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ARTÍCULOS RECIENTES CONTRAPUNTO

¿POR QUÉ HABLAN DE CONCORDIA CUANDO QUIEREN DECIR COHECHO?

Cataluña, PSOE Posted on Sun, June 06, 2021 22:53:14

Bla, bla, bla. Es increíble la palabrería que rodea el tema de los indultos. Todo ello para justificar lo injustificable. El caso es que algunos se lo creen o fingen creérselo. La doblez y la hipocresía llega a extremos inauditos. El ministro de Justicia afirma que hay que ver los indultos con naturalidad. Puede que tenga razón, pero verlos con naturalidad es mirar lo que hay debajo de toda esa charlatanería de frases grandilocuentes y egregios cometidos.

Si prescindimos una vez más de la representación y de toda la farfolla creada para ocultar la verdadera realidad, lo que encontramos es algo muy simple, pero al mismo tiempo bastante grave: el cohecho más insólito cometido por un gobierno. ¿No hablaríamos de cohecho frente a un funcionario que recibiese un notable patrimonio, por ejemplo, un chalet o algo similar, de una empresa a la que hubiera concedido una importante adjudicación o concesión administrativa?

Lo que hace distinto este indulto de cualquiera que se haya otorgado anteriormente es que en ningún otro caso quien lo concedía debía el gobierno y el mantenerse en el poder a aquellos a quienes indultaba. No cabe comparación posible. Malamente Sánchez puede recurrir al hecho de que Felipe González indultase al general Armada, ya que este no había nombrado presidente del gobierno a González. Y lo mismo cabe decir de Aznar y Barrionuevo. La afirmación de Pedro Sánchez de que actuaría igual si tuviese 300 diputados no resulta demasiado creíble, teniendo en cuenta que defendía todo lo contrario cuando no era presidente de gobierno. Por otra parte, su aseveración actual resulta un brindis al sol de igual manera que si el funcionario del ejemplo anterior nos asegurase que la adjudicación se habría producido igual si no le hubiesen regalado el chalet.

El hecho de que Pedro Sánchez deba el gobierno a los golpistas es lo que contamina todo en esta ocasión y, tal como afirma el informe del Tribunal Supremo, convierte la medida de gracia en una especie de autoindulto, prohibido por el artículo 103 de la Constitución. Quien concede la medida de gracia no solo es el Gobierno, sino quien está detrás y mueve y fuerza al Gobierno. En este contexto, todo otro argumento deviene sospechoso y constituye un subterfugio.

Entre las múltiples excusas y pretextos que conforman esa enorme hojarasca con la que se pretende ocultar la verdadera razón, hay un alegato especialmente peligroso y es el empleado por Sánchez en Bruselas, contraponiendo el entendimiento y la concordia, valores que él dice seguir, y que designó como valores constitucionales, con los que afirma que no lo son como la revancha y la venganza que, lógicamente, atribuye a los tribunales y a todos los que se oponen al indulto. Formulación parecida realizó al día siguiente en el Parlamento, alegando que hay tiempo para el castigo y tiempo para la concordia, y cierta similitud se encuentra en las declaraciones del portavoz de En Comú Podem, al proclamar que ha terminado el tiempo de la justicia y comienza el de la política. Qué manía tienen estos muchachos de separar la justicia y la ley de la política.

La gravedad de este planteamiento radica en que Sánchez, de alguna manera, asume el discurso de los independentistas que consideran a los encarcelados presos políticos y las penas y hasta la misma sentencia, fruto de la venganza y de la revancha. La argumentación del nacionalismo, participada por Podemos y ahora parece que por el propio sanchismo, es que el indulto (mejor la amnistía) es el último mecanismo que repara los derechos humanos violados. El Gobierno, mediante la medida de gracia, corrige los desafueros de la justicia (revancha y venganza).

Que el Ejecutivo dé cobertura a estas ideas tiene muy graves repercusiones en el exterior, legitima frente al extranjero el mensaje del nacionalismo. ¿Cómo van a creer los organismos internacionales y las instituciones de otros países que los independentistas catalanes son unos delincuentes si no lo cree el propio gobierno?

En ese blablablá con el que se pretenden justificar los indultos se encuentra también la teoría del diálogo, la concordia y la pacificación, que choca frontalmente con la postura de los golpistas que no solo no se arrepienten de nada, sino que proclaman con toda desfachatez que van a volver a repetir el golpe. Incluso alguno en el culmen de la chulería ha llegado a pregonar que se metan los indultos por donde les quepa.

Hay algunos periodistas que, puestos a especular, se han aventurado a ser exegetas e interpretar en clave buenista las intenciones de Sánchez; y especulan acerca de que el objetivo del presidente del Gobierno es ser el pacificador de Cataluña, al igual que Zapatero lo fue del País Vasco. A pesar de ser una versión interesada, es totalmente ilusoria y fantasiosa. Zapatero no fue pacificador de nada. Más bien inició el incendio en Cataluña con la aprobación de un estatuto inconstitucional, y no realizó un desaguisado en el País Vasco porque ETA rompió la negociación con el atentado del aeropuerto de Barajas. Si el terrorismo fue derrotado no se debió a ningún diálogo establecido con Zapatero, sino al haber perdido la batalla, gracias a la política antiterrorista y a los policías y a los jueces.

Sánchez no es tan ingenuo como para pensar que por la vía del diálogo se puede llegar a lo que llama “la pacificación de Cataluña”. El soberanismo catalán da pruebas todos los días de que la única pacificación que busca es la independencia y que no cejará hasta conseguirla. Por otra parte, es que quizás a Pedro Sánchez no le importe demasiado la reconciliación en Cataluña. No persigue tanto el futuro, perpetuarse en la historia, como el presente: mantenerse en el poder y en el gobierno.

Entre los que tras una apariencia de bienintencionados buscan justificar al Gobierno se encuentran aquellos que aseveran a diario que el otro camino ya se ha seguido y que ahora habrá que intentar el del diálogo. Nada menos cierto, porque el único sendero recorrido desde la Transición ha sido el de las cesiones en las que ha terminado siempre toda negociación. Concesiones que solo han servido de plataforma para realizar nuevas reivindicaciones.

La historia es muy distinta de cómo la cuenta Sánchez. La ruptura constitucional del golpismo, el referéndum del primero de octubre y la declaración unilateral de independencia no eran contra Rajoy y contra el PP, sino contra el Estado. Y si después no se ha repetido el golpe no ha sido gracias a los diálogos de Sanchez y sus mesas de negociaciones, que lo único que han generado han sido nuevas cesiones y dar más alas a los golpistas, sino a la acción de la justicia y al miedo al castigo que ahora se quiere eliminar. Eso es lo único que, al margen de bravuconadas, mantiene relativamente parado al secesionismo.

La actuación del sanchismo a rebufo del PSC sirvió únicamente de rémora. Participó en la aprobación del artículo 155, pero a remolque, con reticencias y poniendo toda clase de limitaciones. Cuando, basado en ello, Sánchez tiene la osadía de reclamar el apoyo del PP a los indultos, habría que contestarle que, hasta donde sabemos, el Ejecutivo de Rajoy no dependía de los soberanistas catalanes. En todo caso, si la implantación del 155 tuvo algún impacto fue el de facilitar la moción de censura que les costó el gobierno a los populares.

Por último, en la descripción del ruido que rodea el tema de los indultos habrá que incluir a ese periodista que para justificarlos va de tertulia en tertulia afirmando “Que algo habrá que hacer”. Hacer por hacer… por qué no jugar a los bolos o al pinacle. El activismo sinsentido, aparte de ser ilógico, puede acarrear resultados muy negativos. Hay soluciones que empeoran el problema.

Pero dejémonos de zarandajas y de monsergas. Como decíamos al principio del artículo, solo hay una motivación que explique los indultos, mantener en el poder a Pedro Sánchez. Lo que resulta irónico es que el PSOE pretenda proclamarse el único partido que tiene sentido de Estado, cuando está dispuesto a permitir que el Estado se trocee con tal de permanecer en el gobierno.

republica.com 4-6-2021



SÁNCHEZ, CULPAS FUERA

PSOE Posted on Mon, May 17, 2021 23:40:29

Hace aproximadamente un año publiqué, en la editorial El Viejo Topo, mi último libro, “Una historia insólita, el Gobierno Frankenstein”. Tal como indica el título, mi pretensión era narrar la gestación en el tiempo de una realidad tan inaudita como la de que en la España del siglo XXI se hubiese producido un golpe de Estado en Cataluña, que los golpistas desde la cárcel o desde el exilio continuasen rigiendo esa Autonomía y, lo que era mucho más grave, que al mismo tiempo condicionasen y en cierto modo rigiesen el gobierno de España. Las situaciones que se estaban produciendo y, que sin duda se iban a producir, no podían por menos que sorprendernos a todos.

Al finalizar el libro, se desataba la epidemia y se decretaba el primer estado de alarma, que introducía variables nuevas de máxima relevancia, de modo que creí conveniente, antes de publicarlo, añadir un epílogo en el que me preguntaba, sin pretensión de hacer de profeta, cuál sería el impacto de la nueva situación en el segundo gobierno Frankenstein que acababa de constituirse. A pesar de ello, no se podía decir que Sánchez fuese un presidente recién nombrado, llevaba ya casi dos años durmiendo en el colchón de la Moncloa.

Las perspectivas no eran para él especialmente halagüeñas. No había podido ejecutar su propio presupuesto, continuaba con el de Montoro, que tanto había denostado. En 2019 el déficit se había desmandado y, en el intento de ocultarlo, sufrió la corrección y la reprimenda de Eurostat, que en seguida pilló el pufo en las cuentas públicas. Sánchez, que había llegado a la Moncloa por un solo voto de diferencia y apoyándose en un conglomerado de fuerzas difíciles de armonizar, había renunciado ya a elaborar unos presupuestos para 2020. La actividad económica entraba en un proceso de desaceleración, la evolución del empleo comenzaba a cambiar de signo, y todo indicaba que la negativa a subir los impuestos y los propios estabilizadores automáticos iban a complicar más las finanzas públicas. Por último, dar satisfacción a las fuerzas políticas que le habían hecho presidente no iba a ser nada fácil.

En esta tesitura surge la pandemia. Era, ciertamente, una coyuntura inesperada, y que colocaba al nuevo Gobierno en una difícil encrucijada y para la que desde luego no estaba preparado, pero también era posible que Sánchez, y así lo indicaba yo entonces en el epílogo, acariciase la idea de utilizar la crisis sanitaria para ocultar todos sus errores y equivocaciones y convertirla en la coartada perfecta que le permitiese acometer toda serie de desafueros e irregularidades. Podía ser la cortina que encubriese las contradicciones de un gobierno Frankenstein, y le evitase toda crítica, ya que cualquier censura se disfrazaría de deslealtad y de falta de colaboración en la solución de los graves problemas que afligían a la sociedad española.

