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ARTÍCULOS RECIENTES CONTRAPUNTO

¿QUÉ TIENE QUE HACER UN GOBIERNO CUANDO ALGUIEN VULNERA LA CONSTITUCIÓN?

CATALUÑA, GOBIERNO Posted on Dom, mayo 22, 2022 22:54:42

Hace casi dos años (11-6-2020) en un artículo en este mismo periódico, señalaba el acierto que había tenido Rubalcaba al bautizar con el nombre de Frankenstein al gobierno que Pedro Sánchez acariciaba en 2016, y que motivo que le descabalgasen de la Secretaría General del PSOE, que al final logró formar en 2018 con 85 diputados, para repetirlo en 2020 con 120. La semejanza con el personaje creado en su novela por Mary Shelley es evidente. Construido en la ficción con despojos de distintos individuos, porciones con orígenes plurales y heterogéneos, es deforme y repelente. Pero, es además, al ser contra natura resulta funcionalmente no apto para la vida.

Algo casi idéntico sucede con el Gobierno formado por Sánchez. Se apoya en un conglomerado híbrido de múltiples formaciones políticas totalmente inconexas, la mayoría minoritarias, de aquí y de allá, muchas de ellas con la única pretensión de romper España. ¿Cómo no va ser contra natura que gobierne el Estado quien quiere destruirlo? Pero, también, al igual que el personaje literario, es inhábil funcionalmente. Difícilmente puede cumplir los objetivos que se le asignan a un gobierno. Su historia se reduce a una serie de contradicciones y contrasentidos que sería interminable relatar. Cada uno nuevo que emerge supera a los anteriores. Se van acumulando y complicando la situación.

Últimamente, los despropósitos han surgido alrededor de una noticia sin garantía alguna de veracidad, publicada en un periódico de Canadá, acerca de que se había investigado con el programa Pegasus a una serie de independentistas catalanes. El reportaje habría pasado casi desapercibido si no hubiese sido porque los soberanistas, que en parte lo habían propiciado, no estaban dispuestos a dejar pasar ocasión tan propicia para hacerse, como es su costumbre, las víctimas. Magnificaron el asunto, dando por probado lo que era una mera especulación. Han puesto el grito en el cielo y lo han utilizado para uno de sus objetivos preferidos, la internacionalización, según dicen, del conflicto.

Hemos tenido que ver a Puigdemont, el fugado de la justicia, acompañado por unos cuantos acólitos, con pancartas a la puerta del Parlamento Europeo, quejándose de que les habían espiado, y hemos tenido que aguantar que ese hombre de Estado que es Rufián se mostrase intranquilo y abatido porque lo que, según él, estaba en solfa no era la legislatura, sino el sistema democrático. Y esto lo dice quien es portavoz de un partido que violó todas las leyes democráticas con la finalidad de transgredir la Constitución y que pretendió romper el Estado. Pero todo ello no puede extrañarnos, entra dentro de la conducta a la que nos tienen acostumbrados los independentistas. Lo que no parece normal ni presentable es que un gobierno reaccione tal como lo ha hecho el  de Sánchez.

Cualquier otro gobierno en una situación parecida no se habría dado por enterado mientras la información no estuviese probada. Consideraría la noticia como una más, de la que no se sabe qué parte es invención y qué parte realidad, y que por lo tanto el Gobierno no tiene por qué confirmarla o desmentirla al tratarse, además, de materia de secretos oficiales. En todo caso, mantendría que, verdad o mentira, no tendría nada de raro que aquellos que habían dado un golpe de Estado y afirmaban que volverían a repetirlo fuesen vigilados por el Estado; sostendría que sería totalmente lógico que los que habían tenido contactos con potencias extranjeras, como Rusia, y con un dictador como Putin con la finalidad de conseguir ayuda para romper España, hayan sido investigados por los servicios secretos; y defendería que sería razonable que aquellos que movilizaron las fuerzas antisistema para incendiar toda Cataluña, cometer toda clase de sabotajes, que cortaron con gran violencia carreteras y servicios ferroviarios y que pretendieron apoderarse por la fuerza del aeropuerto de Barcelona fuesen fiscalizados por el CNI.

Pero todo esto sería así, si el Gobierno fuese normal, pero estamos en presencia de un gobierno Frankenstein. Margarita Robles tendría que haber sido consciente de ello, puesto que, desde el primer momento -2016-, se situó al lado de Sánchez frente al Comité Federal, cuando manejaba ya la idea de realizar todas estas alianzas espurias, le acompañó en su hégira de las segundas primarias y ha formado parte desde el principio del Gobierno Frankenstein. Sin embargo, se olvidó de todo ello, cuando en el Congreso se enfrentó muy digna a los nacionalistas, con la siguiente pregunta: ¿Qué tiene que hacer un Estado, un gobierno, cuando alguien vulnera la Constitución, cuando alguien declara la independencia, corta las vías públicas, cuando realiza desórdenes públicos, cuando alguien está teniendo relaciones con dirigentes políticos de un país que está invadiendo Ucrania?

Alguien podría haber respondido: Que ¿Qué tiene que hacer un gobierno? Si es el Frankenstein: indultar a los golpistas, gobernar con ellos, asumir el lenguaje soberanista respecto al espionaje, desplazar al ministro de la presidencia a Barcelona a pedir disculpas y humillarse frente a un miembro de tercera fila del Gobern, convocar una rueda de prensa precipitadamente y por sorpresa para anunciar que el presidente del Gobierno y la ministra de Defensa habían sido espiados hace un año? El hecho de publicitarlo –que resultaba un tanto insólito e incomprensible- adquirió sentido más tarde, al comprender que servía de pretexto para cesar a la directora del CNI y dar así satisfacción a los golpistas.

Qué tiene que hacer un gobierno, se preguntaba Margarita Robles. Pues si ese gobierno es el Frankenstein, parece que forzar a la presidenta del Congreso a que cambie las reglas del juego para constituir la Comisión de Secretos Oficiales e introducir en ella a los independentistas, golpistas y herederos de Batasuna; obligar a comparecer en esta Comisión a la directora del CNI y mostrar todos los expedientes y las correspondientes autorizaciones judiciales; y, por último, cesarla a petición de los golpistas y utilizando la coartada previamente preparada del espionaje al Gobierno.

¿Por último? No es la expresión adecuada, porque parece que los independentistas no van a conformase con lo obtenido hasta ahora y van a seguir chantajeando al Gobierno. Parece que exigen que se desclasifiquen los expedientes referentes a las escuchas y las respectivas autorizaciones judiciales. Pero seguramente lo que no les gustaría es extender la desclasificación al contenido de los pinchazos, ya que se escucharían y se verían muchas cosas que a los secesionistas no les interesaría que se supiesen. No saldrían quizás muy bien parados. Es posible que sea ese mismo motivo el que hace que no estén muy decididos a ir a los tribunales. A lo largo de los procesos saldrían a la luz toda una serie de hechos e informaciones que seguramente les perjudicarían.

Hay quienes piensan que existe aún una baza pendiente en aras de dar satisfacción a los nacionalistas, el cese de Margarita Robles, una vez que haya pasado la asamblea de la OTAN. Las múltiples reiteraciones de la ministra de Defensa acerca de que cuenta totalmente con la confianza de Sánchez tienen muy poco valor y si no que se lo digan a Ábalos, a Calvo o a Iván Redondo. Poco vale que Robles saque a pasear que ha acompañado a Sánchez desde el principio. Lo cual es cierto y también el mayor manchón en su vida política e incluso democrática,  pero es que, además, no les sirvió de nada a los tres citados anteriormente para impedir su cese.

Lo único cierto es que la todavía ministra de Defensa hizo un tremendo papelón en la rueda de prensa en la que comunicó el cese (sustitución lo denominó ridículamente) de Paz Esteban como directora del CNI. Fue todo un espectáculo. Ha decepcionado a muchos que se creían que Robles era distinta de los otros miembros del ejecutivo, lo que constituye sin lugar a dudas un espejismo. Todos participan de la misma culpa, les une el mismo pecado, la pertenencia al Gobierno Frankenstein. Habrá quien se interrogue sobre la causa de que Margarita Robles no haya dimitido. La pregunta no deja de ser ingenua. Quien admite gobernar apoyándose en golpistas, por qué se va a detener con bagatelas como la de participar en este aquelarre de dar satisfacción a los secesionistas con el cese de la directora del CNI.

No se piense, sin embargo, que la sangre va a llegar al rio. Nadie está interesado en romper la baraja. Todo queda en un mero teatro. Estirar la cuerda, pero sin que llegue a romperse. ¿Con qué gobierno van a estar mejor los independentistas? Otegui lo dejó muy claro. Junqueras habló ya de seguir apoyando. Solo exigen que el Gobierno les prometa que no cometerán de nuevo tamaña osadía. La cosa no deja de ser paradójica. Los que afirman que repetirán el golpe de Estado exigen que los servicios secretos y los jueces no vuelvan a vigilarles.

Hasta ahora era evidente que Sánchez gobernaba supeditado al chantaje de un revoltijo de fuerzas políticas de lo más dispar, desde “Teruel existe” hasta ”Bildu”. Tras haberse descubierto el presunto espionaje de que ha sido objeto el presidente del Gobierno, surge una pregunta: ¿no habrá alguien más que se haya apuntado al chantaje? Solo así se explicaría ese acontecimiento de lo más misterioso, el cambio repentino y sin contar con nadie que adoptó Sánchez sobre la posición de España en el tema del Sáhara. ¿Qué tiene que esconder?

