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ARTÍCULOS RECIENTES CONTRAPUNTO

PEDRO SÁNCHEZ, CUATRO AÑOS DESPUÉS (II)

PSOE Posted on Sun, January 19, 2020 00:04:15

En el artículo de la semana pasada mantenía (con algunos ejemplos como el de la judicialización de la política) que una de las peores consecuencias de los pactos que Sánchez ha firmado con los secesionistas de todos los pelajes radica en haber accedido a utilizar su propio lenguaje, lenguaje que tiene muy poco de inocente. Detrás de él hay todo un discurso y una concepción política claramente contraria a la Constitución, y me atrevo a decir que también al Estado de derecho. El nacionalismo ha desplegado una gran habilidad para utilizar palabras con un doble sentido que, si aparentemente parecen inocuas, no lo son. Cuando el Gobierno de la nación usa el lenguaje de los golpistas -incluso de los defensores de los terroristas-, los está blanqueando, legitimando, incluso internacionalmente. Termina siendo presa, además, de la ambigüedad de su discurso y sus planteamientos.

Sánchez habla ya sin ningún pudor de conflicto político. Expresión que los independentistas catalanes han copiado de ETA, y que tiene unas connotaciones  difícilmente aceptables. El mismo Sánchez hace solo algunos meses negaba que se diese un conflicto político y, en su lugar, hablaba de un conflicto de convivencia entre catalanes; pero ya sabemos que Sánchez puede cambiar de discurso en veinticuatro horas. Lo que sí se puede sostener es que en Cataluña hay un problema (no conflicto) político. Pero, como acertadamente sostuvo Ortega en las Cortes españolas con motivo del debate del estatuto de autonomía de Cataluña, no todos los problemas tienen que tener solución, y eso parece que es lo que ocurre con el catalán, que solo se puede conllevar. Bien es verdad que, como el mismo Ortega defendía, la “conllevanza” no solo implica “que los demás españoles tenemos que conllevarnos con los catalanes, sino que los catalanes también tienen que conllevarse con los demás españoles”. Y yo me atrevería a decir que unos catalanes tienen que conllevarse con los otros. Sería bueno que todos los que piensan que el problema nacionalista (problema eterno, lo llamaba Unamuno) puede solucionarse a base de concesiones, leyesen el memorable discurso de Ortega en aquella ocasión. Aun cuando fue pronunciado hace noventa años, sigue siendo perfectamente aplicable en la actualidad.

Para los sediciosos, la expresión conflicto político tiene varias derivaciones que Sánchez está asimilando una tras otra. La primera es que con ella se pretende indicar que no es un conflicto judicial, de lo que ya hablamos la semana pasada. La segunda es que lo plantean como un conflicto entre España y Cataluña. Pero ellos no son Cataluña; y, además, Cataluña, les guste o no, también forma parte de España. El único conflicto posible es de orden público. Una parte de Cataluña se subleva contra todo el Estado y, por lo tanto, también contra Cataluña, y pretende imponer por la fuerza y no mediante la ley sus pretensiones. La tercera derivada es que aprovechan para plantear todo en términos de bilateralidad.

Los catalanes -incluso muchos de los no nacionalistas- han reclamado siempre la bilateralidad, como una forma de especificidad, de salirse del común de confesores, del resto de las Autonomías. Invocan con frecuencia lo que llaman sus hechos diferenciales y algunos, como los del PSC, que si en teoría no son nacionalistas siempre han estado próximos, reclaman el federalismo asimétrico. Sánchez en el debate de investidura enumeró todos los estatutos de autonomía que recogían la bilateralidad. Constituye uno de los efectos negativos del nacionalismo, que todas las regiones quieren alcanzar sus mismos privilegios y así terminan copiando sus mismos defectos y desviaciones.

En cualquier caso, por mucho que los estatutos de autonomía recojan la bilateralidad, en ninguna Comunidad como en Cataluña se establece una mesa de diálogo, de tú a tú, de igual a igual, entre los dos gobiernos a los máximos niveles. Esta mesa se sitúa fuera de toda la estructura y organización del Estado y de la Comunidad Autónoma, suspendida en el aire, con la finalidad de que, como afirman los sediciosos, sus acuerdos no se puedan recurrir ante los tribunales (desjudicializar la política), por encontrarse en el limbo jurídico y administrativo. En ninguna Comunidad como en Cataluña se alterna el lugar de la reunión entre gobiernos (Madrid-Barcelona) para dejar constancia de forma muy expresiva de que la negociación se hace de igual a igual. Y con ninguna Comunidad Autónoma como con Cataluña se constituye una mesa de negociación en la que se pueden tratar todos los temas, aun los ilegales y los que vayan contra la Constitución.

En el acuerdo firmado por Pedro Sánchez se asume el lenguaje de los secesionistas al eludir la palabra Constitución, sustituyéndola por esa expresión tan ambigua de “los mecanismos previstos o que puedan preverse en el marco del sistema jurídico-político”. Los sanchistas se defienden asegurando que en esa fórmula está contenido el reconocimiento a la Constitución, pero habrá que preguntar, entonces, la razón por la que no se la cita expresamente. La respuesta resulta sencilla y lo han manifestado los mismos secesionistas. Ellos interpretan la afirmación remitiéndose a un supuesto derecho internacional inexistente y por relación a unos etéreos derechos humanos con exégesis propia y singular, que se colocan frente a la Constitución y a la legislación española.

El acuerdo contempla también someter a referéndum en Cataluña (aun cuando lo llame consulta) el resultado de la mesa. El actual secretario de Organización del PSOE se refirió a esta anormalidad alegando que la población tiene que opinar para superar el conflicto enquistado y recomponer la Comunidad de Cataluña. No parece que haya nada parecido en nuestra Constitución y en nuestras normas jurídicas que estipule que la población de Cataluña, al margen de los ciudadanos del resto de España, tenga que opinar acerca de las conclusiones aprobadas en una mesa inexistente jurídica y administrativamente hablando.

Es cierto que los estatutos de autonomía se someten a votación de los ciudadanos de la respectiva Comunidad, pero la mesa bilateral que se propone no tiene nada que ver con las reformas estatutarias. Primero, porque no sigue el camino procedimental de ellas. Se deja al margen tanto al parlamento catalán, como a las cortes españolas. Segundo, porque los golpistas han afirmado una y otra vez que ya no están en clave autonómica y estatutaria. Tercero, después del chasco del anterior estatuto, no creo que quede mucho margen para modificaciones estatutarias, a no ser que se pretenda repetir la actuación de Zapatero y cambiar la Constitución por la puerta de atrás disfrazada de reforma del estatuto de autonomía.

El 8 de abril de 2014, el soberanismo trajo a las Cortes la petición, más bien exigencia, de que el Congreso delegase en el Parlament la competencia para convocar en Cataluña un referéndum no vinculante acerca de su autodeterminación. La propuesta fue rechazada con los votos del PP, del PSOE, de UPD, y de alguno del grupo mixto. En total, 299 frente a los 47 a favor, de los nacionalistas y de IU. El resultado contrasta con lo que hemos presenciado estos días de atrás en el Parlamento. La diferencia es que entonces Pérez Rubalcaba lideraba el grupo socialista, y hoy la Secretaría General del PSOE está ocupada por Pedro Sánchez. El requerimiento de los proponentes fue claro y muy expresivo de cómo iban a concebir el diálogo a partir de entonces: “Es un proceso sin retorno”. Es decir, la alternativa es sí o sí. Si no nos lo dan, nos lo tomaremos. Lo que no estaba previsto es que en esa tarea fuesen a tener la ayuda del presidente del Gobierno de España, y por supuesto del vicepresidente segundo.

Lo más impúdico de la posición adoptada por Sánchez es que todas sus concesiones no han tenido ni una sola contrapartida de parte de los golpistas. No han renunciado a la unilateralidad, o lo que es lo mismo, amenazan con repetir el golpe de Estado. No han cedido ni un ápice. Más bien, todo lo contrario. Se han crecido y piensan que todas las bazas están en su mano. Tanto Bildu como Esquerra en el debate de investidura han actuado con total chulería sin ocultar lo más mínimo sus planteamientos.

No se lo han puesto fácil a Sánchez. Daba vergüenza ajena. Él, tan prepotente habitualmente, se ha empequeñecido ante las intervenciones y exabruptos de los golpistas y batasunos. Ha tenido que escuchar de Montse Bassa que le importaba un comino la gobernabilidad de España. Tanto EH Bildu como Esquerra Republicana le han dejado claro quién manda. Mertxe Aizpurua se lo advirtió de forma bastante elocuente: “Sin nuestros votos y sin atender la demanda de nuestras naciones no habrá gobierno progresista”. Nadie le contestó que era su presencia la que impedía precisamente cualquier gobierno de corte progresista. A su vez, Rufián también le previno que sin mesa de diálogo no habrá legislatura.

Uno de los efectos más perniciosos del sometimiento de Sánchez a los golpistas es la repercusión muy negativa que va a tener en el exterior. Es difícil que los jueces y los políticos europeos se crean que en España se ha producido un golpe de Estado cuando el presidente del Gobierno funda en los golpistas su nuevo gobierno y plantea la necesidad de desjudicializar la política, como primera medid cambia de fiscal general para conseguirlo. No deja de resultar irónico que Borrell tras la moción de censura criticase al gobierno de Rajoy por no haber sabido contrarrestar el relato de los golpistas en el extranjero y prometía solemnemente que el nuevo gobierno sabría corregir esta omisión. Está claro que lo ha conseguido, ya no es una omisión, sino una postura activa. Pedro Sánchez se está convirtiendo en el portavoz del pensamiento independentista.

En el debate de investidura Sánchez centró toda su argumentación en dos ideas. La primera, agrupar a todos los que no le apoyan, en lo que llama mayoría de bloqueo. Es realmente irónico escuchar al señor del “no es no”, eslogan con el que ganó las primarias, atribuir a los demás lo que él llevaba haciendo desde el 2015, porque en realidad el bloqueo ha existido desde esa fecha y ha sido él quien de una u otra forma ha estado bloqueando el funcionamiento normal del sistema político hasta que se ha hecho con el gobierno.