Se ha cumplido un año y esta última estrategia parece haberse cumplido al milímetro. La única preocupación del Gobierno en la pandemia no ha sido salvar vidas, como repiten a diario, ni minimizar los enormes costes económicos que se derivan de la crisis sanitaria, sino sacar de ella la máxima rentabilidad política. En una primera etapa pensaron que colocándose al frente de la manifestación podían conseguir apreciables beneficios electorales. De ahí el primer estado de alarma y las durísimas medidas de confinamiento aprobadas, sin comparación con otros países, que hundieron la economía más que en ningún otro Estado de la Eurozona. Pero pronto comprobaron su incapacidad para solucionar los problemas que se presentaban, y que los costes políticos podían ser más elevados que los beneficios, con lo que la factoría de la Moncloa acuñó inmediatamente una palabra, la de cogobernanza”. Comenzaba un nuevo periodo que podríamos denominar de “culpas fuera”.

Casi siempre que se ha dado en el plano económico una agrupación público-privada el resultado ha sido el mismo, privatización de beneficios y socialización de pérdidas. Algo parecido representa la cogobernanza sanchista en el ámbito político: los costes los asumen las Comunidades; los triunfos, para el Gobierno. No soy precisamente un defensor del Estado de las Autonomías, pero tengo que reconocer que en líneas generales durante este tiempo las Comunidades Autónomas han estado mucho más a la altura de las circunstancias que el Ejecutivo. Cada una de ellas ha hecho lo que ha podido, incluso sin que Sánchez les concediese los medios necesarios. Es más, en algunas como en el caso de Madrid el Gobierno ha jugado claramente en contra. Se ha producido el resultado lógico, la heterogeneidad y que cada Autonomía aplicase medidas distintas, con lo que el caos ha estado servido.

Sánchez se ha colocado por encima del bien y del mal, como si el tema no fuese con él. Se ha lavado las manos en todos los asuntos que podían ser desagradables, derivando las culpas a las Comunidades Autónomas o incluso a la Unión Europea, como en el caso de las vacunas. Es más, no ha asumido ni siquiera la responsabilidad de las competencias que mantiene totalmente en exclusiva, tales como las referentes al Ministerio del Interior o a los aeropuertos.

El Gobierno es el principal responsable (excepto en el País Vasco y en Cataluña, donde las políticas de orden público están transferidas), de que se cumplan o no las medidas adoptadas, ya que las policías municipales carecen en la mayoría de los casos de medios y capacidad suficiente para conseguir este objetivo. Por ello resulta paradójico que se hayan empleado por ejemplo las fiestas ilegales en Madrid como arma con la que denostar al Gobierno de la capital, cuando la responsabilidad era del Ejecutivo central. El sectarismo ha funcionado de forma llamativa. Los controles han sido bastantes exhaustivos cuando las normas eran las establecidas con carácter obligatorio por el Gobierno o por ese Consejo territorial que Sánchez maneja a su antojo y cuyos acuerdos se han transformado de recomendaciones en preceptos. Sin embargo, las cosas cambian por completo y las fuerzas del orden desaparecen cuando se trata de controlar las medidas impuestas por las Autonomías.

Algo parecido ha ocurrido con las fronteras y con el transporte aéreo, competencia exclusiva del Gobierno central. A diferencia de otros países, España ha sido totalmente renuente a prohibir o al menos dificultar la entrada de extranjeros. Siempre ha ido con retraso. E incluso, cuando al final ha impuesto condiciones como la necesidad de presentar una PCR, no ha hecho nada para controlarlo. La falta de vigilancia es tanto más inexplicable cuanto que la verificación en los aeropuertos no presenta ninguna dificultad al poder realizarse al mismo tiempo que el pasaporte o el documento nacional de identidad. La dejación del Gobierno en esta materia ha sido tan llamativa que ha provocado incluso la crítica de uno de los apoyos del Gobierno Frankenstein, el portavoz parlamentario del PNV. El Gobierno, en su línea, ha tirado balones fuera y responsabiliza a Europa y al Acuerdo de Schengen de su negativa al cierre de fronteras, lo que no tiene ninguna verosimilitud, puesto que han sido muchos los países miembros que lo han puesto en práctica en distintas ocasiones. La misma España mantiene cerradas las fronteras con Portugal.

No es la única vez que Sánchez se escuda de manera tramposa en la UE. Lo ha hecho, por ejemplo, con las rebajas del IVA en las mascarillas y en la factura de la luz. Especial relevancia tiene el asunto de las vacunas. En él se ha plasmado perfectamente la  asimetría que ha presidido todo el plan sanchista: apropiarse de los éxitos y adjudicar a los demás los fracasos. En un acto impúdico de propaganda, el Gobierno etiquetó los primeros paquetes de vacunas que llegaban con enormes carteles en los que aparecía en letras grandes, Gobierno de España; intentó apuntarse el tanto, pero tan pronto vislumbró el notable fracaso que iba a representar el suministro se escudó tras la UE.

Ciertamente, la UE se ha cubierto de gloria en un tema tan sensible. Incluso los que hace mucho tiempo hemos abandonado esa postura bobalicona de admiración hacia ella, y somos conscientes de las enormes contradicciones y lacras de las que está afectada, no podíamos sospechar que el fracaso en este caso fuese tan enorme. Era difícil de prever que una organización con tal poder económico y político fuese incapaz de resolver adecuadamente un asunto, por una parte, de tanta importancia, pero al mismo tiempo relativamente sencillo de gestionar, como han demostrado algunos países cuyo potencial es infinitamente menor que el de la UE.

El retraso en el aprovisionamiento de las vacunas es de una extrema gravedad, y su coste va a ser muy elevado, no solo desde el punto de vista sanitario, sino también económico. Es absurdo que se haya perdido tanto tiempo y esfuerzo en aprobar unos fondos económicos (por otro lado, todavía en el alero) para intentar recomponer la situación económica y a la vez no se haya puesto la diligencia adecuada en evitar la demora en la vacunación, en buena medida responsable del deterioro económico que se va a producir. Sánchez, como viene siendo habitual, se ha desentendido del problema refugiándose en la UE, como si esta organización fuese independiente de los gobiernos y España no fuese el cuarto país más importante de ella.

Durante los meses en los que el abastecimiento de vacunas ha sido un total desastre, Sánchez ha estado totalmente ausente, pero logró desviar la atención mediática del problema principal, la carencia de material, hacia un hecho de mucha menor relevancia, sobre si una u otra Comunidad vacunaban a mayor o menor velocidad. El absentismo de Sánchez se ha traducido también en la ausencia de un verdadero plan de vacunación. Aparte de que frecuentemente ha sufrido modificaciones, se ha elaborado en unos términos tan generalistas que, junto a un suministro del material irregular y caótico, ha conducido a que los colectivos y el orden de los vacunados estén siendo dispares en cada una de las Autonomías.

Sin embargo, en cuanto las vacunas han comenzado a llegar de una manera más regular y en mayor número, a Sánchez le ha faltado tiempo para salir a la palestra en tono triunfalista como si fuese el mecenas que las proporcionaba, para anunciar la vacunación masiva en los próximos meses, con un calendario inventado y sin dar prueba alguna de que se vaya a cumplir. Se fija el famoso 70% para finales del mes de agosto, con lo que se da por perdido el verano, y que en realidad significa una corrección de las promesas anteriores que lo fijaban para finales del mes de junio. Pero Sánchez confía en la falta de memoria de los ciudadanos, con lo que ha convertido su comparecencia en un acto de propaganda orientado a la campaña electoral de Madrid, en la que él es el auténtico candidato, puesto que Gabilondo es tan solo una marioneta como lo fue Illa en el Ministerio de Sanidad y en las elecciones catalanas.

El lavado de manos de Sánchez durante la pandemia ha tenido, en el fondo, un carácter aparente, librarse de todo coste político, porque en realidad ha mantenido casi todo el tiempo el estado de alarma que le permitía, por una parte, situarse al margen, echando toda la responsabilidad sobre las Autonomías, pero, por otra, actuar despóticamente e imponer sus decisiones cuando lo creía conveniente y de acuerdo con sus intereses políticos. El asunto está siendo especialmente llamativo con la Comunidad de Madrid. Sánchez usa la pandemia como arma en su particular guerra con Ayuso, aunque las víctimas sean los madrileños. Resulta sorprendente escuchar a un presidente de gobierno en pleno estado de alarma, y por lo tanto con poderes absolutos, afirmar que Madrid es un desmadre donde se hace circular el virus.

republica.com 16-4-2021



ILLA Y LA INCONGRUENCIA DE LOS CATALANES

Cataluña, PSOE Posted on Wed, February 17, 2021 21:47:51

¿Qué les pasa a los catalanes? Todas las encuestas arrojan el resultado de que, aunque con oscilaciones, el número de los ciudadanos que se inclinan por la independencia es inferior al de los que la rechazan. No obstante, el panorama cambia cuando llegan las elecciones, el sesgo hacia el nacionalismo es mayoritario, no solo porque los partidos secesionistas son los que obtienen más escaños, lo que puede explicarse como consecuencia de los defectos de la ley electoral, sino porque gran parte de los catalanes que se declaran en las encuestas en contra de la independencia terminan votando a partidos que, si bien no se proclaman nacionalistas en la práctica, su simpatía e incluso complicidad con el nacionalismo resulta innegable.

No es infrecuente escuchar de muchos catalanes, de esos que se confiesan anti independentistas, el lamento de que el Estado les ha abandonado, se ha inhibido, dejándoles en manos del nacionalismo. Tienen su parte de razón, desde la Transición los partidos nacionales se han preocupado sobre todo de sus intereses, permitiendo que los nacionalistas campasen a sus anchas por Cataluña y el País Vasco, a cambio de conseguir su apoyo en el Parlamento español. De esta manera, poco a poco, el nacionalismo ha terminado apoderándose de todas las instituciones en sus respectivos territorios y, lo que es peor, ha impuesto progresivamente su discurso y su punto de vista a toda la sociedad.

Pero no es menos cierto que todo esto no hubiese sido posible sin el silencio, la pasividad, e incluso en muchos casos la complicidad, de la población no independentista. En cierto modo, las reivindicaciones nacionalistas y su victimismo beneficiaban a toda la sociedad en cuanto significaban obtener ventajas evidentes frente a otros territorios. Por otra parte, el conformismo era más cómodo y la aceptación de las reglas de juego podía acarrear beneficios inmediatos, quizás nada despreciables.

Buen ejemplo de ello lo ha constituido gran parte del empresariado, de los medios de comunicación y de otras muchas entidades que han visto recompensada su fidelidad al régimen (este sí que ha sido y es un régimen) de manera muy generosa, pero es que este modo de actuar se ha extendido también a muchos ciudadanos particulares a los que tampoco les iba mal el paraguas del victimismo. Muy pocos han sido los que han plantado cara. La mayoría han optado por amoldarse y recolectar los beneficios.

