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ARTÍCULOS RECIENTES CONTRAPUNTO

ANARQUÍA ADMINISTRATIVA, CORRUPCIÓN POLÍTICA

CORRUPCIÓN, HACIENDA PÚBLICA Posted on Dom, septiembre 04, 2022 21:07:41

Se ha criticado mucho el decreto ley de restricciones energéticas y, muy posiblemente, con razón, al menos en cuanto a la improvisación y al autoritarismo con los que se ha elaborado. Sin embargo, ha pasado casi desapercibido su artículo 30, que autoriza a que toda contratación de obra, servicios, etc., que las administraciones públicas necesiten hacer para la mejora energética de sus edificios e instalaciones pueda realizarse por el procedimiento negociado sin publicidad por causa de imperiosa urgencia. Incluso se les exime de ciertos requisitos que mantiene este tipo de contratación. En fin, en román paladino, que pueden contratar a dedo, como quieran y con quien quieran.

Este Gobierno, por “h” o por “b”, se ha acostumbrado a prescindir de todo el aparato jurídico que garantiza la objetividad y la neutralidad en el funcionamiento de la Administración. Al mismo tiempo, ha sido proclive a utilizar la corrupción del contrario como arma política, lo que resulta un tanto contradictorio no solo porque el PSOE en esa materia tiene el techo de cristal, sino también porque más importante que criticar la corrupción pasada es crear y mantener los mecanismos y procedimientos que hagan imposible, o al menos muy difícil la corrupción futura. Más conveniente que llorar por la leche derramada es no hacer agujeros en las lecheras. Y Sánchez y su Gobierno no pierden ocasión de agujerear y perforar los procedimientos y los controles administrativos, boquetes por donde se pueden colar el amiguismo, los intereses económicos propios o los del partido.

En la cúspide de esta adulteración de la gestión pública se encuentra la utilización abusiva del decreto ley. Los nombres suelen ser indicativos de la realidad. El poder ejecutivo debe ejecutar y el legislativo, legislar, pero con los gobiernos de Sánchez se han invertido los papeles. Han abandonado la gestión, ni saben ni les interesa, y se han dedicado a legislar mediante decretos leyes. Cada uno de ellos suele ser un puzzle de los temas más dispares. El papel del Parlamento queda reducido a convalidarlos de forma global, de modo que quien quiera aprobar una parte se ve obligado a ratificar el lote completo, y el Gobierno juega con ello para chantajear a la oposición.

En este orden de cosas uno de los hechos más escandalosos es la forma en la que se están concediendo e instrumentando los llamados fondos de recuperación económica. No solo es que los destinos se hayan decidido unilateralmente por el Gobierno prescindiendo del Parlamento, es que además se está realizando con total opacidad y nadie sabe qué tareas e inversiones se están llevando a cabo.

El tema adquiere mayor gravedad cuando se comprueba que junto a la falta de transparencia política se da también la opacidad administrativa. Ya el propio decreto ley que regulaba toda la materia dispensaba, en aras de la urgencia (premura que después no se ha seguido en la ejecución), de muchos de los trámites y controles necesarios en la administración de los fondos públicos. La fiscalización previa, por ejemplo, quedaba reducida a una parodia.

Pero es que, además, la mayoría de los programas se han externalizado, bajo la forma de encargos u otros procedimientos parecidos, a figuras administrativas que por su condición de empresas públicas o similares no están sometidas a los mismos controles o requisitos que la Administración, porque tampoco están creadas para las tareas que ahora se les encomiendan. En realidad, esta externalización tiene únicamente la finalidad de exonerar la concesión y ejecución de esos recursos de los procedimientos y normas que debe tener la utilización de fondos públicos, y que se pueda actuar por tanto con total discrecionalidad, cuando no arbitrariedad. El procedimiento no es muy distinto, solo que a gran escala, al empleado con los ERE en Andalucía. Existe, por tanto, el peligro de que el resultado sea también similar.

La mayoría de las veces el final de la historia será la constitución de asociaciones público-privadas, uniones que hasta ahora en casi todos los casos en los que se han empleado han resultado ruinosas para el sector público y rentables para el privado. En realidad, tal como se están ejecutando, puede ocurrir de todo con los fondos de recuperación. La última noticia (no sé si filtración más bien) es que para su control se piensa contratar una empresa privada. Pantomima destinada a cubrir el expediente cuando han desaparecido todos los controles públicos.

Sánchez ha exhibido los fondos de recuperación como el talismán capaz de evitar todos los males de la economía española, y de cambiar nuestra estructura productiva. La ministra de Economía, tal como nos tiene acostumbrados, ha ofrecido una visión de la realidad totalmente distorsionada. Según ella, constituyen la mayor transferencia de fondos que recibimos desde Europa. Esto está lejos de ser verdad, si se toma en sus justas proporciones: saldo neto y en porcentaje del PIB. En 2021, y se supone que también en los próximos ejercicios, este porcentaje se sitúa alrededor del 1%, cifra similar a la que recibíamos casi todos los años en la década de los noventa.

La aportación neta respecto al PIB es más o menos la misma, e idénticos también los defectos y los inconvenientes. En primer lugar, la cuantía de estos saldos es muy inferior a la que correspondería cada año si la Unión Monetaria se hubiese completado, como sería lógico, con la integración fiscal y presupuestaria. No nos regalan, por tanto, nada. La prueba más evidente es la gran cantidad de recursos que durante largo tiempo la antigua Alemania Federal tuvo que transferir a los territorios de la Alemania Democrática como consecuencia de la Unión.

En segundo lugar, el destino de los fondos, también de los de recuperación, es fijado en gran medida por Bruselas de acuerdo con sus manías, o con los intereses de sus lobbies, más que por las conveniencias de España. El único control de la Comisión radica en comprobar de forma genérica que los recursos han sido aplicados a las finalidades señaladas, pero no si se han realizado con la eficacia debida y con la objetividad y neutralidad en el reparto que corresponde a los fondos públicos.

Hasta ahora hemos recibido recursos de Europa por importe de 31.000 millones de euros, aunque de ellos el segundo plazo, por importe de 12.000 millones, acaba de llegar. De momento, la función taumatúrgica de estas transferencias no se ha visto por ninguna parte: la economía española no ha sufrido ninguna transformación y se encuentra a la cola de la Unión Monetaria en casi todos los aspectos. España es el único país de la Eurozona que aún no ha recuperado ni los niveles del PIB ni de la renta per cápita del 2019. También es el país con la mayor tasa de paro de la Unión Europea; estos años ha incrementado el endeudamiento público más que ningún otro Estado, y presenta una tasa de inflación superior a la media tanto de la Unión Europea como de la Eurozona, y desde luego por encima de las otras tres grandes economías europeas con las que lógicamente tiene que competir: Alemania, Francia e Italia.

¿Dónde se encuentra la eficacia de los fondos europeos? No parece que estén sirviendo para mucho. Ni para sanear las finanzas públicas ni para la recuperación de la economía; pero, eso sí, puede ser que estén enriqueciendo a determinadas personas o empresas. Todo ello sin duda es grave, pero hasta ahora se están utilizando recursos recibidos a fondo perdido. El peligro se hace mucho mayor con la predisposición que parece tener el Gobierno de pedir también los 70.000 millones que se conceden en forma de préstamos, con lo que incrementaremos aún más el ya muy elevado nivel de endeudamiento público, sin saber muy bien para qué, sin conocer cuáles son las necesidades que se pretenden cubrir o a quién se quiere favorecer. Es posible que todo ello acabe siendo una triste herencia para un futuro gobierno, si el sanchismo perdiese las próximas elecciones.

republica 1- 9-2022



PEDRO EL DE LAS MERCEDES

CORRUPCIÓN, GOBIERNO Posted on Lun, junio 06, 2022 21:21:01

“Yo revelo todo mi corazón, amigos míos -atestiguaba Nietzsche por boca de Zaratustra-. Si hubiese Dios, ¿cómo soportaría no serlo? Luego Dios no existe”. Sánchez, aunque sea de forma inconsciente, piensa de la misma manera: si hay rey, ¿cómo soportaría no serlo? Luego delenda est monarchia. La razón de la ofensiva de Sánchez contra la monarquía (ofensiva disimulada, pero no por eso menos agresiva) se encuentra sí en la necesidad de dar gusto a sus socios independentistas, que tienen como uno de sus primeros objetivos destruirla, no tanto como monarquía sino como representación de la unidad del Estado, y atacar al Rey no tanto como rey sino como jefe del Estado.

Pero, también, en un deseo inconsciente frustrado, el de ser rey, pero no rey parlamentario -que necesita para realizar cualquier acto el refrendo del gobierno-, sino absoluto, del Antiguo régimen, de los que aglutinan todos los poderes, tal como los poseía el ahora denostado Juan Carlos I a la muerte de Franco y a los que renunció para transferirlos al pueblo, el español, que según la Constitución es el único soberano. Cuando Sánchez coincide en un mismo acto con el jefe del Estado se nota demasiado su desagrado por tener que ocupar el segundo lugar.

