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ARTÍCULOS RECIENTES CONTRAPUNTO

¿POR QUÉ HABLAN DE CONCORDIA CUANDO QUIEREN DECIR COHECHO?

Cataluña, PSOE Posted on Sun, June 06, 2021 22:53:14

Bla, bla, bla. Es increíble la palabrería que rodea el tema de los indultos. Todo ello para justificar lo injustificable. El caso es que algunos se lo creen o fingen creérselo. La doblez y la hipocresía llega a extremos inauditos. El ministro de Justicia afirma que hay que ver los indultos con naturalidad. Puede que tenga razón, pero verlos con naturalidad es mirar lo que hay debajo de toda esa charlatanería de frases grandilocuentes y egregios cometidos.

Si prescindimos una vez más de la representación y de toda la farfolla creada para ocultar la verdadera realidad, lo que encontramos es algo muy simple, pero al mismo tiempo bastante grave: el cohecho más insólito cometido por un gobierno. ¿No hablaríamos de cohecho frente a un funcionario que recibiese un notable patrimonio, por ejemplo, un chalet o algo similar, de una empresa a la que hubiera concedido una importante adjudicación o concesión administrativa?

Lo que hace distinto este indulto de cualquiera que se haya otorgado anteriormente es que en ningún otro caso quien lo concedía debía el gobierno y el mantenerse en el poder a aquellos a quienes indultaba. No cabe comparación posible. Malamente Sánchez puede recurrir al hecho de que Felipe González indultase al general Armada, ya que este no había nombrado presidente del gobierno a González. Y lo mismo cabe decir de Aznar y Barrionuevo. La afirmación de Pedro Sánchez de que actuaría igual si tuviese 300 diputados no resulta demasiado creíble, teniendo en cuenta que defendía todo lo contrario cuando no era presidente de gobierno. Por otra parte, su aseveración actual resulta un brindis al sol de igual manera que si el funcionario del ejemplo anterior nos asegurase que la adjudicación se habría producido igual si no le hubiesen regalado el chalet.

El hecho de que Pedro Sánchez deba el gobierno a los golpistas es lo que contamina todo en esta ocasión y, tal como afirma el informe del Tribunal Supremo, convierte la medida de gracia en una especie de autoindulto, prohibido por el artículo 103 de la Constitución. Quien concede la medida de gracia no solo es el Gobierno, sino quien está detrás y mueve y fuerza al Gobierno. En este contexto, todo otro argumento deviene sospechoso y constituye un subterfugio.

Entre las múltiples excusas y pretextos que conforman esa enorme hojarasca con la que se pretende ocultar la verdadera razón, hay un alegato especialmente peligroso y es el empleado por Sánchez en Bruselas, contraponiendo el entendimiento y la concordia, valores que él dice seguir, y que designó como valores constitucionales, con los que afirma que no lo son como la revancha y la venganza que, lógicamente, atribuye a los tribunales y a todos los que se oponen al indulto. Formulación parecida realizó al día siguiente en el Parlamento, alegando que hay tiempo para el castigo y tiempo para la concordia, y cierta similitud se encuentra en las declaraciones del portavoz de En Comú Podem, al proclamar que ha terminado el tiempo de la justicia y comienza el de la política. Qué manía tienen estos muchachos de separar la justicia y la ley de la política.

La gravedad de este planteamiento radica en que Sánchez, de alguna manera, asume el discurso de los independentistas que consideran a los encarcelados presos políticos y las penas y hasta la misma sentencia, fruto de la venganza y de la revancha. La argumentación del nacionalismo, participada por Podemos y ahora parece que por el propio sanchismo, es que el indulto (mejor la amnistía) es el último mecanismo que repara los derechos humanos violados. El Gobierno, mediante la medida de gracia, corrige los desafueros de la justicia (revancha y venganza).

Que el Ejecutivo dé cobertura a estas ideas tiene muy graves repercusiones en el exterior, legitima frente al extranjero el mensaje del nacionalismo. ¿Cómo van a creer los organismos internacionales y las instituciones de otros países que los independentistas catalanes son unos delincuentes si no lo cree el propio gobierno?

En ese blablablá con el que se pretenden justificar los indultos se encuentra también la teoría del diálogo, la concordia y la pacificación, que choca frontalmente con la postura de los golpistas que no solo no se arrepienten de nada, sino que proclaman con toda desfachatez que van a volver a repetir el golpe. Incluso alguno en el culmen de la chulería ha llegado a pregonar que se metan los indultos por donde les quepa.

Hay algunos periodistas que, puestos a especular, se han aventurado a ser exegetas e interpretar en clave buenista las intenciones de Sánchez; y especulan acerca de que el objetivo del presidente del Gobierno es ser el pacificador de Cataluña, al igual que Zapatero lo fue del País Vasco. A pesar de ser una versión interesada, es totalmente ilusoria y fantasiosa. Zapatero no fue pacificador de nada. Más bien inició el incendio en Cataluña con la aprobación de un estatuto inconstitucional, y no realizó un desaguisado en el País Vasco porque ETA rompió la negociación con el atentado del aeropuerto de Barajas. Si el terrorismo fue derrotado no se debió a ningún diálogo establecido con Zapatero, sino al haber perdido la batalla, gracias a la política antiterrorista y a los policías y a los jueces.

Sánchez no es tan ingenuo como para pensar que por la vía del diálogo se puede llegar a lo que llama “la pacificación de Cataluña”. El soberanismo catalán da pruebas todos los días de que la única pacificación que busca es la independencia y que no cejará hasta conseguirla. Por otra parte, es que quizás a Pedro Sánchez no le importe demasiado la reconciliación en Cataluña. No persigue tanto el futuro, perpetuarse en la historia, como el presente: mantenerse en el poder y en el gobierno.

Entre los que tras una apariencia de bienintencionados buscan justificar al Gobierno se encuentran aquellos que aseveran a diario que el otro camino ya se ha seguido y que ahora habrá que intentar el del diálogo. Nada menos cierto, porque el único sendero recorrido desde la Transición ha sido el de las cesiones en las que ha terminado siempre toda negociación. Concesiones que solo han servido de plataforma para realizar nuevas reivindicaciones.

La historia es muy distinta de cómo la cuenta Sánchez. La ruptura constitucional del golpismo, el referéndum del primero de octubre y la declaración unilateral de independencia no eran contra Rajoy y contra el PP, sino contra el Estado. Y si después no se ha repetido el golpe no ha sido gracias a los diálogos de Sanchez y sus mesas de negociaciones, que lo único que han generado han sido nuevas cesiones y dar más alas a los golpistas, sino a la acción de la justicia y al miedo al castigo que ahora se quiere eliminar. Eso es lo único que, al margen de bravuconadas, mantiene relativamente parado al secesionismo.

La actuación del sanchismo a rebufo del PSC sirvió únicamente de rémora. Participó en la aprobación del artículo 155, pero a remolque, con reticencias y poniendo toda clase de limitaciones. Cuando, basado en ello, Sánchez tiene la osadía de reclamar el apoyo del PP a los indultos, habría que contestarle que, hasta donde sabemos, el Ejecutivo de Rajoy no dependía de los soberanistas catalanes. En todo caso, si la implantación del 155 tuvo algún impacto fue el de facilitar la moción de censura que les costó el gobierno a los populares.

Por último, en la descripción del ruido que rodea el tema de los indultos habrá que incluir a ese periodista que para justificarlos va de tertulia en tertulia afirmando “Que algo habrá que hacer”. Hacer por hacer… por qué no jugar a los bolos o al pinacle. El activismo sinsentido, aparte de ser ilógico, puede acarrear resultados muy negativos. Hay soluciones que empeoran el problema.

Pero dejémonos de zarandajas y de monsergas. Como decíamos al principio del artículo, solo hay una motivación que explique los indultos, mantener en el poder a Pedro Sánchez. Lo que resulta irónico es que el PSOE pretenda proclamarse el único partido que tiene sentido de Estado, cuando está dispuesto a permitir que el Estado se trocee con tal de permanecer en el gobierno.

republica.com 4-6-2021



ICETA, CABALLO DE TROYA

Cataluña, HACIENDA PUBLICA Posted on Wed, March 03, 2021 18:36:51

Se han cumplido los peores augurios en las elecciones catalanas. La participación ha sobrepasado escasamente el 50%. La causa hay que buscarla, ciertamente, en las difíciles condiciones en las que, debido a la pandemia, se han celebrado estos comicios, pero quizás también en el cansancio que el procés ha suscitado en los catalanes. La abstención, sin embargo, no ha afectado por igual a los distintos partidos. Se ha primado a las posiciones extremas, y cuando hablo de extremos, no me refiero al marco de izquierda–derecha, sino de independentismo-noindependentismo, puesto que es en estos términos en los que creo que transcurre la política de Cataluña. Han ganado, sin duda, la CUP y VOX.

Los soberanistas han salido beneficiados, al afectarles en menor medida la abstención, aunque han perdido alrededor de 700.000 votos, lo que deslegitima cualquiera lectura que intenten hacer acerca de que los resultados justifican, aún más, sus pretensiones. Difícilmente pueden hablar en nombre del conjunto de los catalanes. Todo lo más, podrán afirmar que representan al millón trescientos ochenta mil ciudadanos que les han votado y, así y todo, esa representación queda reducida a su actuación en el ámbito del Parlament y de la Generalitat, y de acuerdo con las competencias que les marcan las leyes, pues para eso les han votado, y no hay por qué suponer que sus votantes participen de todas sus posiciones políticas.

Lo cierto es que el soberanismo ha incrementado sus escaños en el Parlament y que la abstención ha perjudicado en mayor medida a los partidos de ese grupo tan heterogéneo que se suele llamar constitucionalista. También parece claro, aunque quizás inexplicable, que en este grupo el PSC -si es que se le puede encuadrar en él-  ha sido el único ganador. Triunfo que quizás no le va a servir para mucho porque, sea cual sea el desenlace, Illa va a quedar de comparsa. Por eso es un poco patético que, siguiendo el ejemplo sanchista, monte la representación de abrir consultas con otras fuerzas políticas y su decisión de presentarse a la investidura, cuando sabe de sobra que no va a tener esta opción, ya que dependerá del futuro presidente del Parlament.   