Republica.com 19-5-2022



EL TRIBUNAL DE CUENTAS,  LA CORRUPCIÓN DE LAS INSTITUCIONES

CATALUÑA, CORRUPCIÓN, GOBIERNO, HACIENDA PÚBLICA Posted on Jue, mayo 12, 2022 20:51:32

La tragedia que asola Ucrania y que salpica a toda Europa puede hacer que una de las mayores corrupciones políticas de España pase casi desapercibida. Digamos que está llegando a su fin según lo predispuesto. El Tribunal de Cuentas ha cambiado en pocos días su propio criterio acerca de las garantías a exigir a los responsables de la malversación de fondos públicos llevada a cabo en los actos de publicidad y propaganda en el extranjero, orientados a preconizar el referéndum ilegal de independencia del 1 de octubre en Cataluña.

La gravedad del escándalo no estriba únicamente en el mero hecho de que se haya producido la modificación de criterio, sino que esta se ha conseguido mediante el cambio en la composición del propio tribunal, cambio realizado por el sistema tradicional de reparto entre los dos partidos mayoritarios, y que tan contrario es al espíritu de la propia Constitución. (Ver mis artículos del 23 de septiembre y del 11 noviembre del año pasado en este mismo diario digital). La gravedad, además, se incrementa en tanto en cuanto que la mutación ha recaído sobre un fallo cuya conclusión era tan evidente que la decisión tomada ahora por la sesión de enjuiciamiento quebranta las normas básicas del Derecho financiero y de la Hacienda Pública, y contradice los principios más elementales de la lógica y del sentido común.

¿Cómo se va a garantizar con dinero público que el erario recupere los recursos defraudados? El planteamiento es tan disparatado como cuando en tono de chunga y con cierta ironía se le comunica a alguien la disposición a convidarle siempre que antes nos adelante el dinero de la invitación. Se pretende cubrir una defraudación con otra defraudación, defraudación al cuadrado.

Corrupción, y grave, la de todos aquellos que en Cataluña han empleado fondos públicos para un objetivo ilegal, incluso delictivo, intentar la sedición de parte de la ciudadanía, insumisión frente a la Constitución y la soberanía nacional. Pero corrupción también y más grave la de los consejeros del Instituto Catalán de Finanzas que, a sabiendas, aprobaron que el organismo avalase con dinero público el alcance anterior. Se convierte en una corrupción de mayor nivel, corrupción al cuadrado.

Habrá sido seguramente esa la razón por la que tres de los consejeros dimitieron, para no tener que dar su conformidad a los avales. Quizás por miedo a incurrir en un grave delito de prevaricación. Habrá que preguntarse si la Sociedad Civil Catalana además de plantear una demanda ante el tribunal de Cuentas no debería haber interpuesto una querella criminal contra aquellos miembros del Instituto Catalán de Finanzas que aprobaron el aval y a todos aquellos que les forzaron a hacerlo.

Todo esto era ya bien conocido y no hay por qué incidir en ello, pero últimamente ha acaecido un nuevo suceso que eleva el listón de la corrupción, corrupción al cubo. Constituye un salto cualitativo. La gravedad es sustancialmente mayor, porque no radica en que determinados actos sean corruptos, sino en la corrupción de las propias instituciones. Ahora, la del Tribunal de Cuentas.

La corrupción del propio Gobierno Frankenstein no tiene parangón con ningún otro acto concreto de corrupción. Ni a la izquierda ni a la derecha del espectro político. Es una corrupción estructural que está en la misma conformación desde sus orígenes de este Ejecutivo, desde el inicio, desde la misma moción de censura, que mancha a todos los que forman o han formado parte de él, estigma que se mantendrá en el futuro y que será imposible de olvidar. Durante toda su existencia este Gobierno viene incurriendo en un cohecho endémico mediante el que se compra con fondos públicos o con cesiones políticas la permanencia día a día en el poder. Resulta grotesco que Sanchez asuma el lenguaje de los puros y exija explicaciones a Juan Carlos. Siempre he pensado que el problema de Sanchez respecto a la monarquía no tiene relación con las preferencias con respecto a la forma de Estado sino que se fundamenta más bien en un sindrome  sicológico, le es aplicable aquello que Nietzsche decía de sí mismo “Si dios existiese como iba a soportar yo no serlo, luego Dios no existe”.  Si existe rey como va a soportar Sanchez no serlo. Luego la monarquía debe desaparecer.    

Ahora se comprende la urgencia con la que el presidente del gobierno quería cambiar la composición del Tribunal de Cuentas. El mandato de los consejeros, a diferencia de los de las otras instituciones, acababa de expirar. Tras el indulto de los golpistas, quedaba por solucionar el problema crematístico, que no podía ser objeto de indulto, derivado de la defraudación cometida en los preparativos del golpe de Estado y que dependía del Tribunal de Cuentas. Se precisaba pues cambiar a los consejeros para corregir la redacción del auto que la sección de enjuiciamiento había preparado para rechazar los avales que presentaba el Instituto Catalán de Finanzas y que parecían más bien una broma pesada.

La historia reciente del Tribunal no es para que nos sintamos precisamente orgullosos de esta institución. La Ley Orgánica de 1982 y la Ley de funcionamiento de 1988, elaboradas ambas de acuerdo con las pretensiones del PSOE -la primera cuando estaba en la oposición, la segunda ya en el gobierno y de acuerdo con las manías de Pascual Sala-, configuraron una institución con enormes lacras, que comenzaban ya en el diseño de la responsabilidad y de la jurisdicción contable, y finalizaban en su constitución como órgano pluripersonal de doce consejeros, y que se han venido repartiendo en cuotas iguales los dos partidos mayoritarios.

Han sido estas lacras las que han condenado con frecuencia a esta institución a la esterilidad, limitando su actuación a casos de poca monta y quedando, sin embargo paralizada en cualquier asunto de mayor envergadura en el que hubiese por medio intereses políticos, porque en la mayoría de los casos la mitad del Consejo bloquea a la otra media. Durante todos estos años, el Tribunal de Cuentas no ha destacado precisamente por su eficacia, pero nunca había llegado al descaro, degradación y degeneración que se ha producido ahora. Degeneración de los currículos de los elegidos respecto a los que deberían tener, según la categoría asignada al puesto por la ley orgánica y la de funcionamiento. Cada vez son mucho más grises y de carácter más político.

Degradación, porque se ha nombrado a unos consejeros, y ellos han aceptado la designación, con la finalidad explícita de librar a los golpistas catalanes de la obligación económica derivada de los actos de sedición, admitiendo para cubrirla el aval de un organismo público, lo que en sí mismo constituye otra malversación. Dos son los elegidos para los puestos en la sección de enjuiciamiento, que van a permitir el cambio de criterio. En realidad, sus currículos son de tal levedad que no resulta fácil encontrarlos en Internet. Solo en el portal de trasparencia y con bastante vaguedad.

El primero es don Diego Íñiguez, perteneciente al cuerpo de Administradores Civiles del Estado y que ya desde el inicio (1993, en plena cúspide, de corrupción felipista) se separó de sus compañeros de promoción para cubrir un puesto de mayor nivel del que le correspondía de salida, pero también de mayor contenido político, consejero técnico en el Gabinete del ministro de Justicia. Durante los gobiernos del PSOE y en las esferas políticas de los gabinetes, ejerció bien de consejero técnico bien de asesor ejecutivo bien de vocal asesor, primero a la sombra de Belloch y más tarde a la de María Teresa Fernández de la Vega.

En el ínterin, durante los gobiernos de Aznar, buscó acomodo en el exterior en puestos muy cotizados en su cuerpo por sus altas retribuciones. Al final del mandato de Zapatero, consiguió que le hiciesen magistrado por el cuarto turno, es decir a dedo y sin oposición, lo que suelen describir como “juristas de reconocido prestigio”, aunque siempre está el problema de quién es el que reconoce el prestigio. Por desgracia, hay que preguntarse si no fue una forma que inventó en sus tiempos el PSOE para que  desembarcasen sus fieles en la Administración de Justicia. Ello permitió al nuevo magistrado refugiarse durante los mandatos de Rajoy en su judicatura recién estrenada, para volver con Sánchez a los puestos políticos. Primero, como director en la empresa pública de paradores, para aterrizar más tarde como jefe de gabinete de la ministra de Defensa, cargo que ocupaba al ser nombrado consejero del Tribunal de Cuentas.

Precisamente su inmediata permanencia como jefe de gabinete de la ministra de Defensa podría hacer que alguien se preguntase si no  podría estar inmerso en los supuestos del artículo 33.3 de la Ley Orgánica de la institución: haber gestionado fondos públicos o haber pertenecido a un consejo de administración de un organismo o sociedad pública en los dos últimos años, lo que le invalidaría para ocupar el nuevo cargo.

El segundo puesto como consejero en la sección de enjuiciamiento lo va a ocupar doña Rosario García Álvarez. Su currículum es mucho menos movido que el del anterior, se limita a veintisiete años de experiencia en la carrera judicial, últimamente como magistrada de la sala de lo social en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y profesora de Derecho laboral en la Universidad de Comillas. No parecen conocimientos muy a propósito para el Tribunal de Cuentas. Ni Derecho administrativo, ni financiero, ni mercantil, ni contabilidad, ni auditoría, ni análisis de los estados económicos y financieros, nada. Su única gracia parece que radica en poder ir a la sección de enjuiciamiento y estar dispuesta a cambiar el dictamen. Tan es así que según dicen doña Rosario no estaba en la primera lista, sino que era doña María Luz Rodríguez la designada, pero al darse cuenta de que la titulación de esta última no la capacitaba para ir a la sección de enjuiciamiento, que es para lo que se la necesitaba como objetivo primario -salvar a los golpistas-, se modificó la propuesta.

Poco puede sorprendernos la postura del sanchismo. Está en su naturaleza como en la del alacrán de la fábula. El Gobierno Frankenstein precisa día a día de estos comportamientos para mantenerse. Estaban claros su objetivo y su finalidad. Pero ¿a qué se debe la postura del PP?, ¿qué ganaba con los acuerdos? Solo le pueden acarrear desprestigio, después de meses y meses censurando el procedimiento y denunciando con buen fundamento su dudosa constitucionalidad, hasta el extremo de continuar bloqueando la renovación del Consejo General del Poder Judicial, lo que ahora parece una incongruencia. ¿Por qué uno sí y otros no?