La segunda ha consistido en repetir una y otra vez que este es el gobierno que han elegido los españoles, lo que es totalmente falso. En el sistema político español, los ciudadanos no eligen al gobierno ni a su presidente, sino a los diputados y son estos los que eligen al presidente del gobierno. A Pedro Sánchez, por lo tanto, quienes le han elegido son los golpistas de Esquerra, los postetarras de Bildu, los nacionalistas del PNV; algunos regionalistas que se han lanzado a imitar a los nacionalistas y que están dispuestos a vender su voto al mejor postor; Podemos, que hace tiempo que perdió el norte; y los propios diputados socialistas que habían hecho la campaña electoral con un discurso radicalmente diferente al que ahora se ven obligados a asumir.

Teniendo en cuenta esto último no es extraño que Inés Arrimadas se haya acordado de Sodoma y Gomorra y haya pedido no treinta justos como Abraham, sino uno solo que impidiese que el gobierno de España quedase rehén de los golpistas y de los defensores de ETA. La demanda de Arrimadas tenía su fundamento en el hecho de que en 2016 los órganos del partido socialista echaron a Sánchez de la Secretaría General ante la sospecha de que intentaba hacer lo que ahora por fin ha consumado. El requerimiento de Arrimadas, sin embargo, tenía desde el principio poco futuro considerando la purga a la que Sánchez ha sometido al grupo parlamentario socialista, precisamente en previsión de que cuando diese el salto al gobierno  Frankenstein no hubiese nadie dispuesto a oponerse. Lo que sí parece cierto es que -quieran o no- quedarán marcados por haber colaborado en esa ignominia que tuvo ya su antecedente en la moción de censura.

Hay quienes en arranque de optimismo anuncian que este gobierno durará muy poco porque, según dicen, en seguida surgirán los enfrentamientos y discrepancias. Creo que quienes así piensan se equivocan; quizás no conocen a Pedro Sánchez. Carmen Calvo lo ha dicho con total rotundidad: esta legislatura durará cuatro años, y es que una vez que ha sido investido, Sánchez tiene la sartén por el mango y el mango también, tal como se decía en aquella famosa adaptación del “Tartufo” de Llovet-Marsillach, que se puso en escena en la época franquista y en la que se criticaba a los ejecutivos del OPUS. Una vez en la presidencia del gobierno no hay nada ni nadie que le pueda obligar a marcharse. La moción de censura es constructiva y pase lo que pase es quimérico pensar que pueda prosperar una alternativa a Sánchez. Y este no va a estar dispuesto en ninguna circunstancia a la dimisión ni a disolver las Cortes. Con acuerdos y sin acuerdos, con presupuestos o sin presupuestos, nada le va a hacer que abandone la Moncloa. Durante cuatro años ha sido capaz de pasar por todo con tal de llegar a la presidencia del gobierno, tanto o más fácil le será ahora mantenerse. 

republica.com 17- 1- 2020



PEDRO SÁNCHEZ, CUATRO AÑOS DESPUÉS (I)

PSOE Posted on Sun, January 12, 2020 23:01:21

Le ha costado cuatro años, pero lo ha conseguido. En diciembre de 2015 nadie podía imaginarlo, ni tampoco hasta dónde íbamos a llegar en los desatinos. Era difícil, por no decir imposible, prever entonces la aberración que se iba a consumar en el Congreso el día 7 de enero de este año. Solo se le pudo pasar por la cabeza a Sánchez. Bueno, tal vez también a alguien más, al artífice, al ideólogo, a Iceta. Sánchez puede ser un inmoral, que lo es, pero de ninguna manera es tan listo. Iceta, por el contrario, es un Rasputín, curtido en no se sabe cuántos aquelarres políticos, que han constituido su única profesión y universidad, y dispuesto siempre a la intriga y a moverse entre dos aguas, como buen militante del PSC.

En diciembre de 2015 Sánchez no tenía a favor prácticamente nada. Había perdido las elecciones y, además, con unos resultados peores que los obtenidos por Almunia y Pérez Rubalcaba en sus respectivos comicios, tras los cuales ambos habían dimitido. Cabría suponer que Pedro Sánchez les imitaría. Nada de eso pasó por su mente, más bien acariciaba la idea de ser presidente de gobierno. Comenzó por negar cualquier diálogo o negociación con Rajoy, con lo que aparentemente quedaba bloqueado el camino hacia la formación de todo gobierno, ya que en aquellos momentos nadie contemplaba como viable un acuerdo con los nacionalistas catalanes, que estaban ya en un proceso claro de rebeldía. Sánchez, como más tarde se ha comprobado, no era de la misma opinión y continuó pensando de manera similar tras los comicios de 2016, en los que consiguió peores resultados y quedó aún a una mayor distancia del PP.

Los botafumeiros de Sánchez repetían a diario que este nunca pactaría con los secesionistas. Está claro, a la vista de los acontecimientos posteriores, que se equivocaban (o bien querían equivocarse). Sánchez, aparentemente, no disponía de ninguna baza, excepto la falta absoluta de escrúpulos y su capacidad para colocar su ambición y su yo por encima de cualquier otra consideración. Era capaz de pactar con el diablo si era preciso para obtener su objetivo.

Ha tardado cuatro años, pero finalmente lo ha logrado. Para ello ha tenido primero que desvertebrar totalmente su partido estableciendo, ayudado por ese mal invento de las primarias, un sistema caudillista en el que han desaparecido todos los contrapoderes. Ha montado una Comisión Ejecutiva, un Comité Federal y un grupo parlamentario a su conveniencia con personas de su total confianza. De ahí que haya conseguido que el tradicional pensamiento del PSOE en materia territorial haya dado un giro radical. Se ha echado en manos del PSC, lo que provocó que él y el PSOE en su conjunto hayan mantenido una postura confusa ante el secesionismo, una actitud ambigua que se proyectó en el 1 de octubre y en la misma activación del art. 155 de la Constitución. En esta ocasión condicionó su aprobación poniendo limitaciones tanto en su contenido como en su duración.

No tuvo ningún inconveniente en llegar a la presidencia del gobierno mediante la farsa de una moción de censura ganada con la complicidad de los nacionalistas catalanes, que para entonces eran ya golpistas. No puso ningún obstáculo en establecer una negociación humillante, de igual a igual con el gobierno de la Generalitat cediendo en casi todas sus pretensiones. No le importó incluso presionar a la Abogacía del Estado para que modificase su calificación en el proceso del 1 de octubre. Como el nacionalismo no tiene límite, llegó cierto momento en que Sánchez creyó que le era imposible aceptar todas sus reivindicaciones, no tanto por considerarlas inmorales o injustas, sino porque podían ser perjudiciales para sus intereses, que entonces pasaban más por convocar unas nuevas elecciones. Creía que los resultados le darían un mayor margen de maniobra.

El desenlace no fue el esperado ni en los primeros comicios (18 de abril) ni en los segundos (14 de noviembre), a pesar de que durante su estancia en la Moncloa supo utilizar partidistamente todos los engranajes de poder, y a pesar también de que durante este tiempo Sánchez cambió, sin el menor pudor, de discurso y de planteamientos todas las veces que consideró conveniente, diciendo digo donde antes decía diego. Al final ha elegido de nuevo el gobierno Frankenstein como la forma que mejor le garantiza su continuidad en la Moncloa. Este Gobierno será ahora más  Frankenstein que nunca. Son diez las formaciones políticas implicadas, siete de ellas nacionalistas o regionalistas (eso, si consideramos a Podemos como partido nacional, que es mucho considerar pues en su interior conviven por lo menos tres o cuatro organizaciones distintas). Ciertamente, el aglutinante de este Gobierno no tiene nada que ver con la homogeneidad ideológica, sino con los intereses partidistas y provincianos de cada una de las formaciones. Cada uno extiende la mano para recibir el peaje, que Pedro Sánchez pagará con el dinero de todos.

Especial gravedad tienen los acuerdos con Bildu, PNV y Esquerra Republicana de Cataluña, porque los peajes, aparte de ser crematísticos, van a afectar a la estructura territorial y a la soberanía nacional. Las tres formaciones políticas se han mostrado muy satisfechas por el acuerdo. Esquerra y Bildu han declarado que se trata de una gran oportunidad. Si para ellos significa una gran oportunidad, echémonos a temblar el resto de los españoles. Pero quien ha mostrado más alegría quizás haya sido Andoni Ortuzar, quien ha llegado a decir que el nuevo gobierno era un regalo de reyes para todos los españoles. Hay que pensar que para quien es en realidad un gran obsequio es para el nacionalismo vasco; se les ha concedido todo lo que habían pedido en la carta a los reyes magos, es decir, todo eso que llaman “la agenda vasca”.

El PNV nunca da puntada sin hilo, y en esta ocasión son muchas las puntadas y muchos los hilos. Solo había que ver la cara de satisfacción de Andoni Ortuzar en la rueda de prensa. Con tal de lograr los seis votos que le podían hacer presidente, Sánchez les ha concedido todas sus reivindicaciones, incluso para el gobierno de una Comunidad vecina, como Navarra, dando a entender que es algo más que vecina, y todo ello con la pasividad de la señora Chivite y del resto del Gobierno navarro.

Lo malo de este acuerdo, al igual que del firmado con Esquerra, es que quien va a ser presidente del gobierno español asume un discurso muy querido por el nacionalismo, pero nunca aceptado hasta ahora por el gobierno central, tales como el compromiso “de cambiar la estructura del Estado al reconocimiento de las entidades territoriales acordando en su caso las modificaciones legales necesarias a fin de encontrar una solución tanto al contencioso de Cataluña como en la negociación y acuerdo del nuevo estatuto de la CAV, atendiendo a los sentimientos nacionales de pertenencia”. En román paladino, la concesión del carácter de nación (no solo cultural, sino también político) a Cataluña y al País Vasco.

En la misma línea aparece, tanto en el acuerdo con el PNV como en el acuerdo con Esquerra, el tópico tan querido por los nacionalistas de eliminar lo que llaman judicialización de la política. Negar en cualquier área social toda posibilidad a la actuación judicial es tolerar la anarquía, el desorden y la delincuencia, que es por ejemplo lo que se ha instalado desde hace tiempo en la política catalana. Precisamente el Estado de las Autonomías blinda a las Comunidades de tal manera que el Gobierno central carece de instrumentos adecuados ante las ilegalidades -incluyendo la rebelión frente al Estado- que los gobiernos y demás instituciones autonómicas puedan cometer, a no ser la compra de la paz con nuevas concesiones, que parece que es el camino que propugnan el PSC y Sánchez. Cuando una Autonomía aprueba acuerdos o leyes que son anticonstitucionales, pocas opciones le quedan al gobierno central como no sea acudir al Tribunal Constitucional, y cuando los políticos autonómicos cometen delitos tipificados en el Código Penal los tribunales no tienen más remedio que actuar. Impedir u obstaculizar en este caso la acción de la Fiscalía constituye cuando menos una prevaricación.

