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COVID-19, DESEMPLEO Y DESIGUALDAD SOCIAL

ECONOMÍA DEL BIENESTAR, POBREZA Posted on Tue, May 26, 2020 12:47:26

El Gobierno sanchista haría bien en abandonar el triunfalismo. Particularmente la ministra de Trabajo quien, de forma un tanto infantil, con tono satisfecho y como si se tratase de un mérito del Ejecutivo, repite que tal o cual cifra es única en la historia. Ha llamado la atención de forma especial el tuit lanzado hace varios días por la ministra con ocasión de la publicación del número de prestaciones por seguro de desempleo pagadas en abril, en el que presume y dice sentirse orgullosa de que haya alcanzado la cifra histórica de 5.197.451, todo un logro de la protección social de este Gobierno. Ni que decir tiene que el susodicho tuit ha suscitado los comentarios más irónicos y también más ácidos.

No seré yo el que abunde en ellos, ni adjudicaré en principio al Gobierno la responsabilidad directa en el ingente incremento del número de parados, que es lo que en principio indica sin más ese dato. Pero sí quisiera que quedase claro que donde hay que situar principalmente los logros de los gobiernos es en minimizar el nivel de desempleo, bien sea del temporal (ERTE) bien del definitivo (ERE). Y no estoy muy seguro de que el Gobierno Frankenstein esté aplicando el máximo de interés en garantizar que tanto los ERTE como los ERE que se aprueban sean los necesarios, todos lo necesarios, pero solo los necesarios.

Todo el mundo está de acuerdo en que antes de que una empresa quiebre y todos los trabajadores vayan al paro, es preferible que despida el número que sea preciso de asalariados para que continúe siendo viable y, a su vez, que antes de que el despido sea definitivo es mejor que los empresarios puedan suspender temporalmente el contrato de trabajo. Pero no todo son, tal como se pone siempre como ejemplo, empresas pequeñas. Existe también la posibilidad de que ciertas sociedades aprovechen la ocasión y lo que pretendan sea simplemente maximizar el beneficio sin que su viabilidad se encuentre en ningún momento en peligro.

Las prestaciones sociales son una consecuencia. Vienen después, como último recurso, una vez que se ha hecho todo lo posible por mantener los puestos de trabajo. De lo contrario,se podría predicar del Gobierno ese epigrama de Juan de Iriarte:

El señor don Juan de Robres,
con caridad sin igual,
hizo este santo hospital…
pero antes hizo los pobres.

A su vez, para enjuiciar la política social no se puede considerar únicamente el número de personas que cobran las prestaciones, sino la relación entre beneficiarios y parados, es decir, la cobertura del seguro de desempleo, y es muy pronto para saber cómo va quedar esta al final de la crisis. Conviene no dejarse engañar por la idea de que en parte lo va a pagar Europa a través del SURE. La Unión Europea solo nos va a prestar fondos para que lo paguemos nosotros. El SURE actúa únicamente como prestamista. Antes de que la pandemia hiciese su aparición, la cobertura del seguro se encontraba aproximadamente en el 65%, en otras palabras, más de un tercio de parados no estaban cubiertos. El Gobierno de Pedro Sánchez no había mostrado por ello, ni siquiera en la campaña electoral, la menor preocupación; ninguna iniciativa, ni siquiera la promesa de cambiar la legislación con el objetivo de elevar la tasa. No obstante, sí mostró y continúa mostrando una gran inquietud por lo que llama el ingreso mínimo vital.

En ese intento por justificar la creación de esta última prestación social, el ministro independiente (dependiente, como todos los demás ministros, de los golpistas) indica cómo los organismos internacionales colocan a España en un puesto preeminente respecto del índice de pobreza.  El señor Escrivá, como buen economista que es, sabe que lo que se conoce por índice de pobreza (bien relativa, bien absoluta) es en realidad un índice de desigualdad social (aunque parezca mentira, existe otro tipo de desigualdad que la de género), pues mide, en un país, el número de ciudadanos cuya renta está por debajo de un determinado porcentaje de la renta media.

Como la renta media o renta per cápita es distinta en cada nación, también tiene que serlo la línea divisoria hacia la pobreza. O, dicho de otra manera, lo que se tiene por pobre en Suecia o Dinamarca tiene poco que ver con la renta a partir de la cual se considera pobre en Bulgaria. Y el pobre de España no es el pobre de Marruecos, o de Guatemala. De ahí que haya tantos marroquíes o latinoamericanos que estén dispuestos a venir a ser pobres a España. Convengamos por tanto que lo que mide el índice de pobreza es la desigualdad social, y ahí, sí, todos los índices confeccionados para medir esta realidad indican que España se encuentra en el pelotón de cabeza de los países de la Unión Europea.

Ahora bien, de cara a remediarlo, deberíamos preguntarnos dónde se encuentran las causas de este triste privilegio y si la solución radica en crear un subsidio más, llamado ingreso mínimo vital, o el tema es de una mayor complejidad. Sin duda, el primer factor a tener en cuenta es que nuestra tasa de paro es la segunda, si no la primera más alta de la Unión Europea. Pocas cosas contribuyen más a la desigualdad social que el número de parados; sobre todo si la cobertura del seguro de desempleo, y este puede ser el segundo factor, no es la adecuada. Ya hemos dicho que antes de que comenzase la crisis dos terceras parte de los parados no tenían cobertura alguna.

El tercer factor a considerar es la estructura de nuestro sistema económico, con sectores de productividad aparente baja. Insisto en lo de productividad aparente y su divorcio de la productividad real. Citemos por ejemplo el sector público (sanitarios, profesores y educadores, policías, ejército, bomberos, personal de la administración judicial, etc.), en el que la productividad real puede ser muy alta, tal como se está demostrando en la epidemia, pero por decisión política sus salarios (y por lo tanto la productividad aparente) son relativamente bajos. Es la diferencia entre valor y precio.

Consideremos otras áreas fundamentales de la economía española, pero que mantienen condiciones laborales precarias y salarios bajos: la agricultura, la hostelería y el turismo. A la agricultura se refería la ministra de Trabajo cuando mandaba a la inspección que investigase las condiciones laborales e incluso si existían posibles casos de malos tratos y esclavitud en el campo; y a la hostelería y al turismo aludía el ministro de Consumo cuando hablaba de sectores de bajo valor añadido, precarios y estacionales.

Estas manifestaciones han incendiado los citados sectores, y han levantado todo tipo de críticas. Hay que reconocer que tales comentarios no se han caracterizado precisamente por el tacto y quizás han sido exagerados, pero tienen su fondo de verdad. El problema no está en las afirmaciones en sí mismas, sino en que parece que estigmatizan y responsabilizan a priori a los empresarios y no se preguntan si en una economía globalizada, dentro de la Unión Europea y sin moneda propia, las condiciones laborales en estos sectores pueden ser, en líneas generales, distintas.

No dudo que puedan darse casos de comportamientos abusivos y arbitrarios entre los propietarios de las explotaciones agrícolas o entre los empresarios de la hostelería, pero creo que el problema es mucho más profundo. Se trata de sectores que se mueven en una economía totalmente abierta, al albur de la competencia exterior, en concurrencia con países con niveles salariales mucho más bajos que el nuestro, sean cuales sean los índices de pobreza. Además, carecemos de moneda propia con la que poder construir una barricada de defensa entre precios exteriores e interiores. Si mantuviésemos aún la peseta, se podría fijar un tipo de cambio que hiciese compatible un precio exterior, por ejemplo, en dólares, competitivo en los mercados exteriores, con un contravalor en pesetas capaz de soportar salarios dignos, en consonancia con los precios relativos interiores. Ciertamente, vía importaciones se perjudicaría la capacidad adquisitiva de los trabajadores de otros sectores con retribuciones más elevadas, o de los perceptores de rentas de capital, pero de eso se trata precisamente, de disminuir las desigualdades.

Mientras tengamos que mantener el mismo tipo de cambio que Alemania u Holanda, por ejemplo, me temo que la competitividad exterior en algunos sectores solo se puede salvaguardar a base de deprimir los costes, entre otros los laborales. Esto es algo que quizás tengan que comenzar a comprender los ministros podemitas. Van a tener que enterarse, quieran o no, de las limitaciones que crea la Unión Monetaria. Tal vez el señor Garzón no vuelva a repetir más en televisión eso de que el euro no representa ningún inconveniente.

El último factor, pero no el menos importante, que genera el hecho de que España se encuentre a la cabeza de la desigualdad social en Europa radica en las ofensivas que ha sufrido durante más de treinta años su sistema fiscal. No ha habido gobierno del PSOE o del PP que se preciara que no estuviese dispuesto a dar uno o varios tajos a la suficiencia y a la progresividad de nuestro sistema tributario. El problema se agravará y mucho de ahora en adelante, puesto que la recesión económica va a hundir la recaudación.

Retornando al seguro de desempleo y al ingreso mínimo vital, bien haría el Gobierno en dedicar más atención al primero y quizás un poco menos al segundo. La reforma en profundidad del seguro de desempleo logrando que la cobertura se acercase al 100% dejaría casi vacío de contenido el ingreso mínimo vital, restringido a algo secundario y para colectivos residuales, instalados la mayoría de ellos en la marginalidad. Quedaría reducido a lo que en realidad es, un subsidio graciable de último recurso. El seguro de paro tiene un origen, una causa: la falta de empleo adecuado. Se asocia a la dignidad de ser trabajador, que no se pierde por la incapacidad temporal de la sociedad de dotarle de un puesto de trabajo.

El salario mínimo vital se va a superponer a las ayudas con nombres diversos que conceden las Comunidades Autónomas, con el consiguiente peligro de duplicidad. Y además se prevé que sea compatible con todo tipo de ingreso, incluso salario. Este último punto se intenta justificar en la necesidad de que los beneficiarios mantengan un incentivo para buscar trabajo. Me temo que el resultado va a ser el contrario. Primero, se sitúa muy cerca del complemento salarial que planteaba Ciudadanos y tan denostado, con razón, por Podemos. Es difícil distinguir a quién se está subvencionando, si al trabajador o al empresario. Segundo, existe el riesgo de que un grupúsculo social se instale plácidamente en esa situación de precariedad, prefiriendo completar sus rentas con distintos ingresos de una u otra procedencia y renuncie a encontrar un puesto de trabajo. El salario mínimo vital debería ser la última red de protección social y constituirse por tanto solo después de que el seguro de desempleo haya llegado casi al 100% de cobertura.

