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ARTÍCULOS RECIENTES CONTRAPUNTO

LA LEVEDAD DEL PRESUPUESTO

GOBIERNO, HACIENDA PÚBLICA Posted on Lun, octubre 31, 2022 20:44:35

Para quien conozca cómo se elabora el presupuesto y, sobre todo, cómo se ejecuta, pocas cosas serán tan cómicas como presenciar a los políticos y a los medios de comunicación discutiendo sobre él, y concediéndole una importancia que está muy lejos de tener. La verdad es que desde hace mucho tiempo el presupuesto, una vez aprobado, es totalmente flexible y maleable, puede encogerse  y estirarse al antojo del gobierno de turno. Como alguien dijo, constituye un solo crédito y ampliable.

En teoría, en origen, se entendía que el presupuesto era un documento en cierto modo coercitivo, aprobado por el legislativo, que condicionaba la actuación financiera del gobierno, limitaba los gastos que este podía realizar y cuyos créditos en ningún caso podían superarse. Pero nada de ello ocurre ahora. Todos los principios presupuestarios han quedado sin valor. No solo es que los recursos pueden trasladarse de un concepto a otro, sino que también se pueden crear partidas nuevas o dejar sin efecto las existentes.

Poco importan las cantidades que figuran en el documento inicial. Lo único realmente relevante es cómo se ejecuta, pero para ese momento todo el mundo está pensando ya en el nuevo presupuesto y nadie se fija en la realización del pasado. Bueno, hay una excepción, los nacionalistas catalanes que están prestos a practicar el victimismo y gritar que el Estado les engaña; según ellos, les promete una cosa y ejecuta otra, sin considerar (o considerando) que es imposible, por la propia técnica presupuestaria, que las inversiones se realicen al cien por cien en un año.

La inestabilidad e incertidumbre del presupuesto ha llegado a su cima con este Gobierno. Todo es posible. Además de las facilidades que ofrece actualmente la normativa para modificar todo lo que se quiera el documento inicial, se encuentra la querencia y el abuso que ha adoptado Sánchez de aprobar decretos leyes cada poco, con lo que se puede disponer de todo tipo de gastos que no están incluidos ni previstos en los presupuestos. Todos estos gastos no constituyen un plan coherente de estímulos y prestaciones sociales diseñado previamente, sino un conjunto de ocurrencias que van jalonando su gobierno al unísono de lo que cree que le conviene electoralmente.

Este sistema de conceder las ayudas y subvenciones sin planificar, separadas en diversos cajones y sometidas a todo tipo de condiciones genera una casuística de tal calibre que resulta imposible de gestionar y de controlar. La mayoría de las veces la tarea se encomienda a la Agencia Tributaria que es la única entidad que puede disponer de alguna información acerca de las condiciones y requisitos que se solicitan; no obstante, el conocimiento del que dispone es muy incompleto y reducido a los datos fiscales y a la declaración de la renta de cada uno, de manera que saldrán precisamente beneficiados aquellos que hayan cometido fraude o tengan propiedades o ingresos opacos para el fisco.

En cualquier caso, es indudable que se está echando sobre este organismo una carga de trabajo que va a dificultar seriamente su labor principal, perseguir el fraude. Todo comenzó con el ministro Escrivá y ese disparate del ingreso mínimo vital que, al haberse diseñado como un impuesto negativo sobre la renta, resulta imposible gestionar y mucho menos controlar. Ante el fracaso conseguido hasta ahora, el ministro, siguiendo la tónica de este Gobierno, lo achaca todo a la falta de información y para solucionarlo ha tomado una roulotte y se ha dispuesto a recorrer todos los rincones de España. El problema, sin embargo, no es de conocimiento, sino de diseño y definición.

La forma sanchista de ejecutar el gasto público obliga a ver con cierta ternura la reacción de Podemos con respecto al incremento de los gastos de defensa. Se han conformado con el hecho de que no se haya incluido dentro del techo del gasto, pero ni eso ni que no figuren en el presupuesto constituye garantía alguna de que no se vayan a realizar. En realidad, ni siquiera estando en el gobierno los lideres de Podemos se han enterado de los incrementos sufridos en esta partida a lo largo del presente ejercicio.

También creo que se encuentran bastante desorientados aquellos que critican al Gobierno por haber presentado los presupuestos sobre unas estimaciones macroeconómicas erróneas. Piensan que conducirá a que los ingresos acaben siendo muy inferiores a los previstos. Pocas dudas caben de que el crecimiento económico será bastante menor que el anunciado por el Gobierno, pero es muy posible que la inflación sea mayor y por lo tanto se compensen.

Que los precios afecta también a los ingresos es algo que durante mucho tiempo parecía olvidado, especialmente cuando se atacaba la indización de las pensiones por tratarse de, se decía, una carga inasumible para el Tesoro, sin considerar que los ingresos públicos se habían incrementado por la inflación al menos en el mismo porcentaje.

Para justificar, o hacer al menos más digerible el ataque a la actualización de las pensiones, algunos terminan su diatriba salvando de su crítica a las prestaciones más reducidas, sin especificar dónde se sitúa el límite. Lo cierto es que, aunque se diga lo contrario, todas las pensiones son bajas. Desde 1985 la máxima está plafonada. No hay ninguna pensión de la Seguridad Social por encima de 30.000 euros brutos anuales. Por lo menos hasta ahora. Es posible que esto cambie en el futuro gracias a los inventos creados por Escrivá. Es contradictorio que se pida la deflactación de la tarifa del IRPF para los contribuyentes con rentas hasta los 30.000 o 40.000 euros anuales y al mismo tiempo se promueva que a los pensionistas se les rebaje la prestación en términos reales.

Hubo una cosa en la que el gobernador del Banco de España no estuvo acertado el otro día en el Congreso. Manifestó el peligro que representa la actualización de las pensiones por el IPC. Razón: que constituye un gasto estructural, es decir, que se consolidará para el futuro mientras que los ingresos extraordinarios (si se les puede llamar así) obtenidos por la inflación y que financiarían en este ejercicio la regularización son coyunturales. Pero eso no es cierto. Lo que parece olvidar el gobernador es que el nivel de precios de este año se traslada al siguiente y con él el mismo monto de ingresos, siendo por tanto su subida estructural y consolidada para el futuro.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, no se entiende demasiado el interés del Gobierno por sacar adelante los presupuestos a pesar de que sabe que va a tener que pagar cuantiosos chantajes a la legión de socios que precisa para su aprobación. Todo lo que va a poder hacer con el nuevo presupuesto se podría hacer con el actual prorrogado. Hay que pensar que más que una conveniencia o necesidad económica se trata de un interés político. El objetivo es sobre todo de representación, de propaganda. Pretende hacer ver que este Gobierno es estable y cuenta con los apoyos necesarios para aprobar unos presupuestos. Efecto contagio y persuasión. Es lo mismo en lo que confía conseguir Tezanos cuando falsifica las encuestas.

republica.com  27-9-2022



REBAJAS FISCALES A GOGÓ

HACIENDA PÚBLICA Posted on Mié, octubre 19, 2022 23:01:47

No entraré en la refriega que se ha suscitado acerca de la política fiscal; más que refriega, caos, ruido poco armonioso. Tampoco entraré a dilucidar quién tiene razón. En principio, soy contrario a todo lo que signifique rebaja fiscal, sobre todo en los momentos actuales. Pero también soy reacio a esa tómbola que ha implantado el Gobierno y que constituye un cúmulo de ocurrencias en el que no se sabe muy bien por qué se beneficia a ciertos colectivos y no a otros. Valgan de ejemplo los cuatrocientos euros del bono cultural, o la gratuidad en cercanías o en los trenes de media distancia. Supongo que los extremeños, con un fuerte déficit de estructuras  ferroviarias, estarán muy contentos.

Estamos ya en campaña electoral y todos los partidos y las Comunidades están dispuestos a conceder toda clase de prebendas o reducción de impuestos con el argumento de que hay que beneficiar a la clase media trabajadora, nuevo término que se está haciendo tópico, sin que nadie sepa muy bien dónde comienza y dónde termina. Todas esas prodigalidades tienen su contrapartida, con efectos quizás más negativos y perniciosos para los estratos sociales bajos y medios: obligar al BCE a endurecer la política monetaria con la finalidad de controlar la inflación.

Al margen de la algarada y de lo que cada uno defienda, lo que no es aceptable es que se intente engañar al personal presentando datos falsos o inferencias incorrectas, bien sea con mala fe o simplemente por ignorancia. La rueda de prensa de la ministra de Hacienda en la que presentó de prisa y corriendo las nuevas medidas fiscales constituyó un compendio de ese comportamiento.

Reiteró por activa y por pasiva que las novedades obedecían a una finalidad, la de gravar a los ricos y beneficiar a los pobres, cantinela que han repetido todos los ministros, ministras e incluso ministres si los hubiese. La finalidad parecía muy loable puesto que para eso está el sistema fiscal, para garantizar la suficiencia del Estado de bienestar y también como factor de redistribución de la renta. Pero las medidas que presentó la ministra están muy lejos de eso y  no son más que mera representación y propaganda.

En teoría, crean un nuevo gravamen al que denominan de solidaridad, pero ni es tan nuevo ni mucho menos general, ya que tendrá efecto exclusivamente sobre los contribuyentes de aquellas Autonomías que en mayor o menor medida hayan desactivado el impuesto de patrimonio, puesto que lo pagado por este tributo será deducible en el nuevo gravamen.