El peligro no está tanto en la judicialización de la política como en la politización de la justicia, y hacia ello se está escorando Pedro Sánchez. En función de sus intereses, que no son otros más que permanecer en la Moncloa, ha pretendido manipular a la Abogacía del Estado y a la Fiscalía. A esta última institución le ha resultado imposible controlarla hasta ahora; sin embargo, ha entrado a saco en la primera hasta sumirla en el mayor desprestigio. Primero fue la negativa de la ministra de Justicia a defender al juez Llarena cuando fue acusado por los fugados golpistas en un tribunal de Bélgica. En ese momento pretendió escudarse en un informe de la Abogacía del Estado. Después, fue el vergonzoso cambio de criterio en la tipificación penal de los hechos llevados a cabo por los acusados en el proceso del 1 de octubre. Cambio que se produjo por presiones del Gobierno, hasta el extremo de cesar al abogado del Estado responsable cuando este se negó a firmar un informe que no había hecho.

Más tarde, un acontecimiento, casi un vodevil. Pedro Sánchez pretendía la investidura. Con la intención de presionar a los otros partidos mediante los gobiernos de las Comunidades Autónomas, la doctora ministra de Hacienda tuvo la ingeniosa idea de encargar un informe a la Abogacía del Estado en el que se defendiese que un gobierno en funciones no tiene competencias para transferir las entregas a cuenta y devolver la liquidación del IVA a las Autonomías. La investidura no se llevó a cabo. Se disolvieron las Cortes y entramos en campaña electoral. Los intereses de Pedro Sánchez también cambiaron. Ahora quería presentarse ante la ciudadanía como pródigo y generoso, con lo que de nuevo se acudió a la Abogacía del Estado para que dijese lo contrario de lo que había sostenido antes, es decir, que un gobierno en funciones sí podía instrumentar las susodichas transferencias. El nuevo informe no tuvo más remedio que firmarlo la abogada general del Estado.

Por último, ha llegado la traca final. Lo nunca visto. Una vez más se demostraba que Pedro Sánchez se podía superar a sí mismo. Que estaba dispuesto a pasar por todo con tal de conseguir la investidura. Pedro Sánchez ha consentido que la postura a tomar por la Abogacía del Estado de cara a la situación en la que queda Junqueras después de la sentencia del Tribunal de Luxemburgo entrase públicamente en la balanza, como una mercancía más, de una negociación política y no demasiado limpia para su investidura. El tema ha sido tan vergonzoso que el informe de la Abogacía del Estado (órgano acusador) le ha sido presentado a Junqueras (delincuente) para su visto bueno antes de mandarlo al Tribunal Supremo.

Algunos periodistas y tertulianos, con tono docto, han querido ilustrar al personal manifestando que la Abogacía General del Estado es una subsecretaría del Ministerio de Justicia y, por lo tanto, tiene que obedecer al Gobierno. Lo primero es cierto; lo segundo, no. Al menos no en todos los sentidos. Toda la Administración depende del Gobierno, pero la ley y el ordenamiento jurídico están por encima de ambos. Es a ese ordenamiento jurídico al que de forma prioritaria los abogados del Estado, al igual que el resto de la Administración, deben supeditarse, máxime en un tema tan sensible como la posición que como acusadores en nombre del Estado mantienen ante los tribunales. ¿Alguien podría imaginar las consecuencias de que el Gobierno pudiese dar órdenes a los inspectores fiscales señalando los contribuyentes concretos que deben inspeccionar y a quién deben sancionar y a quién no?

Los que hemos trabajado muchos años en la Administración sabemos que las presiones políticas existen y que afectan -qué duda cabe- a los abogados del Estado, pero pienso que en temas menores y siempre con límites. Conocemos que los abogados del Estado, como buenos abogados, son especialistas en hacer cuando quieren informes ambiguos en los que no se sabe si van o vienen. Pero siempre dentro de un orden y sin traspasar determinadas líneas rojas. Ahora bien, en este caso se han traspasado las líneas de todos los colores. Difícil encontrar un informe tan alambicado, contradictorio y confuso como el presentado por la Abogacía del Estado al Supremo, y es que se ha querido servir a muchos señores. Solo comparable, por cierto, con el comunicado emitido por la asociación de abogados del Estado. Es totalmente imposible saber lo que querían decir. En algún artículo he señalado el papelón que estaba haciendo la abogada general del Estado. Hoy tengo que preguntarme, con tristeza, acerca del papelón que ha hecho la asociación profesional de abogados del Estado que, se quiera o no, va a terminar salpicando a todo el colectivo.

Intento gravísimo de politizar la justicia se encuentra también en ese punto del acuerdo firmado entre el PSOE y Podemos en el que proyectan que el acceso a la carrera judicial se realice por la puerta de atrás por el método de la selección a dedo. Pero este tema merece que le dediquemos un artículo completo otra semana.

El otro día en el debate, Sánchez repitió continuamente que el PSOE ha ganado las elecciones. Eso no significa nada en un sistema parlamentario en el que lo que cuentan son las alianzas. No las había ganado en el 2016 y, sin embargo, llegó a presidente de gobierno. Lo que a Sánchez le ha permitido estar este pasado año en la Moncloa y lo que le va a permitir ahora formar gobierno es el hecho de ser capaz de doblegarse y humillarse ante los independentistas, ante los que han dado un golpe de Estado, y aún permanecen en él cómodamente. La hégira de Pedro Sánchez demuestra sobradamente que Maquiavelo tenía razón y que en política -al menos a corto plazo- no gana el más honesto y sincero ni el más consecuente, ni siquiera el más inteligente y preparado, sino el más mendaz, tramposo y carente de escrúpulos, triunfa el que carece de todo principio, el que está dispuesto a resistir (manual de resistencia), el que se pega a los sillones y si es preciso se arrodilla para conseguir sus propósitos.

republica.com 10-1-2020



SÁNCHEZ Y LAS SITUACIONES INSÓLITAS

PSOE Posted on Wed, December 18, 2019 00:01:20

Dicen que Esquerra no tiene ninguna prisa por llegar a un acuerdo con el PSOE. Y es que mientras no den el sí, tienen a Pedro Sánchez cogido por las solapas. Saben que su fuerza y su influencia disminuirán sustancialmente tras la investidura. Una vez nombrado, échale un galgo. Hay quienes dicen que este gobierno va a durar muy poco. Están un poco despistados. Con presupuestos y sin presupuestos, en cuatro años no va a haber quien mueva a Sánchez de la Moncloa.

El óptimo de Esquerra pasa, en consecuencia, por que la negociación dure lo más posible, pues mientras esta se mantenga permanecerá el chantaje. El problema es que la interinidad y el gobierno en funciones pueden alargarse indefinidamente ya que, según el artículo 99 de la Constitución, el plazo para la disolución de las Cortes no empieza a contar hasta el momento en el que se produzca una investidura fallida y, tal como han manifestado desde el PSOE, Sánchez no tiene intención alguna de presentarse en el Parlamento mientras no cuente con los apoyos necesarios. Curiosamente, una vez más y sin sentir el menor pudor, adopta la misma postura que con tanta virulencia criticó de Rajoy.

Las reivindicaciones que plantea Esquerra están claras: la amnistía para los presos y la independencia de Cataluña o, al menos, la celebración de un referéndum. Hay muchos comentaristas que afirman con total convicción que no es posible que el presidente del Gobierno acceda a tales exigencias. No estaría yo tan seguro. Con Pedro Sánchez todo es creíble. ¿Cuántas veces se ha dicho sobre él “imposible, no se atreverá a eso”? Tantas como las que ha sobrepasado todo lo que se tenía por líneas rojas.

Recordemos los inicios. Allá por el 2015, cuando comenzó todo, Pedro Sánchez, habiendo obtenido los peores resultados de la historia del PSOE desde la Transición, en lugar de dimitir, saltó por encima de Rajoy para proponerse como candidato e intentó conseguir los apoyos necesarios para la investidura. El Comité Federal del PSOE (entonces había Comité Federal, no como ahora) le vetó incluso sentarse a negociar con los partidos que defendiesen el derecho a decidir. Desde la perspectiva actual, tal prohibición induce al sarcasmo. A la vista de los acontecimientos posteriores, es evidente que Pedro Sánchez, ya entonces, acariciaba la idea de constituir el gobierno que Rubalcaba calificó de Frankenstein. Solo que no se atrevía a confesarlo. Por otra parte, era la única posibilidad que tenía de llegar a la Moncloa.

En aquellos momentos, como era lógico, pactar con los independentistas que defendían la declaración unilateral de independencia y que estaban ya en pleno proceso de insurrección era tabú, aparecía como algo totalmente impensable para los partidos constitucionalistas. Por supuesto, ni a Rajoy ni al PP se les pasó por la imaginación, a pesar de tener más escaños que Sánchez. Menos aún a Ciudadanos. Pero es que también era una opción fuertemente rechazada por todos los que representaban algo en el Partido Socialista y por la mayoría del Comité Federal de esta formación. Los comentaristas y tertulianos próximos a Sánchez aseguraban que bajo ningún punto estaba dispuesto a ser nombrado presidente por los votos de los secesionistas. Son los mismos que los que en la moción de censura aseguraron que no pactaría con ellos y los que ahora afirman que no puede ceder a sus reivindicaciones.

Pero a la vista de lo que ha ocurrido después, es claro que Pedro Sánchez estaba dispuesto a salir elegido presidente con los votos de los secesionistas y había escogido la única vía que pensaba factible para librarse de la atadura del Comité Federal: acudir a los militantes, que, en el fondo, son fáciles de engañar. Si entonces no acabó por poner en práctica su plan, fue porque ese mismo Comité Federal le forzó a dimitir para evitar que deprisa y corriendo convocase unas primarias cuya precipitación le garantizaba el triunfo, legitimándole al mismo tiempo para la negociación.