Una noticia no ha tenido quizás la relevancia que merecía, la contestación de la Moncloa al Consejo de Transparencia, acerca del uso del Falcon para asuntos privados o de partido. Han sido tres meses largos de disputas con el Consejo y se han necesitado dos pronunciamientos de la Audiencia Nacional para forzar a Sánchez a reconocer que lo ha empleado para asuntos propios y del partido en infinidad de situaciones. Nunca un presidente de gobierno se ha negado como este a dar información sobre el uso de los medios públicos. Ninguno ha necesitado tantas llamadas de atención por parte del Consejo de Transparencia. Ninguno ha tenido que ser amonestado por la Audiencia Nacional por negarse a facilitar los datos y esconderse detrás de los secretos oficiales.

Con todo, lo más relevante es la argumentación aportada por Moncloa y enviada al Consejo de Transparencia para justificar la utilización de los medios públicos para fines privados: “La condición del presidente del gobierno se ejerce de forma continuada e íntegra durante todo el laxo de tiempo que discurre entre su nombramiento y cese, sin contemplar ningún periodo determinado o determinable en que el jefe del ejecutivo no ostente esa condición”. La contestación no deja de ser sorprendente, ya que parece que se considera la presidencia del gobierno como un cierto manto para cubrir todo lo que se haga y en todo momento, patente de corso, una especie de inviolabilidad para la utilización de los recursos públicos con absoluta discrecionalidad.

Es curioso que ahora que se discute la inviolabilidad del Rey, parece que Sánchez pretende establecerla para la presidencia del gobierno. Con una gran diferencia, en el caso del jefe del Estado la Constitución se la concede después de atarle las manos y establecer que todas sus decisiones sean refrendadas por el Gobierno; de tal manera, que en sentido contrario sus actos son nulos. En nuestra Constitución el jefe del Estado no puede decidir nada por sí mismo. Sus actuaciones se encuentran condicionadas por la voluntad del Gobierno. No puede ir a Cataluña ni a ningún otro sitio si el Ejecutivo no le autoriza; y, piense lo que piense, no ha tenido más remedio, por ejemplo, que firmar los indultos de los condenados por el procés cuando el Gobierno se los ha presentado para su ratificación.

La situación del presidente del Gobierno es totalmente distinta. En un sistema como el español el poder del jefe del Ejecutivo es amplísimo y no necesita para la mayoría de sus decisiones refrendo alguno. De ahí la gravedad de que Sánchez quiera añadirle la irresponsabilidad en el uso de los medios públicos. Quiere ser rey, pero de los de la antigua usanza. Poder acudir en Falcon con su esposa al festival de Benicassim o desplazarse utilizando el mismo medio de transporte por toda España en campaña electoral o en actos de partido, invitar a sus amigos al Palacio de las Marismillas sin dar cuenta a nadie, y sin dar explicaciones marcharse de excursión a Nueva york. En fin, no distinguir entre asuntos particulares y oficiales en la utilización de los medios públicos con el argumento de que él es presidente de gobierno en todo momento haga lo que haga.

No deja de ser curioso que quien se ha negado durante tanto tiempo a dar explicaciones, que quien ha sido amonestado reiteradamente por el Consejo de Transparencia como ninguna otra institución y que quien, creando un precedente gravísimo, ha sido obligado a dar las informaciones que se le reclamaban por la Audiencia Nacional se preocupe tanto por la transparencia de la Casa Real, cuando esta institución, al menos ahora, aparece a la cabeza en todos los rankings en esta materia y además el jefe del Estado debe ser refrendado en todas sus actuaciones por el Gobierno.

Hay asuntos que rayan en lo ridículo, como el hecho de que los ministros y demás acólitos del sanchismo repitan como papagayos la frase ingeniosa del maestro de que el emérito debe dar explicaciones. Lo cierto es que la frase choca con la insistencia en afirmar que ahora es una persona privada, hasta el punto de no poder pernoctar en la Zarzuela, por tratarse de un edificio público, como si no lo fuera el Palacio de las Marismillas y privados los amigos de Sánchez. Juan Carlos ha dado explicaciones, las que podía dar, a través de su abogado, donde las personas privadas las dan, en los tribunales. Aunque en este caso ha sido en la Fiscalía, donde el expediente ha permanecido durante dos años sin llegar siquiera a los jueces. Ya se ha encargado la Fiscalía, bien aleccionada por Lola Delgado, de hacer todo tipo de filtraciones.

En este tema creo que políticos y periodistas han desplegado una buena dosis de hipocresía. Desde que se aprobó la Constitución hasta su abdicación, el anterior jefe del Estado estuvo sometido al refrendo de los distintos gobiernos que respondían por él de sus actos. Es increíble que estos no supiesen nada de las transgresiones o excesos que presuntamente ha cometido el anterior jefe del Estado. Desde el Gobierno de Suárez hasta el de Zapatero, todos en cierta manera han sido responsables. PP y PSOE, PSOE Y PP, no pueden lavarse ahora las manos, y mucho menos rasgarse las vestiduras. Tampoco los independentistas, del PNV y de Convergencia. Algo parecido ocurre con los periodistas.

El sanchismo practica lo del Evangelio. Ven la paja en el ojo ajeno y no ven la viga en el propio. En estos momentos en los que las encuestas les son desfavorables se enrocan en el discurso de la presunta corrupción, la mayoría de casos antiguos, de los demás, pero se olvidan de la suya actual o de la de sus compañeros de viaje. Por ejemplo, el PSC mantiene a Colau en la alcaldía de Barcelona con varias imputaciones.

En cuanto a la corrupción, existe cierta confusión. A menudo solo se considera, o únicamente se le da importancia, a la que comporta el propio provecho y principalmente la malversación en efectivo. Cuántas veces hemos escuchado eso de ”pero ellos no se han enriquecido” Sin embargo, pienso que suele ser bastante peor la corrupción que se comete para favorecer al propio partido que la que el infractor realiza exclusivamente en beneficio propio. Si en ambos casos hay malversación de fondos públicos, en el primer supuesto se ataca además la neutralidad que debe imperar en el juego democrático. Se da ventaja a una formación política por encima de las demás.

Y, para corrupción, la de los amigos de Sánchez, los independentistas, que emplearon en contra del resto de los catalanes gran cantidad de recursos públicos orientados a vulnerar la Constitución y romper el Estado, es decir, a actos delictivos. En el fondo siempre hay enriquecimiento propio, puesto que lo que va al partido o a favorecer la propia opción ideológica termina de una u otra manera beneficiando al autor de la corrupción. Y ¿hay mayor corrupción y enriquecimiento que convertir a un aprendiz de economista incapaz de publicar una tesis sin copiar, en presidente del gobierno a base de cesiones, de comprar con medios públicos, no solo dinerarios sino también políticos, a todos los que pretenden romper el Estado?

A Sánchez habría que llamarle Pedro el de las mercedes por similitud con aquel Enrique II, iniciador de la dinastía Trastámara e hijo bastardo de Alfonso XI, que para llegar al trono y mantenerse en él tuvo que hacer todo tipo de cesiones a los nobles, y que por ello es por lo que la historia lo conoce como Enrique el de las mercedes. Sánchez llegó a la Moncloa y se mantiene en ella a costa de comprar los votos de los enemigos del Estado, pagando un precio muy caro. ¿Hablamos de corrupción?

republico.com 2-6-2022



LOS MANDATARIOS EUROPEOS GLOBALIZAN SUS BENEFICIOS PERSONALES

CORRUPCIÓN, EUROPA Posted on Jue, mayo 12, 2022 21:22:05

Las terribles imágenes ofrecidas por los medios de comunicación de la invasión de Ucrania -expresión clara de la tragedia a la que se está sometiendo a una población-, hacen que esta guerra se presente como una disputa entre buenos y malos, en la que Putin es la personificación del mal. No diré yo nada en defensa del mandatario ruso, pero sí mostraré mi convencimiento de que según vaya transcurriendo la contienda aparecerán otros muchos aspectos que sin duda tienen interés, pero que han podido quedar eclipsados por este, más primario y dramático.

Me temo (o más bien, deseo) que esta guerra vaya a cambiar muchas de nuestras creencias. Pasada la primera etapa de autocomplacencia, será inevitable preguntarse acerca de cuál ha sido el papel de Europa en la contienda. No deja de ser chocante cómo los países europeos al tiempo que están a punto de entrar en guerra con Rusia dependen totalmente de este país en cuanto al aprovisionamiento de energía. Es grotesco, pero también trágico y paradójico. Indica la fragilidad y debilidad a las que la globalización ha condenado a los Estados. Resulta enormemente inocente pensar que todo se arregla incrementando el gasto en defensa.

Las medidas económicas adoptadas frente a Rusia no sé si están haciendo realmente daño a Putin, pero lo que sí es cierto es que están dejando al descubierto determinados hechos que estaban ocultos o, al menos, no eran generalmente conocidos. Varios ex primeros ministros de países europeos han tenido que dimitir de los puestos que ocupaban hasta ahora como altos cargos en las principales multinacionales rusas.

