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ARTÍCULOS RECIENTES CONTRAPUNTO

EL GASTO PÚBLICO Y EL DOCUMENTO DE FEIJÓO

HACIENDA PÚBLICA, PARTIDO POPULAR Posted on Mié, mayo 18, 2022 22:53:51

En mi artículo de la semana pasada intenté comentar y también criticar algunos de los puntos del documento de 41 folios elaborado por el PP y presentado por Feijóo al Gobierno. Opinaba que quizás podría ser conveniente la bajada provisional de los impuestos indirectos que gravan la electricidad y los carburantes a efectos de controlar la tasa galopante de inflación. Sin embargo, consideraba injustificada y contraproducente la reducción arbitraria del IRPF y del impuesto de sociedades. De cualquier modo, terminaba la reflexión afirmando que, dado el desmedido endeudamiento público, toda reducción tributaria tendría que compensarse con una minoración del gasto o un incremento de otros gravámenes.

El documento parece inclinarse por lo que denomina “ahorro en el gasto público”. El análisis no es demasiado fino, ni siquiera ocurrente. No va más allá de recomendar la evaluación de políticas públicas, amén de atribuírselo a órganos como la AIReF, que no tienen competencias en la materia. La verdad es que este sonsonete, junto con el del presupuesto por programas o el del coste cero, llevo oyéndolo desde hace más de cuarenta años, desde mi ingreso en Hacienda, sin que de las palabras se haya pasado nunca a la realidad. Incluso Jordi Sevilla, cuando ocupaba el ministerio de Administraciones Públicas con Zapatero, creó una agencia de evaluación de políticas públicas, y que seguramente lo único que demostró fue la inutilidad de tal organismo.

El problema no estriba en los análisis o en la creación de entes o agencias, sino en la voluntad política de racionalizar el gasto público. La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), con casi ciento cincuenta años de historia y más de cuarenta años de realizar controles financieros sobre los distintos organismos y actuaciones públicas, ha puesto sobre la mesa cientos y cientos -quizás varios miles- de informes señalando múltiples deficiencias y deseconomías en la gestión del gasto público. Pero lo cierto es que muy pocas veces los políticos han hecho caso a las recomendaciones. Son las conveniencias electorales o políticas las que terminan motivando sus decisiones.

De todas formas es conveniente poner las cosas en su sitio. El gasto público en España está sumamente descentralizado. La Administración central es solo una más, que se encuentra al lado de las de 17 Comunidades y de las más de ocho mil corporaciones locales, y la gran mayoría de ellas con un grado de descontrol y de ineficacia mayor que el del Estado. El documento señala a título de ejemplo los 22 ministerios y los múltiples asesores que se han contratado en esta legislatura. Sin duda es un escándalo e indicador de la poca importancia que este Gobierno ha concedido al control del gasto público, y de la desfachatez con la que crea y maneja las instituciones públicas.

No obstante, apartemos el dedo de la diana que está a la vista de todos, y contemplemos el panorama general. El Estado de las Autonomías ha multiplicado por 17 todos los cargos -presidentes, ministros, directores generales, etc.-, en muchos casos con retribuciones mayores que las del Estado. Solo hay que considerar el sueldo del muy honorable presidente de la Generalitat catalana, y las retribuciones y prebendas que quienes han estado en ese puesto mantienen una vez que han dejado el cargo y eso, aunque hayan sido cesados como golpistas y estén fugados de la justicia española. Quizás el mayor despilfarro se encuentra en la misma existencia de las Autonomías. En cualquier caso, no parece que sea posible la marcha atrás, el mallado de intereses políticos en cada Comunidad Autónoma es ya demasiado fuerte.

Además, sería curioso contemplar las reacciones de muchos de los que defienden el recorte en los gastos públicos, cuando de lo general se pasase a lo concreto y se entrase con tijeras y bisturí a la poda de partidas singulares. Habrá pocas unanimidades acerca de qué gastos recortar. Cada uno de ellos tendrá sus defensores, que declararán que son imprescindibles. Es por esto por lo que será muy difícil suprimir determinados gastos, tales como subvenciones a las empresas, a fundaciones, asociaciones y ONG. Son legión las organizaciones que viven enchufadas al erario público, y nos quedaríamos sorprendidos de la cantidad de empresas zombis que existen tan solo porque están colgadas de las ubres del sector público y que, antes o después, la mayoría de ellas terminarán cerrando; pero, eso sí, después de haber consumido una cantidad importante de recursos públicos.

Por otra parte, el mucho o el poco ahorro de los gastos públicos no debería orientarse a la financiación de la bajada de impuestos, sino que habría de destinarse a potenciar y completar otros gastos que están claramente infradotados. Me refiero, por ejemplo, a la sanidad pública. Después de la pandemia, imagino que nadie se atreverá a decir que se trata de un gasto improductivo o que solo el sector privado crea riqueza. La pandemia ha dejado también claras las deficiencias de nuestro sistema de salud, la necesidad de incrementar el personal y de la creación de nuevas instalaciones. Las listas de espera son interminables. Las demoras existentes para que nos atienda un especialista, para afrontar una operación o incluso para la atención primaria, desvaloriza el sistema público de salud y lo reduce en buena medida a unos servicios de urgencia. Es más, conduce a muchos de los que tienen posibles (que sin embargo se tienen por clase media y no quieren que suban los impuestos) a sortear esta situación y contratar una compañía privada, como complemento.

Lo mismo podríamos afirmar de la justicia que, en cuanto a la mecanización, parece encontrarse en la prehistoria y su falta de personal hace que los procesos se dilaten excesivamente en el tiempo, cumpliéndose la aseveración de que una justicia lenta no es justicia. Sería inexplicable que afirmásemos que el gasto en justicia es improductivo, cuando la seguridad jurídica constituye una condición indispensable para la actividad y el desarrollo económico.

Podríamos seguir citando otras muchas partidas de gastos con insuficiencia de recursos. El documento de Núñez Feijóo mantiene que una cantidad mayor de gasto público no conlleva necesariamente un mayor y mejor desempeño. Necesariamente, no, pero también es cierto que la insuficiencia de medios, los recortes y el regateo terminan por echar a perder y por deteriorar servicios muy valiosos. Lo barato muchas veces termina siendo caro.

En cuanto a lo que el documento manifiesta acerca de los fondos europeos de recuperación, hay de todo, cosas acertadas y menos atinadas. Plantea la posibilidad de emplearlos para financiar las rebajas fiscales. No parece ningún disparate, siempre que, tal como yo afirmaba en el artículo de la semana pasada, se refiera exclusivamente a los impuestos indirectos que gravan las distintas fuentes de energía y de carburantes, y de forma provisional. Incluso si Europa pusiese impedimentos para dedicarlos a este objetivo, se podrían asignar a inversiones públicas, tales como la sanidad, la modernización de la Administración o la creación de un gran parque de viviendas sociales dedicadas al alquiler, etc., que permitirían liberar recursos para dedicarlos a la rebaja de impuestos indirectos. 

Por otra parte, el documento señalaba la lentitud con que se están ejecutando los fondos y parece culpabilizar de ello a una mala gestión de la Administración, o a los muchos requisitos y trabas que se ponen en la contratación y en la concesión de las subvenciones en el sector público. Es cierto que los fondos no se están ejecutando ni mucho menos con la celeridad que se anunciaba. Pero, en primer lugar, hay que señalar la dilación de la Unión Europea. Si hay un aparato burocrático parsimonioso, ese es el de la Comisión. Una cosa ha sido el anuncio a bombo y platillo de la creación de los fondos y otra cosa muy distinta el tortuoso camino de las entregas concretas. Hasta ahora solo ha llegado una parte más bien pequeña, y en buena medida a final de año.

A la demora del proceso también ha contribuido la deficiente planificación del Gobierno, centralizando las decisiones de manera autocrática, lo que ha influido en la tardanza en presentar los papeles a la Comisión y también en los sinuosos caminos de las concesiones. Carece de todo sentido colocar el problema de la baja ejecución en los obstáculos administrativos cuando el Gobierno ha eliminado casi todos los requisitos, perjudicando gravemente el control y las posibilidades de racionalización en la aplicación de los fondos.

Las soluciones que plantea Núñez Feijóo para acelerar la ejecución de los fondos europeos discurren por los peores caminos, la desregulación de los gastos y, lo que es peor, la canalización de los fondos mediante los beneficios fiscales, exenciones, deducciones, bonificaciones, etc. La idea bien podía haber sido inspirada por la CEOE. Exigir una mayor desregulación de los gastos es un brindis al sol, porque respecto a los fondos de recuperación han desaparecido la mayoría de los controles. El único paso adelante que cabría dar, aunque sería más bien un paso atrás, sería utilizar los beneficios fiscales, tal como manifiesta Feijóo, lo que significa en el fondo adoptar el autoservicio, esto es, que los empresarios y las familias se sirviesen a sí mismos.

El desorden que puede imperar a la hora de presupuestar en los gastos públicos propiamente dichos se multiplica al infinito cuando se trata de otro tipo de gastos que a menudo no tenemos por tales, los gastos fiscales, que, aunque se presenten como minoración de los ingresos, tienen el mismo efecto que los gastos públicos y suelen obedecer a similares razones.

A pesar de esa homogeneidad, resulta curioso comprobar las distintas posiciones que se mantienen respecto a estos dos tipos de gastos, según la ideología que se profesa. Desde las filas conservadoras y neoliberales, se suele anatematizar el gasto público. Pero esa agresividad desaparece cuando se trata de gastos fiscales. Y es que los gastos fiscales se orientan principalmente a favor de las clases altas. Al configurarse como minoración de impuestos tienen un carácter inverso a estos. Serán tanto más regresivos cuanto más progresivos sean los tributos que aminoran. Aun las deducciones o bonificaciones aparentemente más sociales terminan beneficiando en mayor medida a los que tienen rentas más elevadas.