Parece que en algún momento el PP alegó a favor del acuerdo el hecho de que los candidatos propuestos no tenían perfil político, lo que constituye una gran ingenuidad, puesto que confundían el nivel con la trayectoria. Que no hayan ocupado puestos relevantes solo indica que su currículum es más bien gris, pero no que todo él no se haya desarrollado a la sombra del PSOE. Es precisamente esa mediocridad la que más les debería haber llamado la atención y hecho desconfiar y podrían haberse cuestionado acerca de cuál era entonces el motivo de la propuesta. Ahora ya se sabe. Que estaban dispuestos a cumplir de forma servil las indicaciones políticas. La pregunta surge entonces de forma inmediata: ¿qué trapicheos ha habido entre Félix Bolaños y Teodoro García Egea?

Republica 10-3-2022



DEL ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS AL CANTONALISMO

AUTONOMÍAS, CATALUÑA Posted on Jue, mayo 12, 2022 20:46:33

Dicen que Ortega y Gasset fue el autor intelectual de la estructura territorial dibujada en la Constitución del 78. Efectivamente, el filósofo madrileño defendió en su tiempo organizar el Estado español en una serie de regiones autónomas, más o menos semejantes a las actuales. Quizás imbuido por el pensamiento identitario alemán, pensaba que la única fotma de mantener un Estado fuerte y centralizado era concediendo autonomía a sus territorios, de manera que tuviesen su propio gobierno y su asamblea legislativa. No obstante, Ortega se negó siempre a dar un paso más, caminar hacia un Estado federal. En su diseño no se pretendía unir unas entidades previamente existentes e independientes para crear una unidad nueva llamada España, sino todo lo contrario, conceder autonomía a las partes para fortalecer el todo.

La soberanía era solo una y pertenecía a España como nación. Por eso en las discusiones del estatuto catalán en la Cortes españolas de la Segunda República, Ortega se pronunció en el sentido de que quedase deslindado del proyecto de Estatuto todo cuanto significase, o pudiese parecer, amenaza a la soberanía unida, o que dejara infectada su raíz. Por este camino –decía- iríamos derechos y rápidos a una catástrofe nacional.

Se dirigía a los nacionalistas con estas palabras: «No nos presentéis vuestro afán en términos de soberanía, porque entonces no nos entenderemos. Presentadlo, planteadlo en términos de autonomía. Y conste que autonomía significa, en la terminología juridicopolítica, la cesión de poderes; en principio, no importa cuáles ni cuántos, con tal de que quede sentado de la manera más clara e inequívoca que ninguno de esos poderes es espontáneo, nacido de sí mismo, que es, en suma, soberano, sino que el Estado lo otorga y el Estado lo retrae y a él reviene. Esto es autonomía. Y en ese plano, reducido así el problema, podemos entendernos muy bien».

Por el mismo motivo arremetía por su carácter ambiguo contra el término “ciudadanía catalana”, ya que en sentido estricto ciudadanía es el concepto jurídico que liga al individuo con el Estado. Del mismo modo, defendió que en el estatuto debía quedar meridianamente claro que lo que el Estado otorgaba por la autonomía podía volver a sus manos más tarde y no solo por la voluntad de los catalanes, sino también por la del propio Estado.

Ortega pensaba que la mejor forma de vertebrar el Estado y de neutralizar toda tendencia secesionista era organizarlo dividiéndolo en grandes regiones autónomas. Solo habrá -llegó a afirmar-verdadero y saludable centralismo, es decir, Estado, cuando haya vigoroso autonomismo y viceversa. Y eso mismo debían de pensar los diputados del 78, cuando consagraron en la Constitución el Estado de las Autonomías.

A estas alturas de la película es fácil llegar a la conclusión de que Ortega se equivocó y los que aprobaron la Constitución del 78 cometieron el mismo error, pensar que las Autonomías servían para aplacar las ansias de los soberanistas. Nada más ilusorio que creer que las repetidas concesiones apaciguan al nacionalismo. Hoy, después de cuarenta y cuatro años, el problema territorial está infinitamente peor y más infectado que durante la Transición.

Pero lo cierto es que quizás ni uno, ni los otros tendrían que haberse equivocado si hubiesen reparado en la Historia. El regionalismo terminó con la Primera República española, precipitándola al caos. La pretensión de conseguir una república federalista condujo al cantonalismo y a la anarquía. Hasta el propio Pí i Margall se vio sobrepasado e impotente para controlar los distintos focos de independencia. Cuando un Estado federal se forma por la suma de entidades políticas independientes puede llegar sin duda a una situación de cierto equilibrio; pero si, por el contrario, se pretende formar una federación por la separación de partes de un Estado ya constituido, la situación será de inestabilidad porque significará adentrarse en un proceso que nunca se dará por terminado. Cada grado de autonomía servirá para reclamar más y más sin saciarse nunca, hasta llegar a la independencia.

Con el Estado de las Autonomías se puso en marcha una fuerza centrífuga que parece no tener fin y que conduce al cantonalismo, cuando no a la secesión. Esta fuerza ha ido adquiriendo mayor o menor intensidad dependiendo de las circunstancias y de otras variables. El primer factor que ha colaborado a incrementar esa tendencia ha sido la propia Constitución que, a diferencia de la alemana a la que siguió en otros muchos aspectos, se definió como no militante y consiente la existencia de partidos políticos que defienden abiertamente la ruptura de España. Así mismo permite que determinadas Comunidades gocen de ciertos privilegios (a los que llaman fueros) en materia presupuestaria y fiscal, propios de la Edad Media.

A ello hay que añadir la propia ley electoral que otorga una representación mayor de la que corresponde a los partidos nacionalistas y no impuso su presencia en un número mínimo de provincias para poder tener diputados en el Parlamento español, medida que hubiese sido necesaria para que los intereses de todos los parlamentarios coincidan con el interés general de la nación y evitar así que el Congreso se convierta en una subasta en la que se puja por votos a cambio de privilegios provincianos.

Durante los muchos años que el sistema ha girado alrededor del bipartidismo, los partidos nacionalistas de Cataluña y del País Vasco, mediante la cesión de sus votos en las Cortes Generales, obtuvieron pingües privilegios y consolidaron sus posiciones en las respectivas Comunidades Autónomas. Tanto el PSOE como el PP, cuando estaban en el gobierno, les dejaron actuar libremente en sus territorios a cambio de contar con su apoyo en el Parlamento nacional. Poco a poco, en parte mediante un fuerte adoctrinamiento, en parte mediante un continuo trasvase de competencias y en parte debido a la pasividad de los gobiernos centrales, Cataluña y el País Vasco han ido conformándose como Estados independientes, si no de iure, sí de facto, de tal modo que al final los separatistas terminan creyendo que también lo son de pleno derecho.

Al mismo tiempo, en todas las otras regiones se fue formando una clase política cuyos intereses están ligados en buena medida al proceso autonómico, y que por lo tanto apuestan más y más por la autonomía. Igualmente, no es extraño que vean con cierta envidia al País Vasco y a Cataluña y pretendan imitarles bajo la premisa de que ellos no son menos.

Tres factores vienen a influir de forma definitiva en las fuerzas disgregadoras en los últimos años. En primer lugar, la crisis de 2008 y el surgimiento del 15-M. En segundo lugar, el proceso de fagocitación del PSOE por parte del sanchismo y, en tercer lugar, el surgimiento de Podemos. La crisis de 2008 y las manifestaciones del 15-M en Barcelona en contra de la política de la Generalitat llevaron a Artur Más y al Gobern a desviar los cañones hacia otro lado, hacia Madrid, y dar el paso que hasta ese momento no se habían atrevido a dar: independencia sí o sí.

La dominación del sanchismo sobre el PSOE constituye un hito decisivo. Pedro Sánchez consiguió los peores resultados obtenidos nunca por su partido, pero no se resignó a ser perdedor. En contra de la sensatez y de lo que sería lógico, con el fin de llegar al gobierno y mantenerse en él ha estado dispuesto a pactar con toda clase de formaciones de lo más heterogéneo: regionalistas, independentistas, que ya eran golpistas, e incluso con los herederos de los terroristas vascos. El Gobierno Sánchez no solo ha blanqueado todas estas formaciones políticas cuya finalidad es quebrar el Estado, sino que en buena medida las ha hecho partícipes en la gobernación de ese Estado que quieren fragmentar. No solo ha permitido que se intensificaran las tensiones secesionistas en el País Vasco y Cataluña, también ha propiciado que otras Autonomías como Baleares, Navarra o Valencia comiencen a andar por el mismo camino.

En otros territorios, aunque con menos pulsiones separatistas, se ha tomado muy buena nota de las ventajas que obtienen los partidos nacionalistas, así que las formaciones políticas regionalistas o incluso provincianas han comenzado a proliferar como las setas. Últimamente, el Parlamento se ha fraccionado y se han multiplicado las siglas, en algunos casos de forma ridícula; pero es de todos esos partidos de los que se vale Sánchez para seguir manteniéndose en el gobierno.

Son ya muy numerosos los partidos políticos en el Congreso cuya representación se limita a una región o a una provincia: Compromís en la Comunidad Valenciana; Partido Regionalista en Cantabria; Coalición Canaria y Nueva Canarias, que se formaron a su vez por no sé cuántas formaciones políticas; PDECat, Esquerra, CUP y Junts pel sí en Cataluña; PNV y Bildu en el País Vasco; el BNG en Galicia; el Foro en Asturias; Mas País en Madrid; Unión del Pueblo Navarro en Navarra y, por último, Teruel existe.

