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ARTÍCULOS RECIENTES CONTRAPUNTO

LEGISLAR A LA CARTA

CATALUÑA, CORRUPCIÓN, GOBIERNO, JUSTICIA Posted on Lun, diciembre 19, 2022 17:00:45

Siempre se ha dicho que no conviene legislar en caliente. Elaborar y aprobar leyes es una operación sumamente delicada que exige reflexión y sosiego. Es por eso por lo que se establecen para ello procedimientos cuidadosamente fijados y premiosos con distintas etapas, de manera que sea posible la mesura y la deliberación. No obstante, siempre ha habido excepciones. La primera es la ley de presupuestos, que cuenta con un procedimiento de tramitación especial y más rápido. De ahí que normalmente se haya visto con recelo introducir en ella prescripciones que nada tienen que ver con los presupuestos.

Pero precisamente por esa razón también todos los gobiernos han sentido la tentación de aprovechar su tramitación para dar salida a otros preceptos y normas que juzgaban urgentes. Tan es así que, con la intención de disimular y hacer el tema más presentable, se creó una nueva ley llamada de acompañamiento que siguiera los pasos de la de presupuestos, en la que introducir todos estos elementos espurios. Existen otras excepciones (pero tendrían que ser eso, excepciones) tales como el decreto ley cuya utilización está prevista solo en caso de extraordinaria y urgente necesidad o la tramitación por el procedimiento de urgencia de las leyes.

El problema surge cuando lo que debe ser una excepción, algo extraordinario, se convierte en la norma, que es lo que ha ocurrido con el Gobierno Frankenstein. Para dar salida a su diarrea legislativa ha llevado hasta el límite toda clase de procedimientos atípicos. Ha hecho habitual lo extraordinario. Sin comparación posible, ha usado mucho más que cualquier otro gobierno los decretos leyes. Y en las leyes que ha tramitado ha recurrido más de lo que sería deseable al procedimiento de urgencia.

Utiliza también “la proposición de ley”, tramitada por sus grupos parlamentarios, que acorta los trámites y los simplifica y que se suponía que son los apropiados para los grupos de la oposición, ya que no tiene demasiado sentido que los grupos que apoyan al Gobierno las presenten, como no sea para pisar el acelerador, evitar los debates y, sobre todo, los informes molestos de otros órganos institucionales, puesto que cuentan con que el Ejecutivo puede aprobar proyectos de leyes. El extremo de la corruptela se alcanza cuando, como ahora, se pretende modificar leyes básicas tales como el Código Penal, o las orgánicas del funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial o del Tribunal Constitucional, mediante una simple enmienda a una ley exprés que ya de por sí tenía los defectos anteriores y que se resolverá en pocos días.

A Lope de Vega se le atribuye aquello de que “muchas obras en horas veinticuatro pasaron de las musas al teatro”. Pedro Sánchez podría afirmar que muchas leyes en pocos días han pasado del Diario del Congreso al Boletín Oficial del Estado. El Gobierno Frankenstein no es que legisle en caliente es que se quema y abrasa la democracia.

Recientemente ha dado un paso más deslizándose de legislar en caliente a legislar a la carta, es decir, según los intereses y conveniencias de algunos políticos. Es lo que ha llamado el ingenioso Rufián “operación quirúrgica” (aislar lo que interesa), en otras palabras, leyes elaboradas únicamente con la finalidad de beneficiar a determinados delincuentes. Se las podría denominar “leyes de autor”, hechas a la medida. Por si no bastara con la eliminación del delito de sedición, ahora se rebajan las penas de la malversación para reducir la inhabilitación que pesa sobre los golpistas catalanes y de este modo puedan presentarse próximamente a las elecciones.

Para esta operación quirúrgica se sacan de la manga una distinción que no tiene sentido: los que roban para sí con “ánimo de apropiárselo”, como dice la enmienda de Rufián, o aquellos que roban para la causa, por otros motivos, para otras finalidades. Diferencian entre que haya enriquecimiento personal y que no lo haya, calificando de mayor gravedad la primera forma de malversación que la segunda. Creo que más bien debería ser al contrario, porque en el caso del enriquecimiento propio el daño queda solo reducido al desfalco que se produce a la Hacienda Pública; en el segundo caso, al menoscabo en el erario público se añade otro perjuicio, el que normalmente se deriva de la finalidad a la que va dirigida la cantidad hurtada al Fisco.

En la financiación ilegal de un partido político o en la creación de una red clientelar se rompen las reglas del juego democrático dando ventajas a una formación política sobre las demás. Y no digamos el perjuicio que se produce cuando se trata de financiar un golpe de Estado o las operaciones orientadas a fracturar una nación, o robar a todos los ciudadanos la soberanía que les corresponde sobre una porción de España.

Por otra parte, ¿qué entendemos por beneficio propio? En toda malversación, de un modo o de otro, lo hay. El dinero que se roba para el partido o para la causa termina repercutiendo en provecho de uno mismo, al menos en cargos o prebendas. Además, ¿dónde se encuentra el límite?, ¿se incluyen los hijos la pareja, otros familiares, los amigos….?

Como de costumbre, el Gobierno juega con las palabras. En los días previos todos los ministros han salido a repetir la consigna. Ni este Gobierno ni este partido tomarán nunca una medida que favorezca la corrupción. El equívoco perseguido es que nos dirán después que si no hay enriquecimiento propio no se puede hablar de corrupción, cuando esta sobrepasa con mucho no solo todo el espectro de la malversación, sino que alcanza a otras muchas actuaciones como conseguir un cargo o un puesto de trabajo para el hijo o para la pareja.

El Gobierno, al mismo tiempo, lanza una cortina de humo para tapar la desvergüenza que va a cometer al reducir las penas de los malversadores: ha registrado una enmienda a la ley creando un nuevo delito que ha denominado de “enriquecimiento ilícito” con el que se, según afirma, intenta intensificar la lucha contra la corrupción. Se castigará con penas de seis meses a tres años a los cargos públicos cuyo patrimonio se haya incrementado en 250.000 euros y no puedan justificarlo.

La enmienda es claramente una operación de distracción, y a la vez una demostración de ignorancia, puesto que el delito que se propone ya existe. Y no solo para los cargos públicos sino para todos los contribuyentes, y con condiciones más duras. El delito fiscal castiga de 1 a 6 años de prisión a aquellos contribuyentes que defrauden más de 120.000 euros y hay que tener en cuenta que los incrementos no justificados de patrimonio se consideran defraudación.

También por una simple enmienda a esta ley exprés el Gobierno quiere cambiar las reglas del juego o, lo que es lo mismo, las mayorías con las que se tiene que elegir a los miembros de los órganos constitucionales. Pretende justificarse con una idea que repite hasta la saciedad y que espera que como lluvia fina penetre en los ciudadanos: “la oposición tiene bloqueada la renovación del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional”. La realidad es precisamente la contraria, es el sanchismo el que las bloquea, ya que su planteamiento es de este tenor: “si no aceptáis los nombres que yo propongo, no hay acuerdo, rompo la baraja y además os acuso de bloquear la negociación”.

Precisamente la fijación de una mayoría cualificada tiene como objetivo que ninguna formación política o tendencia pueda designar por sí misma y en solitario a un consejero. Se supone que al establecer la exigencia de los tres quintos de los votos, los elegidos tendrán que ser de consenso y no representar la prolongación de ningún partido. Serán de todos porque no serán de ninguno.

Ciertamente se puede dar una corruptela que es la que ha imperado en el pasado en casi todas las etapas, y que el PSOE quiere mantener, el reparto de cromos entre los dos partidos mayoritarios. Tú nombras a unos y yo nombro a otros. Tú apoyas a los míos y yo a los tuyos. El resultado es que los elegidos para estos órganos, lejos de ser personas de consenso y, en cierto modo, independientes, se convierten en correas de transmisión de los partidos que les han nombrado. Y de este modo son los políticos los que controlan los órganos constitucionales (ver mi artículo titulado “Cumplir la Constitución” del 10-11-22 y publicado en este mismo diario).

Sánchez va a por todas. Ya lo dijo cuando las encuestas comenzaron a darle la espalda. Quiere controlar el Consejo General de Poder Judicial y el Tribunal Constitucional del mismo modo que ya controla, gracias a la impericia de Pablo Casado, el Tribunal de Cuentas. Está dispuesto a todo para que los nombres que propone sean aceptados, y en ese todo se incluye cambios legislativos de la forma más bochornosa, empleando todo tipo de abusos y corruptelas.

Son muchos los que mantienen que todas estas actuaciones y cesiones están ocasionadas por la necesidad de aprobar los presupuestos. Disiento. La aprobación de los presupuestos no era imprescindible para terminar la legislatura. Se puede gobernar perfectamente con unos prorrogados. Sánchez va mucho más lejos. Se trata de asegurar la coalición contra natura (Gobierno Frankenstein) de cara una nueva legislatura, pues sabe que es la única forma de mantenerse en la Moncloa. Ha comenzado hace tiempo el desarme del Estado, pero este cambio por la puerta de atrás de la Constitución y el derribo de los fundamentos del Estado pretende culminarlos en los próximos cuatro años.

republica.com 15-12-2022



DELITO DE SEDICIÓN: EL TIRO POR LA CULATA

CATALUÑA, GOBIERNO, PSOE Posted on Lun, diciembre 12, 2022 18:13:18

Gestionar resulta difícil, por eso el Gobierno lo rehúye siempre que puede. Prefiere legislar. No es que este cometido no sea complejo, solo que se participa de un cierto espejismo, el creer que lo sabe hacer cualquiera o el de pensar que los errores en este quehacer no tienen consecuencias. Pero los resultados negativos se producen y terminan pagándolo los funcionarios y, sobre todo, los ciudadanos.