Pase lo que pase en la Generalitat, pienso que el problema de Cataluña se dilucida mucho más en la Moncloa. Por eso creo que ha llegado el momento de fijarnos en el anverso de la operación Illa, un aspecto hasta ahora poco considerado, pero de suma importancia para el resto de España. Me refiero al hecho de haber situado en el Ministerio de Política Territorial y Función Pública a Miquel Iceta. Es difícil que no despierte suspicacias contemplar al primer Secretario del PSC ocupando el ministerio que tiene que establecer un juego lo más neutral posible entre todas las Autonomías, tanto más cuanto que está pendiente de renovación el Sistema de Financiación Autonómica. El vigente data de 2009, establecido en tiempos de Zapatero y Montilla y al gusto y conveniencia de los catalanes, aunque ahora renieguen de él y digan que les perjudica.

Los antecedentes de Iceta no son precisamente los más adecuados para que el resto de las Comunidades se sientan tranquilas. Su concepción del Estado es de las más atrabiliarias. En su momento, habló ya de ocho naciones, lo que nos retrotraería al Estado cantonal de malhadada memoria, porque, aunque se matice añadiendo que se trata de un concepto puramente cultural, el hecho es que siempre se termina en formulaciones políticas. Pasa igual que con la pluralidad del Estado y los hechos diferenciales, que al final se traducen en fuerzas centrífugas o, al menos, en privilegios. Quién puede dudar de que España es plural. Cualquier territorio lo es. También Cataluña. ¿O es que acaso no hay diferencias entre Barcelona y Gerona?

Iceta fue el primero que habló de indultos para los presos del procés e incluso de alguna manera pretendió trazar a Esquerra su ruta y la estrategia que debía seguir, al comentar que si en algún momento el voto independentista llega a alcanzar el 60 o el 65% habrá que considerar en serio el referéndum. Aunque el PSC ya lo había contemplado antes, al pronunciarse a favor de ese ilusorio derecho a decidir inventado por los independentistas.

Pero descendamos al tema crematístico que es donde se va a plantear el problema, ya que es de prever que, a pesar de soflamas incendiarias sobre la independencia, es en ese terreno en el que Esquerra, con sentido práctico, va a situarse. El fracaso de 2017 y el miedo a la justicia les disuadirá de evitar por el momento nuevas aventuras. Fue en ese mismo 2017, el 30 de noviembre, cuando Iceta publicó en el diario El Mundo un artículo titulado “Financiación justa para una hacienda federal”.

Comenzaba afirmando que los socialistas catalanes querían participar de forma activa (ahora el PSC está más subido e Illa afirma que quieren liderarlo) en el debate y en la negociación del nuevo sistema de financiación autonómico, que debía acordarse en un futuro inmediato. El futuro dejó de ser inmediato en cuanto Sánchez asumió el gobierno, a pesar de que en la oposición arremetió reiteradamente contra Rajoy por no acometer la tarea. Se ha dilatado en el tiempo casi cuatro años, porque el presidente del Gobierno ha preferido tener las manos libres para distribuir dádivas y mercedes entre la Comunidades. Se supone que antes o después tendrá que establecer un nuevo sistema y para ello y para sus planes nada como tener a Iceta en el ministerio de Política Territorial.

Iceta continuaba afirmando en el artículo que las Comunidades Autónomas deben ser gobiernos auténticos, no meras gestoras. Para ello lo que viene a proponer es que haya una mayor cesión de tributos y cita en concreto el IRPF, el IVA y los impuestos especiales. Desconozco lo que el señor Iceta entiende por gobiernos auténticos (Consejos de gobierno los denomina la Constitución). Lo que es cierto es que están muy lejos de ser meras gestoras.

Son ya muchos los tributos que están cedidos a las Comunidades Autónomas. Tal como afirma Piketty (en las páginas 1.090-1.094 de su obra Capital e Ideología y que yo transcribí en este diario en mi artículo del 17 de septiembre de 2020): “España en materia fiscal es uno de los países más descentralizados del mundo, incluso comparado con Estados federales más grandes. En concreto desde 2011, la base imponible del impuesto sobre la renta está dividida en partes iguales entre el Estado central y las regiones… En comparación, el impuesto sobre la renta siempre ha sido federal en EE.UU. y lo mismo ocurre en Alemania, ejemplo más cercano a España. Los Estados (länders) no tienen posibilidad de votar tipos impositivos adicionales, ni conservar para sí la más mínima parte de la recaudación tributaria  con independencia de lo que piensen los contribuyentes bávaros”.

Conviene señalar además que los tributos cedidos -patrimonio, sucesiones y renta (parcialmente)- son los impuestos más progresivos, por lo que su cesión puede producir efectos muy negativos. No se necesita avanzar en el proceso, sino quizás retroceder. La capacidad normativa de las Autonomías crea presiones fiscales diferentes según donde uno viva y, lo que es peor, se establece una competencia desleal entre las Comunidades, el llamado dumping fiscal, que daña la recaudación y la progresividad de los impuestos. Lo paradójico surge cuando se defiende, tal como hacen el PSOE y los independentistas, incrementar la autonomía financiera pero después se protesta cuando esta se ejerce por otras Comunidades diferentes a la catalana.

La cesión de la recaudación, es decir, que los recursos obtenidos por los impuestos en una Autonomía se queden dentro de la Autonomía, representa la ruptura de la función de redistribución del Estado en el ámbito interregional, porque no habrá fondo que pueda compensar el desequilibrio creado. Cuando los nacionalistas e Iceta hablan del Estado del bienestar parece que se refieren únicamente a Cataluña, propugnando hacia el exterior el neoliberalismo económico más radical. Darwinismo social entre regiones. El resultado de transferir además de la recaudación, la gestión y la inspección de los tributos a las Comunidades sería muy negativo desde el punto de vista de la administración fiscal. Trocear la Agencia Tributaria crearía el caos en la gestión de los tributos y obstaculizaría gravemente la lucha contra el fraude y la evasión fiscal.

Hay que tener en cuenta que Iceta escribía desde Cataluña (y me temo que desde ahí será desde donde seguirá hablando y actuando a pesar de ser ahora ministro del Gobierno central) y lo hacía nada más celebrarse un auténtico golpe de Estado. El soberanismo utilizó el inmenso poder que le concedía estar al frente de una de las administraciones autonómicas más ricas y con más competencias para crear toda una estructura sediciosa capaz de subvertir el orden constitucional y romper la unidad del Estado. Pero el golpe está lejos de estar desactivado. Los golpistas continúan y parece que van a continuar al frente de la Generalitat, y no se privan de repetir que volverán hacerlo. El peligro está muy lejos de disiparse, por lo que no parece demasiado acertada la política de conceder cotas de autogobierno más elevadas ni más medios para que en otro momento se puedan volver contra el Estado y entonces, sí, tener éxito.

La estrategia debería pasar más bien por limitar en la medida necesaria las competencias de la Generalitat para que nunca más se pueda repetir un hecho tan aciago. Un factor que ha contribuido decisivamente al fracaso de la supuesta república independiente es la ausencia de una Hacienda Pública propia. Sin ella, resulta muy difícil, por no decir casi imposible, cortar lazos con el Estado. El dinero manda. Es por tanto disparatada la propuesta de ceder la gestión y la recaudación de todos los tributos a la Generalitat.

Iceta terminaba su artículo reclamando una quita de la deuda autonómica. No es de extrañar, puesto que afecta principalmente a la Generalitat catalana (que no a Cataluña). El mayor endeudamiento de esta Comunidad no obedece a los defectos que puedan existir en el sistema de financiación autonómica, tal como intentan convencernos, sino en buena medida a la cantidad ingente de recursos públicos absorbidos por el procés y en general en engrasar esa inmensa máquina de publicidad y propaganda dedicada a promocionar la independencia.

Por otra parte, no es ningún secreto que el presidente de la Generalitat percibe la retribución más alta de las cobradas por los restantes presidentes de las Comunidades Autónomas. Es lógico suponer que ese alto nivel retributivo se extiende a toda la pirámide administrativa, consejeros, directores generales, etc., hasta el último auxiliar administrativo. Recientemente se ha hecho pública y notoria la diferencia retributiva entre los Mossos d´Esquadra y la Guardia Civil y la Policía nacional. Pero me temo que eso mismo se podría afirmar de casi todos los empleados públicos.

El primer secretario del PSC suele repetir que no pide nada para Cataluña que no pida para las otras Autonomías. Puede ser cierto. El problema es que tanto en el orden personal como en el territorial las medidas que son buenas para los ricos no suelen serlo para los menos afortunados. La condonación de la deuda no tiene la misma significación para Cataluña -que debe al Estado 52.499 millones de euros- que para Extremadura -que adeuda tan solo 2.031. Extender una copia del cupo vasco, aun cuando fuese limitado, a todas las Comunidades sería muy beneficioso para Madrid y Cataluña, y por supuesto para el País Vasco, que ya lo tiene, pero tendría efectos devastadores para Andalucía y Extremadura, por ejemplo. Es difícil entender por tanto los afanes independentistas de partidos, como el Bloque Nacionalista Gallego, que se desarrollan en las Comunidades de menor renta.