Que Sánchez ha estado siempre dispuesto a traspasar esa línea roja, la de que el gobierno de la nación dependiese de partidos que estaban en clara rebeldía, lo confirma el hecho de que no dudó en cruzarla en cuanto tuvo ocasión. Interpuso la moción de censura. Los sanchistas mantuvieron que para ganarla no pactaron con los secesionistas (que a esa altura eran ya golpistas). Los acontecimientos posteriores los desmintieron. Hay quienes continúan echando la culpa a Rajoy por no dimitir entonces. Me da la sensación de que están un poco ofuscados. La dimisión del entones presidente del Gobierno no hubiese arreglado nada, porque aun suponiendo que Sánchez hubiese cumplido su palabra (que es mucho suponer) y hubiese retirado la moción de censura, el resultado no habría sido unas nuevas elecciones, sino otra investidura y, en esas circunstancias, solo la podría haber ganado Sánchez, puesto que solo Sánchez estaba dispuesto a pactar con los golpistas.

En los momentos actuales, la negociación es ya abierta y pública. Nos hemos acostumbrado a que se den las situaciones más insólitas y extravagantes en nuestra realidad política, y es muy posible que terminemos viendo con naturalidad las futuras cesiones de Sánchez ante Esquerra, esas que ahora decimos que es imposible que acepte. Las Cortes se han convertido en una fiesta taurina o en un mercado persa. Resulta difícil pedir a los ciudadanos que sientan respeto por el Parlamento y por los procuradores cuando se prestan a ese juego que presenciamos el día de su constitución, y que anuncia y pronostica espectáculos del peor gusto. A los más viejos nos recuerda aquellas asambleas de la universidad en tiempos del franquismo. Para estudiantes estaban bien, aunque siempre un poco demagógicas, pero para diputados… Siente uno, una cierta vergüenza.

La presidenta del Congreso (del PSC, por cierto, que es ahora la formación que manda en el PSOE) ha admitido todo tipo de juramentos chuscos y estrafalarios. Todo indica que permitirá las situaciones más delirantes y ofensivas con tal de no molestar a los que van a ser socios de su jefe. El juramento de la Constitución se ha transformado en una farsa, un esperpento, una gran mentira. Las múltiples versiones elegidas tienen todas la misma finalidad, ocultar que juran la Constitución, los mismos que quieren por todos los medios, legales o ilegales, acabar con ella. Algo de culpa tiene el Tribunal Constitucional por no querer embarrarse y cerrar el melón que un día abrió al haber aceptado lo de por “imperativo legal”, que en sentido estricto es una payasada porque -como señaló muy atinadamente el magistrado Marchena- todos lo hacen por imperativo legal. Pero los perjuros lo son con imperativo legal o sin imperativo legal.

Los sanchistas han asumido ya el término conflicto político, empleado antaño por ETA y actualmente por los nacionalistas catalanes. El lenguaje no es neutral y detrás se encuentra la concepción que se tiene de una determinada realidad. Con la expresión conflicto político los independentistas pretenden presentar lo que ocurre en Cataluña como el enfrentamiento entre dos entidades políticas soberanas que deben negociar de tú a tú, en igualdad de condiciones y con un intermediario internacional, relator o como se le quiera llamar. Con ese término intentan negar al mismo tiempo que exista un conflicto de otro tipo, en concreto, unas actuaciones delictivas y punibles.

Hablar de que el problema en Cataluña es político es decir una obviedad porque político es todo lo que afecta a la ciudad (polis), al Estado, incluyendo el Código Penal. El problema del independentismo comenzó además a ser penal desde el mismo momento en el que los partidos nacionalistas se rebelaron contra la Constitución, el Estatuto y las leyes. Fueron ellos los que se adentraron en el ámbito judicial, al querer romper el país por la fuerza, al dar un golpe de Estado y pretender mantenerlo vivo. Es un problema de orden público para España y de convivencia para Cataluña. Una parte no mayoritaria de la población catalana pretende despojar al resto de los catalanes y de los españoles de su soberanía y de su derecho de decidir sobre Cataluña.

Sí, nos estamos acostumbrando a las situaciones más incongruentes y disparatadas que están distorsionando nuestra realidad política. El Estado está consintiendo que aquellas formaciones políticas que han perpetrado un golpe de Estado, y que están dispuestas a repetirlo, continúen al frente de unas de las mayores Comunidades de España y, por lo tanto, contando con poderosos medios, entre ellos un ejército armado de 17.000 hombres, los mismos medios que les permitieron intentar subvertir el orden constitucional. Las contradicciones surgen en cascada.

Los encargados de controlar el orden público son los mismos que jalean o se ponen a la cabeza de la anarquía y el desorden. Los detenidos y los responsables de prisiones pertenecen a la misma secta. El presidente de la Generalitat, que lo es solo por gracia de la Constitución Española, reniega de ella, afirma que no la reconoce y que por su cuenta y riesgo los golpistas están redactando otra para Cataluña. El presidente del Gobierno español, como le recuerda Rufián a menudo, debe el cargo a los condenados por sedición, y ahora negocia de nuevo con ellos para asegurarse el puesto. Los líderes de las principales organizaciones sindicales van en romería a la cárcel de Lledoners con plegarias y rogativas dirigidas a quien la justicia ha considerado jefe de la intentona.

El ministro de Fomento en funciones y secretario de organización de lo que queda del PSOE afirma que “hay que buscar cauces de expresión, de tal forma que no sea necesario, ni nadie tenga que recurrir a situarse fuera del ordenamiento jurídico”. Por nadie se entiende los golpistas. Bien es verdad que lo mismo podríamos hacer con los rateros, los ladrones, los defraudadores, etc., buscar fórmulas para que puedan robar, defraudar, estafar, sin que tengan que situarse fuera de la ley. Hasta ahora creíamos que el vehículo destinado a resolver los problemas políticos era el Parlamento. Pero he aquí que no, por eso el PSOE y Esquerra se van a negociar a Barcelona. Habremos de acostumbrarnos a las situaciones insólitas. Ábalos las califica de obvias y se pregunta por qué lo obvio genera escándalo. Puestos así, puede ser que terminemos admitiendo como obvio que al presidente del Gobierno español lo invista el Parlament de Cataluña.

republica.com  13-12-2019  



CIEN AÑOS DE HONRADEZ

PSOE Posted on Thu, October 31, 2019 17:05:42

Acompañando al nacimiento en España de nuevas fuerzas políticas, ha surgido el fenómeno de que algunos partidos, cuyas siglas provienen de otras épocas anteriores a la Guerra Civil, tales como el PSOE, Esquerra Republicana o el PNV, han sacado pecho y se vanaglorian de sus muchos años de historia. Antes que nada, habrá que convenir en que no todo tiempo pasado fue mejor. En la historia de las organizaciones, al igual que en la de las naciones o en la de las personas, no todo es bueno, hay de todo, claroscuros, actos y realidades de los que sentirse orgulloso y otros de los que avergonzarse.

En las primeras elecciones democráticas tras el franquismo, el PSOE escogió como eslogan electoral “100 años de honradez”, al que los militantes del partido comunista añadieron con cierta sorna e ironía “y cuarenta de vacaciones”, haciendo referencia a su escasa presencia durante la dictadura, en contraposición a la actuación del partido comunista. Presiento que de Esquerra Republicana y del PNV se podría predicar algo parecido, mucho más presentes en el exilio que en el interior, por más que ahora, cuando Franco ha muerto hace más de cuarenta años, estén dispuestos a luchar contra franquistas imaginarios que ven por todas partes. Tampoco se puede decir que estos dos últimos partidos tuviesen un papel muy lúcido durante la Segunda República y la Guerra Civil.

No hay por qué dudar de los cien años de honradez del PSOE, pero no se puede decir lo mismo de los que vinieron después. El partido socialista tiene poco que reprochar al PP en materia de corrupción. En ambas formaciones políticas ha surgido con largueza cuando y allí donde gobernaban. La memoria de los ciudadanos es frágil y es posible que hayan olvidado lo que sucedió en los últimos años del felipismo, y cómo la corrupción se expandió de tal manera por todas las Administraciones que en 1996 hizo perder el gobierno al PSOE. Y con toda probabilidad muchos tampoco recordarán que fue en el Ayuntamiento de Madrid, a principio de los ochenta en un contrato de limpieza licitado por el gobierno municipal del PSOE, donde se ensayó por primera vez la financiación ilegal de un partido político.

Últimamente ha estado muy presente en la prensa la formación del gobierno de la Comunidad Autónoma de Navarra. Lo que le ha dado ese carácter de extraordinario es que lo presida una socialista, apoyada en un conglomerado político muy heterogéneo entre los que se encuentran incluso los herederos de ETA. Lógicamente, esta forma de actuar ha suscitado muchas críticas en contra del PSOE. No obstante, hay quienes han pretendido explicar la postura del partido socialista navarro por el mono de poder, al llevar 23 años fuera del gobierno. Ningún medio, sin embargo, se ha preguntado por la razón de esta ausencia, que muy probablemente radica en el escándalo que protagonizaron los dos últimos socialistas que ocuparon el cargo de presidente de la Comunidad. Estuvieron procesados por corrupción. Uno de ellos incluso pasó varios años en la cárcel y el otro fue absuelto, pero tan solo porque había prescrito el delito.

Sánchez ha basado toda su oposición a Rajoy en el asunto de la corrupción. Incluso ha querido justificar la moción de censura ganada con el apoyo de los golpistas, con la excusa de una sentencia en la que se daba por probada la corrupción del PP. En realidad, la sentencia no afirmaba nada nuevo que no se conociese hace tiempo. Pero sirvió de coartada. Pedro Sánchez se ha creído legitimado para adoptar esa postura puritana de inquisidor inexorable, ya que no se sentía vinculado por los escándalos pasados de su partido. Esta actitud hasta cierto punto era coherente en un personaje que ha pasado por encima de todos los órganos de su formación política, hasta el extremo de configurar un partido prácticamente nuevo. Pero entonces, ¿qué sentido tiene que pretenda recurrir ahora a los 140 años de historia de los que no queda nada sino las siglas?