En ocasiones el pufo es tan grande que se vuelve contra los propios legisladores. Eso es lo que ha pasado con la ley del sí es sí.  Y es que elaborar una ley resulta sumamente complicado y no todo el mundo está capacitado para ello. No deja de ser irónico que desde el Ministerio de Igualdad se defienda que los jueces deben volver a la escuela para ser reeducados cuando es el Gobierno entero el que debería pasar por las aulas a la hora de legislar o al menos fiarse de los que sí saben hacerlo.

Es posible que en la ley que se está tramitando para eliminar el delito de sedición pueda ocurrir algo parecido, que el tiro les salga por la culata. Es sabido que a los procesados se les tiene que aplicar la norma más favorable, incluso a aquellos cuya condena fue anterior a la aprobación de la nueva ley. Desaparecido el delito de sedición, no parece que existan muchas dudas acerca de que a los ya condenados e indultados por el golpe de Estado de 2017, en el peor de los casos para ellos, se les rebajarán las penas aplicándoles las del nuevo artículo 557, en el que se sanciona el delito contra el orden público.

Pero ¿qué pasa con los que aún no han sido juzgados, y se encuentran huidos en Europa? Todo el mundo da por supuesto que se aprovecharán de un tratamiento similar. Ciertamente, el delito de sedición, al haberse eliminado, no se les podrá imputar, y se presume que se tendrá que esgrimir al artículo 557 con penas mucho menores. Pero lo cierto es que el delito de rebelión continúa existiendo, y que a lo largo del todo el proceso las tres acusaciones defendieron que era la tipología que correspondía utilizar. Solo al final, ante las presiones (más bien ordenes) del Gobierno Sanchez, la Abogacía del Estado cambió de criterio, pasando -sin razón técnica, solo política- de la rebelión a la sedición, previa dimisión como protesta del abogado del Estado jefe del servicio de lo penal.

Curiosamente, en la sentencia se optó también por la sedición. Siempre quedará la duda de que en qué medida este cambio en la postura de la Abogacía del Estado colaboró a que el tribunal se decantase por abandonar el delito de rebelión y se inclinara por el de sedición, lo que hubiera resultado más difícil de justificar si las tres acusaciones hubiesen mantenido la misma calificación. Además no es preciso ser especialmente desconfiado para sospechar que en esta ocasión también se produjo alguna presión por parte del Gobierno para que el Tribunal Supremo optase por la sedición en lugar de la rebelión. No digo que ninguna de estas dos circunstancias fuese determinante, pero sí que lo favorecieron.

Quizás la causa definitiva del cambio se situó en el hecho de que los magistrados se marcasen desde el principio el objetivo de que la sentencia había de dictarse por unanimidad. Y tras esa finalidad hay que reconocer el gran esfuerzo que realizó el Tribunal, o al menos el ponente, para después de aceptar unos supuestos irreprochables, llegar a unas conclusiones que no parece que sean las que de ellos se derivan, sino las que estaban dispuestos a consensuar todos los magistrados, un mínimo común múltiplo. Quizás tengan razón los que afirman que la unanimidad termina siendo la dictadura de la minoría.

La sentencia acepta las premisas de la Fiscalía según las cuales la violencia que exige el artículo 472 del Código Penal no tiene que ser forzosamente física, sino que puede ser también compulsiva, equivalente a la intimidación grave. El Tribunal, desde el punto de vista jurídico, fundamenta consistentemente esta interpretación, pero es que desde el mismo sentido común resulta difícil mantener otra tesis, cuando el artículo 473.2 considera agravante el hecho de portar armas, por lo que hay que suponer que el artículo 472 incluye también en el delito de rebelión otro tipo de violencia distinta de la militar o de la armada. Incluso el empleo de las armas puede surtir efecto con la simple amenaza, sin necesidad de utilizarlas.

La sentencia recoge también la tesis del Ministerio fiscal de que la violencia ha estado presente en los acontecimientos de Cataluña. Literalmente afirma: “La existencia de hechos violentos a lo largo del proceso de secesión ha quedado suficientemente acreditada”. Y, a continuación, pasa a analizar los principales trances en los que se ha producido esta violencia. Esta argumentación desbarataba la tesis de todos los que defendían que no se había producido el delito de rebelión porque no se había utilizado la violencia física.

Ahora bien, el Tribunal mantiene también y con toda lógica que no basta la presencia de violencia para proclamar que los hechos integran un delito de rebelión, sino que se precisa que sea “instrumental, funcional y preordenada”. La violencia tiene que configurarse como instrumento y estar ordenada hacia alguna de las finalidades que marca el artículo 472; pero es que al menos las especificadas en los puntos 1 y 5 (derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución, y declarar la independencia de una parte del territorio nacional) parecen adecuarse perfectamente a la perseguida por los procesados. Evidentemente es esto lo que otorga gravedad a esa violencia y la distingue de cualquier otra algarada por muy amenazadora que sea.

Hasta aquí todo parece ser totalmente coherente. Pero a partir de ahí comienzan los esfuerzos del ponente para retorcer los hechos y los razonamientos hasta llegar a la conclusión que se desea. No puede por menos que extrañar la afirmación de que “los actos paradigmáticos de violencia del 20 de septiembre y del 1 de octubre se tratarían de actos de culminación de un proceso, no de actos instrumentales para hacer realidad lo que ya era una realidad”. No parece que con la violencia del 20 de septiembre y del 1 de octubre se culmine nada, sino que constituye más bien un medio, un instrumento para conseguir la única finalidad perseguida a lo largo de todo el tiempo, la separación de Cataluña del resto de España. Esta es la causa final que informa todo el proceso desde 2012.

Todos los actos y pasos dados, unos violentos y otros no, son medios e instrumentos para obtener la finalidad última, la independencia proclamada unilateralmente y sin someterse a los mecanismos constitucionales. Ello no implica que algunos de estos medios, a su vez, no constituyan un fin intermedio para otros actos, pero todos reciben su sentido último de la causa final. Las leyes de desconexión establecían entre referéndum y secesión una conexión ineluctable, puesto que obligaban a que si el resultado del referéndum era positivo el Parlamento “debía” (no “podía”) declarar la independencia en cuarenta y ocho horas.

Afirmar, tal como hace la sentencia, que la finalidad de los independentistas era tan solo forzar al Gobierno central a la negociación, que todo fue un engaño a la población por parte de los dirigentes y que ellos mismos no se lo creían, así como mantener a posteriori que la secesión no tenía ninguna posibilidad de triunfar son aseveraciones gratuitas y totalmente contradictorias con los hechos. Los propios golpistas no solo se ratificaron en la finalidad de la secesión, sino que mantienen que lo volverán a hacer. Los secesionistas plantearon siempre la negociación como sí o sí y, de acuerdo con ello, el 20 de septiembre, el 1 de octubre y los días posteriores estaban ya en otro escenario diferente al de la negociación, el de la vía unilateral.

Por otra parte, los rebeldes disponían de todo el poder que concede controlar la Comunidad más fuerte de España, que cuenta con un ejército de 17.000 hombres armados, y nadie podía anticipar cuál sería el comportamiento de los mossos. Los sediciosos habían dedicado años a crear las estructuras de Estado. ¿Qué habría pasado si hubiesen logrado una respuesta internacional distinta y hubiesen consolidado su propia hacienda pública? Ellos mismos ponen el ejemplo de Eslovenia.

Que la secesión fracasase no es señal de que no se cometiese el delito de rebeldía. La misma sentencia reconoce que este delito pertenece, según la doctrina penal, a los delitos de consumación anticipada, es decir, que no se precisa esperar a que triunfe para considerar que el delito se ha consumado. Que el Estado no perdiese nunca el control de la situación no quiere decir que todo fuese una ensoñación o una quimera.

En fin, los magistrados, después de descartar el delito de rebelión, se ven obligados a hacer auténticas piruetas y cabriolas jurídicas e intelectuales para amoldar los hechos al delito de sedición. La unanimidad pretendida en la sentencia obligó al tribunal a forzar los argumentos para llegar a conclusiones que de ninguna manera se extraían de las premisas y convertir un delito contra la Constitución en un delito contra el orden público.

Pero, de cara al futuro, el resultado no tiene por qué ser el mismo, ni en el caso de la imputación y presunto juicio de los evadidos ni en la reacción judicial frente a un hipotético nuevo golpe de Estado. Al haberse abolido el delito de sedición, no hay ninguna razón para que el próximo tribunal se incline por el delito de desórdenes públicos agravados, tal como pretenden los golpistas y el Gobierno, y no por el delito de rebelión que seguramente se acercará mucho más a los supuestos de las transgresiones y atentados cometidos o que se cometan. El tiro puede salirles por la culata.

Republica 8-12-2022



LOS SEDICIOSOS Y LA IMPUNIDAD

CATALUÑA, GOBIERNO Posted on Lun, noviembre 28, 2022 11:00:27

“No se puede dialogar con los secesionistas cuando se depende de ellos”. Son palabras certeras de García- Page pronunciadas a finales de 2018, cuando el PSOE estaba iniciando una ruta peligrosa, y poco después de que Sánchez hubiese llegado a la Moncloa por una moción de censura con el apoyo de los que habían protagonizado un golpe de Estado. Entonces se hablaba de diálogo cuando lo que se quería decir era negociación, y Sánchez acudía a múltiples argumentos para justificar su nueva relación con los golpistas.