Además, los gastos fiscales, al estar difuminados como una reducción de los ingresos, pasan desapercibidos sin sufrir para su concesión los controles de otros tipos de gastos y, lo que es más importante, en muchos casos se desconoce una cuantificación adecuada de su coste. Son de muy difícil control e incrementan las vías de fraude. Los requisitos que se imponen a cada una de las exenciones, deducciones o bonificaciones en aras de conseguir el objetivo para el que se han aprobado resultan en muchos casos imposibles de verificar, sobre todo cuando, como ocurre en la mayoría de los sistemas fiscales modernos, las medidas afectan a un gran número de contribuyentes. La generalizada evasión que posibilitan hace que se incremente y multiplique gratuitamente el coste de las medidas. No parece que sea, por tanto, el modo más adecuado para canalizar los fondos europeos de recuperación.

Como se ve por este artículo, y también el de la semana pasada, pienso que el documento presentado por Feijóo posee muchos elementos criticables y rechazables, pero al menos tiene una cierta coherencia interna y se puede analizar y criticar. Por el contrario, el decreto-ley elaborado por el Gobierno y refrendado, aunque dejando pelos en la gatera, por el Congreso es un conglomerado anárquico de medidas, un totum revolutum sin demasiada coherencia, difícil incluso de enjuiciar.

Republica.com 12-5-2022



¿QUÉ IMPUESTOS?, ¿QUÉ GASTOS?

HACIENDA PÚBLICA Posted on Jue, mayo 12, 2022 21:57:21

Existe una cerrazón casi generalizada tanto en la izquierda como en la derecha en materia impositiva. Ante las bajadas y subidas impositivas se adoptan posturas bastante cerriles e irracionales, sin la menor distinción ni análisis. Todo entra en un totum revolutum. Afecta a los políticos, a los periodistas e incluso a algunos economistas que hacen aseveraciones de forma radical sin la menor consideración de las circunstancias y de los instrumentos.

El discurso del Partido Popular y sus aledaños, aledaños que a menudo llegan hasta el PSOE, es mostrenco, todo se soluciona bajando impuestos. Desde el partido socialista se llegó a decir en el pasado que bajar impuestos es de izquierdas. Podemos, por el contrario, mantiene que toda bajada impositiva es anatema, pero me temo que lo afirma sin demasiado estudio ni discriminación. En ese cruce de dogmatismos se pueden producir situaciones un tanto extravagantes como la ocurrida con la bonificación de 20 céntimos por litro de carburante.

El Gobierno se ha negado a instrumentarlo mediante una bajada de impuestos como hubiera sido lo más natural, y ha preferido un sistema totalmente rebuscado. Ha montado la de San Quintín, complicándolo todo. No hay duda de que en el descalabro ha debido de influir su inexperiencia administrativa y su incompetencia en la gestión. Los problemas para las gasolineras han sido muchos y considerables, y absurdamente se ha cargado de nuevo a la Agencia Tributaria con tareas que no son suyas.

Cuesta entender cuál ha sido la razón del Ejecutivo para haber actuado de esta manera tan alambicada. Tal vez un asunto de dogmatismo, el principio de que por razones ecológicas no se pueden reducir nunca los impuestos a la energía. Se trata, por tanto, de hacer pasar de una forma un tanto ingenua una reducción de impuestos por una subvención. Quizás pueda haber otra explicación, el interés político de hacer que aparezca explícitamente que se trata de una ayuda del Gobierno. ¡Qué buenas son las madres ursulinas que nos llevan de excursión!

Claro que desde el otro lado se han escuchado versiones de lo más peregrino a la hora de defender que las actuaciones deberían haberse instrumentado por medio de una bajada de impuestos en lugar de por una bonificación en el precio. Un agudo periodista de esos que están en todas las tertulias, mantenía que era mejor haber empleado la reducción fiscal, ya que, al contrario del gasto, esta no incrementa la deuda pública. Es difícil saber dónde se escuchan más disparates si en el mundo político o en el de la prensa. Bueno, tampoco algunos economistas se quedan a la zaga.

Ni la bajada de impuestos puede ser un tabú ni puede convertirse en la piedra filosofal. Aunque parezca una perogrullada, hay impuestos e impuestos, lo mismo que hay gastos y gastos, y circunstancias y circunstancias, por lo que no valen las generalizaciones. A todo el que propusiera una reducción tributaria o un incremento del gasto público -que como hemos visto en algunos casos son la cara y la cruz de la misma moneda- tendría que preguntársele cuál va ser la contrapartida, contrapartida que, en los momentos actuales, dado el nivel de endeudamiento público, no puede ser distinta que otra variación en los tributos o en el gasto.

Para el pensamiento conservador toda reducción de la carga fiscal es positiva, sobre todo si estamos en crisis porque, según dicen, aumenta la demanda, y por lo tanto la actividad. Pero, si de lo que se trata es de incrementar la demanda, se pueden buscar formas mucho más eficaces. Gran parte del gasto público tiene una propensión al consumo mucho mayor que la mayoría de las reducciones de tributos. Por ejemplo, las pensiones.

Con las pensiones ocurre algo muy llamativo. Los mismos que piden continuas bajadas de impuestos y que están en contra de toda subida fiscal, critican y reniegan de la actualización de las pensiones por el IPC. Sin embargo, no actualizar las pensiones constituye un tributo y uno de los peores, puesto que incide en su totalidad sobre los estratos sociales más bajos de la población. En contra de lo que se dice ahora, no hay pensiones altas. La pensión máxima está plafonada desde principios de los ochenta. Si hay jubilados con rentas elevadas no son precisamente a causa de las pensiones, sino por otros ingresos, por lo general de tipo financiero que, curiosamente, hay cierta renuencia a gravar y a los que en el IRPF se da un trato privilegiado.

La no actualización de las pensiones por la inflación constituye un verdadero impuesto. La subida de precios reduce la cuantía real de las prestaciones e incrementa, y en mayor medida, la recaudación tributaria. Una vez más, los gastos y los ingresos tienden a confundirse. Así ocurre con las pensiones, reducir el gasto, disminuir las prestaciones reales (que a eso se reduce la no actualización) es equivalente a imponer un gravamen.

Los defensores de reducir la fiscalidad recurren a la tan careada curva de Laffer con la finalidad de convencernos del milagro de los panes y los peces: minorando los tributos se recauda más. Su nombre proviene de su creador, Arthur Laffer, un oscuro profesor en la Universidad de Stanford en California, y que habría pasado sin pena ni gloria por la economía, si no hubiese sido por haberse topado accidentalmente en un restaurante chino con Jack Kemp, director de la campaña electoral de Ronald Reagan. El entonces candidato había prometido la cuadratura del círculo, bajar los impuestos, reducir el déficit e incrementar sustancialmente el gasto militar. Kemp creyó encontrar en la curva del ignorado profesor un instrumento idóneo para justificar lo que resultaba difícilmente creíble.

Como era de esperar, la curva estuvo muy lejos de funcionar. El primero que se dio cuenta de ello fue David A. Stockman, director de la Oficina del Presupuesto. Las reducciones fiscales sin recorte en las partidas presupuestarias acarreaban inevitablemente un crecimiento explosivo del déficit. Stockman discrepó abiertamente de la política de Reagan y presentó la dimisión, explicándola en un libro de sumo interés que constituye el mejor alegato contra la curva de Laffer, “El triunfo de la política” enEditorial Grijalbo”. El nuevo presidente, que había hecho campaña en contra del 2 % que alcanzaba el déficit público en tiempos de Carter, lo incrementó de tal manera que en 1986 alcanzaba el 6 % del PIB. Pero lo que también aumentó sustancialmente fue la desigualdad social. Ese es el efecto más probable de la bajada indiscriminada de impuestos y sobre todo cuando la reducción se realiza en los directos.

Además, en las circunstancias actuales, teniendo en cuenta la descontrolada inflación, resulta muy discutible que lo que haya que perseguir sea el incremento de la demanda. El problema número uno y el mayor peligro radica en la subida de los precios y especialmente en su diferencia con la de otros países. Parece que estamos en presencia de una inflación de costes y además importada a través de la energía desde el exterior que posteriormente se ha trasladado al resto de los sectores económicos y corre el peligro de hacerse crónica.

En este escenario no sería ningún disparate que el Gobierno redujese consistentemente los múltiples gravámenes sobre los distintos tipos de energía, al menos para que en esos productos la fiscalidad no se convierta, tal como está ocurriendo, en un elemento adicional de inflación. Si de lo que se trata es de combatir mediante la fiscalidad el incremento de los precios, los impuestos indicados son los indirectos. Bien es verdad que dado el alto porcentaje de endeudamiento no parece que esta bajada debería financiarse vía déficit, sino elevando los impuestos directos.

Es mucho el margen que existe para hacerlo después de todas las medidas regresivas acometidas a lo largo de los treinta últimos años. El Gobierno no ha estado dispuesto nunca a acometer una reforma en profundidad, ni el informe de los llamados técnicos da mucha esperanza para ello. Ni siquiera plantean algo elemental como volver a hacer del IRPF un impuesto global en el que rentas de trabajo y de capital se incluyan dentro de una misma tarifa. Sánchez se escuda tras la afirmación de que no es el momento. Para él nunca ha sido el momento. Sin embargo, una crisis económica no tiene por qué ser un obstáculo, ya que precisamente en ella se necesita más redistribuir los costes y los beneficios.

Lo que sí es cierto es que no hay tiempo. Entre la elaboración y la tramitación se necesitarían cerca de dos años. Podemos, una vez más, se ha dejado tomar el pelo por Sánchez, si es que de verdad querían modificar la fiscalidad. Es claro, también, que la reforma fiscal en profundidad no nos puede servir para financiar la bajada de impuestos indirectos necesarios para contener la inflación. Pero sí hay medidas parciales que se pueden adoptar. La primera no deflactar bajo ningún punto la tarifa del IRPF.

La inflación actúa doblemente sobre el IRPF. La primera, como en todos los tributos, aumentando la base imponible; la segunda es acentuando la progresividad del gravamen. Se produce de forma automática una subida de la tarifa. No es, desde luego, la mejor forma de modificarla. Todos los contribuyentes se van a ver perjudicados, pero no todos en la misma medida. Va a recaer principalmente sobre las rentas altas. Las rentas bajas lo acusarán mucho menos. La clase más deprimida no se verá afectada en absoluto porque está exenta del IRPF, y el quebranto en el resto de las clases bajas y medias (algunos se colocan en las medias cuando pertenecen a las altas y bastante altas) será mucho menor que el beneficio obtenido si se les bajasen los impuestos indirectos. En economía siempre hay que elegir.

