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ARTÍCULOS RECIENTES CONTRAPUNTO

LOS TRES TENORES Y LOS DESAHUCIOS

APUNTES POLÍTICOS Posted on Tue, December 01, 2020 20:29:45

Podemos, Esquerra y Bildu han presentado una enmienda conjunta a la ley de presupuestos, destinada a suspender hasta 2023 los desahucios de las familias en situación de vulnerabilidad. Según manifestaron en rueda de prensa, su finalidad es presionar al PSOE. Quien, como de costumbre, ha manifestado de forma más expresiva pero también más impertinente el sentido que se pretendía dar al acto ha sido Rufián: “Aquí está la anti España defendiendo derechos fundamentales”.

Comienzo por preguntarme por qué no ir más allá, y legalizar y legitimar la ocupación de cualquier vivienda en caso de insuficiencia económica. Además, la vulnerabilidad no termina en la vivienda. Ni termina ni empieza. Hay otras muchas necesidades y quizás más primarias. ¿Por qué no introducir en la ley una enmienda que legalice todo hurto o robo cometido por una familia en situación de pobreza? Sería legal que los indigentes entrasen en los supermercados, en los grandes almacenes y en cualquier tienda, incluso en domicilios particulares, y se apropiasen libremente de lo que necesitasen para solucionar su problema. No hablo solo de que no sea delito o eximente -lo cual ya está previsto-, sino de que sea legal y todo el mundo en esas circunstancias económicas pudiera hacerlo con toda tranquilidad, a la luz del día y sin que nadie les molestase, como si se tratase de ejercer un derecho.

Se me dirá que exagero. Es posible, pero no parece que sea más equitativo hacer recaer sobre los miles y miles de pequeños arrendadores el coste de ayudar a las familias en situación de indigencia que sobre los dueños de comercios de todo tipo o sobre cualquier otro ciudadano. Se aducirá también que este planteamiento nos arrastraría al caos. Puede ser verdad, pero el caos jurídico se instaura ya cuando se propicia el incumplimiento de los contratos (pacta sunt servanda) y se hacen incidir sobre personas particulares, de forma aleatoria, las cargas que debe asumir el Estado.

Es cierto que el artículo 47 de la Constitución estipula que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, pero son los poderes públicos y no los ciudadanos los que están obligados a proporcionarla a aquellos que no pueden obtenerla por sus medios, y repercutir este coste social -como todos los demás gastos públicos- sobre todos los contribuyentes de acuerdo con su capacidad económica, mediante impuestos progresivos. Resulta injusto que se haga de manera caprichosa sobre un solo colectivo y a modo de mera lotería. Hacer que los arrendadores soporten la carga es como si el derecho a la sanidad gratuita tuviera que ser sufragado por los médicos, o el derecho a la educación, por los maestros.

Son los poderes públicos los que deben garantizar la totalidad de la política social, y por ende una vivienda adecuada a quienes carecen de medios económicos. Tienen instrumentos para ello, bien facilitando una solución habitacional alternativa, bien haciéndose cargo directamente del pago del alquiler u otro procedimiento parecido. Por ahí es por donde debía haber ido la enmienda. Un Estado que abdica de sus obligaciones y pretende trasladarlas de forma casual a un grupo de ciudadanos concretos es un Estado fallido. En la anarquía, sin Estado de derecho, malamente puede darse el Estado social.

Si se aprobase la enmienda, el resultado sería equivalente en el fondo a establecer sin justificación un impuesto a un colectivo determinado, el de aquellos arrendadores cuyos inquilinos no les pagan el alquiler, y a los que se ata las manos para poder recurrir jurídicamente. Es un impuesto porque se les hace asumir el gasto que debería financiar el Estado. El contenido de esta enmienda parece contradictorio con el hecho de que los autores hayan aceptado la inconveniencia de elevar los tributos durante la pandemia.

El problema es ciertamente legal, de justicia, de distribuir adecuadamente el coste de la política social, haciéndolo repercutir de forma generalizada sobre todos los ciudadanos en función de su capacidad económica; pero también es una cuestión de eficacia: conseguir adecuadamente los objetivos sociales que se dice querer alcanzar, y no los contrarios, que es lo que paradójicamente va a suceder con la enmienda propuesta. El Estado debe ser social; el mercado no suele serlo, no se rige precisamente por esos valores. Cuando se le violenta y se pretende que los adopte por la fuerza, el resultado puede acabar siendo nefasto.

El mercado del alquiler en España, a pesar de las voces interesadas en hablar continuamente de los fondos buitres, está muy atomizado. Más del 95% de los arrendadores son personas individuales, pequeños propietarios, la mayoría de clase media, y de mentalidad muy conservadora, no quieren riesgos. Este colectivo en buena medida ha canalizado sus ahorros al mercado inmobiliario porque lo considera mucho más seguro que el de los activos financieros; y sus miembros están dispuestos a salirse de él en cuanto vislumbren que el riesgo aumenta.

Muchos consideran que padecen ya indefensión y que se encuentran en una posición de inferioridad frente al arrendatario, que puede impunemente (no solo por indigencia) dejar de pagar el alquiler. Su única arma es el desahucio. Desahucio que suele dilatarse en el tiempo y que, cuando al final se logra, el piso suele presentar considerables desperfectos, a lo que hay que añadir a menudo deudas en suministros. Y, desde luego, en raras ocasiones se recuperan las rentas dejadas de ingresar. La estigmatización de los desahucios y enmiendas como estas incrementan su intranquilidad, y la posibilidad de que se retiren del mercado.

Tales políticas, encaminadas teóricamente a defender a los inquilinos, pueden terminar perjudicándolos, pues provocarán una reducción de la oferta con la consiguiente elevación del precio o, lo que es aún peor, que los arrendadores adopten medidas muy selectivas a la hora de alquilar. Se expulsará así del mercado a los más vulnerables (emigrantes, parados y precarios con riesgo de desempleo, familias con hijos pequeños o con ancianos, etc.), precisamente aquellos a los que se dice querer proteger. Este colectivo, ante la duda de los posibles arrendadores acerca de si van a poder hacer frente al pago de la renta y la sospecha de que en caso de conflicto va a ser mucho más arduo el desalojo, tendrá enormes dificultades para encontrar quien esté dispuesto a alquilarles una vivienda. El resultado será el contrario al que teóricamente se pretendía.