En realidad, la finalidad no parece ser tanto la de gravar a los ricos, tal como afirman, si no la de armonizar por la puerta de atrás el impuesto de patrimonio que aplican los distintos gobiernos regionales. En el fondo obedece a la necesidad de dar satisfacción a Esquerra Republicana que después de haber demandado durante largo tiempo la autonomía normativa en materia fiscal se queja ahora de que la ejerzan algunas Comunidades. Es más, el comportamiento lógico de las Autonomías después de la aprobación de la medida sería situar en el tope máximo el impuesto de patrimonio, ya que lo que no se pague por él a las Autonomías se satisfará al Estado con el nuevo gravamen. Es muy probable, por tanto, que esté quede vacío de contenido.

Siempre he denunciado los efectos perversos que genera la falta de armonización fiscal en Europa y la ausencia de voluntad política de los mandatarios de corregirla. En cuanto a España, no se precisaría la armonización si no se hubiese roto la unidad tributaria, transfiriendo la potestad normativa a las regiones. El problema no se encuentra solo en el impuesto de patrimonio, que parece ser lo que preocupa al Gobierno y a Esquerra; la disparidad en el IRPF es considerable y tal vez más grave. Las deducciones son de lo más variado en correspondencia con las ocurrencias de los respectivos gobiernos.

¿Y qué decir del régimen fiscal del País Vasco? Mientras permanezca, es difícil que se pueda hablar de armonización con sentido. Por otra parte, a la hora de homogeneizar sería preciso hacerlo también con otros muchos factores. Por ejemplo, con el ingreso mínimo vital (Escrivá no se atrevió) o con los salarios de los policías, o las retribuciones de los presidentes y de ahí hacia abajo toda la Administración.

En ese papel de Robin Hood que pretende asumir Sánchez de cara a las próximas elecciones, completa el llamado impuesto de la solidaridad con pequeños cambios en el IRPF. Se proyecta la subida de un punto en el tipo marginal de la tarifa de las rentas de capital al colectivo que ingresa por este concepto de 200.000 a 300.000 euros anuales y dos puntos a los que se sitúan por encima de los 300.000 euros.

La medida es un parche de efecto muy reducido y que tiene tan solo la finalidad de parecer que se hace algo; de hecho, resulta casi ridículo cuando se contempla la distorsión que existe entre rentas de capital y de trabajo en el IRPF. La auténtica reforma, pero que Sánchez no se atreverá a llevar a cabo nunca, es la de retornar a un impuesto personal y global en el que exista una sola base imponible, englobando en ella todos los ingresos del contribuyente y aplicando una única tarifa. Ello igualaría las rentas de capital a las de trabajo y el tributo retornaría a la progresividad del inicio. Mientras no se acometa este cambio, el impuesto tendrá un vicio de base y todas las otras modificaciones no son más que un remiendo.

Tampoco resultan mucho más serias las medidas que se suponen destinadas a reducir el gravamen a la clase media trabajadora. En este punto se falsifica la verdad, no se sabe si con la finalidad de ocultarla o tal vez por mera ignorancia. La ministra manifestó que la reducción por trabajo en el IRPF –que, en los momentos actuales, según ella, afecta al colectivo que presenta ingresos inferiores a 18.000 euros anuales- se iba a extender a aquellos que no alcanzan los 21.000 euros.

Como colofón, Montero añadió que la medida beneficiaba al cincuenta por ciento de los trabajadores, puesto que la cantidad de 21.000 euros coincide con el sueldo mediano en España. No aclaró si se trata de bruto o neto. En cualquier caso, la afirmación no es congruente porque los favorecidos, según las palabras de la propia ministra, serían solo los contribuyentes cuyo sueldo anual se encuentra entre los 18.000 y los 21.000 euros, colectivo que no parece representar un número demasiado elevado. Hay que considerar además que muchos de ellos, debido a las distintas reducciones y deducciones, no tendrían que pagar el gravamen con anterioridad al cambio.

Otra de las supuestas medidas propuesta por la ministra en el IRPF consiste en que la exención del gravamen pasaría de los 14.000 euros a los 15.000 de ingresos anuales. Es desconcertante porque en el actual impuesto no hay límite exento, tal como sí existía en otras épocas. La ministra se equivocó. Se supone que quería referirse a la obligación de declarar, que se sitúa en 14.000 euros anuales pero solo cuando hay dos o más pagadores, porque cuando hay un solo el límite se sitúa en los 22.000 euros. Como se ve, los beneficiados no son demasiado numerosos. Se reducen solo a los trabajadores con dos o más pagadores y cuyos ingresos se encuentran entre los 14.000 y 15.000 euros anuales. Resumiendo, parece bastante evidente que solo una pequeñísima parte de la clase media trabajadora (para usar la terminología de Sánchez) será la agraciada.

Las contradicciones también se encuentran en las medidas anunciadas respecto del impuesto de sociedades. El primer error, y no es exclusivo de este gobierno ya que el tema viene de lejos, consiste en hacer distinciones entre empresas grandes y pequeñas. Aplicar criterios de progresividad al terreno societario carece de todo significado. Son criterios que solo tienen sentido tratándose de gravámenes de personas físicas. Ni por el nivel de actividad ni siquiera por la cuantía de capital pueden calificarse las sociedades, ya que habría que tener en cuenta el número de accionistas. Otra cosa distinta son los gestores, pero su tributación sale fuera del impuesto de sociedades y compete al IRPF.

Hay empresas muy grandes en dificultades económicas y con una rentabilidad mínima para los accionistas, incluso algunas quiebran, como el Banco Popular, y sus socios pierden todo el capital. Del mismo modo hay empresas de tamaño reducido con una gran rentabilidad y pingües ganancias para sus socios. No hay ninguna razón para que los beneficios se graven según el tamaño con distintos tipos.

Pero es que, además, constituye una incongruencia el criterio escogido para la distinción, la cifra de negocios, según esté por debajo o por encima de un millón de euros. Con una misma cifra de negocios el tamaño de las empresas puede ser muy distinto según sea el valor añadido. Por otra parte, caen en un defecto de principiante en teoría fiscal, el error de salto. Aunque hay que reconocer que últimamente y por desgracia este fallo se ha extendido mucho en las normas tributarias de nuestro país.

Tampoco son demasiado acertadas las rebajas aprobadas en la tributación de los autónomos. Se ha generalizado la idea de la precariedad de todos ellos. Sin embargo, este colectivo es muy heterogéneo. Existe ciertamente una parte de él en situación muy difícil; muchos, en el fondo, constituyen paro encubierto y subsisten a base de no pagar apenas impuestos y de mantener unas cotizaciones sociales muy reducidas e incluso, en muchos casos, a condición de unas retribuciones personales del propio autónomo inferiores al salario mínimo interprofesional.

Habría que preguntarse si la estrategia de sostenerlos a todo trance es la adecuada o si, por el contrario, lo único que se consigue es que algunos sectores o mercados tengan más agentes económicos de los que serían adecuados, con lo que con toda probabilidad la productividad será muy reducida.

Pero junto a este colectivo existen otros con un nivel de renta muy elevado. Pensar que todos los autónomos son precarios puede conducir a resultados perversos. El sistema de módulos a base de continuas rebajas se ha pervertido y es incapaz de estimar adecuadamente los beneficios y, por lo tanto, de distinguir entre los diferentes tipos de autónomos. Reducir un cinco por ciento más los módulos es añadir otro error en la misma dirección.

republica.com 13-10-2022



LA YENKA Y EL IMPUESTO A LAS GRANDES FORTUNAS.

GOBIERNO, HACIENDA PÚBLICA Posted on Dom, octubre 02, 2022 20:35:56

La yenka, canción del verano de 1965, popular en su momento, sin ser de calidad ni encerrar mensaje alguno, pero sí mucho ritmo, pegadizo, contagioso, famosa por su baile repetitivo de pequeños saltos laterales y frontales. Muy fácil de seguir con solo escuchar su letra. Letra que se adapta como anillo al dedo al comportamiento de este Gobierno: “Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, detrás, un, dos, tres”.

En veinticuatro horas pueden cambar de opinión. Lo que dijeron antes no es lo mismo que lo que dicen ahora. Todo depende de por dónde sople el viento, de las conveniencias electorales o de las alianzas. Los ejemplos serían infinitos, pero quedémonos con el último lance, el llamado impuesto de las grandes fortunas. En realidad, la creación de esta figura tributaria ha sido una constante demanda de Podemos, pero tantas veces como la ha propuesto otras tantas ha sido rechazada por la parte mayoritaria del Gobierno.

Pero, he aquí, ¡oh, milagro!, que de pronto aparece la número dos del PSOE, por accidente ministra de Hacienda, y asegura que se va a implantar el próximo uno de enero, porque, según dice, en el Ministerio llevan semanas trabajando en ello en silencio. Tan en silencio, que dentro de Hacienda nadie se había percatado. En realidad, no es nada extraño, casi normal. Son ya muchas las veces que los servicios del Ministerio o de la Agencia Tributaria se ven obligados a arreglar los entuertos, anunciados sin encomendarse a Dios ni al diablo por Sánchez o algunos de sus ministros.

Resulta bastante evidente que el anuncio de la ministra se ha hecho al rebufo de la palabrería de Escrivá sobre la recentralización de los distintos impuestos en el Estado, reacción a su vez al anuncio de las modificaciones fiscales propuestas por el presidente de Andalucía. Las declaraciones del ministro de Seguridad Social originaron suspicacias en los aliados independentistas de Sánchez, especialmente en el PNV, porque sería difícil hablar de armonización sin considerar la situación del País Vasco.