Matteo Renzi, quien fuera primer ministro de Italia entre 2014 y 2016 y que actualmente es senador por el partido centrista “Italia Viva”, ocupaba hasta ahora el puesto de consejero de Delimobil, la mayor empresa de carsharing de Rusia, cargo al que ha tenido que renunciar después de la invasión a Ucrania.

Austria es el país que se encuentra a la cabeza en el número de políticos implicados, con tres ex cancilleres y dos ex ministros (que se sepa), con intereses financieros en empresas rusas. Entre ellos destacan Wolfgang Schüssel, Christian Kern y Karin Kneissl. El primero de los citados del Partido Popular austriaco, fue canciller de su país entre febrero de 2000 y enero de 2007. Tras dejar la política se incorporó al consejo de supervisión de Lukoil, la mayor petrolera de Rusia. El segundo, Christian Kern, ex jefe de gobierno izquierdista austriaco, que ocupó el cargo de canciller entre 2016 y 2017, al acabar su mandato se incorporó al consejo de administración de Russian Railways, la empresa estatal rusa de transporte ferroviario. Renunció a su cargo tras el inicio de la guerra.

Especialmente llamativo ha sido el caso de Karin Kneissl, periodista austríaca que ejerció como ministra de Asuntos Exteriores entre 2017 y 2019 y que se ha ido a vivir a Francia para evitar las críticas que estaba recibiendo en su país por su decisión de no dimitir en el consejo de supervisión de la petrolera estatal rusa Rosneft. En esta postura sin duda ha influido su amistad personal con Putin, quien incluso asistió a su boda.

En Finlandia,Paavo Lipponen, presidente del Partido Socialdemócrata y primer ministro entre 1995 y 2003, se convirtió poco después de dejar el cargo en asesor del proyecto de gasoducto Nord Stream impulsado por Gazprom. Tras la invasión de Ucrania y el bloqueo del Nord Stream 2, se ha puesto fin a su contrato. El antecesor de Lipponen como primer ministro de Finlandia, Esko Aho, tras el inicio de la guerra ha dimitido como miembro del consejo de supervisión de Sberbank, uno de los mayores bancos rusos.

El ex primer ministro francés François Fillon pertenecía a los consejos de administración de la compañía de hidrocarburos Zarubezhneft y de la mayor productora petroquímica de Rusia, Sibur. Parece ser que tras la invasión de Ucrania renunció a sus cargos.

Es posible que a la cabeza de todos se encuentre Gerhard Schröder, el que fuera canciller de Alemania entre 1998 y 2005, amigo personal de Vladimir Putin.  Poco antes de dejar el sillón, concedió un aval público de 900 millones de euros a la energética rusa Gazprom. Tras su cese, se convirtió en asesor de esta empresa. Y parece ser que aspiraba ahora a sentarse en su consejo de administración. Tiene también un alto cargo en Nord Stream. Pero las críticas no le han hecho dimitir por ahora.

Los casos citados son un pequeño catálogo formado por las noticias llegadas a la prensa y limitado solo a los ex primeros ministros y a las multinacionales rusas. Podemos, sin embargo, imaginemos cuál sería el número de casos a citar, si ampliásemos el abanico al resto de altos cargos y a la totalidad de empresas y multinacionales europeas. El hecho es sumamente significativo de la profunda conexión que existe entre los ámbitos políticos y económicos en este mundo de la globalización.

Existe una conclusión inmediata, aunque quizás se pueda considerar accesoria y secundaria, y es que las tan cacareadas puertas giratorias no constituyen un hecho exclusivo de España. En este tema, al igual que en otros muchos, encontramos un vicio muy extendido en la sociedad española, considerar que los problemas, errores o defectos solo suceden en nuestro país. Es frecuente escuchar en cualquier conversación que algún participante termina su intervención con la aseveración “esto solo ocurre en España”.  Ya Larra se refirió a ello en un conocido artículo titulado “En este país”, en el que se retrataba a un tal don Periquito, especialista en explicar cualquier acontecimiento por las características más bien negativas y únicas de España, diferentes a las del resto de los países.

El hecho de que en esta ocasión sean los maridajes referentes a las empresas públicas rusas los que se hayan hecho públicos, tiene sin duda su origen en el desencadenamiento de la guerra, pero esclarece al mismo tiempo hasta qué punto la globalización económica traspasa y se sobrepone a las posiciones políticas más enfrentadas y aúna si es preciso las ideologías.

La presencia de Schröder a la cabeza de este elenco concede al mismo una significación especial. Schröder, canciller alemán entre 1998-2005, se puede decir que fue el enterrador de la doctrina socialdemócrata en Europa. Ciertamente, con François Mitterrand, Jacques Delors, Felipe González y Toni Blair se habían dado ya pasos muy importantes en este proceso, pero fue Schröder el que le asestó el golpe definitivo. Los que han venido después, por ejemplo, en España Zapatero y Sánchez, son ya otra cosa. Llamémosles populistas, identitarios o como queramos, pero no socialdemócratas, e igual ocurre en los otros países. Lo que en cierto modo es lógico, ya que la globalización y la Unión Monetaria lo impiden.

En 2003, el Partido socialdemócrata alemán (SPD) celebró sus 140 años de existencia. Conmemoraciones que se realizaron con fuertes tensiones internas. Oskar Lafontaine, que defendía con mayor fidelidad la línea socialdemócrata, perdió la partida. En la sombra estaba la agenda 2010, con fuerte bajada de impuestos, desregulaciones y recortes sociales. Merkel vivió todos sus años de mandato de los ajustes acometidos en dicha agenda por Schröder. Aunque el canciller del SPD tuvo que dedicarse a fondo tanto en el interior como en el exterior para explicar el giro que pretendía dar a la política del partido. Es por eso que aprovechando que la formación política cumplía 140 años escribió el 8 de julio de 2003 una tribuna libre en el periódico El Mundo titulada “El Estado del bienestar reta a la izquierda europea”. El artículo, con el objetivo sin duda de justificar la agenda 2010, defendía la globalización, con la tesis de que no era una alternativa, sino una realidad que no había más remedio que aceptar.

Varios días después, el 17 del mismo mes, escribía yo en el susodicho diario otra tribuna titulada “La izquierda europea renuncia al Estado social”. Contestación al artículo del canciller alemán, pretendía hacer una réplica a esa idea central que mantenía Schröder de que la globalización no es una opción, sino una necesidad. Con esta teoría, el entonces presidente del PSD  se apuntaba en cierto modo al determinismo económico sustentado por el neoliberalismo y que mantiene que el statu quo económico es inmutable y que las opciones políticas deben doblegarse ante él.

Defendía yo en el artículo que el concepto de globalización es ambiguo. A veces se emplea para designar ciertos fenómenos sociales unidos a avances técnicos y científicos. En ese sentido no cabe duda de que es una realidad. Pero cuando el pensamiento conservador y ahora parece que también los partidos socialistas hablan de globalización se refieren a otra cosa, lo reducen al libre comercio, a la libre circulación de capitales, y en Europa, a partir del año 2000, a la moneda única. Así lo entiende la RAE, y hay que admirar su sinceridad, cuando lo limita al campo económico y lo define como “la tendencia de los mercados y de las empresas a extenderse alcanzando una dimensión mundial que sobrepasa las fronteras nacionales”. Es decir, constituye la huida del capital y de las fuerzas económicas del corsé del poder político democrático. En este sentido, la globalización no es una necesidad, sino una opción tomada por los propios gobiernos que han decidido abdicar de sus competencias y permitir que el poder económico campe a sus anchas. Tal decisión implica la muerte del Estado social y, por lo tanto, el vaciamiento ideológico de la socialdemocracia.

La globalización es una decisión política que se está imponiendo con un relato erróneo, el de describir un escenario económico idílico y positivo. El de que la globalización constituye una especie de Arcadia buena para todos. La realidad es más bien la contraria. Todos los indicadores lo señalan. Desde principios de los ochenta, fecha en la que podemos situar el inicio de este proceso, por término medio en todos los países las tasas de crecimiento se reducen, las de paro aumentan, la desigual social se intensifica dentro de los Estados y en Europa la brecha entre estos se hace cada vez más honda.

En este artículo no es posible ni es mi intención extenderme sobre los efectos negativos de la globalización. Lo hice en libros tales como “Economía mentiras y trampas” o “La trastienda de la crisis”, ambos de la editorial Península, y que se encuentran al alcance de todos aquellos que tengan curiosidad para comprobarlo. La finalidad de estas líneas se encuentra más bien en llamar la atención sobre el revés de la trama, es decir, la otra cara de la moneda, lo que reside detrás de la faz pública de la globalización. Es lo que en cierto modo y aunque solo sea parcialmente ha aparecido con la invasión de Ucrania, el escenario en el que se entreteje el capital, tenga el origen que tenga, con los mandatarios públicos, sea cual sea su ideología.

