facilita la subida de los precios, dificultando la labor del BCE.

Esta actuación asimétrica y totalmente errática quizás pueda explicarse primero porque se trata de aplicar en cada momento aquellas políticas que favorecen a Alemania, y segundo por la ingravidez de la Comisión y de su presidenta, sin ninguna autoridad frente a los Estados, y principalmente frente al país germánico.

Los gobiernos se jactan de tomar medidas contra la inflación cuando en realidad ocurre todo lo contrario. La expansión de la demanda propiciará la subida de los precios. En el mejor de los casos, podría afirmarse que tratan de favorecer a los ciudadanos, pero es posible que el daño infligido por las mayores tasas de inflación y el consecuente endurecimiento de la política monetaria sea mayor que las ayudas que se proyectan; sobre todo si estas no constituyen un plan serio, sino parches y chapuzas sin orden ni concierto, ocurrencias (ahora sí, después no) tales como son las aprobadas últimamente por el Gobierno de España, controvertidas hasta dentro del mismo Gobierno. Pero para hablar de ellas habrá que esperar a un nuevo artículo, quizás el de la semana que viene.

republica.com 12-1-2023



TRAYECTORIA ERRÁTICA DE LA POLÍTICA DE LA UNIÓN EUROPEA

ECONOMÍA, EUROPA Posted on Mar, noviembre 08, 2022 00:34:42

La concisión que precisa un artículo me dispensa de remontarme en el tiempo más allá de la Unión Monetaria. Además, la creación del euro es el punto de partida de las mayores contradicciones y quizás la expresión más clara del despiste de los mandatarios europeos. Por otra parte, tras la moneda única la izquierda no tiene más remedio que cambiar sus planteamientos económicos, ya que los países miembros han perdido su soberanía monetaria.

Fue Mitterrand, y Francia con él, quien dio el patinazo de mayor envergadura. No era ningún secreto que Alemania desde hacía tiempo abrigaba el anhelo de la reunificación, en realidad de la absorción de la Alemania democrática por la Alemania Federal. Pero la operación tenía repercusiones muy serias sobre toda Europa. Kohl necesitaba lograr de algún modo la aquiescencia de los otros miembros y especialmente de Francia, que junto con Alemania formaba ya el núcleo duro de la Unión Europea.

La reunificación asustaba a Mitterrand por los desequilibrios que podía representar en Europa una Alemania fuerte. Así que impuso como condición la creación de la Unión Monetaria. De esta manera se privaba, según él, al país germánico de lo que se pensaba que era una de sus más sólidas columnas, el marco, y se ahuyentaban los fantasmas del pasado.

El despiste del mandatario francés fue monumental y con él el de otros muchos líderes europeos, como Felipe González, puesto que ha sido el euro tal como se aprobó en Maastricht y el modo en que se configuró la Eurozona lo que precisamente permite a Alemania mantener, sin armas ni ejércitos, la supremacía sobre toda Europa. Supremacía que aparentemente es económica, pero que deriva inevitablemente en política. Alemania es la gran beneficiada de la moneda única.

La Unión Monetaria se constituyó sin integración fiscal. Tan solo se impuso a los países miembros la obligación de mantener cierta disciplina presupuestaria, de manera que la política fiscal no fuese un obstáculo para la monetaria. Sin embargo, se desechaba integrar aquellos elementos de la política fiscal que podían implicar una dinámica redistributiva.

Esta configuración jugaba a favor de los países económicamente fuertes, y por tanto de Alemania. Situación que se ha ido haciendo más y más patente a medida que se iba consolidando la moneda única. Quizás la magnitud que puede medir mejor estos desequilibrios progresivos sea el stock de deuda pública y su evolución a lo largo del tiempo.

En el año 2000, momento de la introducción del euro, esta variable en Alemania, España, Francia y Portugal alcanzaba un porcentaje parecido del PIB: (59,1%, 57,8% 58,9% y 54,29%, respectivamente) Solo Italia (109,0%) y Grecia (104,9%) se salían de la tónica. En 2021 la situación ha cambiado por completo. En Alemania, en estos veinte años, el porcentaje ha crecido mínimamente (69,3%), mientras que en el resto de los países -España (118,4%; Francia (112,9%); Portugal (127,4%); Italia (150,8%); Grecia (193,3%)- el incremento ha sido sustancial, casi hasta doblar el porcentaje en la mayoría de los casos. La causa de esta diferencia no se encuentra (como pretenden algunos) en la mayor o menor frugalidad de las naciones, sino de la situación que estas ocupan en la economía de la Eurozona.

La preeminencia de Alemania tanto en el orden económico como político ha hecho que la estrategia aplicada en la Eurozona haya sido anárquica y aparentemente incoherente, puesto que puede adoptar las formas más contradictorias en función tan solo de las conveniencias del país germánico.

Este sesgo apareció muy pronto tras la creación del euro, ya en 2004, cuando Alemania, juntamente con Francia, incumplió las condiciones del pacto de estabilidad que este mismo país había impuesto. El comisario europeo en materia económica a la sazón, Joaquín Almunia, con la aquiescencia del resto de la Comisión, tuvo que hacer malabares para justificar por qué no se abría expediente por déficit excesivo.

Pero quizás la contradicción y la incoherencia más clara la constituye la diferente política que la Comisión y Europa en general están aplicando en la actualidad respecto a la que utilizaron en la anterior crisis. En ella se impuso una política rigurosa e intolerante, obligando a los países del Sur a toda una serie de recortes con efectos profundamente negativos para ellos y de la que, como en el caso de Grecia, aún no se han recuperado.

Esa política rígida se mantuvo bastante tiempo, incluso cuando el Banco Central Europeo estaba enfrascado en una política monetaria fuertemente expansiva, sin que por ello lograse situar la inflación en los límites del 2%. Draghi, con buen criterio, recordaba a los gobiernos de todos los países que, tal como afirmó en su tiempo Keynes, existía la trampa de liquidez. La política monetaria necesitaba de la fiscal para reactivar la economía. La llamada del presidente del BCE se dirigía a todos los gobiernos, pero principalmente a los que tenían margen presupuestario, los países del Norte, entre los que ocupaba un papel primordial Alemania.

Desde luego el ruego no fue atendido. Es más, desde Alemania se elevaron muchas voces encabezadas por el Bundesbank que criticaban las actuaciones del banco emisor, en su opinión muy expansiva. Se ha alegado siempre como disculpa el miedo del país germánico a repetir las desastrosas experiencias sufridas en el pasado con el incremento galopante de precios.

Pero lo cierto es que el miedo era totalmente infundado porque durante bastantes años no hubo ningún peligro de inflación. Más bien al contrario, la tasa estaba muy por debajo de ese 2% en la que se ha convenido que deben moverse los precios para que la economía funcione adecuadamente. La verdadera razón de mantener una política tan rígidamente restrictiva y los recortes en el gasto público es que le convenía a Alemania para garantizar así el cobro de las deudas de las que eran titulares sus bancos.

La ortodoxia y la rigidez presupuestaria de aquellos años contrastan con la situación actual. Nada más declararse la epidemia se dejaron en suspenso las reglas fiscales, pero incluso con anterioridad y de forma unilateral Alemania había decidido ya salir en auxilio de sus empresas con dificultades; violaba así uno de los sacrosantos preceptos de la UE, la prohibición de las ayudas de Estado, que se piensa que constituyen un peligro para la competencia y el mercado único.

En aquellos momentos la cuestión no era especialmente peligrosa, dado que la tasa de inflación se mantenía en cotas muy bajas e incluso cuando comenzó a elevarse el BCE creyó que la subida de precios era pasajera, ocasionada por las dificultades en los suministros, generadas en la pandemia, así que continuó manteniendo la misma política y comprando títulos en el mercado.

Durante las etapas duras del Covid quizás podía estar justificado que se relajasen las reglas presupuestarias, aunque da la impresión de que muchos países, incluyendo la misma Alemania, adoptaron la ley del péndulo pasando de un extremo a otro, con lo que en la mayoría de los casos se ha incrementado de manera alarmante el endeudamiento público. Todo el mundo se ha sentido libre para gastar o bajar impuestos como si el dinero público no tuviese fin y como si no existiese el coste de oportunidad.

La situación ha adquirido mayor gravedad después de la invasión de Ucrania por Rusia. La inflación se ha disparado hasta cotas desconocidas desde muchos años atrás. El BCE se ha visto obligado a cambiar de política elevando los tipos de interés y se supone que invirtiendo su actuación en los mercados, vendiendo títulos en lugar de comprarlos. No obstante, la UE ha prolongado la suspensión de las reglas fiscales, con lo que se da a los gobiernos nacionales barra libre en materia presupuestaria. Es decir, la política fiscal se orienta en sentido contraria a la monetaria.