En una tendencia que cada vez es más pronunciada, son muchos los partidos que con representación en los parlamentos regionales están a la espera para saltar al Congreso de Madrid, tal como por ejemplo lo han demostrado las últimas elecciones en Castilla y León, en las que Soria ya y Unión del Pueblo Leonés han obtenido tres escaños cada uno, y la formación Por Ávila, uno. En Baleares, Mes Mallorca, con implantación en esa isla, y que gobierna con el PSOE en la Comunidad, afirma que el Estado de las Autonomías está agotado. Su especial interés radica en que mantiene la misma concepción del federalismo que los cantonalistas de la Primera República, un proceso de abajo arriba. Propone la creación de partidos en las restantes islas, que se terminen federando con ellos mediante referéndums.

Cometen un error los que piensan que las injusticias y desigualdades generadas por el secesionismo y los partidos nacionalistas se superan y desaparecen mediante el cantonalismo. Cuanto más se disgregue el Estado, el quebranto a las regiones más abandonadas y deprimidas será mayor, y mayores los desequilibrios entre las Comunidades. El diputado de Teruel existe fue decisivo para la investidura de Sánchez. Hoy, sus votantes deberían preguntarse si las limosnas prometidas -que no sé si cumplidas-, compensan el coste de haber impuesto un Gobierno Frankenstein a toda España.

El tercer factor es el surgimiento de Podemos como partido político, y la extraña postura adoptada por dicha formación frente a los regionalismos y los nacionalismos. El 14 de septiembre de 2017 publicaba yo un artículo en este diario digital titulado “El coqueteo nacionalista de Podemos”. Poco tengo que añadir a lo que allí afirmaba. Así que me remitiré a ello en aras de no alargar demasiado este artículo. Solo reiteraré lo que a mi entender ha sido el problema fundamental de esta formación: su afán por llegar al poder lo antes posible, sacrificando incluso la coherencia en el discurso.

La finalidad de obtener en cada sitio los mejores resultados es el motivo de la heterogeneidad, que en cada Comunidad y Ayuntamiento se ha plasmado en distintas alianzas, y también en la pluralidad de discursos, que se concreta en la defensa del derecho de autodeterminación y en el coqueteo con los nacionalistas y regionalistas. Las prisas por llegar al poder se han evidenciado también en la búsqueda constante del pacto con el PSOE, a pesar de que el 15-M surgió cuando gobernaba Rodríguez Zapatero y no Rajoy.

Mantenía en aquel artículo también que este planteamiento a medio y a largo plazo podía ser peligroso para la propia formación. En muchas Comunidades, precisamente las más pobres y peor dotadas, no se vería con buenos ojos -como así está ocurriendo- que un partido teóricamente de izquierdas se coloque a favor de las sociedades ricas que quieren romper la unidad solidaria del Estado. En las otras, con presencia de nacionalistas y regionalistas, no era fácil que se hiciese un hueco con un discurso ambiguo. Los electores prefieren siempre las primeras marcas. Y en cualquier caso la defensa de la disgregación a nivel territorial puede ser un búmeran que termine actuando sobre el propio partido disgregándolo en fracciones casi autónomas.

Caben pocas dudas de que la postura de Podemos está facilitando la aparición del cantonalismo; pero al mismo tiempo se produce el declive de la propia formación. Creo que muchos de sus líderes son conscientes de ello. De ahí el intento de refundación con la actual ministra de Trabajo. Pero curiosamente parece que se pretende copiar el mismo patrón. La famosa reunión en Valencia, que en cierto modo pretendía servir de presentación del nuevo proyecto, aparte de echarse en falta la cuota masculina, seguía idénticos cánones disgregadores: Colau por Cataluña, Oltra por Valencia, Mónica García por Madrid, y la misma Yolanda Díaz por Galicia. Todo ello con un extraño olor a cantonalismo. Modificamos algo para que nada cambie.

republica 3-3-2022



DIFERENCIA DEL DICIEMBRE DE 1988 AL DICIEMBRE DE 2021

CATALUÑA, SINDICATOS Posted on Mié, mayo 11, 2022 19:55:03

Treinta y tres años y cuatro días separan el 14 de diciembre de 1988 del 18 de diciembre de 2021. Hay quien dice que la distancia es mucho mayor, la que hay entre unos sindicatos de clase y unos sindicatos verticales. En la primera fecha las organizaciones sindicales pararon el país y estuvieron a punto de forzar la dimisión del presidente del Gobierno; en la segunda, los sindicatos se manifestaron en Cataluña en contra de una sentencia de los tribunales y con la demanda de que la Generalitat la incumpla, es decir, que se sitúe en un estado de insumisión.
Aquel 14 de diciembre las organizaciones sindicales salieron a la calle y arrastraron a la mayoría de los ciudadanos con la finalidad, primero, de abortar una reforma laboral que abarataba y potenciaba el despido y multiplicaba las facilidades para realizar contratos temporales -condiciones, sin embargo, bastantes mejores que las que ahora rigen las relaciones laborales-; y segundo, de impedir una serie de modificaciones fiscales que reducían la progresividad, especialmente en el impuesto sobre la renta. Nada que ver, sin embargo, con las reformas que se adaptaron posteriormente y que han terminado por menoscabar aún más el sistema fiscal. No obstante, en aquel momento, a pesar de que luego la situación ha empeorado, la huelga general logró parar la ofensiva neoliberal.
El 18 de diciembre de este año los sindicatos en Cataluña se han manifestado, pero no han encabezado nada. Más bien han sido puras comparsas de una plataforma independentista, Som Escola, y de un golpista, Jordi Cuixart. Han participado en una protesta no precisamente en contra del Gobierno, ni del central ni del de la Generalitat; se manifestaron, por el contrario, en claro contubernio con este último. La finalidad no era pedir la reforma del mercado laboral ni exigir una fiscalidad más progresiva. No ha sido una protesta social. Las protestas sociales se terminaron en Cataluña hace muchos años. La última fue aquella en la que Artur Mas y algún otro consejero se vieron forzados a entrar en helicóptero al Parlament. Hoy en Cataluña todas las protestas son secesionistas y muchas de ellas, con reclamaciones a todas luces ilegales e inconstitucionales.
En esta ocasión, los sindicatos se han sumado a una protesta independentista, que persigue la desigualdad entre aquellos cuya lengua materna es el castellano y los que tienen como tal el catalán. Según los convocantes de la manifestación, la intención era preservar y proteger la cohesión social en Cataluña, y evitar la división en la escuela por razón de la lengua. Nada más falsario que este discurso, puesto que son los soberanistas los que dividen a los alumnos en dos clases, los que pueden estudiar en su lengua materna y los que no. Pero, como en todo nacionalismo, lo que se persigue es la supremacía de una parte sobre la otra: en este caso del catalán sobre el castellano.
Las sentencias no crean ninguna escisión sino, bien al contrario, pretenden establecer la igualdad que la inmersión lingüística rompe. No se trata, tal como pretenden hacernos creer los secesionistas, de que ese 25% que debe impartirse en lengua castellana se destine solo a aquellos alumnos cuyas familias lo reclaman, sino que se tiene que aplicar a todos los colegios, en todas las aulas y a todos los alumnos. El cambio en el sistema educativo que se deduce de la sentencia, por lo tanto, no divide a los escolares. Todos, sin distinción, recibirían la misma educación. La sentencia lo único que hace es mantener la igualdad de ambas lenguas exigida por la Constitución y que el modelo de inmersión lingüística ha destruido.
Paradójicamente, esa moralina que habla de la riqueza que proporciona la multiplicidad de lenguas no va con los soberanistas. Ellos se sienten más bien cercanos a la tradición judía que se desprende del relato bíblico de la Torre de Babel, en el que la multiplicidad de idiomas se considera un castigo y una maldición. Visión quizás lógica para un pueblo que se creía elegido por Dios y por tanto excepcional y superior al resto. Los soberanistas, si pudieran, suprimirían el castellano de Cataluña.
El drama del nacionalismo catalán es que en el fondo no es capaz de definirse a sí mismo, de establecer aquello que con suficiente consistencia hace a los catalanes diferentes del resto de españoles. Desde luego no es la raza, ni las características genéticas o biológicas. Alejandro Fernández, presidente del PP de Cataluña, con cierta sorna se lo espetaba a Quim Torra en el Parlament, recordándole que anatómicamente era muy españolazo, y que ambos eran muy parecidos. Que se mirase al espejo y que constatara que su figura tenía mucho más que ver con él que con los altos y rubios habitantes del norte de Europa.
Tampoco es posible afirmar que la diferencia se base en la estirpe o en la homogeneidad de ancestros. El INE elabora estadísticas acerca de los distintos apellidos y su frecuencia en cada una de las provincias españolas. Pues bien, los apellidos más frecuentes en Cataluña, y con mucha diferencia, son García, Martínez, López y Fernández. Resulta muy curioso escudriñar los datos de este organismo y descubrir en qué orden quedan en cada una de las cuatro provincias los apellidos que podríamos llamar “más catalanes”. Paradójicamente, se encuentran al final del ranking.
Lo anterior no debería sorprendernos, dados los intensos movimientos migratorios que se han producido, como en toda España, en Cataluña. Los catalanes, del mismo modo que el resto de españoles, son fruto del mestizaje. En los últimos ochenta años Cataluña, al igual que Madrid, ha sido objeto de una continua inmigración de casi todas las otras regiones de España como Extremadura, Andalucía, Castilla, Galicia, etc. En época reciente (y así parece que va a ser en el futuro) el flujo migratorio ha provenido de Latinoamérica, África e incluso de la Europa del Este. Es frecuente escuchar que son pocos los madrileños que han nacido en Madrid. Y muchos menos los que pueden jactarse de que sus padres sean naturales de la capital de España. Lo mismo se puede decir de Cataluña.
Tampoco parece que el criterio territorial pueda fundamentar con cierto rigor la existencia de una nación o de un pueblo diferente del resto de España. A la hora de predicar el derecho a decidir, ¿a quién hay que escoger, a los que han nacido en Cataluña o a los que residen actualmente en ella, aunque lleven tan solo unos cuantos días empadronados? Por otra parte, en qué criterio jurídico nos apoyamos para fijar los límites del territorio. ¿Aceptamos los de la Comunidad Autónoma tal como la definió la Constitución del 78, formada por cuatro provincias, con las demarcaciones que estableció el ordenamiento jurídico en 1833? Ambas normas escogieron una delimitación discrecional. Muy bien podrían haber establecido otra. ¿Por qué no escoger los países catalanes o el antiguo Reino de Aragón?, ¿y por qué no cada una de las provincias por separado?
Tal vez sea la lengua el único factor al que puedan aferrarse los secesionistas para definirse como conjunto distinto del resto de España y apoyar así sus pretensiones de independencia. Dentro de sus planteamientos, el idioma es lo que les proporciona ese carnet de pertenencia a un club diferente del de los otros españoles. Ello no significa que no agiten e intenten potenciar otros factores a los que llaman hechos diferenciales: folklore, usos, tradiciones. Pero eso no les diferencia de otras regiones. Todas tienen costumbres y hábitos propios, pero estos no pueden servir de apoyo para fantasías soberanistas.
La lengua se ha convertido para los secesionistas, por tanto, en un casus belli. Pretenden hacerla hegemónica en toda Cataluña. Para ello deben expulsar el castellano y minimizar el número de hispanohablantes. Hay quien se empeña en afirmar que el procés está acabado. No participo de esa creencia. Una cosa es que, en estos momentos, no puedan llevar a cabo sus bravuconadas, y otra, que no estén dispuestos a esperar una oportunidad mejor. Piensan que esta solo tendrá una probabilidad si conforman una mayoría muy cualificada, y que para ello la escuela y la extensión del catalán son medios esenciales. He ahí la razón por la que se movilizan con tanto empeño con el asunto del idioma, hasta el punto de llegar a la insumisión y a plantar cara ante los tribunales, postura que ahora no suele ser habitual después de ver las consecuencias penales que acarreó el golpe de Estado.
Lo que carece de toda justificación y resulta inexplicable es que los sindicatos se prestasen al papel de comparsa del soberanismo, a no ser que su propósito sea el de representar tan solo a una parte de la población de Cataluña. Insólito es también, aunque nos tiene acostumbrados a ello, que el Gobierno central se lave las manos y no intervenga, permitiendo que la ley y las sentencias no se apliquen en Cataluña. Pero todo es posible desde el mismo instante en que se creó el Gobierno Frankenstein.