Solo cuando la situación subió de nivel y se dio un salto cualitativo, cuando el nacionalismo se declaró ya en franca rebeldía y se convirtió en golpismo, cuando vieron que los secesionistas estaban dispuestos a declarar la independencia unilateralmente, sonó la señal de alarma, la mayoría de los empresarios se asustaron. Vivían bien en la ambivalencia, pero el envite era demasiado fuerte. Gran parte de ellos se situaron en la tercera vía, “sí, pero no”, y la mayoría silenciosa de ciudadanos salió por primera vez a la calle de forma masiva. Un partido que había sido hasta entonces cuantitativamente secundario en Cataluña, Ciudadanos, se alzó como la fuerza política más votada.

Pero el tiempo pasa y parece que lo borra todo, lo que en el caso de Cataluña resulta un poco incomprensible, porque durante cuatro años se ha extendido el caos; y la violencia se ha adueñado con frecuencia de las calles de toda la Comunidad Autónoma. Los golpistas continúan sin arrepentirse de nada y afirman que están dispuestos a repetir el golpe. El Gobierno ha sido desgobierno, más pendiente del procés y de su propaganda secesionista, que de la gestión y de los problemas de los administrados. Por eso resulta tan difícil comprender los resultados actuales de las encuestas, no ya que el voto independentista se mantenga (el fanatismo suele dar razón de casi todo), sino que gran parte de la sociedad silenciosa se inclinen por formaciones políticas que mantienen cierta complicidad con el secesionismo. ¿Dónde están las izquierdas catalanas?

Es cierto que, en Cataluña, desde hace tiempo, al menos desde el inicio del procés, el enfrentamiento político no se plantea en términos de izquierda y derecha, sino de independencia o no independencia. No hay más que considerar el extraño matrimonio entre Convergencia -o lo que queda de ella- y Esquerra. Llevan gobernando juntos casi una década. Incluso cuentan siempre con el apoyo de la CUP cuando la necesitan en el Parlament. Pero precisamente por eso se entiende mal la traslación de votos que las encuestas arrojan de Ciudadanos al PSC, porque si hay un partido que en Cataluña ha defendido a esa más de la mitad de ciudadanos humillados y ofendidos ha sido la formación naranja.

Sin duda, Ciudadanos cometió un gran error, convertirse en partido nacional, y no quedarse en Cataluña, que es donde tiene un sentido y un perfil propio. He criticado a Ciudadanos en bastantes artículos y también en mi último libro “Una historia insólita, el gobierno Frankenstein”, pero estas críticas iban dirigidas a su comportamiento en la política nacional, no en Cataluña, donde han mantenido una posición bastante digna. Aunque hayan podido cometer alguna equivocación ¿cómo compararles con el comportamiento errático y torticero seguido por el PSC?.

Lo más que se puede esperar del PSC es la constitución de un tripartito, y conviene no olvidar que todo este fregado catalán comenzó precisamente con el anterior tripartito y la alianza de Zapatero con Maragall. Fue el primer intento de cambiar la Constitución por la puerta de atrás. Ciertamente no en rebeldía como lo hicieron en 2017 los independentistas, pero sí arteramente aprobando un estatuto anti constitucional, estatuto que en el fondo nadie demandaba. Solo hay que considerar la enorme abstención que se produjo en el referéndum de su aprobación. De aquellos polvos vinieron estos lodos. Resulta, por tanto, bastante incomprensible que aquellos que se quejan del independentismo, terminen votando a un partido que entre otras cosas pretende indultar a los golpistas para que prueben de nuevo, a ver si tienen éxito.

Lo más inconcebible es que parece que las buenas perspectivas del PSC se deben a presentar como candidato a Salvador Illa. Es difícil de entender. Se desconoce cuáles son sus gracias. Lo mejor que se puede decir de él es que es educado, modoso, de buenos ademanes y palabras. Claro que todo esto también podría interpretarse como amorfo, ni chicha ni limoná, y que cuando habla no se le entiende nada porque parece que está rezando. Pero más allá de todo esto, como ministro de Sanidad no ha brillado con luz propia. Ha sido tan solo una marioneta en manos de Sánchez, transmitía lo que este decidía. Su permanencia al frente del Ministerio de Sanidad se ha caracterizado por la inoperancia más absoluta. Tomó posesión de un medio ministerio (Sanidad) que era parte de otro casi sin competencias (Sanidad y Consumo). Un ardid para que tuviera un sitio en el Consejo de Ministros y desde esta plataforma se dedicase a su auténtica misión, servir de cemento a ese maridaje espurio que Sánchez pretende mantener con el nacionalismo golpista.

El hombre propone y Dios dispone. Así que se ha tenido que  enfrentar con la pandemia más grave de los últimos cien años. Sin preparación y sin medios no es de extrañar que su gestión haya sido un desastre, tanto más cuanto que desde el comienzo se echó en manos de un chisgarabís, locuaz y frívolo, que no tenía ni siquiera la categoría de subdirector general y que toda su “expertitud” (que diría Calvo) consiste en haber entrado en la función pública por la puerta de atrás, gracias a un importante pariente del PP.

Las dificultades con las que se encontró Illa al comienzo de su mandato son notorias. La distribución de competencias y medios entre las Comunidades Autónomas hacían del Ministerio un gigante de barro y dificultaban gravemente la gestión. Pero su languidez y su carencia radical de experiencia no solo sanitaria sino en la Administración Pública le convirtieron en una marioneta en manos de Sánchez. La subordinación de los criterios sanitarios a las conveniencias políticas cerraba toda posible solución.

El sometimiento a los intereses políticos estuvo presente desde el primer momento. Se reaccionó tarde. Había que mantener las manifestaciones feministas. “El machismo mata más que el coronavirus”, lema de los carteles, parece ahora una broma macabra. Se permitió la entrada por los aeropuertos de todos los italianos que quisieron pasar cuando en Italia la epidemia estaba ya desbocada. En una semana se pasó de asegurar que en nuestro país no había ningún problema a decretar el estado de alarma e imponer el confinamiento más duro de toda Europa.

Se adoptó un sistema de mando único, lo que a todo el mundo le pareció bien dada la gravedad de la situación. El problema surgió cuando ese mando único, el Ministerio de Sanidad y el señor Illa, comenzaron hacer aguas por todas partes. Pretendieron centralizar todas las compras, pero resultó un auténtico desastre. Los suministros no llegaban y muchos de los contratos eran fraudulentos y adjudicados sin el menor rigor, y aún está por conocerse qué hubo detrás de todas esas contrataciones. Al final cada Comunidad, a pesar de no tener competencias (estaban atribuidas al mando único), tuvo que apañarse como pudo.

No es el momento de relatar la inmensa acumulación de desatinos cometidos a lo largo de toda la pandemia. Los engaños y las rectificaciones han estado presentes en todo el proceso. “Donde ayer dije digo hoy digo diego”. Las mascarillas pasaron de no convenientes a ser obligatorias. Y las FFP que ayer se consideraban improcedentes e incluso egoístas resulta que son las que ahora Alemania considera como las únicas aceptables. La desescalada fue caótica y llena de prejuicios políticos, sin informes y al margen de todo criterio científico, y con un comité de expertos fantasma o inexistente.

Ante la catástrofe, el Gobierno optó por descargar la responsabilidad en las Comunidades Autónomas -pero sin darles al mismo tiempo los medios y la autoridad necesarias-, que ha pretendido mantener en sus manos para intervenir cuando por sus conveniencias políticas le pareciese necesario. Buen ejemplo de ello fue el sainete de Madrid que para demostrar quién mandaba no dudó primero en fabricar un engendro jurídico tumbado por los tribunales y al final decretar un estado de alarma reducido a una sola provincia con el que hizo el ridículo más absoluto, demostrándose que la Comunidad Autónoma tenía razón en su estrategia. La llamada “cogobernanza”, una de tantas palabras elaborada por la fábrica de la Moncloa, ha sido un caos, convirtiendo el mapa de España en la lucha contra la epidemia en un espectáculo de lo más heterogéneo y variado. Illa aseguró que no habría diecisiete navidades distintas y lo cierto es que si nos descuidamos acaba habiendo cincuenta.

A su vez, el Gobierno ha sido totalmente reacio a utilizar las competencias que permanecían exclusivamente en sus manos. A pesar de la petición de las Autonomías afectadas, se negó siempre a establecer en los aeropuertos y en las estaciones de ferrocarril controles efectivos, incluso cuando después de la aparición de la cepa británica y casi todos los países habían anulado ya todos los vuelos con Inglaterra Sánchez, rechazó hacerlo. El Ministerio del Interior, tan presente en la primera etapa incluso con entorchados en todas las ruedas de prensa, desapareció posteriormente como por asomo, con lo que la mayoría de las Autonomías se han encontrado sin medios para asegurar que se cumplían las medidas que iban adoptando.

El último escándalo, por ahora, lo ha constituido el de la vacunación. Como es habitual, el Gobierno ha lanzado la responsabilidad hacia fuera. En este caso a la Unión Europea, que, como es habitual, está demostrando lo que es, un bodrio burocrático incapaz de dar solución eficaz a cualquier problema. No obstante, Sánchez intentó ponerse las condecoraciones y venderlo a bombo y platillo, colocando en el primer envío un cartel monumental, que decía “Gobierno de España”. Algo infantil ciertamente, pero muy revelador de su finalidad de representación y propaganda. Ahora, ante las dificultades, echará balones fuera y trasladará todas las culpas a la Unión Europea.

Se dirá que todo esto es imputable principalmente al Gobierno y no a Illa. En alguna medida es verdad, pero el ahora candidato a la presidencia de la Generalitat ha sido el hombre de paja, el instrumento, el medio del que se ha valido Sánchez para implementar esta política tan desastrosa y para intentar vender como triunfos y aciertos los mayores descalabros. “No se arrepiente de nada”, ha manifestado en la despedida el hasta ahora ministro, y aleccionó a su sucesora anticipando que lo va a pasar bomba. La mayor prueba de la insignificancia de Salvador Illa consiste en que se ha considerado que puede dejar el Ministerio en el momento más crítico de la epidemia sin que pase absolutamente nada. Lo cual es cierto.

¿Es este personaje anodino el que quieren los catalanes para presidente de la Generalitat? Lo cierto es que Salvador Illa nunca va a serlo. Primero porque lo más probable es que se vuelva a formar un gobierno independentista y segundo porque, aunque diesen los números y se intentase constituir un tripartito, Esquerra nunca aceptaría no presidirlo y tener que votar de presidente a un hombre del PSC. ¿Entonces a qué tanto interés en colocar a Illa de candidato? Me da la impresión de que la finalidad ha sido otra, nombrar a Iceta, no en un ministerio cualquiera, sino en el de Administración Territorial. Pero eso merece quizás otro artículo.

republica.com 5-2-2021



SÁNCHEZ Y LAS CUENTAS DEL GRAN CAPITÁN

APUNTES POLÍTICOS, PSOE Posted on Tue, January 19, 2021 00:11:43

¿Democracia orgánica o republica bananera? En realidad, no sé a qué carta quedarme. Solo hay una sola cosa que sí parece ser cierta, que el sanchismo huye de los mecanismos clásicos de una democracia representativa. Todo en él es publicidad y propaganda, y habitualmente se basa en las más radicales mentiras, simulacros y teatro. Se ha convertido ya en rutina que, siguiendo las peores costumbres de las repúblicas bananeras, el jefe se dirija en largas sesiones al pueblo usando a su antojo los medios de comunicación a los que controla en su mayoría; en un escenario perfectamente montado, a veces hasta lo ridículo, con pianista incluido, al que se retribuye generosamente concediéndole la nacionalidad española en detrimento de los otros muchos miles de aspirantes que estaban antes que él en la cola.