No obstante, el impuesto sobre las grandes fortunas, al tratarse de un nuevo gravamen, difícilmente serviría para armonizar la fiscalidad de las distintas Comunidades Autónomas. Se superpondría a los tributos autonómicos. Ocurriría exactamente lo mismo que con el ingreso mínimo vital, que simplemente incrementó el desbarajuste existente.

Siempre que se ha hablado de este impuesto he mostrado mis reticencias. Desconfío de los nuevos impuestos, ya que habitualmente se termina haciendo chapuzas. En la hacienda pública está casi todo inventado. En esta ocasión ya existe el impuesto sobre el patrimonio neto, que se puede articular, como el de la renta, en diferentes tramos y dotarlo del mínimo exento que se desee. Otra cosa es que mostremos nuestra ignorancia, nuestra falta de valentía o la incapacidad para arreglar el desaguisado cometido, por ejemplo, al haber cedido este tributo junto con el de sucesiones a las Comunidades Autónomas.

El impuesto sobre el patrimonio neto está inventado hace mucho. Surgió a finales del siglo XIX y principios del XX en una serie de países: Alemania, Holanda, Suiza, Suecia, Noruega, Dinamarca y Finlandia, todos ellos con modelos fiscales caracterizados por la preponderancia de la imposición directa y personal. Pero es después de la Segunda Guerra Mundial cuando el gravamen adquiere mayoría de edad en la hacienda pública y se perfecciona y generaliza su aplicación. La involución que desde los últimos años setenta tiene lugar en materia económica y social por fuerza habría de afectar de lleno a los sistemas fiscales y, más concretamente, a la imposición directa en la que el impuesto sobre el patrimonio tiene un puesto de honor. Será un tributo odiado por el neoliberalismo económico.

La introducción en la década de los noventa de la libre circulación de capitales en Europa lo condena a muerte. Con el argumento, fingido o real, de que promueve la evasión de capitales y de que es un obstáculo para captar inversión, va desapareciendo de todos los países. Austria lo elimina en 1993; en 1997, Alemania; Dinamarca en 1999; en 2000, los Países Bajos; Finlandia y Luxemburgo en 2006, y así sucesivamente.

Zapatero en 2008, después de afirmar que bajar los impuestos era de izquierdas, lo elimina en España. Siendo un impuesto transferido a las Comunidades Autónomas, el Estado se vio en la obligación de resarcirlas por una cantidad equivalente a lo que cada una de ellas venía recaudando por este gravamen. Es el mismo Zapatero el que lo recupera en 2011 (la yenka) y comete el error de entregarlo de nuevo a las Autonomías.

En la actualidad, en la Unión Europea solo España lo mantiene, pero jibarizado. Italia, Bélgica y Francia poseen un gravamen parcial sobre la riqueza que no se puede denominar en sentido estricto impuesto sobre el patrimonio neto. El hecho de que este permanezca en Europa, únicamente en Noruega y Suiza, países que no pertenecen a la Unión Europea, indica hasta qué punto la desaparición del impuesto ha ido unida a la falta de armonización fiscal en la Unión y cómo todos los países han utilizado este tributo para realizar dumping fiscal, y todos han argumentado que eliminaban el impuesto para defenderse del dumping fiscal de los otros.

Solo en la posibilidad, no sé si fingida o real, de la evasión de capitales es donde puede tener alguna razón de ser la argumentación acerca de eliminar el impuesto y no en la cantidad de sandeces que se oyen y se escriben en los medios de comunicación estos días.

El impuesto sobre el patrimonio tiene sentido tanto en un Estado liberal como en un Estado social. En el primero, porque una de las principales razones de su existencia es garantizar y defender el derecho a la propiedad y los bienes de los propietarios. No es de extrañar, por tanto, que Locke se convirtiese en el primer defensor de este impuesto, ya que parece lógico que sean precisamente los propietarios los que contribuyan en mayor medida a los gastos del Estado.

En un Estado social, porque entre sus finalidades esenciales se encuentra la de remover los obstáculos que se oponen a la igualdad efectiva. Una economía de mercado propicia la acumulación de capital y por esa razón las diferencias serán cada vez mayores y la desigualdad más acusada, si no se articula un sistema fiscal progresivo con impuestos potentes sobre la renta, sobre sucesiones y, por supuesto, sobre la riqueza y el patrimonio.

Los que tachan de injusto este impuesto a lo primero que acuden es a la teoría de la doble imposición. Afirman que se tributa dos veces porque los recursos que se pretende gravar han tributado ya en el IRPF. Dado el proceso circular de la renta, todos los impuestos estarían inmersos en este concepto. De acuerdo con esta visión tan estrecha solo podría existir un tributo. ¿Acaso no tendríamos que hablar de doble imposición en el IVA o en los impuestos especiales, ya que los recursos que dedicamos al consumo han sido previamente gravados en el impuesto sobre la renta? En el impuesto de transmisiones, ¿no son los mismos bienes los que se gravan en una serie indefinida de transacciones? ¿Y qué decir del impuesto sobre bienes inmuebles? Este sí que es un impuesto sobre el patrimonio, solo que generalizado, no progresivo, que recae en exclusiva sobre los bienes inmuebles, con lo que afecta principalmente a las rentas bajas.

Lo cierto es que un sistema fiscal justo y eficaz debe configurarse como un sólido edificio arquitectónico en el que las distintas figuras se entrelazan y recaen sobre aspectos distintos de una misma realidad, sin que eso signifique que exista doble imposición, sino mera complementariedad en los gravámenes. La suficiencia y la equidad de un sistema fiscal exigen una pluralidad de impuestos complementarios y debidamente armonizados, que graven las manifestaciones de capacidad económica de los ciudadanos, y pocas magnitudes indican mejor dicha capacidad que el patrimonio neto.

La segunda razón esgrimida por los detractores del impuesto para tildarlo de injusto es, cómo no, que recae exclusivamente sobre las clases medias, puesto que los contribuyentes de ingresos elevados se escapan de su gravamen mediante la creación de sociedades interpuestas. Si las grandes fortunas eluden tributos tales como el IRPF, patrimonio o sucesiones es únicamente porque el poder político se lo permite. Las sociedades no se encuentran flotando en el aire, tienen accionistas que pueden ser identificados con facilidad, y los valores de aquellas incorporarse al patrimonio de sus dueños. El Estado dispone de suficientes mecanismos para evitar la evasión o la elusión (para el caso, da lo mismo) de este impuesto, y establecer por otra parte un límite exento tan grande como se quiera, que hará que tributen únicamente aquellos con un patrimonio suficientemente alto. 

Es más, precisamente el hecho de que la mayoría de las rentas altas tengan sus bienes materializados en sociedades aboga por la utilidad del impuesto de patrimonio. En el impuesto sobre la renta las ganancias de capital aparecen solo como ingresos -y, por lo tanto, gravados- cuando se realizan, con lo que la carga tributaria se puede diferir indefinidamente, si no lo evitan de alguna manera tanto el impuesto de patrimonio como el de sucesiones. Otra razón viene a respaldar el mantenimiento de un impuesto sobre el patrimonio, la existencia de determinados bienes de lujo o improductivos que no generan ingresos, y que por ello no serían nunca gravados en un impuesto sobre la renta.

Los detractores de este impuesto alegan también que ha quedado obsoleto. Por lo visto, ahora los tributos modernos e innovadores son los indirectos. Por ese camino puede que lleguemos a un gravamen tan simple y tan original como el de puertas y ventanas.

No son los defectos que supuestamente se atribuyen a este impuesto los que han ocasionado su desaparición, sino la globalización, la libre circulación de capitales y, sobre todo, la negativa de los mandatarios europeos a la armonización fiscal dentro de la Unión, quizás porque ello les permite crear sistemas fiscales cada vez más regresivos con el argumento de la evasión de capitales.

Por eso no se entiende muy bien que en España hayamos replicado esos errores a nivel regional, permitiendo al conceder autonomía normativa en materia fiscal a las Comunidades que se establezca entre ellas una competencia desleal. Pero menos se entiende aún, que sea desde el campo independentista desde donde ahora se levanten voces airadas por los efectos nocivos que han tenido estas transferencias y que pidan el retorno a la centralización bajo el eufemismo de la armonización. Y sobre todo es difícil de entender que desde Bruselas se muestren tan preocupados por la armonización fiscal en el interior de España cuando en materia fiscal existe en toda la Unión Europea un inmenso carajal, permitiendo que los países compitan de forma bochornosa por atraer inversiones a costa de minorar la imposición y hacerla más y más regresiva.

Pero dicho todo esto, creo que poco va a tener que ver con ello el nuevo impuesto que propone el Gobierno. Primero, es muy posible que no se lleve a cabo y que todo quede una vez más en un mero acto de propaganda. Difícil que pueda entrar en vigor el uno de enero, cuando está todo por hacer. Además, si al final se aplicase, existen todas las probabilidades de que sea una chapuza, lleno de contradicciones y efectos no queridos. No es tan sencillo inventar un impuesto coherente, y sobre todo tan precipitadamente y con tanta urgencia. En cualquier caso, pienso que su eficacia será mínima. Tendrá un carácter puramente simbólico.