republica.com 30-12-2021



ESTADO PERMANENTE DE INSUMISIÓN

CATALUÑA Posted on Mié, mayo 11, 2022 19:02:02

El día 23 del mes pasado, una providencia del Supremo rechazaba el recurso interpuesto por la Generalitat de Cataluña contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de esa Comunidad acerca de la presencia del castellano en los centros docentes catalanes. Concretamente estipulaba que al menos el 25% de las clases debían impartirse en castellano. Hasta aquí todo normal. Lo extraño, lo que debería sorprendernos, es que el Gobern saliese en bloque a denunciar el ataque que, según ellos, estaba sufriendo la Autonomía por parte de la Justicia.
Pere Aragonés manifestó de forma contundente que la sentencia no se iba a cumplir, que el modelo educativo no variaría ni un ápice y, lo que es aún más grave, retó al Gobierno central, y en concreto a su presidente, a que no guardase silencio y saliese a reprobar la actuación de los jueces. Hasta este punto piensan los independentistas que tienen cogido a Sánchez por las orejas. A su vez, el consejero de Educación se arriesga más y pone por escrito el rechazo total a la sentencia y en una carta incita y ordena a los directores de colegio a que no la apliquen.
No hace falta ser experto en Derecho Penal para llegar a la conclusión de que si esto no es prevaricación se encuentra muy cerca de serlo. Parece que contiene todos los elementos para definirlo como tal. La carta tiene toda la apariencia de una resolución en la que se ordena a los inferiores. Y aquello que se dispone consiste en cometer un delito de desobediencia. El consejero ejerce como autoridad y, desde luego, actúa a sabiendas. Veremos qué dicen los tribunales.
Pero más allá del Código Penal y del dictamen de los jueces, lo que conviene resaltar es lo que todos estos hechos tienen de estridentes y preguntarse si no son tantos los desafueros que se están cometiendo en la política española que vamos a terminar por insensibilizarnos y perder el sentido de la normalidad democrática. Esa era mi preocupación cuando publiqué el libro “Una historia insólita. El gobierno Frankenstein”, en la editorial El Viejo topo, que diésemos por normales los extraños acontecimientos que venían sucediendo. Pero mi narración finalizaba con la formación del segundo Gobierno Frankenstein, es decir, con la sesión de investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.
A partir de entonces, son muchos los lances que han seguido ocurriendo y que han jibarizado aún más nuestra realidad democrática. Y mayor es aun el peligro de que los sucesos más escandalosos los contemplemos con la indiferencia con la que se percibe lo rutinario. Quizás nos estamos acostumbrando a que el Gobierno de Cataluña viva en una permanente insumisión y que solo hagan caso a la ley cuando les favorece, declarándose en cambio en rebeldía siempre que la ley o los fallos judiciales no les convienen. Es curioso que aceptasen la autoridad del Tribunal Supremo para recurrir la sentencia y se la nieguen poco tiempo después en cuanto ha emitido la providencia en su contra.
Incluso hay algo peor, podemos habituarnos a que esas fuerzas insumisas sean las que manden en España y que arrastren al Gobierno de la nación a ser cómplice de la sedición, al menos con el silencio. Así se lo ha exigido públicamente Aragonés a Sánchez (no se cortan un pelo), y el consejero de Educación no ha tenido ningún problema en manifestar que había hablado con Pilar Alegría, quien le había confirmado ser de su misma opinión y garantizado la pasividad del Gobierno. Tampoco el PSC ha tenido ningún reparo en votar en el Parlament catalán en contra de la sentencia; claro que ¿acaso podíamos esperar otra cosa teniendo en cuenta que ellos son los autores del modelo de inmersión lingüística?
La alcaldesa de Barcelona, ella siempre tan amante de lo público y azote de propietarios y banqueros, tan propensa a las lágrimas y pronta a afirmar que no es independentista -a pesar de que en todos los contenciosos se coloca del lado de los sediciosos-, ha encontrado la solución al problema del modelo educativo de Cataluña. Es sencillo: las familias que quieran educar a sus hijos en castellano que se vayan a la enseñanza privada, que la pública es únicamente para los buenos catalanes.
Claro que aún es más estridente y máxima expresión de cinismo e hipocresía escuchar a Rufián dar vivas a Cádiz y a la clase obrera gaditana. Casa mal con ser portavoz de un partido cuyo líder en el pasado, Carod Rovira, no tuvo inconveniente en desplazarse a Perpiñán a pactar con ETA para que no matasen en Cataluña, aunque continuasen atentando contra el resto de España, entre otros sitios en Cádiz. Portavoz en el Congreso de una formación política que acuñó aquello de “España nos roba”, y que mantiene una constante conspiración para separar Cataluña (los ricos) del resto de España (los pobres), o al menos para obtener todo tipo de privilegios en detrimento de las otras Comunidades, entre ellas Andalucía, y por lo tanto de Cádiz. Es posible que la inercia y la costumbre terminen por hacernos aceptar pulpo como animal de compañía, en otras palabras, llegar a creer que Colau y Rufián son de izquierdas.
En esta cascada de disparates, cuya finalidad es que nos habituemos a las mayores imposturas, ocupa un lugar destacado el hecho de que Sánchez se vanaglorie de haber aprobado los presupuestos con la aquiescencia de once partidos. Se presenta como mérito lo que no es más que la expresión de una profunda debilidad, y una enorme ambición, la de un presidente de gobierno cuyo partido cuenta solo con 120 diputados y que tiene que ir al mercado político a comprar todo tipo de apoyos, sin que importe la matricula ni la patente.
Sánchez no ha dudado en aliarse con los golpistas catalanes, con los soberanistas vascos e incluso con los herederos de Herri Batasuna y de pagar el precio que estos le pidan, simple continuación de las múltiples cesiones que lleva haciendo desde el momento de su nombramiento. En el lote se engloban también retazos de partidos políticos de carácter regionalista nacidos al rebufo del nacionalismo y que, siguiendo su ejemplo, están dispuestos a vender sus escasos apoyos por un plato de lentejas.
Sánchez quiere hacernos creer que ha domesticado y controla a todas estas fuerzas políticas, cuando es al revés: son estas formaciones las que se han adueñado del PSOE, lo conducen a donde quieren y consiguen de él y de su gobierno lo que desean. Sánchez quiere que admitamos que ha logrado la paz; es más, quiere que nos acostumbremos a esa paz, paz que no es otra cosa que rendición ante los soberanistas y ante sus cómplices. No son los golpistas los que se han convertido al constitucionalismo, sino que es el PSOE el que ha cambiado de bando. La gran pregunta es si le va a resultar posible y cuándo recorrer el camino inverso.
republica.com 9-12-2021





LA MESA DEL OPROBIO

CATALUÑA, PSOE Posted on Dom, octubre 24, 2021 09:35:20

Pocas cosas harán, quizá, más daño a los políticos que la hemeroteca. La simple coincidencia en televisión en forma sucesiva de dos apariciones diciendo en la segunda todo lo contrario de lo que se decía en la primera tiene un efecto demoledor. Es una pena que la hemeroteca no se use también para algunos periodistas o tertulianos. Difícilmente sus discursos actuales casarían con los de hace algunos años. Este comportamiento es especialmente llamativo en sus comentarios y posiciones respecto a Sánchez. Sería curioso contrastar sus afirmaciones de hace un quinquenio con las actuales.