Al final del 2020, Pedro Sánchez ha comparecido en una alocución de hora y media para decirnos que ha cumplido; al tiempo que presentaba un documento respaldado por unos palmeros a los que se ha llamado expertos. Todos ellos profesores de estudios superiores, de los miles y miles que hay en España, provenientes de los cientos y cientos de universidades que han surgido al abrigo de las Autonomías y de los negocios privados. Los profesores universitarios se han multiplicado como las setas. Hasta nuestro ínclito presidente lo ha sido, con doctorado incluido, eso sí, donado, de la misma forma que antes lo habían recibido gratuitamente los miembros que componían el tribunal que le calificó. Conozco a uno de ellos que recibió idéntico privilegio, solo que en este caso no tanto por la política como por la ayuda de su papá, importante en el mundo del deporte.

El informe que es ante todo un compendio de gráficos, cuadros, y porcentajes (da la impresión de que los cumplimientos se evalúan al peso) comienza, como es usual en todo lo que en estos tiempos sale de la Moncloa, en tono mitinero y supertriunfalista. Todo es histórico, único, a la cabeza de todos los demás. Hasta Filomena. “España se sitúa, de esta manera, a la vanguardia de la rendición de cuentas con un ejercicio singular y pionero… somos el primero de los países de nuestro entorno que no solo somete al escrutinio público el cumplimiento de su programa de gobierno, sino que también comienza a experimentar un sistema de verificación externo e independiente que confirma la calidad y la veracidad de la rendición de cuentas presentada ante los ciudadanos”.

Como se ve, nos movemos en un lenguaje épico y retorico. En transparencia, estamos a la vanguardia de todos los países. Hay que tener descaro e impostura. Un gobierno que se ha caracterizado por declarar secreto de Estado las cosas más nimias, con la intención de no tener que dar explicaciones prácticamente de nada; un gobierno que ha sufrido legión de requerimientos del Consejo de la Transparencia, sin que en general haya hecho el menor caso a ninguno de ellos.

Tan solo cuando este organismo le ha concedido un plazo perentorio de diez días (o de lo contrario recurrir a la jurisdicción contencioso administrativa) para facilitar los nombres de los miembros de ese comité fantasma de expertos -tras el cual el ministro filósofo y candidato se ha escudado siempre para revestir de razones sanitarias lo que eran simple decisiones políticas-, se han dignado a decirnos quiénes eran los afortunados que lo componían, o, mejor dicho, que en realidad ese comité nunca existió y todo quedaba reducido al locuaz Simón, nombrado en su momento a dedo por ser familiar de un ministro del PP, y a los funcionarios de un departamento inexistente desde hacía muchos años.

Como ha insistido Calvo, funcionarios, expertos, cualificados, que tienen ese cargo, especialmente el doctor Simón, por razón de su “expertitud”. Ahí es nada, “expertitud”. Esta palabra debe de formar parte del lenguaje inclusivo. Y es esa misma expertitud la que ha servido para elegir a los palmeros que han puesto su firma en el informe de marras. “Verificación externa e independiente”. Tan independientes que han sido designados todos por el Gobierno. Yo me los guiso y yo me los como, como Juan Palomo. Todos pertenecen a la misma familia ideológica y con tanta expertitud que no han sentido vergüenza de echar su firma a un bodrio como ese.

“Ejercicio singular y pionero para conocer el cumplimiento de las promesas adquiridas por el Gobierno en la investidura”. Afirman que es un ejercicio de calidad democrática. No lo veo yo así. Ejercicio de calidad democrática sería contrastar el cumplimiento de las promesas realizadas en la campaña electoral, pero por supuesto que no se pretende nada de eso. Ya lo dijo claramente Calvo, al negar que el presidente del Gobierno hubiese manifestado que en Cataluña se había producido un delito de rebelión, porque cuando Sánchez dijo lo que dijo no era presidente del Gobierno. Una cosa eran las afirmaciones y promesas realizadas antes de las elecciones y otra lo dicho o hecho después. Que desde luego no casan en absoluto. Esa sería la verdadera rendición de cuentas que podría interesar al ciudadano.

Lo que han presentado no es una rendición de cuentas del Gobierno hacia el exterior, del Gobierno frente a la sociedad. Es una rendición de cuentas en el interior del Gobierno, del sanchismo frente a sus otros nueve socios, que le facilitaron la investidura. Pedro Sánchez ha pretendido decirles a todos que está cumpliendo sus acuerdos, acuerdos en su mayoría bastardos con organizaciones políticas casi todas ellas sectarias o egoístamente provinciales o regionales.

De ahí la importancia que Sánchez ha pretendido dar a los presupuestos. Ciertamente, había un elemento de representación, de imagen. Era una vergüenza que Sánchez gobernase casi tres años con unas cuentas que no eran los suyas, que él mismo se había negado a apoyar y que, además, había criticado duramente. Aunque en contra de lo que se cree y se dice con frecuencia, la elaboración de unos nuevos presupuestos no resultaba imprescindible para que Sánchez continuase en la Moncloa toda la legislatura, siempre que estuviese dispuesto -y no hay duda de que lo estaba- a seguir manejando con total alegría los decretos leyes. Con ellos se pueden modificar cuanto se quiera y sea preciso en los presupuestos. Solo hay que retribuir generosamente a quienes los apruebe. La constatación más evidente es que Sanchez ha ocupado la Moncloa durante casi tres años sin ninguna dificultad, a pesar de utilizar unas cuentas públicas prestadas.

Sanchez descartó de antemano elaborar unos presupuestos para 2020, que es lo que se esperaba de él una vez ganadas las elecciones, tal como Felipe González hizo para 1983, aprobándose incluso un presupuesto extraordinario. Entonces, el PSOE estaba virgen y los usos presupuestarios, no tan deteriorados. Sánchez, por el contrario, no ha tenido ninguna prisa en elaborar unas nuevas cuentas. Para él ha constituido un problema de imagen y, lo que le resultaba quizás más importante, un instrumento para consolidar el apoyo de sus nueve socios, conglomerado contra natura que conforma el gobierno Frankenstein. Sánchez, al englobar todas sus peticiones en el presupuesto, expresaba que estaba dispuesto a cumplir sus compromisos.

La mayor parte de la prensa, realizando, tal como nos tiene acostumbrados, una lectura de la situación bastante superficial y mecánica, ha interpretado la aprobación de los presupuestos como un gran triunfo de Sánchez, sin caer en la cuenta de que en realidad se trata del simple resultado de una confluencia de fuleros dispuestos a sacar tajada de esa situación de decepción política y de multiplicidad de partidos, aunque ello vaya en detrimento de los intereses de la mayoría. No hay nada de meritorio ni de exitoso en esos presupuestos, sino, por una parte, previsiones erróneas que van a servir para engañar al personal y presentar un panorama ilusorio y, por otra, muchos intereses bastardos que confluyen para distorsionar la justicia y equidad que deben regir las relaciones entre regiones.

La casi totalidad de los compromisos cuyos cumplimientos anuncia Sánchez no son nada convenientes para la mayoría de los españoles, porque en el mejor de los casos implican privilegios de unos determinados grupos o regiones frente a otros. Pero, con todo, lo peor y más preocupante son las promesas, principalmente las que corresponden al País Vasco y a Cataluña, que no se incluyen explícitamente en los presupuestos, pero que atacan gravemente a la ley, a la justicia y al armazón jurídico del Estado.

Pedro Sánchez en el “Aló presidente” de fin de año ha querido dejar claro que está dispuesto a conceder los indultos a los golpistas catalanes. En realidad, ya había mandado a sus profetas por delante para preparar el camino. Ábalos, con la finalidad de justificar los indultos, había manifestado que el Gobierno tiene la obligación de buscar la reconciliación y Calvo criticó de forma rotunda el informe de la Fiscalía contrario al indulto. Paradójicamente, echaba en cara que las razones esgrimidas fueran políticas y no jurídicas.

Nada menos cierto. Cualquiera que lea el informe del Ministerio Fiscal puede comprobar que los argumentos que emplea se basan en que no se dan las condiciones para el indulto, principalmente el arrepentimiento y el propósito de no volver a intentarlo. Si cita la política es tan solo para señalar algo obvio, que el derecho de gracia no se puede ejercer por meros motivos políticos. Debió de ser esto último lo que molestó principalmente a la señora Calvo, porque de forma bronca terminaba su alocución afirmando que los informes no eran vinculantes, que la decisión era del Gobierno y poco más o menos que este iba a hacer lo que le diese la gana.

Pedro Sánchez, en su plática de fin de año, recogía el relevo de sus heraldos para lanzar el mismo mensaje: “Este es un gobierno que no ha escondido sus intenciones desde el principio. Es un gobierno que apuesta claramente por el reencuentro, por la reconciliación y por la convivencia en Cataluña y de Cataluña con España”. Estaba bien especificado eso de gobierno, porque Sánchez sí que ha cambiado. No quizás de pensamiento, pero sí de discurso, pero ya se sabe que, como dice Calvo, una cosa es cuando se es presidente y otra antes de serlo. Este Gobierno sí ha apostado desde el principio, si no por la reconciliación, el recuentro y la convivencia, sí por los independentistas y por los golpistas como medio para poder subsistir. Es el plus que le permite a Sánchez ocupar el poder. Pero esto no tiene nada que ver con la convivencia en Cataluña y menos con el reencuentro con el resto de España, que los nacionalistas no desean.

La opción de gobernar con los nacionalistas y golpistas empuja a Sánchez al más radical cinismo, al afirmar que “cuando hablamos de Cataluña todos somos responsables”. Tanto descaro es difícil de creer. Fuera de los que se han sublevado y han dado un golpe de Estado, los únicos que pueden ser culpables son este Gobierno y las fuerzas políticas que han justificado la rebelión y que ponen las condiciones para que el golpe pueda repetirse. Desde luego, no se puede culpabilizar ni a esa más de la mitad de catalanes que están siendo marginados por sus ideas y condenados a ocupar un puesto secundario en Cataluña, y mucho menos al resto de españoles a los que se ha pretendido hurtar su soberanía y que contemplan con sorpresa cómo un gobierno y unas formaciones políticas estatales a las que quizás han votado se colocan del lado de los golpistas y los premian con privilegios.