En esta línea el primer país en pronunciarse ha sido Alemania anunciando que va a emplear 200.000 millones de euros (5% del PIB) en auxiliar a sus empresas y ciudadanos. Esta noticia ha levantado voces críticas en varios países miembros e incluso, aunque con sordina, en la Comisión. Consideran que puede romper el mercado único y falsear la competencia entre países, ya que muchos de ellos no pueden aplicar la misma política, puesto que no gozan de una situación fiscal tan desahogada.

En esta ocasión es Alemania la que se encuentra en peor situación pues es a su economía y a sus empresas a las que puede afectar en mayor medida la crisis energética. Una vez más serán los intereses alemanes los que terminarán imponiéndose. En el fondo no es que la política de la UE se haya hecho errática y contradictoria, ni siquiera que haya cambiado. Lo único que se ha modificado es la situación de Alemania y sus conveniencias.

Pero ello nos conduce a un problema mayor, a un enfrentamiento entre la política fiscal y la monetaria, que caminan en direcciones contrarias. Tiran de la cuerda en sentidos opuestos, y es curioso que ahora a Alemania no le importe. Mientras la política monetaria se afana por reducir la demanda a efectos de controlar la inflación, con riesgo no obstante de dañar el crecimiento, la prodigalidad de los ejecutivos de los países miembros incrementa la demanda con la finalidad de reactivar la economía, pero colaboran probablemente a la subida de los precios o al menos anulan la actuación del BCE y obligan a este a aumentar su rigor monetario.

Lo que una intenta arreglar la otra lo desbarata, y que nadie piense que una política monetaria restrictiva es menos dolorosa para los ciudadanos que la disciplina fiscal y presupuestaria. Solo que está más disfrazada y los gobiernos no se sienten implicados en ella. La donación del bono cultural, la gratuidad en el transporte público o la reducción alegre de los impuestos, puede conducir a una mayor subida de los tipos de interés con efecto inmediato en las hipotecas y en las empresas, e incluso, lo que puede ser más peligroso para países con un fuerte endeudamiento público, como Italia o España, la venta masiva por el BCE de títulos en los mercados, y la reacción de estos especulando sobre la deuda de estos Estados.

Bien es verdad que estas actuaciones de política monetaria tienen poco reflejo en las elecciones, mientras que la disciplina fiscal sí.

republica.com 3-11-2022



LA TORRE DE BABEL Y EL DIFERENCIAL DE INFLACIÓN

ECONOMÍA, EUROPA Posted on Mar, octubre 11, 2022 18:57:54

Es de sobra conocido ese pasaje de la Biblia (Génesis 11; 1-9) que narra la construcción de la torre de Babel y cómo Yahvé, ofendido por la osadía de los que querían llegar hasta el cielo, se dijo a sí mismo: Forman un solo pueblo y hablan un solo idioma, podrán lograr todo lo que se propongan, mejor será que confundamos su lengua, y hagamos que tengan que explicarse en distintos idiomas, de manera que no se entiendan entre sí. El relato bíblico no parece que considere la multitud de lenguas como una riqueza cultural, sino más bien como una maldición que coloca una barrera entre los hombres para que no se entiendan.

La Unión Europea cuenta con veinticuatro idiomas: alemán, búlgaro, checo, danés, eslovaco, esloveno, español, estonio, finlandés, francés, griego, húngaro, inglés, irlandés, italiano, letón, lituano, maltés, neerlandés, polaco, portugués, rumano, croata y sueco. Un poco difícil la comunicación… y aún hay quien quiere que se incorporen nuevas lenguas. Se entiende perfectamente que Jean-Claude Juncker, siendo presidente de la Comisión Europea, al ser preguntado por la independencia de Cataluña contestase medio en broma medio en serio: Si Cataluña se independiza, otros muchos pretenderán hacer lo mismo. No quiero una Europa formada por noventa miembros. Manejar a veintisiete países ya es difícil, con  noventa sería imposible.

Entre los múltiples factores que cuestionan la viabilidad a largo plazo de la Unión Europea, ocupa lugar preferente la multiplicidad y heterogeneidad de los países que la conforman. En un principio, cuando se llamaba Comunidad Económica Europea, gozó de cierta estabilidad al estar integrada por seis países de características similares: Alemania, Francia, Italia y los tres del Benelux. Incluso fueron capaces de mantener durante varios años, de 1979 a principios de los noventa, un sistema de cambios fijos, aunque ajustables, y eso a pesar de que el experimento anterior, la serpiente monetaria, había fallado.

La situación comienza a cambiar en cuanto entran otros socios con propiedades económicas algo distintas: Grecia, Portugal, España, cuya incorporación coincide, además, con la adopción de la libre circulación de capitales, es decir, con la privación a los Estados de los mecanismos de control de cambios. No obstante, la clase política, empujada tal vez por los múltiples lobbies que la circundan, estaba decidida a crear la Unión Monetaria, aún a sabiendas de que el fracaso del Sistema Monetario Europeo a principios de los noventa había indicado claramente que los países miembros eran lo suficientemente dispares para hacer dudar de la viabilidad de la moneda única, al menos si no se avanzaba rápidamente hacia una integración fiscal y presupuestaria.

Pero fue en 2004 cuando la Unión Europea se enfrenta a una disyuntiva crucial: crecer en intensidad consumando la Unión, o en extensión añadiendo nuevos miembros. Sabemos que se inclinó por la segunda opción, la ampliación con diez nuevos Estados, lo que se completó en los años posteriores con otras tres incorporaciones hasta alcanzar los veintisiete actuales, y parece que el proceso no ha terminado aún. La crisis de 2008 puso a prueba la solidez de la unión, viéndose claramente la escisión entre países deudores y acreedores, situación que se corrigió provisionalmente gracias a la actuación del BCE y los durísimos ajustes a los que se sometió a los primeros.

Las diferencias, corregidas y aumentadas por la ampliación, continúan estando ahí. Cualquier variable que se tome a la hora de comparar los veintisiete países arroja diferencias inquietantes. La renta per cápita de algunos países es dos, tres o cuatro veces superior a la de otros, y algo similar ocurre con los salarios. Recientemente estas diferencias se han plasmado en las tasas de inflación. Se ha insistido con frecuencia en la cuantía desmesurada, y últimamente desconocida, que ha alcanzado el incremento de precios en Europa, pero a mi entender no se ha puesto el suficiente énfasis en las enormes diferencias que se producen en esta variable entre los países de la Unión Europea y, lo que es aún más grave, de la Eurozona.

Fue esta disparidad en el incremento de precios entre, por ejemplo, Alemania y España, Portugal y Grecia, la que estuvo detrás de los problemas que azotaron al euro en 2008 y años posteriores. Las diferencias en las tasas de inflación, consolidadas y progresivamente incrementadas desde 2000, fecha de constitución de la Eurozona, hasta 2008, no podían por menos que hacer perder la competitividad a los países con mayor incremento de precios, lo que se tradujo en unos déficits desproporcionados en la balanza por cuenta corriente y el consiguiente endeudamiento exterior.

En el mes de agosto la tasa de inflación de la Eurozona ha sido de 9,1%, la de la Unión Europea 10,1 %, pero esto son tan solo medias. Hay países como Francia cuya tasa ha sido del 6,6% y otros como Lituania, Estonia o Letonia que están por encima del 20%. En general, todos los países del este de Europa alcanzan los dos dígitos. Esta diferencia les ocasiona una sustancial pérdida de competitividad. En especial para aquellos que pertenecen a la Eurozona, ya que, al no tener moneda propia, la flotación del tipo de cambio no podrá compensar, aunque sea parcialmente, el mayor incremento de precios.

Conviene resaltar que, si estas disparidades se mantuviesen a lo largo del año, el diferencial existente entre Francia o Alemania por ejemplo con Letonia y Estonia sería mayor en un solo ejercicio que el que, por ejemplo, se consolidó a lo largo de ocho años entre el país germánico y Grecia, Portugal o España, y que tantos problemas acarrearon a estos países. ¿Cómo van a recuperar Letonia, Lituania o Estonia la competitividad perdida (más de catorce puntos) frente a Francia? ¿Qué política monetaria va a ejecutar el BCE? ¿Dónde va a mirar la autoridad monetaria a Francia o a Estonia? Es difícil que la Eurozona pueda funcionar bien cuando se dan estas diferencias tan grandes.

La prueba más palpable se encuentra en esta Comisión actual, que se está demostrando totalmente inoperante. El hecho de que se haya establecido que esté integrada por un comisario de cada país, con independencia del tamaño y las características de este, la convierte en un mosaico inútil y sin fuerza frente a los mandatarios de los países, especialmente los de los importantes.

La tasa de inflación de España es inferior a la de los países del Este. Algún periodista de la órbita del diario El País, con la obvia intención de defender al Gobierno, se fijaba en ello para afirmar que la situación de España era aceptable. Lo cierto es que la separan 4 puntos de Francia y alrededor de 1,5 puntos de Italia y Alemania, que son los países con los que principalmente tiene que competir.