En las peticiones de Feijóo a Sánchez hay una parte perfectamente asumible, la reducción de los impuestos indirectos y más concretamente los energéticos. Una segunda parte rechazable, la deflactación de la tarifa del IRPF, que solo serviría para incrementar la desigualdad, aunque paradójicamente la no deflactación sí podría servir de argumento para acometer la primera ya que proporciona la financiación necesaria.

Bien sé que desde las filas conservadoras se argumentará inmediatamente que la financiación tendría que provenir de la reducción del gasto. Hay gastos que precisarían incrementarse, como la sanidad o la justicia, y no digo yo que no haya gastos que deberían desaparecer, pero este expurgue de los improductivos o inútiles no es una tarea fácil, tanto más cuanto que nos movemos en un Estado de las Autonomías, en el que, como su nombre indica, cada administración campa por sus respetos y todas están empeñadas en su clientelismo, en mantener sus chiringuitos y capillitas, lo que por desgracia va a ser imposible de revertir, por lo menos a corto plazo. La desaparición de los gastos del Estado que normalmente se citan como escandalosos, podría ser muy positivo desde la óptica de la ejemplaridad y de la honestidad política, pero que nadie piense en ello como la solución a las finanzas públicas y a la contención del déficit.

Como colofón se me ocurre una boutade, pero que puede ser útil para entender la conexión y ambivalencia que se da entre los ingresos y los gastos públicos. Un área donde podrían confluir la izquierda y la derecha, los que quieren subir los impuestos y los que quieren reducir el gasto público, es en la eliminación de gran parte de los gastos fiscales. Nuestros impuestos están preñados de deducciones, exenciones, bonificaciones, etc., que vacían de contenido los tributos, y por lo tanto su supresión implicaría una subida consistente de los impuestos, pero también una eliminación de gastos públicos, pues en el fondo lo son, aunque se apelliden fiscales y se instrumenten como minoración de los tributos. De lo que no estoy nada seguro es de que se pusiesen de acuerdo sobre cuáles eliminar.

republico.com 14-4-2022



EL TRIBUNAL DE CUENTAS,  LA CORRUPCIÓN DE LAS INSTITUCIONES

CATALUÑA, CORRUPCIÓN, GOBIERNO, HACIENDA PÚBLICA Posted on Jue, mayo 12, 2022 20:51:32

La tragedia que asola Ucrania y que salpica a toda Europa puede hacer que una de las mayores corrupciones políticas de España pase casi desapercibida. Digamos que está llegando a su fin según lo predispuesto. El Tribunal de Cuentas ha cambiado en pocos días su propio criterio acerca de las garantías a exigir a los responsables de la malversación de fondos públicos llevada a cabo en los actos de publicidad y propaganda en el extranjero, orientados a preconizar el referéndum ilegal de independencia del 1 de octubre en Cataluña.

La gravedad del escándalo no estriba únicamente en el mero hecho de que se haya producido la modificación de criterio, sino que esta se ha conseguido mediante el cambio en la composición del propio tribunal, cambio realizado por el sistema tradicional de reparto entre los dos partidos mayoritarios, y que tan contrario es al espíritu de la propia Constitución. (Ver mis artículos del 23 de septiembre y del 11 noviembre del año pasado en este mismo diario digital). La gravedad, además, se incrementa en tanto en cuanto que la mutación ha recaído sobre un fallo cuya conclusión era tan evidente que la decisión tomada ahora por la sesión de enjuiciamiento quebranta las normas básicas del Derecho financiero y de la Hacienda Pública, y contradice los principios más elementales de la lógica y del sentido común.

¿Cómo se va a garantizar con dinero público que el erario recupere los recursos defraudados? El planteamiento es tan disparatado como cuando en tono de chunga y con cierta ironía se le comunica a alguien la disposición a convidarle siempre que antes nos adelante el dinero de la invitación. Se pretende cubrir una defraudación con otra defraudación, defraudación al cuadrado.

Corrupción, y grave, la de todos aquellos que en Cataluña han empleado fondos públicos para un objetivo ilegal, incluso delictivo, intentar la sedición de parte de la ciudadanía, insumisión frente a la Constitución y la soberanía nacional. Pero corrupción también y más grave la de los consejeros del Instituto Catalán de Finanzas que, a sabiendas, aprobaron que el organismo avalase con dinero público el alcance anterior. Se convierte en una corrupción de mayor nivel, corrupción al cuadrado.

Habrá sido seguramente esa la razón por la que tres de los consejeros dimitieron, para no tener que dar su conformidad a los avales. Quizás por miedo a incurrir en un grave delito de prevaricación. Habrá que preguntarse si la Sociedad Civil Catalana además de plantear una demanda ante el tribunal de Cuentas no debería haber interpuesto una querella criminal contra aquellos miembros del Instituto Catalán de Finanzas que aprobaron el aval y a todos aquellos que les forzaron a hacerlo.

Todo esto era ya bien conocido y no hay por qué incidir en ello, pero últimamente ha acaecido un nuevo suceso que eleva el listón de la corrupción, corrupción al cubo. Constituye un salto cualitativo. La gravedad es sustancialmente mayor, porque no radica en que determinados actos sean corruptos, sino en la corrupción de las propias instituciones. Ahora, la del Tribunal de Cuentas.

La corrupción del propio Gobierno Frankenstein no tiene parangón con ningún otro acto concreto de corrupción. Ni a la izquierda ni a la derecha del espectro político. Es una corrupción estructural que está en la misma conformación desde sus orígenes de este Ejecutivo, desde el inicio, desde la misma moción de censura, que mancha a todos los que forman o han formado parte de él, estigma que se mantendrá en el futuro y que será imposible de olvidar. Durante toda su existencia este Gobierno viene incurriendo en un cohecho endémico mediante el que se compra con fondos públicos o con cesiones políticas la permanencia día a día en el poder. Resulta grotesco que Sanchez asuma el lenguaje de los puros y exija explicaciones a Juan Carlos. Siempre he pensado que el problema de Sanchez respecto a la monarquía no tiene relación con las preferencias con respecto a la forma de Estado sino que se fundamenta más bien en un sindrome  sicológico, le es aplicable aquello que Nietzsche decía de sí mismo “Si dios existiese como iba a soportar yo no serlo, luego Dios no existe”.  Si existe rey como va a soportar Sanchez no serlo. Luego la monarquía debe desaparecer.    

Ahora se comprende la urgencia con la que el presidente del gobierno quería cambiar la composición del Tribunal de Cuentas. El mandato de los consejeros, a diferencia de los de las otras instituciones, acababa de expirar. Tras el indulto de los golpistas, quedaba por solucionar el problema crematístico, que no podía ser objeto de indulto, derivado de la defraudación cometida en los preparativos del golpe de Estado y que dependía del Tribunal de Cuentas. Se precisaba pues cambiar a los consejeros para corregir la redacción del auto que la sección de enjuiciamiento había preparado para rechazar los avales que presentaba el Instituto Catalán de Finanzas y que parecían más bien una broma pesada.

La historia reciente del Tribunal no es para que nos sintamos precisamente orgullosos de esta institución. La Ley Orgánica de 1982 y la Ley de funcionamiento de 1988, elaboradas ambas de acuerdo con las pretensiones del PSOE -la primera cuando estaba en la oposición, la segunda ya en el gobierno y de acuerdo con las manías de Pascual Sala-, configuraron una institución con enormes lacras, que comenzaban ya en el diseño de la responsabilidad y de la jurisdicción contable, y finalizaban en su constitución como órgano pluripersonal de doce consejeros, y que se han venido repartiendo en cuotas iguales los dos partidos mayoritarios.

Han sido estas lacras las que han condenado con frecuencia a esta institución a la esterilidad, limitando su actuación a casos de poca monta y quedando, sin embargo paralizada en cualquier asunto de mayor envergadura en el que hubiese por medio intereses políticos, porque en la mayoría de los casos la mitad del Consejo bloquea a la otra media. Durante todos estos años, el Tribunal de Cuentas no ha destacado precisamente por su eficacia, pero nunca había llegado al descaro, degradación y degeneración que se ha producido ahora. Degeneración de los currículos de los elegidos respecto a los que deberían tener, según la categoría asignada al puesto por la ley orgánica y la de funcionamiento. Cada vez son mucho más grises y de carácter más político.

Degradación, porque se ha nombrado a unos consejeros, y ellos han aceptado la designación, con la finalidad explícita de librar a los golpistas catalanes de la obligación económica derivada de los actos de sedición, admitiendo para cubrirla el aval de un organismo público, lo que en sí mismo constituye otra malversación. Dos son los elegidos para los puestos en la sección de enjuiciamiento, que van a permitir el cambio de criterio. En realidad, sus currículos son de tal levedad que no resulta fácil encontrarlos en Internet. Solo en el portal de trasparencia y con bastante vaguedad.

El primero es don Diego Íñiguez, perteneciente al cuerpo de Administradores Civiles del Estado y que ya desde el inicio (1993, en plena cúspide, de corrupción felipista) se separó de sus compañeros de promoción para cubrir un puesto de mayor nivel del que le correspondía de salida, pero también de mayor contenido político, consejero técnico en el Gabinete del ministro de Justicia. Durante los gobiernos del PSOE y en las esferas políticas de los gabinetes, ejerció bien de consejero técnico bien de asesor ejecutivo bien de vocal asesor, primero a la sombra de Belloch y más tarde a la de María Teresa Fernández de la Vega.

En el ínterin, durante los gobiernos de Aznar, buscó acomodo en el exterior en puestos muy cotizados en su cuerpo por sus altas retribuciones. Al final del mandato de Zapatero, consiguió que le hiciesen magistrado por el cuarto turno, es decir a dedo y sin oposición, lo que suelen describir como “juristas de reconocido prestigio”, aunque siempre está el problema de quién es el que reconoce el prestigio. Por desgracia, hay que preguntarse si no fue una forma que inventó en sus tiempos el PSOE para que  desembarcasen sus fieles en la Administración de Justicia. Ello permitió al nuevo magistrado refugiarse durante los mandatos de Rajoy en su judicatura recién estrenada, para volver con Sánchez a los puestos políticos. Primero, como director en la empresa pública de paradores, para aterrizar más tarde como jefe de gabinete de la ministra de Defensa, cargo que ocupaba al ser nombrado consejero del Tribunal de Cuentas.