En cualquier caso, aun guardando todas las distancias, pues no estamos en el siglo XIX, no deberíamos echar en saco roto la definición que Carl Marx da del lumpen proletariado en su obra “El 18 de brumario”: “Bajo el pretexto de crear una sociedad de beneficencia, se organizó al lumpem proletariado de París en secciones secretas, cada una de ellas dirigida por agentes bonapartistas y un general bonapartista a la cabeza de todas. Junto a roués arruinados, con equívocos medios de vida y de equívoca procedencia, junto a vástagos degenerados y aventureros de la burguesía, vagabundos, licenciados de tropa, licenciados de presidio, huidos de galeras, timadores, saltimbanquis, lazzaroni, carteristas y rateros, jugadores, alcahuetes, dueños de burdeles, mozos de cuerda, escritorzuelos, organilleros, traperos, afiladores, caldereros, mendigos, en una palabra, toda esa masa informe, difusa y errante que los franceses llaman la bohème: con estos elementos, tan afines a él, formó Bonaparte la solera de la Sociedad del 10 de diciembre, «Sociedad de beneficencia» en cuanto que todos sus componentes sentían, al igual que Bonaparte, la necesidad de beneficiarse a costa de la nación trabajadora”.

No diluyamos el Estado social y la economía del bienestar consolidando una sociedad de beneficencia.

republica.com 22-5-2020



COVID 19 Y EL MERCADO DEL ALQUILER

ECONOMÍA DEL BIENESTAR Posted on Wed, April 01, 2020 17:19:22

Múltiples han sido las filtraciones acerca de las disputas y enfrentamientos acaecidos en los Consejos de Ministros de los días 14 y 17 de marzo pasados. Todas coinciden a la hora de señalar cuáles fueron las discrepancias: el papel que Pablo Iglesias pretendía ocupar en el gabinete de crisis y la extensión a los alquileres de las mismas medidas que se van a aplicar a las hipotecas. La controversia por los alquileres parece continuar, y es que da la impresión de que al final a la vicepresidenta Calviño le terminan metiendo todos los goles.

Sorprende la fijación que estos muchachos de Podemos tienen con los alquileres y la manía que profesan a los arrendadores. Acaso se deba a que muchos de ellos o sus parejas se dieron a conocer y comenzaron su carrera política obstaculizando los desahucios. Se podría entender quizás su animadversión a los bancos, aunque incluso en este caso habría que basar el hecho en la ignorancia. Muchas veces, cuando se emprenden acciones contra las entidades financieras no se daña a los banqueros (consejeros y ejecutivos, que continúan cobrando esos sueldos desproporcionados e insultantes) ni a los accionistas (bien sean grandes o pequeños), sino a los clientes, ya sean deudores (hipotecarios o no) o depositantes. En otra ocasión hablaremos de los bancos y de las demagogias a ellos asociadas. Retornemos ahora a los alquileres. Da la impresión de que se quiere aprovechar la crisis del coronavirus para volver a las obsesiones de siempre y tratar de conseguir lo que hasta ahora no había sido posible.

Hay quienes citan reiteradamente el art. 47 de la Constitución que estipula que “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”, y es que, después de atacar con dureza a lo que llaman el régimen del 78, han descubierto la virtualidad social que tiene nuestra carta magna. Algunos veníamos repitiéndolo desde hace muchos años; manteniendo incluso que al ser una de las últimas que se habían redactado era también una de las más completas de Europa en materia social. Solo que, precisamente por eso, llegamos tarde y en aquel momento todos los países iban ya de retirada. Para nosotros esa vía se encontraba casi inédita y no habíamos comenzado a recorrerla. No es la Constitución lo que hay que cambiar, sino las políticas. La gran cuestión, sin embargo, es si con una economía globalizada y con los parámetros que rigen la Unión Europea y la Eurozona determinadas políticas son factibles o, al menos, hasta qué medida.

Por otra parte, por poca idea que se posea de constitucionalismo, es sabido, que el derecho reconocido en el artículo 47 de la Constitución no es exigible ni individual ni directamente ante los tribunales. Su virtualidad radica, al igual que la del resto de los contemplados en el capítulo tercero, en ser principio rector de la política social y económica, y en tener que informar, tal como indica el punto 3 del art. 53 de nuestra Constitución la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Pues bien, si no puede ser un derecho exigible ante los tribunales, malamente puede configurarse como una exigencia frente a terceros, mediante la apropiación de la vivienda; bien sea a través de la ocupación por la fuerza, bien manteniendo la posesión sin cumplir los requisitos contractuales acordados.

Son los poderes públicos, los obligados a proporcionar a aquellos españoles que no puedan obtenerla por sus medios, esa vivienda digna y adecuada que determina la Constitución, y a repercutir este coste social entre todos los contribuyentes según su capacidad económica, es decir, mediante impuestos. No parece muy equitativo, más bien una pura lotería,  que tenga que ser el arrendador respectivo quien tenga que asumir la carga social destinada a paliar el deterioro en la posición social o económica de su inquilino. Es como si el médico o el maestro debieran atender gratuitamente y a su costa (y no a la del Estado) a las familias en riesgo de exclusión social, o los tenderos y comerciantes de todo tipo hubieran de suministrar todos sus productos sin contrapartida a las familias socialmente vulnerables.

Por supuesto que individualmente cada uno puede manifestar su solidaridad como estime conveniente. Me parecen bien las caridades, siempre que su práctica sea voluntaria (aunque pienso que a menudo subyace en ellas más trampas de las que se cree). Lo que no es adecuado es imponerlas obligatoriamente; en especial si se debe a la ineptitud de los poderes públicos, que ocultan mediante estas cargas su incapacidad para cumplir los deberes que les imponen la Constitución y las prescripciones del Estado social.

El problema es ciertamente de justicia: distribuir adecuadamente el coste de la política social de forma generalizada en función de la capacidad económica de cada ciudadano. Pero es también una cuestión de eficacia conseguir los objetivos propuestos. Social puede ser el Estado; por el contrario, el mercado no lo es nunca y el resultado puede ser nefasto cuando se pretende hacerlo social a la fuerza. El mercado del alquiler, como cualquier otro, se rige por las leyes de la oferta y la demanda. Si se quieren precios más asequibles y mejores condiciones para los arrendatarios, el camino tiene que ser ampliar la oferta, nunca medidas que puedan restringirla (ver también mis artículos del 20-9-2018 y del 21-3-2019 en este mismo medio).

El mercado español es un mercado muy atomizado. A pesar de la campaña desatada de forma un tanto demagógica en contra de las sociedades de inversión inmobiliaria (las llamadas socimis), su peso en el mercado es muy reducido, escasamente del 2 al 4%. El resto, es decir por encima del 96%, está en manos de pequeños propietarios o familias, la mayoría de clase media, que redondean sus sueldos o pensiones con estos ingresos. Este colectivo se caracteriza por una mentalidad muy conservadora que no quiere riesgo, que en buena medida ha canalizado su inversión al mercado inmobiliario porque lo considera mucho más seguro que el de los activos financieros y cuyos miembros están dispuestos a salirse de él en cuanto vislumbren que el riesgo aumenta.

Una gran parte de ellos consideran que padecen ya indefensión y que se encuentran en una posición de inferioridad frente al arrendatario, que puede impunemente dejar de pagar el alquiler. Su única arma es el desahucio. Desahucio que suele dilatarse en el tiempo y que, cuando al final se logra, el piso suele presentar grandes desperfectos, a lo que hay que añadir a menudo considerables deudas en suministros. Y, desde luego, en raras ocasiones se recuperan las rentas dejadas de ingresar. Campañas como las de estigmatización de los desahucios y la previsible aprobación de medidas a favor de los arrendatarios y en contra de los arrendadores incrementan su intranquilidad y sus dudas acerca de si van a verse inmersos en líos judiciales y en escándalos públicos, que es lo último que desean.

Todas estas políticas y actuaciones encaminadas teóricamente a defender a los inquilinos lo que están provocando o pueden provocar es una reducción de la oferta, con la consiguiente elevación del precio o, lo que es aun peor, que los arrendadores adopten medidas muy selectivas a la hora de alquilar. Se expulsará así del mercado a los más vulnerables (emigrantes, parados y precarios con riesgo de desempleo, familias con hijos pequeños o con ancianos, etc.), precisamente a los que se dice querer proteger. Este colectivo, ante la duda de los posibles arrendadores acerca de si van a poder hacer frente al pago de la renta y la sospecha de que en caso de conflicto va a ser mucho más arduo el desalojo, tendrá enormes dificultades para encontrar quien esté dispuesto a alquilarles el piso. El resultado será el contrario al que se pretendía conseguir. Bien es verdad que al populismo, se denomine de derechas o de izquierdas, no le interesa excesivamente el resultado, sino la demagogia, el electoralismo, el postureo y quizás pasar por progresista.

Desde el Estado social, desde el pensamiento socialdemócrata (pensamiento, no partidos), la estrategia debe ser muy otra. El Estado debe actuar en el mercado, pero sin distorsionar sus leyes y sin provocar, por tanto, el efecto contrario al que se persigue. Se trata de aumentar la oferta de pisos en alquiler, y abaratar de esta manera el precio y mejorar las condiciones. Todas las ayudas públicas deberían concentrarse en el alquiler y no en la compra. Es absurdo que estemos hablando de colectivos vulnerables y en situación de marginación social y pretendamos al mismo tiempo subvencionar la compra de las viviendas.

El sistema de protección pública ha fracasado entre otras cosas por basarlo en la propiedad de la vivienda. Las personas realmente necesitadas no disponen de capacidad económica para adquirir los pisos por subvencionados que estén. Por otra parte, las condiciones económicas y sociales de una persona o de una familia suelen variar a lo largo de su existencia, de manera que la necesidad de ayuda no tiene por qué ser uniforme ni constante. El sistema de protección pública al alquiler tiene la ventaja de ahorrar recursos para poder cubrir muchas más necesidades, e incluso evitar que nadie obtenga pingues ganancias vendiendo el piso cuando su situación social ha cambiado.

En nuestro país se ha venido protegiendo de una manera absurda la propiedad en lugar del alquiler, quizás como herencia del régimen franquista que en su versión populista destruyó el mercado del alquiler congelando el precio. Desde la Transición, la política de apoyo a este derecho social se ha fundamentado básicamente en la deducción fiscal en el IRPF a la adquisición de la primera vivienda, deducción de la que no se benefician precisamente las clases más bajas y que, además, constituye un instrumento generalizado de evasión fiscal. Curiosamente, no se ha escuchado a ninguna de esas voces que se autodenominan progresistas plantear su supresión y canalizar los recursos al mercado del alquiler. La explicación se encuentra posiblemente en que tal medida sería muy poco popular y supondría costes electorales evidentes.

Todo lo anterior, unido tal vez a una política paternalista mal entendida que ha protegido en exceso al arrendatario frente al arrendador, explica que en España el porcentaje de viviendas en alquiler llegue apenas al 22%. Mientras que la media de la Eurozona se sitúa en el 33%; en Francia el 35%; Reino Unido el 36% y Alemania el 48%. Solo los países que provienen del Este -y por lo tanto de un sistema de propiedad diferente- tienen un porcentaje inferior al nuestro. En España el mercado, como se ve, es muy estrecho y en consecuencia cualquier variación en la oferta va a influir de manera significativa en el precio.