Si de verdad se quiere tender hacia un sistema fiscal más justo, lo primero que habría que hacer, antes que nada, es reformar el impuesto sobre la renta devolviéndole su carácter personal y global, es decir, uniendo en una misma base imponible y tarifa todas las fuentes de renta, terminando con esa tremenda injusticia de que las rentas de capital soporten una menor carga fiscal que las remuneraciones del trabajo y además se reduzca la progresividad del impuesto al tributar de forma separada. Eso sí que sería una verdadera medida progresista y de izquierdas. Por eso Sánchez nunca la acometerá, y parece ser que Podemos, quizás por ignorancia, tampoco la reclama. Se conforma con que suba el tipo impositivo de las rentas de capital.

republica.com 29-9-2022



POLÍTICA MONETARIA VERSUS POLÍTICA FISCAL

ECONOMÍA, HACIENDA PÚBLICA Posted on Dom, septiembre 25, 2022 20:59:03

Existe un cierto espejismo en la política económica. Hay quienes piensan que lo más progresista es emplear recursos públicos, cuantos más mejor. Y ahí tenemos al Gobierno actual regando con dinero público a diestro y siniestro, concediendo en una especie de lotería dádivas y mercedes sin orden ni concierto. Supone que así va a conseguir los votos de los beneficiarios. Lo malo es que quiere hacer pasar esa política por el culmen del progresismo y bandera de la izquierda. Sánchez se vanagloria de ello, y agita como el mayor triunfo personal y el más meritorio la cantidad de dinero público gastado, en la idea de que cuantos más recursos se empleen la sociedad le considerará mejor gestor y gobernante.

Habrá quienes piensen que en esta etapa de crisis lo más conveniente para la población es que se bajen los impuestos. Y ahí tenemos al PP y a muchos de sus seguidores vociferando por todas partes que lo más necesario es ayudar a las familias y para ello se precisa reducir la presión fiscal de manera que se compense, aunque sea parcialmente, el daño que está haciendo la inflación. Piensan también que esta sería la política más progresista. Ambas posiciones, aun cuando aparecen radicalmente opuestas, en el fondo no existe entre ellas tanta diferencia. Ambas mantienen una política expansiva.

Recientemente, el Banco Central Europeo (BCE) ha subido el tipo de interés 0,75 puntos, situándolo en el 1,25%. Una subida más bien inédita. Resulta evidente que Christine Lagarde ha querido mostrar que está dispuesta a controlar la inflación pase lo que pase. Los bancos centrales pretenden reducir la demanda con la finalidad de controlar los precios. Pero existe siempre una cierta contrapartida: que se dañe el crecimiento. A pesar de ser tan elevado, casi todo el mundo ha visto lógico el incremento realizado del tipo de interés.

Me pregunto por qué no se aplica el mismo rasero a la política fiscal  ya que ambas políticas son complementarias, pero también sustitutivas. Una política fiscal expansiva incrementará la demanda y por ende la inflación. Cuanto más expansivas sean las políticas fiscales, más restrictiva tendrá que ser la política monetaria. Qué duda cabe que en ese 0,75% tiene mucho que ver la actitud relajada que están adoptando en materia fiscal, unos más otros menos, la mayoría de los gobiernos y, cosa curiosa, con el beneplácito de la Comisión Europea.

En la Unión Europea la política monetaria es única y está encomendada al BCE. Por el contrario, cada gobierno aplica su política fiscal y no es de extrañar que todos ellos tiendan a contentar a sus electores con medidas fiscales expansivas, bien sea a través del gasto o de la bajada de impuestos, y dejen la tarea de controlar la inflación a la autoridad monetaria, que aplicará una política tanto más dura cuanto menos hayan colaborado los gobiernos nacionales.

Fuera de la Unión Monetaria, la responsabilidad de ambas políticas -por más que algunos se empeñen en afirmar que los bancos centrales son independientes- recae sobre los gobiernos, y para luchar contra la inflación tendrán que calibrar en qué medida utilizan la política fiscal y en qué medida la monetaria, y cuál de ellas es más dolorosa para los ciudadanos y cómo se distribuye el coste entre las clases y los grupos sociales.

En principio, la política monetaria es mucho más rígida y en ella caben pocas opciones y variaciones, como no sea su intensidad. En política fiscal, sin embargo, son posibles casi infinitas combinaciones y alternativas, y también escoger sobre qué grupos se incide para obtener mejores resultados con los menores costes, e incluso elegir las clases sociales que deben soportar preferentemente las cargas.

Intuitivamente podemos afirmar que las restricciones monetarias perjudican a los deudores y pueden beneficiar a los acreedores. Los efectos negativos de una subida de tipos de interés recaerán de forma inmediata sobre todos aquellos ciudadanos que tengan firmadas hipotecas a tipos variables, y en general sobre todos los que tienen contraídos préstamos referenciados al Euríbor. Con carácter general, clase media o humilde. En realidad, una de las finalidades de endurecer la política monetaria es desincentivar el consumo.

La elevación del tipo de interés afectará también a las empresas, encareciendo la financiación. El resultado será menos inversiones y una reducción de la actividad económica con efectos negativos sobre el empleo, y quizás también sobre los salarios. Pero todo eso es precisamente lo que se persigue para reducir la demanda y con ella la inflación, aunque tenemos que ser conscientes de que también puede dañar el crecimiento económico. Como se ve, una política monetaria restrictiva no se puede tomar a broma, no es inocua. Tal vez sea necesaria para controlar la inflación, pero tiene un alto coste para los ciudadanos en general y en mayor medida para las clases bajas y medias bajas.

Se desprende de todo esto que no constituye una actitud muy progresista ni socialmente positiva dejar el control de la inflación en exclusiva en manos de los bancos centrales y de la política monetaria. Esa postura es mucho más onerosa y quizás más injusta que hacer que la política fiscal sea también restrictiva o al menos colabore en el control de los precios. Cuando los gobiernos se jactan de la utilización generosa del presupuesto, bien a través del incremento de los gastos bien por la minoración de ingresos, parecen desconocer que cuanto más laxa sea su política, mayor será el torniquete monetario que aplicará el banco central.

Ante la elevación de 0,75 puntos en el tipo de interés que ha realizado el BCE se han levantado algunas voces que consideran la subida demasiado elevada. Afirman que la inflación actual es de costes y que la política monetaria va a dañar el crecimiento. La subida de los precios puede ser que tenga su origen en el fuerte incremento en el coste de la energía, lo cual no es totalmente cierto porque el exceso de demanda derivado de la epidemia tuvo mucho que ver; pero, en cualquier caso, sea cual sea el origen, toda inflación se consolida por una diferencia entre oferta y demanda, y su control en la mayoría de las ocasiones solo se puede efectuar por la contención de la demanda.

Los que insisten en situar el origen de la inflación en la guerra de Ucrania y en la subida de los precios de la energía y de las materias primas tendrían que ser conscientes de que casi en su totalidad obedece a productos importados, por lo que el aumento de sus precios representa un empobrecimiento de la economía española. Alguien tiene que asumirlo. No es la mejor solución ni la más progresista dejar que tenga que ser únicamente la política monetaria la que se encargue de distribuir el coste.

republica.com  22-9-2022



ANARQUÍA ADMINISTRATIVA, CORRUPCIÓN POLÍTICA

CORRUPCIÓN, HACIENDA PÚBLICA Posted on Dom, septiembre 04, 2022 21:07:41

Se ha criticado mucho el decreto ley de restricciones energéticas y, muy posiblemente, con razón, al menos en cuanto a la improvisación y al autoritarismo con los que se ha elaborado. Sin embargo, ha pasado casi desapercibido su artículo 30, que autoriza a que toda contratación de obra, servicios, etc., que las administraciones públicas necesiten hacer para la mejora energética de sus edificios e instalaciones pueda realizarse por el procedimiento negociado sin publicidad por causa de imperiosa urgencia. Incluso se les exime de ciertos requisitos que mantiene este tipo de contratación. En fin, en román paladino, que pueden contratar a dedo, como quieran y con quien quieran.

Este Gobierno, por “h” o por “b”, se ha acostumbrado a prescindir de todo el aparato jurídico que garantiza la objetividad y la neutralidad en el funcionamiento de la Administración. Al mismo tiempo, ha sido proclive a utilizar la corrupción del contrario como arma política, lo que resulta un tanto contradictorio no solo porque el PSOE en esa materia tiene el techo de cristal, sino también porque más importante que criticar la corrupción pasada es crear y mantener los mecanismos y procedimientos que hagan imposible, o al menos muy difícil la corrupción futura. Más conveniente que llorar por la leche derramada es no hacer agujeros en las lecheras. Y Sánchez y su Gobierno no pierden ocasión de agujerear y perforar los procedimientos y los controles administrativos, boquetes por donde se pueden colar el amiguismo, los intereses económicos propios o los del partido.

En la cúspide de esta adulteración de la gestión pública se encuentra la utilización abusiva del decreto ley. Los nombres suelen ser indicativos de la realidad. El poder ejecutivo debe ejecutar y el legislativo, legislar, pero con los gobiernos de Sánchez se han invertido los papeles. Han abandonado la gestión, ni saben ni les interesa, y se han dedicado a legislar mediante decretos leyes. Cada uno de ellos suele ser un puzzle de los temas más dispares. El papel del Parlamento queda reducido a convalidarlos de forma global, de modo que quien quiera aprobar una parte se ve obligado a ratificar el lote completo, y el Gobierno juega con ello para chantajear a la oposición.

En este orden de cosas uno de los hechos más escandalosos es la forma en la que se están concediendo e instrumentando los llamados fondos de recuperación económica. No solo es que los destinos se hayan decidido unilateralmente por el Gobierno prescindiendo del Parlamento, es que además se está realizando con total opacidad y nadie sabe qué tareas e inversiones se están llevando a cabo.