El quid de la cuestión se encuentra en las palabras de García-Page. Es absurdo creer en la inocencia desinteresada y en las buenas intenciones de una negociación si de ella se depende para permanecer en el poder. Han pasado cuatro años en los que en sentido estricto no se puede hablar de diálogo, sino de cesiones, porque en eso es en lo que se convierte la negociación si una de las partes tiene la sartén por el mango y el mango también.

En esta etapa entronizada por Sánchez los que tienen la sartén por el mango son los secesionistas e imponen condiciones. No se precisa hacer un recorrido por estos cuatro años para ser consciente de las mercedes y favores que el presidente del Gobierno ha hecho a las fuerzas políticas que le sostienen en el poder, desde los golpistas catalanes a los herederos vascos de ETA, pasando por todo partido nacionalista o regionalista que este pronto a cobrar su estipendio. Ellos saben que son los que mandan y recuerdan cada poco a Sánchez que ocupa el colchón de la Moncloa porque ellos quieren.

La última ha sido la eliminación del delito de sedición del Código Penal. Los secesionistas han despejado toda duda de que son ellos los que han obligado al Gobierno a la supresión. Junto a esto aparecen como sospechosos y quedan invalidados todos los argumentos acuñados por el el sanchismo para justificarse, y que sus altavoces mediáticos y tertulianos de medio pelo repiten con ímpetu y brío, si bien, por mucho que se reiteren, no dejan de ser sofismas y no resisten el menor análisis, aunque ellos piensen, y a lo mejor tienen razón, que a base de recitarlos una y otra vez terminan cuajando en la sociedad como hechos incontestables.

El primer mantra que corean los sanchistas, ya sean políticos o periodistas, es el de la pacificación, afirman que se trata de poner paz en Cataluña. Pretenden hacer una comparación entre la situación de 2017 y el momento actual, en el que, según ellos, existe una mayor tranquilidad, y se lo apuntan como mérito suyo. En realidad, es difícil saber qué escenario es mejor, pero lo que claramente sí hay, como parece lógico, es diferencia entre una etapa en la que se estaba preparando un golpe de Estado y el periodo posterior cuando el golpe ha fracasado y los golpistas se han dado cuenta de que la operación no estaba madura y de que el Estado tenía mucha más capacidad de defensa de la que ellos pensaban.

La aplicación del art. 155 de la Constitución y la actuación de los tribunales fueron los instrumentos que sirvieron para parar el golpe y dejar invalidada la proclamación de la independencia. En buena parte, han sido el poder judicial y el miedo a terminar en la cárcel lo que les ha hecho cambiar de estrategia y convencerse de que había que esperar y, mientras tanto, prepararse acumulando todos los medios posibles para que una nueva intentona no fracasase.

Precisamente Sánchez ha tenido muy poco que ver en la contención del golpe; más bien supuso un lastre que dificultó y condicionó al Gobierno de Rajoy, ya que este pretendía consensuar con el PSOE cualquier actuación en esta materia pensando que era un partido constitucionalista. Es verdad que Sánchez concedió su aquiescencia a aplicar el art. 155, pero tarde y con tantas limitaciones que dejaron muy devaluada su eficacia. Exigió que se excluyesen los medios de comunicación de su ámbito de aplicación y sobre todo que se convocasen inmediatamente elecciones, de manera que le hizo perder gran parte de su virtualidad, aunque ahora, en un ejercicio de cinismo, afirme que Rajoy debería haberlo aplicado antes.

En buena medida la justicia se quedó sola, lo que se hizo más realidad a partir de que Sánchez ganara la moción de censura con el concurso de los golpistas. Desde ese momento estos contaron con un aliado, el Gobierno, que se convirtió en una estupenda coartada para adaptarse a la nueva situación, al tiempo que les dotaba de medios para que pudiesen repetir el golpe con mayor éxito.

Karl Marx escribe en su obra “El 18 brumario” que la historia repite los acontecimientos, esto es, acaecen dos veces, primero como tragedia y después como farsa. Con esta frase quería indicar cómo el golpe de Estado perpetrado en París el 2 de diciembre de 1851 por Luis Bonaparte (Napoleón III) era un remedo, una mala imitación del ejecutado por Napoleón Bonaparte el 18 de noviembre (18 brumario) de 1799. Pero quizás en España la frase debería enunciarse al revés, los golpes de Estado acaecen primero como farsa, bufonada, fiasco o amago frustrado, y la segunda vez como tragedia.

Al golpe de Estado del 18 de julio de 1936, que inició una cruenta guerra de tres años, le precedió la Sanjurjada del 10 de agosto de 1932, que supuso el primer levantamiento del ejército frente a la República y que claramente fracasó.

El golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, aunque fallido finalmente, mantuvo en vilo a toda España durante una noche y humilló al Gobierno y a todos los diputados. Le precedió en noviembre de 1978 la operación Galaxia, protagonizada por el mismo Tejero. Por supuesto, toda la operación fue una auténtica chapuza.

A finales de 2017 en Cataluña se ha producido un auténtico golpe de Estado, no militar, ciertamente, pero sí ejecutado por instituciones que contaban con mucho más poder y capacidad de coacción y amenaza que muchos generales. De haber triunfado, las consecuencias hubiesen sido similares o mayores que las de bastantes pronunciamientos militares. En principio, puede decirse que ha fracasado.

No obstante, una vez más, haríamos mal en tomarnos a broma lo sucedido o infravalorarlo, porque, como hemos dicho, en España lo que comienza como farsa acaba presentándose como tragedia. Tras la moción de censura en la que a los golpistas se les otorgó legitimidad para cambiar el gobierno de la nación, se está desarrollando una nueva etapa bastante peligrosa, centrada en una negociación entre el Gobierno y los independentistas, que puede tener consecuencias gravísimas.

Lo que Sánchez denomina “pacificar Cataluña” consiste en haber blanqueado a los golpistas hasta el punto de calificar de venganza la sentencia del Tribunal Supremo, con la finalidad de justificar los indultos. Ha asumido su mismo lenguaje. Llama conflicto político lo que fue golpe de Estado, y desjudicialización de la política lo que es renuncia del Estado de derecho. Casi les ha dado tratamiento de poder político independiente, negociando con ellos de igual a igual.

Ha renunciado a recurrir las leyes inconstitucionales del Parlament, tales como la de la lengua que se puede usar en la escuela. Ha permitido la creación de más y más embajadas dedicadas a pregonar por todo el mundo la soberanía de Cataluña. Ha manipulado la Fiscalía, la Abogacía del Estado y los nombramientos al Tribunal de Cuentas a efectos de librar a los golpistas de reintegrar lo robado a la hacienda pública. Va a modificar el Código Penal con la finalidad de conceder una amnistía encubierta. Y todo ello sin que los golpistas hayan renunciado a sus pretensiones y gritando a todos los que lo quieran oír que volverán a hacerlo. La paz que predica Sánchez es la rendición del Estado.

El segundo mantra que utilizan los sanchistas para intentar justificar la modificación del Código Penal es el de europeísmo, homologar el delito de sedición con el que rige en la mayoría de los países europeos. Afirman una gran mentira, que la legislación penal de los otros Estados establece un tratamiento mucho más favorable que el nuestro para los delitos similares a los que cometieron los golpistas catalanes. Pero lo cierto es que, dejando al margen el nominalismo y  llamándolo como se llame, en los principales países las penas son sin duda iguales o mayores que las nuestras para aquellos que atacan la Constitución o la integridad del Estado.

Junto a la repetición de los mantras, el sanchismo cuenta con el olvido. Piensan que todo esto habrá desaparecido de la mente de los votantes cuando lleguen las elecciones. De ahí que intenten aprobarlo por el procedimiento más rápido posible. Poco les importan las formalidades democráticas. Han escogido la proposición de ley presentada por los grupos parlamentarios del PSOE y de Podemos, en lugar de un proyecto de ley elaborado por el Gobierno, con lo que evitan que el texto tenga que ser informado por el Consejo de Estado y por el Consejo General del Poder Judicial. Y, por si esto fuera poco, se acuerda tramitarla por el procedimiento de urgencia.

La rapidez tiene su contrapartida en que son todos los parlamentarios del PSOE y de Podemos los que quedan enfangados. En los indultos solo era el Gobierno el implicado. Aquí sería el conjunto de los congresistas y senadores, en realidad la totalidad de los militantes de los partidos. En estos momentos no vale separar lo nacional de lo local. Las ejecutivas de los formaciones políticas y los parlamentarios de Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Castilla y León, etcétera, quieran o no, serán cómplices de los desafueros del Gobierno.

republica.com 24-11-2022



¿QUÉ TIENE QUE HACER UN GOBIERNO CUANDO ALGUIEN VULNERA LA CONSTITUCIÓN?

CATALUÑA, GOBIERNO Posted on Dom, mayo 22, 2022 22:54:42

Hace casi dos años (11-6-2020) en un artículo en este mismo periódico, señalaba el acierto que había tenido Rubalcaba al bautizar con el nombre de Frankenstein al gobierno que Pedro Sánchez acariciaba en 2016, y que motivo que le descabalgasen de la Secretaría General del PSOE, que al final logró formar en 2018 con 85 diputados, para repetirlo en 2020 con 120. La semejanza con el personaje creado en su novela por Mary Shelley es evidente. Construido en la ficción con despojos de distintos individuos, porciones con orígenes plurales y heterogéneos, es deforme y repelente. Pero, es además, al ser contra natura resulta funcionalmente no apto para la vida.