Una política socialdemócrata tiene que ser realista. Dada la desigualdad económica actual (otra cosa es que se pretenda corregir de cara al futuro), no todo el mundo puede ser dueño de su vivienda y mucho menos desde los primeros años de su vida laboral. Ni todo el mundo puede alquilar un chalet en Galapagar (lo digo sin ningún reproche) ni un piso de 100 metros en el centro de Madrid. A la hora de diseñar las soluciones habitacionales (como ahora se dice), hay que considerar la capacidad económica de los demandantes del alquiler, tanto más si, como afirma el ministro de la Seguridad Social, queremos basar nuestras pensiones en la llegada de los emigrantes. No entendí en su día por qué la prensa se metió tanto con María Antonia Trujillo cuando siendo ministra planteó su plan de soluciones habitacionales. Jamás he participado de la idea de que cualquier empleo es mejor que ninguno. Sin embargo, es posible que esto aplicado a la vivienda sí sea cierto. Por lo menos de forma provisional, cualquier vivienda es mejor que quedarse en la calle.

Es difícil entender la razón por la que el tema de los alquileres se mezcla en las discusiones acerca de las medidas económicas contra la crisis del Covid 19. La finalidad, desde luego, no puede ser ser suspender los desahucios, porque como es lógico están paralizados forzosamente como tantas otras actuaciones judiciales mientras dure el estado de alarma. Y cuesta creer que los que se llaman progresistas den barra libre para despedir, aunque sea de forma temporal, a todas las empresas (pequeñas, medianas y grandes, multinacionales, del Ibex o del Eurostoxx), y quieran hacer recaer el coste de los despidos al menos parcialmente sobre pequeños propietarios que poseen uno o dos pisos arrendados.

Antes de que una empresa quiebre por supuesto que hay que dejar que regularice su plantilla, poniendo, eso sí, en funcionamiento de forma generalizada el seguro de desempleo. Pero en momentos como estos de grave crisis, ¿hay que permitírselo también a aquellas empresas (grandes o pequeñas) cuyo único perjuicio en caso de no acudir al expediente de regulación de empleo sería obtener unos menores beneficios?

En estos días de aflicción generalizada, los medios de comunicación airean con buenas dosis de moralina las donaciones de ciertas compañías. Quizás sean los años los que me hacen desconfiar del altruismo de las empresas, va contra su propia naturaleza, esa no es su finalidad. Al igual que desconfío del izquierdismo del Gobierno cuando sus miembros hacen homilías en lugar de adoptar medidas. ¿No sería preferible que las empresas hicieran esfuerzos para no hacer recortes de plantilla y el Gobierno, en lugar de preocuparse tanto de los alquileres, luz, agua, etc., autorizase únicamente los expedientes de regulación de empleo de aquellas empresas cuya viabilidad está en peligro de no formalizarse el despido? ¿Dónde ha quedado la derogación tan prometida de la reforma laboral? El Gobierno tendría que preguntarse si el mejor escudo social no es minimizar los despidos y, en los casos en que estos sean imprescindibles, aplicar de forma generosa el seguro de desempleo.

Republica.com 27-3-2020



EL CÁNCER DE LA BAJA PRODUCTIVIDAD

ECONOMÍA DEL BIENESTAR Posted on Tue, December 10, 2019 11:21:15

Hay un discurso que puede inducir a confusión, el haber dado por terminada la crisis en cuanto la tasa del Producto Interior Bruto abandonó la senda negativa. Estrictamente y desde un punto de vista técnico, la afirmación puede ser correcta, pero ello no quiere decir que hayan desaparecido los efectos ni que las cosas hayan vuelto al punto de partida, como si nada hubiese ocurrido. Muchas son las lesiones que permanecen. La mejor forma de identificarlas es comparar el valor que toman ciertas variables estratégicas en los momentos actuales con el que alcanzaban esas mismas magnitudes antes de la recesión.

Parece incuestionable que la crisis y sus consecuencias no han afectado por igual a todos los países de la Eurozona. La variable que quizás exprese más fehacientemente la huella de la recesión es el incremento en el stock del endeudamiento público, una losa que va a pesar sobre las poblaciones de cara al futuro. Solo los países del Norte (Alemania, Holanda, Bélgica, Austria) lo han mantenido más o menos constante. Los del Sur, sin embargo, lo han incrementado sustancialmente: Grecia desde 2007 hasta la fecha ha pasado del 100% al 180% del PIB; Portugal, del 75 al 125%; España, del 36 al 97%. Incluso Italia y Francia no se han visto libres de esta evolución negativa (del 106 al 134%, y del 64% al 97%, respectivamente). Estos datos son ya bastante significativos de qué países han soportado y continúan soportando el coste de la crisis.

Una variable que tiene también relevancia, especialmente para España por los elevados niveles que su tasa ha alcanzado siempre, es el desempleo. En nuestro país, ha pasado de representar el 8% de la población activa en el 2007 al 14% en la actualidad, llegando a ser del 26% en 2013. Para comprender bien la importancia de estos números, sobre todo de cara al futuro, hay que relacionarlos con otras dos magnitudes, los salarios y la productividad. El objetivo no puede consistir tan solo en crear empleos, sino empleos dignos y con un nivel retributivo adecuado.

Si se ha podido superar, al menos parcialmente, la desorbitada tasa de paro (26% en el 2013), a la que nos había condenado la crisis,  ha sido pagando un alto precio en fuertes ajustes salariales, lo que permitió cerrar la brecha del comercio exterior hasta el punto de que por primera en mucho tiempo se ha logrado un superávit en la balanza por cuenta corriente. La productividad, a su vez, es la variable que relaciona el empleo con la retribución de los trabajadores. Con salarios elevados solo se creará empleo si la tasa de productividad es también elevada, y viceversa.

Bien es verdad que en esta relación se puede entrometer otra magnitud, los beneficios empresariales. Puede ocurrir que un incremento de productividad no se traduzca en su totalidad en subida salarial porque se desvíe parcialmente al excedente empresarial. Los aumentos en productividad son una condición necesaria pero no suficiente para la subida de los salarios. Se precisa, además, que la distribución de la renta sea neutral y, al menos, no perjudique a los trabajadores en favor de los empresarios.

Hace justamente un año (el 6 de diciembre) en un artículo en este diario titulado “Trabajar menos, ganar más”, señalaba yo la importancia que para el bienestar de las poblaciones ha tenido el incremento de la productividad. Citando a Thomas Piketty, mostraba cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo la renta per cápita: “El PIB por habitante apenas creció hasta 1700, con lo que tampoco se modificó sustancialmente el nivel económico y el género de vida de las sociedades. La realidad económica comienza a modificarse de forma notable a partir de la Revolución Industrial. En la Europa occidental la renta per cápita pasó de 100 euros mensuales en 1700 a más de 2.500 euros en 2012, con un crecimiento anual promedio del 1%. Ciertamente, la evolución no ha sido homogénea a lo largo de todo este tiempo. En el siglo XVIII el crecimiento fue tan solo del 0,2% anual, elevándose al 1,1% en el siglo XIX y al 1,9% en el (siglo) XX. El poder adquisitivo promedio en Europa se incrementó escasamente entre 1700 y 1820, sin embargo se multiplicó por dos entre 1820 y 1913 y por seis entre 1913 y 2012”.  Centrándonos en la segunda mitad del siglo XX, la producción por habitante en Europa creció anualmente como media el 3,4% en el periodo 1950-1980; mientras que entre 1980 y 2012 lo hizo a una tasa promedio del 1,8%. Como se puede apreciar, este último periodo constituye una excepción que invierte la tendencia.

Son los incrementos continuos de productividad los que originan la elevación de la renta per cápita, y esta elevación puede asegurar la subida de los salarios, la reducción de la jornada laboral, el mantenimiento de las pensiones y, en general, el sostenimiento del Estado del bienestar. Es cierto que la renta per cápita es una media, por lo que, al mismo tiempo, se precisará una distribución adecuada de la producción entre los trabajadores, los empresarios y el Estado, ya que este último, en gran medida, lo devuelve a las familias en forma de prestaciones. No obstante y conviene incidir en ello, el incremento de la productividad es una cuestión previa.

A lo largo de la historia el aumento de la productividad ha permitido elevar la retribución de los trabajadores, bien en dinero, bien en especie, reduciendo el tiempo de trabajo (jornadas más cortas, días festivos, vacaciones, reducción de la edad de jubilación). El reparto del tiempo de trabajo colaboro a que el paro no se haya visto incrementado de forma desmesurada por los adelantos técnicos y científicos. Del mismo modo, con vistas al futuro, podría compensar los efectos de la tercera revolución tecnológica que se encuentra a las puertas y, conjuntamente con un seguro de desempleo global, convertirse también en una alternativa más consistente que la renta básica que algunos plantean como el bálsamo de Fierabrás (ver en este diario mi artículo del 5 de enero del 2017 titulado “Renta básica o el reparto del tiempo de trabajo”).

En múltiples ocasiones (por ejemplo, en mi libro “Economía, mentiras y trampas”, editorial Península; o en estas páginas, el articulo del 14 de diciembre de 2017 titulado “La OCDE y de nuevo los sofismas sobre las pensiones”), he venido refutando la falacia tan extendida que sostiene que el sistema de pensiones públicas está condicionado  por el número de activos. Su viabilidad, al igual que en el caso de cualquier otra prestación social, depende, por un lado, de los incrementos de la productividad (veinte trabajadores pueden producir igual que cien) y, por otro, de la parte de renta que la sociedad está dispuesta a destinar al sector público.

Se deduce de todo lo anterior, volvamos a repetirlo, la importancia que los aumentos en la productividad han tenido a la hora de incrementar y garantizar el bienestar de las sociedades, y la relevancia que sin duda tienen que tener en el futuro para mantener el Estado social. Conviene, en cualquier caso, no identificar productividad con competitividad. Ser más competitivos no implica ser más productivos. La competitividad es un concepto relativo. Se refiere siempre a otro. Competir es cosa al menos de dos. Todos los países pueden hacerse al mismo tiempo más productivos (producir más cosas con idénticos medios u obtener lo mismo con menores recursos), pero todos no pueden hacerse a la vez más competitivos. Un país gana competitividad a condición de que otros la pierdan. La competitividad no tiende a hacer más grande el pastel, tan solo a quitarle un trozo al vecino. Se puede ganar competitividad incrementando la productividad, pero cuando este incremento no se produce, los gobiernos suelen acudir a la reducción de costes, que la mayoría de las veces se concreta en la contención de los salarios.

Ya se ha señalado cómo desde 1950 hay dos etapas bien definidas en Europa y, por ende, en España. De 1950 a 1980, y de 1980  a 2013, siendo el crecimiento de la renta y de la productividad mucho más alto en la primera que en la segunda. Y aun dentro de esta última el proceso va siendo descendente según nos acercamos al momento actual. Habrá que preguntarse si la razón de tal desaceleración, que contradice la tendencia histórica, no radica en la aceptación con carácter general de la globalización en la economía.

