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ARTÍCULOS RECIENTES CONTRAPUNTO

UNOS PRESUPUESTOS JACTANCIOSOS E HIPOTECADOS

HACIENDA PUBLICA Posted on Mon, November 09, 2020 09:33:31

Todos los presupuestos son sociales y progresistas, al menos eso es lo que afirman siempre los respectivos gobiernos. No obstante, suele haber grados, dependiendo de lo teatrales que sean. Con Sánchez, ya lo sabemos, todo es puro espectáculo, por eso no se han conformado con que la ministra de Hacienda, como es tradicional, lleve al Congreso los documentos (hace años en papel con una camioneta llena de libros, recientemente en un pen drive), sino que antes el presidente y el vicepresidente del Gobierno han querido presentarlos de forma solemne en la Moncloa y con una liturgia made in Sánchez, similar a la que ha venido aplicando cada poco tiempo, en las distintas circunstancias, desde el frustrado pacto con Rivera, allá por 2015.

El triunfalismo, la satisfacción y la euforia mostrados en la presentación contrastan con los graves apuros económicos que están sufriendo muchos ciudadanos y aun más con las amenazas que se ciernen sobre la economía española de cara al futuro. Frases como la de “el mayor gasto social de la historia” o la de “cambiaremos el modelo productivo de España”, o esa otra de “avanzar hacia una economía con un mayor valor añadido”, suenan casi a escarnio cuando la situación económica de España es crítica.

La ministra de Hacienda ha calificado estos presupuestos como extraordinarios, inéditos e históricos. El mismo título que han querido darles, “presupuestos de la transformación”, es una petulancia casi insultante. El objetivo debería ser mucho más humilde, la recuperación, salvar los muebles, salir lo antes posible de la crisis, y de la manera más factible, sin grandes planteamientos de transformación y no digamos de cambio de modelo productivo. Da la impresión de que el gobierno está en las nubes o de que confunde la realidad con el teatro.

Bien es verdad que los presupuestos lo aguantan todo. Se pueden rellenar las partidas con las cantidades que se deseen. Solo hay que procurar cuadrar los ingresos con los gastos y con el déficit que estemos dispuestos a confesar. Ciertamente, al final se descubren las trampas o los errores, pero eso sucede a la liquidación y entonces la atención popular y la política se centran ya sobre el año siguiente y lo pasado pierde interés. La superchería se suele introducir desde el mismo principio a la hora de estimar el cuadro macroeconómico, con repercusiones inmediatas como mínimo en las previsiones de recaudación.

El cuadro macroeconómico propuesto por el Gobierno como antesala de los presupuestos es en exceso optimista y presuntuoso, aunque da la impresión de que esa confianza es más bien impostura. Es difícil creérselo cuando se aparta de las estimaciones del Banco de España (BE), del FMI, y de la OCDE. La segunda ola es una realidad y todo indica que la epidemia, con sus secuelas económicas, va a permanecer buena parte del próximo año.

El Gobierno estima para este año una reducción del PIB del 11,2%, mientras que el FMI lo cifra en el 12,8%; la OCDE y el BE, si tomamos sus previsiones en el contexto de una segunda ola, en el 14,4 y el 15,1%, respectivamente. Pero mayor diferencia se produce en el crecimiento estimado para el año 2021. El 9,8% resulta increíble, y choca frontalmente con las estimaciones de los organismos internacionales y del BE. Todo ello conlleva a que la recaudación será con seguridad muy inferior a la establecida en el documento presupuestario, y por ende el déficit será mayor o se tendrán que recortar capítulos de gasto que tan generosamente, pero sin demasiado fundamento, se han colocado en los estados numéricos para proclamar a bombo y platillo que contienen el mayor gasto social de la historia.

El Gobierno incorpora los recursos (26.634 millones de euros) que estima que en 2021 van a venir de Europa. Pero no hay ninguna certeza de que el dinero llegue en el próximo año ni de que sea por tal cantidad. Además, es una incorporación tramposa, puesto que el 95% se concreta en transferencias tanto corrientes como de capital, es decir, que en su gran mayoría se va a ejecutar fuera del presupuesto. Tan solo sirve para hinchar los gastos y mostrar que estos se incrementan sustancialmente con respecto a los del presente año.

Conviene recordar que los fondos europeos no pueden emplearse en gastos de funcionamiento ni en prestaciones sociales, sino en proyectos, que en su mayoría estarán ligados al sector privado. Lo peor es que, espoleado por la prisa, el Gobierno ha decidido que los proyectos comiencen a ser ejecutados antes de ser aprobados por Bruselas y serán financiados, de forma puente -se dice-, por deuda pública. ¿Pero qué ocurre si al final la UE no los aprueba?

Por otra parte, no creo que pueda incrementarse significativamente la protección social sin que exista una reforma fiscal en profundidad, reforma que el Gobierno pospone una vez más ad calendas graecas. No entiendo esa aseveración que niega rotundamente que se puedan o se deban elevar los impuestos en un momento de crisis. Ciertamente, no es conveniente subir los indirectos, ya que estos giran sobre todos los ciudadanos, prescindiendo de su situación económica. Pero otra cosa son los tributos de carácter directo, ya que consideran las características monetarias y financieras de cada contribuyente, y por lo tanto se puede discriminar a quiénes afectan. Van unidos a los beneficios, a la renta y al patrimonio.

El impacto de una crisis sanitaria y económica como esta no es uniforme, ni todos la sufren del mismo modo, incluso puede ocurrir que algunos hayan salido ganando, o por lo menos que no tengan pérdidas o bien que sus pérdidas no sean relevantes con respecto a su patrimonio y a su renta. Incrementar el gravamen a estos contribuyentes puede ser conveniente desde el punto de vista de la equidad, distribuyendo la carga de la crisis, pero también para el objetivo de la recuperación económica;  la propensión a consumir de los que van a soportar el gravamen será bastante inferior de la de aquellos que van a recibir las prestaciones sociales.

Estos presupuestos introducen, curiosamente, pocas variaciones tributarias, y de ellas la mayoría son relativas a los impuestos indirectos: gravamen sobre el diesel, cambio del IVA de las bebidas azucaradas, incremento del tipo en la tributación de las primas de seguros, a lo que hay que añadir la creación de nuevos impuestos que necesitan ley propia, un gravamen sobre el uso del plástico y otro sobre residuos. La casi totalidad se pretenden justificar por el cuidado al medio ambiente, pero tan importante o más que el medio ambiente, sobre todo cuando este apenas depende de nosotros, es la política redistributiva, y lo que recibe el nombre de fiscalidad verde suele ser casi en su totalidad gravámenes indirectos y que inciden en mayor medida sobre las clases bajas.

Por el contrario, lo que los presupuestos pretenden presentar como tributación a los grandes contribuyentes es una mala broma. Las modificaciones tributarias expuestas en el pacto entre el PSOE y Podemos están muy lejos de constituir la reforma fiscal que necesita la economía española; de hecho, están llenas de tópicos y se mantienen en la superficie. Cualquier cambio del IRPF tiene que comenzar por unificar las rentas de capital con el resto de ingresos en una misma base imponible y con una misma tarifa, cosa que el acuerdo no contempla. Sin abordar esta modificación toda otra constituye un pastiche que originará contradicciones y quizás injusticias comparativas.

Ahora bien, en estos presupuestos, con la excusa de que estamos en crisis, ni siquiera se incorpora lo pactado, dejándolo, según dicen, para más adelante. Los escasos cambios introducidos en el IRPF y en el impuesto de patrimonio son casi una burla y parecen tan solo un intento de pasar por progresistas frente a los respectivos electorados. Algo similar ocurre con ciertas medidas propuestas para la lucha contra el fraude fiscal. Hay una en concreto cuyo objetivo parece ser únicamente engañar al personal. Me refiero a la prohibición de decretar en el futuro una nueva amnistía fiscal. Tal precepto no tiene ninguna virtualidad. No garantiza absolutamente nada. Las amnistías fiscales se aprueban por leyes, y una ley cambia a otra ley, con lo que la medida es pura palabrería, mera declaración de intenciones, y las promesas de Sánchez no son demasiado creíbles, como todo el mundo sabe.

La misma finalidad parecen tener las dos condiciones impuestas al final por Podemos para aprobar los presupuestos. Obedecen únicamente al propósito de mostrar que su estancia en el Gobierno no es inútil, y que son capaces de imprimirle un giro a la izquierda. La primera incide sobre el ingreso mínimo vital (IMV). Pretende introducir algunos cambios con la intención de solucionar los embrollos en los que está inmersa esta prestación. Vano intento, el defecto es de fondo, de diseño. Se ha construido una figura muy difícil de gestionar y más aún de controlar. La forma que adopta, de impuesto negativo sobre la renta, tiene un coste de administración y fiscalización totalmente desmedido. Los problemas que están creándose en su implantación lo indican bien claramente. El gobierno esta semana se ha visto obligado a crear un subsidio para aquellos que han agotado este año el seguro de desempleo. Pero entonces ¿para que sirve el IMV?.  Lo peor, además, está por venir; cuando al final esté totalmente en funcionamiento, descubriremos que no hay forma de controlarlo a un coste proporcionado, por lo que la prestación quedará al albur de los más listillos y se prestará a todo tipo de trampas.

La segunda condición radica en la promesa de limitar el precio del alquiler. El haber escrito ampliamente sobre este tema y sobre los resultados negativos que se pueden obtener, contrarios a los que teóricamente se pretenden, me libra de extenderme sobre ello en esta ocasión (entre otros, ver mi artículo del 26 de marzo pasado). Sin embargo, no renuncio a señalar el riesgo que puede haber de destruir el incipiente mercado de alquiler. La poca extensión de este mercado ha lastrado tradicionalmente el problema de la vivienda en España, lo que constituye un grave perjuicio precisamente para las clases más desfavorecidas, a las que les está vedada la compra.

Además, no puede por menos que extrañar que se plantee precisamente ahora, cuando los precios de los alquileres están descendiendo; a no ser que detrás de esta demanda se encuentre una finalidad política, en el sentido más prosaico del término, el dar satisfacción a Esquerra Republicana y asegurar su apoyo a los presupuestos. La Generalitat, sin tener competencia para ello, ha aprobado una ley limitando los precios de los alquileres. (Colau debe su carrera a la plataforma antideshaucios). El Gobierno, como era de esperar, no la ha recurrido ni ha instado su suspensión. La amenaza de inconstitucionalidad, sin embargo, revolotea sobre la medida al estar tomada por un órgano que no tiene competencias para ello. La aprobación de una ley nacional la cimentaría y legalizaría.

Quizás se piense que con esta promesa Esquerra estaría dispuesta a apoyar los presupuestos. Por supuesto, con esta promesa y con algo más. Se asigna a Cataluña un montante de inversión desmedido con respecto a otras regiones. Se justifica afirmando que es la correspondiente a la participación del valor añadido que Cataluña tiene en el PIB nacional, pero ahí está precisamente el problema, que extrapolando ese modelo a todas las Autonomías se rompería la política redistributiva, y la desigualdad entre regiones se haría cada vez más pronunciada. Se condenaría a Extremadura, por ejemplo, a tener indefinidamente un ferrocarril tercermundista.