El tema adquiere mayor gravedad cuando se comprueba que junto a la falta de transparencia política se da también la opacidad administrativa. Ya el propio decreto ley que regulaba toda la materia dispensaba, en aras de la urgencia (premura que después no se ha seguido en la ejecución), de muchos de los trámites y controles necesarios en la administración de los fondos públicos. La fiscalización previa, por ejemplo, quedaba reducida a una parodia.

Pero es que, además, la mayoría de los programas se han externalizado, bajo la forma de encargos u otros procedimientos parecidos, a figuras administrativas que por su condición de empresas públicas o similares no están sometidas a los mismos controles o requisitos que la Administración, porque tampoco están creadas para las tareas que ahora se les encomiendan. En realidad, esta externalización tiene únicamente la finalidad de exonerar la concesión y ejecución de esos recursos de los procedimientos y normas que debe tener la utilización de fondos públicos, y que se pueda actuar por tanto con total discrecionalidad, cuando no arbitrariedad. El procedimiento no es muy distinto, solo que a gran escala, al empleado con los ERE en Andalucía. Existe, por tanto, el peligro de que el resultado sea también similar.

La mayoría de las veces el final de la historia será la constitución de asociaciones público-privadas, uniones que hasta ahora en casi todos los casos en los que se han empleado han resultado ruinosas para el sector público y rentables para el privado. En realidad, tal como se están ejecutando, puede ocurrir de todo con los fondos de recuperación. La última noticia (no sé si filtración más bien) es que para su control se piensa contratar una empresa privada. Pantomima destinada a cubrir el expediente cuando han desaparecido todos los controles públicos.

Sánchez ha exhibido los fondos de recuperación como el talismán capaz de evitar todos los males de la economía española, y de cambiar nuestra estructura productiva. La ministra de Economía, tal como nos tiene acostumbrados, ha ofrecido una visión de la realidad totalmente distorsionada. Según ella, constituyen la mayor transferencia de fondos que recibimos desde Europa. Esto está lejos de ser verdad, si se toma en sus justas proporciones: saldo neto y en porcentaje del PIB. En 2021, y se supone que también en los próximos ejercicios, este porcentaje se sitúa alrededor del 1%, cifra similar a la que recibíamos casi todos los años en la década de los noventa.

La aportación neta respecto al PIB es más o menos la misma, e idénticos también los defectos y los inconvenientes. En primer lugar, la cuantía de estos saldos es muy inferior a la que correspondería cada año si la Unión Monetaria se hubiese completado, como sería lógico, con la integración fiscal y presupuestaria. No nos regalan, por tanto, nada. La prueba más evidente es la gran cantidad de recursos que durante largo tiempo la antigua Alemania Federal tuvo que transferir a los territorios de la Alemania Democrática como consecuencia de la Unión.

En segundo lugar, el destino de los fondos, también de los de recuperación, es fijado en gran medida por Bruselas de acuerdo con sus manías, o con los intereses de sus lobbies, más que por las conveniencias de España. El único control de la Comisión radica en comprobar de forma genérica que los recursos han sido aplicados a las finalidades señaladas, pero no si se han realizado con la eficacia debida y con la objetividad y neutralidad en el reparto que corresponde a los fondos públicos.

Hasta ahora hemos recibido recursos de Europa por importe de 31.000 millones de euros, aunque de ellos el segundo plazo, por importe de 12.000 millones, acaba de llegar. De momento, la función taumatúrgica de estas transferencias no se ha visto por ninguna parte: la economía española no ha sufrido ninguna transformación y se encuentra a la cola de la Unión Monetaria en casi todos los aspectos. España es el único país de la Eurozona que aún no ha recuperado ni los niveles del PIB ni de la renta per cápita del 2019. También es el país con la mayor tasa de paro de la Unión Europea; estos años ha incrementado el endeudamiento público más que ningún otro Estado, y presenta una tasa de inflación superior a la media tanto de la Unión Europea como de la Eurozona, y desde luego por encima de las otras tres grandes economías europeas con las que lógicamente tiene que competir: Alemania, Francia e Italia.

¿Dónde se encuentra la eficacia de los fondos europeos? No parece que estén sirviendo para mucho. Ni para sanear las finanzas públicas ni para la recuperación de la economía; pero, eso sí, puede ser que estén enriqueciendo a determinadas personas o empresas. Todo ello sin duda es grave, pero hasta ahora se están utilizando recursos recibidos a fondo perdido. El peligro se hace mucho mayor con la predisposición que parece tener el Gobierno de pedir también los 70.000 millones que se conceden en forma de préstamos, con lo que incrementaremos aún más el ya muy elevado nivel de endeudamiento público, sin saber muy bien para qué, sin conocer cuáles son las necesidades que se pretenden cubrir o a quién se quiere favorecer. Es posible que todo ello acabe siendo una triste herencia para un futuro gobierno, si el sanchismo perdiese las próximas elecciones.

republica 1- 9-2022



UN IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS BANCARIOS

ECONOMÍA, HACIENDA PÚBLICA Posted on Lun, agosto 08, 2022 09:02:12

En esa escenificación de su giro a la izquierda, Sánchez ha anunciado un impuesto extraordinario a la banca y a las eléctricas. Lo fundamenta en que ambos sectores han obtenido beneficios extraordinarios. Es curioso. El populismo olvida que las sociedades propiamente no delinquen ni se enriquecen, que son entidades interpuestas, y que sus beneficios siempre terminan en personas físicas, ejecutivos y accionistas.

Atacar a los bancos tiene buena prensa; a los ejecutivos y accionistas, no tanto. Por eso Sánchez nunca abordará una reforma del IRPF para fusionar en una misma tarifa las rentas de capital (provengan o no de la banca) y las de trabajo, y establecer nuevos tramos con tipos marginales mucho más elevados en los que estuviesen incluidas las rentas escandalosas de los altos ejecutivos (sean o no del sector bancario).

La banca, como Hacienda, somos todos. Parece un desvarío, pero de desvarío tiene muy poco. La importancia económica de las entidades financieras es de tal calibre que sus peripecias terminan impactando en toda la sociedad y por consiguiente en el erario público. Solo hay que recordar la historia, por ejemplo, desde 1980, para constatar cómo el Estado ha tenido que salir en múltiples ocasiones en auxilio de los bancos, por las implicaciones que su quiebra tenía para toda la economía.

Pero es esa característica especial de las entidades financieras la que exige que se las someta a un control muy especial del Estado. En tiempos lejanos, la izquierda no planteaba aplicarles un impuesto extraordinario, sino su nacionalización. Quizás en tiempos no tan lejanos, puesto que Miguel Boyer en 1976, en la escuela de verano del PSOE, defendía la nacionalización de la banca.

El franquismo, como régimen intervencionista que era, propició que una parte de las entidades financieras fuesen públicas, a las se denominó banca oficial. Además, en el resto de las entidades, el Gobierno establecía los tipos de interés que debían aplicar y, mediante los coeficientes de inversión y solvencia, determinaba qué porcentaje de los activos tenían que dirigirse hacia uno u otro sector de la economía, incluso qué porcentaje debía materializarse en deuda pública.

La liberalización financiera acompañó a la Transición. Se mantuvo, por supuesto, la necesidad de que las entidades financieras estuviesen sometidas a una normativa especial y a una supervisión y control estrictos por parte del Banco de España, fundamentalmente en lo relativo a la solvencia.

Al mismo tiempo, perduraron junto a la banca privada, unas entidades financieras públicas y otras que, aunque no tenían este carácter, tampoco se puede decir que fuesen privadas, ya que sus órganos directivos se entregaron en buena medida a la clase política y a los estamentos sindicales y empresariales de las Comunidades Autónomas y Corporaciones locales, lo que constituyó un grave error. Las públicas con el tiempo entraron en un proceso de fusiones cuyo final fue la privatización.

A su vez, a lo largo de todos estos años la supervisión y el control del Banco de España han dejado mucho que desear, puesto que las crisis bancarias se han sucedido con graves consecuencias para la economía y para el erario público. El proceso ha sido siempre el mismo o parecido. Intervención por parte del Estado de la empresa dañada y posterior privatización una vez saneada. El último ejemplo y en tiempos recientes, Bankia.

En concreto la crisis de 2007 constituye un buen ejemplo de los fallos de la inspección del Banco de España y del control de los gobiernos de Zapatero y Aznar. Significó la casi total desaparición de las Cajas de Ahorro y cuantiosas pérdidas para las entidades que sobrevivieron, así como la utilización de ingentes recursos públicos con el correspondiente incremento de la deuda. Es cierto que habría existido una solución más equitativa, la de repartir las pérdidas entre los bancos deudores (los españoles) y los acreedores (alemanes, franceses, holandeses, etc.), pero en Europa manda quien manda.

Las entidades financieras que sobrevivieron alimentaron importantes insolvencias que no pudieron deducir del impuesto de sociedades en los ejercicios en los que se generaron al no tener ingresos suficientes y que se fueron acumulando en el balance como activos frente a la Hacienda Pública. Son los llamados créditos fiscales, conocidos como DTA, por sus siglas en inglés (deferred tax assets).

Los DTA existen no solo en las entidades financieras, también en las eléctricas y en otra serie de empresas. Pero son los bancos los que han acumulado en sus balances una cantidad mayor de estos activos. En los momentos actuales se estima que aún mantienen más de 65.000 millones de euros. Tales cantidades amenazaban con vaciar de contenido la recaudación del impuesto de sociedades, de manera que, en 2016, con buen criterio, el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro limitó al 25% de la base imponible la cantidad que las empresas podían deducir por este concepto, con lo que la banca necesitará de 15 a 20 años para recuperar fiscalmente los créditos acumulados.