Algo similar puede ocurrir con las entidades financieras. Al margen de la opinión que se tenga de los bancos, el caso es que ante la imposibilidad de llevar a cabo desahucios su reacción será similar  a la de los arrendadores. Endurecerán las condiciones de las hipotecas, y en especial negarán su concesión a muchos más demandantes, a todos aquellos que presenten la más mínima probabilidad de resultar en el futuro insolventes, es decir, a los colectivos más vulnerables.

Rufián en la rueda de prensa afirmó que allí estaba la anti España defendiendo los derechos fundamentales. Allá ellos si se denominan así. En realidad, no sé lo que quieren indicar con este apelativo. Lo que sí parece cierto es que los tres tenores que dieron la rueda de prensa se confiesan y actúan como detractores del Estado español, y partidarios de su disgregación. En la rueda de prensa estaban presentes Jaume Assen, de en Comú Podem y persona de total confianza de Colau; Rufián, de Esquerra Republicana y Arkaitz Rodríguez de Bildu, los tres defensores de la autodeterminación de todas las regiones y, lo que más grave, valedores y legitimadores del golpe de Estado. Quien está en contra del Estado de derecho difícilmente se puede titular después paladín del Estado social.

La enmienda no defiende los derechos fundamentales, más bien lo que hace es reconocer el fracaso de un gobierno (al que los tres de una o de otra forma pertenecen, o al menos apoyan) que se declara incapaz de afrontar el problema de las familias en situación de vulnerabilidad y cifra su solución en el expolio de un grupo particular de ciudadanos que no pertenecen precisamente a las clases más pudientes.

Si la pretensión de la enmienda era proteger el derecho a la vivienda de los indigentes tendría que haberse orientado por otros derroteros: decretar la obligación del Estado de ofrecer una vivienda alternativa o asumir el pago del alquiler, y reclamar al mismo tiempo el establecimiento de una partida presupuestaria para atender tal contingencia. Es en este terreno donde podría hablarse de la cuestión de decencia a la que se refería Rufián y no en el de la propuesta realizada.

Hay que preguntarse, por tanto, si la finalidad última no es otra muy distinta, introducir ruido en el sistema, debilitar al Estado. Porque un Estado que para asegurar los derechos de unos ciudadanos no respeta los de otros, que quebranta la seguridad jurídica, es un Estado resquebrajado, anárquico. Camina a la descomposición. Pero, tal vez sea este el desiderátum de los tres tenores.

Republica.com 27-11- 2020



CALVIÑO MIENTE Y LO SABE

APUNTES POLÍTICOS Posted on Sat, September 19, 2020 14:49:52

Calviño miente y lo sabe. La funcionaria aplicada de Bruselas se ha convertido en la acólita obsequiosa de Sánchez, deseosa de proveer de argumentos a su señorito para la representación y el postureo. Así, como el que no quiere la cosa, ha insinuado que ya ha llegado la recuperación económica (recuerda a los “brotes verdes” de Zapatero).  Se basa en que según pronósticos la economía crecerá en el tercer trimestre un 10%. Olvidó señalar que se refería a la tasa intertrimestral de crecimiento del PIB, cifra que en esta crisis no significa absolutamente nada.

Nunca me han gustado las tasas intertrimestrales, especialmente  cuando se refieren a magnitudes estacionales como el PIB. Ocultan más que lo que enseñan. Pueden inducir a confusión. Y este es el caso en el que nos encontramos ahora. La crisis económica actual poco tiene que ver con las típicas de la economía. Es una crisis inducida por la pandemia y por las medidas obligatorias que, a consecuencia de ella, han impuesto los gobiernos sobre la actividad económica. Es una crisis económica obligada. Como resultado de ello, en el segundo trimestre del año, todos los países han tenido tasas negativas del PIB como jamás habían conocido.

Entre abril y junio de este 2020 el PIB de la Eurozona sufre una caída del 12,1%, tras haber experimentado ya un descenso del 3,6% en el primer trimestre. En la Unión Europea, estos decrementos fueron del 11,9 (%) y del 3,2%, respectivamente. Por su parte, el PIB de Francia se redujo en esas mismas fechas el 13,8 y el 5,9%; en Italia el 12,4 y el 5,4%; en Bélgica se hundió el 12,2 y el 3,5%; en Alemania el 12,2 y el 3,5%; en Portugal, 14, y 3,8%.  Y a la cabeza de todos, España con un descenso en el segundo trimestre del PIB del 18,5%., tanto más grave en cuanto que en el trimestre anterior (como consecuencia de los últimos 15 días de marzo, sometido el país al estado de alarma y al confinamiento) ya se había reducido el 5,2%. Es decir, que desde el 31 de diciembre de 2019 hasta junio de 2020 el PIB español perdió el 23% de su valor o, lo que es igual, quedó reducido a sus tres cuartas partes. Este mismo hecho aparece desde otro ángulo en la tasa interanual de crecimiento del segundo trimestre, un descenso del 22%.

¿Alguien puede suponer que después de haber tenido por decreto gran parte de la economía clausurada durante cuatro meses y de haber reducido el PIB cerca del 25%, cuando por fin se permite -aunque sea renqueando- la apertura de la actividad económica el PIB iba a continuar descendiendo o incluso habría de permanecer estancado? Sería ciertamente incomprensible. Es evidente que el fin del confinamiento representa para todos los países -y más que ninguno para España- un límite en el desplome de la economía, una sima de una magnitud tal que a partir de ella solo es posible la subida, a no ser que la pandemia nos retornarse de nuevo al precipicio del confinamiento, lo que más que desastre supondría la aniquilación.

Sí, solo cabe la subida. Por fuerza, la tasa de crecimiento de septiembre sobre junio (intertrimestral) de todos los países tiene que ser positiva, de mayor o menor valor, pero positiva. España debería encontrarse en la zona alta, puesto que su desplome hasta junio ha sido considerablemente mayor. Llamar a eso recuperación económica es mala fe o ganas de engañar al personal, y ello tras la careta de un prestigio profesional que la prensa le ha otorgado quizás por la única razón de que en el país de los ciegos el tuerto es el rey.

Calviño sabe muy bien que para conocer dónde se sitúa la economía al final de septiembre (tercer trimestre) deberemos considerar la tasa interanual, esto es, habremos de comparar con el mismo periodo del año anterior y no con el trimestre precedente, cuando nos encontrábamos en el infierno. Comprobaremos entonces que la tasa será negativa, un 10, un 13, un 15 %. Veremos. Y veremos entonces lo que falta para la verdadera recuperación.