El problema de aprobar unos presupuestos Frankenstein es que nacen hipotecados a los partidos nacionalistas y regionalistas. Todos están dispuestos a pasar factura. No son de izquierdas ni de derechas, sino populistas, híbridos, hechos a trozos, de compras y de ventas; del PNV, de Esquerra, del PDeCAT, y de un sinfín de formaciones localistas y provincianas prestas a poner precio. Pero al mismo tiempo, pretenciosos y teatrales, alejados de la realidad presente y futura de la economía española. En las nubes, pendientes de la transición ecológica, la digitalización y la igualdad de género, pero olvidando tal vez las posibilidades más inmediatas de nuestra economía y de aquellos sectores en los que podemos ser más competitivos y en los que se puede crear más empleo.

republica.com 6-11-2020



LA REBELIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS

HACIENDA PUBLICA Posted on Mon, September 07, 2020 23:06:07

Todo el mundo se hace la siguiente pregunta: ¿por qué el impacto de la pandemia ha sido mucho mayor en España que en el resto de Europa no solo en la primera oleada, sino también en los momentos actuales? Se me ocurre que algo tiene que ver nuestra estructura política, nuestro Estado de las Autonomías y nuestra tendencia al cantonalismo y a los reinos de Taifas.

El 12 de diciembre de 2018 escribía yo un artículo en este mismo diario titulado “El patriotismo de las cosas de comer”, en el que comentaba un informe de la OCDE publicado aproximadamente un mes antes. Este organismo internacional consideraba que la división autonómica de nuestro país era un grave obstáculo para el crecimiento económico y la igualdad. No repetiré, desde luego, aquí las aseveraciones de la OCDE, y mucho menos mis comentarios. Solo resaltaré que, si esto es así en condiciones normales, cuánto más lo es en una situación crítica como la actual.

El virus claramente no sabe de fronteras ni de Autonomías. El Gobierno, en un principio, pareció entenderlo y con toda lógica decretó el estado de alarma, incluso empleando este mismo discurso acerca de que la epidemia no atendía a límites ni a territorios. La medida parecía tan razonable que no tuvo apenas contestación, como no fuese la de los nacionalistas, dispuestos siempre a sobreponer su independencia por encima de cualquier otra cosa.

El problema surge cuando se descubre, por una parte, que el rey está desnudo, es decir, que después de cuarenta años de desmontar el Estado y someterlo a un proceso de enorme intensidad de centrifugado hacia la periferia se encuentra incapaz de cumplir determinadas funciones (por ejemplo, los ministerios de Sanidad y de Educación, inexistentes en el orden práctico). Y, por otra parte, la existencia de un Ejecutivo creado de forma precaria y contra natura, hecho de retales y de un equilibrio inestable y que, como reiteradamente he escrito, está hecho para la representación y el pastoreo, pero se muestra incapaz de gobernar y gestionar.

El Gobierno, tras una etapa en la que confunde el mando único con un poder despótico, que considera que puede hacer lo que quiera sin pactar ni dialogar con nadie, y después de ser consciente de los múltiples problemas generados y negarse a aplicar un plan B, se inhibe y deja todo en manos de las Autonomías, con lo que se instala el caos más absoluto. Se crea un mosaico de medidas dispares y distintas según cada Comunidad y, lo que es peor, al albur del criterio de los diferentes jueces que tienen que ratificarlas. Las consecuencias las estamos viendo y las veremos con mayor claridad tras la apertura de las aulas.

Esa anarquía territorial que se ha apoderado de la estructura política y que recuerda los acontecimientos por los que se hundió la I República no se limita al ámbito de las Autonomías, sino que alcanza a las corporaciones locales. Últimamente se ha producido la rebelión de los Ayuntamientos contra una de las pocas normas con sentido que este Gobierno ha anunciado. El Ejecutivo pretende utilizar el superávit de los entes locales para las múltiples y enormes necesidades surgidas y que van a aflorar con la crisis sanitaria y económica. Es un superávit, además, que los Ayuntamientos no podían gastar, estaban bloqueados por las leyes que el PP se vio obligado a tomar como consecuencia de la anterior crisis y en aras a cumplir la disciplina presupuestaria impuesta por Bruselas.

No se precisa recordar que la situación de las finanzas públicas estatales es crítica y lo va a ser aún más. Los últimos datos del Banco de España no dejan lugar a dudas. El stock hasta junio de la deuda pública alcanza ya el 103% del PIB, aunque en realidad es mayor, ya que esta cifra está calculada sobre el PIB de 2019. Con el previsto para el 2020 podríamos afirmar sin miedo a equivocarnos demasiado que el porcentaje alcanzaría el 113%. ¿Cuál va a ser el que alcance a final del año?

Todas estas cargas van a recaer principalmente sobre el Estado. Así mismo sobre las Comunidades Autónomas, pero los gastos adicionales de estas repercutirán también sobre la Administración Central, ya que el Estado va a transferir a las Autonomías 16.000 millones de euros de forma extraordinaria. Será también la Administración Central la que sufrirá una sustancial reducción en su recaudación al ser los impuestos que gestiona los que están unidos a la actividad económica. Caso muy distinto es el de los Ayuntamientos, cuyos recursos apenas se verán afectados. Es de prever que el IBI escasamente experimente modificación. Un impuesto que, por cierto, se ha multiplicado e incrementado como ninguna otra figura tributaria en los diez o veinte últimos años.

Ante la crisis que estamos sufriendo y las dificultades que se avecinan, la postura de los Ayuntamientos es mezquina y raquítica, pueblerina, con anteojeras. No dudo de que todos ellos tendrán muchas necesidades. Las necesidades siempre son infinitas, pero no es el momento ni de los polideportivos, ni de las piscinas, ni de los centros culturales, ni de las aceras etc. Las necesidades a cubrir van a ser mucho más apremiantes y los recursos, escasos. Tampoco es el momento de que las corporaciones locales asuman funciones que no les corresponden. Los compartimentos estancos no tienen lugar en una crisis como esta. Cada gasto tiene su coste de oportunidad y la elección de los que haya que acometer debe hacerse con carácter general y sin capillitas.

Más grave aún es la postura del PP al colocarse al frente de la manifestación. Da grima escuchar a algunos de sus portavoces bramar que el Estado quiere expoliar el ahorro de los vecinos. Se llega a la conclusión de que los partidos políticos, aunque sean nacionales, no se rigen por la racionalidad sino por la demagogia y el populismo. Habrá que preguntarse quién va a pagar el seguro de desempleo de esos vecinos despojados, y los gastos extraordinarios en sanidad y en educación, incluso ese ingreso mínimo vital si alguna vez se pone en funcionamiento; quién va a costear las pensiones de sus mayores; quién sufragará los ERTE, y los avales para salvar el mayor número posible de las empresas de esos Ayuntamientos.

El sectarismo del PP en este caso aparece de forma más elocuente al recordar que criticó con dureza la medida en sentido inverso que Zapatero adoptó en la crisis del 2008, el llamado plan E, consistente en rociar de dinero a los entes locales creyendo que de esa manera se iba a producir la reactivación. Todo el mundo ha reconocido ya que fue una de sus mayores ocurrencias, y una forma ingeniosa de desperdiciar recursos, recursos que habrían de ser muy necesarios más tarde. Entonces el PP tenía razón, pero por eso se entiende menos la postura que ha adoptado en este momento.

Ante la crisis actual todo capillismo es suicida. La historia nos enseña que en las confrontaciones bélicas el conjunto de los bienes públicos y privados se pone al servicio de la victoria. No es preciso exagerar. No estamos en una guerra, pero sí en una catástrofe sanitaria y probablemente económica. ¿Qué más lógico que el hecho de que todos los recursos públicos se aúnen bajo una dirección única para solucionar las necesidades más apremiantes? Pero aquí nos encontramos con el problema de siempre, este Gobierno no está hecho para gobernar, no puede ni sabe hacerlo. Quizá por su propia incompetencia, pero también y principalmente porque carece de los apoyos políticos necesarios.

Esta ley no saldrá, y si se aprueba será con tantas concesiones que devendrá inútil. Por supuesto no contará con la aquiescencia de vascos y catalanes, a no ser que se les conceda que sean las respectivas Autonomías las que se hagan cargo de los excedentes de sus Ayuntamientos, lo que sería reconocer ya que en España hay tres Estados. Pero es que el Ejecutivo ni siquiera contará con el apoyo de parte del Gobierno. Colau (no olvidemos que es parte del Podemos) ha salido ya vociferando y acusando al Estado de expoliador.

Para gobernar no basta con una moción de censura o con ganar la investidura. Se precisa capacidad y poder político para gestionar el día a día, y eso es lo que le falta a este gobierno Frankenstein. Puede echar las culpas a los Ayuntamientos, a las Comunidades o a la oposición. No digo yo que no tengan responsabilidades, pero la causa principal y el origen de todo lo que sucede se encuentra en un gobierno que nació tarado y que cuanto más prepotente se muestra en la representación y en el postureo, más débil e infecundo es en la gestión y en la gobernanza.

republica.com 28-8-2020



LOS PRESUPUESTOS Y LA PANTOMIMA DE CIUDADANOS

HACIENDA PUBLICA Posted on Thu, August 20, 2020 09:14:41

Dicen que cuando un gobierno no sabe resolver un problema crea una comisión, que es la manera de dejarlo en vía muerta. Quizás podría afirmarse también que a veces lo que se crea es un ministerio o una secretaría de Estado. Zapatero fue experto en eso de inventar ministerios sin contenido: Vivienda, Igualdad, etc. Pedro Sánchez, no obstante, le ha ganado por la mano. Por si hubiera sido poca la multiplicación de carteras y de órganos administrativos establecidos al principio del segundo gobierno Frankenstein, ahora crea una secretaría de Estado. Tras su nefasta gestión de la pandemia y su vergonzoso lavado de manos en lo que ha denominado la “nueva normalidad”, como toda solución al empeoramiento progresivo de contagios que anuncia una nueva oleada crea una secretaría de Estado de Sanidad y se va de vacaciones. Habrá que preguntarse a qué se va a dedicar ahora el filósofo.

Pedro Sánchez va a reponer fuerzas para lo que de verdad le interesa de cara al futuro, aprobar unos presupuestos. Casi al final del artículo de la semana pasada insinuaba yo, sin dar más detalles, que la aprobación de los presupuestos tenía más que ver con la representación que con la gobernanza, lo que sin duda extrañaría a muchos de los lectores. Y es que entre los muchos tópicos que anidan en la vida política española se encuentra la creencia generalizada de que los Presupuestos Generales del Estado tienen una gran trascendencia, ya que fijan y cifran la política económica y social del gobierno de turno. Se piensa que sin ellos no se puede gobernar; y puede ser que tengan razón, no se puede gobernar bien, pero sí chapuceramente.