Lo más extraño es que los líderes socialistas y de Podemos de los territorios perjudicados no hayan levantado la voz oponiéndose a la acción del Gobierno. Hasta ahora las críticas han sido muy escasas, por no decir nulas. Tan solo García-Page se ha posicionado frente al indulto recordando primero el exabrupto de Junqueras, “Que el indulto se lo metan por donde les quepa”, y añadiendo después algo muy razonable: ¿Cómo conceder el indulto a los que afirman que están dispuestos a repetirlo? García-Page con lógica se pregunta: “¿Qué responsabilidad asumiríamos si les indultásemos, y mañana volvieran por el mismo camino? ¿Qué ridículo histórico no cometeríamos?”. La verdad es que ya lo estamos cometiendo, porque jamás han abandonado la ruta.

republica.com 15-1-2021



LA CIENCIA DE ILLA

PSOE Posted on Wed, October 14, 2020 11:00:14

Concluía yo el artículo de la semana pasada sosteniendo que el plus que otorga a Sánchez el gobierno y le permite continuar en él, no es otro que la coyunda con todas las fuerzas centrífugas que le consideran la vía más propicia para conseguir sus objetivos. Eso le sirve, sin duda, en el ámbito nacional, pero tiene su talón de Aquiles en el escenario autonómico, especialmente en aquellas Comunidades que no cuentan con partidos nacionalistas o regionalistas en los que apoyarse, si obviamos algunas como Extremadura o Castilla-La Mancha, cuyos presidentes, aun perteneciendo mal que les pese al sanchismo, se han mostrado siempre más jacobinos.

En este mapa aparece Madrid como pieza fundamental, como objeto de deseo, tanto más cuanto que Sánchez se había implicado directamente en esta Comunidad, quitando y poniendo secretario general y nombrando –si bien mediante la pantomima de las primarias- directamente a los candidatos. Es por eso por lo que desde el primer momento se desató una cacería contra la presidenta de la Comunidad de Madrid. Se podría considerar una batalla política normal, si no se usasen instrumentos tan torticeros y, sobre todo, si no tomase a la población madrileña como rehén y como medio para atacar al gobierno regional. Esto es lo que está ocurriendo con la pandemia.

No me detendré a relatar el desastre que representó la gestión de la primera época de la crisis sanitaria durante el estado de alarma, y los múltiples errores que cometió el gobierno central, hasta el extremo de que el mismo se asustó y decidió dejar todo en manos de las Comunidades Autónomas. Eso sí, sin ese plan B que todos le pedían y que pactó con Ciudadanos, pero que, como de costumbre, no cumplió, engañándoles una vez más. De todos modos a Ciudadanos parece gustarles que les toree, así que todos contentos.

Sánchez, durante meses, en el tema de la pandemia ha estado de vacaciones. Ante las críticas a su pasividad, compareció en rueda de prensa para manifestar que estaba dispuesto a ayudar a las Comunidades y poner a su disposición tres instrumentos. El primero, ofrecer a los presidentes de las Autonomías la posibilidad de  comparecer ante el Congreso para pedir el estado de alarma, facultad que constitucionalmente solo a él le corresponde, pero que de ninguna manera quiere asumir personalmente.

El segundo consiste en ofrecer como rastreadores 2.000 miembros del ejército (que parece ser la única institución que funciona con el gobierno Frankenstein), pero a los que había que formar en esta tarea y, lo que es más dificultoso, en el sistema informático de cada Comunidad, que según dicen son diferentes. Cosas del Estado de las Autonomías. Y tercero, poner a disposición de los ciudadanos una  app, que ya existía pero que casi nadie usa.

Después de eso, Sánchez ha seguido inhibiéndose, incluso en los momentos en los que la pandemia azotaba fuertemente a Comunidades como Aragón, Cataluña, País Vasco, la Rioja etc., y dejando a las Autonomías todas ellas a expensas de los múltiples dictámenes de múltiples jueces que, como es lógico, tienen criterios dispares. Pero, cosa curiosa, cuando los contagios comienzan a llegar con fuerza a Madrid, el gobierno se despierta de repente y abandona su aparente apatía.

Se tenga la opinión que se tenga de la señora Ayuso, incluso de la efectividad y suficiencia de las medidas que se habían adoptado en Madrid, hay que ser muy iluso para no darse cuenta de que las actuaciones del gobierno central no obedecen a ningún motivo sanitario ni epidemiológico, sino a su particular guerra con la presidenta madrileña y su objetivo de de desalojarla de la Puerta del Sol. En los últimos quince días ha montado todo un aquelarre orientado en esa dirección.

Se inició con una entrevista entre los dos presidentes con comparecencia conjunta incluida, llena de pasteleo y moralina en la que Sánchez, en su papel de tartufo, reiteró que venía a la Puerta del Sol a colaborar y en ningún momento con intención de inspeccionar o juzgar las medidas que se estaban adoptando. Pero, al mismo tiempo, mandaba a sus huestes a que montasen contra el gobierno de Madrid algaradas y manifestaciones, y a su perro de presa, la portavoz parlamentaria, a lanzar todo tipo de venablos aduciendo los argumentos más burdos, atribuyendo a motivos clasistas el cierre de algunos barrios de Madrid.

Es posible que haya muchos motivos para criticar tanto al gobierno de Madrid como al central por las condiciones sociales del sur de la capital, pero es demagógico y absurdo pensar que el confinamiento (acertado o no) decretado en ellos obedece a factores distintos de los epidemiológicos. Aquellos de los que viviendo en estos barrios exigían medidas similares en todo Madrid, paradójicamente, cuando estas se hagan efectivas, si trabajan en otras partes de la capital, puede ser que vean en peligro su empleo.

Tan solo han hecho falta dos días para que la imagen idílica de la Puerta del Sol se invirtiese e hiciese su aparición la faz más bronca, personificada en el hasta entonces amorfo Illa, contraprogramando incluso una rueda de prensa y exigiendo el confinamiento de todo Madrid. El desenlace es conocido, continuas presiones a la Comunidad y la convocatoria de un Consejo Territorial trampa con un acuerdo adoptado sin consenso y que se ha trasladado al BOE por una resolución de la secretaría de Estado de Sanidad (ninguna orden ministerial ha sido publicada). Esa secretaría de Estado creada recientemente sin que se supiese bien cuál era su finalidad (es posible que fuese esta o alguna similar que evitase que se manchase las manos el ministro) y cuya titular ha estado casi desaparecida desde su nombramiento.

Sin duda, el acuerdo, de muy dudosa legalidad, se redactó a la carta, y a la medida de la Comunidad de Madrid, porque, ¡oh, casualidad!, los criterios seleccionados solo los cumplian nueve municipios de esta Autonomía y la capital. ¿Por qué se han escogido estos y no otros?; ¿por qué 500 y no 300 o 700 casos?; ¿por qué en los últimos 14 días y no en los 7 o en los 10?; ¿por qué un 10% de positivos y no 20 o por qué un 35% de camas de UCI ocupadas y no el 20 o el 40? Y ¿por qué las medidas solo se aplican a municipios mayores de cien mil habitantes?

A pesar de sus continuas referencias a los expertos, a los científicos y a los criterios sanitarios y epidemiológicos, Illa no ha sido capaz de dar una explicación ni de presentar un informe sobre la materia. No ha dejado de ser asombrosa esa continua demanda del ministro de Sanidad: “Hagan caso a la ciencia”, que exclamaba con tono profesoral, cuando el gobierno central nos engañó a todos y continúa engañándonos con un comité de expertos inexistente. Esta es la ciencia del señor Illa, cambiar de opinión según le interese al gobierno.

Se violó el reglamento y la forma de funcionar del Consejo Interterritorial, que hasta ese momento había tomado decisiones siempre por unanimidad y haciendo simples recomendaciones. Por primera vez, se adopta la mayoría para imponer una serie de medidas que deben hacerse efectivas en 48 horas. Se da la casualidad que de los 63 municipios que potencialmente pueden verse afectados, 39 pertenecen a las Autonomías que votaron en contra, Comunidades que a su vez representan el 60% de la población total de España.

Las propias medidas que el ministro ha forzado a votar al Consejo Interterritorial son muy discutibles y, al menos para Madrid capital, aun desde la propia perspectiva epidemiológica van a tener un efecto muy dudoso, es posible que incluso perjudicial. Madrid capital tiene más de tres millones de habitantes, 30 veces los 100.000 habitantes establecidos. Prohibir entradas y salidas pero permitiendo la movilidad interior entre todos sus distritos, sin considerar las características de cada uno de ellos puede ser contraproducente. Solo puede tener como justificación el sectarismo y la demagogia, de creer que los confinamientos se hacen atendiendo al nivel económico y social de sus habitantes. Mal de muchos, consuelo de tontos. El tema resulta tanto más delirante cuando se renuncia a controlar los aeropuertos y las estaciones ferroviarias. Sánchez se ha negado siempre a exigir PCR en origen como hacían otros países, pensando que así salvaba el turismo. El efecto ha sido el contrario. Afirmar que el número de contagios en Barajas ha sido del 0,2% es de una enorme estupidez. ¿Cómo lo saben si no se han hecho  PCR? Estupidez solo comparable con la del delegado del gobierno en Madrid cuando asevera que los pobres no utilizan el transporte aéreo.

El gobierno se ha inhibido durante meses de lo que eran competencias propias, tráfico aéreo y ferroviario, y muy especialmente en lo referente al ministerio del Interior. Frente a una presencia incluso excesiva en la primera parte de la epidemia, la policía ha desaparecido desde que terminó el estado de alarma. Cataluña, País Vasco y Navarra tienen sus propias fuerzas de seguridad, pero ¿y el resto de las Autonomías? ¿De qué vale que las Comunidades aprobasen normas si no había nadie que las vigilase? La policía municipal resulta insuficiente, hasta inexistente en muchos ayuntamientos. Los botellones, las fiestas privadas, llevar o no llevar la mascarilla, la distancia de seguridad, los aforos, todo ha quedado a la buena voluntad de los ciudadanos. ¿Qué utilidad tienen los propios rastreos si no hay nadie que vigile que se cumplan las cuarentenas? El Ministerio del Interior ha estado ausente. Ahora sale de su letargo para vigilar los confinamientos perimetrales, pero ¿es esta la única medida o, si me apuran, la más importante?

Sánchez, mientras, continúa haciendo el tartufo, da orden a sus huestes para que entren en Madrid como un caballo en una chacharería. Él no, él no quiere implicarse. Nada de ir de frente decretando el estado de alarma que le permite la Constitución. Escoge el sistema más torticero. Ni siquiera la firma del ministro de Sanidad aparece en público. Emplea una orden comunicada que, como es conocido, no se publica en el BOE y que los órganos administrativos emplean para comunicarse entre sí, cuando surte efectos frente a terceros. ¿Orden comunicada cuando va a afectar casi a seis millones de ciudadanos? Lo único que aparece explícitamente en el BOE es una resolución de una secretaria de Estado fantasma que acaba de llegar al cargo. ¿Se pueden limitar los derechos fundamentales de la octava parte de los habitantes de España mediante una simple resolución?