Esta versatilidad ha adquirido dos formas diversas. La primera es la de aquellos que actuaban como claros detractores de Sánchez, en la época en la que siendo secretario general del PSOE se enfrentaba a los barones y al Comité Federal de su partido, y que sin embargo han pasado a ser sus fervientes defensores en la actualidad.

La segunda es más lineal y continuada, sin saltos tan bruscos. Son aquellos que en la actualidad se enfrentan a las críticas y a los miedos de que tal o cual actuación se lleve a cabo, afirmando rotundamente que Sánchez no la ha realizado y que es imposible que la realice, pero que en cuanto este la lleva a efecto la defienden entusiásticamente. En múltiples ocasiones nos cuentan que es una línea roja que el presidente del Gobierno no traspasará nunca, pero cuando la cruza, el fiel tertuliano o periodista muda de opinión y nos pretende convencer de que lo acometido es bueno y fructífero. No iba a pactar, pero pactaba; no iba a conceder, pero concedía; no iba a indultar, pero finalmente ha indultado.

Ahora hay quienes nos quieren hacer ver que la mesa de diálogo es muy positiva para solucionar lo que llaman “el problema catalán”. Intentan hacernos creer que la estrategia de Sánchez está dando resultado y que el independentismo está más débil y dividido que nunca. No estoy seguro de que el soberanismo esté extenuado y fraccionado. Siempre han estado divididos, pero a la hora de la verdad pactan y terminan entendiéndose. Ponen por encima de todo sus creencias nacionalistas y secesionistas. Esquerra Republicana, que todos los días pretende dar lecciones de izquierdas en el Congreso por medio del meteco macarra que tienen como portavoz, no pacta con los Comunes o con el PSC, sino con los herederos del  tres por ciento y del partido más reaccionario de España. Y, ante la detención de un prófugo que cobardemente dejó tirados a sus compañeros y salió corriendo en el maletero de un automovil, todos se unen, engolan la voz para exigir (no pedir, exigir) la libertad del huido.

Pero, en cualquier caso, el presunto desfallecimiento del independentismo no sería mérito del actual Gobierno. Todo lo contrario. El interés de Sanchez por mantenerse en el poder es la baza más importante que mantienen los soberanistas. Si hoy una buena parte de ellos han cambiado de estrategia no es gracias a Sánchez, sino a la toma de conciencia de que en 2017 habían fracasado en sus planteamientos y de que, hoy por hoy, estos resultan imposibles. Han descubierto que no se puede pretender la independencia cuando sus partidarios no llegan al cincuenta por ciento de los ciudadanos de Cataluña. Así mismo, percibieron que no tienen apoyo internacional suficiente y, sobre todo, han comprobado que el Estado tiene los medios necesarios para contener y repeler cualquier intento de rebelión o sedición. Entre estos instrumentos, sin duda sobresale la justicia, que ha demostrado su autonomía, que puede mantener a raya a los golpistas y trazar líneas rojas que estos no pueden traspasar.

La nueva estrategia del soberanismo pasa por afianzar sus posiciones, conseguir más medios y competencias y ganar crédito internacional, de manera que la posible intentona dentro de unos años no fracase de nuevo. Las actuaciones de la Generalitat deben dirigirse a conseguir esos objetivos y a comportarse -en lo posible y en tanto en cuanto lo permita la justicia- de manera que se cree el imaginario de que Cataluña es ya un Estado independiente y de que no tienen otro gobierno distinto del autonómico.

En este sentido el Ejecutivo de Pedro Sánchez, lejos de resquebrajar el independentismo, constituye su mejor arma. Le sirve para conseguir sus objetivos. La mesa de diálogo colabora a dar esa imagen de haber conseguido ya de facto la independencia y de que solo necesita que sea reconocida de iure. La representación es algo infantil, pero puede tener eficacia. Se comienza por la permanente negativa a participar en reuniones como una Comunidad Autónoma más, y se continúa por exigir el establecimiento de una mesa de negociación al margen de todo entramado institucional. Se trata de dar la apariencia de una negociación de igual a igual entre dos naciones representadas por sus respectivos gobiernos.

Hay quienes con toda energía proclaman que en la mesa no habrá ninguna concesión esencial. No estoy seguro de ello. Tampoco iba a haber indultos y los ha habido. Pero es que, además, la simple constitución de la mesa es ya un triunfo para el soberanismo, principalmente cuando se admiten como cuestiones a discutir la amnistía y la autodeterminación. Hay temas que no pueden ponerse a debate, sobre todo en foros que no son competentes para ello. Aceptar su negociación es asumir ya unos postulados espurios. Es curioso, pero al mismo tiempo muy grave, que parte de la opinión pública haya pasado de escandalizarse ante esa posibilidad a considerarla como normal e incluso conveniente.

De ahí toda una serie de gestos que tienen mucho de  sobreactuación, pero que, no obstante, pueden tener su utilidad para los independentistas en aras de conseguir sus objetivos, y para que, tanto en Cataluña como en el resto de España, y también en el extranjero, vaya calando un relato falso. El Gobierno ha aceptado la pantomima y ha transigido que esa mesa que llaman de diálogo se constituya como una negociación entre dos delegaciones, de poder a poder, liderada una por el presidente del Gobierno y la otra por el presidente de la Generalitat. Y ha consentido también en que la primera reunión se celebrase en Barcelona.

Sánchez hace una inclinación exagerada ante la senyera, pero Aragonés manda retirar, además de forma ostentosa, la bandera española en su rueda de prensa. Nunca he dado demasiada importancia a las banderas, pero la tienen cuando los de enfrente se  la dan y la emplean para construir un relato falso. Ocurre igual con la monarquía. Su cuestionamiento, los desplantes al rey y el intento de poner veto a su presencia en Cataluña se llevan a cabo en realidad como boicot al jefe del Estado. El hecho de no reconocerle como tal es para los soberanistas, en ese imaginario que construyen, un signo de independencia. Por eso el silencio de Sánchez ante tal situación y su decisión de no condicionar sus relaciones con la Generalitat a que cese ese comportamiento es una vez más postrarse ante los golpistas.

Se pretende dar tal importancia a la mesa que van a ser seis ministros los que participarán en ella como si no tuvieran nada más que hacer y Cataluña fuese la única Comunidad Autónoma. El actual ministro de Cultura y Deporte, antiguo líder del PSC, asume las tesis de los sediciosos cuando compara esta mesa con la que se creó en Vietnam al final de la guerra. Incluso, se supone que, de manera inconsciente, hasta el mismo presidente del Gobierno, cuando debería decir “el resto de España” habla de España como contrapuesta a Cataluña, como si esta Comunidad ya no perteneciese a España.

Aun cuando en tono un tanto chulesco los golpistas afirmen que lo único que quieren negociar es la amnistía y la autodeterminación, en la mesa se terminará acordando la transferencia de nuevas competencias y privilegios económicos que servirán para abrir una mayor brecha entre Comunidades, con la consiguiente injusticia. ¿De qué si no hablaron Sánchez y Aragonés durante dos horas? Además, se dará el contrasentido de que, por una parte, se vaya a primar precisamente a los sediciosos, con lo que se crea un incentivo para que otras Comunidades continúen por el mismo camino, y, por otra, se les va a conceder medios e instrumentos que incrementaran las posibilidades de éxito en una nueva intentona.

Lo que resulta quizás más irritante es la postura de los llamados barones del PSOE, especialmente los de aquellas Comunidades que no tienen ninguna veleidad nacionalista. Presencian impasibles cómo se va a beneficiar a una Autonomía en perjuicio de las demás. Y, lo que es peor, cómo se intenta robar a los ciudadanos de su Comunidad la soberanía sobre una parte de España. Todo lo más, hacen alguna manifestación pública, siempre comedida y limitada a la afirmación de que no se va acordar nada que perjudique al resto de los españoles, cuando saben fehacientemente que no va a ser así. El Estado de las Autonomías es un sistema de suma cero.

No, la mesa llamada de diálogo no tiene nada que ver con la utilidad pública ni con la solución del llamado problema catalán. Va a ser, lo es ya sin duda, de interés, por todo lo dicho a lo largo del artículo, para los independentistas y más en concreto para Esquerra Republicana. También, será de provecho y de mucho provecho para Sánchez a fin de mantener unido el bloque Frankenstein y permanecer de ese modo en el poder. Pero, desde luego, no es útil ni para Cataluña ni para el resto de España.

republica 30-9-2020



ESPAÑA MULTINIVEL

CATALUÑA, PSOE Posted on Vie, septiembre 03, 2021 22:59:56

El PSOE de Sánchez se ha especializado en acuñar palabras que, más tarde, a fuerza de repetirse, se usan como eslóganes publicitarios con los que poder modificar la opinión del personal, no solo la del electorado, sino también en el consumo interno del partido. Porque Sánchez se ve obligado a convencer a los de fuera, pero también a los de dentro.

El sanchismo, de cara al 40 Congreso, ya está preparando la escena y la correspondiente representación. La vicesecretaria general del partido y portavoz parlamentaria, peón para todo (ahora más necesario que nunca cuando se ha defenestrado a otros peones que parecían imprescindibles), ha comparecido ante la prensa para transmitir el nuevo vocablo que han parido, «España multinivel», que más o menos viene a decir lo mismo que antes se quería designar con lo de “federalismo asimétrico”.

En realidad, el término no es original. Se ha utilizado, aunque quizás con muy poco éxito, para dar respuesta a la globalización, superando el concepto de Estado-nación. Desde esta óptica, se defiende la distribución de competencias, pero no tanto en la descentralización del Estado hacia abajo, sino en la fijación de niveles competenciales hacia arriba, creando unidades políticas que puedan superar parcialmente la realidad del Estado y enfrentarse así a la integración de los mercados.