Precisamente su inmediata permanencia como jefe de gabinete de la ministra de Defensa podría hacer que alguien se preguntase si no  podría estar inmerso en los supuestos del artículo 33.3 de la Ley Orgánica de la institución: haber gestionado fondos públicos o haber pertenecido a un consejo de administración de un organismo o sociedad pública en los dos últimos años, lo que le invalidaría para ocupar el nuevo cargo.

El segundo puesto como consejero en la sección de enjuiciamiento lo va a ocupar doña Rosario García Álvarez. Su currículum es mucho menos movido que el del anterior, se limita a veintisiete años de experiencia en la carrera judicial, últimamente como magistrada de la sala de lo social en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y profesora de Derecho laboral en la Universidad de Comillas. No parecen conocimientos muy a propósito para el Tribunal de Cuentas. Ni Derecho administrativo, ni financiero, ni mercantil, ni contabilidad, ni auditoría, ni análisis de los estados económicos y financieros, nada. Su única gracia parece que radica en poder ir a la sección de enjuiciamiento y estar dispuesta a cambiar el dictamen. Tan es así que según dicen doña Rosario no estaba en la primera lista, sino que era doña María Luz Rodríguez la designada, pero al darse cuenta de que la titulación de esta última no la capacitaba para ir a la sección de enjuiciamiento, que es para lo que se la necesitaba como objetivo primario -salvar a los golpistas-, se modificó la propuesta.

Poco puede sorprendernos la postura del sanchismo. Está en su naturaleza como en la del alacrán de la fábula. El Gobierno Frankenstein precisa día a día de estos comportamientos para mantenerse. Estaban claros su objetivo y su finalidad. Pero ¿a qué se debe la postura del PP?, ¿qué ganaba con los acuerdos? Solo le pueden acarrear desprestigio, después de meses y meses censurando el procedimiento y denunciando con buen fundamento su dudosa constitucionalidad, hasta el extremo de continuar bloqueando la renovación del Consejo General del Poder Judicial, lo que ahora parece una incongruencia. ¿Por qué uno sí y otros no?

Parece que en algún momento el PP alegó a favor del acuerdo el hecho de que los candidatos propuestos no tenían perfil político, lo que constituye una gran ingenuidad, puesto que confundían el nivel con la trayectoria. Que no hayan ocupado puestos relevantes solo indica que su currículum es más bien gris, pero no que todo él no se haya desarrollado a la sombra del PSOE. Es precisamente esa mediocridad la que más les debería haber llamado la atención y hecho desconfiar y podrían haberse cuestionado acerca de cuál era entonces el motivo de la propuesta. Ahora ya se sabe. Que estaban dispuestos a cumplir de forma servil las indicaciones políticas. La pregunta surge entonces de forma inmediata: ¿qué trapicheos ha habido entre Félix Bolaños y Teodoro García Egea?

Republica 10-3-2022



LA EUROPA DEL CAPITAL Y EL MODELO 720

EUROPA, HACIENDA PÚBLICA Posted on Jue, mayo 12, 2022 20:33:59

En 2017, la Comisión, y ahora el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se han pronunciado en contra del modelo 720 de la Agencia Tributaria (Declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero). En realidad, lo que censuran y condenan ambas instituciones es la obligación impuesta a los residentes en España de declarar en dicho modelo toda clase de bienes en el extranjero, así como reprueban las sanciones que lleva aparejadas no hacerlo, o hacerlo fuera de plazo.

Lo primero que puede extrañar es que tanto la Comisión como el Tribunal se adentren en materia de Hacienda Pública, ya que la Unión Europea ha huido siempre de estas competencias. Permanentemente ha rechazado todo intento de integración en el ámbito fiscal, a pesar de constituir un complemento necesario tanto del Acta Única como de la Unión Monetaria. En buena medida, los males y defectos de la UE radican en esa falta de unidad fiscal. El presupuesto comunitario es casi ridículo y los ingresos propios, en extremo reducidos y casi en su totalidad cobrados a los Estados y no directamente a los ciudadanos.

Ha sido la pasividad de las instituciones europeas la que ha permitido la existencia de paraísos fiscales dentro de la propia Unión y una competencia desleal entre los Estados, que han ido reduciendo la presión fiscal directa a favor de la indirecta, y que han jibarizado la política redistributiva. La UE nunca ha querido asumir la política redistributiva ni en el plano personal ni en el territorial, pero al mismo tiempo obstaculiza que los Estados la desarrollen.

Pero entonces, ¿por qué la Comisión y el Tribunal se entrometen en la forma de recaudar de un Estado miembro? La explicación se asienta en los derechos y prerrogativas del capital, y más concretamente de sus libres movimientos. La argumentación de la Comisión y del Tribunal, aunque con diferencias, se fundamenta en que consideran que el modelo 720 y todo lo que conlleva constituye una restricción a la libre circulación de capitales y por lo tanto al Derecho comunitario.

Todos los elementos que se cuestionan: las ganancias patrimoniales no justificadas, la no prescripción, la desproporción que según ellos tienen las sanciones, etc., son contrarios al Derecho comunitario, solo en cuanto que todos ellos incrementan la intensidad y la importancia de las restricciones a la libre circulación de capitales. Razonan que todas esas obligaciones impuestas acerca de los bienes que se sitúan en otros países pueden desincentivar la inversión en el extranjero. Aunque tendríamos que decir más bien que lo que hacen es eliminar el incentivo que la posibilidad de fraude y evasión fiscal conceden a la deslocalización de los bienes fuera del país de residencia.

Habrá que preguntarse si la facilidad para defraudar a la Hacienda Pública no es la que corrompe la libre circulación de capitales, al quebrar la neutralidad entre los destinos y al transformarla en evasión de capitales. Conviene no olvidar que gran parte de la inversión en el extranjero se puede realizar desde los bancos nacionales o en territorio nacional. Así que muchos de los que depositan bienes en el exterior lo que buscan es la opacidad fiscal. Con el modelo 720 se pretende retornar a la ecuanimidad, permitiendo que la libre circulación de capitales, al menos en cuanto a la información, se rija por motivos económicos y no fiscales.

Más allá de si el modelo 720 restringe o no la libre circulación de capitales, de lo que no cabe duda es que esta ocupa un papel fundamental en el andamiaje constitucional de la UE. Por el contrario, al sistema fiscal y a la lucha contra el fraude se los relega a un lugar muy secundario, casi irrelevante. En nuestra Constitución la jerarquía es la inversa. La libre circulación de capitales no aparece y, sin embargo, el Estado social, cuyo principal componente es un sistema fiscal justo, basado en la igualdad y progresividad, se configura como columna central del edificio. Ello conduce a plantear un problema de fondo: ¿hasta qué punto son compatibles ambas realidades políticas?

Va llegando el momento de que nos preguntemos si al firmar el Acta Única y al incorporarnos a la Unión Monetaria no se produjo un cambio sustancial de la Constitución Española, modificación que se realizó con cierta ligereza democrática, basándose exclusivamente en la autorización que la Carta Magna concede a los mandatarios para firmar acuerdos internacionales; si bien no parece que al redactar y aprobar este artículo se estuviese pensando en pactos que modificasen esencialmente la propia Constitución.

En honor de la verdad hay que añadir que esta metamorfosis no ha sido exclusiva de nuestro país. La mayoría de los Estados han dado un giro similar. Este hecho es bastante lógico si se considera que los pasos fundamentales en la constitución de la UE se han dado cuando el neoliberalismo había adquirido ya una posición dominante y la socialdemocracia y el Estado Social estaban de retirada. La UE se ha construido siguiendo los axiomas más estrictos de la globalización. En el centro está el capital y sus intereses y son los respectivos lobbies los encargados de escribir el libreto en Bruselas. No nos puede extrañar por tanto que las instituciones europeas solo entren en los temas fiscales para defender las prerrogativas del capital y de las empresas.

El Tribunal de Luxemburgo admite que se puede restringir la libre circulación de capitales en aras de la lucha contra el fraude fiscal, ma non troppo, pero no demasiado. El Estado puede demandar la información, pero sin establecer en caso de incumplimiento esas penalizaciones que se consideran tan duras. O, dicho de otro modo, el modelo 720 puede seguir funcionando, pero con unas sanciones suaves, casi testimoniales, que todo se reduzca a nueva invitación a declarar y que difícilmente empujarán al cumplimiento del contribuyente.

La sentencia acusa a las sanciones a imponer de falta de proporcionalidad. Se ignora a qué se refiere y qué medida emplea para determinarla, pero parece bastante claro que la intensidad y cuantía de la sanción, para que sea efectiva, debe estar en proporción directa a la facilidad de evasión. Allí donde la probabilidad de que la Administración detecte la infracción sea muy alta, la amenaza de una sanción reducida será suficiente para asegurar el cumplimiento. Por el contrario, cuando la posibilidad de evasión es muy grande y además el riesgo se puede diversificar en distintos bienes, las sanciones tienen que ser muy elevadas para que generen algún efecto disuasorio.

En los bienes que se encuentran en el extranjero la posibilidad que tiene la Administración Tributaria de detectarlos, si sus dueños no los manifiestan, es casi inexistente, por lo que las sanciones a la no declaración tienen que ser cuantiosas para lograr algún resultado. El Tribunal quizás emplea el término proporcional en relación a las sanciones que se imponen cuando los bienes están en territorio nacional, lo que no tiene ninguna lógica, dado que los distintos bienes situados en España, al revés de los que se asientan en el exterior, están sometidos a todo tipo de controles. Son muchas las fuentes a través de las cuales llega la información a la Agencia Tributaria: entidades financieras, compañías de seguros, notarios, registradores de la propiedad, catastro, empresas y demás entidades obligadas a retener, etc. Después de cruzar todos estos datos, la información de los bienes situados en España es bastante completa, lo que no quiere decir que no exista fraude en las rentas.