La presencia de Iceta en el Ministerio de Política Territorial difícilmente va a colaborar a corregir la desigualdad y los desequilibrios entre las regiones, más bien es muy probable que los incremente. Pero no creo que eso le importe mucho a Sánchez. Su finalidad debe de ser otra. Su objetivo consiste en que le ayude a mantener las alianzas con los golpistas, a los que necesita para continuar en el Gobierno.

republica.com 26-2-2021



ILLA Y LA INCONGRUENCIA DE LOS CATALANES

Cataluña, PSOE Posted on Wed, February 17, 2021 21:47:51

¿Qué les pasa a los catalanes? Todas las encuestas arrojan el resultado de que, aunque con oscilaciones, el número de los ciudadanos que se inclinan por la independencia es inferior al de los que la rechazan. No obstante, el panorama cambia cuando llegan las elecciones, el sesgo hacia el nacionalismo es mayoritario, no solo porque los partidos secesionistas son los que obtienen más escaños, lo que puede explicarse como consecuencia de los defectos de la ley electoral, sino porque gran parte de los catalanes que se declaran en las encuestas en contra de la independencia terminan votando a partidos que, si bien no se proclaman nacionalistas en la práctica, su simpatía e incluso complicidad con el nacionalismo resulta innegable.

No es infrecuente escuchar de muchos catalanes, de esos que se confiesan anti independentistas, el lamento de que el Estado les ha abandonado, se ha inhibido, dejándoles en manos del nacionalismo. Tienen su parte de razón, desde la Transición los partidos nacionales se han preocupado sobre todo de sus intereses, permitiendo que los nacionalistas campasen a sus anchas por Cataluña y el País Vasco, a cambio de conseguir su apoyo en el Parlamento español. De esta manera, poco a poco, el nacionalismo ha terminado apoderándose de todas las instituciones en sus respectivos territorios y, lo que es peor, ha impuesto progresivamente su discurso y su punto de vista a toda la sociedad.

Pero no es menos cierto que todo esto no hubiese sido posible sin el silencio, la pasividad, e incluso en muchos casos la complicidad, de la población no independentista. En cierto modo, las reivindicaciones nacionalistas y su victimismo beneficiaban a toda la sociedad en cuanto significaban obtener ventajas evidentes frente a otros territorios. Por otra parte, el conformismo era más cómodo y la aceptación de las reglas de juego podía acarrear beneficios inmediatos, quizás nada despreciables.

Buen ejemplo de ello lo ha constituido gran parte del empresariado, de los medios de comunicación y de otras muchas entidades que han visto recompensada su fidelidad al régimen (este sí que ha sido y es un régimen) de manera muy generosa, pero es que este modo de actuar se ha extendido también a muchos ciudadanos particulares a los que tampoco les iba mal el paraguas del victimismo. Muy pocos han sido los que han plantado cara. La mayoría han optado por amoldarse y recolectar los beneficios.

Solo cuando la situación subió de nivel y se dio un salto cualitativo, cuando el nacionalismo se declaró ya en franca rebeldía y se convirtió en golpismo, cuando vieron que los secesionistas estaban dispuestos a declarar la independencia unilateralmente, sonó la señal de alarma, la mayoría de los empresarios se asustaron. Vivían bien en la ambivalencia, pero el envite era demasiado fuerte. Gran parte de ellos se situaron en la tercera vía, “sí, pero no”, y la mayoría silenciosa de ciudadanos salió por primera vez a la calle de forma masiva. Un partido que había sido hasta entonces cuantitativamente secundario en Cataluña, Ciudadanos, se alzó como la fuerza política más votada.

Pero el tiempo pasa y parece que lo borra todo, lo que en el caso de Cataluña resulta un poco incomprensible, porque durante cuatro años se ha extendido el caos; y la violencia se ha adueñado con frecuencia de las calles de toda la Comunidad Autónoma. Los golpistas continúan sin arrepentirse de nada y afirman que están dispuestos a repetir el golpe. El Gobierno ha sido desgobierno, más pendiente del procés y de su propaganda secesionista, que de la gestión y de los problemas de los administrados. Por eso resulta tan difícil comprender los resultados actuales de las encuestas, no ya que el voto independentista se mantenga (el fanatismo suele dar razón de casi todo), sino que gran parte de la sociedad silenciosa se inclinen por formaciones políticas que mantienen cierta complicidad con el secesionismo. ¿Dónde están las izquierdas catalanas?

Es cierto que, en Cataluña, desde hace tiempo, al menos desde el inicio del procés, el enfrentamiento político no se plantea en términos de izquierda y derecha, sino de independencia o no independencia. No hay más que considerar el extraño matrimonio entre Convergencia -o lo que queda de ella- y Esquerra. Llevan gobernando juntos casi una década. Incluso cuentan siempre con el apoyo de la CUP cuando la necesitan en el Parlament. Pero precisamente por eso se entiende mal la traslación de votos que las encuestas arrojan de Ciudadanos al PSC, porque si hay un partido que en Cataluña ha defendido a esa más de la mitad de ciudadanos humillados y ofendidos ha sido la formación naranja.

Sin duda, Ciudadanos cometió un gran error, convertirse en partido nacional, y no quedarse en Cataluña, que es donde tiene un sentido y un perfil propio. He criticado a Ciudadanos en bastantes artículos y también en mi último libro “Una historia insólita, el gobierno Frankenstein”, pero estas críticas iban dirigidas a su comportamiento en la política nacional, no en Cataluña, donde han mantenido una posición bastante digna. Aunque hayan podido cometer alguna equivocación ¿cómo compararles con el comportamiento errático y torticero seguido por el PSC?.

Lo más que se puede esperar del PSC es la constitución de un tripartito, y conviene no olvidar que todo este fregado catalán comenzó precisamente con el anterior tripartito y la alianza de Zapatero con Maragall. Fue el primer intento de cambiar la Constitución por la puerta de atrás. Ciertamente no en rebeldía como lo hicieron en 2017 los independentistas, pero sí arteramente aprobando un estatuto anti constitucional, estatuto que en el fondo nadie demandaba. Solo hay que considerar la enorme abstención que se produjo en el referéndum de su aprobación. De aquellos polvos vinieron estos lodos. Resulta, por tanto, bastante incomprensible que aquellos que se quejan del independentismo, terminen votando a un partido que entre otras cosas pretende indultar a los golpistas para que prueben de nuevo, a ver si tienen éxito.

Lo más inconcebible es que parece que las buenas perspectivas del PSC se deben a presentar como candidato a Salvador Illa. Es difícil de entender. Se desconoce cuáles son sus gracias. Lo mejor que se puede decir de él es que es educado, modoso, de buenos ademanes y palabras. Claro que todo esto también podría interpretarse como amorfo, ni chicha ni limoná, y que cuando habla no se le entiende nada porque parece que está rezando. Pero más allá de todo esto, como ministro de Sanidad no ha brillado con luz propia. Ha sido tan solo una marioneta en manos de Sánchez, transmitía lo que este decidía. Su permanencia al frente del Ministerio de Sanidad se ha caracterizado por la inoperancia más absoluta. Tomó posesión de un medio ministerio (Sanidad) que era parte de otro casi sin competencias (Sanidad y Consumo). Un ardid para que tuviera un sitio en el Consejo de Ministros y desde esta plataforma se dedicase a su auténtica misión, servir de cemento a ese maridaje espurio que Sánchez pretende mantener con el nacionalismo golpista.

El hombre propone y Dios dispone. Así que se ha tenido que  enfrentar con la pandemia más grave de los últimos cien años. Sin preparación y sin medios no es de extrañar que su gestión haya sido un desastre, tanto más cuanto que desde el comienzo se echó en manos de un chisgarabís, locuaz y frívolo, que no tenía ni siquiera la categoría de subdirector general y que toda su “expertitud” (que diría Calvo) consiste en haber entrado en la función pública por la puerta de atrás, gracias a un importante pariente del PP.

Las dificultades con las que se encontró Illa al comienzo de su mandato son notorias. La distribución de competencias y medios entre las Comunidades Autónomas hacían del Ministerio un gigante de barro y dificultaban gravemente la gestión. Pero su languidez y su carencia radical de experiencia no solo sanitaria sino en la Administración Pública le convirtieron en una marioneta en manos de Sánchez. La subordinación de los criterios sanitarios a las conveniencias políticas cerraba toda posible solución.

El sometimiento a los intereses políticos estuvo presente desde el primer momento. Se reaccionó tarde. Había que mantener las manifestaciones feministas. “El machismo mata más que el coronavirus”, lema de los carteles, parece ahora una broma macabra. Se permitió la entrada por los aeropuertos de todos los italianos que quisieron pasar cuando en Italia la epidemia estaba ya desbocada. En una semana se pasó de asegurar que en nuestro país no había ningún problema a decretar el estado de alarma e imponer el confinamiento más duro de toda Europa.

Se adoptó un sistema de mando único, lo que a todo el mundo le pareció bien dada la gravedad de la situación. El problema surgió cuando ese mando único, el Ministerio de Sanidad y el señor Illa, comenzaron hacer aguas por todas partes. Pretendieron centralizar todas las compras, pero resultó un auténtico desastre. Los suministros no llegaban y muchos de los contratos eran fraudulentos y adjudicados sin el menor rigor, y aún está por conocerse qué hubo detrás de todas esas contrataciones. Al final cada Comunidad, a pesar de no tener competencias (estaban atribuidas al mando único), tuvo que apañarse como pudo.

No es el momento de relatar la inmensa acumulación de desatinos cometidos a lo largo de toda la pandemia. Los engaños y las rectificaciones han estado presentes en todo el proceso. “Donde ayer dije digo hoy digo diego”. Las mascarillas pasaron de no convenientes a ser obligatorias. Y las FFP que ayer se consideraban improcedentes e incluso egoístas resulta que son las que ahora Alemania considera como las únicas aceptables. La desescalada fue caótica y llena de prejuicios políticos, sin informes y al margen de todo criterio científico, y con un comité de expertos fantasma o inexistente.

Ante la catástrofe, el Gobierno optó por descargar la responsabilidad en las Comunidades Autónomas -pero sin darles al mismo tiempo los medios y la autoridad necesarias-, que ha pretendido mantener en sus manos para intervenir cuando por sus conveniencias políticas le pareciese necesario. Buen ejemplo de ello fue el sainete de Madrid que para demostrar quién mandaba no dudó primero en fabricar un engendro jurídico tumbado por los tribunales y al final decretar un estado de alarma reducido a una sola provincia con el que hizo el ridículo más absoluto, demostrándose que la Comunidad Autónoma tenía razón en su estrategia. La llamada “cogobernanza”, una de tantas palabras elaborada por la fábrica de la Moncloa, ha sido un caos, convirtiendo el mapa de España en la lucha contra la epidemia en un espectáculo de lo más heterogéneo y variado. Illa aseguró que no habría diecisiete navidades distintas y lo cierto es que si nos descuidamos acaba habiendo cincuenta.