Aunque ni siquiera cuando el PIB se sitúe al nivel de 2019 podremos hablar de una recuperación auténtica. Esta crisis, al igual que el virus que la causa, va a dejar lacras muy severas. En primer lugar, habremos perdido varios años de crecimiento. En segundo lugar, el stock de nuestro endeudamiento público sobre el PIB habrá crecido un 20 o un 25%. Dicho de otro modo, cuando por fin hayamos logrado igualar la renta nacional al nivel de 2019 descubriremos que el 20% de ella no nos pertenece, sino que tendremos que devolverlo. En tercer lugar, me temo que el déficit exterior que se había logrado equilibrar con tanto coste social vuelva a desbaratarse. Y por último y en cuarto lugar, tendremos que ver con qué nivel de desempleo salimos de la crisis.

A finales de julio la tasa de paro era del 15,8%, más del doble de la tasa media de la Unión Europea y de la Eurozona. En la primera mitad del año, según Eurostat, España destruyó más del 8% del empleo, situándose a la cabeza de Europa y muy lejos de su media (3%) y, de acuerdo con los datos del INE, desaparecieron un millón trescientos cincuenta mil puestos de trabajo. Todo ello sin tener en cuenta el número de trabajadores que aun se encuentran en los ERTE, que si bien puede no ser paro encubierto, sí en buena medida paro potencial. Hay que contar además con la espada de Damocles que mantenernos sobre nuestras cabezas, ya que la crisis sanitaria aún no ha pasado; estamos en una nueva oleada y liderando Europa en el número de contagios. Está por ver la cota máxima de desempleo que alcanzaremos y cuándo va a comenzar el descenso y a qué ritmo. Hablar en estas situaciones de recuperación económica o de brotes verdes tiene que sonar a la mayoría de los españoles a puro sarcasmo.

Este Gobierno lo cifra todo en la propaganda y en la representación y para ello vale cualquier artimaña, prescindir de la exactitud y el rigor, tratar e interpretar los datos torticeramente. Nos van a hablar de incorporación mensual a la Seguridad Social, de tasas sobre el trimestre anterior o de variaciones debidamente escogidas. Que los árboles no nos impidan ver el bosque. Comparemos las cifras con las de diciembre de 2019 y saquemos conclusiones.

El presidente del Ejecutivo ha asegurado, y se ha quedado tan ancho, que tiene un plan para que el PIB crezca a largo plazo un 2%, por supuesto sin dar mayor concreción y sin ofrecer dato alguno que justifique tal afirmación. No hay nada que respalde esa promesa, ni siquiera que la haga mínimamente razonable. Pero en Sánchez todo es igual, solo humo. Pide adhesión incondicional a su palabra, como si se tratase de una secta, sin sentirse obligado a fundamentar o explicar nada. Sus planteamientos políticos desde el principio se han basado siempre en la fe, no en los razonamientos. De ahí la enorme responsabilidad de aquellos que son tenidos por técnicos y que a cambio de un ministerio u otra gabela se prestan a cubrirle engañando al personal, tratando de dar apariencia lógica a lo que no es más que puro voluntarismo e intento de embaucamiento.

republica.com 11- 9-2020



EL GOBIERNO FRANKENSTEIN NO ESTÁ HECHO PARA GOBERNAR

APUNTES POLÍTICOS Posted on Tue, August 11, 2020 22:00:47

Por si cabía alguna duda acerca de la debacle económica que iba a sufrir el sector turístico español, la cuarentena impuesta por el Reino Unido a los viajeros que provengan de España la ha despejado totalmente. Hay quien dice que la postura británica obedece a motivos económicos, su afán por fortalecer el turismo nacional; otros afirman que hay razones políticas, Gibraltar. Es posible, y también lo es que la medida haya sido improvisada y muy desconcertante para todos, incluyendo los propios ingleses. Pero todos esos argumentos palidecen cuando vemos que otros países: Noruega, Bélgica, Francia, Alemania, Holanda, Austria, hasta Túnez, han tomado medidas si no iguales, al menos similares.

Desde luego algo ha fallado en nuestro país en la lucha contra la epidemia, y algo no funciona en la diplomacia española. El Gobierno, aunque lo pretenda, no se puede lavar las manos. Lo más llamativo han sido los bandazos. En marzo, en una semana, se pasó de afirmar que en España no había ningún problema y permitir manifestaciones y actos masivos de todo tipo a encerrar a toda la población en casa durante tres meses.

El Gobierno decidió imponer el mando único, lo que a todo el mundo le pareció lógico, teniendo en cuenta la grave situación que se avecinaba. De hecho, creo recordar que la primera prórroga del estado de alarma se aprobó en el Congreso casi por unanimidad.  En las crisis, los problemas se multiplican cuando el Estado está troceado en diecisiete centros de decisión. Parecía evidente, y ahora se demuestra, que no caben los comportamientos estancos. Las situaciones sanitarias de Cataluña o Aragón están influyendo negativamente en las economías de Baleares, Canarias o Benidorm. No se les puede pedir a los países extranjeros que distingan entre regiones o localidades. Algunos lo hacen, pero es comprensible que otros muchos no entiendan nuestro tinglado autonómico.

El problema, sin embargo, surgió tan pronto como se comprobó que el Estado estaba desnudo, y que no había posibilidad de mando único o este devenía caótico. Un ministerio de Sanidad vaciado de competencias desde hacía no se sabe cuántos años y un Gobierno Frankenstein que no estaba hecho para gestionar, sino para la representación. Y representación fue lo que hizo, montando a diario ruedas de prensa con entorchados y todo, y cuantos más entorchados mejor. Todo a mayor gloria del Gobierno y de su presidente. Homilías continuas de los ministros, de la portavoz, e incluso de Pedro Sánchez, llenas de contradicciones, rectificaciones y justificaciones. Las cifras que se facilitaban periódicamente eran un caos, un conglomerado anárquico lleno de contradicciones y que resultaban increíbles. Y no tuvieron ningún pudor en mentir, desaconsejando la mascarilla, que más tarde impondrían como obligatoria, por el único motivo de carecer de suministro.