Parece que el Tribunal considera abusivo que los bienes descubiertos en el extranjero se califiquen de incrementos no justificados de patrimonio. Sin embargo, es el mismo tratamiento fiscal que se les da a los que se descubren en el interior. La única diferencia, y quizás esté ahí la explicación de la crítica del Tribunal, se encuentra en la prescripción. Mientras en estos últimos bienes se admite la prescripción, desde el momento en que fueron adquiridos por el contribuyente, siempre que se pueda conocer esta fecha, en los situados en el exterior la prescripción solo comienza a computarse desde el momento en que la Agencia Tributaria tiene noticia de ellos.

Pero esta diferencia es también razonable y no debe extrañarnos ni tendría que escandalizar al Tribunal. En los bienes situados en territorio nacional, la Administración puede localizarlos desde el mismo momento en el que están en poder del contribuyente. Por el contrario, en los que están emplazados en el exterior, difícilmente Hacienda puede descubrirlos si no tiene constancia de su existencia. Además, en el extranjero la Administración no cuenta ni con los medios ni con la potestad de actuar con los que cuenta en el interior.

En sus alegaciones la Comisión aduce que en la UE se ha establecido una serie de directivas destinadas a facilitar el intercambio de información entre los Estados, lo que hace innecesarios otros procedimientos más agresivos como el modelo 720. Resulta un poco ingenuo tal razonamiento. En primer lugar, porque según esta normativa la petición hay que hacerla de forma individualizada, lo que resulta imposible en la mayoría de los casos, cuando se desconoce absolutamente todo. En segundo lugar, porque como casi todo en Europa, esta obligación de información se realiza muy deficientemente, tarde, mal y nunca. Debe de funcionar tan bien como las órdenes de detención, de cuya ineficacia tenemos una amplia constancia los españoles.

Resulta llamativo el escaso espacio que ha ocupado en la prensa esta sentencia y, además, en la mayoría de las ocasiones felicitándose de ella y tildando de abusiva la postura de Hacienda. Parecería procedente que la reacción de aquellos que se oponen a toda subida de impuestos, aferrándose a la idea de que el fraude es muy elevado, fuese la contraria, ya que deberían defender todas las medidas de lucha contra la evasión fiscal. Y contra la sentencia debería haber tomado posición desde luego la izquierda, ya que la gravedad de lo decidido por la UE es grande y deja bien claro lo que se puede esperar dentro de sus límites. No es solo que a nivel comunitario no se pueda establecer un sistema tributario progresivo, sino, que tampoco se puede realizar dentro de cada Estado. Todo conspira para que el modelo que rija en este tema en Europa sea profundamente neoliberal.

En esta ocasión se echan en falta esas voces tan proclives a censurar a la justicia española cuando sentencia a los golpistas catalanes. Se esperaría que, siendo muchos de ellos teóricamente de izquierdas, hubieran reaccionado ante una sentencia que rompe la soberanía fiscal de un Estado miembro en beneficio del capital. Cuando se conozca el listado nominativo de las devoluciones y las cantidades respectivas será difícil no darse cuenta del disparate que se ha cometido con esta sentencia.

Los defensores entusiastas de la sentencia y detractores del modelo 720 se enfrentan a una contradicción. Fue el Gobierno de Rajoy  el que lo aprobó, siendo ministro de Hacienda Cristóbal Montoro. Conozco a Montoro desde hace muchos años, antes de que fuera ministro o secretario de Estado. Coincidí con él en múltiples mesas redondas cuando él ocupaba el cargo de director del Instituto de Estudios Económicos, entidad dependiente de la CEOE, y uno de los principales focos de emisión de pensamiento neoliberal. Nuestras posturas, como es normal, estaban casi siempre enfrentadas. Montoro no ha sido nunca un bolchevique rabioso ni siquiera un furibundo keynesiano. Sin embargo, vio la necesidad de que, si se quiere combatir el fraude, los bienes en el extranjero de los residentes deberían ser tan trasparentes como los que se encuentran en el interior del país.

Republica.com 17-2-2022



LOS FONDOS DE RECUPERACIÓN, NI SON GRANDES NI ANDAN

EUROPA, GLOBALIZACIÓN, HACIENDA PÚBLICA Posted on Jue, mayo 12, 2022 19:49:19

Burro grande, ande o no ande, afirma el refrán popular, y parece hecho a medida del comportamiento del sanchismo. Todo lo que hacen, según ellos, es lo más grande, grandioso, colosal, lo más excelso, histórico, único. Como no podía ser menos, todos estos calificativos u otros parecidos se los han aplicado a los fondos de recuperación europeos. Me temo que ese burro no va andar, pero es que tampoco es el más grande.

Sánchez y la ministra de Economía no han escatimado adjetivos, incluso han llegado a compararlo con el Plan Marshall y, contra toda verdad, se afirma que es la movilización de fondos más elevada que ha realizado la Unión Europea. Lo que, desde luego, no es cierto. Se puede disculpar la ignorancia del presidente del Gobierno, este capítulo no debe de estar en su tesis doctoral, pero lo que es menos explicable es que lo repita Nadia Calviño, dado que ha sido directora general de Presupuestos de la Unión Europea. Es posible que los dos estén haciendo trampas y para realizar las comparaciones consideren los recursos en valores absolutos, sin tener en cuenta la inflación ni las distintas monedas en que están expresados.

Los fondos de cohesión y de desarrollo han representado una movilización de dinero de bastante mayor cuantía que la que ahora se activa. Para realizar estas comparaciones, las transferencias de recursos hay que entenderlas a fondo perdido, excluyendo los préstamos o cantidades reembolsables. Además, habrá que considerarlas en términos netos, es decir, minorando la cuantía de las recibidas con la cuota que el país en cuestión como miembro de la UE debe aportar a la financiación total.

Aplicando lo anterior al Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia, y redondeando, la totalidad de los recursos que la UE proyecta trasladar a los Estados se eleva a una cifra cercana a los 700.000 millones de euros, de los cuales aproximadamente la mitad se entregará en calidad de préstamos y el resto, como transferencias no reembolsables. A España, como uno de los máximos beneficiados, le corresponderán unos 140.000 millones de euros en total; cerca de 70.000 millones de euros, si nos fijamos únicamente en las entregas a fondo perdido.

Para conocer la cuantía real de la ayuda, esta última cantidad se tiene que minorar por el importe con el que España, como un miembro más de la UE, debe contribuir a la financiación de la cantidad total. Este porcentaje es alrededor del 10%, porque es esta misma proporción la que existe aproximadamente entre el PIB español y el de toda la Unión, y que se traduce en una suma de 35.000 millones de euros. Si la transferencia teórica a España va a ser de 70.000 millones de euros, la ayuda neta, esto es, aquella que podemos afirmar que de verdad es a fondo perdido, no estará muy por encima de la mitad (35.000 millones de euros), que se recibirá a lo largo de estos seis años (2021-2026) y que representa un 3% del PIB, es decir, una media del 0,5% anual.

En los muchos años que España gozó de los fondos de cohesión, por lo menos hasta la ampliación al Este, su saldo neto positivo anual frente a la UE se ha movido en un rango del 0,5% al 1% del PIB. A su vez, el saldo neto de Portugal, Grecia e Irlanda ha pasado la mayoría de los años del 2% del PIB respectivo. Es absurdo por tanto pretender situar las ayudas que ahora se movilizan a la cabeza de cualquier otra transferencia realizada por la UE.

Sánchez, creyéndoselo o no, ha colocado los fondos de recuperación en el centro de su mensaje y ha hecho de ellos su máxima baza electoral. Por eso ha magnificado su cuantía, pero, sobre todo, se ha apoderado de ellos. Primero, intentando convencernos de que la concesión ha sido mérito suyo. Recordemos el paseíllo apoteósico que hizo entre todos los ministros aplaudiendo a su entrada al Consejo. Nadie que conozca mínimamente cómo funciona la UE puede creerse que un acuerdo como el de los fondos de recuperación puede ser obra del presidente del Gobierno de España, y menos si ese presidente es Pedro Sánchez.

Segundo, porque sin ningún pudor los considera suyos y por lo tanto con derecho a repartirlos como crea conveniente. No ha permitido que se aplicase ningún control político e incluso, y eso es casi más grave, ha liberado su ejecución de casi todos los requisitos a los que normalmente están supeditados los fondos públicos y ha convertido la fiscalización previa (en las intervenciones delegadas) de estas partidas en una mera nota de toma de razón contable. En ese reparto se va a imponer la más total discrecionalidad en la selección de los agraciados, tanto si son Comunidades Autónomas, empresas o particulares.

Como siempre, Sánchez tiene la virtud de reprochar a la oposición precisamente todo lo que él realiza. Resulta paradójico que en su comparecencia con Olof Scholz haya pedido que nadie convierta los fondos en un instrumento político, cuando ha sido precisamente él, desde el mismo momento de su aprobación, quien los ha considerado el mejor medio para hacer clientelismo y asegurarse así la permanencia en el poder.

Este burro, el de los fondos de recuperación, no solo no es el más grande, es que tampoco parece que pueda andar, al menos en persecución del objetivo que se confiesa y que está explícito en el título: la recuperación. Es posible, sin embargo, que sí funcione para conseguir el otro propósito de Sánchez, el clientelismo. Cuando aún no se había recibido ni un solo euro de los fondos europeos, se consignaron en los ingresos del presupuesto de 2021, 27.000 millones de euros, con la intención de que se pudiese anticipar la ejecución de los programas desde el mismo día uno de enero. Pues bien, la realización no parece que haya influido muy positivamente en la recuperación cuando, las estadísticas y previsiones de todos los organismos nacionales e internacionales, excepto las del Gobierno, llegan a la conclusión de que España se encuentra a la cola de todos los países de la UE en el ritmo de alcanzar los valores económicos  anteriores a la pandemia.

Esto no debería extrañarnos demasiado teniendo en cuenta los ejes transversales que se han fijado para vertebrar los planes de los fondos: la transición ecológica, la transformación digital, la igualdad de género, etc., finalidades que pueden ser muy respetables, pero en las actuales circunstancias no parece que constituyan el camino más rápido ni más eficiente para recomponer lo que la crisis ha destruido.