A su vez, el Gobierno ha sido totalmente reacio a utilizar las competencias que permanecían exclusivamente en sus manos. A pesar de la petición de las Autonomías afectadas, se negó siempre a establecer en los aeropuertos y en las estaciones de ferrocarril controles efectivos, incluso cuando después de la aparición de la cepa británica y casi todos los países habían anulado ya todos los vuelos con Inglaterra Sánchez, rechazó hacerlo. El Ministerio del Interior, tan presente en la primera etapa incluso con entorchados en todas las ruedas de prensa, desapareció posteriormente como por asomo, con lo que la mayoría de las Autonomías se han encontrado sin medios para asegurar que se cumplían las medidas que iban adoptando.

El último escándalo, por ahora, lo ha constituido el de la vacunación. Como es habitual, el Gobierno ha lanzado la responsabilidad hacia fuera. En este caso a la Unión Europea, que, como es habitual, está demostrando lo que es, un bodrio burocrático incapaz de dar solución eficaz a cualquier problema. No obstante, Sánchez intentó ponerse las condecoraciones y venderlo a bombo y platillo, colocando en el primer envío un cartel monumental, que decía “Gobierno de España”. Algo infantil ciertamente, pero muy revelador de su finalidad de representación y propaganda. Ahora, ante las dificultades, echará balones fuera y trasladará todas las culpas a la Unión Europea.

Se dirá que todo esto es imputable principalmente al Gobierno y no a Illa. En alguna medida es verdad, pero el ahora candidato a la presidencia de la Generalitat ha sido el hombre de paja, el instrumento, el medio del que se ha valido Sánchez para implementar esta política tan desastrosa y para intentar vender como triunfos y aciertos los mayores descalabros. “No se arrepiente de nada”, ha manifestado en la despedida el hasta ahora ministro, y aleccionó a su sucesora anticipando que lo va a pasar bomba. La mayor prueba de la insignificancia de Salvador Illa consiste en que se ha considerado que puede dejar el Ministerio en el momento más crítico de la epidemia sin que pase absolutamente nada. Lo cual es cierto.

¿Es este personaje anodino el que quieren los catalanes para presidente de la Generalitat? Lo cierto es que Salvador Illa nunca va a serlo. Primero porque lo más probable es que se vuelva a formar un gobierno independentista y segundo porque, aunque diesen los números y se intentase constituir un tripartito, Esquerra nunca aceptaría no presidirlo y tener que votar de presidente a un hombre del PSC. ¿Entonces a qué tanto interés en colocar a Illa de candidato? Me da la impresión de que la finalidad ha sido otra, nombrar a Iceta, no en un ministerio cualquiera, sino en el de Administración Territorial. Pero eso merece quizás otro artículo.

republica.com 5-2-2021



DE PUIGDEMONT A LOS EXILIADOS DE LA REPÚBLICA

Cataluña Posted on Sun, January 31, 2021 23:17:57

Ya no sé si soy de los míos. El otro día escuché la comparación más abracadabrante, pronunciada curiosamente por quien se quiere hacer pasar por paladín de la república. Comparó una de las escenas más sombrías de nuestra historia, la triste hégira que tuvieron que emprender casi medio millón de españoles tras la Guerra Civil con un vodevil que causa sonrojo y risa, la fuga de Puigdemont escondido en el maletero de un coche, después de habernos obsequiado con un auténtico sainete de “síes” y “noes” hasta terminar declarando una república independiente vergonzante. La diferencia es tan notable que resulta difícil explicar cómo alguien en su sano juicio puede plantearla, a no ser que haya sucumbido al sectarismo independentista.

No me detendré en la parte más emotiva y, por lo tanto, más provocadora, la cadena de angustias y penalidades por las que tuvieron que pasar esa fila interminable de exiliados que atravesaron los Pirineos o la desesperación de los pasajeros de los últimos barcos que salieron de Alicante, y los sufrimientos y calamidades posteriores de todos ellos en los campos de concentración franceses o de otras naciones. El contraste con el turismo político y la vida casi de lujo que Puigdemont vive en Europa resulta insultante. Tampoco insistiré en la pérdida de inteligencia que significó para España el exilio republicano. Nada hemos perdido con la fuga de Puigdemont y sus satélites. La pena es que continúan dando la lata.

Pero todo lo anterior, aunque es relevante desde el punto de vista humano, no incide sobre el núcleo de la diferencia. El antagonismo más radical se encuentra en que los exiliados republicanos habían sido objeto de un golpe de Estado y huían de una dictadura militar, mientras que Puigdemont ha sido él mismo el que ha dado el golpe y se fuga de la justicia de una sociedad democrática, con sus defectos, sin duda, pero equiparable a la de los principales países europeos, por lo menos si no se destruye o adultera por el populismo y el secesionismo. La disparidad es esencial. Entre víctimas y delincuentes. Víctimas de un régimen sanguinario y delincuentes en una sociedad tan garantista que no consiente juzgarles en rebeldía y les permite presentarse como candidatos a todas las elecciones y en una Europa tan llena de contradicciones que les reconoce, por lo menos, hasta ahora como eurodiputados.

Isabel Serra, portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, se ha visto en la obligación de salir en defensa de su jefe, recurriendo para ello a la RAE: “Un político que ha salido de su país por defender determinadas ideas políticas… es un exiliado. Eso no lo dice Pablo Iglesias, lo dice la RAE”. Mas allá de que la Real Academia no afirma nada por el estilo, lo cierto es que Puigdemont no ha huido de España por defender determinadas posiciones políticas, sino por dar un golpe de Estado, violando de la forma más flagrante las leyes y la Constitución. Esas ideas las defendió con total libertad durante muchos años, y de ella se valió para ocupar distintos empleos y cargos -algunos de ellos importantes-, y para llegar a presidir al final una de las Comunidades más ricas de España.

El problema surge cuando desde el poder que le proporcionaba esta plataforma, incluyendo un ejército de 17.000 hombres, quebranta la Constitución, transgrede toda la legalidad vigente, asume funciones que no le corresponden y declara unilateralmente la independencia de la Comunidad Autónoma de la que es presidente por el imperio de esa misma Constitución que desafía. En España hoy, a diferencia de otros tiempos más lejanos, a nadie se persigue por sus ideas políticas. En todo caso, si algunos en Cataluña pueden verse, si no perseguidos, al menos marginados, son aquellos a los que los soberanistas llaman españolistas, es decir, los que defienden la Constitución.

Según la nomenclatura del señor Iglesias y de la señora Serra, todos los autócratas que han dado un golpe de Estado y, tras su fracaso, tienen que huir de la justicia de sus países, deberían ser tenidos por exiliados políticos. ¿Tejero habría sido también un exiliado político si tras el 23-F se hubiera fugado de España?

Pedro Iglesias, se supone que con la intención de defender a Puigdemont, ha mantenido “que está en Bruselas no por haber robado, ni haber intentado enriquecerse”. Afirmación totalmente errónea. El ex presidente de la Generalitat está acusado de malversación de fondos públicos, y si no está condenado como muchos de sus consejeros es tan solo porque se encuentra fugado de la justicia. Han sido cuantiosos los recursos públicos que se han desviado de su correcta finalidad para destinarlos a objetivos no solo espurios, sino ilegales e incluso delictivos.

Los políticos tienen cierta tendencia a disculpar a aquellos de sus correligionarios que, inmersos en casos de corrupción, no se han apoderado aparentemente de dinero de forma personal. Establecen dos clases de corrupción en el manejo de los fondos públicos. Una menos grave que la otra. La más leve se daría cuando no se ha producido enriquecimiento personal. Discrepo. La financiación ilegal de los partidos políticos o la desviación de recursos públicos destinándolos a fortalecer el clientelismo o a fidelizar a los prosélitos, tal como ocurrió, por ejemplo, con los ERE en Andalucía, haya o no haya apropiación individual de dinero, tienen mucha más gravedad porque puede resultar dañada la esencia misma del sistema, la neutralidad del juego democrático. Además, en todos estos casos termina habiendo también, aunque sea de forma indirecta, un enriquecimiento personal porque los beneficios económicos conseguidos para su partido o secta influyen en el statu quo del individuo. Sin duda, el señor Puigdemont, como los demás prebostes de Convergencia, ha terminando beneficiándose del 3% impuesto con carácter general en Cataluña.

La malversación de fondos de la que está acusado Puigdemont es de la mayor gravedad posible, puesto que los recursos se han destinado a un proyecto que tenía por objeto romper el Estado, modificar las condiciones económicas y políticas de más de la mitad de los catalanes y robar la soberanía popular a la mayoría de los españoles. Es una ingenuidad pensar que todo ello no contribuía a su beneficio personal. Él ha sido lo que ha sido y es lo que es gracias al procés y a la financiación irregular del independentismo. Incluso, esos recursos invertidos ayer en publicidad, subvenciones y contratos, entre otras cosas, están rentando hoy lo suficiente para costear en buena medida el tinglado de Waterloo y su opulenta vida en Bélgica.

Pablo Iglesias, no sé si a modo de disculpa, ha afirmado que no está dispuesto a criminalizar a los independentistas. Es una de esas frases -como la de que no hay que judicializar la política- que aparentemente quedan bien, pero que lo mejor que se puede decir de ellas es que no significan nada, cuando no que pretenden distorsionar la realidad. En España nadie criminaliza a los independentistas, son los propios independentistas los que se criminalizaron al convertirse en golpistas y solo son ellos los que han abierto la puerta de la política a los tribunales al conculcar las leyes y la Constitución.