Al felipismo se le pueden achacar cantidad de errores y defectos. No seré yo el que los oculte cuando tantas veces los he censurado, pero ese PSOE, el de los años ochenta y noventa, nunca hubiese pactado en Navarra con los herederos de ETA, ni sus federaciones del País Vasco, Baleares y Navarra se habrían comportado tal como están actuando en los momentos presentes con la aquiescencia de Sánchez. Tampoco se hubiese hipotecado a los intereses del PSC, ni hubiese dejado que fuesen los planteamientos de esta formación política los que se impusiesen en todo el partido. Aquel PSOE, por mucho que le tentase el poder, jamás hubiese aceptado ponerse al frente de un gobierno Frankenstein, formado por un amasijo de fuerzas políticas dispares entre las que se encontraban aquellas que acababan de dar un golpe de Estado y que permanecían en las mismas posiciones. Es verdad que en los años ochenta y noventa tanto el PSOE como el PP pactaron con los nacionalistas, que cedieron a muchas de sus reivindicaciones, colaborando así, de forma quizás inconsciente, a que se fortaleciesen de cara a la traca actual. Pero entonces aún no habían mostrado su auténtica faz. Se trataba de nacionalistas, no de golpistas. No se habían sublevado, permanecían, al menos aparentemente, dentro del marco constitucional. La situación ha cambiado radicalmente.

Sí, Pedro Sánchez ha inventado un nuevo PSOE, y ha barrido casi en su totalidad a todos los que representaban algo en el antiguo, pero por eso resulta tan irónica -más bien hipócrita- la postura de la vicepresidenta pretendiendo disculpar los coqueteos del sanchismo con los batasunos amparándose en las víctimas que ETA ha causado al PSOE. Es precisamente esa historia del partido socialista frente al terrorismo la que censura con mayor dureza el comportamiento actual del sanchismo. Pedro Sánchez quiere usar el pasado del partido para lavar sus escarceos con golpistas y herederos de terroristas, pero curiosamente no se siente concernido con la parte oscura de la historia del partido, piensa que no le salpica la corrupción pasada y se cree legitimado para censurar duramente a la de los otros partidos.

Pero el hecho es que la corrupción del PSOE no queda confinada en el pasado, llega al presente. Como cabría esperar, se ha mantenido, allí donde ha venido gobernando, principalmente en Andalucía. Pedro Sánchez se ha desentendido de la corrupción de la Junta de Andalucía como si no fuese con él, un asunto exclusivo de Susana Díaz. Pero lo quiera o no, esa Comunidad Autónoma proporciona una parte muy importante de los parlamentarios del grupo socialista y en los que Pedro Sánchez ha venido apoyándose tanto en su acción de oposición como de gobierno. Él también se ha beneficiado del supuesto dopaje que ha usado el partido socialista de Andalucía. Pero es que, además, la corrupción de la Junta toca más directamente a Sánchez desde el momento en el que ha incorporado a su gobierno a altos cargos de esa Comunidad Autónoma; especialmente en el Ministerio de Hacienda, al que la ministra se ha traído a media Consejería, bloqueando e invadiendo múltiples cargos del Ministerio.

Hace pocos días surgió la noticia de que había dimitido el presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), al ser llamado a declarar como investigado en el caso del yacimiento minero de Aznalcóllar. Se le imputaba participar en la adjudicación de un contrato en el que, según la Audiencia provincial, podría haberse producido malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, fraude y exacciones ilegales, y prevaricación.

Es un proceso más de los que afectan a los pasados responsables de la Junta de Andalucía. La relevancia del caso se encuentra en la imputación del presidente de la SEPI. Para los que no lo sepan, la SEPI es el holding propiedad del Estado y dependiente del Ministerio de Hacienda, que engloba a casi todas las sociedades estatales que han quedado sin privatizar. Resulta evidente la importancia del cargo, el poder económico que acumula y la cuantía de sus retribuciones. Haber designado para ese puesto a quien después ha resultado imputado no deja en muy buen lugar “in vigilando” a la ministra que lo ha traído de Andalucía.

Además, el ahora dimitido de la presidencia de la SEPI había ocupado previamente el cargo de Interventor General de la Junta de Andalucía, es decir, encargado de controlar la legalidad y correcta administración de los recursos públicos en todos los organismos, entes y consejerías de la Junta. Se supone que fue nombrado también por la actual ministra de Hacienda, entonces consejera de la Junta en la misma área. La trascendencia de estos nombramientos surge de que la Audiencia provincial ha mandado investigar si hay un posible delito de cohecho, por “ascensos” que pudieran haberse dado a modo de recompensa a las personas relacionadas con el concurso. Llueve sobre mojado, puesto que quien ocupaba el cargo de Interventor General de la Junta entre 2000 y 2010 se encuentra procesado en la actualidad en el caso de los ERE, porque conociendo la irregularidad de las subvenciones que se estaban tramitando no las impidió.

Quizás, la relevancia de todo lo anterior se encuentre de forma prioritaria en la alegría con la que algunos políticos usan y abusan de lo público. Una concepción del poder que cree que el gobierno puede apropiarse de la Administración, incluso de aquellas instituciones que como las intervenciones generales tienen que actuar con total objetividad e independencia, al margen de los intereses partidistas. Actitud que hasta ahora había anidado principalmente en las Autonomías, pero que con Pedro Sánchez puede estarse contagiando a la Administración central. Buena prueba de ello es la utilización espuria a la que se ha sometido a la Abogacía del Estado, primero haciéndole cambiar la calificación en el juicio del procés y últimamente con el informe acerca de los anticipos a cuenta a las Autonomías. Esto también es corrupción, y de las más graves. Qué papelón el de la Abogada general del Estado.

republica.com 25- 10- 2019



EL GOBIERNO PROGRESISTA QUE QUIEREN LOS ESPAÑOLES

PSOE Posted on Mon, September 16, 2019 10:55:25

Al grito de “Dios lo quiere” se inició la primera cruzada, y con ella los múltiples excesos y barbaridades cometidos por los países católicos en el intento de conquistar lo que llamaban Santos Lugares. El “Dios lo quiere” los acompañó en todas las contiendas. En general, es una constante en todas las religiones hacer a Dios portador de la ley; poner en su boca lo que se desea que el pueblo acepte. En ocasiones, el resultado ha sido positivo. Se trataba de convertir las reglas necesarias para la convivencia en preceptos divinos para que así la conformidad fuese más fácil y generalizada. En otros casos, los efectos han sido extremadamente perniciosos al justificar las mayores atrocidades en nombre de Dios.

En nuestras sociedades secularizadas se ha producido una traslación. El Dios lo quiere se convierte en el pueblo lo quiere, la sociedad lo quiere, la nación lo quiere, Cataluña lo quiere. Todos los nacionalismos se arrogan ser ellos solos, y solo ellos, los representantes de todo el pueblo. Ya Pujol hace treinta y cinco años en la plaza de Sant Jaume se envolvió en la señera para identificarse con Cataluña y escapar así de la acción de los tribunales. Convirtió la actuación de la justicia por una vulgar estafa, la de Banca Catalana, en un ataque del Estado a Cataluña.

Esta postura se ha venido repitiendo durante todos estos años en Cataluña. Se puede cometer todo tipo de tropelías siempre que el objetivo sea la independencia. Esta es la diferencia fundamental de la corrupción en esta Comunidad con la que se produce en el resto de España. En cualquier otro sitio la desviación de caudales públicos no admite justificación, es condenada siempre por la opinión pública, aun cuando el que la cometa no se haya lucrado personalmente y lo defraudado sea para el propio partido o para propagar una determinada ideología. En Cataluña no. Se justifica hasta el propio enriquecimiento, con tal de que vaya unido a la propagación del independentismo. En los últimos años vemos cómo los golpistas, para justificarse, manifiestan que sus acciones, a pesar de que hayan violado la Constitución, el Estatuto y la ley, y hayan malversado fondos públicos, obedecen a un mandato superior el del pueblo de Cataluña. El pueblo lo quiere.

A Sánchez, de tanto tratar con los independentistas, se le ha pegado algo de esta actitud cuasi mágica. Y él y sus mariachis para presionar a los otros partidos de cara a la investidura no dejan de repetir que el Gobierno de Pedro Sánchez es el que “los españoles quieren”. Postura de una gran jactancia, y que de ninguna manera se deduce de los resultados de las elecciones generales. Los colectivos no votan, votan y manifiestan sus preferencias las personas, preferencias muy diferentes y a menudo antagónicas, tanto más en los momentos actuales en los que se ha roto el bipartidismo y existe mayor pluralidad en el espectro político.

A tenor del resultado de las elecciones generales, Pedro Sánchez podría afirmar con cierta razón que ese gobierno, el que formaría en solitario, lo quieren el 26,68% de los españoles que acudieron a las urnas, que son los que les han votado. Ir más allá es presunción e impostura, porque en el otro extremo se encuentran Ciudadanos y el PP, que han obtenido el voto del 32,56%, y no creo que estos votantes quieran precisamente el Gobierno de Sánchez. Si el gobierno fuese de coalición con Podemos podría dar un paso más y afirmar que es el gobierno que en principio quieren el 42,99% de votantes, aunque no convendría olvidar que a Ciudadanos, PP y Vox les ha votado el 42,82, lo que indica hasta qué punto se encuentra dividida la sociedad, hasta qué extremo está fragmentado el “querer de los españoles”.

Paradójicamente, el desempate en los momentos actuales está en manos de los golpistas y separatistas y la victoria es de quien esté dispuesto a aceptar su apoyo. Ello fue lo que ocasionó que Pedro Sánchez con 88 diputados se hiciese con el gobierno y expulsase a Rajoy, que contaba con 133. Y eso es también lo que hace que ahora Pedro Sánchez acaricie la investidura, siempre, claro está, con permiso de Podemos. Ese gobierno progresista del que habla Sánchez no se puede decir que sea el que quieren los españoles (solo algunos españoles), pero parece que sí es el que quieren los independentistas, a juzgar por las manifestaciones de Rufián y de Ortuzar. Nadie se muestra más interesado que ellos en que gobierne Sánchez. Por algo será.

Pero precisamente este interés mostrado por los que han dado un golpe de Estado o los que defienden abiertamente el derecho de secesión en España es el que debería poner en guardia y hacer recelar no ya a ese 42,88%, que ha votado a los tres partidos de derecha o centro derecha, sino incluso a algunos de entre ese 42,99% que ha votado al PSOE o a Podemos. ¿Dónde se encuentran todos esos miembros del Comité Ejecutivo Federal del PSOE que condenaban incluso sentarse a negociar con los partidos que defendiesen el derecho a decidir?

El gobierno que propone Sánchez tampoco es progresista. A tenor de las 370 medidas publicadas, yo diría que es más bien populista. El documento es una carta a los Reyes Magos. Es un conglomerado de todas las peticiones presentadas por las distintas asociaciones afines y que han desfilado por la Moncloa. No mantiene una estructura coherente ni fija prioridades. Se puede dar la misma importancia a la reforma laboral o al problema de las pensiones que a las carencias de los bomberos forestales o la subvención a las mujeres para que emprendan carreras técnicas o de ciencias.