A pesar de haberse instalado el estado de alarma y de tener el Gobierno central todas las competencias, cada Comunidad en la mayoría de las ocasiones tuvo que apañarse como pudo y por su cuenta, especialmente en un espacio difícil y poco asequible para ellas, el de los mercados internacionales de artículos sanitarios tensionados en esos momentos por la pandemia. Es más, a la hora de la gestión el Gobierno central se convirtió a menudo en un estorbo porque quería y no podía. Era impotente pero no abandonaba la prepotencia. Buscaba el apoyo -más que el apoyo la sumisión de las demás fuerzas políticas-, pero sin pactar nada, simple adhesión a lo previamente aprobado por el Gobierno.

El Gobierno central, aun cuando el estado de alarma le concedía el mando único y todas las facultades, a la hora de las responsabilidades no dudó en quitarse de en medio y atribuir a las Autonomías los muchos errores, fallos y equivocaciones que se produjeron. Incluso la culpa se le adjudicó al PP desde el instante en el que esta formación política no quiso aprobar la cuarta renovación del estado de alarma y se negó a dar un cheque en blanco al Gobierno, ya que este en ningún momento negociaba, ni tan siquiera adelantaba lo que iba hacer.

Tras una desescalada llena de contradicciones y arbitrariedades, que quisieron hacernos creer que estaba regida por criterios científicos y que ahora nos enteramos, aunque lo sospechábamos desde siempre, que el comité de expertos no existía, es decir, que las decisiones obedecían en el mejor de los casos a motivaciones políticas, cuando no a meras ocurrencias, nos hemos adentrado en lo que llaman “nueva normalidad”, que da la impresión de que se traduce tan solo en anarquía y desconcierto. Continúa sin existir ningún plan B, a pesar de las promesas que el Gobierno hizo a Ciudadanos, a los que una vez más les han tomado el pelo y parece que van a continuar tomándoselo, mientras imperen en ese partido los vientos que provienen del grupo parlamentario europeo.

La nueva normalidad ha venido a significar que cada Autonomía haga lo que pueda y quiera, sometidas tan solo a diferentes jueces, que, en muchas ocasiones, como no puede ser de otra forma, mantienen criterios legales dispares. El Gobierno central ha desaparecido. Se ha pasado del todo a la nada. De encontrar policías en cada esquina, dispuestos a multar por si con el perro se andaba más de la cuenta, o si se salía a comprar exclusivamente una barra de pan o si la mujer y el marido viajaban en el mismo automóvil, a la pasividad más absoluta ante botellones, fiestas nocturnas o aglomeraciones en las playas, focos indudables de rebrotes y que pretenden que los solucionen los ayuntamientos con la mermada policía municipal, si es que existe.

La inmigración continúa siendo una competencia del Ejecutivo central y, sin embargo, las delegaciones del gobierno quieren inhibirse en el caso de los inmigrantes ilegales contagiados. Se niegan a adoptar controles efectivos en aeropuertos, puertos y estaciones ferroviarias, y el servicio diplomático, por su parte, ha mostrado estos días su total inoperancia.

El problema del Gobierno Frankenstein es que no sabe o no puede gobernar. Como la cucaracha de la canción, no puede caminar. Está hecho para la representación, pero no para la gestión. Y así resulta que se encuentra presto a montar con los agentes sociales todo un espectáculo tendente a anunciar a bombo y platillo determinadas ventajas económicas y laborales, pero posteriormente le resulta imposible implementarlas y gestionarlas.

Son muchos los trabajadores sujetos a ERTE que tras varios meses aún no han cobrado y los que lo han hecho ha sido con mucho retraso. El Servicio Público de Empleo Estatal se ha visto colapsado, los funcionarios amenazados y en las oficinas públicas se han producido frecuentes alborotos, ocasionados por una multitud de trabajadores, que se encontraban de la noche a la mañana sin ningún recurso económico, y arrojados a la cola de los comedores benéficos a lo que no estaban acostumbrados. Los teléfonos no contestaban y los que al final tenían suerte y obtenían cita era para dentro de varios meses. Todavía son muchos los que esperan al mes de septiembre para cobrar. Más grave es, si cabe, el hecho de que los que en este momento tienen la desgracia de perder el empleo estén recibiendo cita para apuntarse al paro en octubre, con lo que no comenzarán a recibir la prestación por desempleo hasta por lo menos noviembre.

Eso sí, el Gobierno tenía mucha prisa en anunciar con clarines y trompetas la aprobación del ingreso mínimo vital que ha logrado colapsar también la Seguridad Social. Hoy no es posible realizar ninguna gestión sobre pensiones. Con un diseño excesivamente alambicado y engorroso, que va a ser difícil de gestionar, el ingreso mínimo vital presenta aspectos sumamente discutibles, que merecerían un artículo completo. Por la manía de este Gobierno de vender la mercancía cuanto antes, su elaboración ha sido sumamente apresurada, y la palabra que más se repite en el texto es “reglamentariamente”. De manera que muchos aspectos quedan pendientes de un desarrollo posterior que vaya usted a saber cuándo se va a realizar, con lo que en la actualidad estas partes estos aspectos serán inaplicables o de dudosa interpretación.

Dado su diseño, existe la impresión de que apenas va a surtir efecto precisamente sobre los que más van a necesitarlo, aquellos que quedarán en paro como resultado de la crisis económica que acompaña a la pandemia. Es posible que se hubiesen logrado mejores resultados centrando los recursos en gestionar adecuadamente el seguro de desempleo y en ampliar su cobertura incluyendo a todos aquellos colectivos a los que ahora no llega. Bien es verdad que este camino no hubiera resultado tan atractivo y efectista como ha sido el de poder exhibir con toda la parafernalia la creación de una prestación universal para los ciudadanos en situación de vulnerabilidad.

Curiosamente, quizás a los que más vaya afectar -por lo menos a corto plazo- va a ser a aquellos que ya estaban recibiendo una prestación similar o parecida de las Comunidades Autónomas, pero ello ni siquiera servirá para homogeneizar el caos que hay actualmente en estas ayudas de muy diferente cuantía, ya que la estatal se añadirá a estas como un mínimo a completar y la cuantía final quedará en manos de cada una de las Autonomías.