Una cosa es criminalizar a los soberanistas y otra blanquear a los golpistas, que es lo que se hace cuando se les califica de presos o exiliados políticos y en el culmen se les compara con los que fueron perseguidos por una dictadura fascista. Los abogados de Puigdemont piensan ya incorporar todas estas manifestaciones a su defensa en Europa. ¿Cómo van a creer en el extranjero que son verdaderos delincuentes si el vicepresidente del Gobierno español no lo cree, y el presidente parece ser que tampoco?

José Borrell, cuando fue nombrado ministro de Asuntos Exteriores de Pedro Sánchez, se quejaba amargamente de la negligencia del Gobierno de Rajoy al no haber sabido combatir el relato independentista en el extranjero y aseguraba que el Gobierno de Sánchez se iba a dedicar a ello con ahínco. Aquella promesa choca tan frontalmente con los hechos actuales que da cierto bochorno recordarla.

El líder de Podemos defendió la posibilidad de indultar a los líderes independentistas catalanes, ya que “lo requiere el interés del Estado”. Creo que es todo lo contrario. Precisamente su condena y encarcelamiento obedecen a que atentaron gravemente contra el Estado e intentaron romperlo, y, lo que es peor, mantienen la misma actitud y afirman sin ningún pudor que están dispuestos a repetirlo. Parece lógico pensar que el interés del Estado precisamente lo que exige, por tanto, es que continúen en prisión para que no se pueda dar de nuevo otro primero de octubre ni otro golpe de Estado. Otros son quizás los intereses en juego tanto de Iglesias como de Sánchez. Pero no entremos en profundidades.

republica.com 29-1-2021



PIKETTY, EUROPA, ESPAÑA Y CATALUÑA

Cataluña, EUROPA Posted on Thu, September 24, 2020 08:49:03

Creo que he citado ya dos veces en estas páginas a Thomas Piketty. Es un autor que encuentro interesante porque, se compartan o no sus juicios de valor, puede resultar de gran utilidad la extensa información que maneja y pone a disposición del público. Es una lástima que apenas cite a España y, en contraste con otros países, no se refiera a ella de forma específica y determinada. Por eso me parece tan relevante la excepción, las paginas (1.090-1.094) que  dedica en su última obra, “Capital e ideología”, a Europa, España y Cataluña, tanto más en cuanto que se acaba de celebrar la Diada.

Me van a permitir que esta semana haga simplemente de transmisor de sus opiniones, ya que coincido con ellas y las considero de interés para los lectores, principalmente para aquellos que se sienten de izquierdas, y que tal vez estén predispuestos a aceptar de mejor grado sus palabras que las mías, aunque sea simplemente por el hecho de no ser español. Comienza Piketty manifestando que de todas las encuestas se deduce el hecho de que el independentismo en Cataluña no es transversal. Los partidarios de la secesión se incrementan a medida que aumentan sus ingresos y su nivel cultural.

Según el autor, esta tendencia no tiene por qué aparecer como discordante con la que se presenta en la mayoría de los países europeos en los que la adhesión a la integración europea está en correlación positiva con el nivel de renta y son principalmente las clases modestas las que rechazan en mayor medida la Unión. Y añade Piketty que la razón de esta aparente contradicción es que las clases acomodadas que apoyan la independencia catalana no tienen ningún interés en abandonar Europa. Quieren que Cataluña permanezca en la UE, pero como Estado independiente, de manera que pueda seguir sacando partido de la integración comercial y financiera, conservando, sin embargo, sus propios ingresos fiscales.

No obstante, ya es hora de que a partir de aquí reproduzcamos literalmente las palabras de Piketty:

No se trata de reducir por entero el nacionalismo catalán a una motivación fiscal. Los factores propiamente culturales y lingüísticos tienen su importancia, así como la memoria histórica del franquismo y lo brusco del poder centralizador madrileño. Pero la autonomía fiscal desempeña un papel central en el caso catalán. Sobre todo, tratándose de una región notablemente más rica que la media española. Es natural pensar que los contribuyentes más acomodados se sientan especialmente exasperados por la idea de que sus impuestos en parte se van a otras regiones. Al contrario, las categorías modestas y medias son por el contrario un poco más sensibles a las virtudes de la solidaridad fiscal y social.

Es importante destacar que, en el aspecto fiscal, España es uno de los países más descentralizados del mundo, incluso comparado con estados federales mucho más grandes. En concreto desde 2011, la base imponible del impuesto sobre la renta está dividida en partes iguales entre el gobierno central y las regiones. Un sistema de este tipo plantea muchos problemas, en el sentido de que daña la idea misma de solidaridad en el seno del país y termina por enfrentar a las regiones entre ellas, lo que resulta especialmente problemático tratándose de una herramienta como el impuesto sobre la renta que se supone debe reducir las desigualdades entre los más pobres y los más ricos, al margen de las identidades regionales o profesionales…

En comparación, el impuesto sobre la renta siempre ha sido federal en EE. UU. Es el que garantiza, desde su creación en 1913, la progresividad fiscal y el que aplica los tipos impositivos más altos a los tramos superiores de la renta. Tal vez a los contribuyentes acomodados de California (estado que por sí solo está casi tan poblado como España y seis veces más que Cataluña) les habría gustado conservar para sí y para sus hijos la mitad del impuesto federal sobre las rentas más altas, pero nunca lo han conseguido (para ser sinceros nunca lo han intentado seriamente puesto que la sola idea habría sido interpretada como una declaración de guerra de tipo secesionista)

En la República Federal de Alemania, ejemplo más cercano a España, el impuesto sobre la renta es exclusivamente federal: los estados alemanes (länder) no tienen la posibilidad de votar tipos impositivos adicionales ni conservar para sí la más mínima parte de la recaudación tributaria, independientemente de lo que piensen los contribuyentes bávaros. La lógica de los tipos impositivos adicionales a nivel regional o local no es perniciosa en si misma siempre que sea mensurada. Optando por el reparto a medias del impuesto sobre la renta con las regiones, tal vez España hay ido demasiado lejos y ahora se encuentra en una situación en la que una parte de los catalanes querrían, independizándose, conservar el cien por cien de los ingresos.  

Europa también tiene una gran responsabilidad en esta crisis. Además de la gestión calamitosa de la crisis de la zona del euro, sobre todo en perjuicio de España, desde hace décadas, la Unión Europea promueve un modelo de desarrollo basado en la idea de que es posible tenerlo todo: la integración en un gran mercado europeo y mundial, todo sin obligaciones de solidaridad y de financiación de los bienes públicos. En estas condiciones, ¿por qué no probar hacer de Cataluña un paraíso fiscal al estilo de Luxemburgo? De hecho, para muchos independentistas catalanes el proyecto es este, constituyéndose en estado independiente podrán conservar la totalidad ingresos generados en el territorio para desarrollar Cataluña y, si es necesario, reducir los impuestos a los actores económicos que gozan de mayor movilidad para así atraer inversiones a la región-estado (lo que resultaría tanto más fácil cuanto que se habría desembarazado de la solidaridad con el resto de España).

No hay ninguna duda que la politización de la cuestión catalana habría sido totalmente distinta si la Unión Europea contara con un presupuesto federal europeo, como es el caso de Estados unidos, financiado por impuestos progresivos sobre la renta y sobre las sucesiones a nivel federal. Si la parte esencial de los impuestos por las rentas altas catalanas alimentara el presupuesto federal como es el caso en Estados Unidos, la salida de España tendría un interés limitado para Cataluña desde el punto de vista económico. Para huir de la solidaridad fiscal, habría hecho falta huir de Europa con el riesgo de ser excluido del gran mercado europeo, lo que tendría un coste redhibitorio a ojos de muchos catalanes independentistas.

No digo que el movimiento nacionalista e independentista desapareciera inmediatamente en un sistema así ni que debería desaparecer. Pero se debilitaría mucho y, sobre todo, estaría centrado en las cuestiones culturales, lingüísticas y escolares, que son importantes y complejas, en lugar de centrarse en las cuestiones fiscales y en el enredo de cuentas entre regiones. La crisis catalana, tal como está estructurada, se nos presenta como el síntoma de una Europa que descansa sobre una competitividad generalizada entre territorios y sobre una ausencia absoluta de solidaridad fiscal, que siempre contribuye a acrecentar la lógica del “cada uno por su cuenta”. Constituye otro caso más de la estrecha relación entre el sistema político y las desigualdades entre las fronteras el régimen de propiedad.”  

republica.com 18-9-2020



ACOGERSE A SAGRADO

Cataluña Posted on Thu, January 02, 2020 20:26:25

El asilo en sagrado era una costumbre, casi una ley, en vigor principalmente durante la Edad Media, por la que cualquier delincuente se podía acoger a la protección de una iglesia para librarse de la persecución de la justicia. Nuestros clásicos se refieren con frecuencia a ella. Así, por ejemplo, Quevedo en su Buscón hace decir al protagonista: “Nos acogimos a la Iglesia Mayor a que nos amparase del rigor de la justicia”.

Hoy en día todo se moderniza, y parece que el lugar preferido de asilo es Europa. No, no me refiero a los refugiados políticos que provienen de Asia y de África, de conflictos creados a menudo por los propios europeos o norteamericanos. Ellos suelen tener bastantes dificultades para entrar. Estoy pensando en los golpistas españoles que se han acogido a sagrado, pero no en una iglesia, sino en algunos países europeos y últimamente también en el Europarlamento. Bueno, al menos ahora este órgano servirá para algo, aunque no sea precisamente para algo provechoso. Hay antecedentes. El sur de Francia fue el lugar de refugio del terrorismo etarra. El santuario se le denominaba. Costó años de negociación lograr que entendiesen que España era ya un Estado de derecho y una democracia similar a la de cualquier otro país de la Unión Europea.

Acabar con el santuario francés, allá por el año 1984, costó más que argumentos y palabras. Francia exigió contrapartidas por su colaboración. De una de ellas fui testigo de excepción. Se estaba informatizando en España todo el sistema presupuestario y contable del sector público estatal, y la compra de todos los equipos hubo que adjudicársela a una empresa francesa cuando la licitación estaba ya casi terminada en sentido contrario.