Algo casi idéntico sucede con el Gobierno formado por Sánchez. Se apoya en un conglomerado híbrido de múltiples formaciones políticas totalmente inconexas, la mayoría minoritarias, de aquí y de allá, muchas de ellas con la única pretensión de romper España. ¿Cómo no va ser contra natura que gobierne el Estado quien quiere destruirlo? Pero, también, al igual que el personaje literario, es inhábil funcionalmente. Difícilmente puede cumplir los objetivos que se le asignan a un gobierno. Su historia se reduce a una serie de contradicciones y contrasentidos que sería interminable relatar. Cada uno nuevo que emerge supera a los anteriores. Se van acumulando y complicando la situación.

Últimamente, los despropósitos han surgido alrededor de una noticia sin garantía alguna de veracidad, publicada en un periódico de Canadá, acerca de que se había investigado con el programa Pegasus a una serie de independentistas catalanes. El reportaje habría pasado casi desapercibido si no hubiese sido porque los soberanistas, que en parte lo habían propiciado, no estaban dispuestos a dejar pasar ocasión tan propicia para hacerse, como es su costumbre, las víctimas. Magnificaron el asunto, dando por probado lo que era una mera especulación. Han puesto el grito en el cielo y lo han utilizado para uno de sus objetivos preferidos, la internacionalización, según dicen, del conflicto.

Hemos tenido que ver a Puigdemont, el fugado de la justicia, acompañado por unos cuantos acólitos, con pancartas a la puerta del Parlamento Europeo, quejándose de que les habían espiado, y hemos tenido que aguantar que ese hombre de Estado que es Rufián se mostrase intranquilo y abatido porque lo que, según él, estaba en solfa no era la legislatura, sino el sistema democrático. Y esto lo dice quien es portavoz de un partido que violó todas las leyes democráticas con la finalidad de transgredir la Constitución y que pretendió romper el Estado. Pero todo ello no puede extrañarnos, entra dentro de la conducta a la que nos tienen acostumbrados los independentistas. Lo que no parece normal ni presentable es que un gobierno reaccione tal como lo ha hecho el  de Sánchez.

Cualquier otro gobierno en una situación parecida no se habría dado por enterado mientras la información no estuviese probada. Consideraría la noticia como una más, de la que no se sabe qué parte es invención y qué parte realidad, y que por lo tanto el Gobierno no tiene por qué confirmarla o desmentirla al tratarse, además, de materia de secretos oficiales. En todo caso, mantendría que, verdad o mentira, no tendría nada de raro que aquellos que habían dado un golpe de Estado y afirmaban que volverían a repetirlo fuesen vigilados por el Estado; sostendría que sería totalmente lógico que los que habían tenido contactos con potencias extranjeras, como Rusia, y con un dictador como Putin con la finalidad de conseguir ayuda para romper España, hayan sido investigados por los servicios secretos; y defendería que sería razonable que aquellos que movilizaron las fuerzas antisistema para incendiar toda Cataluña, cometer toda clase de sabotajes, que cortaron con gran violencia carreteras y servicios ferroviarios y que pretendieron apoderarse por la fuerza del aeropuerto de Barcelona fuesen fiscalizados por el CNI.

Pero todo esto sería así, si el Gobierno fuese normal, pero estamos en presencia de un gobierno Frankenstein. Margarita Robles tendría que haber sido consciente de ello, puesto que, desde el primer momento -2016-, se situó al lado de Sánchez frente al Comité Federal, cuando manejaba ya la idea de realizar todas estas alianzas espurias, le acompañó en su hégira de las segundas primarias y ha formado parte desde el principio del Gobierno Frankenstein. Sin embargo, se olvidó de todo ello, cuando en el Congreso se enfrentó muy digna a los nacionalistas, con la siguiente pregunta: ¿Qué tiene que hacer un Estado, un gobierno, cuando alguien vulnera la Constitución, cuando alguien declara la independencia, corta las vías públicas, cuando realiza desórdenes públicos, cuando alguien está teniendo relaciones con dirigentes políticos de un país que está invadiendo Ucrania?

Alguien podría haber respondido: Que ¿Qué tiene que hacer un gobierno? Si es el Frankenstein: indultar a los golpistas, gobernar con ellos, asumir el lenguaje soberanista respecto al espionaje, desplazar al ministro de la presidencia a Barcelona a pedir disculpas y humillarse frente a un miembro de tercera fila del Gobern, convocar una rueda de prensa precipitadamente y por sorpresa para anunciar que el presidente del Gobierno y la ministra de Defensa habían sido espiados hace un año? El hecho de publicitarlo –que resultaba un tanto insólito e incomprensible- adquirió sentido más tarde, al comprender que servía de pretexto para cesar a la directora del CNI y dar así satisfacción a los golpistas.

Qué tiene que hacer un gobierno, se preguntaba Margarita Robles. Pues si ese gobierno es el Frankenstein, parece que forzar a la presidenta del Congreso a que cambie las reglas del juego para constituir la Comisión de Secretos Oficiales e introducir en ella a los independentistas, golpistas y herederos de Batasuna; obligar a comparecer en esta Comisión a la directora del CNI y mostrar todos los expedientes y las correspondientes autorizaciones judiciales; y, por último, cesarla a petición de los golpistas y utilizando la coartada previamente preparada del espionaje al Gobierno.

¿Por último? No es la expresión adecuada, porque parece que los independentistas no van a conformase con lo obtenido hasta ahora y van a seguir chantajeando al Gobierno. Parece que exigen que se desclasifiquen los expedientes referentes a las escuchas y las respectivas autorizaciones judiciales. Pero seguramente lo que no les gustaría es extender la desclasificación al contenido de los pinchazos, ya que se escucharían y se verían muchas cosas que a los secesionistas no les interesaría que se supiesen. No saldrían quizás muy bien parados. Es posible que sea ese mismo motivo el que hace que no estén muy decididos a ir a los tribunales. A lo largo de los procesos saldrían a la luz toda una serie de hechos e informaciones que seguramente les perjudicarían.

Hay quienes piensan que existe aún una baza pendiente en aras de dar satisfacción a los nacionalistas, el cese de Margarita Robles, una vez que haya pasado la asamblea de la OTAN. Las múltiples reiteraciones de la ministra de Defensa acerca de que cuenta totalmente con la confianza de Sánchez tienen muy poco valor y si no que se lo digan a Ábalos, a Calvo o a Iván Redondo. Poco vale que Robles saque a pasear que ha acompañado a Sánchez desde el principio. Lo cual es cierto y también el mayor manchón en su vida política e incluso democrática,  pero es que, además, no les sirvió de nada a los tres citados anteriormente para impedir su cese.

Lo único cierto es que la todavía ministra de Defensa hizo un tremendo papelón en la rueda de prensa en la que comunicó el cese (sustitución lo denominó ridículamente) de Paz Esteban como directora del CNI. Fue todo un espectáculo. Ha decepcionado a muchos que se creían que Robles era distinta de los otros miembros del ejecutivo, lo que constituye sin lugar a dudas un espejismo. Todos participan de la misma culpa, les une el mismo pecado, la pertenencia al Gobierno Frankenstein. Habrá quien se interrogue sobre la causa de que Margarita Robles no haya dimitido. La pregunta no deja de ser ingenua. Quien admite gobernar apoyándose en golpistas, por qué se va a detener con bagatelas como la de participar en este aquelarre de dar satisfacción a los secesionistas con el cese de la directora del CNI.

No se piense, sin embargo, que la sangre va a llegar al rio. Nadie está interesado en romper la baraja. Todo queda en un mero teatro. Estirar la cuerda, pero sin que llegue a romperse. ¿Con qué gobierno van a estar mejor los independentistas? Otegui lo dejó muy claro. Junqueras habló ya de seguir apoyando. Solo exigen que el Gobierno les prometa que no cometerán de nuevo tamaña osadía. La cosa no deja de ser paradójica. Los que afirman que repetirán el golpe de Estado exigen que los servicios secretos y los jueces no vuelvan a vigilarles.

Hasta ahora era evidente que Sánchez gobernaba supeditado al chantaje de un revoltijo de fuerzas políticas de lo más dispar, desde “Teruel existe” hasta ”Bildu”. Tras haberse descubierto el presunto espionaje de que ha sido objeto el presidente del Gobierno, surge una pregunta: ¿no habrá alguien más que se haya apuntado al chantaje? Solo así se explicaría ese acontecimiento de lo más misterioso, el cambio repentino y sin contar con nadie que adoptó Sánchez sobre la posición de España en el tema del Sáhara. ¿Qué tiene que esconder?

Republica.com 19-5-2022



EL TRIBUNAL DE CUENTAS,  LA CORRUPCIÓN DE LAS INSTITUCIONES

CATALUÑA, CORRUPCIÓN, GOBIERNO, HACIENDA PÚBLICA Posted on Jue, mayo 12, 2022 20:51:32

La tragedia que asola Ucrania y que salpica a toda Europa puede hacer que una de las mayores corrupciones políticas de España pase casi desapercibida. Digamos que está llegando a su fin según lo predispuesto. El Tribunal de Cuentas ha cambiado en pocos días su propio criterio acerca de las garantías a exigir a los responsables de la malversación de fondos públicos llevada a cabo en los actos de publicidad y propaganda en el extranjero, orientados a preconizar el referéndum ilegal de independencia del 1 de octubre en Cataluña.