No, el Gobierno Frankenstein no está hecho para gobernar. Cuando Pedro Sánchez en mayo de 2018 presentó la moción de censura y estuvo dispuesto a ganarla con ochenta y cinco diputados debería haber sido consciente de ello. En nuestra legislación las mociones de censura son constructivas (Vox tendría que tenerlo ahora en cuenta).  Lo que quiere decir que su finalidad no puede ser exclusivamente repudiar al anterior gobierno, ni siquiera elegir sin más uno nuevo, sino uno que sea capaz de gobernar, y era evidente, como muy pronto se demostró, que las fuerzas concitadas en aquella moción de censura solo coincidían en el deseo de desalojar a Rajoy del Ejecutivo. Bien es verdad que todo esto no creo que le importase mucho a Pedro Sánchez. Lo único que entonces le interesaba era alcanzar como fuese el colchón de la Moncloa. No obstante, por más esfuerzos que hizo; por más cesiones que realizó, y por más mercedes que otorgó, no tuvo más remedio que convocar unas nuevas elecciones después de poco más de año y medio de desatinos.

Sánchez debería haber aprendido la lección y no haber pretendido construir por segunda vez un gobierno Frankenstein. No obstante, su ansia de poder ha sido siempre más fuerte que cualquier planteamiento racional. Así, a finales de 2019 conseguía recabar las complicidades necesarias (incluyendo a regionalistas, nacionalistas, independentistas, golpistas y hasta a pro etarras) para ser nombrado presidente de gobierno. Pero ese mismo batiburrillo (gobierno más Frankenstein que nunca) no le garantizaba que pudiera gobernar, al menos adecuada y democráticamente, y sobre todo sin hacer cesiones continuas a nacionalistas y regionalistas.

Poco después de su investidura se vio sorprendido por la pandemia y la subsiguiente crisis económica de las que sin duda él y su Gobierno no son culpables, pero difícilmente pueden eludir toda responsabilidad en el hecho de que nuestro país esté a la cabeza en el número de muertos por cien mil habitantes; de que nuestra economía se haya desmoronado en mucha mayor medida que la del resto de los países europeos o de que tengamos la mayor tasa de desempleo de toda la Unión Europea. Pedro Sánchez huye de toda esta realidad, a la que llama el pasado, para fijarse exclusivamente en ese espejismo que él mismo se ha construido, el maná que viene de Europa. Por eso el otro día, con todo lo que está cayendo, pretendió que la reunión con los presidentes de las Comunidades, convertida una vez más en espectáculo con monarca incluido, se centrase fundamentalmente sobre los recursos europeos y su reparto, utilizándolos como reclamo para la Unión.

El Gobierno Frankenstein no puede gobernar. De ahí que Pedro Sánchez, el hombre del “no es no”, exija ahora la ayuda de la oposición, pero esa incapacidad que era cosa conocida, debería haberla tenido en cuenta cuando presentó la moción de censura y más tarde a los dos años, al pretender la investidura. En el fondo, no quiere la ayuda para gobernar. Solo para aprobar los presupuestos. La aprobación de los presupuestos es otro acto de representación, que, a pesar de lo que muchos creen, ya que le otorgan un carácter taumatúrgico, tiene poco que ver con la gobernanza. Lo que en realidad desea Pedro Sánchez es que todo el mundo esté pillado en la trampa y que nadie pueda criticarle, censurarle o cuestionar lo que hace.

El otro día en el debate del Congreso afirmó tajantemente que la legislatura sería larga y fructífera. Larga, no hay duda. He dicho desde el primer día que con presupuestos o sin presupuestos durará cuatro años. No hay nadie que pueda obligarle a abandonar la Moncloa. ¿Fructífera? Lo que pretende decir es que quiere que todo el mundo esté obligado a afirmar que lo es (esa es la ayuda que exige) aunque España se esté derrumbando. Una vez más, el “parecer” por encima del “ser”.

republica.com 7-8-2020



LA DICTADURA DE LO POLÍTICAMENTE CORRECTO

APUNTES POLÍTICOS Posted on Mon, July 06, 2020 19:15:03

La noticia ha saltado a la prensa. La cadena HBO Max ha retirado de su streaming la película “Lo que el viento se llevó”, tachándola de racista. No es un film que precisamente me apasione, pero acusarle de racista me parece desproporcionado y excesivo. Sobre todo, me repele lo que la acción tiene de censura.

Hace año y medio en España, en Operación Triunfo, la concursante María Villar se negó a cantar un párrafo de la canción de Mecano “Quédate en Madrid” porque empleaba el término “mariconez”. “Siempre los cariñitos me han parecido una mariconez y ahora hablo contigo en diminutivo con nombres de pastel”. Los responsables televisivos habían accedido a cambiar el vocablo por el de estupidez, pero el autor, José María Cano, se negó en redondo. Mantuvo que la canción era suya, que nadie tenía derecho, salvo él, a modificar la letra, y que no estaba dispuesto a hacerlo por ese motivo que, precisamente, sí le parecía una estupidez.

La semana pasada la estatua del misionero español Junípero Serra, que se encuentra en el centro de Mallorca, sufrió una agresión, apareciendo por la mañana manchada con tinta roja, con la inscripción “racista”. El ataque obedecía, al parecer, a la consigna dada por la concejala de Justicia social, Feminismo y LGTBI, Sonia Vivas, para que la derribasen. Los seguidores de la orden no debían de disponer de suficientes medios y se contentaron con pintarrajearla. En realidad, la orden no era nada novedosa, se trataba de imitar lo acaecido días atrás en San Francisco, hecho inscrito en esa furia iconoclasta que se ha desatado en Estados Unidos y que ha tenido como víctimas también a las estatuas de Colón y Cervantes.

Tres hechos, y se podrían citar muchos más, en apariencia sin conexión, pero que obedecen a un mismo fenómeno, el de la tiranía de lo políticamente correcto, un nuevo fundamentalismo referente a determinadas materias, que pretende reescribir la historia y la cultura. Ante el piquete de esta nueva Inquisición no hay obra de arte que esté a salvo del furor revisionista. Si le hiciésemos caso, no se librarían de su anatema ni las tragedias griegas, ni las más sublimes óperas, ni las más excelsas pinturas, ni esos monumentos extraordinarios y sorprendentes (casi todos se hicieron con un tipo u otro de esclavismo) ni los personajes históricos más relevantes. La acusación de racistas, antifeministas,  homófobos,  etc., revolotearían sobre todos ellos. Su pasión iconoclasta parece no tener límites y estarían dispuestos a emular la destrucción de los budas de Bamiyán por los talibanes.