Todo este entramado, que en parte se está haciendo público tras el inicio de la guerra, explica en buena medida la postura adoptada hace ya casi veinte años por el entonces canciller alemán y por otros muchos mandatarios europeos para defender la globalización, globalización que a él y a otros mandatarios políticos les está  resultando muy rentable.

republica.com 31-3-2022



EL TRIBUNAL DE CUENTAS,  LA CORRUPCIÓN DE LAS INSTITUCIONES

CATALUÑA, CORRUPCIÓN, GOBIERNO, HACIENDA PÚBLICA Posted on Jue, mayo 12, 2022 20:51:32

La tragedia que asola Ucrania y que salpica a toda Europa puede hacer que una de las mayores corrupciones políticas de España pase casi desapercibida. Digamos que está llegando a su fin según lo predispuesto. El Tribunal de Cuentas ha cambiado en pocos días su propio criterio acerca de las garantías a exigir a los responsables de la malversación de fondos públicos llevada a cabo en los actos de publicidad y propaganda en el extranjero, orientados a preconizar el referéndum ilegal de independencia del 1 de octubre en Cataluña.

La gravedad del escándalo no estriba únicamente en el mero hecho de que se haya producido la modificación de criterio, sino que esta se ha conseguido mediante el cambio en la composición del propio tribunal, cambio realizado por el sistema tradicional de reparto entre los dos partidos mayoritarios, y que tan contrario es al espíritu de la propia Constitución. (Ver mis artículos del 23 de septiembre y del 11 noviembre del año pasado en este mismo diario digital). La gravedad, además, se incrementa en tanto en cuanto que la mutación ha recaído sobre un fallo cuya conclusión era tan evidente que la decisión tomada ahora por la sesión de enjuiciamiento quebranta las normas básicas del Derecho financiero y de la Hacienda Pública, y contradice los principios más elementales de la lógica y del sentido común.

¿Cómo se va a garantizar con dinero público que el erario recupere los recursos defraudados? El planteamiento es tan disparatado como cuando en tono de chunga y con cierta ironía se le comunica a alguien la disposición a convidarle siempre que antes nos adelante el dinero de la invitación. Se pretende cubrir una defraudación con otra defraudación, defraudación al cuadrado.

Corrupción, y grave, la de todos aquellos que en Cataluña han empleado fondos públicos para un objetivo ilegal, incluso delictivo, intentar la sedición de parte de la ciudadanía, insumisión frente a la Constitución y la soberanía nacional. Pero corrupción también y más grave la de los consejeros del Instituto Catalán de Finanzas que, a sabiendas, aprobaron que el organismo avalase con dinero público el alcance anterior. Se convierte en una corrupción de mayor nivel, corrupción al cuadrado.

Habrá sido seguramente esa la razón por la que tres de los consejeros dimitieron, para no tener que dar su conformidad a los avales. Quizás por miedo a incurrir en un grave delito de prevaricación. Habrá que preguntarse si la Sociedad Civil Catalana además de plantear una demanda ante el tribunal de Cuentas no debería haber interpuesto una querella criminal contra aquellos miembros del Instituto Catalán de Finanzas que aprobaron el aval y a todos aquellos que les forzaron a hacerlo.

Todo esto era ya bien conocido y no hay por qué incidir en ello, pero últimamente ha acaecido un nuevo suceso que eleva el listón de la corrupción, corrupción al cubo. Constituye un salto cualitativo. La gravedad es sustancialmente mayor, porque no radica en que determinados actos sean corruptos, sino en la corrupción de las propias instituciones. Ahora, la del Tribunal de Cuentas.

La corrupción del propio Gobierno Frankenstein no tiene parangón con ningún otro acto concreto de corrupción. Ni a la izquierda ni a la derecha del espectro político. Es una corrupción estructural que está en la misma conformación desde sus orígenes de este Ejecutivo, desde el inicio, desde la misma moción de censura, que mancha a todos los que forman o han formado parte de él, estigma que se mantendrá en el futuro y que será imposible de olvidar. Durante toda su existencia este Gobierno viene incurriendo en un cohecho endémico mediante el que se compra con fondos públicos o con cesiones políticas la permanencia día a día en el poder. Resulta grotesco que Sanchez asuma el lenguaje de los puros y exija explicaciones a Juan Carlos. Siempre he pensado que el problema de Sanchez respecto a la monarquía no tiene relación con las preferencias con respecto a la forma de Estado sino que se fundamenta más bien en un sindrome  sicológico, le es aplicable aquello que Nietzsche decía de sí mismo “Si dios existiese como iba a soportar yo no serlo, luego Dios no existe”.  Si existe rey como va a soportar Sanchez no serlo. Luego la monarquía debe desaparecer.    

Ahora se comprende la urgencia con la que el presidente del gobierno quería cambiar la composición del Tribunal de Cuentas. El mandato de los consejeros, a diferencia de los de las otras instituciones, acababa de expirar. Tras el indulto de los golpistas, quedaba por solucionar el problema crematístico, que no podía ser objeto de indulto, derivado de la defraudación cometida en los preparativos del golpe de Estado y que dependía del Tribunal de Cuentas. Se precisaba pues cambiar a los consejeros para corregir la redacción del auto que la sección de enjuiciamiento había preparado para rechazar los avales que presentaba el Instituto Catalán de Finanzas y que parecían más bien una broma pesada.

La historia reciente del Tribunal no es para que nos sintamos precisamente orgullosos de esta institución. La Ley Orgánica de 1982 y la Ley de funcionamiento de 1988, elaboradas ambas de acuerdo con las pretensiones del PSOE -la primera cuando estaba en la oposición, la segunda ya en el gobierno y de acuerdo con las manías de Pascual Sala-, configuraron una institución con enormes lacras, que comenzaban ya en el diseño de la responsabilidad y de la jurisdicción contable, y finalizaban en su constitución como órgano pluripersonal de doce consejeros, y que se han venido repartiendo en cuotas iguales los dos partidos mayoritarios.

Han sido estas lacras las que han condenado con frecuencia a esta institución a la esterilidad, limitando su actuación a casos de poca monta y quedando, sin embargo paralizada en cualquier asunto de mayor envergadura en el que hubiese por medio intereses políticos, porque en la mayoría de los casos la mitad del Consejo bloquea a la otra media. Durante todos estos años, el Tribunal de Cuentas no ha destacado precisamente por su eficacia, pero nunca había llegado al descaro, degradación y degeneración que se ha producido ahora. Degeneración de los currículos de los elegidos respecto a los que deberían tener, según la categoría asignada al puesto por la ley orgánica y la de funcionamiento. Cada vez son mucho más grises y de carácter más político.

Degradación, porque se ha nombrado a unos consejeros, y ellos han aceptado la designación, con la finalidad explícita de librar a los golpistas catalanes de la obligación económica derivada de los actos de sedición, admitiendo para cubrirla el aval de un organismo público, lo que en sí mismo constituye otra malversación. Dos son los elegidos para los puestos en la sección de enjuiciamiento, que van a permitir el cambio de criterio. En realidad, sus currículos son de tal levedad que no resulta fácil encontrarlos en Internet. Solo en el portal de trasparencia y con bastante vaguedad.

El primero es don Diego Íñiguez, perteneciente al cuerpo de Administradores Civiles del Estado y que ya desde el inicio (1993, en plena cúspide, de corrupción felipista) se separó de sus compañeros de promoción para cubrir un puesto de mayor nivel del que le correspondía de salida, pero también de mayor contenido político, consejero técnico en el Gabinete del ministro de Justicia. Durante los gobiernos del PSOE y en las esferas políticas de los gabinetes, ejerció bien de consejero técnico bien de asesor ejecutivo bien de vocal asesor, primero a la sombra de Belloch y más tarde a la de María Teresa Fernández de la Vega.

En el ínterin, durante los gobiernos de Aznar, buscó acomodo en el exterior en puestos muy cotizados en su cuerpo por sus altas retribuciones. Al final del mandato de Zapatero, consiguió que le hiciesen magistrado por el cuarto turno, es decir a dedo y sin oposición, lo que suelen describir como “juristas de reconocido prestigio”, aunque siempre está el problema de quién es el que reconoce el prestigio. Por desgracia, hay que preguntarse si no fue una forma que inventó en sus tiempos el PSOE para que  desembarcasen sus fieles en la Administración de Justicia. Ello permitió al nuevo magistrado refugiarse durante los mandatos de Rajoy en su judicatura recién estrenada, para volver con Sánchez a los puestos políticos. Primero, como director en la empresa pública de paradores, para aterrizar más tarde como jefe de gabinete de la ministra de Defensa, cargo que ocupaba al ser nombrado consejero del Tribunal de Cuentas.

Precisamente su inmediata permanencia como jefe de gabinete de la ministra de Defensa podría hacer que alguien se preguntase si no  podría estar inmerso en los supuestos del artículo 33.3 de la Ley Orgánica de la institución: haber gestionado fondos públicos o haber pertenecido a un consejo de administración de un organismo o sociedad pública en los dos últimos años, lo que le invalidaría para ocupar el nuevo cargo.