He señalado al principio «que quizás con poco éxito» porque no podemos estar demasiado orgullosos de las organizaciones internacionales creadas, desde luego, manifiestamente ineficaces para contraponerlas a las integraciones comerciales y financieras. Tal vez el intento más serio se haya realizado con la Unión Europea, pero las competencias se han asignado de forma asimétrica y los resultados conseguidos son los contrarios de los que se deberían haber buscado. Lejos de neutralizar la globalización, la Unión Europea se ha convertido en su plasmación más genuina, con todas sus consecuencias negativas.

Ahora bien, la ponencia del PSOE parece orientarse por otros derroteros. La España multinivel hace referencia a la estructura territorial en la que las distintas Autonomías se sitúan en diferentes niveles competenciales y de relaciones con el Estado. No es la primera vez que en el PSOE se plantea este problema, aunque en buena medida con otra terminología. El PSC ha hecho múltiples intentos de atraer al PSOE a su terreno, con un mapa territorial en el que haya órdenes y niveles distintos para clasificar las correspondientes Comunidades Autónomas. No todos somos iguales.

Con Maragall (en tiempos de Zapatero -llamado el Bambi, aunque habrá quien opine que le sentaría mejor el adjetivo de frívolo-) pusieron en circulación la expresión “federalismo asimétrico”, con la que se indicaba que debía haber Autonomías de primera y de segunda clase, e incluso de décima si fuera necesario, un traje a medida donde Cataluña y el País Vasco ocupasen el primer lugar. Faltaría más, que para eso tienen hechos diferenciales.

Hablando de hechos diferenciales, no se puede por menos que recordar un pequeño sketch de Boadella, en el que comenzaba afirmando que él, como buen catalán, poseía hechos diferenciales. Bien es verdad, reconocía inmediatamente, que, como no podía ser de otra manera, los otros, el resto del público, también los tenía. Pero en seguida agregaba con tono irónico que los suyos eran mejores, porque, de lo contrario, de qué valdría tenerlos. Lo malo de los nacionalistas catalanes y vascos -y que Boadella ridiculizaba- no está en que crean que tienen hechos diferenciales (allá ellos con sus ensoñaciones pueblerinas, que les llevan a defender que hoy en día existe otra cultura distinta de la de la Coca-Cola); lo peligroso se encuentra en defender que sus hechos diferenciales son superiores a los de los otros (supremacía) y que en función de ello pretendan traducirlos en derechos o privilegios adicionales

El federalismo asimétrico que planteaba el PSC nunca fue aceptado por la mayoría del PSOE. En tiempos de Rubalcaba esta formación se vio obligada a forzar una reunión con su marca catalana sobre el tema y a llegar a una postura conjunta, lo que se dio en llamar “el acuerdo de Granada”. El PSC consiguió múltiples concesiones del PSOE, entre ellas la apuesta clara por el Estado de las Autonomías y su desarrollo posterior hacia un proyecto federal, modificando lo que fuese necesario la Constitución. Pero, a su vez, el PSOE logró que se silenciase la calificación de asimétrico predicada del federalismo.

Con Pedro Sánchez, el tema ha vuelto a surgir con fuerza, en esta ocasión marcado por la necesidad que tiene el Gobierno de contar con el apoyo de catalanes y vascos para mantenerse en el poder. Se comenzó hablando del Estado plurinacional o nación de naciones. En el fondo, todo termina igual, en la desigualdad y en la autodeterminación.

La ponencia está redactada por Denis Itxaso, dirigente del Partido Socialista de Euskadi (PSE) –PSE, el de ahora, no el de antes- y delegado del Gobierno en el País Vasco. Es, por tanto, hasta cierto punto lógico que hable de la España multinivel, porque si alguna Comunidad muestra de forma clara la existencia de distintas categorías en nuestro Estado de las Autonomías, esa es Euskadi. Goza sin lugar a dudas de una situación privilegiada. Cada vez que Sánchez necesita del voto de los diputados vascos, o incluso cuando el lehendakari hace la merced de asistir a una reunión de los presidentes de las Comunidades Autónomas, los privilegios se incrementan. No deja de resultar curioso que el mismo gobierno que habla de armonización fiscal entre Autonomías transfiera al País Vasco tres nuevos impuestos.

La ponencia para vendernos la España multinivel acude a la cogobernanza, otro de los vocablos que ha acuñado el sanchismo. También se da aquí la asimetría. Para la mayoría de las Comunidades la cogobernanza significa asumir las responsabilidades, mientras el Gobierno central se apropia de las decisiones y de los laureles. Todo ello ha quedado suficientemente claro en la pandemia y se deja ver ya también en la forma de repartir los recursos europeos. Es algo así como las asociaciones público-privadas: el beneficio para el sector privado y las pérdidas, si las hay, para el Estado.

La óptica cambia cuando se trata de Comunidades que cuentan con partidos nacionalistas. La cogobernanza entonces se concreta en que son los gobiernos autonómicos los que mandan e imponen las condiciones, ya que el Ejecutivo central se encuentra en sus manos. Son muchas las concesiones que ha ido haciendo Sánchez a todas las formaciones políticas que le mantienen en el poder. El panorama se oscurece aún más de cara al futuro, las que tendrá que hacer en los dos años que faltan para terminar la legislatura.

Las cesiones principales van a tener sin duda a los golpistas catalanes como protagonistas. Al soberanismo vasco le queda ya poco por conseguir, como no sea la independencia, que desde la estricta perspectiva económica quizás fuese rentable para el resto de España. La ponencia hace referencia explícitamente a Cataluña. Se afirma en ella: “La mejora de la convivencia en la sociedad catalana y el mejor encaje del autogobierno catalán con el resto de España constituyen objetivos de primer orden para los socialistas».

Habría que recordarles a los que se definen como socialistas que el autogobierno de los catalanes (al igual que el de todos los españoles) no depende del ámbito territorial, sino de su carácter democrático. No se circunscribe a la Generalitat, también se incluyen, en tanta o mayor medida, el gobierno central y el de los respectivos ayuntamientos, siempre que el uno y los otros funcionen democráticamente y, si no es así, cualquiera que sea su ámbito, serán heterónomos, no autónomos.

El encaje de la Generalitat en España, al igual que el del resto de las Autonomías, se realiza mediante el cumplimiento de la Constitución y las leyes. Sin Estado de derecho no puede subsistir el Estado social. A su vez, se desmiembra cuando los poderes públicos -que todos ellos lo son en virtud de la carta magna- delinquen y se rebelan contra ella. El conflicto político en Cataluña (la ponencia lo cita así en varios sitios) se circunscribe al que están creando los golpistas cuando tratan de violentar el orden político establecido por la Constitución.

Dejémonos de zarandajas. El único objetivo de primer orden que tienen los sanchistas es mantenerse en el gobierno y a ese fin se dirigen las cesiones a los golpistas catalanes. Es en este contexto en el que se incardina la España multinivel. El presidente de la Generalitat no tiene por qué ir a mezclarse con los otros presidentes autonómicos. Él tiene dos mesas bilaterales (dos, no una) para negociar; mejor digamos que para imponer sus pretensiones. Como ha dejado claro el vicepresidente de la Generalitat, ellos vienen a cobrar al contado. Le faltó añadir (aunque no ha hecho falta que lo hiciera) que reclamaban el pago por sus servicios: el haber convertido a Sánchez en presidente del gobierno y mantenerlo posteriormente en el poder. Lo que pasa es que Sánchez no paga con su peculio, sino con el dinero y los derechos que pertenecen al resto de España.

republica.com 5-8-2021



A DESEMPEDRAR, A DESEMPEDRAR

CATALUÑA Posted on Vie, septiembre 03, 2021 19:46:26

Parece que Ábalos se dedica ahora a las rancheras. Es posible que una piedra en el camino le enseñase que su destino era rodar y rodar, o más bien desempedrar, desempedrar, para que Sánchez continúe siendo el rey. Al ministro de Fomento se le entiende casi todo. Los indultos no son más que el comienzo, la primera piedra. En realidad, ha habido otras antes, pero de menor magnitud, cuando la otra mesa y la historia del relator. Entonces no hablaban de desempedrar sino de desinflamar. Se acuerdan Vds. del ibuprofeno de Borrell. Hace ya tres años y la hinchazón es cada vez más grande.

Los indultos constituyen un salto cualitativo. Por eso se ha forzado a todos los ministros, incluso a los que podían mostrarse más escépticos, a posicionarse. Algunos como Margarita Robles han tardado, y no es de extrañar ya que se mostró totalmente contraria a los indultos cuando era vocal del Consejo General del Poder Judicial; pero al final se ha prestado a ello, y es que todo vale con tal de no perder el sillón. Supongo que es este mismo motivo el que ha impulsado a la ministra de Economía a defenderlos, empleando ese argumento tan bobalicón de que la estabilidad política es buena para el crecimiento, porque lo primero a cuestionar es si los indultos incrementan la estabilidad política o más bien la reducen. Lo segundo es que para la buena marcha de la economía lo principal es la seguridad jurídica y esta no sale muy bien parada con la medida.

Pero, sobre todos, sobresale el ínclito ministro que se vanagloriaba de ser independiente cuando presidía la AIReF, y ahora es tan dependiente que justifica los indultos argumentando esa patochada de que costaba explicar en el extranjero la amplitud de las penas. ¿Cómo van a entender en el extranjero que en Cataluña ha habido un auténtico golpe de Estado si el Gobierno de España depende de los golpistas para gobernar?

Ahora tienen que quitar otra piedra del camino. El Tribunal de Cuentas ha cifrado la cuantía de la malversación cometida por los golpistas en sus operaciones de publicidad y propaganda en el extranjero en 5,4 millones, a los que hay que sumar los 4,1 que se habían calculado ya de malversación por otros conceptos. Conviene resaltarlo porque, al margen del delito de sedición, los golpistas cometieron un robo al erario público, desviando recursos del Estado hacia una finalidad cuando menos ilegal si no abiertamente delictiva. Parece ser que la corrupción deja de serlo si afecta a los nacionalistas. Ya que se les ha indultado del delito de malversación, al menos que devuelvan el dinero que han robado. Veremos si el Gobierno, tal como afirma Ábalos, está dispuesto también a retirar esta piedra. Lo que por lo pronto se ha quitado de en medio es a la Abogacía del Estado con el argumento falaz de que no es competente, y habrá que preguntarse también qué va a pasar con la Fiscalía.