La gravedad del escándalo no estriba únicamente en el mero hecho de que se haya producido la modificación de criterio, sino que esta se ha conseguido mediante el cambio en la composición del propio tribunal, cambio realizado por el sistema tradicional de reparto entre los dos partidos mayoritarios, y que tan contrario es al espíritu de la propia Constitución. (Ver mis artículos del 23 de septiembre y del 11 noviembre del año pasado en este mismo diario digital). La gravedad, además, se incrementa en tanto en cuanto que la mutación ha recaído sobre un fallo cuya conclusión era tan evidente que la decisión tomada ahora por la sesión de enjuiciamiento quebranta las normas básicas del Derecho financiero y de la Hacienda Pública, y contradice los principios más elementales de la lógica y del sentido común.

¿Cómo se va a garantizar con dinero público que el erario recupere los recursos defraudados? El planteamiento es tan disparatado como cuando en tono de chunga y con cierta ironía se le comunica a alguien la disposición a convidarle siempre que antes nos adelante el dinero de la invitación. Se pretende cubrir una defraudación con otra defraudación, defraudación al cuadrado.

Corrupción, y grave, la de todos aquellos que en Cataluña han empleado fondos públicos para un objetivo ilegal, incluso delictivo, intentar la sedición de parte de la ciudadanía, insumisión frente a la Constitución y la soberanía nacional. Pero corrupción también y más grave la de los consejeros del Instituto Catalán de Finanzas que, a sabiendas, aprobaron que el organismo avalase con dinero público el alcance anterior. Se convierte en una corrupción de mayor nivel, corrupción al cuadrado.

Habrá sido seguramente esa la razón por la que tres de los consejeros dimitieron, para no tener que dar su conformidad a los avales. Quizás por miedo a incurrir en un grave delito de prevaricación. Habrá que preguntarse si la Sociedad Civil Catalana además de plantear una demanda ante el tribunal de Cuentas no debería haber interpuesto una querella criminal contra aquellos miembros del Instituto Catalán de Finanzas que aprobaron el aval y a todos aquellos que les forzaron a hacerlo.

Todo esto era ya bien conocido y no hay por qué incidir en ello, pero últimamente ha acaecido un nuevo suceso que eleva el listón de la corrupción, corrupción al cubo. Constituye un salto cualitativo. La gravedad es sustancialmente mayor, porque no radica en que determinados actos sean corruptos, sino en la corrupción de las propias instituciones. Ahora, la del Tribunal de Cuentas.

La corrupción del propio Gobierno Frankenstein no tiene parangón con ningún otro acto concreto de corrupción. Ni a la izquierda ni a la derecha del espectro político. Es una corrupción estructural que está en la misma conformación desde sus orígenes de este Ejecutivo, desde el inicio, desde la misma moción de censura, que mancha a todos los que forman o han formado parte de él, estigma que se mantendrá en el futuro y que será imposible de olvidar. Durante toda su existencia este Gobierno viene incurriendo en un cohecho endémico mediante el que se compra con fondos públicos o con cesiones políticas la permanencia día a día en el poder. Resulta grotesco que Sanchez asuma el lenguaje de los puros y exija explicaciones a Juan Carlos. Siempre he pensado que el problema de Sanchez respecto a la monarquía no tiene relación con las preferencias con respecto a la forma de Estado sino que se fundamenta más bien en un sindrome  sicológico, le es aplicable aquello que Nietzsche decía de sí mismo “Si dios existiese como iba a soportar yo no serlo, luego Dios no existe”.  Si existe rey como va a soportar Sanchez no serlo. Luego la monarquía debe desaparecer.    

Ahora se comprende la urgencia con la que el presidente del gobierno quería cambiar la composición del Tribunal de Cuentas. El mandato de los consejeros, a diferencia de los de las otras instituciones, acababa de expirar. Tras el indulto de los golpistas, quedaba por solucionar el problema crematístico, que no podía ser objeto de indulto, derivado de la defraudación cometida en los preparativos del golpe de Estado y que dependía del Tribunal de Cuentas. Se precisaba pues cambiar a los consejeros para corregir la redacción del auto que la sección de enjuiciamiento había preparado para rechazar los avales que presentaba el Instituto Catalán de Finanzas y que parecían más bien una broma pesada.

La historia reciente del Tribunal no es para que nos sintamos precisamente orgullosos de esta institución. La Ley Orgánica de 1982 y la Ley de funcionamiento de 1988, elaboradas ambas de acuerdo con las pretensiones del PSOE -la primera cuando estaba en la oposición, la segunda ya en el gobierno y de acuerdo con las manías de Pascual Sala-, configuraron una institución con enormes lacras, que comenzaban ya en el diseño de la responsabilidad y de la jurisdicción contable, y finalizaban en su constitución como órgano pluripersonal de doce consejeros, y que se han venido repartiendo en cuotas iguales los dos partidos mayoritarios.

Han sido estas lacras las que han condenado con frecuencia a esta institución a la esterilidad, limitando su actuación a casos de poca monta y quedando, sin embargo paralizada en cualquier asunto de mayor envergadura en el que hubiese por medio intereses políticos, porque en la mayoría de los casos la mitad del Consejo bloquea a la otra media. Durante todos estos años, el Tribunal de Cuentas no ha destacado precisamente por su eficacia, pero nunca había llegado al descaro, degradación y degeneración que se ha producido ahora. Degeneración de los currículos de los elegidos respecto a los que deberían tener, según la categoría asignada al puesto por la ley orgánica y la de funcionamiento. Cada vez son mucho más grises y de carácter más político.

Degradación, porque se ha nombrado a unos consejeros, y ellos han aceptado la designación, con la finalidad explícita de librar a los golpistas catalanes de la obligación económica derivada de los actos de sedición, admitiendo para cubrirla el aval de un organismo público, lo que en sí mismo constituye otra malversación. Dos son los elegidos para los puestos en la sección de enjuiciamiento, que van a permitir el cambio de criterio. En realidad, sus currículos son de tal levedad que no resulta fácil encontrarlos en Internet. Solo en el portal de trasparencia y con bastante vaguedad.

El primero es don Diego Íñiguez, perteneciente al cuerpo de Administradores Civiles del Estado y que ya desde el inicio (1993, en plena cúspide, de corrupción felipista) se separó de sus compañeros de promoción para cubrir un puesto de mayor nivel del que le correspondía de salida, pero también de mayor contenido político, consejero técnico en el Gabinete del ministro de Justicia. Durante los gobiernos del PSOE y en las esferas políticas de los gabinetes, ejerció bien de consejero técnico bien de asesor ejecutivo bien de vocal asesor, primero a la sombra de Belloch y más tarde a la de María Teresa Fernández de la Vega.

En el ínterin, durante los gobiernos de Aznar, buscó acomodo en el exterior en puestos muy cotizados en su cuerpo por sus altas retribuciones. Al final del mandato de Zapatero, consiguió que le hiciesen magistrado por el cuarto turno, es decir a dedo y sin oposición, lo que suelen describir como “juristas de reconocido prestigio”, aunque siempre está el problema de quién es el que reconoce el prestigio. Por desgracia, hay que preguntarse si no fue una forma que inventó en sus tiempos el PSOE para que  desembarcasen sus fieles en la Administración de Justicia. Ello permitió al nuevo magistrado refugiarse durante los mandatos de Rajoy en su judicatura recién estrenada, para volver con Sánchez a los puestos políticos. Primero, como director en la empresa pública de paradores, para aterrizar más tarde como jefe de gabinete de la ministra de Defensa, cargo que ocupaba al ser nombrado consejero del Tribunal de Cuentas.

Precisamente su inmediata permanencia como jefe de gabinete de la ministra de Defensa podría hacer que alguien se preguntase si no  podría estar inmerso en los supuestos del artículo 33.3 de la Ley Orgánica de la institución: haber gestionado fondos públicos o haber pertenecido a un consejo de administración de un organismo o sociedad pública en los dos últimos años, lo que le invalidaría para ocupar el nuevo cargo.

El segundo puesto como consejero en la sección de enjuiciamiento lo va a ocupar doña Rosario García Álvarez. Su currículum es mucho menos movido que el del anterior, se limita a veintisiete años de experiencia en la carrera judicial, últimamente como magistrada de la sala de lo social en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y profesora de Derecho laboral en la Universidad de Comillas. No parecen conocimientos muy a propósito para el Tribunal de Cuentas. Ni Derecho administrativo, ni financiero, ni mercantil, ni contabilidad, ni auditoría, ni análisis de los estados económicos y financieros, nada. Su única gracia parece que radica en poder ir a la sección de enjuiciamiento y estar dispuesta a cambiar el dictamen. Tan es así que según dicen doña Rosario no estaba en la primera lista, sino que era doña María Luz Rodríguez la designada, pero al darse cuenta de que la titulación de esta última no la capacitaba para ir a la sección de enjuiciamiento, que es para lo que se la necesitaba como objetivo primario -salvar a los golpistas-, se modificó la propuesta.

Poco puede sorprendernos la postura del sanchismo. Está en su naturaleza como en la del alacrán de la fábula. El Gobierno Frankenstein precisa día a día de estos comportamientos para mantenerse. Estaban claros su objetivo y su finalidad. Pero ¿a qué se debe la postura del PP?, ¿qué ganaba con los acuerdos? Solo le pueden acarrear desprestigio, después de meses y meses censurando el procedimiento y denunciando con buen fundamento su dudosa constitucionalidad, hasta el extremo de continuar bloqueando la renovación del Consejo General del Poder Judicial, lo que ahora parece una incongruencia. ¿Por qué uno sí y otros no?