Una vez más, la economía española se adentra por una senda peligrosa que ya recorrimos al principio de los noventa con el Sistema Monetario Europeo. La cuestión es que entonces no existía el euro y pudimos devaluar cuatro veces, con lo que se alcanzaron de nuevo los niveles de competitividad perdida. Pero es cierto que entre que devaluamos o no la economía se resintió significativamente. Más gravedad tuvo el diferencial de inflación que se produjo en la segunda legislatura de Aznar y la primera de Zapatero, que se tradujo en un enorme déficit de la balanza de pagos y en un incremento del endeudamiento exterior difícil de mantener. Nos encontrábamos ya en la Unión Monetaria, y era imposible recuperar de nuevo las cotas de competitividad vía tipo de cambio, de modo que hubo que someterse a una devaluación interior con enormes sacrificios de la sociedad española, principalmente de las clases bajas.

En la actual coyuntura, deberíamos preguntarnos cuál es la razón de que la inflación en España sea superior a la de Francia, Italia o Alemania. La política monetaria ha sido la misma, instrumentada por el BCE, y todo indica que la guerra nos debería afectar menos a nosotros que a los países citados. La respuesta no puede ser más que una: el tratamiento que dimos a la epidemia y principalmente la política fiscal que estamos aplicando, permitiendo que la demanda crezca más que la oferta, en mayor medida que las principales economías de la Eurozona. Estamos echando leña al fuego.

republica.com 6-10-2022



LA CUMBRE DE LAS ALPARGATAS

EUROPA, GLOBALIZACIÓN, REALIDAD INTERNACIONAL Posted on Lun, julio 18, 2022 20:37:50

Se han desvanecido ya las luminarias de la fiesta. Casi toda España se ha congratulado de nuestro buen hacer de anfitriones. Recepciones, museos, cenas de gala, conciertos, representaciones, visitas a monumentos, y hasta compra de alpargatas, todo lo necesario para hacer las delicias de los grandes mandatarios internacionales y sus esposas, e incluso de las nietas del emperador que parecían haber venido a Europa de vacaciones. Lo paradójico es que los solemnes y deslumbrantes fastos obedecían a la reunión de una organización militar, que proclamaba estar en guerra.

Ciertamente una guerra especial, porque se efectúa por apoderado. Es Ucrania la encargada de sufrir la desolación. Al tiempo que en Madrid se celebraban los festejos, el déspota ruso bombardeaba con más ímpetu las ciudades ucranianas. Los países de la OTAN en esta guerra se han limitado a hacer de fans, maldiciendo a Putin, y animando a los ucranianos a enfrentarse a Rusia, haciéndoles creer que tenían detrás a todo Occidente; pero lo cierto es que las naciones europeas no podían intervenir si no querían comenzar la tercera guerra mundial, con el riesgo evidente de que fuera atómica. Su papel ha quedado reducido a facilitar a Ucrania armamento militar y a lo que, en tono un tanto pedante, el alto representante de la Unión Europea denominó una versión moderna de la guerra, la económica.

Tampoco desde esta última perspectiva los mandatarios europeos han estado muy finos. Se han olvidado de la globalización y de la dependencia energética que la Unión Europea tenía respecto de otros países, especialmente de Rusia. Se da la paradoja de que son países de la OTAN los que con la compra del gas están financiando el coste de la guerra a Putin y, a pesar de las amenazas continuas, lanzadas en las distintas reuniones europeas acerca de acabar con las adquisiciones, lo cierto es que hasta este momento más bien ha sido Rusia la que ha cortado total o parcialmente el suministro a algunos de los países miembros.

Rusia es una dictadura. Desde Occidente es difícil saber lo que realmente pasa en ese país y en qué medida la guerra está dañando sus intereses y perjudicando a su población. Pero no es menos verdad que las sanciones, al menos parcialmente, se están volviendo como un bumerán contra la economía de la Unión Europea. Sobre todo la inflación está castigando duramente a sus ciudadanos, y minando con fuerza su capacidad económica. Desde luego nada comparable con lo que está sufriendo el pueblo ucraniano. Su país está quedando destruido, los muertos y heridos son innumerables y una buena parte de la población (la mayoría mujeres y niños) ha tenido que emigrar.

Existen pocas dudas acerca de que el principal culpable de esta tragedia es Putin y su concepción cesarista del orden internacional. Ahora bien, Putin puede ser un déspota, un tirano y, si se quiere, un criminal de guerra. Pero Putin, se quiera o no, es un dato del problema que se tenía que haber tenido en cuenta. Otro dato era hasta dónde estaba dispuesta a intervenir la OTAN y la capacidad que tenía para hacerlo. Todo ello debería haber contado en la estrategia de Ucrania, de la OTAN y, principalmente, de Estados Unidos.

Unos pueden ser los malos, y los otros los buenos. Pero la geopolítica y el orden internacional no se rigen por estos criterios, sino por las posibilidades prácticas y el objetivo de obtener los mejores resultados, o los menos malos posibles (realpolitik). Aun cuando la guerra no ha terminado, observando lo transcurrido en estos primeros 140 días, comienza a existir muchas dudas de que las negociaciones previas hayan sido las más convenientes y no hubiese sido mejor intentar un tipo de acuerdo parecido al que se obtuvo en 1962 entre la Unión Soviética y EE. UU. respecto de los misiles cubanos.

El 3 de febrero, antes de que comenzase la guerra, escribí un artículo en este diario titulado “de Cuba a Ucrania”, explicando la similitud que existía entre ambos conflictos. Kennedy y EE. UU. consideraban, por mucho que Cuba fuese soberana, una provocación inaceptable que los misiles rusos se situasen a pocos kilómetros de sus costas. Al comienzo del conflicto, parecía que del mismo modo Putin y Rusia, con razón o sin ella, veían una amenaza en el hecho de que la OTAN se acercase a sus fronteras, y más concretamente rechazaban la incorporación de Ucrania a la Alianza Atlántica.

En aquel artículo mantenía la esperanza de que el conflicto se evitase del mismo modo que en 1962. Entonces el acuerdo entre Kennedy y Kruschev consistió en un compromiso mutuo. Rusia retiraba los cohetes y EE. UU. se comprometía a no invadir Cuba y a no ayudar a ningún otro país que lo intentase. No sé si algo parecido quizás se podría haber pactado en os momentos presentes  antes del inicio de la conflagración, esto es, la promesa de Ucrania de no entrar en la OTAN y la de Rusia de no invadir Ucrania.

En cualquier caso, me temo que el acuerdo que antes o después se firme va a tener condiciones mucho más negativas para Ucrania que las que al principio hubiera obtenido, fuesen estas las que fuesen y por muy injustas que fueran, pero en la geopolítica la justicia e la injusticia importan poco, manda la fuerza. Desde el momento en el que la OTAN no quería o no podía intervenir directamente, la suerte parecía estar echada y quizás habría que preguntarse si los aplausos, los apoyos morales, e incluso el suministro de armamento no habrán sido contraproducentes.

Se dice que el orden internacional ha cambiado sustancialmente, incluso que hemos vuelto a la Guerra Fría. Puede que sea así y que Putin sea el más interesado en este cambio de ciclo, pero los mandatarios de la OTAN, y especialmente Biden, no parecen muy apenados por el nuevo escenario. El mismo concepto estratégico de Madrid no colabora a mejorar mucho la situación, cuando califica a la Federación Rusa “de ser la amenaza más directay significativa para la seguridad de la Alianza y la paz y estabilidad en el área euroatlántica. E introduce a China en el texto calificándola de desafío sistémico. Lo más curioso es que tanto China como Rusia mantienen con los países europeos una fuerte interdependencia económica, lo que hace más paradójica la situación.

Por otra parte, tampoco se precisa ser amante de las teorías conspiratorias para ser conscientes de que el nuevo orden puede convenir a otros muchos intereses políticos y económicos, desde  la propia OTAN que ve reforzado su papel -el cual había quedado obsoleto, después de la Guerra Fría y de la disolución del Pacto de Varsovia-, a todos los países o empresas que se han convertido en suministradores preferentes de todos aquellos productos que Rusia y Ucrania no pueden o no quieren proporcionar, pasando sobre todo por los que se están beneficiando y se beneficiarán del incremento del gasto militar, que impone Biden bajo el principio de que todos deben colaborar.

Se dice que quien paga manda, lo cual es cierto, pero no lo es menos la afirmación inversa de que quien manda debe pagar. Por eso se entiende mal el victimismo de EE. UU. acerca de que el coste de la OTAN recae principalmente sobre los americanos. Para eso son el imperio y no dejan de demostrarlo cada vez que salen de su país. Solo hay que comparar la diferencia de trato, de protocolo y de prevalencia dados a las distintas delegaciones en Madrid y en general allá donde van.