Los defraudadores fiscales y evasores de capitales han tenido siempre y continúan teniendo algunos países europeos para acogerse a sagrado y huir así de las haciendas públicas de sus respectivos países. Ahora, por lo pronto, Bélgica, Reino Unido y Alemania se han convertido en refugio de los golpistas fugados de España. El tema resulta tanto más chusco cuanto que todos estos países son miembros de la Unión Europea (Reino Unido aún lo es), y se supone que debe regir entre ellos si no la unión, que siempre brilla por su ausencia, como mínimo la colaboración y confianza. Y es que en esta materia como en casi todas, la tan ensalzada Unión Europea hace aguas y muestra sus contradicciones. Un país de la Unión se convierte en refugio de los delincuentes de otro. Ha quedado muy clara la inoperancia de ese instrumento denominado euroorden. A esa inutilidad me referí, con ocasión de la decisión de la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein, en un artículo publicado en este diario el 12 de abril del 2018 con el título de “¿Sirve para algo la euroorden?”.

Ahora ha sido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) el que en una sentencia en procedimiento prejudicial y en respuesta a una consulta del Tribunal Supremo de España ha convertido, se supone que de forma indirecta y no querida, al Parlamento Europeo en refugio de delincuentes. No seré yo el que tenga la osadía de juzgar la sentencia, pero sí conviene señalar algunos hechos y elementos cuando menos extraños. Lo primero es que un tribunal que juzga asuntos tan importantes como este y que afectan a toda Europa, en teoría compuesto por numerosos miembros, no admita votos particulares y que además siga en casi todos los casos las conclusiones y el dictamen de un solo abogado.

Algo que extraña también es que el TJUE considere un requisito sin demasiada importancia la aceptación y promesa de cumplir la Constitución de un Estado miembro. La sorpresa proviene de que quienes representan a España, Polonia o Italia en el Parlamento Europeo no tengan que comprometerse a cumplir la Constitución de sus respectivos países, y puedan ser eurodiputados sin hacerlo. Claro que hay que reconocer que en esto el Tribunal Europeo no se aparta mucho de la opinión de nuestro Tribunal Constitucional que con su tolerancia para con la famosa fórmula de “por imperativo legal” ha consentido que el juramento o la promesa a la Constitución en el Parlamento haya devenido una verbena.

Los expertos en estas lides afirman que, en este caso, el Tribunal de Luxemburgo ha cambiado radicalmente la doctrina que hasta ahora había sobre la materia, consistente en que, por lo que hace referencia al procedimiento electoral, prima la legislación del país miembro. Incluso esta era la opinión del propio Tribunal en su pronunciamiento del 1 de julio y, teniendo en cuenta que el artículo 8, párrafo primero, del Acta electoral de la UE establece que: «Salvo lo dispuesto en la presente Acta, el procedimiento electoral se regirá, en cada Estado miembro, por las disposiciones nacionales», no nos puede extrañar que haya quienes se pregunten si más que una interpretación de la norma, que es su función, no ha cambiado la norma misma, asumiendo funciones legislativas que desde luego no le corresponden.

De lo que no cabe ninguna duda es de que una vez más la UE es víctima de su asimetría. Es esa asimetría la que origina todos los problemas. Se crea la libre circulación de capitales sin establecer entre los países miembros la armonización fiscal y laboral que impida el chantaje del capital a los gobiernos. Se unifica la moneda sin la existencia de una unión presupuestaria y fiscal que compense los desequilibrios entre Estados que la unión monetaria origina.

Y ahora, por lo que se ve también en el tema judicial, ¿dónde está la asimetría? En la uniformidad que parece defender el tribunal de Luxemburgo y en el despiporre de las euroórdenes. No habría habido ningún problema en dejar que Junqueras se desplazase al Parlamento Europeo si su sede hubiera estado en España, o los países de la Unión estuviesen obligados a devolver los delincuentes de otros países. De hecho, con anterioridad, cuando fue elegido diputado nacional, el Tribunal Supremo le permitió asistir al Congreso custodiado por la policía para que pudiese tomar posesión de su escaño, cumplir los requisitos adecuados y volver a prisión. El resultado habría sido muy distinto si se le hubiese dejado asistir al Parlamento Europeo. No es preciso ser mal pensado para suponer que, dada la enorme eficacia de las euroórdenes, hubiera sido imposible hacerle retornar a España, y se hubiese puesto en peligro todo el proceso judicial que estaba a punto de culminar.

No se puede actuar en ciertos temas como si fuésemos un Estado y en otros como naciones separadas, si no enfrentadas, sí refractarias. El resultado es que vamos a tener unos golpistas sentados en el Parlamento Europeo. Es lo único que le faltaba a Europa para caer en el mayor desprestigio. En un momento en el que se critican -y quizás con razón- los privilegios de los políticos, no puede por menos que chocar la inmunidad de los parlamentarios europeos. Tanto más cuando les exonera de delitos cometidos en su propio país con anterioridad a ser elegidos para el cargo y sin que tengan nada que ver con su función. Algo vetusto y ciertamente injusto.

Pero hay que reconocer que en este caso el problema no está tanto en Europa como en España. ¿Cómo vamos a pedir que en Europa se trate a los golpistas catalanes como delincuentes si están negociando con el Gobierno, y el Gobierno se empeña en exculparlos? Tras la sentencia, la ínclita Carmen Calvo repite por doquier la consigna del Gobierno: lo de Cataluña es un problema (a veces dicen conflicto) político. Así dicho, es una obviedad, la política comprende todo. Lo que pasa es que los sanchistas le dan una connotación distinta. Pretenden señalar que no es un problema penal.

Pero penal lo es, y me atrevo a decir que antes que nada, porque lo que caracteriza desde 2012 lo que se llama el problema catalán es que el Gobierno de la Generalitat, apoyado por los partidos que le respaldan, se ha rebelado contra el Estado, la Constitución y el propio Estatuto de Cataluña y ha saltado por encima de todas las leyes. Penal lo es en cuanto que estos partidos continúan afirmando que piensan repetirlo y que no renuncian a la vía unilateral, dicho de otra forma, a la rebelión.

A los sanchistas les estorba la vía penal porque, si no, cómo justificar que están pactando con unos golpistas y cómo llamarlos así si son sus socios. La vicepresidenta y la portavoz del Gobierno han dicho a dúo que esta sentencia es una herencia de Rajoy. Lo que no se entiende muy bien, aun cuando estemos dispuestos a echar la culpa de todo al anterior presidente del Gobierno. Solo es comprensible desde la creencia sanchista de que el Gobierno puede instrumentar a la justicia. De quién depende el fiscal general del Estado, se preguntaba en sentido retórico Pedro Sánchez cuando estaba en plena campaña electoral. Igual debe pensar ERC, ya que le exige que dé alguna señal de que el poder judicial va a prestarse a sus deseos.

Es difícil que Europa crea que de verdad son golpistas cuando en España hacemos cosas tan raras como negociar con ellos la investidura del presidente del Gobierno de la nación o como que nuestras leyes permitan que un prófugo de los tribunales pueda presentarse a todo tipo de elecciones sin previamente comparecer ante la justicia o pisar suelo español, o como que, a diferencia de otros países no se pueda juzgar a un delincuente en rebeldía.

Se entiende mal que, a lo largo de años, por complacer a los nacionalistas, hayamos cercenado el Código Penal de aquellas figuras delictivas que podían molestarles, pero que quizás eran imprescindibles para defender la Constitución y el Estado. Difícilmente se comprende no ya que, a diferencia de Francia o Alemania, hayamos aprobado una Constitución no militante, que permite que haya partidos separatistas, sino que incluso aceptemos que se presenten a las elecciones con el programa de rebelarse contra las leyes en cuanto puedan.

En cierto aspecto es explicable que, por ejemplo, la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein no pudiese concebir que un gobierno de una Comunidad Autónoma se hubiese sublevado contra la Constitución española. En sus esquemas no entra ni por lo más remoto que el gobierno de Baviera pueda rebelarse contra la República Federal de Alemania. Lo más que logra imaginar a efectos de comparación es un conjunto de manifestaciones ecologistas en contra de la ampliación de un aeropuerto en Fráncfort.

Cómo entender que después de la sublevación de una Comunidad continúan gobernando los mismos que se han sublevado y que además muy posiblemente serán árbitros de la gobernación del Estado. No, definitivamente no, no es fácil que en Europa nos entiendan.

republica.com 27- 12- 2019



A LOS ENFERMOS CATALANES LES ROBAN LOS ENFERMOS DEL RESTO DE ESPAÑA

Cataluña Posted on Mon, December 23, 2019 19:39:18

El nacionalismo corrompe cualquier ideología, la deforma, la desnaturaliza y la convierte a veces en todo lo contrario. El secretario general de la UGT, para justificar su peregrinaje a la cárcel de Lledoners, ha declarado que no se entiende un gobierno de progreso sin la izquierda catalana. Lo de Progreso es un término bastante ambiguo. Deriva del latín progressus, del verbo progredi, que significa “caminar adelante”. Luego, todo depende de donde se ponga el adelante y el detrás, y ciertamente las opiniones son diversas. El nacionalismo siempre es retroceso, retorno a la tribu. Lo de izquierda catalana también es equívoco, incluso puede haber una contradictio in terminis, de forma especial en los que oficialmente se han apropiado del calificativo de izquierdas. Casi todos ellos están contaminados por el nacionalismo.

El actual Síndic de Greuges (defensor del pueblo catalán), Rafael Ribó, es un buen ejemplo de que lo que ha dado de sí la izquierda catalana. Aparentemente se trata de un prócer de izquierdas, de la gauche divine. Secretario general del PSUC y más tarde presidente de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV). Los que desde Izquierda Unida (IU) sufrimos las veleidades de esta última formación política sabemos hasta qué punto en la época de Ribó estaba trufada de nacionalismo y conocemos bien las posturas ambiguas que mantenía en materia social y económica.