El documento no presenta ningún cálculo del coste de las medidas y, en consecuencia, no dice cómo las van a financiar. El capítulo dedicado a los impuestos es pobrísimo, huye de tocar los grandes tributos en los que se basan la progresividad y la suficiencia del sistema -lo que sería impopular- y cifra todo el incremento de los ingresos en la creación de una serie de gravámenes hasta ahora desconocidos y sobre los que existen muchas dudas acerca de su viabilidad, efectos y capacidad recaudatoria, desde luego totalmente insuficiente para financiar el país de las maravillas que describe el documento. Pero eso le preocupa poco a Sánchez, le da lo mismo. Las medidas no están pensadas para ponerlas en práctica. Solo sirven para el postureo, la publicidad y la propaganda de cara a unas nuevas elecciones que es en lo que realmente está interesado. ¿Cómo si no puede decirle a Podemos que no quiere su voto gratis para la investidura, sino un pacto de adhesión incondicional y sin la menor crítica para toda la legislatura?

republica.com 13-9-2019



EL GOBIERNO DE PLATÓN Y LA SOCIEDAD CIVIL

PSOE Posted on Tue, August 27, 2019 21:56:46

En las conversaciones que mantenía con un viejo amigo ya fallecido, al comentar los muchos errores que cometían nuestros políticos, me subrayaba siempre lo mismo: Platón tenía razón. Habría que ir al gobierno de los mejores, de los sabios. Mi contestación era también invariablemente idéntica. El problema radica en quién determina quiénes son los mejores.

Sin duda, la democracia es un sistema bastante imperfecto y en su funcionamiento, con frecuencia, se cometen muchos desatinos y desmanes, pero hoy por hoy no se ha inventado otro mejor. Lo que no quiere decir que su aplicación en los respectivos países no sea susceptible de perfeccionarse. Ciertamente para ser diputado, ministro o presidente del gobierno no se precisa título universitario ni se convocan oposiciones. Se exige solo ser elegido por los procedimientos que en cada caso determina la Constitución, pero no estaría mal que los designados tuviesen algún bagaje intelectual y técnico.

Comprendo las veleidades sofocráticas o noocráticas que invadían a menudo a mi amigo. Él era un intelectual (no ciertamente de la pléyade de la farándula que firma manifiestos) y, como tal intelectual, con desviaciones aristocráticas. Resultaba explicable que en ocasiones se desesperase cuando consideraba que el pueblo se equivocaba. Es una falacia y tiene mucho de demagogia afirmar rotundamente que el pueblo no se equivoca. Porque el pueblo con frecuencia se equivoca.

Lo que no es fácil de entender es que esos mismos arrebatos los sufra Pedro Sánchez -el de la tesis plagiada- y que exija a los otros el carnet de intelectual para estar en el gobierno. Le guste o no, él no debe el hecho de ser presidente del gobierno a sus dotes intelectuales, profesionales o técnicas, sino a los votos de los diputados de Podemos, a cuyos dirigentes tiene ahora como apestados y, lo que es peor, a los votos de aquellos que perpetraron un golpe de Estado. Es más, si ahora cuenta con 123 diputados, paradójicamente se los debe a esos mismos apoyos, porque el resultado que hubiese obtenido en las últimas elecciones habría sido muy inferior de haber seguido todos estos meses en la oposición. Y digo que paradójicamente porque el incremento de votos del PSOE corresponde a los que Podemos ha perdido.

El problema de Pedro Sánchez es que equivoca los escenarios. Mientras pretende nombrar ministros a técnicos e independientes, coloca a los políticos de su partido en sitios técnicos, al frente de las empresas públicas como si de un botín de guerra se tratase. En el fondo, todo gira alrededor de la misma finalidad, mantener el poder absoluto dentro y fuera del partido. Tras la moción de censura elaboró un gobierno no con los mejores, desde luego, sino con los que le convenían. Una parte, políticos de su extrema confianza (que eran pocos) estuviesen o no capacitados para el cometido. Lo importante era la fidelidad sin fisuras al jefe. La otra parte, por miembros de lo que denominaba sociedad civil, en una composición de lo más variopinto: una fiscal, dos jueces, una burócrata europea, un presentador de tele magacín y hasta un astronauta. Lo que buscaba es que no tuviesen personalidad política y que nadie le pudiera hacer sombra.

Es por eso por lo que Sánchez desbarató la federación de Madrid y, al margen de toda la estructura orgánica regional, colocó a dedo como candidato a presidente de la Comunidad a un catedrático de Metafísica, sin ningún enraizamiento en el partido, y que ya ha fracasado dos veces en el cometido. En estas últimas elecciones completó el cuadro y designó (aunque después se hiciese una mascarada de primarias) como candidato a la alcaldía de la capital de España a un buen entrenador de baloncesto. Y es por eso también por lo que hasta ahora se ha negado, como si tuviera mayoría absoluta, a hacer, bien sea a la derecha o a la izquierda, un gobierno de coalición. A Podemos lo más que le ofreció fue incorporar a técnicos independientes próximos a esa formación política. Las ofertas posteriores no iban en serio (me remito a mi artículo de hace dos semanas).

Y en ese “quid pro quo” que tan bien practica Sánchez -por eso alguien le llamó impostor-, tras el fracaso de la investidura, su acción política no se ha orientado a dialogar y negociar con las otras formaciones políticas, a fin de obtener el apoyo de diputados que le faltan, sino que ha mareado la perdiz y entretenido el tiempo, reuniéndose con los representantes de una imaginaria sociedad civil. Nunca he entendido demasiado bien este término. Desconfío de él. Pienso que no hay espacio intermedio entre el sector público y el sector privado (económico). A menudo lo que se llama sociedad civil es lisa y llanamente sociedad mercantil: fundaciones, asociaciones, institutos, etc., creados por las fuerzas económicas y por las grandes corporaciones con la finalidad de controlar la opinión pública, los valores, la cultura y otros muchos aspectos de la sociedad.

Con frecuencia, otras veces, la llamada sociedad civil es mera prolongación del sector público, solo que sin la transparencia y sin los controles exigidos a las instituciones públicas. La gran mayoría de las llamadas organizaciones no gubernamentales, a pesar de su nombre, tienen bastante de gubernamentales. Viven enchufadas directa o indirectamente a las ubres de los presupuestos, bien sean estos municipales, autonómicos o de la administración central. A menudo son instrumentos de determinadas fuerzas políticas que, cuando gobiernan en cualquier administración o institución pública, les transfieren recursos de forma opaca y sin la necesaria justificación.

Lo peor de todo este conglomerado tan variado de fundaciones, asociaciones, organizaciones e instituciones es que no se sabe muy bien a quién representan ni la manera en la que han sido designadas para ser portavoces de colectivos más amplios. Siendo una minoría, se constituyen en medios para forzar e imponer decisiones al margen de los verdaderos representantes de los ciudadanos. El recurso a la sociedad civil se transforma a menudo en un modo de bordear la democracia y los mecanismos constitucionales establecidos.

Tal es la estrategia que parece asumida por Pedro Sánchez en estos momentos. Las elecciones le han proporcionado tan solo 123 diputados y, para gobernar, pretende superar esta limitación, no acudiendo al resto de representantes de los ciudadanos, como sería lógico, sino a una supuesta sociedad civil constituida principalmente por organizaciones afines: ecologistas, feministas, asociaciones de la España desierta (a las que ha prometido algo tan ocurrente como diseminar los organismos públicos por los pueblos abandonados); representantes de la industria, de la enseñanza, del comercio, del turismo, etc., sin que nadie sepa quién les ha dado tal representación; artistas y cantantes que se definen como organizaciones culturales y, por último, como guinda, las representaciones sindicales y empresariales a las que sí se les supone una representación, pero no política, sino social y económica, y, que en lugar de llamarles a una ronda de consultas abracadabrante, lo que debería hacer un gobierno es promocionar y respetar la negociación social, cosa que precisamente no ha hecho Pedro Sánchez, que hasta ahora ha ignorado a los agentes sociales.

No parece que existan muchas dudas de que la sociedad civil por poco que sea es mucho más que los convocados por Sánchez. Además, la sociedad (sociedad civil, se supone) ya decidió en las pasadas elecciones. Otra cosa es que, a Sánchez, por mucho que lo celebrase por todo lo grande, proclamando que había ganado las elecciones, no le convenza el resultado, ya que no le permite gobernar autocráticamente. Por cierto, lo de ganar o perder en unas elecciones solo se puede afirmar en los sistemas presidencialistas, pero no en los parlamentarios. En estos, cada formación política obtiene un número de diputados, mayor o menor, y el ganar o perder está condicionado a las negociaciones y las alianzas que se establezcan entre ellos.

Sánchez hubiera deseado conseguir 350 diputados para poder ejercer el gobierno como un dictador. En realidad, no le gusta la democracia. No le complacía dentro de su partido, y por eso nunca estuvo dispuesto a someterse al Comité Federal, supremo órgano entre congresos. Con ayuda de las primarias, institución partidista de las más antidemocráticas, por caudillista, pero que paradójicamente se ha instalado en la mayoría de las formaciones como el bálsamo de Fierabrás, ha logrado hacerse con todo el poder en el PSOE y establecer un régimen radicalmente absolutista. Riámonos de aquello de “Quien se mueva no sale en la foto”.

Tampoco le gusta en el sistema político y por eso no está dispuesto a compartir poder con nadie. Quiere un gobierno exclusivo de Pedro Sánchez y, para conseguirlo, pretende el apoyo de los otros partidos sin ofrecer nada a cambio; todo lo más un programa, que será papel mojado tan pronto obtenga el gobierno. Siendo en nuestro país constructiva la moción de censura, una vez en el poder, será imposible desalojarlo haga lo que haga.