España no debe confundirse, que los fastos hayan resultado deslumbrantes, que Madrid haya estado por unos días presente en toda la prensa internacional, que la marca España haya ganado puntos en cuanto a su hospitalidad y en referencia a las muchas maravillas artísticas que tiene, no quiere decir que, a partir de ahora, cuente mucho más en la Alianza Atlántica. La prueba es que, se pinte como se pinte, el tema de Ceuta y Melilla queda como estaba y su defensa sometida, tal como dijo el secretario general de la OTAN, a una decisión política. Sánchez tampoco debe engañarse, que haya obtenido las fotos tanto tiempo deseadas, que Biden se haya portado con él con mucha cordialidad, que incluso se haya atrevido a coger a su esposa por la cintura, no le concede una importancia política mayor dentro de la organización ni impide que en una próxima cumbre se repita el paseíllo.

Políticamente quizás lo único que se ha incrementado es el vasallaje y la aportación militar a guerras que nos quedan muy lejanas. La pretensión de Margarita Robles de descalificar a Yolanda Díaz argumentando que el gasto militar crea empleo en El Ferrol resulta cínica, cuando no patética. ¿Por qué no solucionamos el paro dedicándonos a la producción de marihuana?

La cumbre de las alpargatas, de las cuchipandas, de las Meninas y del turismo, ha finiquitado. Espectáculo un tanto obsceno, cuando en Ucrania se incrementaban el sudor, la sangre y las lágrimas, y cuando muchos ciudadanos europeos ven que sus economías se debilitan día a día por decisiones adoptadas a muchos kilómetros de sus fronteras por aquellos que ahora se comportan como un club de lujo, en vacaciones. Veremos cómo termina la guerra y, lo que es más incierto, la posguerra.

republica 14-7-2022



EL BCE Y LA FRAGMENTACIÓN DE LA EUROZONA

ECONOMÍA, EUROPA Posted on Dom, junio 26, 2022 21:11:40

Los bancos centrales parecen haberse convencido ya de que la inflación que sufre la mayoría de los países en la actualidad no es algo temporal, sino que, con toda probabilidad, si no se procede con contundencia, habrá venido para quedarse. El BCE, aunque quizás un poco tarde, no va a actuar de forma distinta a los demás y ha anunciado que interrumpe la compra de títulos y se dispone a subir el tipo de interés en 0,25% el 23 de julio y seguramente en 0,50% en el mes de septiembre.

El primer problema al que se enfrenta el BCE (en eso no es distinto de los otros bancos centrales) es saber si las medidas que pretende adoptar van a ser eficaces a la hora de controlar la inflación. Existe el precedente de la etapa anterior, cuando el objetivo consistía en que el incremento de precios alcanzase el 2% anual. A pesar de emplear todos los medios a su alcance, incluso los procedimientos tenidos hasta entonces por no ortodoxos, no logró que la inflación despegase del entorno del cero por ciento.

La expansión cuantitativa acometida por el BCE en los últimos años ha tenido múltiples resultados positivos, entre otros el de superar la primera crisis grave del euro, pero no consiguió situar los precios en el porcentaje del 2% fijado por el propio banco emisor. Es lógico que nos preguntemos si va a tener éxito en la trayectoria inversa, y si no existe el peligro de que la política restrictiva impacte más sobre el crecimiento real del PIB que sobre los precios, de manera que, lejos de reducir la inflación, contraiga la actividad.

En estos momentos, a pesar de que algunos se han aprendido la palabra y no dejan de usarla, estamos lejos de la estanflación. El crecimiento real es un hecho. Lo cual es lógico, porque por ejemplo España no ha recuperado el PIB anterior a la pandemia. Pero que en la actualidad no nos encontremos en estanflación, no quiere decir que tal situación no nos amenace para el futuro, si la política restrictiva del BCE termina por ahogar la economía.

El segundo aspecto importante es el hecho de que el BCE es diferente. No es el banco central de un país concreto, sino de 19 naciones a la vez con economías muy dispares entre sí, con lo que su política puede tener efectos muy diversos en cada una de ellas. Ese es el problema eterno de la Unión Monetaria, la ausencia de una verdadera integración; es esta condición la que crea todos los conflictos y el origen de que el euro entre en crisis cada cierto tiempo. En 2011, los mercados pusieron en jaque a la Eurozona, fraccionándola y colocando contra las cuerdas a los países del Sur; expulsaron del mercado a Grecia y a Portugal, y elevaron a niveles insostenibles la prima de riesgo de Italia y de España. Solo la actuación decidida y heterodoxa del BCE, bordeando –si no violentando- los tratados logró enderezar la situación.

Ahora nos vamos a encontrar en una circunstancia similar. La inflación va a obligar al BCE a invertir la política, de manera que se interrumpa la compra de activos y no efectúe la reinversión según se vayan produciendo las amortizaciones. La cuestión radica en saber cómo se van a comportar los mercados con respecto a la deuda soberana de cada uno de los países. El fantasma de la prima de riesgo vuelve a hacer su aparición. Ha bastado con que el BCE anunciase el giro de su política para que las primas de riesgo de Italia, España, Portugal y Grecia comenzasen a subir.

En una verdadera unión económica las primas de riesgo no deberían existir. Se supone que el riesgo de invertir en deuda pública de cada uno de los países tendría que ser el mismo ya que, al estar nominadas todas ellas en idéntica moneda, está ausente el riesgo de cambio y porque, además, no hay razón para que haya peligro de insolvencia de ninguno de los miembros, a no ser que la Eurozona se fraccionase. En el fondo, lo que mide la prima de riesgo es el grado de credibilidad de la moneda única, la probabilidad de que la Unión Monetaria se rompa. Cuanto mayor sea la divergencia entre los países, mayor será la prima de riesgo de algunos de ellos.

Lo cierto es que la Eurozona es un conjunto de países enormemente heterogéneo y sin los mecanismos de integración adecuados. Hay exposición, por tanto, de que se retorne a la situación anterior a la compra masiva de deuda pública por el BCE, y en consecuencia a que el mercado reaccione de manera desigual frente a los bonos soberanos de los diferentes Estados. Existe además el agravante de que en los momentos actuales el stock de deuda pública en los países del Sur es muy superior al de entonces.

La etapa de relativa tranquilidad conseguida a base del dopaje de la deuda por el BCE no debe ocultar que la divergencia entre países es cada vez mayor y la división entre sus ciudadanos, más acentuada. Contrastan los stocks de deuda pública de Grecia (193% del PIB), de Italia (150%), Portugal (127%), España (118%) e incluso Francia (113%) con los de Alemania (69%), Holanda (52%), Dinamarca (44%) y Austria (70%). La causa principal de esas diferencias no está en el mal comportamiento fiscal de los países del Sur, sino en la misma configuración de la Unión y de los contenidos de los tratados, que permiten que los países del Norte puedan vetar las medidas necesarias para que las diferencias desparezcan.

A pesar de que la presidenta del BCE mantuvo en la rueda de prensa que el BCE tiene mecanismos suficientes para impedir que se fragmente el mercado de deuda soberana, no especificó ni concretó nada acerca de qué medios pensaba emplear, lo que alarmó a las bolsas produciendo cuantiosas pérdidas. No es la primera vez que la circunspección de la señora Lagarde, lejos de calmar a los mercados los enerva. Nada más ser nombrada presidenta del BCE, en su primera rueda de prensa en marzo de 2020, ante el acoso de los periodistas, solo se le ocurrió exclamar que “no estaba allí para cerrar diferenciales” Se refería a diferenciales en los tipos de interés de la deuda pública.  Todas las bolsas europeas cayeron en picado. La frase era demoledora, casi letal. Era una invitación a los mercados a que jugasen al tiro al blanco contra aquellos países miembros que considerasen menos solventes.

Algo parecido ha ocurrido ahora en la rueda de prensa en la que anunció el cambio de política. Los mercados querían saber los instrumentos en concreto que se iban a emplear para evitar los diferenciales de tipo de interés y no les bastaron las promesas abstractas, con lo que las primas de riesgo de los países del Sur se dispararon y los mercados de valores acabaron acumulando bastantes días de perdidas. Al Consejo del BCE no le quedó más remedio que reunirse de urgencia y emitir un comunicado que pretendía ser más explícito.

Sin lugar a dudas, una forma de evitar la fragmentación sería que el BCE comprase en el mercado deuda de los países que se encontrasen presionados, con primas de riesgo elevadas, al tiempo que vendiese por el mismo importe bonos de los países que no sufrieran dificultades. El problema surge desde el momento en que el instituto emisor quiere (o le obligan a) mantener el criterio del capital, es decir, cumplir una proporción entre cómo distribuye por naciones su cartera de deuda soberana y la participación de cada una de ellas en el capital del banco.

Solo hay una excepción, el PEPP (por sus siglas en inglés), instrumento de emergencias de compra de activos frente a la pandemia y que admite cierta flexibilidad en la aplicación de la regla de capital, en otras palabras, que la determinación de la nacionalidad de los títulos que se compran o se venden no esté sometida a demasiadas condiciones. El comunicado del SME señala a esta herramienta como el medio más inmediato al que recurrir para impedir, a través de las reinversiones, la fragmentación del mercado de deuda.