En España se produce un fenómeno hasta cierto punto curioso. Durante las crisis, a medida que van aumentando las cifras de paro, se incrementan también las tasas de productividad. La explicación radica en que los despidos comienzan por los empleos más precarios y de baja productividad. Lógicamente, la media se eleva. En la recuperación económica el proceso se invierte, los empleos que se crean son, por término medio, progresivamente peores y, por lo tanto, la media desciende.

En los momentos actuales la economía española se enfrenta a una encrucijada sin duda difícil y problemática. Tras la recesión, las desorbitadas cifras de paro se han ido corrigiendo, pero han dejado una grave mácula, las reducidas tasas de productividad, negativas en 2018 y todo indica que también lo va a ser en el presente año. Ello revela que el empleo que se está creando es de muy baja calidad, lo que se traduce en condiciones laborales desfavorables y retribuciones reducidas. La actividad económica ha entrado en un proceso de desaceleración y la tasa de paro es aún elevada. El próximo gobierno se va a encontrar ante una alternativa difícil de despejar, tanto más difícil cuanto que en ese ejecutivo no van a abundar los conocimientos económicos. Si no se cambia el modelo de crecimiento -lo cual no es sencillo dentro de la Unión Europea-, habrá que renunciar o bien a subir los salarios o bien a la creación de empleo.

Republica.com 6-12-2019



EL BANCO DE ESPAÑA Y LA CONCEPCIÓN LIBERAL DE LAS PENSIONES

ECONOMÍA DEL BIENESTAR Posted on Mon, June 17, 2019 18:01:57

Milton Friedman, en una conferencia que pronunció en la Universidad de Londres y que, junto con otros trabajos, publicó en castellano hace ya muchos años la editorial Gedisa, relataba cómo al colaborar en un libro sobre la historia monetaria de los Estados Unidos se vio obligado a leer medio siglo de informes del Banco de la Reserva Federal, y que el único elemento que hizo más liviana esa tarea ingrata y tediosa fue la oscilación cíclica que estos informes atribuían a la importancia y efectividad de la política monetaria. En los años buenos se decía: “Gracias a la excelente política monetaria de la Reserva Federal…”; en los años malos, por el contrario, se afirmaba: “Pese a la excelente política de la Reserva Federal…”, y luego se criticaba lo que consideraban políticas y medidas erróneas.

Seguro que algo parecido le sucedería al estudioso español que quisiera bucear en los informes del Banco de España (BE) y consultar en las hemerotecas las declaraciones de sus responsables. La experiencia sería también terriblemente monótona, porque año tras años vienen repitiendo las mismas cantinelas y proponiendo las mismas recetas. Entre sus obsesiones se encuentra siempre presente el tema de las pensiones públicas. Hay que reconocer, sin embargo, que en este aspecto el BE no es nada original, las pensiones constituyen también la obsesión de la OCDE, del FMI, de la Comisión, del BCE, etc., y, como no podía ser menos, de los servicios de estudios de todas las entidades financieras, que no en balde obtienen jugosos beneficios de los fondos privados de pensiones.

En el informe de 2018 publicado hace unos días no podía faltar el tema de las pensiones. El BE reitera la urgencia de la reforma del sistema y reprocha al Gobierno no haberla acometido ya, aun cuando no se hubiese logrado el acuerdo de todas las fuerzas políticas. Lo cierto es que la postura resulta un tanto ingenua, puesto que en plena campaña electoral era imposible no ya la unanimidad, ni siquiera el mínimo acuerdo. Más bien, cada partido ha aprovechado la cuestión para apuntarse el tanto, presentándose como el máximo defensor del sistema público, al tiempo que reprochaba a los otros partidos que cuestionasen su viabilidad y que estuviesen dispuestos a reducir en el futuro la cuantía de las prestaciones.

No es la primera vez que ocurre. Ya sucedió a principio de los noventa, cuando el PSOE y el PP se acusaban mutuamente de poner en riesgo el sistema. El Pacto de Toledo nació en buena medida del deseo de sacar el tema de las pensiones de la confrontación política y electoral y convertirlo en un pacto de Estado. En realidad, este fue el único elemento positivo del pacto, tal vez junto al compromiso de todos los partidos de que las prestaciones se actualizasen todos los años con el IPC que, si bien garantizaba el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas, les privaba de cualquier participación en la prosperidad y en el crecimiento de la economía. Compromiso que, por otra parte, ha sido roto recientemente.

Al margen de esto, el Pacto de Toledo introdujo al sistema público en una trampa de difícil salida al ligar su financiación a un solo ingreso, el de las cotizaciones. Se le hace depender así de la pirámide de población, del número de trabajadores, del empleo y de la relación activos/pasivos. Incluso se le somete a soportar la ofensiva de los empresarios y de los políticos liberales, que demandarán la bajada de las cotizaciones como forma de ser más competitivos y crear más empleo. Se separó a la Seguridad Social del Estado, no solo administrativamente sino también financieramente. Para que la operación tuviese algunos visos de verisimilitud, la sanidad y otras prestaciones se sustrajeron a la SS, y se presentó a esta como un sistema cerrado (ahora reducido únicamente a pensiones) que tiene que autofinanciarse.

Este artificial fraccionamiento entre Estado y SS se refuerza con dos prácticas también erróneas y que inducen a confusión. La primera es la que se llama falsamente “hucha de las pensiones” constituida por los superávits en las cuentas de la SS (que lógicamente cada vez serán más raros), teóricamente destinada a enjugar los déficits que se producen en otros años. La segunda son los créditos que el Estado concede a la SS cuando la cuantía de sus ingresos es inferior a la de los gastos.

El error de fondo consiste en considerar a la SS como algo distinto del Estado, que precisa tener una hucha o que le preste el propio Estado. Lo lógico sería que los excedentes de la SS (cuando los hubiere) revirtiesen en el Estado y que sus déficits (en su caso) se enjugasen con aportaciones (no préstamos) del mismo Estado. Hasta el momento no hay ningún partido que defienda este planteamiento. Todos hablan de préstamos y no de aportaciones a fondo perdido. Es más, el discurso de algunos políticos se ha rodeado de sorprendente demagogia acerca de la hucha de las pensiones. El Tribunal de Cuentas participa de esa misma equivocación cuando afirma que la SS está en quiebra. Olvida que es parte del Estado y sus cuentas se integran en las estatales, y su deuda desaparece al consolidar las cuentas de la Administración central. Son todos los ingresos del Estado los que deben garantizar las pensiones públicas y no hay por qué dar a su financiación un tratamiento diferente del que se proporciona a la sanidad (antes estaba en la SS), a la educación, al seguro de desempleo, a los gastos de dependencia, etc. No se necesita una reforma de las pensiones, sino del sistema fiscal.

La solución que propone el informe del Banco de España es, como de costumbre, muy simple. Todo se reduce a minorar por uno u otro procedimiento las prestaciones, con el peligro de que el sistema quede convertido en pura beneficencia. Aconseja alargar la vida laboral y retrasar la edad legal de jubilación. La contestación parece evidente. Vale poco dilatar la edad legal, cuando la edad real es bastante inferior, ya que se utiliza la jubilación anticipada como un escape de la presión de los expedientes de regulación de empleo y un sustituto del seguro de desempleo. Es más, mientras el paro ascienda a tres millones de personas, es absurdo hablar de retrasar la edad de jubilación porque seguro de desempleo y prestaciones de jubilación constituyen vasos comunicantes. Lo que se ahorre en pensiones se gastará en seguro de desempleo.

Tampoco es muy feliz la idea de considerar la totalidad de la vida laboral a efectos de calcular las pensiones. En realidad, es tan solo una forma de reducir la cuantía de las prestaciones, amén de modificar la concepción que de las pensiones públicas tiene la Constitución española. Su razón, según la Carta Magna, no está en reintegrar al pensionista lo cotizado a lo largo de su vida laboral, sino en garantizar que el trabajador tras la jubilación contará con ingresos similares a los que tenía antes de jubilarse. No se trata de una prestación privada basada en el “do ut des”, dotación-rescate. No tiene por qué existir una equivalencia entre cotización y prestación. De ahí que se conforme como sistema de reparto y que su carácter sea público.

La idea de las pensiones que tiene nuestra Constitución se aleja de ese modelo liberal en el que estaba seguramente pensando Carlos Solchaga, ex ministro socialista de Economía, cuando, en contestación a los pensionistas que se manifestaban, afirmó que estaban recibiendo mucho más de lo que habían aportado. En el sistema español las cotizaciones, que en su mayor medida corren a cargo de los empresarios, tienen la condición de tributos y no de aportaciones a un fondo que se rescatará posteriormente, y las pensiones no son la recuperación de ningún ahorro personal sino una prestación social más, que al igual que la educación, el seguro de desempleo, la sanidad, etc., son propiedades (en el sentido aristotélico del término) que siguen necesariamente a la esencia del Estado social.

Carece de sentido plantear el tema como lucha entre generaciones. Primero porque todos o casi todos, antes o después, seremos pensionistas y los posibles recortes, si bien van a afectar a los jubilados actuales, tendrán un impacto aún mayor sobre los futuros pensionistas. Segundo porque durante toda su vida laboral los pensionistas actuales no solo han contribuido con las cotizaciones sociales, sino con impuestos con los que se han costeado la educación, las infraestructuras, etc., beneficiando así a las generaciones más jóvenes, y elevando la productividad de la economía y con ello el nivel de vida promedio de todos los ciudadanos. En los últimos cuarenta años se habrá duplicado la renta per cápita.

La viabilidad de las pensiones al igual que la de todos los gastos sociales no depende, como nos quieren hacer creer, de cuántos son los que producen, sino de cuánto se produce y de la decisión política y social sobre la distribución de lo que se produce. Sin embargo, son estos dos parámetros los que parecen estar en crisis. El pensamiento único neoliberal domina la Unión Europea, y la falta de una armonización fiscal, laboral y social dificulta la posibilidad de una política redistributiva y la suficiencia y progresividad de los sistemas fiscales. A su vez, la necesaria creación de empleo en España dentro de la Unión Monetaria parece conducir, tal como apuntan las últimas estadísticas, al estancamiento de la productividad. He ahí el verdadero peligro que acecha no solo a las pensiones, sino a todo el Estado Social.

republica.com 14-6-2019



SÁNCHEZ: PANEM ET CIRCENSES, POPULISMO Y SOCIALDEMOCRACIA

ECONOMÍA DEL BIENESTAR Posted on Tue, March 26, 2019 00:09:51

Juvenal, poeta romano del siglo I, acuñó en su sátira X, la expresión “panem et circenses”, pan y juegos del circo. Pretendía censurar con ella el deterioro que se había ido produciendo en el sistema político de Roma. Simbolizaba el paso de la República (en el sentido ciceroniano del término, res-publica) al caudillaje del imperio, de la democracia al despotismo, de la participación popular al populismo, del pueblo a la masa. Ninguna tiranía se mantiene si no es con cierta complicidad de al menos alguna parte del pueblo, y los dictadores y emperadores romanos, comenzando por César, compraban esa connivencia a base de magnos espectáculos y de reparto de trigo entre los ciudadanos, más bien convertidos en súbditos.