La entidad del fenómeno se agrava porque surge en los propios países occidentales, en aquellas sociedades que se consideran herederas de la Ilustración, en las culturas que alardean de abrazar el laicismo frente al integrismo religioso, que proclaman el libre pensamiento como motor del desarrollo y del progreso. Es un discurso sin duda reaccionario, pero paradójicamente no proviene de las esferas más conservadoras de la sociedad que pretendiesen retornar al antiguo régimen, no nace de los nostálgicos del absolutismo y del dogma, sino de un pseudoprogresismo que, habiendo renunciado a su propio discurso en materia social y económica, lo sustituye por una especie de mistura de feminismo, ecologismo, defensa de minorías raciales o de grupos como el de LGTBI, etc. Todas ellas batallas muy respetables, pero que se convierten en nocivas al transformarse en un cuerpo doctrinal, en un nuevo catecismo de fe, en el que no cabe el desacuerdo o la objeción, en el que no es posible ni siquiera la duda.

Si no fuese por su fundamentalismo, gran parte de este discurso provocaría simplemente hilaridad. Muchos de sus juicios y aseveraciones se precipitan en lo ridículo, causan risa. ¿Cómo no encontrar chuscos los destrozos que pretenden hacer a menudo en el idioma con eso que llaman lenguaje inclusivo? ¿Y acaso no hay cierta comicidad en los garrafales errores que cometen a menudo en sus análisis históricos y culturales, llenos de anacronismos y de prejuicios ideológicos? Todo su discurso no pasaría de anecdótico a no ser por su pretensión de transformar todas esas afirmaciones en pensamiento único, prohibiendo y anatematizando todo otro discurso alternativo.

Ante ese nuevo dogma eclesial, ante esa nueva ortodoxia, hay que reivindicar por fuerza la libertad de pensamiento, la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos a mantener las tesis contrarias. Derecho a calificar de ridículos muchos de los planteamientos de ese lenguaje inclusivo y considerar que la mayoría de las veces se convierten en toscas patadas al diccionario. Derecho a utilizar nuestro idioma en toda su amplitud, en toda su riqueza modal, e incluso en los términos malsonantes, sin por eso suponer que se odia o ataca a algún colectivo.

Derecho a que se respete la historia y a que sean los historiadores con el máximo grado de libertad investigadora, y sin anacronismos y prejuicios ideológicos, los que establezcan los hechos y dictaminen sobre ella manteniendo un estricto pluralismo. Hay que reivindicar la espontaneidad de los artistas en su actividad creadora, sin que se vean obligados a hacer de sus producciones obras apologéticas.

Hay que reclamar el derecho que tienen muchos españoles de creer que el mayor error de la Transición fue el establecimiento del Estado de las Autonomías, o que al menos se ha ido demasiado lejos en esa materia, y el derecho a defender, por tanto, la reforma de la Constitución para corregir los excesos. El mismo derecho del que se apropian otros para querer reformarla en sentido contrario.

Hay que demandar respeto para todos aquellos, hombres o mujeres, que se manifiestan en contra de forzar, tanto en las listas electorales como en la constitución de los gobiernos, la paridad de géneros. Tal vez piensan, primero, que de esta forma las mujeres que ostentan cargos públicos nunca sabrán si los ocupan gracias a sus méritos y capacidades o al hecho de ser mujeres. Segundo, que con este procedimiento se comienza la casa por el tejado porque, si de verdad se quiere la paridad en los puestos políticos hay que empezar por cambiar los hábitos sociales y la mentalidad de hombres y mujeres de manera que estas accedan a la actividad política en el mismo número y con la misma intensidad que lo hace el género masculino.

Hay quienes cuestionan -y tienen derecho a ello sin que se les califique de homófobos- que, en los países occidentales, el colectivo LGTBI sea una minoría perseguida, maltratada o discriminada, cuando sus manifestaciones paralizan varios días muchas ciudades y su bandera durante sus fiestas hondea en múltiples organismos oficiales e incluso ocupa el perfil en Twitter de la Guardia Civil. La misma palabra de “orgullo” se orienta más que a la postergación a la preeminencia. 

Hay quienes defienden, y tienen derecho a ello, sin que se les acuse de cómplices de la violencia machista, que todas las víctimas, sean hombres o mujeres, son iguales, y que no parece coherente que la ley penal castigue en distinta medida según que la agresión se produzca en un sentido o en el contrario. Tienen perfecto derecho a reclamar que en esta materia también se proteja la presunción de inocencia, y a suponer que, en ocasiones, solo en ocasiones, la mujer en un proceso de separación esté tentada a utilizar acusaciones falsas para obtener beneficios adicionales, especialmente en la custodia de los hijos.

Hay quienes piensan, y tienen derecho a defender sus planteamientos, que la mayor frecuencia colectiva en la comisión de una clase de delitos constituye un problema social y de orden público, y como tal tiene que ser abordado, pero en ningún caso debe incrementar por ello la gravedad desde el punto de vista penal de cada uno de los delitos, ni alterar sus garantías procesales.

En esta línea hay quienes señalan, y al menos deberían ser oídos en lugar de ser anatematizados, que el aumento de la dureza en las medidas penales no ha servido, por lo menos hasta ahora, para reducir los casos de violencia doméstica. Se preguntan, y tienen derecho a ello, si no se debería analizar más profundamente el fenómeno, escrutando la totalidad de las causas, de manera que no todo quedase reducido a una cuestión penal.

Hay incluso quienes cuestionan la existencia de una violencia de género, en cuanto tal, y tienen derecho a ello, sin que les acusen de ser cómplices de esos asesinatos. Creen que actualmente en los países occidentales no existe una violencia estructural frente a la mujer, ni todos los hombres son asesinos, ni todas las mujeres son víctimas. Es más, a pesar de todo el dramatismo del fenómeno, constituyen un porcentaje reducido. En España el 68% de los homicidios son de hombre a hombre, el 27% de hombre a mujer, el 7% de mujer a hombre y el 3% de mujer a mujer. Piensan, y tienen derecho a ello, que estos porcentajes no parecen confirmar el hecho de que se mate a las mujeres por el hecho de ser mujeres.

Se podrá afirmar que todas estas opiniones están equivocadas, que son erróneas, pero para demostrarlo deben emplearse argumentos. No valen las descalificaciones, y mucho menos las prohibiciones ni las condenas a priori. Equivocadas o no, todas ellas son merecedoras de ser escuchadas, de analizarse y, si se piensa lo contrario, de combatirlas dialécticamente, pero nunca de ser censuradas. Bajo ningún concepto se puede retornar a macarthismos ni a establecer sistemas represores de todo lo que se considera que se sale del discurso oficial.