Existe, no solo en el Gobierno, una versión triunfalista que encomia con gran admiración el Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia y lo ve como una ocasión única que nos presta la UE. No obstante, por mucho que se diga lo contrario, los fondos van a venir condicionados no solo por las obligaciones que pueda imponer Europa, sino también por los proyectos en los que hay que gastarlos, que pueden ser muy convenientes para los fines que la UE se ha marcado, pero quizás no sean tan prioritarios para España.

Estos fondos, al igual que los de cohesión y el FEDER en el pasado, de ninguna manera van a compensar los desequilibrios que generan el mercado y la Unión Monetaria ni pueden compararse con la función redistributiva entre personas y territorios que ejercería una verdadera unión fiscal. Parece que son tan solo ese mínimo que están dispuestos a aceptar los llamados países austeros (de austeros nada, simplemente agraciados por la Moneda Única) para evitar que la desigualdad sea tan grande que termine por poner en peligro la Unión Monetaria.

Las desigualdades que está creando la moneda única -y que no hay fondos que puedan compensarlas- se pueden comprobar de manera fehaciente al considerar cómo ha evolucionado la economía de los países. Tal vez una de las variables más significativas sea el montante de deuda pública (también la privada) que acumulan los distintos Estados. En el año 2000, al comienzo del euro, la deuda pública española (59,60% del PIB) y la alemana (60,40% del PIB) se encontraban casi al mismo nivel; actualmente la primera (122,8% del PIB) es el doble que la segunda (69,7%).

A ello hay que añadir que durante estos años nos hemos desprendido de la casi totalidad de nuestros activos, empresas públicas rentables, lo que la prensa llamaba “las joyas de la corona”. Claramente nos hemos empobrecido. La fortaleza económica se mide por el patrimonio neto. Activo menos pasivo. A partir de la creación del euro nos hemos quedado sin activos y hemos engordado fuertemente nuestro pasivo. Curiosamente, algunos de los que están siempre dispuestos a alabar lo exterior y criticar lo interior han contrapuesto el hecho de que Alemania para financiar las pensiones haya acudido a emitir deuda, mientras que España ha subido las cotizaciones, sin considerar que nuestra deuda es el doble que la alemana y nuestra presión fiscal más reducida. Otra cosa es que el Gobierno español no haya escogido precisamente el impuesto más adecuado.

A lo largo de la historia las deudas han significado dolor, sufrimiento y el camino más corto para el empobrecimiento, la prisión e incluso la esclavitud. El endeudamiento también debilita a los Estados cuando lo contraen nominado en una divisa que no es la suya y que no controlan. Puede hacerles perder su soberanía y supeditarlos a poderes extranjeros. Sirva de ejemplo lo que ha ocurrido en muchos países de Latinoamérica con el Fondo Monetario Internacional. La enorme deuda que en estos momentos tiene contraída España y nominada en una divisa que, aunque suya, no controla hace a nuestro país totalmente dependiente de las decisiones del Banco Central Europeo, y de las presiones que este organismo pueda  sufrir en el futuro.

republica.com 27-1-2022



LAS OCURRENCIAS Y LOS GASTOS FISCALES

HACIENDA PÚBLICA Posted on Jue, mayo 12, 2022 19:37:51

Pocos Estados, por no decir ninguno, niegan su función social. Todos los gobiernos declaran que en su política este objetivo ocupa un lugar importante. Cada año, gobierne quien gobierne, hay que escuchar que los presupuestos de ese ejercicio son los más sociales de la historia. No obstante, creo que hay dos formas de ejercer la política social: una, mediante ocurrencias; la segunda, a través del desarrollo del Estado social.

El Estado social requiere un diseño coherente constituido por instrumentos sólidos, columnas en las que fundamentar un tejido de protección que cubra todas las contingencias. Debe ser un puzle bien trabado que no admita lagunas, pero tampoco repeticiones. Buen ejemplo de ello es el dibujado en la Constitución española: educación, sanidad, pleno empleo, seguro de desempleo, pensiones, apoyo a la familia, protección a la dependencia, vivienda, etc. El mapa es completo y no necesita añadidos, que en buena medida serían duplicidades. Se precisa, eso sí, que las dotaciones sean adecuadas y suficientes para cerrar por completo el círculo.

Hay otra forma de enfrentar la política social. Es la que hemos llamado “de ocurrencias”. Es aquella que aunque incluso se profese en teoría el Estado social, se le dota escasamente, y que se pretende solucionar este grave defecto mediante la concesión un tanto anárquica de prestaciones puntuales dirigidas en muchas ocasiones más que a solucionar un problema a generar réditos electorales. El resultado no puede ser más que caótico, en el que se mantienen lagunas, pero también duplicidades. Las subvenciones y las prestaciones se superponen despilfarrando los recursos sin aplicar ningún análisis de coste de oportunidad. Se beneficia a unos y se perjudica a otros.

En España, con el Estado de las Autonomías, la tendencia al desorden y a la repetición se incrementa de manera significativa. Buen ejemplo de lo que se afirma ha sido recientemente la creación del ingreso mínimo vital, que se ha superpuesto a las ayudas autonómicas, con lo que su concesión ha sido totalmente desigual permitiendo enormes vacíos, pero también duplicidades. Este sistema de adición sin orden ni coherencia sobrepasa con frecuencia el ámbito de la protección social para instalarse en casi todo el ámbito del gasto público.

El desorden que puede imperar, a la hora de presupuestar, en los gastos públicos propiamente dichos se multiplica al infinito cuando se trata de otro tipo de gastos que a menudo no tenemos por tales, me refiero a los gastos fiscales. Bajo este nombre se recoge todo tipo de exenciones, bonificaciones, deducciones etc. que, aunque se presenten como minoración de los ingresos, tienen el mismo efecto que los gastos públicos y suelen obedecer a parecidas razones.

A pesar de esa homogeneidad, resulta curioso comprobar las distintas posiciones que se mantienen respecto a estos dos tipos de gastos según la ideología que se profesa. Desde las filas conservadoras y neoliberales, se suele anatematizar el gasto público. En general, siempre está mal visto. Pero esa agresividad desaparece cuando se trata de gastos fiscales. El déficit público y la estabilidad presupuestaria que se utilizan como argumentos para denigrar cualquier incremento en los gastos del Estado, en absoluto se consideran a la hora de establecer los gastos fiscales.

Existe, sin embargo, una diferencia importante que consiste en que mientras el gasto público propiamente dicho -al menos el que combaten los liberales- suele ser gasto social y beneficia en mayor medida a las clases de rentas bajas, los gastos fiscales se orientan principalmente a favor de las clases altas. Al configurarse como minoración de impuestos, tienen un carácter inverso a estos. Serán tanto más regresivos cuanto más progresivos sean los tributos que aminoran. Aun las deducciones o bonificaciones aparentemente más sociales terminan beneficiando en mayor medida a los que tienen mayores rentas.

Los defensores de los gastos fiscales los justifican a menudo en la conveniencia de incentivar la actividad económica o determinadas variables y sectores -curiosamente en este campo todos se vuelven keynesianos- y, sin embargo, su capacidad para estimular es muy reducida, sobre todo cuando se trata de influir en macromagnitudes tales como el ahorro y la inversión. El único resultado que se logra es el de trasladar los recursos, según las ventajas fiscales, de una a otra forma de ahorro o de una a otra inversión, pero sin modificar significativamente las cantidades globales destinadas a estas magnitudes. En épocas de recesión económica, determinadas medidas, si son limitadas en el tiempo, pueden tener el efecto de anticipar decisiones. Pero, desde luego, esa eficacia se pierde cuando se consolidan y los agentes económicos cuentan con ellas.

Los gastos fiscales presentan importantes desventajas con respecto a una actuación decidida del Estado, a través de las distintas partidas de gasto público. En primer lugar, al no estar explicitados en el presupuesto, los gastos fiscales tienden a consolidarse en mayor medida que las partidas de gastos propiamente dichas, cuya conveniencia en teoría se plantea en cada presupuesto. Por el contrario, los beneficios fiscales se cuestionan en contadas ocasiones, excepto para incrementarlos. Una vez consolidados, pierden la poca eficacia que pudieran haber tenido los primeros años de su implantación.

En segundo lugar, al estar difuminados como una reducción de los ingresos, pasan desapercibidos sin sufrir para su concesión los rígidos controles de otros tipos de gastos y, lo que es más importante, en muchos casos se desconoce una cuantificación adecuada de su coste. Es materia propicia para sufrir un cierto espejismo. Todo el mundo considera los teóricos beneficios que se pueden obtener, pero no se contraponen al coste de oportunidad que comportan ni a los resultados que se producirían si se dedicasen esos recursos a otros objetivos.

En tercer lugar y este es uno de sus mayores defectos, son de muy difícil control e incrementan las vías de fraude. Los requisitos que se imponen a cada una de las exenciones, deducciones o bonificaciones en aras de conseguir el objetivo para el que se han aprobado resultan en muchos casos imposibles de comprobar, sobre todo cuando, como ocurre en la mayoría de los sistemas fiscales modernos, las medidas afectan a un gran número de contribuyentes. La generalizada evasión que posibilitan hace que se incremente y multiplique gratuitamente el coste de las medidas.

Al lado de los beneficios fiscales concedidos por el Estado se superponen los de las Comunidades Autónomas. Sus gobiernos son tanto o más dados a las ocurrencias que el gobierno central y tienen propensión a la misma demagogia. Si examinamos, por ejemplo, en el impuesto sobre la renta las distintas deducciones autonómicas de las diecisiete Comunidades, veremos que conforman un catálogo de lo más abigarrado y heterogéneo. Por lo visto, las necesidades y los objetivos son muy dispares según la opinión de cada gobierno. Ni siquiera existe uniformidad cuando pertenecen al mismo partido. En esto como en casi todo, la existencia de las Comunidades Autónomas termina construyendo un escenario caótico. Las ocurrencias se multiplican por diecisiete.