La locución “pan y circo” ha pasado a la posterioridad hasta llegar a nuestros días. En España, en ocasiones, sufre alguna transformación como la de “pan y toros” empleada por ilustrados contra el casticismo de la Corte de Fernando VII y que incluso dio lugar a una zarzuela y a un artículo de Unamuno; y la de “pan y fútbol” que la oposición utilizó durante el franquismo para señalar la estrategia de la dictadura para mantener a los españoles alejados de la política.

Si las dictaduras necesitan conseguir cierta adhesión de los ciudadanos, esta se hace imprescindible cuando se trata de democracias. Aun cuando sean imperfectas, ya que, por imperfectas que sean, los ciudadanos votan periódicamente. Así que de una u otra forma todos los partidos terminan adoptando la estrategia de pan y circo, aprueban medidas electoralistas y asumen alguna forma de populismo. El populismo, en contra de lo que algunos creen, no es exclusivo de los partidos de derechas, también lo practican las formaciones políticas de izquierdas, especialmente después de aceptar la globalización y la Unión Monetaria, realidades que privan a los Estados de buena parte de su soberanía y, por lo tanto, a los gobiernos de la capacidad de practicar una política plenamente socialdemócrata. Al estrecharse enormemente el margen entre las políticas económicas y sociales aplicadas por los gobiernos de las distintas ideologías, no es extraño que unos y otros se refugien en medidas de corte populista.

En esa dinámica y con la única finalidad de conseguir buenos resultados electorales se roza a menudo la ilegalidad y se violentan las mismas formas democráticas. Buen ejemplo de ello han sido los nueve meses de gobierno de Pedro Sánchez y, de forma especial, lo que han llamado “viernes sociales”. Si existe, manifiestamente, un abuso de la democracia cuando se utiliza el decreto-ley para cualquier tema sin que se cumplan las condiciones de extraordinaria y urgente necesidad, el abuso se agrava cuando se aprueban en campaña electoral y con las cámaras disueltas y debe ser la Diputación permanente la que tenga que convalidarlos. Si bien es cierto que la Constitución lo permite, lo hace tan solo para prevenir los verdaderos y excepcionales casos de extraordinaria y urgente necesidad en los que resulta ineludible, por tanto, la aprobación, sin esperar a que las Cortes estén constituidas.

Un tertuliano habitual en casi todos los foros y que en todos ellos se esfuerza en justificar a Sánchez con las aseveraciones más peregrinas para respaldarlo, en esta ocasión, repite una y otra vez que los gobiernos no pueden estar parados, tienen que actuar, lo que no deja de ser cierto, pero actuar no quiere decir legislar, que es propio de las Cortes. Hay muchas tareas que un gobierno tiene que hacer, aparte de decretos-leyes.

El populismo se diferencia profundamente de la socialdemocracia. La socialdemocracia constituye una doctrina coherente en la que todas las medidas tienen un sentido, un puesto definido en el sistema, y perfectamente coordinadas entre sí. Lo que no ocurre con el populismo. En el populismo cada medida está dispersa sin relación con las otras, y en ocasiones, incluso, son contradictorias. Las medidas populistas no suelen tener un carácter universal. Son ocurrencias. No están dirigidas a constituir, tal como aspira el pensamiento socialdemócrata, una sociedad más justa e igualitaria, sino que se orientan a un número concreto de votantes de cara a obtener su adhesión. El resultado social es secundario, incluso no importa demasiado que pueda ser el contrario del que aparentemente se persigue. Lo que prima es el resultado electoral.

Entre los objetivos esenciales de la socialdemocracia se encuentra el de garantizar los derechos sociales y económicos y en consecuencia la igualdad de oportunidades, pero esa tarea le corresponde al Estado y es el Estado el que debe asumir su coste y distribuirlo adecuadamente mediante el sistema fiscal. El populismo, por el contrario, tiene alergia a la subida de impuestos, ya que la medida tiene mala prensa y acarrea un probable coste electoral. Cuando no hay más remedio, el populismo recurre a determinadas figuras tributarias, a menudo de índole demagógica, que apenas tienen impacto en la recaudación y que suelen ser de carácter indirecto, cuyos efectos se disfrazan más fácilmente. En todo caso no tiene ningún reparo en trasladar el coste de las medidas sobre algún otro grupo de ciudadanos. Buen ejemplo de ello fue la congelación de alquileres adoptada por el franquismo, ya que, amén de ser una dictadura, también practicaba el populismo. Siendo incapaz el régimen de proporcionar un nivel suficiente de salarios y de dar una solución adecuada a la carencia de viviendas, transfirió el coste de aplacar la exigencia popular al colectivo de arrendadores mediante la congelación del precio de los alquileres, con lo que destruyó este mercado para muchos años en España.

La política sobre vivienda, y más concretamente en lo referente a los alquileres, constituye un buen terreno en el que encontrar la diferencia entre populismo y socialdemocracia. El populismo, ante la tesitura de dar respuesta a la reivindicación popular de una vivienda digna, no tiene ningún inconveniente en emplear medidas que penalizan a los arrendadores, olvidando que, nos guste o no, nos movemos en una economía de mercado, y que este tiene sus leyes que son difíciles de violentar, porque al hacerlo se puede obtener un resultado contrario al teóricamente perseguido.

En España, antes de todo análisis y de adoptar cualquier postura en esta materia, conviene tener en cuenta dos datos. El primero es que el porcentaje de viviendas en régimen de alquiler -aun cuando se ha incrementado sustancialmente desde el comienzo de la crisis-, es muy reducido, el 22%, muy por debajo de la media de la Eurozona (33%), del de Francia (35%), Reino unido (36%) o Alemania (48%). El mercado es por tanto bastante estrecho y toda variación de la oferta influye fuertemente en el precio.

El segundo es que, a pesar de la demagogia a menudo empleada, el peso en el mercado de los fondos de inversión (los llamados socimis) es muy reducido. Se estima que entre el 2 y el 4%. La casi totalidad de las viviendas de alquiler está en manos de propietarios individuales o de familias, la mayoría de clase media, que redondean sus sueldos o pensiones con las rentas del arrendamiento de una o dos casas. Este colectivo suele tener una mentalidad conservadora, muy sensible a todo lo que hace referencia a la seguridad, y reacio a verse inmerso en procesos judiciales.

No resulta demasiado arriesgado pronosticar que las campañas de estigmatización de los desahucios y las medidas que se van a tomar a favor de los arrendatarios y en contra de los arrendadores van a desincentivar la oferta. Habrá pequeños propietarios que opten o bien por no alquilar el piso o bien por hacerlo con todas las garantías, eligiendo cuidadosamente el inquilino. Es muy posible, por tanto, que disminuya la oferta y se eleven los precios, al tiempo que se expulse del mercado a las personas y familias más necesitadas (emigrantes, contratados precarios, con hijos pequeños, ancianos, etc.), que no tendrán quien les alquile un piso al existir dudas de si en el futuro podrán pagar la renta, y al vaticinarse mayores dificultades ante su posible desalojo. El resultado sería, de nuevo, precisamente el contrario al que teóricamente se intenta conseguir.

Nadie duda de que la vivienda constituya un derecho constitucional y de que cada ciudadano sea acreedor a una solución habitacional, tal como se dice ahora. Pero la solución debe venir precisamente de la postura contraria. Desde la óptica socialdemócrata, se debe defender la intervención de los poderes públicos en el mercado, pero respetando sus leyes y sin destruirlo. El Estado debe actuar como un agente más incrementando la oferta, con lo que los precios descenderían y mejorarían las posibilidades y condiciones de los inquilinos. Son muchos los instrumentos que el sector público tiene en su mano. Citemos tan solo algunos esquemáticamente, a mero título de ejemplo:

1) Adoptar el régimen de alquiler para toda futura promoción de vivienda oficial. El de compra no ha servido precisamente para ayudar a los más necesitados, a los que con toda seguridad económicamente les está vedado comprar una vivienda, aunque sea de protección oficial, y que además incluso ha propiciado que algunos hiciesen negocios con la reventa al cabo de unos años.

2) Orientar al mercado del alquiler todos los recursos públicos destinados a la política de vivienda, eliminando por ejemplo la deducción por la compra en el IRPF, que no recae precisamente en las clases más desfavorecidas y constituye por añadidura un capítulo significativo del fraude fiscal. La propuesta quizás no resulte muy popular, pero eso no significa que no sea justa.

3) Constituir un seguro público de alquiler que garantice al arrendador el cobro. Serviría para movilizar, incrementando la oferta, muchas de las viviendas que en este momento están vacías por el miedo de los propietarios a que los inquilinos no les paguen o les destrocen el piso. Además, haría recaer sobre el Estado, y no sobre los arrendadores, el coste social en tanto se busca otra solución para la familia que se encuentre en condición crítica.

Ciertamente, no es el momento de desarrollar cada una de estas medidas, así como tampoco de tratar el tema de que se precise quizás dedicar más recursos públicos al problema de la vivienda, unido a la necesidad de una reforma fiscal en profundidad que garantice este y otros derechos sociales. Reforma fiscal de la que lógicamente los partidarios del “pan y circo” no quieren ni oír hablar. En estos puntos se pretende tan solo trazar unas pocas líneas que, referidos al mercado del alquiler, nos ayuden a comprender la gran diferencia que existe entre populismo y socialdemocracia.

republica.com 22-3-3019



LA TRAMPA DE LA DIVERSIDAD INTERPELA A BUENA PARTE DE LA IZQUIERDA

ECONOMÍA DEL BIENESTAR Posted on Tue, November 06, 2018 18:59:29

Entre los muchos libros que se han publicado en lo que va de año, me ha llamado la atención uno que lleva por título “La trampa de la diversidad”. El reclamo no ha sido tanto el libro en sí mismo, como la furibunda reacción que su edición ha originado en una parte de la izquierda, siendo así que, paradójicamente, está escrito desde la izquierda. El libro se ha convertido en un revulsivo para determinados grupos progresistas, lo que hace sospechar que tal vez haya hecho diana. Buen ejemplo lo constituye la reacción del joven coordinador general de IU, quien se ha tomado la molestia de hacer una crítica en “eldiario.es” de nada menos que de 19 páginas. Si se descuida, casi tantas como las del propio libro. La crítica es en extremo premiosa, diría que hasta alambicada y enmarañada, empeñada en requerir para cada aseveración que en el libro se hace tales comprobaciones, análisis y pruebas que, para dar cumplimiento a estas exigencias, el autor del libro, Daniel Bernabé, tendría que haber escrito una enciclopedia de varios tomos y no un ensayo político.