Sin embargo, hay dudas de que los 1,7 billones de euros que conforman el PEPP sean suficientes para poner orden en los mercados y, dado que el programa convencional resulta inválido para este objetivo al estar sometido al criterio de capital y además se encuentran excluidos de él los bonos de Grecia, el SME está construyendo una herramienta ad hoc para evitar la fragmentación del mercado de deuda pública. Es previsible que en el diseño aparezca la obligación de esterilizar cualquier liquidez creada, y que los halcones impongan que los países beneficiarios se sometan a determinadas condiciones, tal como se hizo en la crisis anterior.

De nuevo las autoridades comunitarias, al igual que los gobiernos, llevan camino de cometer el mismo error que en la pasada recesión. La política de recortes y ajustes solo comenzó a partir de la mitad de 2010, mientras que en 2007, 2008 y 2009 se adoptó una política fiscal básicamente permisiva, con proyectos de lo más  descabellado como el del Plan E. En los momentos actuales se puede repetir la historia. Durante los años 2020 y 2021, escudándose en la pandemia y dopados por el BCE, los Estados, con el beneplácito de Bruselas, han incrementado el endeudamiento hasta niveles difícilmente asumibles. Me temo que ahora los países del Norte y la Unión Europea nos fuercen a la misma ducha escocesa.

republica 23-6-2022



LOS MANDATARIOS EUROPEOS GLOBALIZAN SUS BENEFICIOS PERSONALES

CORRUPCIÓN, EUROPA Posted on Jue, mayo 12, 2022 21:22:05

Las terribles imágenes ofrecidas por los medios de comunicación de la invasión de Ucrania -expresión clara de la tragedia a la que se está sometiendo a una población-, hacen que esta guerra se presente como una disputa entre buenos y malos, en la que Putin es la personificación del mal. No diré yo nada en defensa del mandatario ruso, pero sí mostraré mi convencimiento de que según vaya transcurriendo la contienda aparecerán otros muchos aspectos que sin duda tienen interés, pero que han podido quedar eclipsados por este, más primario y dramático.

Me temo (o más bien, deseo) que esta guerra vaya a cambiar muchas de nuestras creencias. Pasada la primera etapa de autocomplacencia, será inevitable preguntarse acerca de cuál ha sido el papel de Europa en la contienda. No deja de ser chocante cómo los países europeos al tiempo que están a punto de entrar en guerra con Rusia dependen totalmente de este país en cuanto al aprovisionamiento de energía. Es grotesco, pero también trágico y paradójico. Indica la fragilidad y debilidad a las que la globalización ha condenado a los Estados. Resulta enormemente inocente pensar que todo se arregla incrementando el gasto en defensa.

Las medidas económicas adoptadas frente a Rusia no sé si están haciendo realmente daño a Putin, pero lo que sí es cierto es que están dejando al descubierto determinados hechos que estaban ocultos o, al menos, no eran generalmente conocidos. Varios ex primeros ministros de países europeos han tenido que dimitir de los puestos que ocupaban hasta ahora como altos cargos en las principales multinacionales rusas.

Matteo Renzi, quien fuera primer ministro de Italia entre 2014 y 2016 y que actualmente es senador por el partido centrista “Italia Viva”, ocupaba hasta ahora el puesto de consejero de Delimobil, la mayor empresa de carsharing de Rusia, cargo al que ha tenido que renunciar después de la invasión a Ucrania.

Austria es el país que se encuentra a la cabeza en el número de políticos implicados, con tres ex cancilleres y dos ex ministros (que se sepa), con intereses financieros en empresas rusas. Entre ellos destacan Wolfgang Schüssel, Christian Kern y Karin Kneissl. El primero de los citados del Partido Popular austriaco, fue canciller de su país entre febrero de 2000 y enero de 2007. Tras dejar la política se incorporó al consejo de supervisión de Lukoil, la mayor petrolera de Rusia. El segundo, Christian Kern, ex jefe de gobierno izquierdista austriaco, que ocupó el cargo de canciller entre 2016 y 2017, al acabar su mandato se incorporó al consejo de administración de Russian Railways, la empresa estatal rusa de transporte ferroviario. Renunció a su cargo tras el inicio de la guerra.

Especialmente llamativo ha sido el caso de Karin Kneissl, periodista austríaca que ejerció como ministra de Asuntos Exteriores entre 2017 y 2019 y que se ha ido a vivir a Francia para evitar las críticas que estaba recibiendo en su país por su decisión de no dimitir en el consejo de supervisión de la petrolera estatal rusa Rosneft. En esta postura sin duda ha influido su amistad personal con Putin, quien incluso asistió a su boda.

En Finlandia,Paavo Lipponen, presidente del Partido Socialdemócrata y primer ministro entre 1995 y 2003, se convirtió poco después de dejar el cargo en asesor del proyecto de gasoducto Nord Stream impulsado por Gazprom. Tras la invasión de Ucrania y el bloqueo del Nord Stream 2, se ha puesto fin a su contrato. El antecesor de Lipponen como primer ministro de Finlandia, Esko Aho, tras el inicio de la guerra ha dimitido como miembro del consejo de supervisión de Sberbank, uno de los mayores bancos rusos.

El ex primer ministro francés François Fillon pertenecía a los consejos de administración de la compañía de hidrocarburos Zarubezhneft y de la mayor productora petroquímica de Rusia, Sibur. Parece ser que tras la invasión de Ucrania renunció a sus cargos.

Es posible que a la cabeza de todos se encuentre Gerhard Schröder, el que fuera canciller de Alemania entre 1998 y 2005, amigo personal de Vladimir Putin.  Poco antes de dejar el sillón, concedió un aval público de 900 millones de euros a la energética rusa Gazprom. Tras su cese, se convirtió en asesor de esta empresa. Y parece ser que aspiraba ahora a sentarse en su consejo de administración. Tiene también un alto cargo en Nord Stream. Pero las críticas no le han hecho dimitir por ahora.

Los casos citados son un pequeño catálogo formado por las noticias llegadas a la prensa y limitado solo a los ex primeros ministros y a las multinacionales rusas. Podemos, sin embargo, imaginemos cuál sería el número de casos a citar, si ampliásemos el abanico al resto de altos cargos y a la totalidad de empresas y multinacionales europeas. El hecho es sumamente significativo de la profunda conexión que existe entre los ámbitos políticos y económicos en este mundo de la globalización.

Existe una conclusión inmediata, aunque quizás se pueda considerar accesoria y secundaria, y es que las tan cacareadas puertas giratorias no constituyen un hecho exclusivo de España. En este tema, al igual que en otros muchos, encontramos un vicio muy extendido en la sociedad española, considerar que los problemas, errores o defectos solo suceden en nuestro país. Es frecuente escuchar en cualquier conversación que algún participante termina su intervención con la aseveración “esto solo ocurre en España”.  Ya Larra se refirió a ello en un conocido artículo titulado “En este país”, en el que se retrataba a un tal don Periquito, especialista en explicar cualquier acontecimiento por las características más bien negativas y únicas de España, diferentes a las del resto de los países.

El hecho de que en esta ocasión sean los maridajes referentes a las empresas públicas rusas los que se hayan hecho públicos, tiene sin duda su origen en el desencadenamiento de la guerra, pero esclarece al mismo tiempo hasta qué punto la globalización económica traspasa y se sobrepone a las posiciones políticas más enfrentadas y aúna si es preciso las ideologías.

La presencia de Schröder a la cabeza de este elenco concede al mismo una significación especial. Schröder, canciller alemán entre 1998-2005, se puede decir que fue el enterrador de la doctrina socialdemócrata en Europa. Ciertamente, con François Mitterrand, Jacques Delors, Felipe González y Toni Blair se habían dado ya pasos muy importantes en este proceso, pero fue Schröder el que le asestó el golpe definitivo. Los que han venido después, por ejemplo, en España Zapatero y Sánchez, son ya otra cosa. Llamémosles populistas, identitarios o como queramos, pero no socialdemócratas, e igual ocurre en los otros países. Lo que en cierto modo es lógico, ya que la globalización y la Unión Monetaria lo impiden.

En 2003, el Partido socialdemócrata alemán (SPD) celebró sus 140 años de existencia. Conmemoraciones que se realizaron con fuertes tensiones internas. Oskar Lafontaine, que defendía con mayor fidelidad la línea socialdemócrata, perdió la partida. En la sombra estaba la agenda 2010, con fuerte bajada de impuestos, desregulaciones y recortes sociales. Merkel vivió todos sus años de mandato de los ajustes acometidos en dicha agenda por Schröder. Aunque el canciller del SPD tuvo que dedicarse a fondo tanto en el interior como en el exterior para explicar el giro que pretendía dar a la política del partido. Es por eso que aprovechando que la formación política cumplía 140 años escribió el 8 de julio de 2003 una tribuna libre en el periódico El Mundo titulada “El Estado del bienestar reta a la izquierda europea”. El artículo, con el objetivo sin duda de justificar la agenda 2010, defendía la globalización, con la tesis de que no era una alternativa, sino una realidad que no había más remedio que aceptar.