Parece que en algún momento el PP alegó a favor del acuerdo el hecho de que los candidatos propuestos no tenían perfil político, lo que constituye una gran ingenuidad, puesto que confundían el nivel con la trayectoria. Que no hayan ocupado puestos relevantes solo indica que su currículum es más bien gris, pero no que todo él no se haya desarrollado a la sombra del PSOE. Es precisamente esa mediocridad la que más les debería haber llamado la atención y hecho desconfiar y podrían haberse cuestionado acerca de cuál era entonces el motivo de la propuesta. Ahora ya se sabe. Que estaban dispuestos a cumplir de forma servil las indicaciones políticas. La pregunta surge entonces de forma inmediata: ¿qué trapicheos ha habido entre Félix Bolaños y Teodoro García Egea?

Republica 10-3-2022



DEL ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS AL CANTONALISMO

AUTONOMÍAS, CATALUÑA Posted on Jue, mayo 12, 2022 20:46:33

Dicen que Ortega y Gasset fue el autor intelectual de la estructura territorial dibujada en la Constitución del 78. Efectivamente, el filósofo madrileño defendió en su tiempo organizar el Estado español en una serie de regiones autónomas, más o menos semejantes a las actuales. Quizás imbuido por el pensamiento identitario alemán, pensaba que la única fotma de mantener un Estado fuerte y centralizado era concediendo autonomía a sus territorios, de manera que tuviesen su propio gobierno y su asamblea legislativa. No obstante, Ortega se negó siempre a dar un paso más, caminar hacia un Estado federal. En su diseño no se pretendía unir unas entidades previamente existentes e independientes para crear una unidad nueva llamada España, sino todo lo contrario, conceder autonomía a las partes para fortalecer el todo.

La soberanía era solo una y pertenecía a España como nación. Por eso en las discusiones del estatuto catalán en la Cortes españolas de la Segunda República, Ortega se pronunció en el sentido de que quedase deslindado del proyecto de Estatuto todo cuanto significase, o pudiese parecer, amenaza a la soberanía unida, o que dejara infectada su raíz. Por este camino –decía- iríamos derechos y rápidos a una catástrofe nacional.

Se dirigía a los nacionalistas con estas palabras: «No nos presentéis vuestro afán en términos de soberanía, porque entonces no nos entenderemos. Presentadlo, planteadlo en términos de autonomía. Y conste que autonomía significa, en la terminología juridicopolítica, la cesión de poderes; en principio, no importa cuáles ni cuántos, con tal de que quede sentado de la manera más clara e inequívoca que ninguno de esos poderes es espontáneo, nacido de sí mismo, que es, en suma, soberano, sino que el Estado lo otorga y el Estado lo retrae y a él reviene. Esto es autonomía. Y en ese plano, reducido así el problema, podemos entendernos muy bien».

Por el mismo motivo arremetía por su carácter ambiguo contra el término “ciudadanía catalana”, ya que en sentido estricto ciudadanía es el concepto jurídico que liga al individuo con el Estado. Del mismo modo, defendió que en el estatuto debía quedar meridianamente claro que lo que el Estado otorgaba por la autonomía podía volver a sus manos más tarde y no solo por la voluntad de los catalanes, sino también por la del propio Estado.

Ortega pensaba que la mejor forma de vertebrar el Estado y de neutralizar toda tendencia secesionista era organizarlo dividiéndolo en grandes regiones autónomas. Solo habrá -llegó a afirmar-verdadero y saludable centralismo, es decir, Estado, cuando haya vigoroso autonomismo y viceversa. Y eso mismo debían de pensar los diputados del 78, cuando consagraron en la Constitución el Estado de las Autonomías.

A estas alturas de la película es fácil llegar a la conclusión de que Ortega se equivocó y los que aprobaron la Constitución del 78 cometieron el mismo error, pensar que las Autonomías servían para aplacar las ansias de los soberanistas. Nada más ilusorio que creer que las repetidas concesiones apaciguan al nacionalismo. Hoy, después de cuarenta y cuatro años, el problema territorial está infinitamente peor y más infectado que durante la Transición.

Pero lo cierto es que quizás ni uno, ni los otros tendrían que haberse equivocado si hubiesen reparado en la Historia. El regionalismo terminó con la Primera República española, precipitándola al caos. La pretensión de conseguir una república federalista condujo al cantonalismo y a la anarquía. Hasta el propio Pí i Margall se vio sobrepasado e impotente para controlar los distintos focos de independencia. Cuando un Estado federal se forma por la suma de entidades políticas independientes puede llegar sin duda a una situación de cierto equilibrio; pero si, por el contrario, se pretende formar una federación por la separación de partes de un Estado ya constituido, la situación será de inestabilidad porque significará adentrarse en un proceso que nunca se dará por terminado. Cada grado de autonomía servirá para reclamar más y más sin saciarse nunca, hasta llegar a la independencia.

Con el Estado de las Autonomías se puso en marcha una fuerza centrífuga que parece no tener fin y que conduce al cantonalismo, cuando no a la secesión. Esta fuerza ha ido adquiriendo mayor o menor intensidad dependiendo de las circunstancias y de otras variables. El primer factor que ha colaborado a incrementar esa tendencia ha sido la propia Constitución que, a diferencia de la alemana a la que siguió en otros muchos aspectos, se definió como no militante y consiente la existencia de partidos políticos que defienden abiertamente la ruptura de España. Así mismo permite que determinadas Comunidades gocen de ciertos privilegios (a los que llaman fueros) en materia presupuestaria y fiscal, propios de la Edad Media.

A ello hay que añadir la propia ley electoral que otorga una representación mayor de la que corresponde a los partidos nacionalistas y no impuso su presencia en un número mínimo de provincias para poder tener diputados en el Parlamento español, medida que hubiese sido necesaria para que los intereses de todos los parlamentarios coincidan con el interés general de la nación y evitar así que el Congreso se convierta en una subasta en la que se puja por votos a cambio de privilegios provincianos.

Durante los muchos años que el sistema ha girado alrededor del bipartidismo, los partidos nacionalistas de Cataluña y del País Vasco, mediante la cesión de sus votos en las Cortes Generales, obtuvieron pingües privilegios y consolidaron sus posiciones en las respectivas Comunidades Autónomas. Tanto el PSOE como el PP, cuando estaban en el gobierno, les dejaron actuar libremente en sus territorios a cambio de contar con su apoyo en el Parlamento nacional. Poco a poco, en parte mediante un fuerte adoctrinamiento, en parte mediante un continuo trasvase de competencias y en parte debido a la pasividad de los gobiernos centrales, Cataluña y el País Vasco han ido conformándose como Estados independientes, si no de iure, sí de facto, de tal modo que al final los separatistas terminan creyendo que también lo son de pleno derecho.

Al mismo tiempo, en todas las otras regiones se fue formando una clase política cuyos intereses están ligados en buena medida al proceso autonómico, y que por lo tanto apuestan más y más por la autonomía. Igualmente, no es extraño que vean con cierta envidia al País Vasco y a Cataluña y pretendan imitarles bajo la premisa de que ellos no son menos.

Tres factores vienen a influir de forma definitiva en las fuerzas disgregadoras en los últimos años. En primer lugar, la crisis de 2008 y el surgimiento del 15-M. En segundo lugar, el proceso de fagocitación del PSOE por parte del sanchismo y, en tercer lugar, el surgimiento de Podemos. La crisis de 2008 y las manifestaciones del 15-M en Barcelona en contra de la política de la Generalitat llevaron a Artur Más y al Gobern a desviar los cañones hacia otro lado, hacia Madrid, y dar el paso que hasta ese momento no se habían atrevido a dar: independencia sí o sí.

La dominación del sanchismo sobre el PSOE constituye un hito decisivo. Pedro Sánchez consiguió los peores resultados obtenidos nunca por su partido, pero no se resignó a ser perdedor. En contra de la sensatez y de lo que sería lógico, con el fin de llegar al gobierno y mantenerse en él ha estado dispuesto a pactar con toda clase de formaciones de lo más heterogéneo: regionalistas, independentistas, que ya eran golpistas, e incluso con los herederos de los terroristas vascos. El Gobierno Sánchez no solo ha blanqueado todas estas formaciones políticas cuya finalidad es quebrar el Estado, sino que en buena medida las ha hecho partícipes en la gobernación de ese Estado que quieren fragmentar. No solo ha permitido que se intensificaran las tensiones secesionistas en el País Vasco y Cataluña, también ha propiciado que otras Autonomías como Baleares, Navarra o Valencia comiencen a andar por el mismo camino.

En otros territorios, aunque con menos pulsiones separatistas, se ha tomado muy buena nota de las ventajas que obtienen los partidos nacionalistas, así que las formaciones políticas regionalistas o incluso provincianas han comenzado a proliferar como las setas. Últimamente, el Parlamento se ha fraccionado y se han multiplicado las siglas, en algunos casos de forma ridícula; pero es de todos esos partidos de los que se vale Sánchez para seguir manteniéndose en el gobierno.

Son ya muy numerosos los partidos políticos en el Congreso cuya representación se limita a una región o a una provincia: Compromís en la Comunidad Valenciana; Partido Regionalista en Cantabria; Coalición Canaria y Nueva Canarias, que se formaron a su vez por no sé cuántas formaciones políticas; PDECat, Esquerra, CUP y Junts pel sí en Cataluña; PNV y Bildu en el País Vasco; el BNG en Galicia; el Foro en Asturias; Mas País en Madrid; Unión del Pueblo Navarro en Navarra y, por último, Teruel existe.