Quizás lo que no sea demasiado conocido es que para que los DTA que las entidades financieras mantienen en el balance, computasen a efectos de cumplir los criterios de solvencia, Europa exigió que fuesen avalados por el Estado.

Todo lo dicho hasta el momento da buena idea de hasta qué punto la situación económica de la banca está ligada a la economía nacional e, incluso, a partir de la unidad bancaria, a la europea. Son esta integración y esta dependencia las que exigen suma prudencia a la hora de actuar en este sector. Entrar como elefante en una cacharrería podría tener efectos bastante negativos.

El Gobierno pretende justificar el impuesto que ahora introduce en la suposición de que la inflación beneficia a los bancos. Pero establecer en cada momento a quién perjudica o favorece la subida de precios no es tarea fácil, ya que depende de muchas variables y de la decisión de múltiples agentes. Es lo que pretendía explicar en el artículo publicado el 14 de octubre de 2021 en este mismo diario digital titulado “La inflación, ¿el impuesto de los pobres?”.  Señalaba en ese artículo que en realidad no existe una inflación, sino el incremento desigual de una multitud de precios, incluyendo entre ellos los tipos de interés y los salarios. La ganancia o la pérdida dependerán de cómo evolucionen, de la relación entre ellos, es decir, de los precios relativos.

Hay sin embargo algo que se puede afirmar de manera inmediata. Al reducirse el valor de la moneda, la inflación perjudica a los acreedores y beneficia a los deudores. En este aspecto patrimonial no parece que las entidades financieras salgan favorecidas o damnificadas significativamente al ser similares sus activos y sus pasivos.

En cuanto a la cuenta de resultados, es previsible desde luego que se incrementen sus ingresos como consecuencia del aumento de los tipos de interés de los créditos, pero también sería lógico que, como en otros momentos, comenzase una guerra entre los propios bancos por el pasivo, con el consiguiente incremento de la retribución de este y de los depósitos. En principio no tendría por qué generarse ninguna ganancia extraordinaria. Desde la óptica del crédito y de los tipos de interés, no es ahora cuando se produce una situación insólita, sino en la época anterior. Lo notable radica más bien en que el tipo de interés sea negativo, y en que el acreedor pague por prestar, tal como ocurría en los últimos tiempos.

El Gobierno más bien que de crear un impuesto a la banca debería ocuparse de que funcione la competencia entre las entidades financieras. Si esta se diera, con toda probabilidad las subidas de tipos de interés se trasladarían a los depositantes y demás acreedores.

De lo que no cabe ninguna duda es que el impuesto anunciado a bombo y platillo como una gran medida de política social se repercutirá a los clientes. Es el colmo de la ingenuidad, de la estupidez o del embuste, pretender impedir por ley la transmisión del gravamen. Actualmente la actividad bancaria resulta extremadamente compleja y las entidades tienen múltiples medios de trasladar a los clientes sus cargas, sin que se pueda probar lo contrario, diga lo que diga la normativa. Es como poner puertas al campo.

El Gobierno representa una comedia pletórica de hipocresía. La proposición de ley establece una tabla de sanciones que todos sabemos que no se podrá aplicar por la imposibilidad de probar cuándo se ha repercutido o no el impuesto. En ese intento de enfangar a las instituciones la proposición de ley encomienda a la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia y al Banco de España el cumplimiento de la norma, la vigilancia de un objetivo vaporoso e imposible de comprobar.

La banca cuenta, además, con un mecanismo automático de transmisión del tributo. Solo tiene que no hacer nada. En  la actualidad lo extraordinario se encuentra en las condiciones que rodean todo tipo de depósitos bancarios, a los que apenas se retribuye, y en el hecho de que las entidades financieras cobren comisiones elevadas por el mero mantenimiento de las cuentas corrientes. Estas circunstancias eran debidas hasta ahora, a una situación excepcional, a la existencia de tipos negativos de interés y a que el BCE cobrase a los bancos por las cantidades que tenían depositadas en esa institución.

Es lógico suponer que con el cambio de política por parte del BCE las entidades financieras, en su afán por atraer clientes, trasladasen la subida de tipos a los depositantes y cuentacorrentistas, bien por una retribución mayor bien por una menor comisión. La cosa cambia ante el nuevo impuesto. No parece desatinado pensar también que teniendo en cuenta el gravamen la banca no realice tal traslación, con lo que este tributo se convierta en uno de los más regresivos, ya que afectará a millones y millones de personas, a eso que llama Sánchez la clase media trabajadora (y a las clases bajas, añado yo, que Sánchez no contempla) que tienen cuentas corrientes abiertas en los bancos.

Cabría pensar que, si la causa del impuesto se encuentra en un supuesto beneficio extraordinario, este concepto se tomase como base imponible. ¿Pero cómo determinarlo?, ¿cómo separarlo del beneficio ordinario? Ante esta imposibilidad el Gobierno tira por la calle de en medio y establece gravar los tipos de interés y las comisiones de los créditos, con lo que, amén de una cierta incongruencia, se facilita aún más el camino para la transmisión.

La única forma de tener éxito en el cometido de evitar que la banca repercuta el impuesto a los clientes es retornando a un régimen de intervención del sistema financiero parecido al del franquismo o al de alguna república bananera. Pero no creo yo que se encamine por ahí el Gobierno. Por lo menos por ahora. Aunque, cuando se oye eso de diez años de pena de cárcel, se comienza a dudar de todo.

Tampoco se entiende muy bien el porqué de la discriminación en el tamaño de las entidades financieras, gravando a unas y no a otras. Existe una distorsión en ciertos políticos y en la opinión pública en general mediante la que se pretende aplicar criterios de las personas físicas a las personas jurídicas. En estas últimas el tamaño no es señal ni de riqueza ni de prosperidad ni de mayores beneficios. Esta segregación fiscal dentro de un sector puede introducir distorsiones, sobre todo en el ámbito de la competencia.

El impuesto que plantea el Gobierno se mueve en un terreno pantanoso. Primero con Europa. Conviene señalar que el BCE considera el sistema financiero europeo como su predio. Ya se opuso en 2019 a un tributo similar sobre la banca que pretendía imponer Lituania. Ciertamente las circunstancias son distintas y España no es Lituania, pero no creo que la medida vaya a llenar de satisfacción al instituto emisor. Segundo, el sector ya ha manifestado que piensa recurrir el impuesto. Veremos cómo reaccionan los tribunales. Puede haber problemas jurídicos en cuanto a la forma exprés de aprobarlo, dudosa retroactividad y su construcción chapucera.

Si lo que quería el Gobierno era incrementar la recaudación a costa de la banca quizás tenía un sistema más discreto y menos estridente que crear un impuesto nuevo, extraordinario y particular. Podría simplemente haber establecido que en dos o tres años los créditos fiscales no fuesen deducibles del impuesto de sociedades. Aunque pensándolo bien, lo que quería Sánchez era lo contrario, la notoriedad, la publicidad, declarar a bombo y platillo que él se enfrenta a los poderes económicos en aras de salvar a la clase media trabajadora.

Solo faltaría que al final del proceso los tribunales tumbasen el impuesto y obligasen a devolver el dinero a la banca, después de haber sido los depositantes y demás clientes los que hubiesen soportado en realidad el gravamen.

republica.com 4-8-2022



¿GIRO A LA IZQUIERDA O POLITICA POPULISTA?

HACIENDA PÚBLICA, PSOE Posted on Mar, agosto 02, 2022 19:20:03

Una de las primeras cosas que se aprende en la facultad de Economía es que esta disciplina se basa en un principio, el de la elección. Es el tópico dilema de cañones o mantequilla. Las funciones de producción limitan los recursos y fuerzan a la disyuntiva. La escasez es la característica esencial de los bienes económicos. Toda decisión debe estar sometida al coste de oportunidad, esto es, la alternativa o las alternativas a las que se renuncian, lo que se podría hacer con tales recursos de no efectuar ese gasto o prescindir de tales ingresos.

Entre las enormes diferencias existentes entre una política socialdemócrata y una populista se encuentra la consideración o no del coste de oportunidad. La primera tiene conciencia de que todo tiene un precio, y asume que los recursos deben orientarse a los objetivos mejores. No basta con que sean buenos, sino que deben ser los óptimos. La política populista, por el contrario, bien se  califique de derechas o de izquierdas, ignora el coste de oportunidad, supone que todo es gratuito; en ella se adoptan las decisiones como si los recursos fuesen infinitos, atendiendo exclusivamente a la rentabilidad electoral.

Actualmente existe en España, y en cierto modo también en Europa, una hegemonía de la doctrina populista. Tanto la autodenominada izquierda como la llamada derecha se han olvidado del coste de oportunidad. Unos venden sus ocurrencias en materia de gasto público como si el dinero cayese del cielo o como si el endeudamiento público no tuviese consecuencias a medio o a largo plazo. Los otros están dispuestos a reducir tributos con la misma alegría y, aunque se pronuncian partidarios de la estabilidad fiscal, parece que no creen que las rebajas de impuestos la afecten, solo el incremento de los gastos.

Ambos, Gobierno y oposición, a la hora de proponer medidas lo hacen con idéntica frivolidad y sin establecer su financiación, es decir, sin considerar la alternativa al gasto o a la reducción propuesta de ingresos. Desde esta perspectiva, ¿quién va a estar en desacuerdo con las dádivas planteadas por el Gobierno o con las laxitudes fiscales de la oposición? Nos movemos en el reino de Jauja, allí donde ha desaparecido la necesidad y todo es posible. Es el mundo del populismo.