Varios días después, el 17 del mismo mes, escribía yo en el susodicho diario otra tribuna titulada “La izquierda europea renuncia al Estado social”. Contestación al artículo del canciller alemán, pretendía hacer una réplica a esa idea central que mantenía Schröder de que la globalización no es una opción, sino una necesidad. Con esta teoría, el entonces presidente del PSD  se apuntaba en cierto modo al determinismo económico sustentado por el neoliberalismo y que mantiene que el statu quo económico es inmutable y que las opciones políticas deben doblegarse ante él.

Defendía yo en el artículo que el concepto de globalización es ambiguo. A veces se emplea para designar ciertos fenómenos sociales unidos a avances técnicos y científicos. En ese sentido no cabe duda de que es una realidad. Pero cuando el pensamiento conservador y ahora parece que también los partidos socialistas hablan de globalización se refieren a otra cosa, lo reducen al libre comercio, a la libre circulación de capitales, y en Europa, a partir del año 2000, a la moneda única. Así lo entiende la RAE, y hay que admirar su sinceridad, cuando lo limita al campo económico y lo define como “la tendencia de los mercados y de las empresas a extenderse alcanzando una dimensión mundial que sobrepasa las fronteras nacionales”. Es decir, constituye la huida del capital y de las fuerzas económicas del corsé del poder político democrático. En este sentido, la globalización no es una necesidad, sino una opción tomada por los propios gobiernos que han decidido abdicar de sus competencias y permitir que el poder económico campe a sus anchas. Tal decisión implica la muerte del Estado social y, por lo tanto, el vaciamiento ideológico de la socialdemocracia.

La globalización es una decisión política que se está imponiendo con un relato erróneo, el de describir un escenario económico idílico y positivo. El de que la globalización constituye una especie de Arcadia buena para todos. La realidad es más bien la contraria. Todos los indicadores lo señalan. Desde principios de los ochenta, fecha en la que podemos situar el inicio de este proceso, por término medio en todos los países las tasas de crecimiento se reducen, las de paro aumentan, la desigual social se intensifica dentro de los Estados y en Europa la brecha entre estos se hace cada vez más honda.

En este artículo no es posible ni es mi intención extenderme sobre los efectos negativos de la globalización. Lo hice en libros tales como “Economía mentiras y trampas” o “La trastienda de la crisis”, ambos de la editorial Península, y que se encuentran al alcance de todos aquellos que tengan curiosidad para comprobarlo. La finalidad de estas líneas se encuentra más bien en llamar la atención sobre el revés de la trama, es decir, la otra cara de la moneda, lo que reside detrás de la faz pública de la globalización. Es lo que en cierto modo y aunque solo sea parcialmente ha aparecido con la invasión de Ucrania, el escenario en el que se entreteje el capital, tenga el origen que tenga, con los mandatarios públicos, sea cual sea su ideología.

Todo este entramado, que en parte se está haciendo público tras el inicio de la guerra, explica en buena medida la postura adoptada hace ya casi veinte años por el entonces canciller alemán y por otros muchos mandatarios europeos para defender la globalización, globalización que a él y a otros mandatarios políticos les está  resultando muy rentable.

republica.com 31-3-2022



LA EUROPA DEL CAPITAL Y EL MODELO 720

EUROPA, HACIENDA PÚBLICA Posted on Jue, mayo 12, 2022 20:33:59

En 2017, la Comisión, y ahora el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se han pronunciado en contra del modelo 720 de la Agencia Tributaria (Declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero). En realidad, lo que censuran y condenan ambas instituciones es la obligación impuesta a los residentes en España de declarar en dicho modelo toda clase de bienes en el extranjero, así como reprueban las sanciones que lleva aparejadas no hacerlo, o hacerlo fuera de plazo.

Lo primero que puede extrañar es que tanto la Comisión como el Tribunal se adentren en materia de Hacienda Pública, ya que la Unión Europea ha huido siempre de estas competencias. Permanentemente ha rechazado todo intento de integración en el ámbito fiscal, a pesar de constituir un complemento necesario tanto del Acta Única como de la Unión Monetaria. En buena medida, los males y defectos de la UE radican en esa falta de unidad fiscal. El presupuesto comunitario es casi ridículo y los ingresos propios, en extremo reducidos y casi en su totalidad cobrados a los Estados y no directamente a los ciudadanos.

Ha sido la pasividad de las instituciones europeas la que ha permitido la existencia de paraísos fiscales dentro de la propia Unión y una competencia desleal entre los Estados, que han ido reduciendo la presión fiscal directa a favor de la indirecta, y que han jibarizado la política redistributiva. La UE nunca ha querido asumir la política redistributiva ni en el plano personal ni en el territorial, pero al mismo tiempo obstaculiza que los Estados la desarrollen.

Pero entonces, ¿por qué la Comisión y el Tribunal se entrometen en la forma de recaudar de un Estado miembro? La explicación se asienta en los derechos y prerrogativas del capital, y más concretamente de sus libres movimientos. La argumentación de la Comisión y del Tribunal, aunque con diferencias, se fundamenta en que consideran que el modelo 720 y todo lo que conlleva constituye una restricción a la libre circulación de capitales y por lo tanto al Derecho comunitario.

Todos los elementos que se cuestionan: las ganancias patrimoniales no justificadas, la no prescripción, la desproporción que según ellos tienen las sanciones, etc., son contrarios al Derecho comunitario, solo en cuanto que todos ellos incrementan la intensidad y la importancia de las restricciones a la libre circulación de capitales. Razonan que todas esas obligaciones impuestas acerca de los bienes que se sitúan en otros países pueden desincentivar la inversión en el extranjero. Aunque tendríamos que decir más bien que lo que hacen es eliminar el incentivo que la posibilidad de fraude y evasión fiscal conceden a la deslocalización de los bienes fuera del país de residencia.

Habrá que preguntarse si la facilidad para defraudar a la Hacienda Pública no es la que corrompe la libre circulación de capitales, al quebrar la neutralidad entre los destinos y al transformarla en evasión de capitales. Conviene no olvidar que gran parte de la inversión en el extranjero se puede realizar desde los bancos nacionales o en territorio nacional. Así que muchos de los que depositan bienes en el exterior lo que buscan es la opacidad fiscal. Con el modelo 720 se pretende retornar a la ecuanimidad, permitiendo que la libre circulación de capitales, al menos en cuanto a la información, se rija por motivos económicos y no fiscales.

Más allá de si el modelo 720 restringe o no la libre circulación de capitales, de lo que no cabe duda es que esta ocupa un papel fundamental en el andamiaje constitucional de la UE. Por el contrario, al sistema fiscal y a la lucha contra el fraude se los relega a un lugar muy secundario, casi irrelevante. En nuestra Constitución la jerarquía es la inversa. La libre circulación de capitales no aparece y, sin embargo, el Estado social, cuyo principal componente es un sistema fiscal justo, basado en la igualdad y progresividad, se configura como columna central del edificio. Ello conduce a plantear un problema de fondo: ¿hasta qué punto son compatibles ambas realidades políticas?

Va llegando el momento de que nos preguntemos si al firmar el Acta Única y al incorporarnos a la Unión Monetaria no se produjo un cambio sustancial de la Constitución Española, modificación que se realizó con cierta ligereza democrática, basándose exclusivamente en la autorización que la Carta Magna concede a los mandatarios para firmar acuerdos internacionales; si bien no parece que al redactar y aprobar este artículo se estuviese pensando en pactos que modificasen esencialmente la propia Constitución.

En honor de la verdad hay que añadir que esta metamorfosis no ha sido exclusiva de nuestro país. La mayoría de los Estados han dado un giro similar. Este hecho es bastante lógico si se considera que los pasos fundamentales en la constitución de la UE se han dado cuando el neoliberalismo había adquirido ya una posición dominante y la socialdemocracia y el Estado Social estaban de retirada. La UE se ha construido siguiendo los axiomas más estrictos de la globalización. En el centro está el capital y sus intereses y son los respectivos lobbies los encargados de escribir el libreto en Bruselas. No nos puede extrañar por tanto que las instituciones europeas solo entren en los temas fiscales para defender las prerrogativas del capital y de las empresas.

El Tribunal de Luxemburgo admite que se puede restringir la libre circulación de capitales en aras de la lucha contra el fraude fiscal, ma non troppo, pero no demasiado. El Estado puede demandar la información, pero sin establecer en caso de incumplimiento esas penalizaciones que se consideran tan duras. O, dicho de otro modo, el modelo 720 puede seguir funcionando, pero con unas sanciones suaves, casi testimoniales, que todo se reduzca a nueva invitación a declarar y que difícilmente empujarán al cumplimiento del contribuyente.