Los que hemos trabajado dilatadamente en el área del gasto público tendemos a relativizar y a desmitificar la realidad presupuestaria. Recuerdo que cuando yo me dedicaba a esos menesteres, el abogado del Estado que venía encargándose año tras año de coordinar la elaboración de la ley de presupuestos, tuvo un rasgo de humor y definió, ya entonces, el presupuesto como un solo crédito y ampliable. No era ninguna exageración, indicaba con ello la enorme flexibilidad que existía en la normativa presupuestaria. Una vez aprobado, el gobierno podía hacer todo tipo de modificaciones entre partidas y, además, muchos de los créditos eran ampliables. Es más, siempre cabía el recurso al decreto ley y a los créditos extraordinarios.

Tras su aprobación, el margen de maniobra del Ejecutivo era y sigue siendo amplísimo. Me viene a la memoria que en aquellos tiempos (tiempos ya lejanos) en los que todos los años se discutía en las Cortes el presupuesto, todos los diputados hacían esfuerzos para que los proyectos de infraestructuras de sus respectivas provincias figurasen explícitamente en las partidas de inversión, con la finalidad de poder vender electoralmente más tarde tal hazaña en sus territorios. Recuerdo también -con cierta rechifla – que, después, en la fase de ejecución el gobierno lo cambiaba todo, haciendo baldíos tales esfuerzos; aunque no del todo, porque la venta del producto estaba ya hecha.

Aquellos que piensan que los presupuestos son un instrumento para controlar al Ejecutivo se equivocan. Sobre todo, después de haberse impuesto la utilización desmedida de los decretos leyes que, si bien en teoría están condicionados a ser utilizados en situaciones extraordinarias y de urgente necesidad, la permisiva actuación del Tribunal Constitucional ha dado lugar a que todos los gobiernos los hayan usado abusivamente. Abuso que se ha convertido en crónico, habitual y llevado al extremo por Pedro Sánchez, aprobando por esa vía las cosas más surrealistas.

Hay que considerar además que una gran parte de los presupuestos está afectada de gran permanencia y sus partidas se consolidan de un ejercicio a otro. Tan solo una fracción de cuantía reducida en relación con el resto es la que goza de discrecionalidad y no se encuentra supeditada a compromisos anteriores. De manera que el gobierno -manejando esa proporción que comparativamente no es llamativa, pero sí lo suficientemente grande- puede actuar con total desahogo y a sus anchas, concediendo y negando mercedes.

La realidad habla por sí misma. Pedro Sánchez lleva más de dos años gestionando unas cuentas que no son suyas. Es más, que criticó duramente desde la oposición y que se negó a apoyar. En ningún caso, sin embargo, las ha sentido como un corsé, y me atrevería a mantener que se ha encontrado tan cómodo con ellas como si fuesen las propias. Los problemas que haya podido tener obedecen a su propia incompetencia, a la levedad de su gobierno y a no contar con una mayoría consistente, pero no a unos presupuestos que ha modificado a su conveniencia sin ningún impedimento. Si disolvió las Cortes durante el primer Gobierno Frankenstein no fue porque no le aprobasen unos nuevos presupuestos (solo fue el pretexto), sino porque esperaba mejores resultados en las urnas. La prueba es que tras las elecciones en ningún caso se planteó la urgencia de elaborar unas nuevas cuentas públicas para el año 2020.

La necesidad que siente ahora de aprobarlas para 2021 no surge del ámbito de la gestión, sino del de la representación, del que dirán, de la creencia generalizada entre la población de que un gobierno debe tener sus propios presupuestos y, sobre todo, de la necesidad de presentar a la Unión Europea un documento que cuente con la mayor aquiescencia posible de las fuerzas políticas. Pero que nadie se llame a engaño, todos estos motivos no son suficientemente sólidos como para obligarle a convocar elecciones, en el caso de que no lograse su aprobación. Solo el convencimiento de que podría obtener mejores resultados en unos nuevos comicios le llevaría a disolver el Parlamento.

Esto deberían tenerlo muy en cuenta el resto de las formaciones políticas. En especial Ciudadanos, que pretende justificar la nueva actitud colaboracionista que ha adoptado su dirección con la excusa de que así doblega al Gobierno, y lo desliga de los que considera socios indeseables. Deberían haber aprendido ya que las promesas de Pedro Sánchez carecen totalmente de valor y que, aunque pretendan convencernos de otra cosa, lo único que han obtenido hasta ahora es que les hayan tomado el pelo y representar el deshonroso papel de tontos útiles. ¿Dónde está ese plan B que, según ellos, habían conseguido arrancar a Sánchez? ¿No será ese desmadre en el que nos movemos ahora y al que han bautizado como “nueva normalidad”?

A la nueva dirección de Ciudadanos y a sus asesores no les debería caber la menor duda de que lo que firmen respecto a los presupuestos será papel mojado tan pronto como estos se hayan aprobado, y que Pedro Sánchez se sentirá en total libertad para actuar a sus anchas y sin cortapisas. En cierto sentido lo ha dicho ya él mismo, al afirmar sin ningún pudor que será él quien reparta los fondos europeos. Recursos que, conviene recordar, serán en su mayoría préstamos que repercutirán de una u otra manera en las cuentas públicas, y que, como he escrito en varias ocasiones, me temo que van a dedicarse a intentar salvar a empresas privadas. Digo a intentar, porque no es seguro que lo consigan. El final puede consistir en enterrar dinero público en empresas zombis que antes o después terminen quebrando.

Por otra parte, la dirección de Ciudadanos tampoco tendría que hacerse líos mentales para calmar su mala conciencia e intentar convencernos de que ellos negocian exclusivamente con el PSOE. No deben equivocarse. Pactar en estos momentos con el sanchismo es hacerlo con el lote completo. No solamente con Podemos, de los que Ciudadanos no quiere ni oír hablar, sino también con el PNV y con los privilegios del País Vasco que tantas veces han criticado; con Bildu, con quienes Pedro Sánchez se ha coaligado en Navarra y negocia en el Parlamento español; con los golpistas catalanes, tan en las antípodas de todo lo que ha representado Ciudadanos desde su fundación; incluso con los partidos regionalistas cuyo objetivo, por muy ortodoxos que sean, reside exclusivamente, al igual que en el caso de los nacionalistas, en conseguir privilegios para sus respectivos territorios, distorsionando el equitativo equilibrio regional.

Ciudadanos tiene una cierta tendencia al catarismo. Siempre se han considerado los puros, pero en política eso no funciona. Cuando constituyó gobiernos autonómicos con el PP le repugnaba tener que negociar con Vox y pretendía convencernos de que no lo hacía, a pesar de que los votos de esta formación eran totalmente necesarios; montaba una espléndida pantomima, y mantenía la tesis de que ellos dialogaban únicamente con el PP, y de que el pacto de este partido con Vox no les afectaba.

Ahora defienden que pactan únicamente con el PSOE. Pero es que este partido tiene tan solo 120 diputados, y Pedro Sánchez lleva macuto, y muy voluminoso, todo el que ha sido necesario para alcanzar la Moncloa. Pactar con él, les guste o no, es hacerlo con el lote completo, con el gobierno Frankenstein en pleno, desde Bildu y el PNV hasta los golpistas catalanes. 

Republica.com 14-8-2020



HABLEMOS EN SERIO DE IMPUESTOS

HACIENDA PUBLICA Posted on Wed, July 22, 2020 13:58:26

¿Qué tipo de Estado queremos? Esta es la pregunta que debe hacerse toda sociedad y también la española. ¿Un Estado liberal o un Estado social? Un Estado liberal precisa de un nivel reducido de gravámenes, aquellos imprescindibles para que se desarrollen las funciones que son esenciales a toda unidad política: justicia, policía, exteriores; en su caso, ejército, y poco más. A medida que la actividad económica y la sociedad en general se fueron haciendo más complejas, los propios Estados liberales tuvieron que asumir competencias de tipo económico, infraestructuras, transportes, comunicaciones etc., pretendiendo, eso sí, minimizar su cometido y dejar el protagonismo al sector privado. Se reservaron fundamentalmente el papel de árbitro y regulador. Todo ello implica ya un cierto aumento del tamaño de la Hacienda Pública, aun cuando el nivel de imposición continúe siendo relativamente reducido.

El Estado social representa un salto cualitativo. Parte de la convicción de que el Estado liberal se encuentra en un equilibrio inestable. Ni el derecho ni la democracia pueden ser auténticos sin unas condiciones mínimas de igualdad social. Condiciones que deberían surgir: primero, de que los gravámenes se adapten al principio de progresividad, es decir, que contribuya más quien más posea; segundo, de que, junto con los derechos políticos, las Constituciones garanticen derechos sociales, empleo, educación, sanidad, pensiones, vivienda, seguro de paro, etc. Es más, tras la Gran Depresión del año 29 se comprobó que la economía no es un sistema perfecto que se autorregula, sino que precisa de la intervención de los poderes públicos. Poco a poco surge un fenómeno nuevo, es la misma clase empresarial la que se dirige con frecuencia al Estado para pedir ayuda.

Cabe poca duda de que el Estado social resulta caro y exige un nivel considerable de imposición, por eso, desde principios de los ochenta los países occidentales viven en una especie de esquizofrenia. Por una parte, se produce lo que se puede llamar “la rebelión de los ricos”, se establece una fuerte ofensiva contra los sistemas fiscales, especialmente en lo que respeta a la progresividad; pero, al mismo tiempo, desde todos los sectores de la sociedad se reclama la actuación del Estado y se exige su intervención. En especial en los momentos de crisis, ciudadanos, empresas, organismos e instituciones privadas reclaman su ayuda como un derecho propio y una obligación del sector público. Este comportamiento apareció con claridad en la recesión de 2008, y desde luego se está haciendo patente de forma irrefutable en los momentos actuales con la crisis sanitaria. ¿Podemos imaginarnos los estragos que la pandemia hubiera hecho en la sociedad y en la economía manteniendo simplemente un Estado liberal? El Estado social es caro, pero más caro puede resultar no tenerlo.

España llegó tarde al Estado social, y aún no había terminado de consolidarlo cuando se inicia en Europa el proceso involutivo del que hemos hablado antes, y al que nuestro país se sumó con entusiasmo, al menos en materia impositiva. Desde finales de los años ochenta tanto los gobiernos de González como los de Aznar y como los de Zapatero entraron en un proceso desaforado de bajada de impuestos, con argumentos tan descabellados como los de la curva de Laffer, que ya había mostrado con Reagan su inconsistencia. No solo se dañó la progresividad del sistema sino también la suficiencia, lo que explica nuestra brecha recaudatoria respecto al resto de países europeos.

Se mire como se mire, España está muy por debajo de lo que debería ser su puesto en la Unión Europea, ordenados sus miembros por el nivel de presión fiscal que cada uno mantiene. Esta magnitud en España es inferior en seis puntos a la media de la Eurozona, y en cinco a la de la Unión Europea. Pero no es solo que sea menor que la de Francia, Italia, Alemania, Suecia, Dinamarca, Noruega, Bélgica, Holanda, Austria y Finlandia, lo que podría tener una justificación, sino que está por debajo de Portugal, Grecia, Polonia, Chequia, Hungría, Eslovenia y Croacia, lo que resulta difícil de explicar por mucho que se empeñen los enemigos de los impuestos en buscar argumentos.