En realidad, el número de afectados es mucho mayor porque Madrid es el centro neurálgico de comunicaciones. Paradójicamente, a los que se confina de verdad y de forma más dura es a los habitantes de los municipios de la Comunidad de Madrid a los que en teoría no se les aplica las medidas, ya que se les cierran la capital y las principales ciudades dormitorio. Todos estos pueblos viven, en buena parte, en una profunda simbiosis con los territorios ahora confinados, con lo que van a quedar reducidos a moverse en sus pequeños municipios o en algunos similares colindantes.

No hay duda de que las consecuencias económicas de las medidas van a ser graves no solo para los madrileños, sino que se extenderán a toda España. El eslogan de que lo primero es la salud es de una gran simplicidad porque ciertamente sin salud no hay economía, pero sin economía tampoco hay salud, ni siquiera sanidad pública, para mantener la salud. Como en todas las cosas, aquí también es imprescindible la proporcionalidad, ¿Por qué sino no volvemos todos a encerrarnos en nuestra casa durante tres meses? Es posible que muchos de los habitantes de esos barrios del sur que los sanchistas tanto dicen defender estén más preocupados por mantener el empleo que por la propia pandemia.

Republica 9-10-2020



EL GOBIERNO FRANKENSTEIN: ESTÁ EN SU NATURALEZA

PSOE Posted on Wed, October 14, 2020 10:57:01

Casi todo el mundo conoce la parábola, que se atribuye a Esopo, del escorpión y la rana. Estaba en la naturaleza del primero matar al anfibio. No podía actuar de otra manera. Y está en la naturaleza del gobierno Frankenstein actuar como lo está haciendo. Su presente y su futuro dependen del bloque de la investidura, que es el mismo  del de la moción de censura. No debemos sorprendernos.

El ministro de Justicia ha anunciado en el Congreso, como quien no quiere la cosa, que va a comenzar a tramitar los expedientes de indulto de los golpistas catalanes. El anuncio no es inocente. Se podría pensar que se trata del comienzo de un trámite más. Cada año se inician más de 4.000. Es cierto, como dicen los sanchistas, que el Gobierno está obligado a tramitarlos, pero no a aprobarlos (no suelen pasar de 30 los finalmente concedidos) y sobre todo no se anuncian en las Cortes. Es evidente que las palabras del ministro de Justicia fueron dichas con toda la intención. Es un mensaje a los golpistas.

No soy de los que piensan que el simple inicio de los expedientes no significa nada. Está claro que la determinación del Gobierno es aprobarlos si fuese necesario. Es más, parece que ya han encargado a la abogacía del Estado que recopile todos los casos en los que el perdón se ha concedido con el informe negativo del tribunal sentenciador. Las palabras del ministro de Justicia constituían, se llegue o no se llegue a concederlos, un mensaje a los nacionalistas asegurándoles que el Gobierno está dispuesto a otorgarlos si tuviese que recurrir a ello.

Caben pocas dudas de cuál es la intención del Ejecutivo. Se ha negado siempre a apoyar las reformas encaminadas a excluir de la ley del indulto los delitos de sedición y rebeldía, y acaban de rechazar en el Senado una proposición de ley para penalizar la convocatoria de referéndums.

Es cierto que el Gobierno piensa que tal vez no sea preciso recurrir a los indultos, puesto que va a tramitar también y de modo exprés, es decir por lectura única, una modificación del Código Penal con el objetivo de rebajar las penas en el delito de sedición y rebeldía, de manera que servirá para excarcelar a los sediciosos catalanes a quienes se les aplicaría retrospectivamente la medida. Tendrá además efectos colaterales. Primero, facilitar la vuelta de los fugados; segundo, abaratar la repetición del golpe.

A todo esto hay que añadir la prohibición al rey de desplazarse a Cataluña para participar en la entrega de despachos a los nuevos jueces. El hecho es de una enorme relevancia, por afectar a dos instituciones, columnas medulares del edificio democrático. Por una parte, la jefatura del Estado y, por otra, el poder judicial. Al margen de que se sea republicano o monárquico, mientras que el rey sea el jefe del Estado, vetar su presencia en una parte del territorio nacional es aceptar la tesis de los golpistas y asumir que Cataluña no es España.

Intelectualmente siempre me he confesado republicano. Como afirmó Pi i Margall, la ventaja de la república sobre la monarquía es la que existe entre lo racional y lo absurdo. Pero en política prima la funcionalidad. Y el constructivismo social con compás y tiralíneas sin tener en cuenta las circunstancias suele resultar peligroso. En este país, desde la Transición y con todos sus defectos, la monarquía ha funcionado aceptablemente bien, quizás porque nuestra Constitución diseñó una monarquía muy republicana en la que el rey apenas tiene competencias, como se acaba de demostrar en los momentos presentes cuando el monarca ni siquiera puede asistir a los actos oficiales sin la aquiescencia del Gobierno.

Tampoco se puede decir que hasta ahora la Corona haya caído en la tentación de borbonear, actuación tan frecuente en Alfonso XIII. Más bien lo que se ha producido es el efecto contrario, el de los políticos queriendo instrumentar la monarquía. Buen ejemplo de ello fue ya la postura de Sánchez en 2015, cuando pretendió dar a su designación para presentarse a la investidura un sentido que no tenía. Se presentó como investido de una dignidad especial, de cierta preeminencia, por encima de todo el resto de políticos, trastocando el acto del rey, que no tiene nada de discrecional, ya que es funcional, automático, se ve impelido a designar a quien tiene posibilidades de ser elegido o al que le dice que las tiene, aunque como en este caso, y luego se vea, carece de ellas. A partir de ese momento la predisposición de Pedro Sánchez en utilizar para sus fines a la monarquía ha sido permanente.

Plantear ahora el cambio de la forma de Estado carece de todo sentido, y constituye una aventura peligrosa. España tiene una cantidad ingente de problemas, como para enfangarse gratuitamente en este lodazal, tanto más cuanto que no existe ni el consenso ni el quórum necesario tal como exige nuestra Constitución para realizarlo. Es más, muchos tenemos la sospecha de que las andanadas que se lanzan al rey no son tanto como rey sino en su calidad de jefe del Estado. Que lo que realmente se busca es la desintegración del Estado. Y, paradójicamente, los que dan gritos a favor de la república están en contra de esa República con mayúscula, esa res pública que es el Estado español.

Si como insinúa Podemos, lo que intentaba el presidente del Gobierno con el veto al rey era deslegitimar a Lesmes, por estar vencido su mandato, lejos de constituir una justificación incrementa la gravedad de la decisión. En primer lugar, porque es una prueba más de cómo este Gobierno no tiene ningún reparo en manipular a la monarquía y sacarla de su papel institucional. Habría tomado al rey como rehén en su lucha partidista en el contencioso que mantiene con el PP respecto a la renovación de los órganos constitucionales.

En segundo lugar, pretender deslegitimar a Lesmes constituye ya por sí mismo un ataque a la Constitución. Lesmes, le guste o no a Sánchez y aunque haya terminado su mandato, y mientras el Congreso y el Senado no se pongan de acuerdo en su renovación, es el presidente del poder judicial, poder independiente del ejecutivo, columna del estado de Derecho y que representa a toda la justicia. No es de extrañar que los jueces en su conjunto hayan tomado la decisión como una ofensa, tanto más cuanto que los ataques a la justicia están siendo continuos. Primero, violentando a la abogacía del Estado. Segundo, nombrando una fiscal general con sectarismo político demostrado. Y tercero, el indulto y la modificación del Código Penal, que tienen como única finalidad corregir la sentencia del Tribunal Supremo.

Lo cierto es que tampoco nos puede asombrar que el rey y la justicia estén en la diana del Gobierno Frankenstein, ya que en ellos se centra la agresividad de los golpistas. El primero por ser el signo de la unidad del Estado y la segunda porque se ha convertido actualmente en la valla de contención frente a la sedición de Cataluña. Todos estos hechos pueden resultar insólitos, pero, como indicaba al inicio del artículo, no tenemos por qué sorprendernos: está en la naturaleza del Gobierno.

La editorial El viejo topo acaba de editar mi último libro, que he titulado “Una historia insólita, el gobierno Frankenstein”. Me pregunto en él cómo hemos llegado a esta situación. Cómo es posible que aquellos grupos que han dado un golpe de Estado en Cataluña y que amenazan con volver a repetirlo, no solo continúen gobernando en Cataluña, sino que hayan decidido el gobierno de España y que le condicionen día a día, aunque no, formen explícitamente parte de ese Ejecutivo. El gobierno Frankenstein no se compone únicamente del PSOE y del PP, sino que lo integran todo el bloque de la investidura que no es distinto del de la moción de censura. Ciertamente es una historia insólita. Y es la que me he propuesto narrar en el libro, cómo en pocos años hemos llegado a este escenario y cuáles han sido sus causas y los protagonistas. Es una historia llena de situaciones inauditas que lógicamente despertaban nuestra sorpresa según iban acaeciendo.

Hay un hecho conocido, pero poco recordado, y que expresa hasta qué punto Sánchez está ligado a los golpistas, y cómo el gobierno Frankenstein estaba presente ya desde sus primeros pasos. En esa noche aciaga de primeros de octubre de 2016, cuando el Comité Federal del PSOE fuerza su dimisión de secretario general, entre los energúmenos que gritaban a la puerta de Ferraz y que se suponía que eran militantes socialistas, se encontraba Torra, el ahora inhabilitado.

Pero, una vez constituido este Gobierno, no tenemos ya derecho a la sorpresa. Está en su naturaleza. Pocas cosas nos deberían impresionar. El plus que otorga a Sánchez el gobierno y le mantiene en él es el ayuntamiento con los secesionistas catalanes, con los separatistas vascos, con los herederos de ETA, con independentistas y regionalistas de todos los pelajes; su ventaja estriba en la coyunda con todas las fuerzas centrífugas que ven en él, en el ámbito nacional, la vía más propicia para poder conseguir sus aspiraciones. Ese es el gobierno Frankenstein que le ha servido para llegar al poder y en el que piensa perpetuarse lo más posible, aunque al final en esa labor el Estado quede destrozado.

republica 2-10-2020



EL CORONAVIRUS, NO HAY MAL QUE POR BIEN NO VENGA

PSOE Posted on Mon, May 11, 2020 11:38:44

Cuentan que Franco, al darle la noticia de la muerte de Carrero Blanco, exclamó “no hay mal que por bien no venga”. Frase un tanto enigmática en ese contexto, que nadie ha sabido interpretar. Es posible que la explicación sea en extremo sencilla. Que el viejo dictador estuviese ya gagá y, no sabiendo muy bien qué contestar, dijo lo primero que le vino a la cabeza. Lanzó la susodicha expresión como podría haber verbalizado otra.