En el reparto de tareas del grupo parlamentario de IU, los temas fiscales y presupuestarios recayeron entonces en el diputado Ramón Espasa de ICV y médico de profesión. Es curiosa la atracción que la Hacienda Pública ejerce sobre los doctores en medicina. Lo cierto es que desde la presidencia de IU costaba un gran esfuerzo vencer el pasteleo y el pactismo al que en esta materia se inclinaba el grupo parlamentario, arrastrado por su responsable en esa área.

Desde que fue nombrado, el actual Síndic de Greuges no ha dejado de ser un instrumento a favor, primero del nacionalismo, después del independentismo, un altavoz más en el ámbito internacional, orientado a denigrar el sistema político estatal. “El Estado español oprime a los catalanes”. Pero la dificultad de mantener este mensaje con credibilidad le ha hecho retornar al clásico “España nos roba”, aunque en una versión más moderna: “Los enfermos españoles (se entiende del resto de España) roban a los enfermos de Cataluña”.

Si la sanidad catalana funciona mal, si sus cifras están entre las peores de España, si las listas de espera son de las más abultadas entre las de todas las Comunidades, si en Cataluña en los últimos años se han perdido un millón de camas, si han desaparecido 800 médicos de asistencia primaria; en suma, si el funcionamiento de la sanidad en Cataluña es muy deficiente, la razón no se encuentra en los recortes que Mas realizó, sin que se hayan corregido hasta la fecha, ni en que el gasto en sanidad sea del 4,8% de su valor añadido mientras la media en España se sitúa en el 5,5%, ni en la incompetencia de la Generalitat, ni en que el modelo seguido fuese el de concesión a las entidades privadas, ni en que Cataluña lleve varios años sin presupuestos, ni en el 3%, ni en el gasto desproporcionado de las mal llamadas embajadas catalanas, ni en que los sueldos de los altos cargos -incluyendo al presidente de la Comunidad y al Síndic de Greuges- carezca de parangón en ninguna otra Administración, ni en que los distintos gobiernos independentistas hayan desviado recursos de la sanidad a otras finalidades, incluso ilegales, ni en que sea la Comunidad con menor gasto sanitario por habitante, sino en el hecho de que a Cataluña van a tratarse los enfermos de otras Autonomías.

El señor Ribó muestra en primer lugar una gran ignorancia y, lo que es peor, no siente ninguna vergüenza de ella, cuando ante la pregunta del periodista de la SER acerca de la desproporción de las listas de espera en Cataluña con respecto a las del resto de España contesta: “Yo no sé si es la lista de espera más larga, depende de cómo lo enfoquemos, lo que le puedo garantizar es que uno de los déficits que tiene la sanidad pública en Cataluña es que tiene un sobrecoste por la gente que viene a Cataluña a intervenirse. ¿Por qué? Porque ha habido un modelo excelente que, si no lo mimamos, se nos puede ir al garete”.

Lo primero que sorprende es que confiese con todo el descaro su ignorancia de la dimensión de las listas de espera, un tema que debería entrar dentro de sus preocupaciones prioritarias, porque pocas cosas importan más a los ciudadanos que el correcto funcionamiento de la sanidad. Pero su ignorancia va mas allá demostrando un desconocimiento total del funcionamiento del sistema nacional de salud y de los mecanismos que el sistema tiene para compensar los distintos servicios en materia sanitaria que unas Comunidades se prestan a otras. Parece ignorar también que, como han puesto de manifiesto los mismos sindicatos médicos, se estima en un escaso 1% el número de los pacientes que piden ser atendidos fuera de su Comunidad.

Dada la trayectoria del síndico, cabe la sospecha de que tales afirmaciones no obedecen tanto a la ignorancia como a prejuicios xenófobos. Que sus palabras son fruto inconsciente de su ideología supremacista. Desde su cargo, el contubernio con los independentistas y con el procés ha sido total, al tiempo que se despreocupaba de menudencias como esa de saber si las listas de espera son largas o no.

La tarea del defensor del pueblo es atender las quejas que los ciudadanos realizan con respecto a los errores o defectos de funcionamiento de la Administración. Teniendo en cuenta que el Estado de las Autonomías ha multiplicado este organismo por 15, habría que suponer que el cometido de cada uno de ellos se orienta a la Administración en la que está incardinado. Es decir, que la tarea del Síndic de Greuges debe circunscribirse a canalizar las protestas de los catalanes frente a la Generalitat. Mientras que las dirigidas a la Administración central por los españoles, sean catalanes o no, son competencia del Defensor del Pueblo estatal.

Pues bien, parece ser que Rafael Ribó ha entendido su papel de otra manera y, ante el defectuoso funcionamiento de los servicios sanitarios en Cataluña, en lugar de canalizar las quejas de los ciudadanos a la Administración (esto es, a la Generalitat), defiende a la Generalitat cantando las excelencias de la sanidad pública en esta Comunidad y responsabilizando de cualquier defecto a los intrusos extranjeros de otras Autonomías. Marcando diferencias. Todo ello, muy de izquierdas.

Según parece, a los catalanes, a la hora de manifestar sus reclamaciones en aquellos casos en los que sufren un defectuoso funcionamiento de los servicios públicos de la Generalitat, no les sirve de nada acudir al Síndic de Greuges y eso a pesar de que dicen que el número de empleados, muchos de ellos nombrados a dedo, son numerosos y los sueldos, abultados, comenzando por el del Síndic. Pero el Síndic no tiene ningún interés en censurar o denunciar a la Administración catalana. No tiene tiempo de ocuparse de tales naderías. Su destino es más alto, librar a Cataluña de la opresión de los extranjeros. Bien es verdad que gracias a ello continua en el puesto tras 15 años.

Así, se puede dedicar, amparado en su cargo y con fondos públicos, a recorrer el mundo censurando al Tribunal Supremo con la acusación de venalidad por las sentencias emitidas en el caso del procés. Con una gran osadía y desconocimiento del Derecho Penal, se atreve a llevar la contraria a siete magistrados que están en lo más alto de su carrera técnica y profesional. Claro que él no habla, aunque debería, como un profesional o un técnico, sino como un militante -y bastante sectario, por cierto- del procés. En ese campo no valen razones o argumentos, solo fe y tergiversar los hechos. Desde ese mismo pedestal se pronunció en contra del Tribunal Constitucional, declarando ilegal la aplicación del art. 155 de la Constitución.

Porque no actúa como un técnico ni como un profesional, sino como militante, emite -totalmente al margen de sus competencias- un informe arbitrario y parcial al dictado del Presidente de la Generalitat acerca de la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado (no de la Autonomía) en los acontecimientos del 1 de octubre, tendente a denigrar al Estado español. De alguna forma, los independentistas lo consideran y él lo acepta, con una cierta usurpación de funciones, el tribunal supremo de la República Catalana. Quizás la única autoridad judicial (aun cuando no sea un órgano jurisdiccional) que los golpistas admiten y que les sirve de estratagema en su intento de eludir el poder judicial. Por eso Torra cuando se vio acorralado por la Junta Electoral Central con el mandato de que debía quitar los lazos amarillos de los edificios oficiales, recurrió como coartada al Síndic de Greuges para dar a entender que él solo obedecía a una institución catalana.

Ciertamente el actual Síndic de Greuges está muy ocupado para dedicarse a esas pequeñas cosas que constituyen su responsabilidad y su cometido. Bien es verdad que sí parece que tuvo tiempo en 2015 para viajar a Berlín, gratis total, al final de la Champions, en un jet privado invitado por el empresario Jordi Soler, uno de los implicados en el 3%. Hay que decir, no obstante, en su descargo que jugaba el Barcelona y ya se sabe que este equipo es más que un club y, por lo tanto, se puede entender que el viaje era un servicio más a la causa del procés.

En fin, no sé si es a esta izquierda a la que se refería el secretario general de la UGT. En Cataluña, sin duda, hay otra izquierda, la de los trabajadores, obreros, empleados, pertenecientes a las clases modestas, muchos de ellos o sus padres emigrantes hace años desde otras partes de España buscando trabajo y una vida mejor. Pero en buena medida esa clase ha quedado secuestrada por la izquierda caviar, que ha ocupado las cúpulas de las formaciones políticas de izquierdas. A esa izquierda de trabajadores se le ha hecho creer que el origen de sus problemas se encuentra fuera de Cataluña en un Estado español que oprime a los catalanes. Se le ha inculcado que la lucha, la contienda, no tiene que plantearse en términos de clases o de grupos sociales, sino de territorios. Izquierda y nacionalismo, contradictio in terminis.

republica.com 20-12-2019



NACIONALISMO, UNA EPIDEMIA

Cataluña Posted on Sun, November 24, 2019 23:23:43

El nacionalismo es contagioso. A Rajoy solía echársele la culpa de casi todo. A menudo se le ha hecho responsable del incremento del número de independentistas. Esta acusación ha podido ser de gran utilidad a los sanchistas (me niego a llamarles socialistas) como lenguaje dialéctico, para justificar su postura permisiva, cuando no complaciente, frente a la rebelión, pero no se sostiene ante el menor análisis serio. El invocado aumento del separatismo es únicamente nominal porque obedece tan solo a la radicalización de CiU y con la de esta formación política, la de casi todos sus votantes. Los que antes eran nacionalistas ahora son secesionistas. No es el número lo que ha cambiado, sino el extremismo de sus planteamientos.

Ese tránsito desde el nacionalismo al independentismo y después al golpismo desmiente la tesis de que la solución del problema nacionalista pasa por las concesiones. La historia del nacionalismo catalán desde la Transición hasta el momento actual es un proceso continuo de concesión de privilegios y de traspaso de competencias, tal como ha puesto de manifiesto González Urbaneja el pasado 14 de noviembre en este mismo diario digital. Sin embargo, ello no ha servido para calmar sus pretensiones. Cada escalón alcanzado ha remitido a uno nuevo más alto. Cuanto más se concedía, mayores eran las reivindicaciones; hasta llegar al momento actual en el que lo que se reclama es lisa y llanamente la secesión (la pretensión última de todo nacionalismo), secesión que están dispuestos a conseguir unilateralmente y pasando por encima de la Constitución, del Estatuto y de cualquier ley que se oponga a ello.