No se puede argüir que los tipos impositivos son superiores. Ello resulta muy difícil de comprobar. Los sistemas fiscales son un entramado complejo y cada elemento se complementa con los restantes,  por lo que no tiene sentido fijarse en uno solo, por ejemplo, en el tipo del impuesto sobre sociedades, prescindiendo de las deducciones, exenciones y beneficios fiscales que rodean el tributo.

Tampoco tiene sentido recurrir a lo que llaman esfuerzo fiscal, variable predilecta de todos aquellos que pretenden defender que en nuestro país la tributación es muy elevada. Ningún organismo internacional serio la utiliza para hacer comparaciones. Su definición no tiene ningún significado y quizás tan solo constituya un índice de pobreza, ya que al dividir la presión fiscal por la renta per cápita son lógicamente aquellos países en los que esta última variable es menor los que se sitúan a la cabeza de la clasificación. Todos los que pretenden usar el esfuerzo fiscal se limitan a mostrar que su nivel en España es superior al de Alemania, al de Austria, al de Holanda, al de Bélgica, etc. Pero nadie cita que los valores más altos se encuentran en países como Bulgaria, Rumania, Letonia, Lituania, Grecia, Eslovaquia, Portugal, Chipre, etc., en general en todos los países económicamente más débiles. Tampoco añaden que la brecha de recaudación es tan considerable en España que, a pesar de tener una renta per cápita inferior a Francia e Italia, está situada por debajo de ellos en la clasificación.

Si de verdad se quiere mantener en nuestro país el Estado social, no queda más remedio que dejarse de demagogias y plantearse en serio la subida de la presión fiscal. Sin abordar una auténtica reforma que incremente la progresividad y suficiencia de nuestro sistema tributario, no es creíble ni lo del escudo social, ni lo de no dejar a nadie atrás, ni lo de un gobierno progresista. Una reforma fiscal que no puede quedar reducida a elevar la tributación de las grandes empresas, a crear dos impuestos de final dudoso, sobre todo si no se implementan a la vez en toda la Unión Europea y un gravamen a las grandes fortunas, todos ellos elementos que suenan muy bien porque en teoría no afectan al común de confesores, pero que carecen de la suficiente capacidad recaudatoria.

Llenar el país de mercedes sin querer subir de verdad los impuestos no es progresismo, sino puro populismo y demagogia con efectos seguramente muy graves para la economía. Lograr enderezar la Hacienda Pública (dejando aparte que lo primero sería colocar al frente del Ministerio un equipo que supiese algo de impuestos) pasaría en buena medida por desandar el camino andando desde finales de los ochenta y por enfrentarse con los cuatro grandes (al menos deberían ser grandes) tributos que dotan o deberían dotar de progresividad al sistema: IRPF, impuesto sobre renta de sociedades, patrimonio y sucesiones y donaciones.

Comencemos por el IRPF. Lo primero que hay que señalar es que cualquier reforma que se quiera acometer en este impuesto tiene que empezar por devolverle su carácter global, con una sola base imponible y una sola tarifa. Sin duda el ataque mayor que se infligió a la progresividad del gravamen fue separar las rentas de capital de la tarifa general y someterlas a una tarifa más reducida. Es verdad que ya con Solchaga y Solbes se había venido otorgando de forma progresiva un trato de favor a los dividendos, pero fueron los gobiernos de Aznar los que dieron la puntilla al sistema, al escindir en dos la base imponible, la primera constituida fundamentalmente por las rentas de trabajo (y en menor medida por las rentas de la propiedad inmobiliaria y las de los autónomos) y a la que se le aplica la llamada tarifa general, y otra base imponible en la que se engloban los ingresos financieros sometida a una tarifa que eufemísticamente se llama “del ahorro”, para ocultar su verdadero concepto, de rentas de capital.

El primer efecto de esta escisión lo constituye la radical injusticia de hacer tributar a las rentas del trabajo a un tipo muy superior al que se aplica a las rentas de capital. Pero hay un segundo efecto tan pernicioso como el primero y es que los ingresos no se acumulan en una única base imponible, con lo que la progresividad del impuesto se ve reducida, fenómeno que afecta lógicamente a los que tienen rentas de ambas fuentes.

Curiosamente, no he visto que nadie en ese gobierno “progresista” exija esta modificación, sin la cual los otros posibles cambios pierden gran parte de su razón de ser. Crear tramos adicionales en la parte alta de la tarifa general con tipos marginales elevados no deja de discriminar una vez más a las rentas de trabajo respecto a las de capital. No digo que esa medida carezca por completo de sentido, puesto que en los niveles elevados de la tarifa general se encuentran los ejecutivos de las grandes corporaciones con salarios realmente escandalosos. No es lógico que el último tramo termine en los 60.000 euros. A menudo desde la izquierda, incluso desde la misma Unión Europea, se plantean limitar las retribuciones de los grandes ejecutivos. La mejor forma para ello, incluso desde la óptica más liberal, no es la prohibición, sino introducir en la tarifa del impuesto tramos elevados y a unos tipos marginales tales que desincentiven cualquier subida de sueldo en esos niveles. Ahora bien, esta medida queda totalmente coja sin dar un tratamiento homogéneo a las rentas de capital.

El argumento de que son muy pocos los contribuyentes que están en los tramos altos no representa ninguna objeción seria. Hay medidas fiscales que tienen su razón de ser en la suficiencia del tributo, pero otras obedecen principalmente a la justicia, aunque indirectamente también afectan a la suficiencia, porque es difícil exigir a la totalidad de los contribuyentes un esfuerzo fiscal si no existe ejemplaridad en aquellos que más tienen. A los que se rasgan las vestiduras por el nivel que alcanza el tipo marginal máximo hay que recordarles (a veces parecen ignorarlo) que no es un tipo medio, sino marginal, es decir, el que se aplica a los ingresos percibidos a partir de ciertas cantidades, y además que la tarifa vigente a principios de los ochenta, y establecida por un gobierno de centro como UCD, estaba conformada por 32 tramos y un tipo marginal máximo del 65%.

A pesar del trato de favor que actualmente mantienen en el IRPF las rentas de capital, la cuantía declarada es muy reducida, inferior al 10%, de las que se hacen constar como rentas de trabajo, lo que nos conduce, por una parte, al impuesto sobre sociedades y, por otra, a los de patrimonio y sucesiones. Al impuesto sobre sociedades porque resulta vital que las rentas de capital no queden estancadas y ocultas en sociedades interpuestas e instrumentales que carecen de finalidad como  no sea la de esconder patrimonios y sus rentabilidades. Hay sin duda formas para evitarlo. Es verdad, no obstante, que, por muchos esfuerzos que se haga en esta dirección, las rentas de capital siempre tienen la capacidad de permanecer retenidas como mayor valor de los activos hasta el momento de su realización en el que lucirán como plusvalías. Ello permite en muchos casos retrasar indefinidamente su tributación. Es precisamente esta condición de los activos financieros la que hace, junto con otros motivos, necesarios los gravámenes sobre patrimonio y sucesiones.

Serán, quizás, estas dos figuras tributarias las más odiadas por los detractores de los impuestos, y objeto de toda clase de sofismas para condenar su existencia. Sin embargo, son dos complementos imprescindibles al impuesto sobre la renta y al de sociedades para construir un sistema fiscal justo y coherente. La imposibilidad de extenderme aquí en la justificación de su razón de ser y en desmontar las falacias que se han construido frente a ellos, me conduce a autocitarme por si algún lector quiere entrar más a fondo en el tema. Para ello pueden verse dos capítulos de mi libro “Economía, mentiras y trampas” (Editorial Península) y, entre otros, los artículos de este diario digital del 22-9-2011, y del 7-11-2018.

No obstante, sí añadiré el gran error que se cometió en los primeros años de la Transición al cederlos a las Comunidades Autónomas. Se permitió, así, la disparidad y casi la anarquía, y con ello el dumping fiscal entre las Autonomías. Se perdía también la función de control que poseen en una gestión integrada de los impuestos directos. Una reforma fiscal en profundidad debería pasar no tanto por homogenizar estos dos impuestos en las Comunidades como en retomar el carácter estatal de ambos tributos, compensando a las Autonomías si fuese necesario.

El impuesto sobre sociedades necesita una reforma amplia y a fondo, aunque sin chapuzas de tributaciones mínimas. El gravamen debe ser proporcional a los beneficios, pero examinando y eliminandocasi todas las deducciones y desgravaciones que ahora mantiene y que alejan el tipo efectivo del nominal y vacían casi por completo de contenido el tributo. Por otra parte, en este impuesto, a diferencia del de la renta personal, no tiene sentido discriminar por el tamaño, entre grandes y pequeñas empresas. Las primeras pueden tener muchísimos accionistas y las segundas un número reducido de socios, pero muy selectos. Las primeras pueden tener graves dificultades económicas, y las segundas notables beneficios y una situación muy saneada. Lo único que se logra al establecer estas distinciones es desincentivar las fusiones empresariales, y mantener nuestro país como una economía de PYMES.

Es verdad que,en los momentos actuales, a la hora de acometer una reforma fiscal no podemos prescindir del hecho de que impera la globalización y de que pertenecemos a la Unión Europea, institución que censura cualquier desviación en materia de déficit público, pero que es totalmente permisiva con los paraísos fiscales, y permite que países miembros como Irlanda, Holanda, Luxemburgo sean totalmente laxos en materia tributaria y que practiquen el dumping frente a otros Estados.

No es menos, cierto, sin embargo, que, si el capital es fácil de deslocalizar, las personas individuales que son las que reciben las rentas, tienen muchas más dificultades en hacerlo, a no ser que asuman el coste del exilio. De ahí la necesidad de imputar correctamente los patrimonios y sus ingresos, (bien estén o se produzcan en España o en el extranjero), a sus beneficiarios últimos, personas físicas. De ahí también la relevancia de la medida adoptada en 2013 por Montoro estableciendo la obligación, bajo elevadas sanciones, de declarar el patrimonio que se mantiene en el extranjero, lo que se recoge en el llamado modelo 720. Curiosamente, la Comisión, lejos de aplaudirlo, lo ha denunciado como norma abusiva al Tribunal de Justicia. ¿Nos puede quedar alguna duda de qué intereses defiende la Unión Europea? ¿Nos puede extrañar que elijan como presidente del Eurogrupo al ministro de Hacienda de un paraíso fiscal? Solo un gobierno imberbe, ansioso de apuntarse tantos, podría pensar otra cosa.

republica.com 17-7-2020



LOS EMPRESARIOS NOS HABLAN DE SU LIBRO

HACIENDA PUBLICA Posted on Wed, July 01, 2020 19:20:05

Convocados por la CEOE, se han reunido los líderes de las grandes empresas del país. El Covid-19 ha cambiado muchos de nuestros conceptos. Por ejemplo, el de reunión. Las cumbres ahora son telemáticas, y telemática ha sido la del IBEX 35. Ello no ha impedido que cada uno haya ido, como Umbral, a hablar de su libro, es decir, a trasladar su rogativa particular a papá Estado. Resulta curiosa la contradicción del discurso. Por una parte, alardean de autosuficiencia, y piden al Gobierno que les deje actuar, que ellos son los que saben, en una palabra, que el Estado no intervenga; pero inmediatamente a continuación reclaman todo tipo de ayudas públicas. Todos, de repente, se vuelven keynesianos.