La sentencia acusa a las sanciones a imponer de falta de proporcionalidad. Se ignora a qué se refiere y qué medida emplea para determinarla, pero parece bastante claro que la intensidad y cuantía de la sanción, para que sea efectiva, debe estar en proporción directa a la facilidad de evasión. Allí donde la probabilidad de que la Administración detecte la infracción sea muy alta, la amenaza de una sanción reducida será suficiente para asegurar el cumplimiento. Por el contrario, cuando la posibilidad de evasión es muy grande y además el riesgo se puede diversificar en distintos bienes, las sanciones tienen que ser muy elevadas para que generen algún efecto disuasorio.

En los bienes que se encuentran en el extranjero la posibilidad que tiene la Administración Tributaria de detectarlos, si sus dueños no los manifiestan, es casi inexistente, por lo que las sanciones a la no declaración tienen que ser cuantiosas para lograr algún resultado. El Tribunal quizás emplea el término proporcional en relación a las sanciones que se imponen cuando los bienes están en territorio nacional, lo que no tiene ninguna lógica, dado que los distintos bienes situados en España, al revés de los que se asientan en el exterior, están sometidos a todo tipo de controles. Son muchas las fuentes a través de las cuales llega la información a la Agencia Tributaria: entidades financieras, compañías de seguros, notarios, registradores de la propiedad, catastro, empresas y demás entidades obligadas a retener, etc. Después de cruzar todos estos datos, la información de los bienes situados en España es bastante completa, lo que no quiere decir que no exista fraude en las rentas.

Parece que el Tribunal considera abusivo que los bienes descubiertos en el extranjero se califiquen de incrementos no justificados de patrimonio. Sin embargo, es el mismo tratamiento fiscal que se les da a los que se descubren en el interior. La única diferencia, y quizás esté ahí la explicación de la crítica del Tribunal, se encuentra en la prescripción. Mientras en estos últimos bienes se admite la prescripción, desde el momento en que fueron adquiridos por el contribuyente, siempre que se pueda conocer esta fecha, en los situados en el exterior la prescripción solo comienza a computarse desde el momento en que la Agencia Tributaria tiene noticia de ellos.

Pero esta diferencia es también razonable y no debe extrañarnos ni tendría que escandalizar al Tribunal. En los bienes situados en territorio nacional, la Administración puede localizarlos desde el mismo momento en el que están en poder del contribuyente. Por el contrario, en los que están emplazados en el exterior, difícilmente Hacienda puede descubrirlos si no tiene constancia de su existencia. Además, en el extranjero la Administración no cuenta ni con los medios ni con la potestad de actuar con los que cuenta en el interior.

En sus alegaciones la Comisión aduce que en la UE se ha establecido una serie de directivas destinadas a facilitar el intercambio de información entre los Estados, lo que hace innecesarios otros procedimientos más agresivos como el modelo 720. Resulta un poco ingenuo tal razonamiento. En primer lugar, porque según esta normativa la petición hay que hacerla de forma individualizada, lo que resulta imposible en la mayoría de los casos, cuando se desconoce absolutamente todo. En segundo lugar, porque como casi todo en Europa, esta obligación de información se realiza muy deficientemente, tarde, mal y nunca. Debe de funcionar tan bien como las órdenes de detención, de cuya ineficacia tenemos una amplia constancia los españoles.

Resulta llamativo el escaso espacio que ha ocupado en la prensa esta sentencia y, además, en la mayoría de las ocasiones felicitándose de ella y tildando de abusiva la postura de Hacienda. Parecería procedente que la reacción de aquellos que se oponen a toda subida de impuestos, aferrándose a la idea de que el fraude es muy elevado, fuese la contraria, ya que deberían defender todas las medidas de lucha contra la evasión fiscal. Y contra la sentencia debería haber tomado posición desde luego la izquierda, ya que la gravedad de lo decidido por la UE es grande y deja bien claro lo que se puede esperar dentro de sus límites. No es solo que a nivel comunitario no se pueda establecer un sistema tributario progresivo, sino, que tampoco se puede realizar dentro de cada Estado. Todo conspira para que el modelo que rija en este tema en Europa sea profundamente neoliberal.

En esta ocasión se echan en falta esas voces tan proclives a censurar a la justicia española cuando sentencia a los golpistas catalanes. Se esperaría que, siendo muchos de ellos teóricamente de izquierdas, hubieran reaccionado ante una sentencia que rompe la soberanía fiscal de un Estado miembro en beneficio del capital. Cuando se conozca el listado nominativo de las devoluciones y las cantidades respectivas será difícil no darse cuenta del disparate que se ha cometido con esta sentencia.

Los defensores entusiastas de la sentencia y detractores del modelo 720 se enfrentan a una contradicción. Fue el Gobierno de Rajoy  el que lo aprobó, siendo ministro de Hacienda Cristóbal Montoro. Conozco a Montoro desde hace muchos años, antes de que fuera ministro o secretario de Estado. Coincidí con él en múltiples mesas redondas cuando él ocupaba el cargo de director del Instituto de Estudios Económicos, entidad dependiente de la CEOE, y uno de los principales focos de emisión de pensamiento neoliberal. Nuestras posturas, como es normal, estaban casi siempre enfrentadas. Montoro no ha sido nunca un bolchevique rabioso ni siquiera un furibundo keynesiano. Sin embargo, vio la necesidad de que, si se quiere combatir el fraude, los bienes en el extranjero de los residentes deberían ser tan trasparentes como los que se encuentran en el interior del país.

Republica.com 17-2-2022



DE CUBA A UCRANIA

EUROPA, GLOBALIZACIÓN, REALIDAD INTERNACIONAL Posted on Jue, mayo 12, 2022 20:10:32

Se comenta que, en días de agobio político, el fantasma de Iván Redondo recorre los despachos de la Moncloa. Y debe de ser así, porque, de lo contrario, llegaríamos a la conclusión de que nos habíamos equivocado y de que los numeritos y los escenarios azul pastel no eran suyos y habría que predicarlos más bien del propio Sánchez. Tras la marcha del jefe de gabinete continúan produciéndose los mismos espectáculos circenses. El otro día las televisiones nos presentaron un cuadro entrañable: Sánchez sentado en su despacho con cartera presidencial añadida, hablando descamisado por teléfono, y una voz en off indicando que el presidente del Gobierno se comunicaba con el resto de mandatarios internacionales a efectos de solucionar el problema de Ucrania. Se presentaba la cuestión de tal manera que parecía que él estaba al frente de la operación. El cuadro resulta más estrambótico, si cabe, si consideramos que estuvo más de seis meses esperando la llamada de Biden y que pocos días después de la representación Biden mantuvo una videoconferencia con todos los que pintan algo en Europa (hasta el primer ministro polaco fue convocado) y de la que fue excluido Sánchez.

La exhibición televisiva, en principio, no tendría demasiada importancia, ya que cada uno hace el ridículo como quiere, y además es un tipo de espectáculo al que Sánchez nos tiene muy acostumbrados. Ya montó uno similar con la salida de Afganistán, o con la llegada del Aquarius. El hecho adquiere, sin embargo, mayor relevancia porque el Gobierno se ha dado prisa en ocupar los primeros puestos, mandando al lugar de conflicto una fragata, dos buscaminas y no sé cuántos aviones y soldados. Parece que queremos hacernos perdonar algo o pasar por los alumnos más aplicados. Esta postura contrasta con el papel de la Unión Europea que, hasta ahora, ha sido mucho más tibio; incluso el ministro de Asuntos Exteriores ruso, tras la negociación con su homólogo norteamericano, bromeaba preguntándose con cierta ironía dónde estaba la Unión Europea.

Esta tendencia a ser los primeros de la clase y a ocupar un puesto que no nos corresponde no es nueva. No es cierto que este sea el país de la paz, como algunos quizás con poca memoria pregonan. España participó entusiásticamente en la primera guerra del Golfo y en la de Yugoeslavia en tiempos de Felipe González y en la segunda de Iraq con Aznar. En principio, nada hay de censurable en que España haya cumplido sus compromisos con su pertenencia a la OTAN, aunque bien es verdad que todas estas acciones bélicas no se ejecutaron desarrollando estrictamente el reglamento de la  organización. Para España lo reprochable comienza cuando se pone al frente de la manifestación asumiendo un protagonismo que resulta hasta ridículo, al tiempo que otros países con muchos mayores motivos optan por un lugar más discreto y una actitud más ambigua. Pensemos en la foto de las Azores.

En todas estas situaciones los partidarios del no a la guerra hemos sido minoría. La postura del PSOE de Zapatero con respecto a la guerra de Iraq fue una excepción motivada por encontrarse en la oposición y considerar que ese planteamiento le proporcionaba buenos rendimientos electorales y un medio para llegar al gobierno, como realmente ocurrió, aunque bien es verdad que ello solo fue posible por los atentados del 11-M. Tanto antes como después, el PSOE no ha sobresalido por su pacifismo. Del no a la OTAN a Javier Solana de secretario general de Alianza Atlantica.