Al margen de disquisiciones teóricas, disquisiciones que me atrevo a decir que no están claras ni para el propio Garzón (tengo comprobado que cuando no se habla ni se escribe con claridad es que tampoco se tiene claro lo que se quiere transmitir), hay que preguntarse qué es lo que indigna tanto al coordinador de IU. Al leer cualquier libro resulta difícil estar de acuerdo con todas sus afirmaciones, pero no por ello hay que reaccionar con agresividad y virulencia, a no ser que uno se sienta aludido personalmente. Ciertamente, estoy lejos de suscribir todas las tesis del ensayo, pero resaltaría ciertas ideas que me parecen acertadas y que tienen el mérito de interpelar a la izquierda desde la propia izquierda.

Pocas dudas hay, aunque parece que algunos lo cuestionan, de que a principios de los ochenta se produce una inversión profunda del pensamiento político en el mundo occidental. En los años cincuenta, sesenta e incluso setenta la ideología socialdemócrata fue ganando terreno hasta hacerse dominante en la concepción del Estado y de la política en los países desarrollados occidentales. Este pensamiento contagia incluso a los partidos conservadores, que asumen muchos de sus principios y termina informando las constituciones de todos los países. En todas ellas se establece el Estado social frente al Estado liberal. Incluso España, que sale de una dictadura, copia en su Constitución el espíritu y la letra de los Estados vecinos de Europa.

En 1980, sin embargo, coincidiendo con los gobiernos de Reagan y Thatcher, comienza un proceso inverso. Aprovechando las dos crisis del petróleo de la década de los setenta, se declaró sin razón alguna la muerte de Keynes. Poco a poco se va imponiendo la globalización en la economía, con lo que los mercados y muchas empresas se hacen transnacionales, mientras que el poder político se mantiene encerrado en el estrecho campo del Estado-nación. Comienza a desmoronarse así la columna en la que se asentaba el Estado social, la subordinación de las fuerzas económicas al poder político democrático. Lo más grave de esta situación es que los partidos de izquierdas asumen la globalización y lo hacen no como una decisión política libremente adoptada por cada uno de los Estados, sino como un hecho social y económico obligatorio e imposible de eludir.

A su vez, la Unión Europea que se había mantenido durante bastantes años sin apenas modificaciones, emprende en los años ochenta una carrera en orden a la integración, pero siempre en la misma dirección, la del neoliberalismo económico, la de encarnar la globalización en sus estructuras. El último paso de este proceso ha sido la Unión Monetaria en la que al renunciar los Estados a la moneda propia renuncian al mismo tiempo a la capacidad de control sobre la encomia entregándosela a los mercados o a instituciones políticamente irresponsables y carentes de configuración democrática, tales como el Banco Central Europeo. La izquierda europea no parece haber sido consciente de que al dar la aquiescencia a la moneda única se echaba en manos del neoliberalismo económico y cerraba casi cualquier posibilidad de instrumentar en el futuro una política economía de izquierdas.

Esta evolución de la realidad económica y política en las últimas seis décadas resulta bastante evidente, al menos para los que tenemos ya una cierta edad y hemos sido testigos presenciales de ella. No necesitamos ni fuentes empíricas ni encuestas ni examen de los resultados electorales que parecen necesitar las nuevas generaciones de la izquierda, tal como reclama Garzón en su artículo. Basta por ejemplo comprobar cómo han evolucionado los sistemas fiscales (incluso en España) y las normas laborales de los distintos países, o ver los discursos y el pensamiento de los principales mandatarios de la izquierda: Tony Blair, Schröder, Felipe González o, últimamente en España, Zapatero y Sánchez.

En contra de lo que algunos parecen defender, no se precisa hacer una tesis doctoral acerca de si se denomina neoliberalismo económico, clase dominante, oligarquía financiera, etc., para aceptar que a partir de principios de los ochenta, una serie de grupos sociales, económicos y políticos, sea cual sea su denominación, se rebelan contra el Estado social pensando que se ha ido demasiado lejos en la política redistributiva. Alguien lo ha llamado “rebelión de los ricos”. No en vano el primer detonante se produce con las reformas fiscales de Reagan y Thatcher. No creo demasiado en las teorías conspiratorias, pero cuando la finalidad es común resulta lógico pensar que los grupos confluyan de forma natural (sin ser necesario que se pongan explícitamente de acuerdo) en establecer una estrategia para conseguir por todos los medios posibles el logro de sus objetivos, entre ellos el de fragmentar las clases sociales y las posiciones ideológicas contrarias a sus intereses.

El subtítulo del libro de Daniel Bernabé reza así: “Cómo el neoliberalismo fragmentó la identidad de la clase trabajadora”. Con la palabra diversidad Bernabé se refiere a todas esas políticas y reivindicaciones transversales que afectan a determinados grupos sociales definidos por criterios diferentes de la situación económica de sus componentes: matrimonio homosexual, lenguaje inclusivo, igualdad de retribuciones entre hombres y mujeres, derechos de los animales, memoria histórica, educación para la ciudadanía, defensa del medio ambiente y un largo etcétera. Nada negativo encuentra Bernabé en todas estas reivindicaciones, ni en los grupos que las defienden, siempre que no compitan y suplanten la lucha más global e integral entre clases sociales, es decir aquella que se produce frente a una oligarquía que quiere imponer sus intereses y su modelo económico, en detrimento de la mayoría social menos afortunada.

Del libro de Bernabé parece deducirse algo más, y es que esa minoría a la que se denomina neoliberalismo propicia esas reivindicaciones más particulares y la diversidad en los planteamientos que de ellas se derivan para romper la unidad de las clases bajas y desviar así la atención de las exigencias más generales y universales. No sé hasta qué punto es siempre así. Desde luego en España existe un caso en el que se cumple este aserto de forma clara. El nacionalismo y el regionalismo dividen a la izquierda y la apartan de su finalidad principal y de sus aspiraciones más genuinas. La España plural colabora muy eficazmente a los intereses del neoliberalismo y de la clase dominante.

El 15-M desapareció de Cataluña en cuanto hizo su aparición el soberanismo, y las reivindicaciones sociales y laborales se transformaron en exigencias independentistas. Esa fue la habilidad de Artur Más. Cuando, como consecuencia de los ajustes de los que era cómplice, la contestación y la crítica se dirigieron hacia él, hasta el extremo de que se vio forzado a entrar en helicóptero en el Parlament, supo quitarse de en medio y hacer únicos responsables a los extremeños, andaluces, castellanos, aragoneses, gallegos, etc., que, según los nacionalistas, se estaban aprovechando de los catalanes.

Lo más grave es que la desorientación que afecta a la izquierda catalana se ha contagiado a buena parte de la izquierda del resto de España, que de forma inexplicable ha asumido los argumentos y la causa de los secesionistas. El absurdo ha llegado a tal extremo que el Parlamento español se encuentra dividido en dos mitades casi iguales, pero la mayoritaria, donde se sitúa la izquierda, está sometida al dictado de los golpistas.

Bernabé nos advierte acerca del peligro de que lo que en su libro llama diversidad sirva de coartada y pretexto para que determinados gobiernos que implementan políticas de derechas puedan presentarse a sus electores como representantes de la izquierda. La política económica de Zapatero, bajo la batuta de Solbes y Salgado, fue pura continuación -cuando no superación- de los errores de Aznar, y entre ambos generaron las condiciones para la recesión en la que se vio sometida posteriormente la economía española. Su política fiscal estuvo entre las más reaccionarias que han existido, eliminando el impuesto de patrimonio, reduciendo el IRPF y modificando el impuesto de sociedades hasta el extremo de que el tipo efectivo de las grandes empresas llegó a no superar el 3%, y eso sin hablar de las medidas que acometió al final de su mandato cuando entró en pánico ante la crisis. Sin embargo, se ha pretendido considerar a sus gobiernos de izquierdas por el hecho de mantener la paridad de género en su composición, aprobar el matrimonio gay o crear un ministerio de la igualdad.

Sánchez se mantiene en la misma senda de Zapatero. Es más, intenta superarlo introduciendo más mujeres que hombres en su Ejecutivo. Y pretende que su gobierno pase por izquierdista por exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos, aunque después no sepa qué hacer con ellos. Bernabé se refiere explícitamente a este tema: “Yo soy nieto de un represaliado republicano, que fue trabajador esclavo durante la dictadura. Con esto quiero decir que la Memoria Histórica es algo que me toca de manera personal, pero entiendo que eso no puede utilizarse para esconder otras cosas. No me parece inocente que el Gobierno de Pedro Sánchez se centre en El Valle de los Caídos al mismo tiempo que evita derogar la reforma laboral. Si el PSOE quisiera, tardaría una mañana en publicar la lista de amnistiados fiscales, pero no está dispuesto a meterse en conflictos económicos con las élites”. No deja de ser curioso que los que hemos sufrido a Franco casi ya nos hemos olvidado de él. Y que sean los que no lo han conocido los que se empeñan en utilizarlo como un comodín, especialmente los golpistas, para acreditar su pedigrí democrático y de izquierdas.

Tanto Zapatero como Sánchez han creado el Ministerio de Igualdad, pero resulta significativo que su cometido no sea enfrentarse a la desigualdad con mayúscula, la que se produce entre las distintas capas sociales, la que describe en su libro Thomas Piketty, sino tan solo la que se supone que hay entre mujeres y hombres. Es también revelador que cuando la vicepresidenta del Gobierno, en un gesto de audacia, anuncia que van a regular la composición de los consejos de administración de las empresas privadas se refiere tan solo a la proporción que se debe dar entre mujeres y hombres, pero por supuesto ni se le ocurre hablar de la presencia entre sus miembros de representantes de los trabajadores, sean hombres o mujeres, lo que antes se llamaba cogestión.

Nada que objetar a la batalla del feminismo, siempre que no se caiga en el ridículo de querer cambiar la Constitución para adaptarla a lo que llaman lenguaje inclusivo, o emplear la expresión ininteligible de “los derechos de los niños y las derechas de las niñas”, pero sobre todo que no se pretenda con ella blanquear la incapacidad e impotencia que una parte de la izquierda tiene después de asumir la globalización y la Unión Monetaria para separarse de las políticas de derechas.

Es posible que los llamados impuestos ecológicos generen efectos beneficiosos de cara al medio ambiente, pero suelen tener un carácter regresivo desde el punto de vista de la equidad fiscal, ya que todos ellos tienen la condición de indirectos; y, además, en la mayoría de los casos inciden más en las clases modestas que en las adineradas, que pueden eludirlo de forma más sencilla. Es lo que ocurre con el gravamen al gasóleo que proyecta el actual Gobierno. Y también sucede lo mismo en lo referente a las penalizaciones establecidas por el Ayuntamiento de Madrid de cara a la movilidad y a las restricciones por contaminación. No toda medida a favor de la lucha contra el cambio climático puede ser aceptable sin más para la izquierda, sin tener en cuenta otras consideraciones.