Hay un tópico mantenido por el mundo empresarial y difundido ampliamente por los voceros de la derecha. Repiten de forma machacona que los empresarios son los que crean empleo y riqueza. El relato, ciertamente, se podría hacer al revés. Son los consumidores y los trabajadores los que hacen posible la existencia de las empresas. El tópico anterior encierra, además, una segunda intención, la de contraponer sector público a sector privado. El segundo es el que hace que la economía crezca; el primero, no. Desde esta perspectiva se da por sentado que todo el empleo público es improductivo y que cuanto más reducido sea, mejor.

A menudo, se tiene la impresión, de que los gobiernos participan de esta creencia, al no dimensionar adecuadamente las plantillas de los empleados públicos o, al concederles, con la finalidad de obtener rentabilidad política y electoral, beneficios en los horarios o en los días festivos, sin la compensación correspondiente en el número de efectivos, como si el trabajo pudiera ser de chicle y adaptarse a todas las circunstancias. Buen ejemplo de esto es el acuerdo adoptado la semana pasada entre la ministra de la Función Pública y los sindicatos sobre el teletrabajo en la Administración central. Todo lo referente al Plan Concilia está muy bien, pero sin incremento de las plantillas termina influyendo negativamente en los otros trabajadores o en la eficacia de los servicios públicos.

Después de la pandemia, la tesis acerca de la inutilidad de los empleados públicos resulta difícil de mantener. ¿Cómo defender que el personal sanitario es improductivo cuando toda la riqueza del país, pública o privada, ha estado dependiendo de ellos? Digamos la verdad, lo que subyace detrás de esta postura no es la diferente valoración de los servicios o de los bienes que se producen, sino de la forma de financiarlos. Se prefiere el precio a los impuestos. Se tienen como productivos aquellos outputs que presta el mercado por una contraprestación económica y personal, e improductivos los que suministra el sector público, financiados de forma colectiva mediante tributos. En realidad, lo que se repudia es la función redistributiva del Estado.

Las crisis -y esta no es una excepción- demuestran, guste o no, el papel imprescindible del sector público. En estos meses ha sido el Estado el que ha mantenido el empleo, no solo público sino, también privado, a través de los ERTE y de los avales ICO. Es por eso por lo que los líderes de las grandes sociedades del país se han reunido y, según Garamendi, presidente de la patronal, para mostrar su compromiso con España y porque querían sumar en el proceso de reconstrucción. En realidad, lo que más bien parecen querer es que el Estado sume. Así que cada uno, como Umbral, ha venido a hablar de su libro.

La señora Botín ha reclamado protección para el sector turístico, pero sobre todo está interesada en un plan de ayuda para la compra de la vivienda para jóvenes menores de 35 años, muchos de ellos desempleados y con trabajos precarios, a los que se les facilitaría la adquisición de la primera vivienda mediante el aval del Estado. Según la presidenta del Banco Santander, se crearían 1.700.000 empleos. No dudo de que el plan sería muy beneficioso para la banca, al igual que lo están siendo los créditos del ICO al trasladar el riesgo al sector público. Pero no parece que lo más conveniente para la economía española, ni ahora ni nunca, sea acentuar esa tendencia de convertir a todos los ciudadanos, aun cuando no tengan medios económicos, en propietarios de un piso.

Cabría pensar que las entidades financieras no han aprendido nada de la crisis pasada, cuyo origen se encuentra en los años en los que la banca concedía préstamos hipotecarios a gogó; incluso en muchas ocasiones a quienes no iban a poder hacer frente a la deuda, en cuanto se presentase el menor problema económico. Aunque pensándolo bien, quizá sí tengan presente aquella crisis y por eso ahora piden que el riesgo de los insolventes lo asuma el Estado. Hay que esperar que por una vez el Gobierno tenga mejor criterio y los recursos destinados a este sector los destine a la rehabilitación y a la vivienda pública de alquiler.

Sin duda, ese es el camino para dar cumplimiento al mandato constitucional. Hay que incentivar el alquiler y no la compra, aunque las entidades financieras prefieran lo contrario. Y dentro del alquiler, para hacerlo asequible y moderar el precio, es preciso incrementar la oferta pública y desechar todas aquellas medidas como la de anatematizar los desahucios que pueden expulsar a los arrendatarios del mercado, con lo que se producirá el efecto contrario al deseado. Puestos a que el Estado avale no sería mala idea que lo hiciese, no a los que van a adquirir un piso, sino a aquellos que por estar en situación laboral precaria y no ofrecer garantías de solvencia no encuentran a nadie que esté dispuesto a alquilarles una vivienda. Esta medida tendría además el efecto positivo de incrementar la oferta al movilizar a muchos propietarios que hoy prefieren tener los pisos vacíos por miedo a los impagados.

A veces, los libros de los que han venido a hablar los líderes empresariales también son contradictorios entre sí, y es que los intereses de sus empresas son a menudo opuestos. La postura de Galán (Iberdrola) ha chocado con la de Brufau (Repsol). Galán, arrimando el ascua a su sardina, pide que se adelante a 2025 el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima previsto para el 2030, y que se establezcan impuestos para aquellos sectores que emiten CO2: transporte, calefacciones, etc. Los recursos obtenidos deberían servir para reducir la factura de la luz. A Brufau no le gusta la idea y defiende que se atienda a la neutralidad tecnológica, evitando medidas que alejen a la inversión. Para el presidente de Repsol hay que proteger a la industria, que ha demostrado durante la pandemia ser menos vulnerable que los servicios. En concreto, ha defendido al sector del automóvil, que en la actualidad genera el 10% del PIB.

El Gobierno ya ha anunciado un plan de ayuda al automóvil, pero como siempre epatando con cantidades ingentes, pero sin que esté claro el destino ni el modo en el que se van aplicar los recursos; en esto se parece a la Unión Europea. En todo caso, habría que tener en cuenta dos aspectos. El primero es que estamos en una economía abierta y que solo una parte limitada de la producción del sector se orienta al consumo interior, el resto va a la exportación, por lo que los incentivos a la demanda tienen un efecto muy reducido, tanto más cuanto que también se pueden diluir vía importaciones. El segundo es que creer que la salvación del planeta depende de nosotros puede tener consecuencias negativas para nuestra industria y para nuestra economía, cuando las grandes potencias se toman los problemas ecológicos con más parsimonia.

Tal vez el libro más interesante sea el de Jordi Gual, presidente de Caixabank, que echa en falta que la Unión Europea no sea como Estados Unidos y que no disponga de un Tesoro único. El problema es que la idea llega con treinta años de retraso. Algunos, desde el Tratado de Maastricht (1990), venimos señalando una y otra vez esta carencia, que creemos que es la que hace inviable el funcionamiento correcto de la Unión Monetaria, o al menos imposibilita que los gobiernos puedan instrumentar una política económica seria. En buena medida, el libro de Gual cuestiona y pone en cuarentena todos los otros libros que han venido a plantearse en la cumbre de empresarios. El presidente de Caixabank ha calificado de pequeño embrión de unión fiscal el plan de recuperación puesto sobre la mesa por la Comisión. Desde luego, embrión y muy embrión, pero es que además está en el aire y precisa de todo tipo de concreciones. Se cuenta con él de forma generalizada, se reparte la pieza antes de cazarla. Puede ocurrir como en la película “Bienvenido Mister Marshall”, que después quedemos sumidos en el mayor de los chascos.

En los momentos actuales, todo el mundo incita al gasto, o a la reducción de impuestos que para el caso es lo mismo. Hasta Kristalina Georgieva, gerente del Fondo Monetario Internacional, invita a los gobiernos a gastar todo lo que puedan. Desde el Ejecutivo español se señala con cierto triunfalismo y jactancia la diferencia con la crisis pasada, y ciertamente la hay, pero conviene no olvidar que en los primeros años de aquella la propensión a incrementar el gasto público también estuvo muy presente y de forma generalizada en todos los países. En distintos artículos saludé con alborozo el hecho de que todos los organismos internacionales, hasta el mismo G20, se hubiesen vuelto keynesianos. Pero más tarde vinieron los ajustes, el llanto y el crujir de dientes. Entre las múltiples estupideces que dijo Zapatero el otro día en la COPE, manifestó una verdad irrebatible, que ni en 2008 ni en 2009 hubo recortes. Más bien lo que se aplicó en casi toda Europa fue una política expansiva. Los ajustes aparecieron más tarde, en 2010, cuando los mercados comenzaron a bramar y los políticos se asustaron.

Las diferencias entre ambas crisis son evidentes. No obstante, existen parecidos esenciales. El primero y más importante, y que distingue estas dos crisis de todas las anteriores, es la carencia de moneda propia en países como España, que quedan a merced de los mercados y del BCE. El segundo, y que acentúa y empeora esta debilidad y dependencia, es el fuerte endeudamiento exterior que estuvo en el origen de la crisis de 2008, y que, aunque en la crisis actual la causa sea diferente, puede crear múltiples problemas en los próximos años.

En bastantes ocasiones he defendido las políticas económicas expansivas y he censurado esa obsesión injustificada por el déficit público que a menudo tenían las autoridades fiscales y económicas en los años ochenta y noventa. Pero las circunstancias han cambiado sustancialmente con la entrada en la Unión Monetaria. Los gobiernos nacionales tienen atadas las manos, y poco se puede esperar de las instituciones europeas, al no existir, como afirma Gual, un Tesoro comunitario. El embrión será eso, como mucho embrión.  Sea cual sea la cantidad del fondo de recuperación y se instrumente como se instrumente, el endeudamiento público español va a crecer considerablemente y a partir de ahora, con más motivo que en 2008, estaremos a expensas del BCE.

Es cierto que el comportamiento actual del BCE es muy distinto al de entonces. De momento, parece comprometido con la finalidad de que no se disparen las primas de riesgo. Pero quién nos asegura que va a actuar de la misma manera en el futuro. La última sentencia del Tribunal Constitucional alemán revolotea como pájaro de mal agüero, y constituye un pésimo presagio de cara al futuro. Cuidado con los libros.

republica.com 26-6-2020



POSTUREO FISCAL

HACIENDA PUBLICA Posted on Wed, March 11, 2020 18:59:54

El Consejo de Ministros en su sesión del 18 de febrero pasado aprobó dos proyectos de ley para presentar en las Cortes con la creación de otras tantas figuras tributarias, las llamadas tasa Google y tasa Tobin. Llevan casi dos años mareando la perdiz con ellas, y se exponen junto con los llamados impuestos ecológicos como los comodines para cuadrar las cuentas públicas que se están disparando. Da la impresión de que se pretende eludir así la imprescindible reforma fiscal. Los partidos socialdemócratas cuando no quieren o no pueden aplicar su ideología se convierten en populistas y recurren a recetas mágicas para dar la impresión -solo la impresión- de ser progresistas.