Mal síntoma, en este sentido, que dentro del bloque que apoya al Gobierno, el fundamentalismo haya llegado tan lejos que un grupo feminista haya llamado homófobo a otro por el simple hecho de no defender la doctrina queer, es decir, por no admitir que la identidad sexual, lejos de estar inscrita en la naturaleza biológica humana, es una construcción social que varía en cada sociedad.

Mal síntoma también lo que ocurrió el otro día en el Congreso cuando el grupo parlamentario socialista, mediante una proposición no de ley instó al Gobierno (a su propio Gobierno) a tomar medidas contra el negacionismo de la violencia de género. Medidas ¿de qué tipo?, ¿represivas?, ¿penales? ¿Dónde queda la libertad de expresión? Lo malo es que fue votada por todos los partidos excepto por Vox.

Al dejar a Vox la exclusiva en el cuestionamiento de lo políticamente correcto, el resto de los partidos, también los de izquierdas, corren el peligro de que muchos de sus votantes, que pueden disentir de ese nuevo credo que se pretende imponer, se trasladen a lo que llaman extrema derecha, tanto más cuanto en materia social y económica no logran ver demasiada diferencia entre las formaciones políticas. En países como Francia o Italia esa extrema derecha también se nutre de los ex votantes de la izquierda.

La globalización, el proyecto de Unión Europa y más concretamente el del Unión Monetaria, tal como se han construido, amenazan el Estado social. La dictadura de lo políticamente correcto puede terminar poniendo en cuestión el Estado democrático y de derecho.

republica.com 3-7-2020



CORONAVIRUS: CAÑONES O MANTEQUILLA

APUNTES POLÍTICOS Posted on Mon, May 18, 2020 10:32:04

Al tiempo que Pedro Sánchez veía la orejas al lobo en el Congreso y prometía ser chico bueno, dialogar y pactar, su pinche, el de la curva y el pico, se negaba a proporcionar a los periodistas el nombre de los expertos que componían, con él a la cabeza, el grupo que tenía como misión establecer las provincias aptas para pasar de fase de desescalada. La razón esgrimida, que se quería evitar que sufriesen presiones. El doctor Simón parece ignorar que la democracia es un sistema basado en las presiones, presiones del pueblo sobre sus gobernantes.

Se dirá que los expertos no son políticos, solo técnicos; pero dejan de serlo y se convierten en políticos, cuando aceptan ocupar su puesto. A los políticos les encanta esconderse detrás de los técnicos, y transformar las decisiones políticas, sometidas a opciones y alternativas, a la conclusión necesaria de una argumentación científica. El gobierno de los sabios o el positivismo de Augusto Comte. El neoliberalismo económico ha ambicionado siempre desvincular las decisiones económicas de la política y hacer pasar todas ellas por resoluciones técnicas. De esta manera se elude la presión de la masa, del pueblo. Su diana preferida ha sido la política monetaria que, a pesar de su nombre, pretendían limpiar de cualquier resabio político, abogando por que los bancos centrales fuesen independientes de los gobiernos.

La verdad es que desde la famosa disyuntiva acerca de si producir cañones o mantequilla, toda la política económica, incluyendo la monetaria, no puede quedar reducida a ser la conclusión de un silogismo técnico, sino que tiene que configurarse más bien como una cadena de decisiones y opciones unidas a fines y medios que hay que compaginar. Siempre me ha parecido radicalmente errónea esa concepción, por ejemplo la que aparece en los estatutos del BCE, de que la única finalidad de la política monetaria es controlar la inflación. Todo banco central, quiera o no, al poseer el privilegio de emisión de su respectiva moneda y manejar por tanto la masa monetaria, se ve en la obligación de atender a dos objetivos, el crecimiento económico y la inflación, que a veces aparecen como enfrentados y habrá que elegir cuánto se sacrifica de una en aras del otro, y viceversa.

Esta es una lección que los bancos centrales han debido aprender, y aceptar que no son tan independientes como se creen o como aparece en sus estatutos. Ni la Reserva Federal ni el Banco de Inglaterra, ni siquiera el BCE. Alemania, máxima defensora de la independencia de esta última institución, no ha dejado de intentar condicionar sus actuaciones cuando no se han adaptado a sus intereses. La sentencia del Tribunal Constitucional alemán emitida hace unos días es el prototipo más claro de intromisión por parte de un Estado en la tan cacareada independencia del BCE y, lo que es peor, la pretensión de que el Tribunal Constitucional alemán esté por encima del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que había mantenido la tesis contraria. Lo que subyace, como siempre, es la duda de si la Unión Europea es algo más que el cortijo de Alemania.

Con la pandemia ocurre algo similar. El Gobierno sanchista lleva desde el principio escondiéndose detrás de las decisiones técnicas. Todo se les va en afirmar que ellos lo único que hacen es seguir los criterios de la comunidad científica, la opinión de los expertos. Pero en esta crisis, como en casi todos los aspectos de la vida, las opciones son diversas y al igual que en el resto de las situaciones sociales las alternativas son múltiples y las decisiones, políticas. Tampoco es cierto que el único objetivo sea evitar el contagio. Si eso fuera así la determinación a tomar hubiera sido un confinamiento indefinido y total, hasta que se encontrase una vacuna. Todos sabemos que esta opción es absurda e imposible de implementar. Pero nos sirve para poner de manifiesto que todos nosotros también, aunque proclamemos otra cosa, estamos convencidos en nuestro interior y en la forma de razonar que en este tema hay otras muchas variables y finalidades a tener en cuenta, aparte de la sanitaria.

En tiempos como estos se nos llena la boca al afirmar que la salud y la vida son los valores supremos. Pero ello no es cierto. Ninguna sociedad lo admite ni lo ha admitido nunca. La prueba es la existencia permanente de guerras que, aun cuando despierten la indignación de unos pocos, son generalmente aceptadas por los Estados y las sociedades; incluso calificamos de justas algunas de ellas. La mayoría de los países mantienen ejércitos, aunque muchos como el nuestro sean mercenarios (ahora los llamamos profesionales), para que la mayoría de la sociedad se haga la ilusión de que no se mancha las manos y se libre de ese engorroso asunto a los niños de papá. Hasta la iglesia católica ha mantenido permanentemente que hay valores superiores a la vida y ha canonizado el martirio.