El libro de Bernabé “La trampa de la diversidad” reta a buena parte de los partidos socialdemócratas, y de otras formaciones más a la izquierda, que han asumido la globalización y la moneda única y que se ven por tanto impotentes para implementar o incluso defender una auténtica política de izquierdas. Sienten la tentación de agarrarse a determinadas batallas, que serán perfectamente lícitas y justas, pero que no pueden ni deben sustituir la lucha por la desigualdad social y económica. Interpela, en definitiva, a aquellos que afirman que el euro no es ningún problema y que el problema está en la monarquía.

republica.com 2-11-2018



ALGUNAS VERDADES ACERCA DE LAS PENSIONES PUBLICAS

ECONOMÍA DEL BIENESTAR Posted on Sun, October 14, 2018 21:03:18

El Gobierno de Pedro Sánchez se podría denominar el de los tristes destinos o, mejor, el de los anuncios y desmentidos; pero pocos proyectos han durado tan poco como el intento de eliminar la desgravación fiscal a la inversión en fondos de pensiones. Al día siguiente de difundirlo, se producía ya la rectificación. Algunos medios lanzaron la idea de que el Gobierno no quería enemistarse con tantos contribuyentes como se aprovechan de la desgravación.

La afirmación no creo que tenga mucha consistencia, porque los beneficiados con los fondos de pensiones no son tanto los contribuyentes como los bancos. Los partícipes lo único que obtienen es retrasar el pago de los impuestos, ya que la deducción actual se compensa con la cuantía que tendrán que abonar en el momento del rescate. Como contrapartida, pierden la administración de su inversión, que entregan a la entidad gestora, más preocupada de la ganancia del banco al que pertenece, que de la de los partícipes. Las comisiones se terminan comiendo cualquier asomo de rentabilidad. Hasta el año 2006 se podía dudar de la conveniencia que para el contribuyente tenía esta figura financiera, ya que en el momento del rescate se tributaba tan solo por el 60% del total. Pero, a partir de esa fecha, no parece que haya duda alguna, ya que la imposición es del 100% al recuperar el fondo.

Lo que, sin embargo, sí es seguro, es que las grandes favorecidas por los planes de pensiones son las entidades financieras, puesto que a través de ellos cuentan con cuantiosos fondos cautivos que pueden gestionar a su antojo según sus conveniencias y que les proporcionan importantes comisiones. De ahí la defensa a ultranza que los bancos realizan de la desgravación, porque por lo menos crean el espejismo de que esta figura financiera es ventajosa para los contribuyentes.

Los intereses de las entidades financieras en incentivar los fondos de pensiones son los que han estado detrás de la ofensiva lanzada desde los años ochenta en contra del sistema público de pensiones. Desde entonces, los cañones informativos del poder económico no han dejado de bombardear con múltiples consignas acerca de la previsible quiebra de la Seguridad Social, pronosticando la hecatombe para determinadas fechas. Sin embargo, los días señalados fueron llegando sin que se cumpliesen los negros augurios de los expertos a sueldo.

Los intereses financieros están también detrás de todas las voces que estos días han surgido en tono crítico al conocerse que el Pacto de Toledo había aprobado la actualización anual de las pensiones por el IPC. Hasta Solchaga ha salido del escondite de sus negocios para saltar a la palestra y afirmar que los jubilados no han pagado todo lo que reciben. Ante la algarabía de despropósitos escuchados, he considerado conveniente contestar una vez más a algunos de ellos. Tengo que reconocer que lo hago con cierta apatía por no poder decir nada nuevo, distinto de lo que he repetido en bastantes ocasiones (ver los últimos artículos sobre este tema en este diario digital publicados el 8, el 15 y el 22 de marzo de este año, respectivamente). Pero, como los tópicos, los sofismas y las falacias son también los mismos, no tengo más remedio que reiterar los argumentos. Ahora bien, la referencia a los tres artículos anteriores me exime de un relato pormenorizado, y me permite limitarme a señalar tan solo a modo de resumen los puntos más relevantes y significativos sin entrar a fondo en ellos:

1) La actualización de las pensiones con el IPC no representa ninguna subida real, simplemente se trata de impedir que se reduzca su cuantía. Tampoco constituye un coste real para el Estado, porque si la inflación eleva en términos nominales el gasto público, incluyendo las pensiones, en la misma medida incrementa los ingresos de todas las administraciones públicas. Si, no obstante, el gasto de la Seguridad Social se incrementa año tras año en términos reales, son otras las variables responsables, por ejemplo, se debe al hecho de que las prestaciones de los nuevos jubilados sean más elevadas que las de aquellos que abandonan el sistema, manifestación clara de cómo las pensiones crecen menos que los salarios.

2) Las pensiones no tienen por qué financiarse exclusivamente con cotizaciones sociales. Son todos los ingresos del Estado los que deben hacer frente a su desembolso.

3) No hay ninguna razón para diferenciar el gasto en pensiones de otras partidas del presupuesto tales como la educación, la sanidad, la justicia, el seguro de desempleo, la defensa o los intereses de la deuda. A nadie se le ocurre afirmar que tales gastos son inviables y que el Estado va a dejar de costearlos.

4) La viabilidad de las pensiones, como la del resto de los gastos públicos, no depende de cuántos son los que producen, sino de cuánto se produce. Gracias a los incrementos de productividad, menos trabajadores pueden generar un mayor output.

5) En los países occidentales la productividad viene creciendo paulatinamente desde 1700. En concreto, en el periodo 1980-2012, la tasa promedio de crecimiento fue del 1,8%. Aun cuando esta tasa es bastante más reducida que la de los periodos anteriores, es lo suficientemente elevada como para que la renta per cápita durante estos años se haya incrementado en términos reales el 77% y se haya creado, por lo tanto, sobrada riqueza para que no exista ningún obstáculo en la financiación del Estado social en su conjunto, incluyendo por supuesto las pensiones. Eso sí, siempre que el Estado como socio destacado del sistema productivo se apropie mediante impuestos de una parte suficiente de la producción.

6) Los problemas, de existir, no son de producción sino de distribución, y de la decisión social y política de crear y perfeccionar un sistema fiscal dotado de la progresividad y suficiencia apropiadas para financiar la totalidad de las prestaciones del Estado social.

7) No es verdad sin más que los impuestos se opongan al crecimiento. Más bien, si se emplean adecuadamente, puede ser al contrario. Los pensionistas tienen una propensión marginal a consumir bastante más elevada que los contribuyentes de rentas altas -sobre quienes en mayor medida deben recaer los impuestos-, por lo que los recursos en sus manos contribuirán más a la expansión económica que en el bolsillo de los contribuyentes.

8) La próxima revolución industrial, que ya se vislumbra, incrementará significativamente la productividad, pero por el mismo motivo puede reducir de forma considerable el número de puestos de trabajo. La alternativa al desempleo es, tal como ha ocurrido ya en otros momentos de la Historia, el reparto del trabajo, empleando al menos parcialmente los incrementos de productividad en disminuir la jornada de trabajo o la vida activa de la población.

9) El sistema público de pensiones, a pesar de ser de reparto, no constituye ninguna injusticia intergeneracional. Los más interesados en que no se reduzcan las pensiones son los futuros pensionistas.

10) Si la productividad crece y cada generación es más rica que la anterior se debe a que parte con un bagaje técnico y de conocimientos mucho mayor, que ha sido posible gracias al esfuerzo de las anteriores generaciones.

11) Concretamente en el caso de España, los jubilados actuales han costeado con sus impuestos una educación universal y gratuita de la que la mayoría de ellos no gozaron en su infancia y adolescencia. Con sus impuestos han facilitado en buena medida el acceso a la universidad de las generaciones posteriores, facilidades de las que muy pocos de su generación disfrutaron. Con sus cotizaciones se han mantenido las pensiones de los trabajadores de épocas precedentes. Han sido su trabajo y sus contribuciones al erario público los que han hecho posible que hoy las estructuras y el desarrollo económico en España sean muy superiores a los que conocieron en su niñez y que la renta per cápita sea más del doble de la existente hace cuarenta años. ¿No le parece, señor Solchaga, que al menos han aportado tanto como reciben? ¿No tienen derecho a que al menos se mantenga el poder adquisitivo de sus pensiones?

12) El sistema de pensiones español comparado con los de otros países no tiene nada de generoso, a pesar de las manifestaciones de sus detractores, que se fijan exclusivamente en el porcentaje que la pensión que se reconoce en el momento de la jubilación representa respecto del último salario sin considerar otras variables.

13) Según datos de Eurostat para 2015, en España el porcentaje que representa el gasto en pensiones sobre el PIB es inferior al de Grecia, Francia, Portugal, Austria, Dinamarca, Holanda, Finlandia, Bélgica, Italia y Alemania. Tan solo los países que provienen del bloque del Este mantienen un porcentaje inferior.

14) En España el gasto por pensionista es inferior al de Dinamarca, Luxemburgo, Bélgica, Holanda, Suecia, Austria, Reino Unido, Finlandia, Italia, Francia, Irlanda, Alemania, etc.

15) En todos los países de la Unión Europea las pensiones se revalorizan periódicamente de acuerdo con la evolución de una o varias de estas tres variables: los precios, los salarios y el PIB. Estoy seguro de que los jubilados españoles estarían encantados con que a la evolución de los precios se añadiese la del PIB y la de los salarios a la hora de actualizar sus pensiones.

16) Por último, es bueno recordar que la presión fiscal española se sitúa ocho puntos por debajo de la media de los países de la Unión Europea. Nadie puede decir que no existe margen para mantener el sistema público de pensiones y actualizar las prestaciones anualmente de acuerdo con el IPC.

republica.com 5-10-2018



PROTEGER EL MERCADO DEL ALQUILER

ECONOMÍA DEL BIENESTAR Posted on Sun, September 23, 2018 23:50:12

Entre las muchas propuestas que Podemos ha hecho al actual Gobierno se encuentra la reforma del mercado del alquiler. La petición es muy loable, ya que no en vano el disfrute de una vivienda digna y adecuada aparece como un derecho fundamental en la Constitución española. Pero como en el caso de otros muchos derechos –por ejemplo, el de disponer de un puesto de trabajo (pleno empleo)-, su aplicación en la práctica deja mucho que desear, y es que las cosas son más fáciles de enunciar que de realizar. En cualquier caso, no basta con tener buenas intenciones, sino que hay que saber cómo llevarlas a cabo; no sea que se adopten medidas que lejos de mejorar la situación, la empeoren. Así ha ocurrido con la mayoría de las leyes de arrendamientos urbanos aprobadas, que, si bien fueron elaboradas desde posturas muchas veces antagónicas, sus resultados fueron finalmente idénticos. En el mejor de los casos, dejaron las cosas igual que estaban; y es que en ninguna de ellas se incidió sobre las verdaderas causas del problema.