En algún periódico he leído que la epidemia del coronavirus había echado un capote a la comisión encargada de elaborar el marco financiero plurianual de la UE, 2021-2027, que se encontraba en punto muerto. La discusión se hallaba estancada en las posiciones inamovibles de los distintos países e instituciones, sobre una décima más o menos. El drama del coronavirus ha dejado desfasados estos planteamientos y ha mostrado de alguna forma, lo grotesco de tales litigios. La UE ha tenido que introducirse en una nueva dinámica sobre las cifras presupuestarias.

También es posible que el Gobierno de España haga de la necesidad virtud y piense que el coronavirus, junto con tantos males, puede traer algún efecto positivo para sus intereses, al menos a corto plazo. Pedro Sánchez estaba contra las cuerdas, fruto de haber superado la investidura con un voto de diferencia, y con un cóctel de alianzas muy difícil de mantener y de compaginar. Un presidente de gobierno a punto de cumplir dos años en el colchón de la Moncloa y sin haber podido aprobar y ejecutar su propio presupuesto; continúa con uno prestado de Montoro, que en otro tiempo tanto denostó y que se negó a negociar. El Gobierno había renunciado ya a presentar los del 2020, y se vislumbraba enormemente difícil conseguir el consenso necesario para la aprobación de los de 2021. Los catalanes querían concesiones muy claras, pero casi imposibles de aceptar, por más que Sánchez estuviese dispuesto a casi todo.

A base de tantas ocurrencias en los viernes sociales, el déficit de 2019 se les ha desmandado y a la hora de cocinar y maquillar se precisa cierta práctica que la doctora en Medicina no parece poseer. De manera que Eurostat en seguida ha pillado el pufo con el consiguiente ridículo y amonestación. Es que no se puede elevar solo el gasto sin incrementar al mismo tiempo los ingresos, pero Sánchez no quiere subir los impuestos para no cabrear al personal. La prodigalidad en el gasto da votos, mientras que la subida de los tributos los resta. Aparte de que la creación de nuevos gravámenes no puede hacerse por decreto ley, que es lo único que ha venido utilizando Sánchez a lo largo de estos dos años.

No parecía que 2020 se fuese a presentar mucho mejor. La actividad económica entraba claramente en un proceso de desaceleración. La evolución del empleo comenzaba a cambiar de signo. El número de parados detenía su descenso y todo anunciaba que iba a adentrarse en una tendencia alcista. El simple funcionamiento de los estabilizadores automáticos influiría de forma negativa sobre las finanzas públicas.

A ello habría que añadir las características populistas del propio Gobierno, presto a medidas demagógicas en el gasto, pero reticente al mismo tiempo a todo lo que fuese una verdadera reforma fiscal, capaz de proporcionar los recursos necesarios. A lo más que había llegado era a anunciar dos nuevos impuestos (véase mi artículo del 5 de marzo pasado), más con la idea de cuadrar unos presupuestos que con el convencimiento de que se pudiesen poner en práctica. A la hora de la liquidación ya veríamos… Tan largo me lo fiais, que reiteraba el burlador de Sevilla. Pero antes o después chocaría con las autoridades de Bruselas.

Con malas perspectivas en la economía, sin poder aprobar los presupuestos, con unas finanzas públicas cada vez más desfavorables, con dificultades para poder implantar las medidas demagógicamente prometidas, y chantajeado y presionado por los que le habían conducido al gobierno, Pedro Sánchez estaba en un laberinto de difícil salida. Pero he aquí que aparece el coronavirus. La epidemia, a pesar de su ola de destrucción y tragedia, puede tener sus efectos positivos colaterales para el Gobierno. Le ha ofrecido una cierta escapatoria.

A partir del 9 de marzo (antes no, porque había que celebrar la manifestación feminista) todo se centra en el coronavirus. La culpa y toda ella será de la epidemia. El COVID-19 se adueña de tal modo del escenario que elimina, o al menos oculta, todos los errores  cometidos por el Gobierno hasta el momento. Es más, le dota de una especie de patente de corso sobre los que pueda perpetrar en el futuro. Prohibida la crítica. Hay que arrimar el hombro. Todo el mundo debe apoyar incondicionalmente a Pedro Sánchez. De lo contrario, se está en contra de la reconstrucción de España. Es la misma adhesión que exigía a PP y a Ciudadanos de cara a la investidura, y también a Pablo Iglesias, aunque a este, solo tras las primeras elecciones del 2019, porque después de las segundas no tuvo más remedio que aceptar las condiciones de la formación morada. Existen pocas dudas de que los efectos económicos de la epidemia van a ser devastadores, pero la pregunta es si no se van a atribuir a esta también los que provengan de la incompetencia del Gobierno, mezclando todo en un totum revolutum. De ahí el intento de anatematizar toda posible critica y mutualizar la responsabilidad, pero, eso sí, sin compartir las decisiones.

El estado de alarma permite a Pedro Sánchez concentrar todos los poderes, desterrar la transparencia y monopolizar la información. Doblegar la lógica y hacer pasar como verdad contrastada por la comunidad científica los absurdos más flagrantes. Hasta ahora no podías viajar en el mismo automóvil con tu pareja, con la que te acuestas todos los días, porque puede haber contagio; debías tomar un taxi (se supone que el taxista es inmune), o moverte en transporte público (que, por lo visto, debe de estar libre de virus); durante la fase uno, dentro de la misma provincia no se puede ir a la segunda residencia, pero sí a una casa rural o a un hotel que linda con ella o a la residencia de un vecino. Por citar tan solo algunas perlas de la coherencia científica. Uno se echa a temblar si es esa misma lógica la que va a regir la política de la recuperación económica del Gobierno.

El estado de alarma faculta a Pedro Sánchez para saltarse todos los procedimientos y, amparado en la urgencia de combatir los daños sanitarios y económicos de la epidemia, modificar aspectos que nada tienen que ver con ella, como la composición de la comisión de secretos oficiales, la ley de educación o la inclusión de las clases pasivas en la seguridad social. Es curioso que el ministro independiente (dependiente de los golpistas), que tomó posesión afirmando que había que aligerar el balance de la seguridad social traspasando determinadas partidas de gasto al presupuesto del Estado, lo primero que proponga es realizar el proceso inverso con las clases pasivas.

El destrozo económico causado por el coronavirus va a generar a su vez un colosal agujero en las finanzas públicas, y en consecuencia un brutal aumento en el endeudamiento. El porcentaje cercano al cien por cien que actualmente mantiene la deuda pública sobre el PIB va a elevarse de manera muy peligrosa. Primero porque, por desgracia, se espera un enorme descenso en el denominador, es decir del PIB. Segundo por un gigantesco incremento del numerador, tanto por la bajada de los ingresos del sector público, que siguen muy de cerca la evolución del PIB, como por el fuerte incremento que va a sufrir el gasto público fruto de las múltiples necesidades económicas y sociales que la recesión va a comportar.

A río revuelto, ganancia de pescadores. El colosal incremento del déficit y del endeudamiento público derivado de la epidemia puede hacer pensar al Gobierno que tiene vía libre para implantar todas aquellas medidas de su programa que deseaba poner en práctica, pero que la disciplina presupuestaria y, digámoslo todo, las autoridades de Bruselas se lo impedían. Donde caben seis caben siete, y el coronavirus lo tapa todo. El Gobierno sabe que a largo plazo la situación va a ser insostenible. Pero a largo plazo, todos muertos, que diría Keynes. Pedro Sánchez vive el momento. Balones hacia adelante. Además, pretende meter en el mismo saco a todos los partidos, sindicatos, etc. Todos enfangados en el mismo lodo. Pactos de la Moncloa.

Pedro Sánchez, yo diría que, con mucha ingenuidad, confía en Europa. En realidad, de Europa puede esperar muy poco. Es verdad que la situación no es la misma que en la crisis anterior. No es la misma pero por dos aspectos contrarios y enfrentados. El primero se encuentra en que la política de Bruselas es más laxa y no va a exigir, al menos a corto plazo, la estabilidad presupuestaria con la misma rigidez que entonces. El segundo juega en sentido contrario y es que el grado de endeudamiento actual del sector público español es incomparablemente mayor que el de 2007 y toca ya niveles límites. Incrementarlo en un treinta por ciento del PIB -como es muy posible que ocurra- nos introduce en un terreno resbaladizo y peligroso.

La amenaza en esta ocasión tal vez no venga de los hombres de negro, ni de la Comisión, ni siquiera de las supuestas condiciones del rescate, sino de la propia realidad económica y de los mercados financieros. Mercados hoy contenidos por el BCE, pero no sabemos hasta cuándo va a tener munición para frenarlos, y tampoco hasta qué momento los países del Norte van a permitir que lo haga. La última sentencia del Tribunal Constitucional alemán es ya todo un aviso. Que el Gobierno pierda toda esperanza de que  vayan a llegar de la Unión Europea transferencias como para tapar, aunque sea parcialmente, un agujero por importe del treinta por ciento del PIB. En todo caso, migajas (véase mi artículo de la semana pasada). Es difícil, por no decir imposible, que los males del COVID-19 puedan, al menos a medio plazo, traer algún bien aunque sea a un personaje tan maquiavélico como Pedro Sánchez.

republica.com   8-5-2020



PEDRO SÁNCHEZ, CUATRO AÑOS DESPUÉS (II)

PSOE Posted on Sun, January 19, 2020 00:04:15

En el artículo de la semana pasada mantenía (con algunos ejemplos como el de la judicialización de la política) que una de las peores consecuencias de los pactos que Sánchez ha firmado con los secesionistas de todos los pelajes radica en haber accedido a utilizar su propio lenguaje, lenguaje que tiene muy poco de inocente. Detrás de él hay todo un discurso y una concepción política claramente contraria a la Constitución, y me atrevo a decir que también al Estado de derecho. El nacionalismo ha desplegado una gran habilidad para utilizar palabras con un doble sentido que, si aparentemente parecen inocuas, no lo son. Cuando el Gobierno de la nación usa el lenguaje de los golpistas -incluso de los defensores de los terroristas-, los está blanqueando, legitimando, incluso internacionalmente. Termina siendo presa, además, de la ambigüedad de su discurso y sus planteamientos.

Sánchez habla ya sin ningún pudor de conflicto político. Expresión que los independentistas catalanes han copiado de ETA, y que tiene unas connotaciones  difícilmente aceptables. El mismo Sánchez hace solo algunos meses negaba que se diese un conflicto político y, en su lugar, hablaba de un conflicto de convivencia entre catalanes; pero ya sabemos que Sánchez puede cambiar de discurso en veinticuatro horas. Lo que sí se puede sostener es que en Cataluña hay un problema (no conflicto) político. Pero, como acertadamente sostuvo Ortega en las Cortes españolas con motivo del debate del estatuto de autonomía de Cataluña, no todos los problemas tienen que tener solución, y eso parece que es lo que ocurre con el catalán, que solo se puede conllevar. Bien es verdad que, como el mismo Ortega defendía, la “conllevanza” no solo implica “que los demás españoles tenemos que conllevarnos con los catalanes, sino que los catalanes también tienen que conllevarse con los demás españoles”. Y yo me atrevería a decir que unos catalanes tienen que conllevarse con los otros. Sería bueno que todos los que piensan que el problema nacionalista (problema eterno, lo llamaba Unamuno) puede solucionarse a base de concesiones, leyesen el memorable discurso de Ortega en aquella ocasión. Aun cuando fue pronunciado hace noventa años, sigue siendo perfectamente aplicable en la actualidad.