El segundo puesto como consejero en la sección de enjuiciamiento lo va a ocupar doña Rosario García Álvarez. Su currículum es mucho menos movido que el del anterior, se limita a veintisiete años de experiencia en la carrera judicial, últimamente como magistrada de la sala de lo social en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y profesora de Derecho laboral en la Universidad de Comillas. No parecen conocimientos muy a propósito para el Tribunal de Cuentas. Ni Derecho administrativo, ni financiero, ni mercantil, ni contabilidad, ni auditoría, ni análisis de los estados económicos y financieros, nada. Su única gracia parece que radica en poder ir a la sección de enjuiciamiento y estar dispuesta a cambiar el dictamen. Tan es así que según dicen doña Rosario no estaba en la primera lista, sino que era doña María Luz Rodríguez la designada, pero al darse cuenta de que la titulación de esta última no la capacitaba para ir a la sección de enjuiciamiento, que es para lo que se la necesitaba como objetivo primario -salvar a los golpistas-, se modificó la propuesta.

Poco puede sorprendernos la postura del sanchismo. Está en su naturaleza como en la del alacrán de la fábula. El Gobierno Frankenstein precisa día a día de estos comportamientos para mantenerse. Estaban claros su objetivo y su finalidad. Pero ¿a qué se debe la postura del PP?, ¿qué ganaba con los acuerdos? Solo le pueden acarrear desprestigio, después de meses y meses censurando el procedimiento y denunciando con buen fundamento su dudosa constitucionalidad, hasta el extremo de continuar bloqueando la renovación del Consejo General del Poder Judicial, lo que ahora parece una incongruencia. ¿Por qué uno sí y otros no?

Parece que en algún momento el PP alegó a favor del acuerdo el hecho de que los candidatos propuestos no tenían perfil político, lo que constituye una gran ingenuidad, puesto que confundían el nivel con la trayectoria. Que no hayan ocupado puestos relevantes solo indica que su currículum es más bien gris, pero no que todo él no se haya desarrollado a la sombra del PSOE. Es precisamente esa mediocridad la que más les debería haber llamado la atención y hecho desconfiar y podrían haberse cuestionado acerca de cuál era entonces el motivo de la propuesta. Ahora ya se sabe. Que estaban dispuestos a cumplir de forma servil las indicaciones políticas. La pregunta surge entonces de forma inmediata: ¿qué trapicheos ha habido entre Félix Bolaños y Teodoro García Egea?

Republica 10-3-2022



EL RELATO MENDAZ DE LOS INDULTOS

CORRUPCIÓN Posted on Vie, septiembre 03, 2021 19:36:13

Un viejo proverbio oriental afirma que cuando el sabio señala la luna, el necio mira el dedo. Pero hay veces que el necio no lo es tanto como parece. La pretensión de algunos de que todos miremos al dedo tiene una finalidad muy clara, que nadie repare en la luna. Es lo que ha ocurrido con la manida foto de Colón. Sucedió la vez pasada, cuando el Gobierno procuró por todos los medios que los ciudadanos se fijasen en el dedo, en quiénes eran los que acudían a la manifestación, en lugar de escrutar la luna, es decir, por qué se hacía. No querían que se detuviesen en contemplar cómo Sánchez, con tal de mantenerse en el poder, era capaz de aceptar un relator (un intermediario internacional) en la mesa de negociación entre el Gobierno español y el de la Generalitat como si fuesen representantes de Estados soberanos.

En esta ocasión han querido volver a la foto del Colón, a fijarse en los manifestantes, en si iban o no por separado o si la presidenta de la Comunidad de Madrid decía esto o aquello, cualquier cosa con tal de que el personal reparase lo menos posible en el objeto de la manifestación. En este caso, la luna se identificaba con los indultos, e incluso con lo que subyace a ellos. La gravedad de los indultos radica en que para argumentarlos los revisten en forma de amnistía, como justificación, incluso como rehabilitación de los golpistas. Lo más peligroso es que para intentar explicarlos se asume el discurso de los sediciosos, discurso que no ha cambiado lo más mínimo, por mucho que nos hayan querido vender que en cierto modo la carta de Oriol Junqueras constituía una variación en sus posiciones.

Quien haya leído la misiva se dará cuenta de que no hay tal rectificación. Además, la reiteración queda confirmada y ratificada no solo por la facción de Puigdemont o por la CUP, sino por la propia Esquerra Republicana. El discurso no ha variado ni un ápice. Ocurre, tan solo, que los golpistas han aprendido de los errores pasados y piensan que la situación no está madura para conseguir la independencia por la fuerza. De momento, les conviene más la negociación, pero, si esta fracasa y las circunstancias cambian, no dudarán en repetir la jugada.

Los secesionistas piensan que con seguridad la mesa de negociación no servirá a corto plazo para conseguir la ansiada independencia, pero sí les dotará de más medios para intentarlo de nuevo más adelante. Además, en tanto en cuanto el Gobierno legitime su discurso, su posición en el extranjero mejorará y les será más fácil dar el salto en el futuro. ¿Cómo van a condenarles en el exterior si el gobierno de España les absuelve? ¿Quién va a defender las sentencias ante la justicia europea? ¿La abogacía del estado?

Recordar ahora las palabras de Borrell, cuando era ministro de Pedro Sánchez, y se quejaba de que los gobiernos de Rajoy no habían sabido combatir adecuadamente el discurso de los golpistas en el extranjero, y se comprometía a que los gobiernos de Sánchez se dedicarían con ahínco a esta tarea, no puede por menos que causar hilaridad. Borrell, al margen de cuáles fuesen sus intenciones, tendría que haber inferido que un gobierno que debía el poder a los golpistas sería incapaz de refutar sus prédicas. Después de tres años, se puede comprobar que no solo es que no las haya rebatido, sino que ha terminado asumiendo sus mismos planteamientos.

Los indultos van acompañados de un relato que se fundamenta en buena medida en las falacias que usan los secesionistas. Da por hecho que las condenas obedecen a la venganza y a la represión. Supone que los sentenciados, lejos de ser culpables de delitos muy graves, son presos políticos. Proclama que todos somos culpables en el conflicto. La asimilación de las patrañas es tan profunda que se expresa a menudo de forma inconsciente. Así, Carmen Calvo manifestó que se trata de superar el enfrentamiento entre España y Cataluña, dando por hecho que los soberanistas se identifican con Cataluña y que Cataluña constituye algo ajeno a España.

Ione Belarra, para defender la vuelta de los prófugos, ha retornado a esa falacia tan repetida por los independentistas y aceptada por Sánchez de que no hay que judicializar la política. Habrá que preguntarse qué se pensaría si alguien defendiese que no hay que judicializar la fiscalidad y por lo tanto que a los defraudadores no se les deberían aplicar la ley y las sanciones, sino que la Agencia Tributaria tendría que dedicarse a dialogar y negociar con los infractores. Y ahora que los sindicatos y empresarios están tan identificados con el Gobierno y demandan los indultos de los golpistas, me pregunto cómo se pondrían si a alguien se le ocurriese afirmar que no hay que judicializar la actividad laboral y reclamasen que se eliminara la jurisdicción de trabajo y el derecho laboral para reducir todo al diálogo y a la negociación.

Y, por último, sería interesante ver la reacción de Ione Belarra si a alguien se le ocurriese plantear que hay que desjudicializar las relaciones de pareja y la violencia de género, para reducirlas a un problema doméstico y que, dado que los métodos penales y de represión no funcionan, hay que sustituirlos por la concordia y el diálogo. Nada de aconsejar a las mujeres que denuncien al agresor, sino todo lo contrario, que se sienten a negociar con él.

En el relato de los sanchistas, con el que se pretende adornar los indultos, ocupa un lugar preeminente la atribución que hacen al Gobierno de Rajoy de los dos intentos de referéndum, de la declaración unilateral de independencia y de la aprobación por el Parlament de las leyes de desconexión, claramente golpistas. Se podría pensar que esto es tan solo una argucia de Sánchez para atacar al PP; sin embargo, conlleva un contenido mucho más profundo y peligroso. Lo que se encuentra implícito es una falsificación del golpe y de la sedición. En esta versión los sediciosos no se dirigían contra el Estado, sino contra un gobierno de derechas y fascista. Por eso Sánchez no se siente implicado.

Pero la verdad es que el golpe fue contra el Estado y contra todas sus instituciones, y fueron también sus tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, los que reaccionaron y derrotaron a los golpistas. Bien es cierto que Sánchez, arrastrado por el PSC, no se sintió muy implicado en el tema, aceptando el 155 de manera tardía, a regañadientes e introduciendo muchas limitaciones. Si su implantación dejó mucho que desear se debió a Sánchez y a los condicionantes que introdujo en el proceso.