Llegar a esta última posición solo ha sido posible tras la creación de una estructura, construida a base de concesiones, y que ha permitido que la sociedad fuese sometida a muchos años de adoctrinamiento, basado en el victimismo, en las mentiras y en las quimeras. No es por casualidad que el tránsito del nacionalismo al secesionismo y después al golpismo haya coincidido con la llegada a los cargos directivos de los partidos de aquellos que han crecido, se han formado y madurado en estos últimos cuarenta años.

He estado revisando los resultados electorales desde 1980 al parlamento catalán y he calculado el porcentaje de votos obtenidos por la totalidad de las fuerzas políticas que se denominan nacionalistas: 1984, 51’21%; 1988, 50’18%; 1992, 54’79%; 1995, 50’92%; 1999, 46’8%; 2003 47’38%; 2006, 45’55%; 2003, 47’38%; 2006, 45’55%; 2010, 45’47%; 2012, 47’83%; 2015, 44’37%; 2017, 47’50%. Si algo se puede deducir de estas cifras es que el número de nacionalistas no se ha incrementado; más bien, con altibajos, se ha ido reduciendo, y precisamente en proporción inversa al tránsito del nacionalismo al secesionismo. Al mismo tiempo, aun cuando no haya transcrito los datos para no resultar tedioso se produce también una reagrupación dentro de sus filas, un traspaso continuo de votos de CiU a Esquerra y, a partir de 2012, de estas dos formaciones a la CUP.

Podríamos pensar, por tanto, que, al no incrementarse el número, no es posible hablar de contagio, solo de radicalización, de aumento de dogmatismo en sus posiciones. Ahora bien, quizás sí se ha producido un contagio en otro sentido. Nos engañaríamos si supusiésemos que tantos años de mentalización y lavado de cerebro solo han surtido efecto en los que se proclaman independentistas. El supremacismo y cierta comprensión de las posturas de los secesionistas están más interiorizados en la sociedad catalana de lo que pensamos. La historia ambivalente del PSC y de Iniciativa per Catalunya da buena prueba de ello. Muchos de sus antiguos afiliados militan hoy en el independentismo o en sus aledaños. Incluso, ambas formaciones presentan posiciones muy ambiguas en los momentos presentes.

El contagio se ha producido sin lugar a dudas en el empresariado. Independientes, independientes, ciertamente solo unos pocos (por cierto, habría que preguntarse por la rama económica del golpe y la razón por la que no se la ha perseguido); pero son muchos los empresarios que durante demasiado tiempo han vivido callados y contentos porque los chantajes del nacionalismo repercutían positivamente en su bolsillo. Ahora están asustados y se quejan de los problemas económicos que se pueden derivar de la rebelión, pero incluso cuando en la actualidad proponen la solución -según dicen para pacificar la situación-, es más de lo mismo, conceder a la Generalitat el pacto fiscal, es decir, el mismo sistema privilegiado de concierto económico que mantiene el País Vasco, y otorgar a Cataluña la denominación política (no solo cultural) de nación, con lo que se darían argumentos a los independentistas para que volviesen a reclamar la secesión.

Pero no son solo los empresarios. En otros muchos sectores ha calado el victimismo nacionalista y son multitud los que sin ser independentistas participan de la creencia de que Cataluña ha sido maltratada y reclaman diálogo, lo que en la práctica significa, amén de premiar a los golpistas, conceder más privilegios a Cataluña o más competencias a la Generalitat, con lo que se facilitaría que un futuro golpe tuviese éxito.

Es frecuente escuchar voces en la parte de población que se confiesa constitucionalista quejándose de que están solos y de que el Estado les ha abandonado. Hay una parte de verdad en ese lamento. Los partidos nacionales, a menudo, han dado patente de corso al nacionalismo en su territorio a cambio de sus votos para consolidar su gobierno en la administración central. Pero no es menos cierto que tal vez muchos de los que se hacen tal reproche han adoptado con frecuencia una postura pasiva, de cierta comodidad, dejando el campo libre a los separatistas, esperando que cualquier solución viniese de fuera. Ha funcionado además una especie de síndrome de Estocolmo. La dialéctica de los secesionistas ha terminado calando en ellos y su finalidad en muchos casos se ha cifrado en ser admitidos en el otro bando o, al menos, en participar de parte de sus reivindicaciones, lo que resultaba tanto o más atrayente en cuanto que el chantaje nacionalista al gobierno central ha situado a Cataluña como Comunidad privilegiada frente a otras regiones.

Solo cuando las cosas han pasado a mayores y el nacionalismo ha desafiado al Estado, la mayoría silenciosa, al igual que los empresarios, se ha dejado oír, aunque con mucha menos fuerza que los independentistas, y solo una pequeña proporción ha adoptado rotundamente una postura de enfrentamiento. La gran mayoría permanece en una gran indeterminación, debatiéndose entre echar la culpa de todo a Madrid o esperar de Madrid la solución. Solo así se explican los resultados en Cataluña de las elecciones del pasado día 10, en las que de los 25 escaños conseguidos por las fuerzas no independentistas 19 lo han sido por el PSC o por el partido de Colau, formaciones que de forma evidente mantienen una gran ambigüedad frente al nacionalismo.

Muchos han sido los errores cometidos por Ciudadanos, pero nadie le puede negar el mérito de ser la formación que desde hace muchos años combate abiertamente el independentismo y, pagando por ello costes significativos. Se puede entender hasta cierto punto el castigo electoral sufrido en toda España, pero resulta bastante incomprensible que este se haya producido también en Cataluña, a no ser que la ambivalencia frente al nacionalismo que mantienen Iceta y Colau esté mucho más extendida de lo que creemos en la sociedad catalana.

Desde luego, algo parecido a todo lo que se ha dicho hasta aquí se podría predicar también del País Vasco, pero esto ya es otra historia. De todas las formas no es únicamente en estos dos territorios donde se ha extendido la epidemia. Progresivamente, todas las Comunidades han tomado conciencia de las ventajas que representa tener partidos nacionalistas o regionalistas. Aun con pocos escaños, el chantaje funciona. No puede extrañarnos que este tipo de formaciones políticas comiencen a emerger como las setas. Las elecciones del día 10 lo dejaron perfectamente claro. Si no he contado mal, han sido trece formaciones políticas de este tipo las que consiguieron escaño, y supongo que serían algunas más las que se presentasen a las elecciones, aunque por el momento haya sido sin éxito.

La cuestión es que, tal como se presenta la investidura, todos estos partidos van a sacar tajada, lo que lógicamente estimulará la creación de otros nuevos. El contagio se puede extender de tal manera que cambie el signo de la lucha política y haga desaparecer la confrontación ideológica izquierda-derecha (aunque se mantenga el nombre), sustituyéndola por la contienda territorial. En realidad, es lo que ocurre ya en Cataluña y en el País Vasco, que partidos manifiestamente de derechas como el PNV y los sucesores de Convergencia van de la mano de los que se denominan de izquierdas.

La epidemia nacionalista se está extendiendo por toda España, pero es que, además, los acontecimientos de Cataluña están propiciando que emerja un nacionalismo que se encontraba casi desaparecido, enterrado: el español. Los independentistas catalanes y vascos están prestos a tildar de nacionalista español a todos aquellos que critican sus planteamientos y se oponen a sus pretensiones. En la mayoría de los casos el calificativo es radicalmente injusto porque se confunde el nacionalismo con la defensa de la unidad del Estado.

España será quizá uno de los países que menos conciencia nacional tiene o en el que, al menos, el orgullo nacional es más débil. Se carece totalmente de chovinismo. Solo hay que leer a nuestros autores de finales del siglo XIX y principios del XX para comprobar que si la sociedad española peca de algo es de autoflagelación. De forma quizás irreflexiva, hemos introyectado parte de la leyenda negra. Hay hasta un cierto complejo de inferioridad, pensando que los muchos errores y defectos que suceden en España no ocurren en el resto de los países. Esa frase tan socorrida de “En este país” a la que ya Larra dedicó un artículo, y que en la actualidad se continúa usando con frecuencia es la confirmación, en primer lugar, del desconocimiento que a menudo tenemos del extranjero y, en segundo lugar, de la mala opinión que mantenemos de todo lo español.

Es cierto que el franquismo, al igual que todo movimiento fascista, abrazó y pretendió exaltar el nacionalismo español, pero pienso que fue una planta que nunca llegó a arraigar en la mayoría de la sociedad. Es más, por esa identificación con la dictadura, despertó en amplias capas de españoles un rechazo incluso inconsciente a todo lo que se uniese a patriotismo y a símbolos nacionales, tan habituales, sin embargo, en otros países. Confirma lo anterior el entusiasmo con el que abrazamos la Unión Europea. Las encuestas han mostrado siempre que nuestro país se encuentra a la cabeza en la aceptación del proyecto europeo y los que lo criticamos y nos oponemos a él es precisamente por no constituir una verdadera unión política.

Tal vez es esta debilidad de la conciencia nacional de España la que ha originado a lo largo de los dos últimos siglos el alumbramiento de los nacionalismos periféricos. Así al menos lo contempló Ortega en su “España invertebrada”. Paradójicamente, sin embargo, es posible que en estos momentos el proceso se haya invertido y que la extrema proliferación de fuerzas centrífugas y, en concreto, el mantenimiento de un golpe de Estado que se mantiene vivo en Cataluña haya despertado un nacionalismo que estaba dormido. España era de las pocas naciones de Europa que no tenía un partido de extrema derecha. Pues bien, parece que ya lo tiene y que ha venido para quedarse. Los que se rasgan las vestiduras ante el crecimiento exponencial de Vox harían bien en preguntarse cuáles son las razones y las causas que lo han hecho posible.

republica.com 22-11-2019



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