En una tendencia que cada vez es más pronunciada, son muchos los partidos que con representación en los parlamentos regionales están a la espera para saltar al Congreso de Madrid, tal como por ejemplo lo han demostrado las últimas elecciones en Castilla y León, en las que Soria ya y Unión del Pueblo Leonés han obtenido tres escaños cada uno, y la formación Por Ávila, uno. En Baleares, Mes Mallorca, con implantación en esa isla, y que gobierna con el PSOE en la Comunidad, afirma que el Estado de las Autonomías está agotado. Su especial interés radica en que mantiene la misma concepción del federalismo que los cantonalistas de la Primera República, un proceso de abajo arriba. Propone la creación de partidos en las restantes islas, que se terminen federando con ellos mediante referéndums.

Cometen un error los que piensan que las injusticias y desigualdades generadas por el secesionismo y los partidos nacionalistas se superan y desaparecen mediante el cantonalismo. Cuanto más se disgregue el Estado, el quebranto a las regiones más abandonadas y deprimidas será mayor, y mayores los desequilibrios entre las Comunidades. El diputado de Teruel existe fue decisivo para la investidura de Sánchez. Hoy, sus votantes deberían preguntarse si las limosnas prometidas -que no sé si cumplidas-, compensan el coste de haber impuesto un Gobierno Frankenstein a toda España.

El tercer factor es el surgimiento de Podemos como partido político, y la extraña postura adoptada por dicha formación frente a los regionalismos y los nacionalismos. El 14 de septiembre de 2017 publicaba yo un artículo en este diario digital titulado “El coqueteo nacionalista de Podemos”. Poco tengo que añadir a lo que allí afirmaba. Así que me remitiré a ello en aras de no alargar demasiado este artículo. Solo reiteraré lo que a mi entender ha sido el problema fundamental de esta formación: su afán por llegar al poder lo antes posible, sacrificando incluso la coherencia en el discurso.

La finalidad de obtener en cada sitio los mejores resultados es el motivo de la heterogeneidad, que en cada Comunidad y Ayuntamiento se ha plasmado en distintas alianzas, y también en la pluralidad de discursos, que se concreta en la defensa del derecho de autodeterminación y en el coqueteo con los nacionalistas y regionalistas. Las prisas por llegar al poder se han evidenciado también en la búsqueda constante del pacto con el PSOE, a pesar de que el 15-M surgió cuando gobernaba Rodríguez Zapatero y no Rajoy.

Mantenía en aquel artículo también que este planteamiento a medio y a largo plazo podía ser peligroso para la propia formación. En muchas Comunidades, precisamente las más pobres y peor dotadas, no se vería con buenos ojos -como así está ocurriendo- que un partido teóricamente de izquierdas se coloque a favor de las sociedades ricas que quieren romper la unidad solidaria del Estado. En las otras, con presencia de nacionalistas y regionalistas, no era fácil que se hiciese un hueco con un discurso ambiguo. Los electores prefieren siempre las primeras marcas. Y en cualquier caso la defensa de la disgregación a nivel territorial puede ser un búmeran que termine actuando sobre el propio partido disgregándolo en fracciones casi autónomas.

Caben pocas dudas de que la postura de Podemos está facilitando la aparición del cantonalismo; pero al mismo tiempo se produce el declive de la propia formación. Creo que muchos de sus líderes son conscientes de ello. De ahí el intento de refundación con la actual ministra de Trabajo. Pero curiosamente parece que se pretende copiar el mismo patrón. La famosa reunión en Valencia, que en cierto modo pretendía servir de presentación del nuevo proyecto, aparte de echarse en falta la cuota masculina, seguía idénticos cánones disgregadores: Colau por Cataluña, Oltra por Valencia, Mónica García por Madrid, y la misma Yolanda Díaz por Galicia. Todo ello con un extraño olor a cantonalismo. Modificamos algo para que nada cambie.

republica 3-3-2022



DIFERENCIA DEL DICIEMBRE DE 1988 AL DICIEMBRE DE 2021

CATALUÑA, SINDICATOS Posted on Mié, mayo 11, 2022 19:55:03

Treinta y tres años y cuatro días separan el 14 de diciembre de 1988 del 18 de diciembre de 2021. Hay quien dice que la distancia es mucho mayor, la que hay entre unos sindicatos de clase y unos sindicatos verticales. En la primera fecha las organizaciones sindicales pararon el país y estuvieron a punto de forzar la dimisión del presidente del Gobierno; en la segunda, los sindicatos se manifestaron en Cataluña en contra de una sentencia de los tribunales y con la demanda de que la Generalitat la incumpla, es decir, que se sitúe en un estado de insumisión.
Aquel 14 de diciembre las organizaciones sindicales salieron a la calle y arrastraron a la mayoría de los ciudadanos con la finalidad, primero, de abortar una reforma laboral que abarataba y potenciaba el despido y multiplicaba las facilidades para realizar contratos temporales -condiciones, sin embargo, bastantes mejores que las que ahora rigen las relaciones laborales-; y segundo, de impedir una serie de modificaciones fiscales que reducían la progresividad, especialmente en el impuesto sobre la renta. Nada que ver, sin embargo, con las reformas que se adaptaron posteriormente y que han terminado por menoscabar aún más el sistema fiscal. No obstante, en aquel momento, a pesar de que luego la situación ha empeorado, la huelga general logró parar la ofensiva neoliberal.
El 18 de diciembre de este año los sindicatos en Cataluña se han manifestado, pero no han encabezado nada. Más bien han sido puras comparsas de una plataforma independentista, Som Escola, y de un golpista, Jordi Cuixart. Han participado en una protesta no precisamente en contra del Gobierno, ni del central ni del de la Generalitat; se manifestaron, por el contrario, en claro contubernio con este último. La finalidad no era pedir la reforma del mercado laboral ni exigir una fiscalidad más progresiva. No ha sido una protesta social. Las protestas sociales se terminaron en Cataluña hace muchos años. La última fue aquella en la que Artur Mas y algún otro consejero se vieron forzados a entrar en helicóptero al Parlament. Hoy en Cataluña todas las protestas son secesionistas y muchas de ellas, con reclamaciones a todas luces ilegales e inconstitucionales.
En esta ocasión, los sindicatos se han sumado a una protesta independentista, que persigue la desigualdad entre aquellos cuya lengua materna es el castellano y los que tienen como tal el catalán. Según los convocantes de la manifestación, la intención era preservar y proteger la cohesión social en Cataluña, y evitar la división en la escuela por razón de la lengua. Nada más falsario que este discurso, puesto que son los soberanistas los que dividen a los alumnos en dos clases, los que pueden estudiar en su lengua materna y los que no. Pero, como en todo nacionalismo, lo que se persigue es la supremacía de una parte sobre la otra: en este caso del catalán sobre el castellano.
Las sentencias no crean ninguna escisión sino, bien al contrario, pretenden establecer la igualdad que la inmersión lingüística rompe. No se trata, tal como pretenden hacernos creer los secesionistas, de que ese 25% que debe impartirse en lengua castellana se destine solo a aquellos alumnos cuyas familias lo reclaman, sino que se tiene que aplicar a todos los colegios, en todas las aulas y a todos los alumnos. El cambio en el sistema educativo que se deduce de la sentencia, por lo tanto, no divide a los escolares. Todos, sin distinción, recibirían la misma educación. La sentencia lo único que hace es mantener la igualdad de ambas lenguas exigida por la Constitución y que el modelo de inmersión lingüística ha destruido.
Paradójicamente, esa moralina que habla de la riqueza que proporciona la multiplicidad de lenguas no va con los soberanistas. Ellos se sienten más bien cercanos a la tradición judía que se desprende del relato bíblico de la Torre de Babel, en el que la multiplicidad de idiomas se considera un castigo y una maldición. Visión quizás lógica para un pueblo que se creía elegido por Dios y por tanto excepcional y superior al resto. Los soberanistas, si pudieran, suprimirían el castellano de Cataluña.
El drama del nacionalismo catalán es que en el fondo no es capaz de definirse a sí mismo, de establecer aquello que con suficiente consistencia hace a los catalanes diferentes del resto de españoles. Desde luego no es la raza, ni las características genéticas o biológicas. Alejandro Fernández, presidente del PP de Cataluña, con cierta sorna se lo espetaba a Quim Torra en el Parlament, recordándole que anatómicamente era muy españolazo, y que ambos eran muy parecidos. Que se mirase al espejo y que constatara que su figura tenía mucho más que ver con él que con los altos y rubios habitantes del norte de Europa.
Tampoco es posible afirmar que la diferencia se base en la estirpe o en la homogeneidad de ancestros. El INE elabora estadísticas acerca de los distintos apellidos y su frecuencia en cada una de las provincias españolas. Pues bien, los apellidos más frecuentes en Cataluña, y con mucha diferencia, son García, Martínez, López y Fernández. Resulta muy curioso escudriñar los datos de este organismo y descubrir en qué orden quedan en cada una de las cuatro provincias los apellidos que podríamos llamar “más catalanes”. Paradójicamente, se encuentran al final del ranking.
Lo anterior no debería sorprendernos, dados los intensos movimientos migratorios que se han producido, como en toda España, en Cataluña. Los catalanes, del mismo modo que el resto de españoles, son fruto del mestizaje. En los últimos ochenta años Cataluña, al igual que Madrid, ha sido objeto de una continua inmigración de casi todas las otras regiones de España como Extremadura, Andalucía, Castilla, Galicia, etc. En época reciente (y así parece que va a ser en el futuro) el flujo migratorio ha provenido de Latinoamérica, África e incluso de la Europa del Este. Es frecuente escuchar que son pocos los madrileños que han nacido en Madrid. Y muchos menos los que pueden jactarse de que sus padres sean naturales de la capital de España. Lo mismo se puede decir de Cataluña.
Tampoco parece que el criterio territorial pueda fundamentar con cierto rigor la existencia de una nación o de un pueblo diferente del resto de España. A la hora de predicar el derecho a decidir, ¿a quién hay que escoger, a los que han nacido en Cataluña o a los que residen actualmente en ella, aunque lleven tan solo unos cuantos días empadronados? Por otra parte, en qué criterio jurídico nos apoyamos para fijar los límites del territorio. ¿Aceptamos los de la Comunidad Autónoma tal como la definió la Constitución del 78, formada por cuatro provincias, con las demarcaciones que estableció el ordenamiento jurídico en 1833? Ambas normas escogieron una delimitación discrecional. Muy bien podrían haber establecido otra. ¿Por qué no escoger los países catalanes o el antiguo Reino de Aragón?, ¿y por qué no cada una de las provincias por separado?
Tal vez sea la lengua el único factor al que puedan aferrarse los secesionistas para definirse como conjunto distinto del resto de España y apoyar así sus pretensiones de independencia. Dentro de sus planteamientos, el idioma es lo que les proporciona ese carnet de pertenencia a un club diferente del de los otros españoles. Ello no significa que no agiten e intenten potenciar otros factores a los que llaman hechos diferenciales: folklore, usos, tradiciones. Pero eso no les diferencia de otras regiones. Todas tienen costumbres y hábitos propios, pero estos no pueden servir de apoyo para fantasías soberanistas.
La lengua se ha convertido para los secesionistas, por tanto, en un casus belli. Pretenden hacerla hegemónica en toda Cataluña. Para ello deben expulsar el castellano y minimizar el número de hispanohablantes. Hay quien se empeña en afirmar que el procés está acabado. No participo de esa creencia. Una cosa es que, en estos momentos, no puedan llevar a cabo sus bravuconadas, y otra, que no estén dispuestos a esperar una oportunidad mejor. Piensan que esta solo tendrá una probabilidad si conforman una mayoría muy cualificada, y que para ello la escuela y la extensión del catalán son medios esenciales. He ahí la razón por la que se movilizan con tanto empeño con el asunto del idioma, hasta el punto de llegar a la insumisión y a plantar cara ante los tribunales, postura que ahora no suele ser habitual después de ver las consecuencias penales que acarreó el golpe de Estado.
Lo que carece de toda justificación y resulta inexplicable es que los sindicatos se prestasen al papel de comparsa del soberanismo, a no ser que su propósito sea el de representar tan solo a una parte de la población de Cataluña. Insólito es también, aunque nos tiene acostumbrados a ello, que el Gobierno central se lave las manos y no intervenga, permitiendo que la ley y las sentencias no se apliquen en Cataluña. Pero todo es posible desde el mismo instante en que se creó el Gobierno Frankenstein.