Por otra parte, si en los últimos años los independentistas no han repetido los desafueros de 2017, no ha sido ni mucho menos mérito de Sánchez. Todo lo contrario. Lo que les impide repetir la hazaña es la experiencia de su fracaso y sobre todo el miedo a tener que enfrentarse de nuevo con la justicia. No obstante es ahora, con los indultos, cuando piensan que ganan frente al Estado y que este muestra sus debilidades. Lo único que está haciendo Sánchez desde que ha llegado al gobierno gracias a los golpistas es jugar en campo contrario. Así se produce la extraña paradoja de que mientras el independentismo denigra y mantiene el boicot al jefe del Estado, se encama con el presidente del Gobierno.

republca.com 24-6-2021



LAS AGENCIAS ESTATALES Y LA CORRUPCIÓN

CORRUPCIÓN, HACIENDA PÚBLICA Posted on Dom, marzo 28, 2021 22:14:15

El pasado día cuatro dedicaba mi artículo semanal a hablar sobre la corrupción, distinguiendo lo que designaba como ex ante y ex post, y mostraba mi preocupación por el hecho de que los políticos habían convertido los casos de corrupción -en ocasiones ciertos, en otros, supuestos- en armas políticas. En realidad, da la sensación de que la corrupción en sí misma importa poco, por eso ningún partido se preocupa de potenciar y defender normas, medidas o procedimientos para evitarla; cuando no actúan de forma contraria, promoviendo cambios en la legislación para librar a la gestión pública de todo lo que consideran ataduras.

Durante las semanas pasadas se han producido algunos hechos que confirman estas reflexiones. Ciudadanos y el sanchismo se coaligaron en Murcia para llevar a cabo una moción de censura al Gobierno de coalición de PP y Ciudadanos. Y ahí comienza lo extraño, un partido instando una moción de censura a su propio gobierno. Pero la extrañeza se convierte en prevención cuando el único motivo que se aduce es la corrupción, corrupción que no se encuentra en ninguna causa judicial, ni siquiera como imputación, y solo existe en la imaginación o en la sospecha de quienes han  presentado la moción. No digo que no pueda haber motivos para la moción de censura. Desconozco por completo lo que ocurre en Murcia, pero lo que no parece de recibo es utilizar exclusivamente como argumento la supuesta corrupción, cuando el único que aparece como imputado es precisamente el líder del socialismo murciano, artífice de la propia moción.

¿Y qué decir de la elección de Laura Borrás como presidenta del Parlament, imputada por el Tribunal Supremo y no precisamente a causa del procés? Ya sabemos que para el soberanismo no existe ninguna acción que pueda considerarse delictiva si tiene como finalidad la independencia; aunque, en realidad, pocas acciones más corruptas que un golpe de Estado e intentar robar la soberanía a un pueblo. Pero es que la señora Borrás no está imputada por nada que tenga que ver, al menos aparentemente, con la independencia. Se la acusa de falsedad documental, fraude, prevaricación y malversación de caudales públicos en la adjudicación de manera ilícita de los contratos de programación informática de la Institució de les lletres catalanes, de la que era directora. Hay que suponer que el señor Rufián y demás compinches no se atreverán a hablar más de corrupción en el Congreso después de haber elegido presidenta del Parlament a una imputada.

Lo más grave es que a pesar de que todos los partidos están prestos a arrojarse a la cara mutuamente los casos de corrupción muy pocos son, por no decir ninguno, los que están inclinados a establecer las condiciones y las normas para que estos no se den, e incluso en muchos casos trabajan afanosamente en levantar los mecanismos de control establecidos, con lo que la comisión de la corrupción se hace más fácil.

Hay que traer aquí a colación a Montesquieu y su aserto acerca de que no hay que confiar en que los políticos sean buenos; si lo son, mejor que mejor; pero hay que establecer leyes que impidan que puedan salirse de lo correcto, aun cuando estén dispuestos a hacerlo. Algo parecido habría que afirmar de la corrupción. Se precisa crear normas y procedimientos de modo que, aunque haya políticos que se sientan tentados al fraude, a la corrupción, o a la arbitrariedad, les resulte imposible practicarlos porque los mecanismos de control se lo impiden.

Lo cierto es que los partidos políticos, a pesar de hablar mucho de la corrupción, no sienten la menor preocupación que les lleve a poner los medios para evitarla. Es más, a menudo la apuesta es la contraria y las actuaciones de los gobiernos se orientan en la dirección inversa, y con la excusa de la agilidad y de la eficacia en la gestión pretenden desentenderse de lo que consideran ataduras, pero que en realidad constituyen los requisitos legales necesarios para garantizar que no hay desviaciones de fondos públicos o que al menos que se minimiza su posibilidad.

En varias ocasiones me he referido al Real Decreto-ley 36/2020, para la ejecución del plan de recuperación, como un ejemplo de huida del derecho administrativo. Se han producido muchas críticas ante la falta de control político que va a darse en la gestión de los fondos europeos, pero se ha puesto mucho menos énfasis en el desarme de los controles administrativos, ya que se van a emplear todos los instrumentos posibles para canalizar los recursos al margen de los procedimientos y garantías precisos para una gestión objetiva y honesta.

Pero el Gobierno no se ha limitado a perseguir este desarme en la gestión de fondos europeos, sino que, en buena medida, pretende generalizar el mismo escenario para el resto de la actuación administrativa, por eso se ha introducido en la ley de presupuestos toda una serie de cambios normativos que afectan a leyes tan importantes como la ley general presupuestaria o la ley de régimen jurídico del sector público. Mediante disposiciones adicionales o finales se modifican aspectos importantes de la Administración, tales como la recuperación de la figura de las agencias estatales o la potenciación de que determinadas entidades adopten la condición  de medios propios.

Las agencias estatales constituyen el último escalón en ese proceso de centrifugación tendente a separar porciones de la Administración del Estado para dotarlas de autonomía y librarlas de los controles y garantías ineludibles en el manejo de los fondos públicos. La historia comienza en 1991 con la creación por Borrell de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. A mi entender, un grave error, porque no añadía ninguna operatividad a lo que venía siendo la estructura del Ministerio de Hacienda, más bien la complicaba funcionalmente, pero hay que reconocer que se constituía como un caso único y, dado el sometimiento de esta institución al derecho financiero público y la preeminencia en ella de los cuerpos de funcionarios, inspectores financieros y tributarios, inspectores de aduanas y técnicos de hacienda, al menos se minimizaban los efectos negativos que pueden suscitarse en otros ámbitos, especialmente cuando esta figura se generaliza.

La generalización surgió con Jordi Sevilla, el de las grandes ideas, el del tipo único en el impuesto sobre la renta, el que iba a enseñar economía en dos días a Zapatero. Eso sí, parece que con poco éxito. La Ley 28/2006 crea las agencias estales, cuya primera plasmación fue la Agencia de Evaluación de Políticas Públicas y Calidad de los Servicios, creada en 2007, y disuelta sin pena ni gloria en 2017. Después fueron varios organismos los que se convirtieron en agencias sin saberse muy bien el motivo, como no fuese librarlos de los obligados controles. Curiosamente, fue un gobierno del denostado Rajoy el que en la ley 40/2015 eliminó legalmente esta figura administrativa, aunque se dio un plazo de varios años para que las agencias existentes se transformasen de nuevo en organismos autónomos. El hecho es que aún hoy perviven sin que se haya llegado a producir el cambio.

Ahora, el Gobierno de Pedro Sánchez retoma de nuevo la figura de las agencias estatales. En una disposición final de la ley de presupuestos se establece su nuevo régimen jurídico, caracterizado por la desregulación y lo que denominan autonomía que, en definitiva, consiste en concederles patente de corso en su gestión para que actúen con total libertad, y casi sin someterse a ningún control ni norma. La gravedad de la cuestión, frente a las que pueden presentarse en otras entidades públicas como las fundaciones, los entes públicos, los consorcios, etc., es que las agencias gozan de potestad administrativa, forman parte de la función pública y participan de sus poderes y prerrogativas.

Se establece dentro de cada una de ellas un consejo rector del que no se facilita su composición, pero que se supone formado por políticos, sin indicar mayor capacitación y al que se dejan las manos libres para actuar con casi total discrecionalidad, discrecionalidad que puede convertirse en arbitrariedad. Se elude el sistema de oposiciones, al conceder a las agencias la potestad de contratar a su propio personal; que si bien se indica que se seleccionará en convocatorias públicas, según los principios de igualdad, mérito y capacidad, van a ser los propios órganos de la agencia los encargados de la selección y además se insinúa la participación de órganos especializados en la selección de personal, lo que parece hacer referencia a empresas ajenas a la Administración, con procedimientos y métodos propios del sector privado, más propensos a la discrecionalidad cuando no a la arbitrariedad.

Algo parecido cabe decir de los cargos de dirección, que serán nombrados por el consejo rector con la única condición de ser titulados superiores. Aunque cuando se añade que serán “preferentemente funcionarios” se deja abierta la puerta a la excepción y ya se sabe que a menudo la excepción se transforma en pauta. Incluso se prevé que se puedan cubrir puestos directivos de máxima responsabilidad en régimen laboral con contratos de alta dirección, figura claramente importada del sector privado y que tiene un sistema retributivo de tipo contractual y, por lo tanto, sin sujeción a ninguna norma.

Podríamos decir que su presupuesto está constituido por un solo crédito y ampliable, porque únicamente la cantidad global y las partidas de gastos de personal y subvenciones nominativas tienen un carácter limitativo, y su modificación se reserva al ministro de Hacienda. El director de la agencia tiene potestad para variar todas las otras partidas presupuestarias, incluso incrementar la cuantía total cuando se financie con recursos adicionales y extraordinarios de la propia agencia. Se prevé así mismo que las agencias puedan crear o participar en sociedades mercantiles o en fundaciones, generándose por tanto una pirámide en la descentralización y el desgobierno.