Pero, permítanme que me centre en la política del Gobierno, precisamente por eso, por ser gobierno, ya que sus ocurrencias o desatinos, para desgracia de los ciudadanos, los puede hacer realidad. Eso no ocurre con la oposición. Es más, es muy posible que cuando asuma en algún momento el gobierno no tenga más remedio que llevar a cabo políticas muy distintas de las que ha defendido con anterioridad. En cualquier caso, ya habrá tiempo de criticar su labor si es que llega al poder.

Sánchez, cada vez que obtiene un mal resultado en unas elecciones o que las encuestas le son negativas, realiza toda una escenificación de giro a la izquierda de su política. Se olvida o no, pero, aunque no se olvide, sabe que no puede prescindir de ello, de su máximo lastre, que es mantenerse en el gobierno mediante la compra de votos de golpistas, independentistas y herederos de terroristas. Es más, de cara a una nueva legislatura, es consciente de que si tiene alguna posibilidad de gobernar será con las mismas ataduras. Por eso centra su estrategia electoral en escenificar una política de izquierdas, que es más bien populista. Un conjunto de medidas heterogéneas sin conexión ni coherencia. Es curioso que cuando las anuncia su discurso se centra principalmente en alardear de los cuantiosos recursos que se van a emplear, sin mayor concreción, y sin indicar nunca cómo se van a financiar. Parece que el mérito político radicara en la relevancia de la cuantía.

Bien es verdad que posteriormente resulta difícil comprobar si se han cumplido o no las previsiones. Hay, sin embargo, alguna excepción. El ingreso mínimo vital es de tal relevancia que se conoce bien la enorme diferencia que se ha producido entre el discurso triunfalista del ministro y del Gobierno en su conjunto y los desastrosos resultados obtenidos. Recientemente ha sido la propia AIReF la que ha criticado duramente la gestión de esta prestación social. En realidad, todos estos defectos estaban ya presentes en el diseño desde el inicio. De hecho, nada más publicarse el decreto ley, el 20 de septiembre de 2020, en este mismo diario publiqué un artículo titulado “El patinazo del Ingreso Mínimo Vital”, en el que criticaba con dureza el diseño y avisaba de los enormes problemas de gestión que iba a ocasionar.

Buena prueba de la veleidad que acompaña la política del Gobierno es su decisión de subir en un quince por ciento el importe de la prestación de los actuales beneficiarios del IMV. Lo lógico sería que el incremento coincidiese con el aumento de la inflación, a no ser que se reconozca que la cantidad fijada hace poco más de un año era incorrecta. El hecho de que haya sobrado más del sesenta por ciento de la partida consignada se debe no tanto a que la prestación sea insuficiente, sino a los muchos teóricamente beneficiarios que se han quedado fuera por la mala gestión y el deficiente diseño. Es más fácil incrementar un quince por ciento las ayudas actuales que corregir la norma y aumentar los beneficiarios.

Una de las últimas ocurrencias, el gratis total en cercanías, muestra también la improvisación y los vaivenes de la actuación del Ejecutivo. Se toma esta medida cuando hace pocos días se había acordado subvencionar tan solo el cincuenta por ciento. Tales cambios de criterio en tan corto plazo de tiempo tienen difícil explicación y sin duda son expresión de la frivolidad de una política sin consistencia.

La medida, por otra parte, no parece tener demasiada lógica. Primero, afecta exclusivamente a una pequeña parte de la población española. ¿Que dirán los extremeños? Segundo, se subvenciona al cien por cien a los viajeros del tren, que no han sufrido ningún perjuicio. La subida se ha producido en los carburantes y los damnificados son los usuarios del automóvil y el transporte por carretera. Se supone que la finalidad es incentivar que los ciudadanos abandonen el automóvil y opten por el tren. La medida es simplista porque el incentivo en todo caso ya existía, debido al elevado precio de la gasolina y el gasóleo y porque además va a existir una enorme desproporción entre el pequeño número de aquellos que debido a la gratuidad se trasladen al ferrocarril y el coste de eximir a todos los viajeros del pago del billete.

Da la impresión de que la aprobación está motivada por un cierto fanatismo que pretende criminalizar el uso del coche privado y que cree que la crisis de los carburantes se solucionará reduciendo el consumo. La Comisión Europea tampoco está muy fina, cuando después de la desastrosa política energética que ha aplicado -y a petición de los llamados hasta ahora países frugales, pero que en materia energética no lo son tanto-, se le ocurre como única solución pedir a los ciudadanos que consuman menos.

Pero quizás el ejemplo más claro de lo que es una ocurrencia populista se encuentre en esa medida que parecía recluida en el baúl de los recuerdos y que acaba de resucitar Iceta, el ministro apóstol de la reforma del delito de secesión. Me refiero a esa especie de lotería que les ha tocado a todos los nacidos en el 2004 (será por eso de ser el año del triunfo de Zapatero o porque tienen derecho al voto por primera vez), un bono de 400 euros para que se lo gasten en chucherías culturales.

Ante estas ocurrencias y otras muchas del programa populista de Sánchez surge una pregunta: ¿Dónde se encuentra la ministra de Hacienda? Tradicionalmente, el ministro de Hacienda ha sido siempre el malo de la película, el cancerbero que interceptaba las ocurrencias de los demás ministerios, que criticaba sus propuestas y que mejor o peor aplicaba el coste de oportunidad. Hasta ahora no se entendía que toda nueva medida no fuese acompañada del correspondiente informe de este departamento.

Hoy parece que el ministerio no existe. Sus técnicos se enteran por la prensa y se ven obligados a arreglar los desaguisados, una vez anunciadas con la mayor frivolidad las cosas más peregrinas. Casos especialmente graves los han constituido el IMV y ese bono de una sola vez de 200 euros para los más necesitados, ambos con normativa y condiciones tan descabelladas que han echado sobre la Agencia Tributaria toda una enorme e inútil carga de trabajo que le era totalmente ajena y que la apartaba de su verdadera finalidad, la gestión de los tributos y la persecución del fraude fiscal.

Lo que realmente no existe es una ministra de Hacienda. Sanitaria de formación y política de profesión, carece de la competencia mínima para ocupar ese puesto, con el agravante de que se trajo de Andalucía un equipo de características parecidas, y que se encuentra totalmente perdido en un ministerio de tamaña complejidad. Han sido ya dos los secretarios de Estado de Hacienda dimitidos al comprobar que el puesto les caía totalmente grande. En eso han tenido más honestidad que la propia titular del departamento.

La ministra, que ocupó durante algún tiempo la portavocía del Gobierno, ha suplido su falta de ideas y de discurso con una verborrea mareante, sin que nadie sea capaz de callarla, sea cual sea el tema. Antes muerta que sencilla. Su mayor virtud, el no poner ninguna objeción y decir a todo que sí ante su señorito, convertirse, en definitiva, en alfombra. No hay porque extrañarse por tanto que ahora la premien con la vicesecretaría general del partido. Bien es verdad que en el actual PSOE solo hay un cargo, el de secretario general.

En su afán por justificar lo injustificable de la política del Gobierno, Montero puede pronunciar los mayores disparates, como que la ley va a impedir que la banca repercuta a los clientes el nuevo impuesto que el Ejecutivo quiere imponer. Ya dirá cómo. La transmisión o no, dependerá del mercado y de la competencia que se establezca entre las entidades financieras. Pero este tema, el del impuesto a la banca, lo dejaremos para la semana que viene.

Republica.com 30-7-2022



EL FONDO PÚBLICO DE PENSIONES DE ESCRIVA

ECONOMÍA DEL BIENESTAR, HACIENDA PÚBLICA, SISTEMA FINANCIERO Posted on Dom, mayo 29, 2022 21:38:23

José Luis Escrivá llegó al Gobierno con dos promesas: solucionar el problema de las pensiones y la creación de un sistema de renta mínima de reinserción. Hoy todo el mundo sabe que el ingreso mínimo vital ha sido un auténtico fracaso, siendo prácticamente ingestionable, lo que desde luego no se arregla con la subida del 15%. Con la tan cacareada reforma del sistema público de pensiones va a ocurrir lo mismo. Se está muy lejos de que desde el Gobierno se solucione la supuesta quiebra de la Seguridad Social, ya que mientras se mantengan las pensiones unidas a las cotizaciones sociales como única fuente de financiación la viabilidad del sistema estará en entredicho y será la primera diana, quizás por ser la más fácil, que considere la Unión Europea a la hora de hablar de la consolidación fiscal.

Parece ser que la Comisión nos ha obsequiado ya con el primer aviso ante los palos de ciego que viene dando el ministro corrigiéndose a sí mismo y sin que hasta ahora haya habido concreciones suficientes de sus propuestas. De momento, la única medida adoptada que reviste cierta entidad ha sido el compromiso de mantener el poder adquisitivo de las pensiones, actualizándolas anualmente por el IPC. A pesar de que la medida había sido consensuada por todos los partidos políticos en el Pacto de Toledo y por más que el Gobierno lanzase las campanas al vuelo y en tono triunfalista asegurase que por primera vez la actualización estaba para siempre garantizada por una ley, ha bastado que la inflación se disparase para que surgiesen desde todos los ángulos multitud de voces poniendo en duda la posibilidad de una actualización de tal cuantía.