La ministra de Hacienda y parlanchina portavoz del Gobierno, látigo y verdugo de los abogados del Estado que no se prestan a sus chanchullos, y que mezcla la palabrería con la incompetencia, justificó los proyectos de ley aprobados por la necesidad de adaptar los ingresos públicos a los nuevos tiempos. El problema es que los nuevos tiempos de la economía no parecen proclives a los ingresos públicos, especialmente si se les quiere dar una proyección socialdemócrata.

Habrá que comenzar por afirmar que las dos figuras tributarias incluidas en los decretos leyes se denominan -siguiendo una mala traducción de la palabra inglesa “tax”- tasas, cuando no lo son. En inglés, tax es equivalente a impuesto. En castellano el término tasa tiene una compresión reducida, exige siempre una contrapartida, la percepción directa de un servicio. Aquí, en uno y en otro caso, estamos hablando de impuestos en sentido estricto y, además, conviene señalarlo desde el principio, que se trata de dos gravámenes indirectos, con lo que su progresividad deja mucho que desear.

Los dos impuestos proyectados incurren en el mismo defecto, que por otra parte parece ser bastante común en la legislación fiscal de los últimos tiempos y que indica la impericia que se ha adueñado de los responsables de la elaboración de las normas tributarias. Me refiero a lo que se ha venido a llamar “error de salto”, es decir, cuando se produce la entrada en vigor de un gravamen de forma brusca a partir de una cierta cantidad de ingresos, ventas, etc., o bien se aplica una tarifa de forma discontinua. Recientemente son sobradas las situaciones en las que se produce tamaño error, con resultados un tanto injustos y contradictorios. Por citar un ejemplo, serán cuantiosos los contribuyentes con algún familiar dependiente a su cargo y que hayan visto cómo una mínima subida en la pensión de este les hace perder una deducción fiscal de una cuantía mucho mayor.

El impuesto sobre determinados servicios digitales (tasa Google) afecta a empresas con ingresos anuales en todo el mundo, superiores a 750 millones de euros, y a 3 millones en España. Se puede dar, por tanto, la incongruencia de que un incremento de las ventas de una empresa se traduzca en menores beneficios porque tenga que hacer frente al gravamen al que antes no estaba sujeta. Bien es verdad que en este caso el problema es tanto más teórico que real, ya que el tributo va afectar a muy pocas empresas, por lo que será muy difícil el traslado de un grupo a otro. La situación es distinta en cuanto al impuesto sobre las transacciones financieras.

La tasa Google es un tributo que en cierta medida surge de las condiciones impuestas por la globalización, pero, paradójicamente, la propia globalización es la que hace que resulte muy difícil de aplicar. Son las nuevas tecnologías y la mundialización de la economía las que crean enormes corporaciones que realizan su actividad en el mundo digital y les permiten eludir los impuestos en aquellos países en los que prestan sus servicios. Parecería lógico, en consecuencia, establecer un gravamen específico para ellas. No obstante, en su implantación van a surgir múltiples problemas, problemas derivados precisamente de la propia globalización y de la correlación de fuerzas que establece.

En primer lugar, es un tributo ignoto y que está por estrenar en casi en todos los países, lo que crea incertidumbres acerca de cuáles puedan ser sus efectos. Existe la duda de saber quiénes terminarán soportando definitivamente el impuesto y en qué proporción repercutirá sobre los consumidores de las empresas que utilicen o se anuncien en las tecnológicas. Se desconoce también cuál pueda ser el resultado recaudatorio. La prueba de este desconocimiento se encuentra en el hecho de que el Gobierno español estima ahora la recaudación en 968 millones de euros, cuando en el anterior proyecto se cifraba en 1.200 millones. Bien es verdad que esta última cifra puede que estuviese hinchada a propósito, pero nadie asegura que no lo esté también la actual.

Del mismo modo surge la pregunta de hasta qué punto la introducción del impuesto en solitario por un país no dañará su economía frente a las de los otros. Parece obvio que, en un contexto de libre circulación de capitales como en el que nos movemos, este impuesto debería establecerse al unísono en todos los Estados. En 2015 la OCDE comenzó a estudiar su posible implantación y en 2018 trasladó un informe sobre ello al G8. No obstaqnte, como en otros muchos temas, la cuestión sigue pendiente y ni siquiera está claro que se introduzca en la UE de forma inmediata, aun cuando la Comisión ha elaborado un proyecto de directiva, pero que se encuentra más bien olvidado.

Las empresas afectadas -Amazon, Apple, Facebook y Google- tienen la nacionalidad americana, lo que ha provocado la intervención del Gobierno estadounidense. Trump ha amenazado a Francia con incrementar un 25% los aranceles en sus artículos, si continúa manteniendo el impuesto. La coacción ha sido tan seria que el gallito Macron no ha tenido más remedio que suspender su vigencia hasta diciembre en la creencia de que en el próximo año se llegue a imponer con carácter general en la OCDE, o al menos en la UE, o en todo caso que se pueda negociar con EE. UU su reactivación.

Más inexplicable es el caso de España que, consciente de todo ello, el Gobierno pretende aprobar el gravamen para dejarlo inmediatamente en suspenso. Se asemeja a la declaración de independencia de Puigdemont. La docta ministra de Hacienda y su apéndice la de Economía dicen que simplemente se retrasa su ingreso a final de año (su periodicidad es trimestral). Suponen (que es mucho suponer) que para esa fecha el problema a nivel internacional estará solucionado. Pero resulta que aun cuando la UE o la OCDE terminasen aprobando el impuesto, lo que es harto improbable, el diseño con toda seguridad tendría diferencias con el que ahora se discuta en las Cortes, lo que precisaría modificar y aprobar un nuevo proyecto de ley. La tramitación en este momento del impuesto es, por tanto, bastante inútil. Solo puede tener una finalidad, el postureo y transmitir a la opinión pública la idea de que está prevista la necesaria financiación del presupuesto, de manera que no haga falta plantearse la verdadera cuestión, la de una reforma fiscal profunda y progresiva, con la suficiencia precisa para sostener el Estado social. Todo muy populista.

El otro impuesto que el Consejo de Ministros aprobó en el paquete es el de transacciones financieras, que grava con el 0,2% todas las operaciones de compraventa de acciones españolas con una capitalización superior a mil millones de euros. Será liquidado por el intermediario financiero sin tener en cuenta la residencia de aquellas (personas o entidades) que intervienen en la operación. Se anuncia como tasa Tobin, pero su identificación con ella solo es aparente y su finalidad desde luego, muy distinta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

James Tobin, profesor de Economía en Yale, premio Nobel en 1981, propuso gravar las transacciones realizadas en los mercados de divisas con un impuesto universal y de reducida cuantía. Esta figura tributaria sería denominada posteriormente tasa Tobin en consideración a quien la ideó. Pretendía defender a los Estados de lo que se llama dinero caliente, es decir, de las operaciones realizadas con finalidad especulativa a muy corto plazo. Los recursos salen a la misma velocidad que entran originando que los bancos centrales pierdan el control de la política monetaria y obligándoles a elevar fuertemente el tipo de interés con consecuencias desastrosas para la actividad económica.

Tobin se confiesa keynesiano y afirma que la idea de gravar la especulación la tomó de Keynes, quien en el capítulo XII de su Teoría general propone la creación de un impuesto sobre todas las transacciones financieras con la finalidad de vincular los inversores a sus acciones de una forma duradera. La razón de la tasa Tobin es idéntica. Al tratarse de un impuesto de cuantía reducida, apenas resulta gravoso para aquellas operaciones realizadas como inversión a largo plazo y con soporte en la economía real, pero será prohibitivo para las realizadas a un plazo muy breve y con carácter especulativo. La finalidad recaudatoria quedaba ajena.

La propuesta del profesor de Yale se realiza en los primeros años setenta. El presidente Nixon había denunciado la convertibilidad del dólar por oro, con lo que desaparecía el sistema monetario internacional creado en Bretton Woods, y los cambios entre divisas entraron en libre flotación. La preocupación del entonces futuro premio Nobel era la de dotar a los Estados de un instrumento que les permitiese ir adoptando la liberalización en los mercados, sin que la especulación contra su divisa pudiera ponerles contra las cuerdas.

La aceptación de la movilidad total del capital, con la consiguiente renuncia de los gobiernos a cualquier medida de control de cambios -por suave que sea y aunque afecte exclusivamente a los movimientos de capital a corto plazo-, conduce a transformar los mercados financieros en casinos donde la mayoría de las operaciones no obedecen a transacción real alguna de mercancías o servicios, sino a meras apuestas especulativas realizadas casi en su totalidad a plazos inferiores a una semana. El dinero va y viene, sin comprar ni vender nada, pero en ese movimiento continuo pone contra las cuerdas a gobiernos y arrasa países.

Tobin diseñó el impuesto como un mecanismo de control de capitales, de regulación de los mercados. No es, por ello, extraño que los movimientos antiglobalización erigiesen este impuesto como una de sus principales reivindicaciones, al tiempo que para defenderlo se creaba una organización internacional (ATTAC) con implantación en bastantes países. Aunque bien es verdad que poco a poco y con el tiempo la naturaleza de esta figura tributaria se ha ido desvirtuando y colocando en el centro la función recaudatoria, ausente en la razón de ser del impuesto primigenio. Unos lo contemplan como la fuente de recursos que remedie la pobreza del Tercer Mundo; otros, más nacionalistas y partidarios de la renta mínima garantizada, le imputan la facultad de financiarla. Pero parece que todos olvidan su finalidad principal, la de servir como control de cambios, o al menos olvidan que esta finalidad es en cierto modo incompatible con las anteriores. La tasa tendrá tanto más éxito cuanto menos recaude, señal de que habría evitado en tal caso erradicar todas aquellas operaciones financieras de finalidad meramente especulativa.

El Gobierno español ha diseñado el impuesto centrándose exclusivamente en su función recaudatoria, a pesar de que esta tiene una virtualidad más bien reducida, y ha abandonado por completo cualquier aspecto de control, lo cual hasta cierto punto es obligado al haber renunciado España a su propia moneda. El proyecto que se pretende aprobar deja al margen del gravamen todas aquellas operaciones que se pueden orientar principalmente a la especulación. En primer lugar, la compraventa de empresas nacionales cuyo valor de capitalización está por debajo de los 1.000 millones de euros, normalmente con menor liquidez y por ello más volátiles; en segundo lugar, las realizadas en los mercados extranjeros, bien con acciones de empresas foráneas o nacionales; en tercer lugar, las operaciones efectuadas con derivados en las que el apalancamiento es mucho mayor; y en cuarto lugar, parece ser que también las operaciones intradía (al liquidarse el saldo al final de la sesión), y en las que precisamente la especulación es mayor. Desaparece de esta manera toda la posible razón del tributo y desde luego su carácter progresivo, quedando convertido en un impuesto indirecto de efectos económicos dudosos y se supone que de recaudación más bien raquítica. Además, está por ver la viabilidad de que un país pueda mantenerlo en solitario.