El control de la Intervención General de la Administración del Estado se reduce al financiero y a la auditoría pública, pero se elimina la función interventora o fiscalización previa, bestia negra de todos los que reclaman autonomía y una gestión libre, aunque está demostrado hasta la saciedad que ese control previo resulta imprescindible para evitar la corrupción y la arbitrariedad en el manejo de los recursos públicos.

Quizás para ser conscientes de la importancia que van a tener todas estas modificaciones legislativas y la recuperación de las agencias estatales convenga traer a colación los ERE de Andalucía, no con el ánimo de utilizarlos como piedra arrojadiza, sino de constatar a dónde puede llevar la mutación de partes de la Administración a entes a los que se libra de normas y procedimientos, y se les priva de controles.

republica 26-3-2021



LOS ERE, UN CASO DE CORRUPCIÓN EN BUSCA DE AUTOR

CORRUPCIÓN Posted on Dom, diciembre 01, 2019 23:24:37

Llegó por fin la sentencia de los ERE. La justicia española es lenta, pero, por muchos obstáculos que se le pongan, suele terminar su tarea; y en esta ocasión las trabas han sido infinidad y, si no, que se lo digan a la juez Alaya. La sentencia al final se ha publicado, aunque deja dos cuestiones sobre la mesa. La primera estriba en conocer la razón de haberse pospuesto su publicación hasta después de las elecciones y, más extraño aun, cómo se ha conseguido que no se filtrase nada. La segunda es respecto a si la premura para firmar el acuerdo entre Sánchez e Iglesias, aun cuando estaba sin concretar y en barbecho, no ha tenido por finalidad adelantarse a la publicación de la sentencia. Curiosamente, aunque de forma no premeditada, yo también me adelanté, pues el 24 de octubre escribí un artículo en estas páginas titulado “Cien años de honradez”, que tiene plena aplicación en estos momentos. Es más, tengo el temor de que, al menos parcialmente, hoy pueda repetirme.

Las reacciones del PP y de Ciudadanos han sido las esperadas, teniendo en cuenta que Sánchez se hizo con el gobierno pactando con golpistas, pero con la excusa de la corrupción. Es lógico que ahora se le tiren a la yugular con todas sus fuerzas. Lo que ha sido sorprendente, sin embargo, ha sido la actitud del partido socialista, tanto el de Andalucía como el federal. El primero en salir a la palestra ha sido Bono -antes muerto que sencillo- para declarar que pone la mano en el fuego por Chaves y Griñán. Lo siento, Magdalena, de ti no ha dicho nada. Ha recurrido al mismo argumento manejado por el PSOE a lo largo de todo el tiempo que ha durado el proceso: no ha habido enriquecimiento personal. Los acusados no se han llevado ni un euro a su casa. Quizás a su casa no, pero a su pueblo parece ser que sí.

En cualquier caso, y esto es lo importante, ello no quiere decir que no haya habido lucro, y un lucro colectivo, pues sus beneficios se han extendido a todo el partido socialista. Un lucro no puntual, sino constante y permanente. Según parece, se ha creado a lo largo de diez años toda una trama de corrupción, una red clientelar (seguramente no habrá sido la única), que ha permitido al partido y a sus dirigentes perpetuarse en el poder. Hay una tendencia en la sociedad y en muchos comentaristas a restar importancia a la malversación de fondos públicos cuando no va unida al propio enriquecimiento. Lo cierto es que hay otras maneras, tanto o más corruptas que esta, cuya gravedad depende de la finalidad a la que se dedican los recursos. La inmoralidad de la financiación ilegal de un partido político se encuentra en que truca y rompe la neutralidad del juego democrático.

El dopaje de una formación política puede adquirir formas distintas de la aportación directa de recursos. La utilización, por ejemplo, de medios públicos para campañas de publicidad a favor de un gobierno; la creación de una red clientelar como en el caso que nos ocupa; el empleo de dinero público para llevar a cabo una rebelión contra la Constitución como en el independentismo catalán. Todas estas actuaciones son otras tantas formas de financiación delictiva de las formaciones políticas. El hecho de que la sentencia de los ERE no haya condenado al PSOE, al no haber habido aportación directa de recursos a la caja del partido, no quiere decir que (independiente de la calificación penal) no sea partícipe a título lucrativo, puesto que ha sido el principal beneficiario de la malversación.

Lo más jocoso de lo que ha ocurrido estos días es el intento desesperado de la dirección federal del PSOE por desentenderse del tema y hacer como si no tuviesen nada que ver en el asunto. Comenzando por Pedro Sánchez que ni está ni se le espera, y que ha dado la espantada por toda respuesta, y continuando por la rueda de prensa dada por Ábalos, propia de una antología del disparate político pretendiendo que en lo que ha ocurrido en Andalucía, el PSOE no ha tenido nada que ver, tan solo han sido unos cargos políticos de la Junta que pasaban por allí y que por casualidad ocupaban esos puestos.

Ábalos fue más allá, montó la defensa sobre un intento desesperado por mostrar una supuesta diferencia entre este caso y el de la Gürtel. El PSOE había sido totalmente transparente colaborando al cien por cien con las autoridades judiciales, y apartando de inmediato las manzanas podridas. El PP, por el contrario, había intentado ocultar la realidad, destruyendo pruebas y poniendo toda clase de obstáculos a la actuación judicial. Tales argumentos resultan un tanto irónicos y dejan descolocados a todos los que hayan seguido, aunque sea por encima, el proceso de los ERE. Los que hayan conocido la multitud de añagazas, trampas y dificultades que tuvo que sufrir la juez Ayala antes de dejar el proceso, y los retrasos, demoras y dilaciones que se produjeron después, no podrán por menos que tomarse a chirigota, aunque con indignación, las palabras de Ábalos.

La federación de Andalucía es lo suficientemente grande y tiene tal relevancia en el PSOE y en sus resultados electorales como para suponer que su dopaje influye en todo el ámbito del partido y que, en cierta forma, todos sus militantes son partícipes a título lucrativo de sus posibles fechorías. Por supuesto, en mayor medida cuanto más alto esté situado uno en la organización. Su secretario general, toda la dirección actual y el gobierno en su conjunto se han beneficiado de ese dopaje y seguramente a ese dopaje deben, al menos parcialmente, los resultados electorales de los que disfrutan y, por lo tanto, el cargo que ostentan.

Sánchez y su Gobierno persiguen aislar la responsabilidad en el ámbito del PSOE de Andalucía y en Susana Díaz, evitando el contagio, lo que no parece demasiado fácil, porque ¿qué serían Sánchez y Ábalos de no ser por el PSOE, incluyendo al PSOE andaluz? Es innegable que este escándalo toca de lleno a Susana Díaz, era consejera entonces y la sentencia mantiene claramente que la decisión fue de todo el Consejo de Gobierno. Además, fue designada por Griñán como su sucesora, y en este cargo obstaculizó todo lo que le fue posible el desarrollo del proceso; pero no es menos verdad que tanto Carmen Calvo como María Jesús Montero eran también consejeras en esa etapa, y que, al margen de las discrepancias que después pudieron surgir, Sánchez fue catapultado contra todo pronóstico a la secretaría general del PSOE por Susana Díaz y por el PSOE andaluz para evitar que Eduardo Madina ganase las primarias. 

No resulta tampoco muy coherente la postura de Pablo Iglesias, él tan combativo contra la corrupción del PP, parece no importarle demasiado la del PSOE, con tal de salvar el pacto y, con él, los sillones. Cosas del pasado y del bipartidismo. ¿También pertenecen al bipartidismo sus amigos de Cataluña con el 3%, y con las malversaciones de recursos públicos destinados a la financiación del procés, es decir, a preparar el golpe de Estado?

Del hecho de que no haya habido enriquecimiento personal de los condenados se quiere concluir que no se les puede exigir a estos la devolución de las cantidades defraudadas. No es cierto. La responsabilidad contable atribuye una obligación subsidiaria a los autores de la malversación. Esto es, que en el caso de que no se pueda cobrar a los beneficiados, la exigencia del reintegro recae sobre las autoridades o funcionarios causantes de la pérdida de los recursos públicos.

La gravedad de la malversación cometida con los ERE radica en que no ha sido puntual ni singular. No es ocasional ni circunstancial. Es una corrupción sistemática y rigurosamente planificada desde arriba, desde las instancias más elevadas de la Autonomía y de la organización regional del PSOE. De forma premeditada, se estableció un sistema específico de concesión de las ayudas, al margen de todo procedimiento administrativo, y libre de los controles adecuados, en especial de la fiscalización del gasto. La finalidad, poder disponer de los recursos públicos con total discrecionalidad, cuando no con absoluta arbitrariedad.