La descentralización fiscal aplicada en España es una de las más altas de Europa. La transferencia a las Autonomías de la capacidad normativa en materia tributaria ha replicado el modelo existente en la Unión Europea entre los Estados con el mismo resultado perverso, solo que la competencia fiscal entre regiones tiene consecuencias más graves que entre países. De todas formas, no deja de ser irónico que la autonomía normativa tan reclamada por los nacionalistas se haya vuelto en su contra.  He ahí al gran político Rufián rugiendo contra la heterogeneidad y reclamando la armonización. Vivir para ver.

Los gastos fiscales, al menos en España, se han convertido en la carcoma del sistema tributario, de manera que algunos gravámenes esenciales han quedado casi vacíos de contenido. Es lo que ha ocurrido con el impuesto de sociedades, cuya recaudación ha disminuido sustancialmente y el tipo efectivo de algunas empresas se ha reducido de forma escandalosa. Tan es así que el Gobierno ha fijado un tipo mínimo del 15%, aunque calculado sobre la base imponible, con lo que pretende conseguir que la carga fiscal ascienda por lo menos a un nivel que no sea indecoroso. Bien es verdad que el método empleado es un tanto chapucero y muy poco ortodoxo. Lo lógico sería que se eliminase la causa que origina la separación entre el tipo efectivo y el nominal, es decir, que se redujesen los gastos fiscales.

Sería de desear que esa seudocomisión de expertos nombrados por la Ministra de Hacienda a mayor gloria del sanchismo tuviese en cuenta que podar los diferentes impuestos de gastos fiscales representaría uno de los procedimientos más adecuados para incrementar la suficiencia y progresividad del sistema fiscal, al tiempo que se simplificarían de forma real y no ficticia los impuestos. Se acrecentaría, además, la transparencia, y se acercaría los tipos efectivos a los nominales. Se destruiría así cierta demagogia que tiende a magnificar el nivel de la imposición, en especial para ciertas rentas que logran a través de deducciones y exenciones un gravamen mucho menor que el que indican los tipos nominales.

republica.com 20-1-2022



EL ESCUDO SOCIAL Y LOS PRESUPUESTOS

HACIENDA PÚBLICA Posted on Lun, noviembre 22, 2021 23:30:38

La semana pasada dediqué mi artículo a los Presupuestos de 2022, en concreto al tema de los ingresos, en el convencimiento de que no podemos hablar de Estado social ni de socialdemocracia sin un sistema fiscal suficiente y progresivo; y me temo que desde hace bastante tiempo el nuestro no es ni lo uno ni lo otro. No cumple la suficiencia porque, sin ir más lejos, ahí está el nivel de pobreza en amplias capas de la sociedad, y la disputa sobre las pensiones y la llamada de todos a recortarlas. No es progresivo, al menos en el grado que debería serlo. Basta reparar en la degradación que ha sufrido a partir de finales de los ochenta.

Bien es verdad que será difícil exigir a la población un sacrificio en la carga fiscal a soportar, si al mismo tiempo no hay un estricto control de la planificación y de la ejecución del gasto público. Cuando el ciudadano observa que se dilapida el dinero o se dedica a objetivos bastardos (aun cuando se piense que es el chocolate del loro en comparación con el total), es difícil que acepte de buen grado los impuestos.

Quizás por eso, tal como señalaba en el artículo anterior, el Gobierno Sánchez en estos presupuestos ha renunciado una vez más a reformar el sistema fiscal, contentándose con algún ajuste sin importancia y con maquillar los ingresos. Lo malo es que el presupuesto se puede maquillar; la liquidación, no, o al menos antes o después se terminan descubriendo las trampas y, además, lo que difícilmente se podrá ocultar será el incremento de la deuda. Este Gobierno se muestra remiso a aceptar el coste político que significa incrementar la presión fiscal, a no ser mediante impuestos indirectos, que pasan más desapercibidos. Pero al mismo tiempo es pródigo en acometer gastos inútiles e ineficaces dedicados a crear chiringuitos donde colocar a sus paniaguados o en actuaciones populistas con fines clientelares, aun cuando lo intente vender afirmando que estos presupuestos son los más sociales de la historia.

Hay un mantra que se va extendiendo y que el Gobierno tiene interés en que circule: la contraposición entre las políticas aplicadas en las dos últimas crisis. La primera, basada en la austeridad y los recortes y la actual, en la solidaridad y el escudo social. En esta enunciación se cometen dos grandes errores. El primero es pensar que en la anterior crisis la política de austeridad se aplicó desde el primer momento. La crisis se inició en 2007 y los recortes y la austeridad no comenzaron hasta mayo de 2010, cuando Zapatero y Salgado hicieron el ridículo más asombroso en Bruselas. Con anterioridad a esa fecha todos éramos keynesianos; aunque en España se aplicaron más bien el populismo y las ocurrencias, como el famoso plan D, el cheque bebé o las ayudas a las familias, en la creencia de que todo ello reanimaría la economía. Después vino el llanto y el crujir de dientes.

El segundo error consiste en pensar que el dinero es gratis y que la deuda puede ser ilimitada. Parece no considerarse la posibilidad de que, a esta etapa de prodigalidad -que también interesaba a los países del Norte- le suceda, al igual que en la crisis de 2008, una era de recortes y de austeridad. Después de haber aumentado la deuda pública en una cantidad equivalente al 30% del PIB, situando el stock en cerca del 125%, me temo que de una o de otra forma se van a terminar imponiendo los ajustes. Lo grave es que todas estas ocurrencias en el gasto no van a servir para solucionar los problemas de las clases bajas ni para disminuir la pobreza.

Casualmente, al tiempo que el Gobierno presentaba los Presupuestos de 2022, Cáritas y la Fundación FOESSA publicaban un informe llamado “Sociedad expulsada y derecho a ingresos». Para algunos, los informes FOESSA son viejos conocidos. Durante la dictadura eran uno de los pocos medios que teníamos para adentrarnos en la realidad social y en la situación de la desigualdad y la pobreza, más allá de las arengas oficiales del régimen. Después de tantos años, hemos de recurrir de nuevo a ellos como contraposición al discurso triunfalista del Gobierno del que el presupuesto es un buen ejemplo.

Según el citado informe, son ya 11 millones de personas los que se encuentran en exclusión social, 2,5 millones más que en la encuesta de 2018. La exclusión severa supera los 6 millones de personas, 2 millones más que los que se desprendían del estudio de 2018. Además, se ha duplicado el número de hogares con todas las personas activas paradas. Como se ve, el informe presenta un panorama muy distinto del que nos retrata el Gobierno. Este repite continuamente que se ha alcanzado el número de empleados existentes en 2019, lo que es totalmente falso, ya que las cifras están adulteradas al no tener en cuenta los trabajadores en ERTE ni los autónomos con cese de actividad. Esto explica que cuando analizamos el empleo considerando el número de horas trabajadas el resultado sea muy distinto. Los asalariados en ERTE, diga lo que diga el Gobierno, no trabajan.

La desigualdad se ha incrementado con respecto a la situación existente con anterioridad a la pandemia y el famoso escudo social ha sido un chasco. Al igual que chasco ha sido el ingreso mínimo vital (IMV). El informe FOESSA se dedica ampliamente a mostrar los ingentes fallos que presenta el diseño con el que se ha construido esta prestación social. El haber denunciado casi desde el principio los desatinos en que se basa, y lo disparatado de haber elegido como modelo la figura del impuesto negativo sobre la renta (ver, entre otros, mi artículo del 3 de septiembre de 2020), me evitan tener que extenderme ahora a comentar las múltiples equivocaciones que señala el informe de FOESSA.

Creo que hoy en día están demostrados de sobra, por activa y por pasiva, los errores, desaciertos y pifias que han rodeado todo lo referente al IMV y lo lejos que está de alcanzar los objetivos que se le había asignado. Es por eso por lo que el estudio también se dedica a proponer una serie de recomendaciones que solucionen el desaguisado. Incluso el mismo Gobierno, ante la evidencia del desastre, está estudiando un conjunto de modificaciones.

Pienso, sin embargo, que todo ello va a tener poco éxito. El IMV parte de un error de fondo que contagia todo su desarrollo posterior y que no parece poder solucionarse con parches. Es como un traje con múltiples desgarros ocasionados por un defecto grave en el tejido. Difícilmente los remiendos pueden solucionar el problema. Sería más práctico retornar al principio, construir una nueva prestación social sin las lacras de la actual, olvidar la fórmula del impuesto mínimo sobre la renta y armonizar las múltiples rentas básicas, llámense como se llamen, de las distintas Comunidades Autónomas. Claro que eso impediría comprar al PNV con su transferencia.

Lo cierto es que el tan cacareado escudo social es solo un eslogan, y el presupuesto más social de la historia otro bluf que difícilmente solucionará en el futuro la pobreza y la desigualdad actuales. Es verdad que el gasto presupuestado se eleva a niveles muy considerables, pero las distintas partidas están elegidas con una finalidad más electoral que social. El gasto se dirige a colectivos, como el de los jóvenes, que no son precisamente los más necesitados, pero sí los que se consideran potenciales votantes. Sánchez nos retrotrae a las ocurrencias de Zapatero.

Ocurrencia va a ser la ley de vivienda que en lugar de solucionar el problema lo va a empeorar. Me he referido en diversos artículos a este tema. Entre otros en el del 26 de marzo de 2020 en estas páginas titulado “Covid y el mercado del alquiler”. La única forma de dar respuesta a la carencia de viviendas es que los poderes públicos (que son los obligados por la Constitución) incrementen la oferta de viviendas en alquiler. Bien es verdad que eso es más complicado que elaborar una ley, aun cuando la ministra de Hacienda la tilde de “preciosa”. Ahora tenían una buena ocasión, dedicando gran parte de los fondos europeos a este cometido en lugar de emplearlos en objetivos tan etéreos como la transición energética, la modernidad, la política de género, la digitalización o el cambio del tejido productivo, cuyo único resultado me temo que consistirá en hacer las delicias de algunas grandes empresas. No hay más que ver cómo están de serviciales con el Gobierno. El 80% de estos fondos figura en el presupuesto como transferencia de capital.