A Pedro Sánchez no le gusta la democracia, como no sea la orgánica, que parece ser la que ha practicado estos días en sus contactos con la sociedad civil, tampoco la noocracia, a no ser que sea él el que elija a los sabios, lo sean o no. Lo suyo es la autocracia. Alguien podría pensar que su fijación por resucitar a Franco y andar con él para arriba y para abajo es porque se siente seducido por su figura y que tal vez le gustaría ejercer el poder de forma tan despótica como el dictador lo ejerció.

republica.com 15-9-2019



EXISTEN OTRAS ALTERNATIVAS

PSOE Posted on Tue, July 09, 2019 00:24:24

Pablo Sebastián, editor de este periódico, ha escrito -y con razón- que Pedro Sánchez no es la solución, sino el problema. En realidad, hay que decir que lo ha sido desde el primer momento, desde las elecciones de 2015. Paradójicamente, ahora habla de bloquear el gobierno, cuando él desde hace cuatro años se ha entregado con ahínco a este cometido y ha cerrado todas las salidas que no pasasen por ser él el presidente del ejecutivo.

El problema es que para esto último los resultados nunca se lo han puesto fácil. No obstante, con 90 diputados y 33 menos que Rajoy tuvo la osadía de presentarse a la investidura. Le daba igual con quién tuviera que pactar y el contenido del pacto, con tal de que fuese un escalón hacia su objetivo. Pretendió firmar un acuerdo al mismo tiempo con Ciudadanos y con Podemos. Misión imposible, teniendo en cuenta que ambas formaciones son como el agua y el aceite en casi todos los temas; no solo en política social y económica, sino también, e incluso en mayor medida, en política territorial. Dada la inviabilidad de casar dos programas tan dispares, optó por exigir la adhesión incondicional y gratuita de Pablo Iglesias con el argumento de que Podemos no podía votar en contra de un gobierno socialista. Bien es verdad que él se presentaba en buena medida con el programa de Ciudadanos, que de socialista tenía bien poco.

Hoy vuelve a repetir la misma jugada. No quiere oír hablar de gobierno de coalición. Pretende gobernar solo, aun cuando únicamente cuenta con 123 diputados. No me cansaré de repetirlo: es el mismo resultado que originó la dimisión de Pérez Rubalcaba e idéntico también al que obtuvo Rajoy en las elecciones de 2015 y que, ante la imposibilidad de formar gobierno, condujo a la repetición de elecciones en 2016. Pretende chantajear de nuevo a Pablo Iglesias responsabilizándole de no permitir por segunda vez que exista un gobierno de izquierdas.

De izquierdas no sé, pero de Pedro Sánchez no solo lo permitió, sino que hizo de aglutinante y artífice para que pudiera gobernar (el tiempo que pudo) con 85 diputados. Intuyo que precisamente esa experiencia es la que le ha llevado a desconfiar del actual presidente del gobierno en funciones. Ha salido bastante escaldado del experimento y con una pérdida de 30 diputados. Piensa -y es posible que este en lo cierto- que la única forma de garantizar (si es que lo es) que se cumpla lo pactado es estando en el gobierno.

El chantaje de Sánchez no solo se dirige a Podemos, sino a todos los otros partidos; a algunos con el argumento de que si no le apoyan no tendrá más remedio que pactar con los secesionistas, y a todos con la tesis de que no existe otra alternativa. Especial presión se está ejerciendo sobre Ciudadanos movilizando todos los medios, tanto interiores como exteriores. Interiores, desde las fuerzas económicas hasta los medios de comunicación social pasando por la contestación interna de algunos de sus dirigentes, curiosamente y de forma particular los que están conectados con el mundo económico. No se puede olvidar que son los puestos de esta área los mejor retribuidos y algunos de ellos podrían ser ocupados por la formación política que garantizase la investidura. Mayor gravedad tienen las presiones que vienen de fuera. Resulta indignante que un jefe de Estado extranjero intervenga en los asuntos políticos de otro Estado soberano, y más si lo hace a petición del presidente del gobierno de este último país.

La teoría de que no hay otra opción solo tiene visos de realidad desde la distorsión que, desde hace bastantes años, casi desde el principio de la democracia, se lleva haciendo de nuestro sistema político. Poco a poco se ha ido transformando lo que es un sistema parlamentario en un sistema presidencialista. Se comenzó por introducir la costumbre de que cada formación política en las elecciones generales designara un candidato a la presidencia del gobierno. Por supuesto, de forma extraoficial y sin ningún valor jurídico, pero que confunde sobre el verdadero sentido de estos comicios en los que no se elige al presidente del gobierno sino solo a diputados y senadores. Según nuestro sistema político, es el Congreso de los Diputados el que después de constituido debe elegir al jefe del ejecutivo. En sentido estricto, no hay candidato a la presidencia hasta que el jefe del Estado no lo designa, y no debería designarlo hasta que de las rondas con las distintas fuerzas políticas dedujese que algún español (no tiene por qué ser diputado) tiene probabilidad de obtener los apoyos necesarios.

Recientemente ha ido tomando fuerza en esta misma dirección de deformar nuestro sistema político otra práctica con efectos bastante negativos. Me refiero a las primarias. Las critiqué desde el principio, hace ya casi veinte años. Y más tarde, según iban adquiriendo popularidad, reiteradas veces en bastantes artículos. Frente a los que las tenían y tienen por un sistema más democrático, he pensado siempre que deterioran seriamente la democracia y consagran el caudillismo, eliminando la división de poderes dentro de los partidos. Quien es elegido por la militancia considera que no debe dar cuenta a nadie, excepto a las propias bases cuya opinión es siempre bastante fácil de manipular. En la actualidad, Pedro Sánchez constituye un buen ejemplo de ello. Nunca los sistemas asamblearios han sido buenos.

Pero es que, además, el llamado sistema de primarias se asienta sobre un principio falso, el del que nuestro sistema político es presidencialista y que, en consecuencia, los ciudadanos votan directamente al presidente del gobierno. Hablar de primarias implica aceptar que hay elecciones secundarias, es decir, que posteriormente los ciudadanos eligen al jefe del ejecutivo, lo cual no es cierto, eligen a los diputados y son estos los que escogen al presidente del gobierno. La inconsistencia llega al summum cuando se convocan primarias a la secretaria general o a la presidencia de un partido. ¿Dónde están después las secundarias?

Mientras ha existido el bipartidismo, esta distorsión de nuestro sistema político, transformándolo en la práctica de parlamentario en presidencialista, no tenía demasiada importancia, porque era siempre uno de los dos partidos el que se imponía, bien con mayoría absoluta, bien con una mayoría relativa muy sólida, que necesitaba solo completarla con unos cuantos diputados que normalmente obtenía de los partidos nacionalistas pagando el correspondiente peaje. Los votantes conocían de antemano, por tanto, que uno de los dos partidos ganaría las elecciones, sabían con que programa se presentaba cada uno y quién sería, si ganaba, el presidente de gobierno.

Con el fraccionamiento del espacio político la cosa se ha complicado. Las mayorías absolutas han desaparecido y, aunque un partido teóricamente haya ganado las elecciones, los escaños obtenidos resultan claramente insuficientes para gobernar en solitario. Se vieron las dificultades que Rajoy tuvo en las legislaturas pasadas y, por mucho que Pedro Sánchez pretenda ahora convencernos de lo contrario, va a ser difícil que pueda gobernar en solitario. Solo lo consiguió y únicamente por nueve meses, apoyándose en los golpistas, pero parece que la experiencia no convenció a Pablo Iglesias, que fue el muñidor de ese gobierno, y sin embargo no está dispuesto a repetirlo.

Políticos y electores tendrían que acostumbrarse a la nueva situación. Ningún partido puede pretender aplicar en exclusiva su programa. El programa tiene que ser objeto de negociación; pero de igual modo es muy posible que se tenga que negociar la composición del ejecutivo y, aunque ahora extrañe porque va en contra de todo lo que se ha vivido hasta el momento, tenga que pactarse la propia designación de presidente del gobierno. Un partido puede elegir en solitario a su secretario general o a su presidente, pero si necesita el concurso de otro u otros dos para llegar a la Moncloa, no podrá designar en solitario qué presidente de gobierno ha de ser investido.

Pedro Sánchez, para presionar a las demás formaciones políticas, mantiene que él es la única alternativa. Pero en realidad él es el problema. Su connivencia con los golpistas durante el último año le incapacita para tener el apoyo de los partidos constitucionalistas, que además no se fían de él y piensan que la cabra siempre tira al monte. La única opción que tiene es repetir de una o de otra forma el gobierno Frankenstein, y eso siempre que Podemos acepte por fin apoyarle. Pero eso no quiere decir que no haya otra alternativa, y que esté obligado a abrazar a los golpistas. Puede dimitir e incluso sin dimisión su grupo parlamentario puede proponer para presidente de gobierno a otros candidatos y que uno de ellos fuese aceptado por los diputados de otros partidos, dejando al margen a las formaciones sediciosas que además proclaman que están dispuestas a repetir la asonada.

No cometeré el error de lanzar nombres, lo que sería una osadía por mi parte. Parto además del convencimiento de que lo que se acaba de plantear, aunque casa plenamente con nuestra Constitución y se adecua fielmente al funcionamiento de un sistema parlamentario, carece de cualquier probabilidad de que suceda. Primero porque hasta ahora nunca se ha actuado de ese modo en España, pero segundo, y principalmente, porque Pedro Sánchez ha dado suficientes muestras de no estar dispuesto a dimitir nunca. Se aliaría con el diablo con tal de continuar en la presidencia del gobierno. Tampoco existe ninguna posibilidad de que el grupo parlamentario socialista pueda actuar al margen de Sánchez. Después de las primarias, su control sobre el partido es total ya que ha construido la Ejecutiva, el Comité Federal y el grupo parlamentario de manera que no pueda existir la mínima discrepancia.

En cualquier caso, lo que es totalmente cierto es que a Pedro Sánchez no le está permitido afirmar que no existe otra alternativa. Si repite el ejecutivo Frankenstein y se apoya en los sediciosos para continuar en la Moncloa, la responsabilidad será solo suya, y suya será también la responsabilidad de todas las cesiones que haga a los nacionalistas para mantenerse en el gobierno. No podrá echar la culpa a las otras formaciones políticas. Tampoco el grupo parlamentario socialista puede lavarse las manos, por mucho que mediante las primarias y las consultas a las bases Pedro Sánchez haya establecido un régimen autocrático dentro del partido socialista. Pedro Sánchez es el problema, pero los diputados del PSOE se convertirán en cómplices.

republica.com 5-7-2019



HAZ QUE PASE DE MÍ ESTE CÁLIZ

PSOE Posted on Tue, April 16, 2019 23:16:14

Me caben pocas dudas de que el problema más grave con el que se enfrenta la sociedad española, si prescindimos de la Unión Monetaria, es el golpe de Estado, todavía vivo, propiciado por el nacionalismo catalán. Con una diferencia entre ambos, la Moneda Única en cierta forma nos trasciende y aisladamente no podemos darle una respuesta adecuada. La cuestión catalana, sin embargo, es totalmente nuestra, y esperemos que no cometamos el error de permitir, que tal como ansían los golpistas, se internacionalice.