Ahora que la memoria histórica está de moda conviene recurrir a ella para algo más que para exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos. En el caso de la vivienda, y más concretamente del alquiler, hay que remontarse al franquismo, incluso a los años posteriores a la Guerra Civil para entender los defectos y problemas actuales. España había quedado tan arrasada que, principalmente en las ciudades, se produjo una carencia radical de viviendas. A pesar de ello, desde 1939 hasta 1955 se mantuvo una parálisis de la construcción residencial. La iniciativa privada no tenía ningún incentivo para invertir en este sector, dada la falta de capacidad adquisitiva de la población, y el sector público no quiso o no pudo construir viviendas baratas, al menos en el número necesario.

El régimen, de acuerdo con su condición de dictadura populista (aun quedaba algo de la revolución pendiente de los falangistas), para aplacar a los ciudadanos e incapaz de solucionar el problema por sí mismo, echó sobre las espaldas de un sector concreto, los propietarios de bienes inmuebles (los llamados caseros), el coste de paliar (no de corregir) la situación. Estableció la congelación de las rentas y la prórroga forzosa para todos los contratos de arrendamiento. Las leyes de 1946, de 1955 e incluso la de 1964, mantienen, como norma general con algunas excepciones, el contrato indefinido con renovación anual, renovación obligatoria para el arrendador y potestativa para el arrendatario, y se congela el precio del alquiler (desde 1964 se permite la actualización por el coste de la vida). Se establece también un régimen de subrogaciones familiares que, salvo excepciones, hacía que, en la práctica, el propietario perdiera indefinidamente la disponibilidad de facto de la vivienda, ya que era muy difícil que pudiera recuperarla.

La situación fue haciéndose insostenible para los propietarios, que vieron cómo las rentas congeladas se iban separando más y más de la revalorización de las casas y, lo que era peor, del coste de los materiales de construcción y mano de obra que se precisaban para las reparaciones de los edificios. Se llegó al extremo de que las rentas obtenidas del alquiler no compensaban los gastos de mantenimiento, lo que llevó a muchos a desentenderse de su propiedad y a abandonar los edificios, acometiendo tan solo las obras más imprescindibles, con lo que los inmuebles se fueron deteriorando progresivamente.

No obstante, y al mismo tiempo, según se constituía una clase con cierta capacidad económica y relativamente amplia, fue surgiendo un sector de la construcción orientado a la obra residencial, viviendas destinadas al mercado de compra y venta y no al del alquiler, ya que el primero era mucho más productivo y más rentable. El crecimiento de este negocio estuvo íntimamente unido al desarrollo de la figura de la propiedad horizontal que, si bien era ya contemplada en el Código Civil (art. 396), no adquirió la mayoría de edad hasta 1960 con la Ley de 21 de julio. Este sistema facilitaba y agilizaba la compra de la vivienda por una capa importante de la población desplazando el sistema de alquiler. Incluso a los antiguos arrendadores se les permitió vender la casa por pisos, eso sí, concediendo el derecho de tanteo a los inquilinos capitalizando la renta al 4,5%. Ciertamente, el precio así calculado era muy inferior al de mercado. No obstante, la mayoría de los propietarios aceptaron este mecanismo como mal menor y para no perder así la totalidad de la inversión.

Había muerto en nuestro país el mercado del alquiler para consagrarse de cara al futuro el sistema de adquisición de la vivienda propia. Desde entonces se puede decir que España se situó a la cabeza de los países europeos respecto al porcentaje de las familias que optaban por la compra en lugar del arrendamiento. Con la democracia se liberalizó el mercado del alquiler, incluso pasándose de rosca en algunos momentos, como en 1985 con el llamado decreto Boyer, que dejaba la duración del contrato a la libre decisión de las partes y eliminaba la prórroga forzosa; la pauta general pasó a ser la renovación anual, dando así al arrendador la oportunidad de variar el precio del alquiler todos los años. El resultado fue el contrario del pretendido, puesto que se dejó en una gran indefensión a los inquilinos, reforzando la tendencia de que optasen por la compra todos aquellos que tenían alguna posibilidad.

A partir de ese momento, han sido muchos los intentos para reconstruir un mercado del alquiler, elemento fundamental para dar solución al problema de la vivienda, pero todos ellos han tenido poco éxito ya que han incidido siempre sobre factores no sustanciales y, a menudo, con una orientación equivocada. Las actuaciones dirigidas a potenciar el mercado del alquiler deberían comenzar por analizarlo y detectar los factores que inciden sobre la oferta y la demanda.

Comencemos por la demanda. Los intereses de las entidades financieras, unidos a las tasas de inflación, han propiciado y popularizado las hipotecas, haciendo creer a muchos que la compra entraba dentro de sus posibilidades y extendiendo la idea de que el alquiler era tirar el dinero. La consecuencia de esta política se ha visto en la actual crisis, con cientos de miles de insolventes.

El sector público ha sido también responsable de la reducción de la demanda en el mercado de alquiler, ya que los incentivos fiscales a la vivienda se han canalizado en su mayoría a la compra, mediante una deducción fiscal, lo que constituye la peor fórmula posible por varios motivos. El primero, porque hace relativamente fácil el fraude. La administración tributaria resulta incapaz de controlar, por simples procedimientos de gestión, si se cumplen todos los requisitos exigidos en la ley; por cierto, bastante alambicados. Como mucho, en todo caso se comprueba la veracidad de la hipoteca y de la anualidad pagada del préstamo. Solo si el contribuyente sufriese una inspección, probabilidad muy remota, se examinaría exhaustivamente que la deducción se adecua a la ley en todos sus aspectos.

Segundo, porque el procedimiento es totalmente regresivo, empezando porque excluye de la ayuda a los ciudadanos de menores ingresos, los exentos del IRPF. También quedan descartados todos aquellos que carecen de la capacidad económica necesaria para adquirir una vivienda. Y para los que sí pueden acogerse a ella, la cuantía de la ayuda está en consonancia con el precio de la vivienda. Es más, hasta 1998 se mantuvo una normativa radicalmente injusta. Los intereses de la hipoteca se deducían de la base imponible del impuesto, no de la cuota, con lo que era el tipo marginal el que entraba en juego y, por lo tanto, la cuantía del beneficio que recibía el contribuyente era tanto más elevada cuanto mayor era su renta.

Si los ingentes recursos públicos destinados a incentivar la compra de viviendas, ayudando en muchos casos a quien no lo necesitaba, se hubiesen dedicado a estimular la vivienda en alquiler, muy posiblemente la demanda en este mercado habría alcanzado un volumen mayor.

Desde el punto de vista de la ampliación de la oferta, el primer factor negativo ha sido el comportamiento del sector público, que para paliar la insuficiencia de vivienda que presentan las capas más bajas de la población, optó por la modalidad de venta (viviendas de protección oficial) frente a la de facilitar viviendas en alquiler, que tiene sin duda claras ventajas frente a la primera. Por muy barata que sea la vivienda, la compra no está al alcance de los ciudadanos pertenecientes a los estratos más necesitados de la sociedad. Se han dado muchos casos en los que alguien después de ser agraciado con un piso de protección oficial ha tenido que renunciar a él por carecer de capacidad económica para abonar el precio. La previsión constitucional no sostiene que todo español tiene derecho a tener una casa en propiedad, sino a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.

Por otra parte, el estado de necesidad no es igual a lo largo de toda la vida. En muchos casos, especialmente en el de los jóvenes, la falta de medios económicos es provisional, durante un cierto periodo de tiempo. No tiene sentido, por tanto, que la protección pública sea para toda la vida, situación que se produce cuando se concede en propiedad un piso de protección oficial. No es infrecuente que el beneficiado, con el tiempo, al cambiar de situación económica, quiera cambiar también de vivienda, y termine vendiendo el piso subvencionado, obteniendo de esta forma un beneficio que no le correspondería.

No hay duda de que para que el mercado de alquiler funcione es imprescindible conseguir que la oferta sea suficientemente amplia y en ese cometido el sector público asume un papel importante; pero no es suficiente, resulta imprescindible la colaboración del sector privado. El Estado puede lograr que inversiones importantes se canalicen a la construcción de viviendas destinadas al alquiler, pero esto será siempre un porcentaje reducido en este mercado, en el que la oferta está totalmente fragmentada. En general, las viviendas que se alquilan, y las que están vacías y son potencialmente arrendables, pertenecen a personas y familias de clase media que en su mayoría alquilan un piso, todo lo más, dos. Es importante conocer la psicología de este grupo social y saber cuáles son los estímulos por los que se mueven.

Si algo caracteriza a este colectivo es su conservadurismo en materia económica y su predisposición a no asumir riesgos en su patrimonio. De ahí que el factor más decisivo para que se inclinen por no arrendar y mantener el piso vacío es el miedo a la morosidad y a no poder desalojar al inquilino en caso de incumplimiento o a verse inmersos en un proceso judicial para el que no están acostumbrados ni preparados, además del riesgo de que cuando el piso se recupere este haya sufrido importantes desperfectos. El anatema con que una parte de la sociedad ha calificado el desahucio no ha colaborado mucho a infundir confianza. Quizas no se ha sabido distinguir bien entre las distintas clases de desahucios.

El porcentaje de población que en España vive de alquiler se ha elevado sustancialmente con la crisis económica (20%); así y todo, estamos muy lejos del porcentaje de los países similares al nuestro, dentro de la UE. Francia, por ejemplo, se sitúa en el 37%, y Alemania en el 50%. Solo los países provenientes del bloque del Este, debido al régimen económico del que partían, nos superan en el porcentaje de vivienda en propiedad. Nadie parece discutir la importancia, tanto desde el punto de vista social como desde el económico, de un buen funcionamiento del mercado de alquiler, pero para ello hay que ampliar tanto la oferta como la demanda, hacer más ancho el mercado.

Para evitar niveles de precios inadecuados, el Estado debería incrementar la oferta introduciendo en el mercado un nivel importante de casas de protección pública dadas en arriendo. En ese sentido, hay que congratularse del anuncio del ministro de Fomento de promocionar 20.000 viviendas en alquiler; eso sí, siempre que no sea uno de tantos brindis al sol que realiza este Gobierno de cara a la próxima campaña electoral, pero sin ninguna realidad o consistencia. El Estado tendrá que incentivar también la posible oferta de los miles y miles de pequeños propietarios que prefieren mantener las casas vacías y no habrá mejor forma de incentivarles que introducir mecanismo que disminuyan el riesgo para ellos de posibles incumplimientos del contrato por parte del inquilino. El gobierno de turno, sobre todo, tendrá que tener cuidado en evitar aprobar determinadas medidas coactivas que lejos de ampliar la oferta la reduzcan aún más y hagan salir del mercado a muchos de los que en estos momentos están en él. Es importante sacar las debidas lecciones de la Historia.

republica.com 20-9-2018



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