republica.com 30-12-2021



ESTADO PERMANENTE DE INSUMISIÓN

CATALUÑA Posted on Mié, mayo 11, 2022 19:02:02

El día 23 del mes pasado, una providencia del Supremo rechazaba el recurso interpuesto por la Generalitat de Cataluña contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de esa Comunidad acerca de la presencia del castellano en los centros docentes catalanes. Concretamente estipulaba que al menos el 25% de las clases debían impartirse en castellano. Hasta aquí todo normal. Lo extraño, lo que debería sorprendernos, es que el Gobern saliese en bloque a denunciar el ataque que, según ellos, estaba sufriendo la Autonomía por parte de la Justicia.
Pere Aragonés manifestó de forma contundente que la sentencia no se iba a cumplir, que el modelo educativo no variaría ni un ápice y, lo que es aún más grave, retó al Gobierno central, y en concreto a su presidente, a que no guardase silencio y saliese a reprobar la actuación de los jueces. Hasta este punto piensan los independentistas que tienen cogido a Sánchez por las orejas. A su vez, el consejero de Educación se arriesga más y pone por escrito el rechazo total a la sentencia y en una carta incita y ordena a los directores de colegio a que no la apliquen.
No hace falta ser experto en Derecho Penal para llegar a la conclusión de que si esto no es prevaricación se encuentra muy cerca de serlo. Parece que contiene todos los elementos para definirlo como tal. La carta tiene toda la apariencia de una resolución en la que se ordena a los inferiores. Y aquello que se dispone consiste en cometer un delito de desobediencia. El consejero ejerce como autoridad y, desde luego, actúa a sabiendas. Veremos qué dicen los tribunales.
Pero más allá del Código Penal y del dictamen de los jueces, lo que conviene resaltar es lo que todos estos hechos tienen de estridentes y preguntarse si no son tantos los desafueros que se están cometiendo en la política española que vamos a terminar por insensibilizarnos y perder el sentido de la normalidad democrática. Esa era mi preocupación cuando publiqué el libro “Una historia insólita. El gobierno Frankenstein”, en la editorial El Viejo topo, que diésemos por normales los extraños acontecimientos que venían sucediendo. Pero mi narración finalizaba con la formación del segundo Gobierno Frankenstein, es decir, con la sesión de investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.
A partir de entonces, son muchos los lances que han seguido ocurriendo y que han jibarizado aún más nuestra realidad democrática. Y mayor es aun el peligro de que los sucesos más escandalosos los contemplemos con la indiferencia con la que se percibe lo rutinario. Quizás nos estamos acostumbrando a que el Gobierno de Cataluña viva en una permanente insumisión y que solo hagan caso a la ley cuando les favorece, declarándose en cambio en rebeldía siempre que la ley o los fallos judiciales no les convienen. Es curioso que aceptasen la autoridad del Tribunal Supremo para recurrir la sentencia y se la nieguen poco tiempo después en cuanto ha emitido la providencia en su contra.
Incluso hay algo peor, podemos habituarnos a que esas fuerzas insumisas sean las que manden en España y que arrastren al Gobierno de la nación a ser cómplice de la sedición, al menos con el silencio. Así se lo ha exigido públicamente Aragonés a Sánchez (no se cortan un pelo), y el consejero de Educación no ha tenido ningún problema en manifestar que había hablado con Pilar Alegría, quien le había confirmado ser de su misma opinión y garantizado la pasividad del Gobierno. Tampoco el PSC ha tenido ningún reparo en votar en el Parlament catalán en contra de la sentencia; claro que ¿acaso podíamos esperar otra cosa teniendo en cuenta que ellos son los autores del modelo de inmersión lingüística?
La alcaldesa de Barcelona, ella siempre tan amante de lo público y azote de propietarios y banqueros, tan propensa a las lágrimas y pronta a afirmar que no es independentista -a pesar de que en todos los contenciosos se coloca del lado de los sediciosos-, ha encontrado la solución al problema del modelo educativo de Cataluña. Es sencillo: las familias que quieran educar a sus hijos en castellano que se vayan a la enseñanza privada, que la pública es únicamente para los buenos catalanes.
Claro que aún es más estridente y máxima expresión de cinismo e hipocresía escuchar a Rufián dar vivas a Cádiz y a la clase obrera gaditana. Casa mal con ser portavoz de un partido cuyo líder en el pasado, Carod Rovira, no tuvo inconveniente en desplazarse a Perpiñán a pactar con ETA para que no matasen en Cataluña, aunque continuasen atentando contra el resto de España, entre otros sitios en Cádiz. Portavoz en el Congreso de una formación política que acuñó aquello de “España nos roba”, y que mantiene una constante conspiración para separar Cataluña (los ricos) del resto de España (los pobres), o al menos para obtener todo tipo de privilegios en detrimento de las otras Comunidades, entre ellas Andalucía, y por lo tanto de Cádiz. Es posible que la inercia y la costumbre terminen por hacernos aceptar pulpo como animal de compañía, en otras palabras, llegar a creer que Colau y Rufián son de izquierdas.
En esta cascada de disparates, cuya finalidad es que nos habituemos a las mayores imposturas, ocupa un lugar destacado el hecho de que Sánchez se vanaglorie de haber aprobado los presupuestos con la aquiescencia de once partidos. Se presenta como mérito lo que no es más que la expresión de una profunda debilidad, y una enorme ambición, la de un presidente de gobierno cuyo partido cuenta solo con 120 diputados y que tiene que ir al mercado político a comprar todo tipo de apoyos, sin que importe la matricula ni la patente.
Sánchez no ha dudado en aliarse con los golpistas catalanes, con los soberanistas vascos e incluso con los herederos de Herri Batasuna y de pagar el precio que estos le pidan, simple continuación de las múltiples cesiones que lleva haciendo desde el momento de su nombramiento. En el lote se engloban también retazos de partidos políticos de carácter regionalista nacidos al rebufo del nacionalismo y que, siguiendo su ejemplo, están dispuestos a vender sus escasos apoyos por un plato de lentejas.
Sánchez quiere hacernos creer que ha domesticado y controla a todas estas fuerzas políticas, cuando es al revés: son estas formaciones las que se han adueñado del PSOE, lo conducen a donde quieren y consiguen de él y de su gobierno lo que desean. Sánchez quiere que admitamos que ha logrado la paz; es más, quiere que nos acostumbremos a esa paz, paz que no es otra cosa que rendición ante los soberanistas y ante sus cómplices. No son los golpistas los que se han convertido al constitucionalismo, sino que es el PSOE el que ha cambiado de bando. La gran pregunta es si le va a resultar posible y cuándo recorrer el camino inverso.
republica.com 9-12-2021





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