Ante la ofensiva del nacionalismo catalán, toda otra cuestión por importante que parezca adquiere un carácter secundario porque, además, en cierta medida va a estar condicionada por aquella. Es verdad que para grupos concretos de ciudadanos hay problemas que pueden ser más acuciantes, pero carecen de la generalidad y de las repercusiones que el golpe de Estado tiene para toda España, incluyendo Cataluña. Es más, sus consecuencias negativas afectan casi con total seguridad a todos los otros asuntos, sean sociales, económicos o políticos.

Estos efectos nocivos se han hecho presentes ya en Cataluña. No solo es que todos los indicadores señalen el perjuicio que el procés ha ocasionado a la economía catalana, sino que todas las instituciones democráticas están paralizadas. El Parlament se encuentra secuestrado por los independentistas, sin tomar ningún acuerdo desde que perdieron la mayoría. El Gobern no gobierna y se dedica tan solo a la propaganda y a divulgar un discurso falso y torticero acerca de España y Cataluña. El deterioro de la administración y de los servicios públicos es evidente y muchos millones de euros se han desviado de las necesidades públicas para mantener el proceso vivo mediante todo tipo de instrumentos, entre ellos las subvenciones a la prensa o la multiplicación de las llamadas embajadas.

Las libertades democráticas han dejado de existir en Cataluña, pero no por culpa de un Estado despótico que las recorta, tal como afirma el independentismo, sino por la actitud facciosa de una minoría que no tolera a nadie que piense de manera distinta. Es curioso que Torra se autoproclame paladín de la libertad de expresión cuando Cataluña se ha convertido en la única parte de España en la que se intentan abortar las manifestaciones que no gustan al poder, en la que son atacadas las sedes de los partidos políticos de la oposición y en la que son coaccionados y amenazados jueces, fiscales, políticos y todo aquel que sea señalado por el independentismo como traidor al procés. Por último y no menos importante, el hecho de que la actividad política prescinda de toda ideología, abandona la dinámica izquierda-derecha para reducirlo todo a una lucha fratricida a favor o en contra del independentismo.

El resto de España también está sufriendo las consecuencias negativas de lo que está sucediendo en Cataluña. En primer lugar con el deterioro de su imagen. El secesionismo, con el poder que otorga controlar los medios económicos y de todo tipo en manos de la Generalitat, ha puesto y continúa poniendo todo su interés en desacreditar al Estado español y en construir un relato falaz y artero acerca de Cataluña.

Pero, con todo, lo más grave es la amenaza que pueda representar esta situación de cara al futuro. Quizás la visión más elocuente y exhaustiva de lo que ha pasado en Cataluña la esté dando el juicio que se está celebrando en el Tribunal Supremo. Uno de los mayores aciertos ha sido retransmitirlo íntegro. Las descripciones están siendo impactantes. A partir de las sesiones hasta ahora celebradas se vislumbra ya hasta qué punto estaba organizada la rebelión (se adecue o no a la calificación del Código Penal); y si falló no fue por falta de voluntad de los organizadores, sino por los tres motivos siguientes:

1) A pesar de ser Cataluña una de las regiones más descentralizadas de Europa, la Generalitat no cuenta con los instrumentos que podrían haber facilitado el éxito del golpe de Estado: las finanzas públicas (la mayoría de los impuestos y las cotizaciones sociales las gestiona el Estado); la justicia; la política exterior aun cuando intentan compensarlo con las llamadas embajadas; la policía (los mossos están sometidos a una doble dependencia: Generalitat y jueces).

2) Los partidarios de la independencia no superan el 50% de los residentes actualmente en Cataluña.

3) La repulsa que todo nacionalismo produce en la Unión Europea. Los esfuerzos y el dinero invertido por los independentistas han servido para intoxicar a algún sector de la opinión pública -o más bien publicada- del extranjero, pero no para romper el rechazo de las instituciones y mandatarios internacionales que no desean aventuras.

Pero lo que no ha podido ser hoy puede ser mañana. Que nadie se engañe, estos tres factores pueden cambiar en el futuro en función de la actitud y la respuesta del Estado español. Un gobierno complaciente o necesitado del voto de los independentistas concedería más competencias a la Generalitat, colaborando así a que en un futuro el golpe pudiera tener éxito. Del mismo modo, si el Estado no asume una postura enérgica y continúa permitiendo el adoctrinamiento en las escuelas, la utilización sectaria de los medios de comunicación públicos, las subvenciones con las que comprar a los medios privados y la discriminación y coacción permanente a los que no son independentistas es muy posible que la proporción de estos se vaya incrementando poco a poco. De hecho, han sido los errores y egoísmos de los partidos nacionales los que han permitido a base de concesiones que durante estos cuarenta años el nacionalismo haya ido ganando adeptos hasta llegar a la situación actual.

Un gobierno complaciente que para congratularse con los independentistas y conseguir sus votos realizase un discurso ambiguo favorecería sin duda la llamada internalización del conflicto y haría dudar a los gobiernos extranjeros.

Es en todo esto en lo que está pensando la parte más pragmática del independentismo. Conscientes de que la rebelión ha fracasado, porque no contaban con los medios adecuados, planean su estrategia a medio plazo. Esperan tiempos mejores. Sostienen la misma virulencia en el discurso, pero manteniendo cierta ambigüedad frente a la ley, sin traspasar la frontera del Código Penal. Piensan aprovechar este interregno para dotarse de mayores medios y cambiar las condiciones que han podido impedir que el golpe tuviese éxito. Ahora bien, para ello necesitan contar con un gobierno central propicio que, lejos de impedírselo y poner los medios para que nunca más se pueda repetir el desafío al Estado, se pliegue a muchas de sus exigencias y les facilite su estrategia.

El fraccionamiento del arco político nacional y la gran ambición de Pedro Sánchez, que, como ya se ha visto, está dispuesto a todo para llegar y mantenerse en el poder, facilitan esta estrategia de los golpistas. Es más, es posible que haya sido el propio PSC el que se la esté sugiriendo de cara a convencerles de que deben apoyar a Sanchez después de las elecciones. Ahí se inscriben las palabras de estos días de Iceta hablando de diez años y del 65%. Al igual que cuando habló del indulto, las palabras del primer secretario del PSC no son “flatus vocis”, simplemente dice lo que su señorito no se atreve a declarar pero que está pensando.

Al margen de puntuales escarceos y de discrepancias hábilmente vendidas a sus respectivas clientelas, Sánchez y el independentismo constituyen una pareja de hecho. Los independentistas saben que su única opción es Sánchez, no digo el PSOE, sino Sánchez. En realidad son conscientes de ello desde hace mucho tiempo. Solo así se justifica la presencia de Torra, en sus tiempos de activista, en las puertas de Ferraz el día que Pedro Sánchez dimitió –o más bien fue defenestrado- como secretario general; y se supone que no iría solo.

A su vez, Sánchez sabe que su única posibilidad de permanecer en el gobierno es pactando con los secesionistas. Por mucho que lo negase, la idea del gobierno Frankenstein estuvo en su mente casi desde el principio, solo que, dada la oposición de su partido, tuvo que esperar la oportunidad, después de haber purgado a sus órganos directivos. Ahora niega de nuevo el pacto, pero sabe y los españoles deberían saber que su única posibilidad de gobierno es reviviendo el bloque de la moción de censura, y para ello ha eliminado toda oposición que pudiese darse en el grupo parlamentario.

Los ataques de Sánchez al independentismo catalán siempre son de guante blanco, incluso ambivalentes. Lo último ha sido compararlo con el Brexit, ante un elenco de importantes medios europeos. Es cierto que se refirió a las mentiras en ambos discursos. Pero no creo yo que él y su famosa tesis estén capacitados para juzgar si los partidarios del Brexit engañaron o no con sus argumentos. No obstante, en cualquier caso, lo más peligroso es que de sus palabras se puede inferir que la máxima responsabilidad de los golpistas ha sido mentir diciendo que España nos roba. El Brexit, se esté o no de acuerdo con él, es una decisión tomada por mayoría de toda la sociedad de Gran Bretaña, perfectamente legal y siguiendo los cauces adecuados. Los secesionistas catalanes, saltándose toda la legalidad, han dado un golpe de Estado intentando imponer la voluntad de una minoría a la de toda la nación española. Creo yo que hay diferencia. ¿Cómo no se va a extrañar luego la prensa extranjera de que estén en la cárcel? Si todo lo que han hecho es mentir…

Estas elecciones, por desgracia, no pueden plantearse en términos de izquierda y derecha. Eso es lo malo del nacionalismo, que termina contaminando todo. El quid de estos comicios se encuentra en saber si vamos a tener o no un gobierno Frankenstein para cuatro años. Si es que sí, el panorama es siniestro. Tras Cataluña vendrán el País Vasco, Navarra, Baleares, etc. Se incrementarán todas las fuerzas centrifugas. Los conflictos se harán endémicos. Olvidémonos de la redistribución territorial de la riqueza y la renta. Volveremos al cantonalismo de principios del siglo pasado, y el Estado, aun cuando subsistiese nominalmente, sería difícil que pudiera cumplir su misión. Sin Estado no hay política social, ni derecho, ni democracia.

Sánchez ha escogido como lema de campaña “Haz que pase”. Muy propio para una campaña electoral que comienza en Semana Santa, porque a los que hemos vivido muchos años en el nacional catolicismo nos recuerda inmediatamente la oración de Jesús en Getsemaní, tal como nos la narran Mateo y Lucas. “Padre, si es posible, haz que pase de mí este cáliz”. Cáliz en hebreo era sinónimo de suerte. Haz que pase de mi esta suerte, fatalidad, peripecia, lance, vicisitud, etc. El argot popular dio a la frase un carácter secular, y la ha empleado con cierto carácter burlón. Haz que pase de mí este cáliz, refiriéndose a una situación o persona insoportables. El día 28 veremos cuántos son los que pensando en el gobierno Frankenstein gritan “haz que pase de mí este cáliz”.

republica.com 12-4-2019



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