Algunas lecciones deberíamos sacar de todos estos acontecimientos pasados. La primera es que todas las guerras, aun cuando adopten el nombre de misiones humanitarias, normalmente producen más dolor del que en teoría dicen querer evitar (lo llaman a menudo “efectos colaterales”) y dejan con frecuencia tras de sí una situación peor que la inicial. La última prueba, Afganistán.

La segunda es que los calificativos como dictador, demócrata, tirano, justo o injusto, etc., que tienen todo el sentido en la política nacional, dejan de tenerlo cuando los aplicamos a la internacional. En este orden, todos los gobernantes suelen comportarse de forma muy parecida, motivados únicamente por intereses de todo tipo. Se suele hablar de la “realpolitik”. Nadie es santo ni nadie es villano, pero todos lo son a la vez. La única diferencia entre unos y otros es que algunos no necesitan justificarse ante sus ciudadanos; otros sí tienen que hacerlo y entonces no les queda más remedio que recurrir a las mentiras y a los montajes. Recordemos las armas de destrucción masiva en la guerra de Iraq. Es un gran error juzgar los conflictos internacionales por las características que concurren en cada uno de los bandos, en lugar de considerar el motivo del conflicto o la cuestión que está en porfía.

En esta ocasión, gran parte de la opinión publicada se ha apresurado a calificar a Putin con toda clase de epítetos y connotaciones negativas. Mucho de lo que dicen puede ser perfectamente cierto, pero eso no explica ni da razón del conflicto. Hay también quienes quieren ver intenciones ocultas y no confesadas por Moscú. Según esas voces, la razón de la ofensiva se encontraría en la necesidad de evitar que los países limítrofes de Rusia se incorporen a la opulencia de Occidente, pues esto facilitaría que los rusos empobrecidos pudiesen tomar consciencia del contraste entre ambos mundos.

El defecto principal de esta elucubración es que no se sustenta en ninguna prueba y las peticiones explícitas de Putin no van en esa dirección. No parece que sus preocupaciones caminen por la situación económica o alianzas comerciales de los países que circundan a Rusia. Se centran más bien en las alianzas militares, y más concretamente en la posible entrada de Ucrania y algún otro país vecino en la OTAN, lo que conllevaría el riesgo de situar las más sofisticadas armas ofensivas a pocos kilómetros de Moscú.

Hay también quien con gran solemnidad plantea que en esta contienda se cuestiona un principio esencial, la libertad de un país soberano para tomar sus decisiones y hacer lo que le plazca, en este caso entrar o no entrar en la OTAN. Considerado así, en teoría, parece un planteamiento consistente. Nada más lógico que defender la autonomía de un país independiente. Pero nunca las cosas, sobre todo en la geopolítica, están claras, más aún si echamos la vista hacia atrás.

Con mucha frecuencia EE. UU., la OTAN o los demás países de eso que llaman la Comunidad Internacional no han tenido ningún empacho en limitar la libertad de países soberanos cuando los han considerado amenazas para la seguridad internacional, que lógicamente coincide con la suya. En aras de evitar la proliferación nuclear, se limita la capacidad de obrar de determinados Estados, que también son soberanos por muy reprobables que puedan parecer sus respectivos regímenes políticos. En la segunda guerra de Iraq el pretexto que manejaban Bush y los países invasores, aunque después resultase falso, es que Sadam Husein poseía armas de destrucción masiva.

Y por qué no citar el caso que más se asemeja al actual, aunque se remonte al año 1966. Me refiero al affaire de los misiles cubanos, más bien rusos, que la Unión Soviética quería instalar en Cuba, y que la Administración Kennedy no estaba dispuesta a consentir, dada la proximidad a muchas ciudades americanas, incluso al mismo Washington. El discurso, entonces de Kennedy, no era sustancialmente distinto del que ahora asume Putin, con independencia de las opiniones que se tengan de ellos. Ambos justifican la limitación de la soberanía de un tercer país en la autodefensa. También Cuba en aquel momento era un país soberano.

Se puede alegar que en 1966 estábamos en la Guerra Fría. Pero lo cierto es que la Alianza Atlántica es un residuo de esa misma guerra fría. Desapareció el Pacto de Varsovia, pero no la OTAN, y conviene recordar que constituye una alianza militar. Aun cuando en sus estatutos se afirma que tiene una finalidad defensiva y que solo debe actuar a petición de un socio que se vea agredido (art 5), la mayoría de las veces que la OTAN ha actuado no lo ha hecho dentro de esos límites, ni como consecuencia de haber activado el artículo 5, excepto con ocasión de la invasión de Afganistán en la que EE. UU. pidió su aplicación. No obstante, en este mismo caso es difícil aceptar que la ofensiva terrorista contra las torres gemelas pueda considerarse el ataque de un país por otro.

No puede extrañar demasiado que Rusia muestre cierta intranquilidad a que los países limítrofes puedan incorporarse a la OTAN, que no conviene confundir con el ingreso en la UE a lo que en principio no parece que Rusia tenga ninguna objeción. De hecho, Suecia y Finlandia han mantenido durante muchos años una situación especial, pertenecen a la Unión Europea pero no a la OTAN. Se trataba entonces de mantener un espacio de neutralidad frente al Pacto de Varsovia y la OTAN.

El tema no es nuevo. Estuvo presente en la disolución de la antigua URSS. Gorbachov, que pilotó la operación, ha afirmado, y así lo recoge en sus memorias, que hubo un acuerdo con la OTAN, en el que esta organización se comprometía a no extenderse hacia el Este. El acuerdo parece que fue oral y no se plasmó por escrito en ningún documento, por lo que en los momentos presentes puede considerarse papel mojado y no representa ninguna prueba, pero sí puede estar influyendo en la motivación de Rusia. Tal vez por eso Putin exige ahora a Biden la contestación a sus demandas por escrito.

Rusia siempre ha presentado reticencias a la entrada en la OTAN de un país limítrofe y perteneciente con anterioridad al bloque soviético, pero, a pesar de ello, son ya varios los países fronterizos con Rusia que pertenecen a la Alianza Atlántica. Da toda la impresión de que en esta ocasión Putin no está dispuesto a admitir que este proceso continúe y, dadas además las especiales condiciones que unen a Rusia con Ucrania, ha decidido plantar cara.

Pero preguntémonos cuáles son los intereses que se encuentran detrás del ingreso de Ucrania en la OTAN. Quizá la comparación de nuevo con Kennedy y los misiles cubanos nos ayuden a contestar a la pregunta. En aquella ocasión el interés no estaba tanto en la Unión Soviética como en Cuba, que pretendía protegerse ante una posible invasión norteamericana, repetición de la de la Bahía de Cochinos. Ahora la verdaderamente interesada es Ucrania, que pretende cubrirse ante una posible invasión rusa. EE. UU. y la OTAN no han mostrado hasta ahora demasiada predisposición. De hecho, a diferencia de otros países, a Ucrania no se le ha hecho un plan temporalmente estructurado. Para la Alianza Atlántica el tema es más de principio, de defender el artículo 10 de la organización que establece que todo país puede pedir el ingreso. Pero ya sabemos que en geopolítica los principios son menos importantes que los intereses.

Se blande con frecuencia el hecho de que Ucrania es un país soberano, pero soberanía no es igual a omnipotencia. Ucrania no puede decidir sin más entrar en la OTAN, porque ello incumbe a la propia Organización Atlántica. En 1966, Cuba era un país soberano pero la decisión de instalar misiles soviéticos en su territorio dependía en primer lugar de la Unión Soviética. Es por eso por lo que el conflicto fue entre Kennedy y Khruschev; las demandas del primero se dirigían al segundo, y las negociaciones se establecieron entre EE. UU. y la Unión Soviética. En la actualidad, las exigencias de Rusia no se orientan a Ucrania sino a la OTAN, que es lo mismo que decir a EE. UU.

Este conflicto, al igual que el de 1966, estaba ocasionado por los miedos recíprocos. Cuba tenía miedo de la invasión de EE. UU., y por eso quería los misiles en su territorio. Ahora es Ucrania la que tiene miedo de que Rusia pueda invadir su territorio. Entonces, a EE. UU. le asustaban unos misiles soviéticos instalados tan cerca de sus fronteras, y en la actualidad es a Rusia a la que intimida que la OTAN se instale tan cerca. La solución en aquel momento pasó por la destrucción de todos los miedos, el desmantelamiento de los misiles y la promesa de que EE. UU. no invadiría nunca Cuba. Quizás en la actualidad el acuerdo no tiene por qué alejarse mucho del de entonces. Podría concretarse en el compromiso de Putin de que Rusia no invadirá nunca Ucrania y al mismo tiempo que se aleje cualquier proyecto de que este último país entre en la OTAN.

republica 3-2-2022



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