Si lo que se quiere es gravar el capital, hay muchas maneras mejores y más eficaces de hacerlo que con este impuesto. Para que cumpliese su verdadera función, la de control, el gravamen debería implantarse en toda la Eurozona. Sería un mecanismo de defensa frente a los flujos descontrolados de capitales con el exterior.

El Gobierno, al apoyar estos dos impuestos, se ha dejado llevar únicamente por motivos demagógicos, de propaganda populista. Suena bien eso de gravar a las grandes corporaciones y a la bolsa, aunque después no conozcamos cuál es el resultado. Nunca se sabe dónde terminan los impuestos indirectos. Una vez más, Pedro Sánchez y sus mariachis juegan a las apariencias, al postureo. Y, sobre todo, se niegan a enfrentarse a la verdadera reforma: Renta, Sociedades, Patrimonio y Sucesiones.

Republica.com 6-3-2020



LOS IMPUESTOS, DOS Y DOS SON CUATRO

HACIENDA PUBLICA Posted on Sun, February 02, 2020 23:43:26

Es curiosa la relación que los partidos políticos mantienen con los impuestos. Todos, absolutamente todos, mienten. Los de derechas se esfuerzan por prometer reducciones fiscales al tiempo que nos aseguran que no van a verse perjudicados ni el Estado social ni las prestaciones y los servicios públicos. Los de izquierdas elaboran un programa de gastos que parece la carta a los reyes magos, mientras aseveran que no va a ser necesario elevar los impuestos; como mucho, plantean subidas tangenciales o proyectan crear nuevas figuras tributarias que no afectan al núcleo duro del sistema fiscal, cuya viabilidad resulta cuestionable y sus efectos, totalmente desconocidos.

Nadie se atreve a reconocer abiertamente que, dado el nivel  alcanzado por el endeudamiento público, no se pueden reducir los impuestos sin bajar al mismo tiempo el gasto público, y no se puede incrementar el gasto sin subir, como contrapartida, los tributos. Ningún partido se aventura a manifestar sin tapujos que los impuestos son imprescindibles para mantener el Estado social: pensiones, sanidad, educación, seguro de desempleo, dependencia, etc. Pero, es más, son necesarios también para hacer viable sin más el Estado a secas: justicia, orden público, infraestructuras, defensa, diplomacia, I+D, etc.

Como las mentiras hay que disfrazarlas, la izquierda, para hacer creíble la financiación de sus promesas, se saca de la manga ciertos gravámenes que en teoría no van dirigidos al grueso de la población -o al menos sus efectos no se conocen claramente-, con lo que pueden parecer inocuos para la mayoría de los votantes, pero que les va a resultar muy difícil implantar y, desde luego, en ningún caso se podrá obtener de ellos los recursos necesarios para sostener aquello que se proyecta. La derecha, a su vez, continúa agitando, aunque no lo designe con ese nombre, ese espantapájaros de la curva de Laffer, que asegura que se recauda más bajando los impuestos. Habrá que preguntarles por qué no conceden el mismo poder taumatúrgico al incremento del gasto social.

Ni la bajada de impuestos ni la subida del gasto incentivan sin más la actividad, si se hace manteniendo constante el déficit público. Los que opinan lo contrario olvidan el coste de oportunidad, es decir, que el efecto expansivo de la primera medida quedará compensado, más o menos, por el efecto contractivo de la medida alternativa que necesariamente se adopta como contrapartida para mantener la estabilidad presupuestaria.

Sin trucos y sin engaños, habría que preguntar a la sociedad qué nivel de gasto público desea, que es lo mismo que interrogarla acerca de qué carga fiscal está dispuesta a soportar. Los medios de comunicación y bastantes periodistas se entretienen en un juego bastante tonto, dividir el año en dos partes. En la primera, según dicen, se habría trabajado para el Estado; tan solo en la segunda lo habría hecho el contribuyente para su propio beneficio. Aparte de que suelen hacer bastante mal los cálculos, el simulacro al desnudo no tiene ningún significado, si no se le compara con la relación entre el número de bienes privados y la cantidad de bienes públicos que consumimos, e incluso con los bienes que, aun siendo privados, no existirían sin los bienes públicos.

La pregunta que se debería hacer es qué parte de la producción debe destinarse a bienes públicos y qué parte a bienes privados. Es verdad que la respuesta no es sencilla. En primer lugar, porque no será homogénea, ya que depende del puesto social que ocupe cada uno, y por lo tanto de la mayor o menor necesidad que tenga de de la acción del Estado y de en qué medida soporte la carga fiscal. En segundo lugar, porque existe una gran falsedad en los planteamientos, ya que nadie quiere reconocer que los impuestos son necesarios y ningún político se atreve a hablar claramente sobre ellos a los ciudadanos. Proclaman únicamente aquellas cosas que la mayoría de la población quiere escuchar.

En cierto modo la presión fiscal de un país mide la parte de la producción (PIB) que es absorbida por el Estado o, lo que es lo mismo, la parte que se traduce en bienes públicos. Existe, sin embargo, una cierta inexactitud en lo que acabamos de afirmar porque muchos de estos recursos retornan a la sociedad en forma de transferencias, prestaciones, subvenciones, etc. (Ahora bien, en un sentido forzado podríamos decir que también son bienes públicos). La presión fiscal de un país es un indicador bastante representativo del grado de estatificación de una economía. Y ahí tenemos que reconocer que España está a la cola de todas las naciones con las que podemos compararnos.

En el 2018, según Eurostat, la presión fiscal española fue del 35,4%, mientras que la media de la Eurozona se situó en el 41,7%, y la de la Unión Europea en el 40,3%. España es el octavo país con menor presión fiscal de la Eurozona. Pero, además, es significativo considerar las características de los países que tienen valores inferiores al nuestro: Eslovaquia (34,3%), Chipre (33,8%), Estonia (33%), Malta (32,7%), Letonia (31,4%), Lituania (31,5%), Irlanda (23%) Este último país, convertido claramente con permiso de la UE en un paraíso fiscal. Por el contrario, estamos tremendamente alejados de los otros tres grandes Estados de la Eurozona. Francia nos aventaja en 13 puntos, Italia y Alemania en siete. Pero es que países como Polonia, Portugal, Grecia, Hungría o Eslovenia tienen una presión fiscal mayor a la nuestra.

Se mire como se mire, ostentamos una presión fiscal exigua, incapaz de sustentar un Estado social mínimamente aceptable y causa de que estemos también a la cabeza en los índices de desigualdad en la Unión Europea. Desde el mundo empresarial y desde los bastiones de las fuerzas conservadoras, con el fin de ocultar la situación raquítica de nuestro sistema impositivo, descalifican el concepto de presión fiscal y pretenden sustituirlo por otros más acordes con sus intereses, pero de casi nula significación económica. Quieren ignorar que todos los organismos internacionales a la hora de hacer comparaciones entre países emplean la presión fiscal.

Con la finalidad de argumentar que en nuestro país se pagan muchos impuestos, el concepto más usado por ciertos sectores para sustituir el de presión fiscal es lo que denominan “esfuerzo fiscal”. Si la presión fiscal se define por el cociente entre recaudación tributaria y renta nacional, el esfuerzo fiscal se establece como la razón entre la presión fiscal y la renta per cápita. Detrás de este concepto se encuentra el supuesto gratuito de que las sociedades, cuanto más pobres son, menor debe ser su proporción de bienes públicos. La realidad es diferente porque, en todo caso, si debe haber alguna inferencia es justamente la contraria. Cuanto más pobre sea una sociedad más necesita de instrumentos que reduzcan la desigualdad. En realidad, lo que mide el esfuerzo fiscal es el grado de pobreza de las naciones. Al tener el índice, la variable renta nacional al cuadrado en el denominador, cuanto más pequeña sea esta, mayor será el esfuerzo fiscal.

Hace algunos meses el Instituto de Estudios Económicos (IEE), apéndice de la CEOE, presentó un informe en el que creaba un concepto nuevo al que denominaba “presión fiscal normativa”, y en el que se sostenía que en España este índice era superior en ocho puntos a la media de la UE, titular que se trasladó a todos los medios y a la opinión pública mediante rueda de prensa. Se pretendía con ello introducir la confusión necesaria para ocultar o invalidar el hecho de que la presión fiscal española está muy alejada de las que mantienen los países de nuestro entorno. Se construyó una nueva variable que en realidad ni el mismo IEE conoce en qué consiste, pero que introduce la duda acerca del nivel del gravamen en España.

El informe presentado por el IEE comienza descalificando el concepto de presión fiscal y para ello sus autores manejan todos los tópicos clásicos. En primer lugar, se recurre, aunque sin nombrarlo, al esfuerzo fiscal, al considerar que los países con menor renta  per cápita deben tener también una presión más baja, falacia comentada más arriba. En segundo lugar, acuden a la economía sumergida. Mantienen que en nuestro país es muy elevada, lo que origina que la presión sea mayor sobre los que pagan impuestos. Está por ver que el fraude sea mayor en España que en otros Estados. Pero, en cualquier caso, la presión fiscal hace referencia a todo un país y no a unos contribuyentes en particular. Es una media. No mide la equidad del sistema fiscal ni su progresividad ni el reparto de la carga. Mide tan solo la suficiencia, es decir, la capacidad del sistema para hacer frente al suministro de bienes y servicios públicos. En tercer lugar, el informe cae en el tópico, también ya señalado, de creer que una bajada de impuestos ahora incrementará la recaudación a medio plazo.

El informe no deja nada claro a qué llama presión fiscal normativa. Tan solo remite al índice de competitividad fiscal, elaborado por la Tax Foundation de EE.UU. Tal índice, al margen de que se pueda pensar que las cuarenta variables elegidas para conformarlo sean más o menos acertadas, que el método es o no es adecuado, que incluso es posible que toda su elaboración contenga un sesgo ideológico; puede tener un sentido. Nada que ver, no obstante, con la presión fiscal, ya sea normativa o sin normativa. Lo que pretende medir es cómo un sistema fiscal concreto influye en la competitividad y distorsiona o no la neutralidad del mercado.

Un sistema fiscal antes que competitivo y neutral debe cumplir dos finalidades que son prioritarias: la suficiencia y la equidad (progresividad). La presión fiscal mide la primera de ellas. Para dar un juicio sobre la equidad y sobre la progresividad se precisa examinar la configuración de las distintas figuras tributarias y la relación y proporción entre ellas. La competitividad viene a ser una propiedad secundaria y subordinada a las dos anteriores, que solo adquiere un cierto significado con la globalización o en integraciones como la UE, en la que se acepta la libre circulación de capitales sin ninguna armonización fiscal.