La factoría de desempedrar se va a configurar, al igual que hace tres años, como una mesa de diálogo, más bien de imposición, porque los soberanistas han dejado muy claro que ellos vienen exclusivamente a negociar la amnistía y la independencia, precisamente dos cosas que chocan frontalmente con la Constitución, y no parece que el gobierno Frankenstein tenga suficiente fuerza para cambiar la Carta Magna. Los tertulianos que se mueven en la tercera vía, la mayoría de ellos catalanes, se esfuerzan en asegurarnos que el independentismo está mucho más débil de lo que parece, que todas sus pláticas son bravatas o relatos orientados a mantener la fe de sus militantes, y que en el fondo sí están inclinados a dialogar o a negociar otros temas más prosaicos.

Estoy dispuesto a creerme que en todo esto hay mucho de teatro, de postureo, que los soberanistas saben que lo de la amnistía es imposible, pero que hay otros subterfugios como la reforma del Código Penal que pueden tener efectos similares. Puede que sean conscientes de que la independencia, dado el porcentaje de adhesiones y la ausencia de apoyo internacional que conquistaron, no es viable a corto plazo, que piensen que necesitan fortalecerse para intentarlo otra vez, y que a ello se dirijan en la negociación persiguiendo prebendas, ventajas e instrumentos que les allanen el camino. Por eso precisamente es tan peligrosa la negociación, porque se va a traducir en una serie de cesiones que facilitarán el golpe de Estado en el futuro.

El secesionismo tiene claro que es el momento, que difícilmente van a tener una ocasión más propicia. Los nacionalistas, y más concretamente los catalanes, huelen la debilidad del Estado y sacan la cabeza -con gran deslealtad, que diría Azaña- cada vez que España entra en crisis. Véase la trayectoria en la Primera y Segunda Repúblicas e incluso durante la Guerra Civil. Los condenados al salir de la cárcel ya vociferaron en tono retador que los indultos lo que mostraban era la impotencia del Estado. En cierto sentido tienen razón, la fragilidad es del Gobierno, pero lógicamente la transmite a todas las instituciones del Estado. Esta situación permanece desde la misma moción de censura. Lo dejó muy claro ese día Aitor Esteban al comenzar su intervención en plan irónico. Se reía del gran Estado español cuyo gobierno estaba pendiente de los cinco votos del PNV. Comentario hiriente, pero cierto. La debilidad del Estado comienza en el mismo momento en el que Pedro Sánchez permite que los que no creen en el Estado y buscan dividirlo le nombren presidente del Gobierno.

Los nacionalistas saben de sobra que difícilmente se van a encontrar con un momento más favorable a sus objetivos. Por eso piensan sacar el mayor rédito posible. Rufián, de manera arrogante, se lo ha dejado claro a Sánchez en las Cortes. Los indultos más que un acto de valentía son un gesto de necesidad. Sánchez también es consciente de que la única forma de permanecer en el poder es mantener unido el gobierno Frankenstein, y para ello está dispuesto a quitar todas las piedras del camino que sean necesarias, no solo en Cataluña sino también en el País Vasco. Intuye que para agotar la legislatura va a tener que ceder mucho. De ahí la mesa de negociación y el haberse traído a Iceta de Cataluña.

De hecho, son Iceta y el PSC los que marcan el camino. Fue el entonces primer secretario del PSC el que habló antes que nadie de los indultos, y también el primero que lanzó la idea (el 27 de marzo de 2019) de que, si un día el 65% de los catalanes quieren la independencia, la democracia tendría que encontrar alguna forma para encauzarla. Les brindaba así la tesis a los nacionalistas, de que, si tal como habían comprobado, la independencia no estaba madura, lo más inteligente era sentarse a negociar y conseguir el mayor número de bazas posibles que hagan viable la cesión en un futuro.

Del PSC parte también la creencia de que en todo caso es imprescindible un referéndum para que los catalanes voten. Según Illa, sería un referéndum sobre el marco de convivencia de los catalanes. Uno tendería a pensar que el marco de convivencia ya existe para los catalanes y para el resto de españoles y es la Constitución de 1978, que los propios catalanes votaron entusiastamente. Es lo malo del nacionalismo, que nunca está conforme, que jamás respetan los pactos. A mí tampoco me gustan muchas cosas de la Carta Magna y estoy convencido de que no habrá un solo ciudadano que esté de acuerdo con el cien por cien de ella. El marco de convivencia se puede cambiar, pero votando todos los españoles. El PSC nunca ha creído que determinar el sistema de convivencia es competencia no solo de los catalanes, sino de estos con el resto de ciudadanos del Estado.

Según ellos, el referéndum podría centrarse sobre un nuevo estatuto que saliese de la mesa de negociaciones. Lo cual tiene por fuerza que resultar cómico, puesto que el actual está por estrenar y contra él se han sublevado los golpistas, que han repetido cantidad de veces que ellos se encuentran ya en otra onda. El fondo del asunto es que están pensando en que el nuevo estatuto consista en el actual, solo que incorporando aquellas cosas que o bien eliminó el Parlamento español o bien tumbó el Tribunal Constitucional.

Pretenden repetir la jugada de Maragall en 2006, modificar la Constitución por la puerta de atrás. Zapatero hace unos días, el 26 de junio pasado, en una entrevista en La Razón, propuso claramente este nuevo estatuto. Es más, contestando a la pregunta del periodista acerca de su posible inconstitucionalidad afirmó: “Todo en la vida, y también la sentencia del Tribunal Constitucional, deja espacio para la interpretación. Y el Derecho permite alternativas creativas que no suponen reproducir lo que el Estatut decía y que el Tribunal Constitucional anuló”.

En esa construcción creativa introduce una serie de cuestiones que, en su opinión, tienen que votar los catalanes; pero lo cierto es que la mayoría de ellas afectan al conjunto de España y que deberían ser decididas por todos los españoles. La entrevista no tiene desperdicio y confirma que Zapatero se situó como presidente de gobierno en el colmo de la superficialidad y la ligereza. Es posible que, al final, los desaguisados que habrá cometido Sánchez sean superiores a los que infligió en su momento Zapatero, pero hay una diferencia: Sánchez incurre en las transgresiones y atropellos para durar lo más posible en el cargo; Zapatero los mayores descalabros los hizo por pura frivolidad.

También los empresarios catalanes están en esta longitud de onda. Organizaron un contubernio para dar su apoyo a Sánchez y pronunciarse a favor de los indultos, al tiempo que espoleaban al Gobierno español y al catalán al diálogo y al pacto. Lo más extraño estriba en el juego que se trae el empresariado de toda España. Sánchez los tiene seducidos con ese chorro de millones que, según dicen, va a venir de Europa. He reiterado a menudo que los fondos de recuperación quizas se conviertan en un mal negocio para los ciudadanos, pero pueden traducirse en un beneficio muy saneado para algunas compañías. He ahí la razón de que los empresarios -al menos algunos- estén muy domesticados.

Los empresarios catalanes han jugado siempre a la ambigüedad. Muchos de ellos han sido cómplices del nacionalismo. Mientras todo se reducía a gritar que España nos roba y obtener así prebendas y privilegios frente a otras Comunidades, estaban de acuerdo y colaboraron con entusiasmo, por la cuenta que les traía. No obstante, se asustaron cuando vieron que el tema iba demasiado lejos, que se rompía la legalidad y podía acarrear consecuencias económicas muy graves. Los empresarios que a coro alababan el otro día a Sánchez y pedían negociación y mesa de diálogo son los mismos que demandaban a Rajoy que cambiase la ley de sociedades para que el consejo de administración de una empresa, sin más requisitos, pudiese modificar su domicilio social por si precisaba salir de Cataluña.

Hace tiempo que Sánchez Llibre, hoy a la cabeza del empresariado catalán, mostró ya por dónde iban sus inclinaciones, nada de independencia, pero sí un nuevo estatuto. Insinuó que el problema podría terminar y los secesionistas conformarse si en ese estatuto se reconociese a Cataluña como nación y se dotase a la Generalitat de un sistema de financiación similar al que disfrutan el País Vasco y Navarra. Conceder la condición de nación a Cataluña no tendría ninguna importancia si todo se redujese al ámbito cultural, pero entonces no se está ante un tema político, sino de historiadores y sociólogos, y no sería necesario introducirlo en ninguna norma. Pero ese es el problema, que cuando se quiere que aparezca en una ley es que la pretensión consiste en procurar que surta efectos jurídicos. Parece bastante evidente que con ello el nacionalismo tendría una coartada mayor a la hora de reclamar la independencia.

Dotar a Cataluña de un sistema de financiación parecido al del País Vasco y Navarra sería catastrófico. Ampliaría las múltiples  distorsiones que produce el concierto existente con estas dos últimas Autonomías, y cuya legalidad nunca se debía haber introducido en la Constitución. El cupo catalán dañaría gravemente la política redistributiva del Estado en el plano territorial, y se dotaría a los secesionistas de un instrumento esencial, una hacienda pública propia, para aumentar sus probabilidades de éxito en una nueva intentona.

Pedro Sánchez ha dicho que nunca sobrepasará la ley ni la Constitución. El problema no es ese, aunque también, ya que ni siquiera sus mismos socios le creen. La cuestión además es que hay muchas cosas que sin traspasar la ley son muy perniciosas para el Estado y para los ciudadanos. Todo lo que represente premiar a una Comunidad por encima de las otras, o lo que signifique dotar a un gobierno soberanista de más competencias para que sea más sencillo un día independizarse. El colmo es que los golpistas tengan premio.

republica.com 8-7-2021



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