Se dice una y otra vez que el presupuesto público no puede asumir un incremento del gasto de esa envergadura. Se silencia que la inflación produce en los ingresos públicos un aumento de igual o mayor cuantía que en los gastos, incluyendo las pensiones. El déficit o el superávit del sector público no tienen por qué modificarse en función de cuál sea el incremento de los precios, excepto que se quiera emplear el exceso de ingresos para otras finalidades. Estas ofensivas infundadas en contra de la actualización de las pensiones seguirán existiendo mientras las finanzas de la Seguridad Social se mantengan al margen de las del Estado. No habrá reforma verdadera en tanto en cuanto permanezca esta división. Y es claro que el Gobierno está lejos de superarla, puesto que cuando se producen déficits en la Seguridad Social se financian con préstamos en lugar de mediante aportaciones del Estado.

Entre las voces que en este momento se han levantado en contra de la actualización de las pensiones quizás la más preocupante sea la del Banco de España, porque no se puede olvidar que en nuestro país es la franquicia del Banco Central Europeo (BCE) y en buena medida su portavoz. Tras la Unión Monetaria, es en el BCE donde en realidad radica el poder y es esta institución la que tiene capacidad suficiente para forzar a los países a seguir sus indicaciones. El hecho de que la actualización se encuentre en una ley no constituye ninguna garantía, a pesar de lo mucho que de ello se ha vanagloriado el Gobierno. Una ley con otra ley se modifica.

Las múltiples ocurrencias que va desgranando el ministro del ramo desde luego no van a solucionar el problema, porque la cuestión radica precisamente en considerar las pensiones un problema al margen del problema general de la financiación del Estado. Incluso algunas de estas ocurrencias van a resultar negativas como esa idea de crear fondos de pensiones de empleo de promoción pública que, para mayor gloria y boato del ministro, ha merecido una ley que en este momento se encuentra en el Parlamento. Ley de contenido pobre, reducida a la creación de esta nueva figura de ahorro y de toda una estructura burocrática, innecesaria y que en realidad no va a controlar nada.

Los fondos de pensiones en general han sido los máximos enemigos  del sistema público. Siempre se han considerado un mecanismo complementario, pero en realidad ha pretendido ser sustitutivo. Es por eso por lo que desde hace más de treinta años las entidades financieras, principales beneficiarias de los fondos, se han dedicado con sus servicios de estudios a difundir la teoría de que el sistema público de pensiones es inviable económicamente, en la creencia de que cuanto más se deprimiese este, más se generalizarían y extenderían los fondos privados.

En nuestro país, los fondos privados de pensiones se encuentran con un obstáculo casi insalvable, la escasa capacidad de ahorro que tiene la mayoría de la sociedad española. Solo la clase media y media alta pueden acceder a ellos. Que lo hagan o no depende únicamente de los incentivos fiscales. En realidad, los fondos no son más que una forma de inversión, y no de las mejores. Los partícipes no conocen en qué activos se materializan y si la elección se hace pensando en la rentabilidad de los partícipes o en el interés de los depositarios o de las gestoras que normalmente están unidas a las entidades depositarias.

Los planes de pensiones se mueven en una encrucijada complicada. Sin desgravaciones fiscales no son interesantes y si se les dota de ellas se cae en la contradicción de que al tiempo que se admite que no hay dinero suficiente para mantener las pensiones públicas se dediquen importantes recursos a incentivar los fondos privados, cuyos beneficiarios, tal como hemos dicho, serían las rentas altas y media altas. De hecho, los incentivos fiscales se han ido reduciendo de manera significativa a lo largo del tiempo hasta llegar a la situación actual en la que los fondos de pensiones carecen de todo atractivo y únicamente son convenientes para las entidades financieras, ya que mediante ellos mantienen cautivas importantes cantidades de dinero.

El ministro Escrivá, como es su costumbre, nos obsequia con una ocurrencia. Lo suyo es inventar. En esta ocasión se saca de la manga un fondo de pensiones que llama público y además de empleo. La figura es un poco engendro, como ya ocurrió con el ingreso mínimo vital. Lo primero es que ya existe un sistema público, por lo que resulta inútil e incluso contraproducente colocar otros a su lado. La clásica distinción entre reparto y capitalización tiene mucho de ficción y asintóticamente se confunden, si consideramos que las cotizaciones del sistema público de pensiones son aportaciones que realizan los empresarios y los trabajadores a la Hacienda Pública que los invertirá en la economía nacional y se los devolverá en el momento de la jubilación en forma de pensiones. De alguna manera, se podría hablar de capitalización.

La única diferencia, pero diferencia muy importante, es que en el sistema público de pensiones no hay una correspondencia exacta, ni individualmente ni en su totalidad, entre aportaciones y retornos. Esta misma ausencia de identidad cuantitativa es la que le concede su carácter redistributivo y lo liga al mandato de la Constitución y por lo mismo lo diferencia también de la nueva ocurrencia del ministro que, aunque se presente como complementaria, en realidad pretende ser sustitutiva. Solo puede tener éxito a base de restar recursos que se podrían dedicar a las pensiones públicas.

La ley elaborada por el Ministerio de la Seguridad Social y que se está debatiendo en el Congreso crea un fondo de pensiones de empleo, pero de promoción pública. En la exposición de motivos aparece la queja de la escasa difusión que han tenido los fondos de pensiones de empleo en nuestro país, lo cual es cierto. Tan solo se han generalizado entre los grandes ejecutivos. Las compañías los han usado para que pasen más desapercibidas las astronómicas retribuciones que perciben, especialmente en el momento de las liquidaciones por finalización de su relación laboral. También han ocupado un lugar en las empresas públicas, y se han seguido manteniendo en ellas después de ser privatizadas. Por último, hay que considerar algún que otro sector económico muy consolidado, como la banca, y que durante la dictadura eran tenidos como pertenecientes a un estrato superior, los trabajadores de cuello blanco.

Pero, al margen de estos ámbitos, los fondos de pensiones de empleo no han tenido éxito, como es lógico cuando existe un sistema público de pensiones. Si se niega la posibilidad de incrementar las cotizaciones será difícil que los empresarios y los trabajadores se encuentren en condiciones de contribuir a un sistema paralelo al de la Seguridad Social. Es por eso por lo que el invento del ministro está condenado al fracaso. Se afirma que se nutrirá de los convenios de empresa o sectoriales. Lo cierto es que los empresarios solo asumirán estas obligaciones siempre que se compensen con incrementos salariales más reducidos. Pero es de suponer que esta alternativa de ningún modo convencerá a los trabajadores, tanto más cuanto que los salarios en España no son nada elevados y muchos de ellos se encuentran en el nivel de mera subsistencia.

Escrivá confía en los autónomos y en los funcionarios. Como siempre, el ministro diseña la política al margen de la realidad. En nuestro país el colectivo de autónomos es muy heterogéneo. Muchos de ellos militan en el infraempleo o en el paro encubierto. Personas que, ante la dificultad de encontrar un puesto de trabajo, se lanzan a montar un negocio o a ejercer una profesión por su cuenta con futuro muy dudoso y con cierto empobrecimiento generalizado, ante el hecho de tener que repartir la demanda entre un número mayor de agentes productivos. Lo cierto es que la mayoría de los autónomos ponen dificultades para soportar cotizaciones sociales moderadas (lejos de las de los trabajadores dependientes). Luego no parece que haya muchas posibilidades de que en este ámbito se extienda el invento del ministro.

En cuanto a los funcionarios, el único experimento realizado ha sido un auténtico fracaso. A finales de 2002, siendo ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro pactó con los sindicatos de la función pública la constitución de un fondo de pensiones del 0,5% de la masa salarial de los 523.000 empleados públicos de la Administración central (54,65 millones de euros). El fondo fue constituido en el BBVA en 2004, ya con el PSOE en el gobierno y siendo ministro de Administraciones Públicas Jordi Sevilla. En realidad, constituía una retribución en especie y, como era lógico, iba en detrimento de las retribuciones en metálico.

A los funcionarios no se les dio a elegir. De lo contrario, casi todos se hubieran inclinado por el pago en efectivo. Podían, sí, rechazar el fondo, pero sin recibir a cambio contrapartida alguna. La razón del pacto hay que buscarla primero en el interés de Montoro en hacer propaganda de estos instrumentos financieros, y después en el poder que concedía a las organizaciones sindicales al controlar un fondo de pensiones de esa envergadura. No creo que desde 2004 hayan existido muchas aportaciones, con lo que el saldo se está consumiendo poco a poco, según se jubilan los funcionarios que se encontraban entonces en activo y van retirando las ridículas cantidades que les corresponden.

Todo lo dicho no parece pronosticar un buen futuro para el proyecto de Escrivá. Las ventajas que la ley considera son muy dudosas. El fondo diseñado es un engendro, un híbrido. Se define como público, pero la gestión será privada. Resultará difícil garantizar que las comisiones serán más pequeñas y que las inversiones serán las adecuadas. El bosquejo es espectacular, pura megalomanía por la extensión y amplitud que se piensa que alcance y por las potestades que concede a la Administración y el andamiaje de órganos de vigilancia que diseña, pero la gestión continúa siendo privada y de muy difícil control.

Nada hace pensar que este fondo vaya a ser atrayente. No creo que tenga mucha demanda, como no sea que al igual que en 2002 se obligue a los funcionarios a incorporarse sacrificando parte del incremento salarial al que tendrían derecho. Como el resto de los fondos, su único atractivo y medio para obtener clientes sería agrandar y extender considerablemente los beneficios fiscales. A eso juega ahora la CEOE. Pide exenciones y deducciones para los trabajadores en el impuesto sobre la renta y para los empresarios en el impuesto de sociedades y en las cotizaciones sociales. Ese es el peligro del invento del ministro, que termine por restar recursos al erario público y por lo tanto a las pensiones públicas y además sirva de coartada para reducirlas.

republica.com 25-5-2020



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