Es cierto que en las circunstancias actuales los impuestos pueden utilizarse al igual que la legislación laboral o social, para ganar competitividad en los mercados internacionales, competitividad no basada en el incremento de la productividad, sino en empobrecer al vecino robándole un trozo de tarta. Es previsible que el vecino reaccione con idénticas medidas, de modo que se establezca una carrera competitiva en la que nadie terminará ganando y cuyo resultado generará sistemas fiscales raquíticos y regresivos, y la desaparición del Estado social tal como ahora lo conocemos. Es curiosa la manera en que todo el mundo condena la guerra comercial basada en aranceles y, sin embargo, se acepta con normalidad el dumping social y fiscal. En todo caso la reducida presión fiscal española está indicando que tal vez seamos nosotros los que estamos incurriendo en una competencia desleal hacia los otros países europeos.

Republica.com 31-1-2020



LOS IMPUESTOS, DOS Y DOS SON CUATRO

HACIENDA PUBLICA Posted on Mon, January 27, 2020 23:56:30

Es curiosa la relación que los partidos políticos mantienen con los impuestos. Todos, absolutamente todos, mienten. Los de derechas se esfuerzan por prometer reducciones fiscales al tiempo que nos aseguran que no van a verse perjudicados ni el Estado social ni las prestaciones y los servicios públicos. Los de izquierdas elaboran un programa de gastos que parece la carta a los reyes magos, mientras aseveran que no va a ser necesario elevar los impuestos; como mucho, plantean subidas tangenciales o proyectan crear nuevas figuras tributarias que no afectan al núcleo duro del sistema fiscal, cuya viabilidad resulta cuestionable y sus efectos, totalmente desconocidos.

Nadie se atreve a reconocer abiertamente que, dado el nivel  alcanzado por el endeudamiento público, no se pueden reducir los impuestos sin bajar al mismo tiempo el gasto público, y no se puede incrementar el gasto sin subir, como contrapartida, los tributos. Ningún partido se aventura a manifestar sin tapujos que los impuestos son imprescindibles para mantener el Estado social: pensiones, sanidad, educación, seguro de desempleo, dependencia, etc. Pero, es más, son necesarios también para hacer viable sin más el Estado a secas: justicia, orden público, infraestructuras, defensa, diplomacia, I+D, etc.

Como las mentiras hay que disfrazarlas, la izquierda, para hacer creíble la financiación de sus promesas, se saca de la manga ciertos gravámenes que en teoría no van dirigidos al grueso de la población -o al menos sus efectos no se conocen claramente-, con lo que pueden parecer inocuos para la mayoría de los votantes, pero que les va a resultar muy difícil implantar y, desde luego, en ningún caso se podrá obtener de ellos los recursos necesarios para sostener aquello que se proyecta. La derecha, a su vez, continúa agitando, aunque no lo designe con ese nombre, ese espantapájaros de la curva de Laffer, que asegura que se recauda más bajando los impuestos. Habrá que preguntarles por qué no conceden el mismo poder taumatúrgico al incremento del gasto social.

Ni la bajada de impuestos ni la subida del gasto incentivan sin más la actividad, si se hace manteniendo constante el déficit público. Los que opinan lo contrario olvidan el coste de oportunidad, es decir, que el efecto expansivo de la primera medida quedará compensado, más o menos, por el efecto contractivo de la medida alternativa que necesariamente se adopta como contrapartida para mantener la estabilidad presupuestaria.

Sin trucos y sin engaños, habría que preguntar a la sociedad qué nivel de gasto público desea, que es lo mismo que interrogarla acerca de qué carga fiscal está dispuesta a soportar. Los medios de comunicación y bastantes periodistas se entretienen en un juego bastante tonto, dividir el año en dos partes. En la primera, según dicen, se habría trabajado para el Estado; tan solo en la segunda lo habría hecho el contribuyente para su propio beneficio. Aparte de que suelen hacer bastante mal los cálculos, el simulacro al desnudo no tiene ningún significado, si no se le compara con la relación entre el número de bienes privados y la cantidad de bienes públicos que consumimos, e incluso con los bienes que, aun siendo privados, no existirían sin los bienes públicos.

La pregunta que se debería hacer es qué parte de la producción debe destinarse a bienes públicos y qué parte a bienes privados. Es verdad que la respuesta no es sencilla. En primer lugar, porque no será homogénea, ya que depende del puesto social que ocupe cada uno, y por lo tanto de la mayor o menor necesidad que tenga de de la acción del Estado y de en qué medida soporte la carga fiscal. En segundo lugar, porque existe una gran falsedad en los planteamientos, ya que nadie quiere reconocer que los impuestos son necesarios y ningún político se atreve a hablar claramente sobre ellos a los ciudadanos. Proclaman únicamente aquellas cosas que la mayoría de la población quiere escuchar.

En cierto modo la presión fiscal de un país mide la parte de la producción (PIB) que es absorbida por el Estado o, lo que es lo mismo, la parte que se traduce en bienes públicos. Existe, sin embargo, una cierta inexactitud en lo que acabamos de afirmar porque muchos de estos recursos retornan a la sociedad en forma de transferencias, prestaciones, subvenciones, etc. (Ahora bien, en un sentido forzado podríamos decir que también son bienes públicos). La presión fiscal de un país es un indicador bastante representativo del grado de estatificación de una economía. Y ahí tenemos que reconocer que España está a la cola de todas las naciones con las que podemos compararnos.

En el 2018, según Eurostat, la presión fiscal española fue del 35,4%, mientras que la media de la Eurozona se situó en el 41,7%, y la de la Unión Europea en el 40,3%. España es el octavo país con menor presión fiscal de la Eurozona. Pero, además, es significativo considerar las características de los países que tienen valores inferiores al nuestro: Eslovaquia (34,3%), Chipre (33,8%), Estonia (33%), Malta (32,7%), Letonia (31,4%), Lituania (31,5%), Irlanda (23%) Este último país, convertido claramente con permiso de la UE en un paraíso fiscal. Por el contrario, estamos tremendamente alejados de los otros tres grandes Estados de la Eurozona. Francia nos aventaja en 13 puntos, Italia y Alemania en siete. Pero es que países como Polonia, Portugal, Grecia, Hungría o Eslovenia tienen una presión fiscal mayor a la nuestra.

Se mire como se mire, ostentamos una presión fiscal exigua, incapaz de sustentar un Estado social mínimamente aceptable y causa de que estemos también a la cabeza en los índices de desigualdad en la Unión Europea. Desde el mundo empresarial y desde los bastiones de las fuerzas conservadoras, con el fin de ocultar la situación raquítica de nuestro sistema impositivo, descalifican el concepto de presión fiscal y pretenden sustituirlo por otros más acordes con sus intereses, pero de casi nula significación económica. Quieren ignorar que todos los organismos internacionales a la hora de hacer comparaciones entre países emplean la presión fiscal.

Con la finalidad de argumentar que en nuestro país se pagan muchos impuestos, el concepto más usado por ciertos sectores para sustituir el de presión fiscal es lo que denominan “esfuerzo fiscal”. Si la presión fiscal se define por el cociente entre recaudación tributaria y renta nacional, el esfuerzo fiscal se establece como la razón entre la presión fiscal y la renta per cápita. Detrás de este concepto se encuentra el supuesto gratuito de que las sociedades, cuanto más pobres son, menor debe ser su proporción de bienes públicos. La realidad es diferente porque, en todo caso, si debe haber alguna inferencia es justamente la contraria. Cuanto más pobre sea una sociedad más necesita de instrumentos que reduzcan la desigualdad. En realidad, lo que mide el esfuerzo fiscal es el grado de pobreza de las naciones. Al tener el índice, la variable renta nacional al cuadrado en el denominador, cuanto más pequeña sea esta, mayor será el esfuerzo fiscal.

Hace algunos meses el Instituto de Estudios Económicos (IEE), apéndice de la CEOE, presentó un informe en el que creaba un concepto nuevo al que denominaba “presión fiscal normativa”, y en el que se sostenía que en España este índice era superior en ocho puntos a la media de la UE, titular que se trasladó a todos los medios y a la opinión pública mediante rueda de prensa. Se pretendía con ello introducir la confusión necesaria para ocultar o invalidar el hecho de que la presión fiscal española está muy alejada de las que mantienen los países de nuestro entorno. Se construyó una nueva variable que en realidad ni el mismo IEE conoce en qué consiste, pero que introduce la duda acerca del nivel del gravamen en España.

El informe presentado por el IEE comienza descalificando el concepto de presión fiscal y para ello sus autores manejan todos los tópicos clásicos. En primer lugar, se recurre, aunque sin nombrarlo, al esfuerzo fiscal, al considerar que los países con menor renta  per cápita deben tener también una presión más baja, falacia comentada más arriba. En segundo lugar, acuden a la economía sumergida. Mantienen que en nuestro país es muy elevada, lo que origina que la presión sea mayor sobre los que pagan impuestos. Está por ver que el fraude sea mayor en España que en otros Estados. Pero, en cualquier caso, la presión fiscal hace referencia a todo un país y no a unos contribuyentes en particular. Es una media. No mide la equidad del sistema fiscal ni su progresividad ni el reparto de la carga. Mide tan solo la suficiencia, es decir, la capacidad del sistema para hacer frente al suministro de bienes y servicios públicos. En tercer lugar, el informe cae en el tópico, también ya señalado, de creer que una bajada de impuestos ahora incrementará la recaudación a medio plazo.

El informe no deja nada claro a qué llama presión fiscal normativa. Tan solo remite al índice de competitividad fiscal, elaborado por la Tax Foundation de EE.UU. Tal índice, al margen de que se pueda pensar que las cuarenta variables elegidas para conformarlo sean más o menos acertadas, que el método es o no es adecuado, que incluso es posible que toda su elaboración contenga un sesgo ideológico; puede tener un sentido. Nada que ver, no obstante, con la presión fiscal, ya sea normativa o sin normativa. Lo que pretende medir es cómo un sistema fiscal concreto influye en la competitividad y distorsiona o no la neutralidad del mercado.

Un sistema fiscal antes que competitivo y neutral debe cumplir dos finalidades que son prioritarias: la suficiencia y la equidad (progresividad). La presión fiscal mide la primera de ellas. Para dar un juicio sobre la equidad y sobre la progresividad se precisa examinar la configuración de las distintas figuras tributarias y la relación y proporción entre ellas. La competitividad viene a ser una propiedad secundaria y subordinada a las dos anteriores, que solo adquiere un cierto significado con la globalización o en integraciones como la UE, en la que se acepta la libre circulación de capitales sin ninguna armonización fiscal.

Es cierto que en las circunstancias actuales los impuestos pueden utilizarse al igual que la legislación laboral o social, para ganar competitividad en los mercados internacionales, competitividad no basada en el incremento de la productividad, sino en empobrecer al vecino robándole un trozo de tarta. Es previsible que el vecino reaccione con idénticas medidas, de modo que se establezca una carrera competitiva en la que nadie terminará ganando y cuyo resultado generará sistemas fiscales raquíticos y regresivos, y la desaparición del Estado social tal como ahora lo conocemos. Es curiosa la manera en que todo el mundo condena la guerra comercial basada en aranceles y, sin embargo, se acepta con normalidad el dumping social y fiscal. En todo caso la reducida presión fiscal española está indicando que tal vez seamos nosotros los que estamos incurriendo en una competencia desleal hacia los otros países europeos.

Republica.com 24-1-2020



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