Para los sediciosos, la expresión conflicto político tiene varias derivaciones que Sánchez está asimilando una tras otra. La primera es que con ella se pretende indicar que no es un conflicto judicial, de lo que ya hablamos la semana pasada. La segunda es que lo plantean como un conflicto entre España y Cataluña. Pero ellos no son Cataluña; y, además, Cataluña, les guste o no, también forma parte de España. El único conflicto posible es de orden público. Una parte de Cataluña se subleva contra todo el Estado y, por lo tanto, también contra Cataluña, y pretende imponer por la fuerza y no mediante la ley sus pretensiones. La tercera derivada es que aprovechan para plantear todo en términos de bilateralidad.

Los catalanes -incluso muchos de los no nacionalistas- han reclamado siempre la bilateralidad, como una forma de especificidad, de salirse del común de confesores, del resto de las Autonomías. Invocan con frecuencia lo que llaman sus hechos diferenciales y algunos, como los del PSC, que si en teoría no son nacionalistas siempre han estado próximos, reclaman el federalismo asimétrico. Sánchez en el debate de investidura enumeró todos los estatutos de autonomía que recogían la bilateralidad. Constituye uno de los efectos negativos del nacionalismo, que todas las regiones quieren alcanzar sus mismos privilegios y así terminan copiando sus mismos defectos y desviaciones.

En cualquier caso, por mucho que los estatutos de autonomía recojan la bilateralidad, en ninguna Comunidad como en Cataluña se establece una mesa de diálogo, de tú a tú, de igual a igual, entre los dos gobiernos a los máximos niveles. Esta mesa se sitúa fuera de toda la estructura y organización del Estado y de la Comunidad Autónoma, suspendida en el aire, con la finalidad de que, como afirman los sediciosos, sus acuerdos no se puedan recurrir ante los tribunales (desjudicializar la política), por encontrarse en el limbo jurídico y administrativo. En ninguna Comunidad como en Cataluña se alterna el lugar de la reunión entre gobiernos (Madrid-Barcelona) para dejar constancia de forma muy expresiva de que la negociación se hace de igual a igual. Y con ninguna Comunidad Autónoma como con Cataluña se constituye una mesa de negociación en la que se pueden tratar todos los temas, aun los ilegales y los que vayan contra la Constitución.

En el acuerdo firmado por Pedro Sánchez se asume el lenguaje de los secesionistas al eludir la palabra Constitución, sustituyéndola por esa expresión tan ambigua de “los mecanismos previstos o que puedan preverse en el marco del sistema jurídico-político”. Los sanchistas se defienden asegurando que en esa fórmula está contenido el reconocimiento a la Constitución, pero habrá que preguntar, entonces, la razón por la que no se la cita expresamente. La respuesta resulta sencilla y lo han manifestado los mismos secesionistas. Ellos interpretan la afirmación remitiéndose a un supuesto derecho internacional inexistente y por relación a unos etéreos derechos humanos con exégesis propia y singular, que se colocan frente a la Constitución y a la legislación española.

El acuerdo contempla también someter a referéndum en Cataluña (aun cuando lo llame consulta) el resultado de la mesa. El actual secretario de Organización del PSOE se refirió a esta anormalidad alegando que la población tiene que opinar para superar el conflicto enquistado y recomponer la Comunidad de Cataluña. No parece que haya nada parecido en nuestra Constitución y en nuestras normas jurídicas que estipule que la población de Cataluña, al margen de los ciudadanos del resto de España, tenga que opinar acerca de las conclusiones aprobadas en una mesa inexistente jurídica y administrativamente hablando.

Es cierto que los estatutos de autonomía se someten a votación de los ciudadanos de la respectiva Comunidad, pero la mesa bilateral que se propone no tiene nada que ver con las reformas estatutarias. Primero, porque no sigue el camino procedimental de ellas. Se deja al margen tanto al parlamento catalán, como a las cortes españolas. Segundo, porque los golpistas han afirmado una y otra vez que ya no están en clave autonómica y estatutaria. Tercero, después del chasco del anterior estatuto, no creo que quede mucho margen para modificaciones estatutarias, a no ser que se pretenda repetir la actuación de Zapatero y cambiar la Constitución por la puerta de atrás disfrazada de reforma del estatuto de autonomía.

El 8 de abril de 2014, el soberanismo trajo a las Cortes la petición, más bien exigencia, de que el Congreso delegase en el Parlament la competencia para convocar en Cataluña un referéndum no vinculante acerca de su autodeterminación. La propuesta fue rechazada con los votos del PP, del PSOE, de UPD, y de alguno del grupo mixto. En total, 299 frente a los 47 a favor, de los nacionalistas y de IU. El resultado contrasta con lo que hemos presenciado estos días de atrás en el Parlamento. La diferencia es que entonces Pérez Rubalcaba lideraba el grupo socialista, y hoy la Secretaría General del PSOE está ocupada por Pedro Sánchez. El requerimiento de los proponentes fue claro y muy expresivo de cómo iban a concebir el diálogo a partir de entonces: “Es un proceso sin retorno”. Es decir, la alternativa es sí o sí. Si no nos lo dan, nos lo tomaremos. Lo que no estaba previsto es que en esa tarea fuesen a tener la ayuda del presidente del Gobierno de España, y por supuesto del vicepresidente segundo.

Lo más impúdico de la posición adoptada por Sánchez es que todas sus concesiones no han tenido ni una sola contrapartida de parte de los golpistas. No han renunciado a la unilateralidad, o lo que es lo mismo, amenazan con repetir el golpe de Estado. No han cedido ni un ápice. Más bien, todo lo contrario. Se han crecido y piensan que todas las bazas están en su mano. Tanto Bildu como Esquerra en el debate de investidura han actuado con total chulería sin ocultar lo más mínimo sus planteamientos.

No se lo han puesto fácil a Sánchez. Daba vergüenza ajena. Él, tan prepotente habitualmente, se ha empequeñecido ante las intervenciones y exabruptos de los golpistas y batasunos. Ha tenido que escuchar de Montse Bassa que le importaba un comino la gobernabilidad de España. Tanto EH Bildu como Esquerra Republicana le han dejado claro quién manda. Mertxe Aizpurua se lo advirtió de forma bastante elocuente: “Sin nuestros votos y sin atender la demanda de nuestras naciones no habrá gobierno progresista”. Nadie le contestó que era su presencia la que impedía precisamente cualquier gobierno de corte progresista. A su vez, Rufián también le previno que sin mesa de diálogo no habrá legislatura.

Uno de los efectos más perniciosos del sometimiento de Sánchez a los golpistas es la repercusión muy negativa que va a tener en el exterior. Es difícil que los jueces y los políticos europeos se crean que en España se ha producido un golpe de Estado cuando el presidente del Gobierno funda en los golpistas su nuevo gobierno y plantea la necesidad de desjudicializar la política, como primera medid cambia de fiscal general para conseguirlo. No deja de resultar irónico que Borrell tras la moción de censura criticase al gobierno de Rajoy por no haber sabido contrarrestar el relato de los golpistas en el extranjero y prometía solemnemente que el nuevo gobierno sabría corregir esta omisión. Está claro que lo ha conseguido, ya no es una omisión, sino una postura activa. Pedro Sánchez se está convirtiendo en el portavoz del pensamiento independentista.

En el debate de investidura Sánchez centró toda su argumentación en dos ideas. La primera, agrupar a todos los que no le apoyan, en lo que llama mayoría de bloqueo. Es realmente irónico escuchar al señor del “no es no”, eslogan con el que ganó las primarias, atribuir a los demás lo que él llevaba haciendo desde el 2015, porque en realidad el bloqueo ha existido desde esa fecha y ha sido él quien de una u otra forma ha estado bloqueando el funcionamiento normal del sistema político hasta que se ha hecho con el gobierno.

La segunda ha consistido en repetir una y otra vez que este es el gobierno que han elegido los españoles, lo que es totalmente falso. En el sistema político español, los ciudadanos no eligen al gobierno ni a su presidente, sino a los diputados y son estos los que eligen al presidente del gobierno. A Pedro Sánchez, por lo tanto, quienes le han elegido son los golpistas de Esquerra, los postetarras de Bildu, los nacionalistas del PNV; algunos regionalistas que se han lanzado a imitar a los nacionalistas y que están dispuestos a vender su voto al mejor postor; Podemos, que hace tiempo que perdió el norte; y los propios diputados socialistas que habían hecho la campaña electoral con un discurso radicalmente diferente al que ahora se ven obligados a asumir.

Teniendo en cuenta esto último no es extraño que Inés Arrimadas se haya acordado de Sodoma y Gomorra y haya pedido no treinta justos como Abraham, sino uno solo que impidiese que el gobierno de España quedase rehén de los golpistas y de los defensores de ETA. La demanda de Arrimadas tenía su fundamento en el hecho de que en 2016 los órganos del partido socialista echaron a Sánchez de la Secretaría General ante la sospecha de que intentaba hacer lo que ahora por fin ha consumado. El requerimiento de Arrimadas, sin embargo, tenía desde el principio poco futuro considerando la purga a la que Sánchez ha sometido al grupo parlamentario socialista, precisamente en previsión de que cuando diese el salto al gobierno  Frankenstein no hubiese nadie dispuesto a oponerse. Lo que sí parece cierto es que -quieran o no- quedarán marcados por haber colaborado en esa ignominia que tuvo ya su antecedente en la moción de censura.

Hay quienes en arranque de optimismo anuncian que este gobierno durará muy poco porque, según dicen, en seguida surgirán los enfrentamientos y discrepancias. Creo que quienes así piensan se equivocan; quizás no conocen a Pedro Sánchez. Carmen Calvo lo ha dicho con total rotundidad: esta legislatura durará cuatro años, y es que una vez que ha sido investido, Sánchez tiene la sartén por el mango y el mango también, tal como se decía en aquella famosa adaptación del “Tartufo” de Llovet-Marsillach, que se puso en escena en la época franquista y en la que se criticaba a los ejecutivos del OPUS. Una vez en la presidencia del gobierno no hay nada ni nadie que le pueda obligar a marcharse. La moción de censura es constructiva y pase lo que pase es quimérico pensar que pueda prosperar una alternativa a Sánchez. Y este no va a estar dispuesto en ninguna circunstancia a la dimisión ni a disolver las Cortes. Con acuerdos y sin acuerdos, con presupuestos o sin presupuestos, nada le va a hacer que abandone la Moncloa. Durante cuatro años ha sido capaz de pasar por todo con tal de llegar a la presidencia del gobierno, tanto o más fácil le será ahora mantenerse. 

republica.com 17- 1- 2020



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