Nuestra sociedad secularizada y acomodaticia, enferma de anhelo de seguridad y que aborrece cualquier forma de peligro, acepta, no obstante, que el riesgo cero no existe, y que vivir, se quiera o no, es exponerse. Asume, por ejemplo, que tiene que pagar el tributo de un número considerable de muertes en accidente de tráfico los fines de semana, en aras del confort que proporcionan la movilidad y el descanso. No tienen más remedio que admitir las profesiones de riesgo y consienten determinados deportes en los que el peligro resulta extremo o tolera las propias corridas de toros, que si bien algunos grupos denostan, parecen hacerlo más por el dolor que se inflige al toro que por el riesgo que asume el torero. La prueba más contundente de que no nos hemos creído por completo eso de que la salud es lo primero es que hemos escatimado y racaneado con los gastos sanitarios en los presupuestos.

A los pocos días de decretarse el estado de alarma (19 de marzo) escribía yo en este diario: “Se atribuye al torero Manuel García Escudero, apodado “el espartero”, la célebre frase de Más cornadas da el hambre. Cuando la emergencia sanitaria termine diluyéndose, comprobaremos si las consecuencias económicas van a ser más letales que la propia epidemia. Y es que, con la globalización, cualquier acontecimiento negativo, sea cisne negro o no, puede desencadenar una crisis de enormes dimensiones”.

Esta crisis tiene dos variables, la sanitaria y la económica (incluso tendríamos que considerar otras más), por lo que las decisiones que se adopten no pueden ser exclusivamente técnicas o científicas, y mucho menos cuando no se conoce ni siquiera el nombre de los expertos, y los criterios seguidos son tan volubles, discutibles, arbitrarios y hasta a veces contradictorios. Las decisiones deben ser políticas y equilibradas entre esas dos opciones. ¿Cuánto de riesgo asumimos para salvar la economía y cuánto de economía estamos dispuestos a sacrificar en aras de minimizar el riesgo? Es más, a la hora de escoger medidas para reducir el peligro de contagio tendríamos que elegir aquellas que fuesen menos cruentas para la actividad económica y, a la inversa, a la hora de la desescalada, a igualdad de riesgo, habrán de consentirse antes las actividades que más favorezcan la recuperación económica. La consecuencia, por otra parte, es inmediata: esas elecciones favorecerán a unos grupos y perjudicarán a otros.

Resulta innegable, por tanto, que las decisiones no pueden ser meramente técnicas y mucho menos basarse exclusivamente en criterios sanitarios. Los políticos, una vez más, no pueden esconderse en los expertos, y tanto más si estos pertenecen solo al campo de la medicina. El Gobierno, con la excusa de que sigue a pies juntillas los consejos de la comunidad científica, no tiene derecho a adoptar una postura pasiva y a permitir que se destruya toda la estructura económica, en la creencia ingenua de que todos juntos ya la reconstruiremos más tarde (Pactos de la Moncloa). Ni es aceptable que como única receta caiga en la suposición más ingenua aún de que Europa va a venir a salvarnos (Plan Marshall).

Habrá a quien le escandalice la idea de que se pueda comparar la salud y la vida con algo tan soez y material como la economía, pero es que, nos guste o no, la economía es el soporte de la salud y la vida. Sin Estado no hay Estado social, y sin economía no hay economía del bienestar. La política social no se mantiene a base de voluntarismo ni de soflamas y manifestaciones. No es suficiente proclamar la decisión de mantener el escudo o la coraza social. Cuando no disponemos de nuestra propia moneda, cuando el capital puede moverse libremente y estamos a expensas de un tercero, el talonario se termina y los recursos de la caja también. Entonces la economía impone sus exigencias, que pueden ser dramáticas para todos, pero muy posiblemente más para los que tienen menos medios de defensa.

Es posible que hoy desde Europa (también desde el FMI) estén exhortando a los gobiernos a gastar. Algo parecido, aunque quizás nos hemos olvidado de ello, ocurrió en 2008. Yo sí recuerdo que en algunos artículos saludé con euforia el hecho de que los mandatarios internacionales (comenzando por el FMI) se hubieran vuelto todos keynesianos. La transformación duró poco tiempo, hasta que los mercados financieros comenzaron a bramar y nos hicieron tomar conciencia a todos de que nos encontrábamos en un sistema que denominábamos globalización en el que se daba la libre circulación de capitales. Entonces aparecieron la prima de riesgo, la troika, los hombres de negro y la política de austeridad que tuvo efectos tan desastrosos -en unos más y en otros menos- en todos los países del Sur.

Sin duda, fue Grecia el país más perjudicado por esta crisis y el que conoció más de cerca la escasa distancia que hay entre la economía, la salud y la vida. En aquellos años el número de suicidios se incrementó sustancialmente en el país heleno. Cómo no recordar de forma especial al farmacéutico Dimitris Christoulas, de 77 años de edad, que se suicidó públicamente en la plaza Sintagma de Atenas. Dejaba escrito a modo de contestación y protesta: “Dado que no tengo edad que me permita responder activamente (aunque sería el primero en seguir a alguien que tomase un kaláshnikov, no encuentro otro modo de reaccionar con dignidad que poner un fin decente a mi vida antes de comenzar a rebuscar en la basura para encontrar la comida”. Es claro que Dimitris discrepaba de que la vida fuese el supremo valor. Las promesas y el voluntarismo de Syriza no sirvieron tampoco para corregir tal situación.

Ya era difícil que un gobierno como el Frankenstein pudiese gobernar con una mínima eficacia, pero he aquí que los dioses, el destino o quien sea, le ha colocado ante una encrucijada ciertamente difícil y complicada. ¿Cómo compaginar la epidemia con la marcha de la economía, cañones o mantequilla, riesgo o destrucción económica? No vale escudarse en la opinión de los expertos o de una teórica comunidad científica, ni excusarse por la teórica falta de colaboración de la oposición a la que se ha despreciado e insultado con anterioridad (Pactos de la Moncloa), ni esperar pacientemente el maná de Europa (Plan Marshall). No tienen más remedio que gobernar y, si no saben hacerlo, deberían tener la dignidad de marcharse. Pero eso, bien es verdad, no entra en la naturaleza de Sánchez.

republica.com 15-5-2020