Y ocurrencia es dar 250 euros mensuales a cada joven para vivienda. Y, como pasa con toda ocurrencia, se anuncia la medida sin que hayan pensado ni el cómo ni los requisitos a exigir para acceder a la ayuda. ¿Por qué a los jóvenes?, ¿son acaso los más necesitados? Las estadísticas afirman que la exclusión se da principalmente entre las familias monoparentales, numerosas e inmigrantes (jóvenes o no). ¿Por qué no a los parados de larga duración? Y si hablamos de ocurrencia, cómo no citar esos cuatrocientos euros que se les van a dar como propinilla a todos los que cumplan 18 años en 2022, para que se lo gasten en videojuegos. No vale la pena comentarlo. Parece de chiste. ¿Y los de 17, 19 o 25 años no tienen derecho a la cultura? Cuando existen seis millones de personas en exclusión severa, ¿es este el mejor destino que se puede dar a los recursos públicos?

republica.com 4-11-2021



LOS PRESUPUESTOS, ACONTECIMIENTO PLANETARIO

HACIENDA PÚBLICA Posted on Lun, noviembre 22, 2021 23:25:46

Me gustaría que no se aprobasen los presupuestos. Soy consciente de que voy contra corriente. El motivo está lejos de ser la creencia de que Sánchez, de esta forma, tendría que abandonar la Moncloa. La legislatura se va a terminar con presupuestos o sin presupuestos. La diferencia es que, para aprobar unos nuevos, Sánchez va a tener que pagar a cada uno de sus socios el correspondiente tributo, que no irá a su cargo, sino al de todos los españoles. He aquí la razón de mi deseo.

No puedo por menos que sonreír cuando leo en la prensa o escucho en la radio o en la televisión que el presupuesto es el documento político más importante del año; que constituye el programa del Gobierno para el ejercicio; que es fundamental para la economía. En realidad, no hay nada de eso. Prácticamente todo lo que se puede hacer con un nuevo presupuesto se puede hacer igualmente con el anterior prorrogado. La flexibilidad de las modificaciones presupuestarias es tan grande y los créditos extraordinarios se usan con tanta frecuencia que el presupuesto prorrogado se puede modificar todo lo que se necesite para acometer aquellos gastos que el Gobierno desee. En realidad, los cambios pueden producirse y se van a producir tanto si es en el prorrogado como en el nuevo. Recuerdo que un antiguo funcionario de Hacienda, curtido en elaborar las cuentas públicas, medio en broma medio en serio, afirmaba que el presupuesto consistía en un solo crédito y ampliable.

La elaboración de unos nuevos presupuestos se ha convertido en un acto de pura representación, de prestigio para un gobierno o, mejor dicho, de desprestigio en el caso de que no logre aprobarlos. Aprobarlos es prueba de que cuenta con estabilidad parlamentaria. De hecho, el Gobierno Sánchez ha funcionado hasta este año con un presupuesto prestado y prorrogado y sin que ello le haya impedido hacer lo que se le antojara en los años anteriores. Para él,  el presupuesto es tan solo un instrumento para su promoción y propaganda.

Es verdad que todos los gobiernos han transmitido una imagen idílica de los presupuestos y todos los han presentado convenientemente maquillados. Cada año se repite que son los más sociales de la historia. Pero qué duda cabe que este es muy especial. Para darse cuenta de ello basta haber presenciado la rueda de prensa de la ministra de Hacienda. Se ha superado con respecto al año pasado, y miren que era difícil. Amén de la verborrea que en ella es tradicional, todo es lo más de lo más y aún más. No ha habido capitulo, partida o aspecto del que no haya dicho que en él este presupuesto constituye un hito histórico. Le faltó citar a Leire Pajín y el acontecimiento planetario.

Todos son juegos de artificio. Y detrás, el maquillaje de las cifras. Comenzando por un cuadro macroeconómico con previsiones que poco tienen que ver con la realidad, pero que sirven de soporte adecuado para cuadrar las cifras presupuestarias que se desean. Ni siquiera intentan disimularlo. No se han molestado en cambiar las estimaciones ni para 2021 ni para 2022, tras el último ajuste que para el segundo trimestre del año actual ha realizado el INE. El Banco de España ya ha anunciado que modificará a la baja sus previsiones, a pesar de que en este momento son bastante inferiores a las del Gobierno.

Es difícil de creer que en este año y el siguiente, el PIB vaya a crecer un 6,5% y un 7%, respectivamente. El FMI acaba de revisar sus estimaciones para España, fijando para 2021 un 5,7% de crecimiento -ocho décimas inferior a la del Gobierno- y para 2022, un 6,4%, seis décimas menos. ¿Cuál es la finalidad de inflar las previsiones? Una, inmediata. Poder denominar a estos presupuestos los de la recuperación justa. De lo de justa hablaremos más adelante. En cuanto a la recuperación, es que por poco que se corrigiesen a la baja sus estimaciones la recuperación, es decir, la vuelta a la renta de 2019, no se produciría en 2022. Mientras que la mayoría de los países europeos retornarán a los niveles de PIB de 2019 en el próximo año – si no lo hacen en este-, España tendrá que esperar al 2023.

Pero existe otra, la de poder inflar los ingresos de manera que sin tener que pronosticar un déficit escandaloso e inasumible para Europa, haga creíble la posibilidad de acometer todo ese festival de gasto que se presupuesta, gran parte, sin tener en cuenta el coste de oportunidad. El monto de la verbena es, no obstante, de tal calibre que se precisan maquillar adicionalmente los propios ingresos, para que se pueda ofrecer un cierto aspecto de coherencia.

Realizando comparaciones con 2019 -las únicas que tienen significado, puesto que 2020 y 2021 son años anormales por la pandemia- y aceptando las propias cifras de crecimiento proporcionadas por el Gobierno, el PIB nominal experimenta un aumento del 5,6%, casi todo ello debido a la elevación de los precios, mientras que los ingresos tributarios totales se prevé que aumenten el 9%. Sin embargo, no hay en los presupuestos ninguna modificación tributaria de envergadura, lo cual es sorprendente en un gobierno que se llama progresista y que tilda al presupuesto de recuperación justa, para justificar esta diferencia.

Quizás lo más relevante sea la fijación de ese 15% de tipo mínimo en el impuesto sobre sociedades para las empresas con un nivel de facturación superior a 20 millones. Es una medida que tiene más de populismo y de propaganda que de eficacia. Es, además, burda, de trazo grueso; sin ninguna finura, cae en lo que los fiscalistas llaman “error de salto”. El incremento en las ventas de un solo euro puede significar contraer la obligación de contribuir por ese 15%, de manera que al empresario no le interesará vender más de veinte millones de euros hasta que el exceso de facturación sobre esta cantidad compense el plus de tributación que tiene que abonar. Por otra parte, el volumen de ventas no es un buen indicador del tamaño de una compañía. Puede haber muchas diferencias dependiendo del sector al que se pertenezca.

Es verdad que esta medida, patrocinada por la OCDE, ha sido aprobada por 136 países para implantarla en 2023. Pero se trata de un acuerdo de mínimos adoptado entre naciones de características diferentes y de desarrollos económicos y sociales difícilmente comparables; algunas con sistemas fiscales incipientes e injustos. Lo que resulta incomprensible y hasta cierto punto irrisorio es que España se contente con ese mínimo y que el Gobierno lo presente como el culmen del progresismo, tanto más cuanto que el 15% no se gira sobre los beneficios, sino sobre la base imponible, es decir, después de minorar los resultados con una serie de deducciones o bonificaciones que pueden vaciar de contenido esta magnitud.

No se puede negar que el impuesto sobre sociedades quedó muy dañado en España tras el mandato de Zapatero. Pero precisamente por ello lo que se necesita es una reforma en profundidad y no creer que se ha cumplido con un mero parche sin apenas consecuencias prácticas. La prueba de la insignificancia de la medida se encuentra en que el mismo Ministerio de Hacienda prevé una subida muy escasa de la recaudación. La previsión del crecimiento del impuesto de sociedades sobre la de 2019, se cifra tan solo en un 3%, en otras palabras, que ni siquiera cubre la inflación, y se minora por tanto en términos reales.

Muy al contrario, el crecimiento previsto sobre 2019 del impuesto sobre la renta es de un 15%, porcentaje que choca con el incremento del PIB nominal que, según los propios datos del Gobierno, se eleva tan solo al 5%. Todo ello resulta difícil de creer cuando no hay ninguna modificación fiscal de calado que pueda hacer que la recaudación se incremente más que el PIB nominal. Desde luego la disminución de la cuantía máxima a desgravar en el próximo año por aportaciones a los planes de pensiones no puede ser la causa de esta discrepancia.

La importancia de esta medida se ha exagerado. Unos, al presentarla como un gran avance progresista; otros, como una grave injusticia. Ni lo uno ni lo otro. Hace ya bastantes años que los fondos de pensiones dejaron de ser beneficiosos para los partícipes, si es que lo fueron alguna vez. Solo son productivos para los bancos que cuentan con un dinero cautivo para invertirlo donde les interese, amén de obtener lucrativas comisiones. Desde que Montoro eliminó la deducción del cuarenta por ciento que tenían en el rescate no son en absoluto interesantes para los contribuyentes. Lo que se deduce del impuesto, ahora en la suscripción, se gravará en el momento del rescate.

La única ventaja puede venir dada por la divergencia en el tipo marginal que tenga el participe en ambas ocasiones. Para la mayoría de los contribuyentes que tengan capacidad de ahorro como para invertir en fondos de pensiones, la diferencia entre un caso y otro será insignificante, y de cualquier modo no compensará el coste de tener cautivo durante tantos años el dinero, el riesgo de desconocer en qué se invierte y de las comisiones que se deben abonar tanto a la gestora como a la depositaria.

El Gobierno, una vez, más huye de hacer una verdadera reforma fiscal que modifique en profundidad tanto el impuesto de sociedades como el de renta, y que incremente la progresividad y la suficiencia del sistema. Lo de la comisión de expertos es una burda coartada. No se necesitan comisiones, sino voluntad política. Tampoco vale el argumento de que en una crisis no se pueden subir los impuestos. Todo depende de qué tributos se incrementen, a qué contribuyentes afecten y a qué se dediquen los fondos recaudados. Según y cómo no solo puede ser posible, sino hasta muy conveniente.

Republica.com 28-10-2021



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