Hay una correlación significativa entre la corrupción y la ausencia de fiscalización previa de la Intervención. Los políticos, bajo el pretexto de una gestión más ágil y moderna, tienen siempre la tentación de sacudirse el yugo de la intervención, y para ello crean todo tipo de organismos o entes de distintas formas jurídicas, pero con una característica común, la supresión o flexibilización de los controles. Puede ser que en un principio no se pretenda la defraudación, pero se ponen las condiciones para que surja y, con mucha frecuencia, esta se acaba produciendo. Casi todos los casos de corrupción se han dado allí donde no hay intervención previa o esta es muy débil, tal como en las Autonomías o en los Ayuntamientos.

Quedé gratamente sorprendido de que fuese un empresario, Jaime Malet, presidente de la Cámara de Comercio de EE.UU. en España, quien el otro día en televisión pusiese el dedo en la llaga, señalando lo que vengo escribiendo con bastante frecuencia, que la corrupción anida principalmente en las Comunidades Autónomas. Es un defecto más, y no el menor, de nuestro Estado de las Autonomías. Otro motivo quizás para modificar la Constitución, pero no precisamente en la línea que quiere el PSC y que Pedro Sánchez está importando al PSOE.

republica.com 29-11-2019



LA UNIVERSIDAD, AUTONOMÍA AL CUADRADO

CORRUPCIÓN Posted on Mar, mayo 08, 2018 22:05:06

No suelo referirme en mis artículos a los casos concretos de corrupción. Las denuncias y comentarios suelen estar casi siempre contaminados por los linchamientos; en la mayoría de los casos, rodeados de intereses electorales de los partidos de la competencia o del fuego amigo y, si no, del ajuste de cuentas o del morbo más nauseabundo, sin respetar en muchas ocasiones la presunción de inocencia. En las acusaciones se dan a menudo posturas inquisitoriales, demasiado fariseísmo y bastantes personas dispuestas a tirar la primera piedra.

No digo que la corrupción no deba ser perseguida. Todo lo contrario, pero sin algaradas, sin talibanes y dejando trabajar a los jueces. Claro que en eso de dejar actuar a los tribunales cada vez nos deslizamos más por la pendiente de manera peligrosa. La judicatura se está convirtiendo en una profesión de alto riesgo. Todos reclamamos la división de poderes, pero a la hora de la verdad son frecuentes los intentos de, por uno u otro motivo, presionar a los jueces mediante manifestaciones o revueltas populares, en ocasiones respaldadas, cuando no propiciadas, por instituciones públicas y por partidos políticos. Con el pretexto de la libertad de expresión se puede poner en peligro la independencia de los jueces, valor tanto o más fundamental para la democracia.

Retornando a nuestro tema, más importante que linchar a los corruptos es descubrir y combatir la corrupción estructural, implementar las medidas para eliminarla y crear los mecanismos adecuados de control. Pero todo eso no parece que interese demasiado a las fuerzas políticas, ni siquiera a aquellas que se presentan como paladines de la honestidad y la honradez. Los casos concretos deberían tan solo servir de plataforma para planteamientos más generales.

El affaire del máster supuestamente fraudulento de la hasta hace algunos días presidenta de la Comunidad de Madrid (lo del vídeo es mejor no comentarlo) y los múltiples sucesos que ha ido dejando al descubierto dan ocasión para incidir sobre el funcionamiento defectuoso y las numerosas lacras que afectan desde hace muchos años a la universidad española. Lo más curioso ha sido la actitud de escándalo que se ha generalizado y cómo muchos se han apresurado a rasgarse las vestiduras, como si la mayoría de los aspectos que se iban detectando no fuesen de sobra conocidos.

El problema viene de muy lejos, pero se ha podrido más y más según han ido pasando los años. Un célebre administrativista afirmaba que la única institución democrática que se mantuvo durante el franquismo había sido el sistema de oposiciones establecido para acceder a la Administración pública. Creo que en gran medida tenía razon, pero de esa aseveración habría que excluir con toda seguridad a la universidad. La concesión de cátedras, adjuntías y demás puestos docentes seguía sus propios procedimientos, que en la mayoría de los casos poco tenían que ver con el mérito y la capacidad, sino más bien con la predisposición a llevar la cartera del jefe del departamento y seguir fielmente sus instrucciones.

Eran muchos los que al terminar la carrera permanecían de PNN, profesores no numerarios (algo así como los profesores colaboradores de ahora, contratados sin la condición de funcionarios); la mayoría de ellos, sin embargo, en seguida continuaban su carrera por otros derroteros o bien pasaban al sector privado o se presentaban a oposiciones para los cuerpos superiores de la Administración. Solo unos pocos, quizás los peor preparados, incapaces de abrirse camino en otras instancias, permanecían y aceptaban esa especie de meritocracia impuesta por el cátedro de turno.

Al primer gobierno de Suárez se le denominó en tono coloquial «el de los PNN». No es que en realidad sus miembros perteneciesen a este colectivo. Se quería indicar tan solo la relativa juventud y escaso pedigrí de los ministros en comparación con los currículos que eran habituales en los ejecutivos del tardofranquismo. Pero era en las filas del PSOE de aquel año 82 donde abundaban los PNN, o al menos escaseaban los catedráticos, de tal modo que para ocupar la Secretaría de Estado de Universidades, tuvieron que recurrir a Carmina Virgili, seguramente la única catedrática disponible, persona entrañable pero sin demasiado interés por la gestión pública. En aquel entonces los socialistas llegaron al poder con cierto complejo y respeto y no les parecía correcto colocar en este cargo a alguien que no fuese catedrático.

De hecho, no había nada de malo ni de reprochable en esta ausencia de profesores titulares. Para ser político no se exige ningún título. Lo que, no obstante, sí resulta cuando menos extraño es la celeridad con la que cantidad de altos cargos adquirieron rápidamente a partir de entonces la condición de catedráticos. Cualquiera que haya ocupado un puesto de responsabilidad en la Administración sabe que no sobra demasiado tiempo para elaborar tesis doctorales o para hacer oposiciones. Por supuesto que estas facilidades no afectaron exclusivamente a los militantes del PSOE, pudieron beneficiar también a políticos de otros partidos e incluso a no políticos, pero que poseían cierta preeminencia social. Quizás parte de la explicación se encuentre en la evolución que a lo largo del tiempo ha ido sufriendo la universidad, agudizando los defectos de partida.

La competencia en materia universitaria pasó a las Comunidades Autónomas y todas ellas se dedicaron a multiplicar -a mi entender más de lo conveniente- las facultades, las universidades y en consecuencia los puestos docentes y las cátedras. No es de extrañar que el acceso a estas se fuese deteriorando aún más y, en consecuencia, la calidad de los títulos y de los profesores. Es chocante, sin embargo, la consideración que los medios de comunicación social continúan otorgando hoy en día a los catedráticos. A menudo son requeridos en las tertulias o en otros foros como auténticos oráculos, cuando lo cierto es que con frecuencia tanto sus opiniones como su preparación son muy discutibles y dejan mucho que desear.

Es posible que no se considere políticamente correcto afirmarlo, pero los hechos hablan por sí mismos. Hay una cierta correlación entre autonomía y corrupción, corrupción que no tiene por qué referirse exclusivamente al tema económico. A medida que se incrementa la emancipación de cualquier entidad se suelen debilitar los controles e incrementar las posibilidades de fraude. En la universidad, a la autonomía territorial se le ha añadido la autonomía universitaria, autonomía al cuadrado. Es más, últimamente se ha acumulado también la autonomía departamental, con lo que se ha generado una auténtica endogamia en la que cada departamento universitario campa por sus respetos sin apenas controles externos.

Los másteres han crecido como las setas sin orden ni concierto. Su proliferación ha tenido sin duda graves consecuencias, comenzando por que se ha creado un escenario heterogéneo y anárquico en el que resulta difícil distinguir el grano de la paja. Se han convertido a menudo en un simple negocio para el estamento universitario, donde el aspecto lucrativo prima sobre cualquier otra consideración. La calidad y las exigencias se reducen si de esta forma se consiguen más alumnos o se puede elevar el precio. No tiene por tanto nada de insólito que en ocasiones se hayan puesto a la venta los títulos, bien directamente por dinero o bien por compensaciones más sibilinas, ciertas o esperadas. Y ahí intervienen los políticos.

El problema de los másteres se ha agravado con la introducción de la normativa europea que los considera condición necesaria para la habilitación profesional. Se complica más si cabe el caos existente, contradice el principio de la gratuidad e introduce elementos privatizadores en la enseñanza universitaria. La aprobación de las universidades privadas ya había roto la igualdad de oportunidades, permitiendo que aquellos estudiantes con recursos pudiesen elegir la carrera que prefiriesen, mientras que el resto tuviera que conformarse con las que le permitían sus notas de acuerdo con los cupos existentes en cada una de las facultades. Es más, no parece demasiado arriesgado pensar que el principio de lucro conduce a que el grado de exigencia de las universidades privadas sea inferior, salvo excepciones, al de las públicas. Bien es verdad que la proliferación de los másteres y los intereses económicos generados por ellos pueden estar terminando por igualar todas las enseñanzas, pero a la baja.

El deterioro de la enseñanza universitaria ha ido en paralelo con el menoscabo de la actividad política. He insinuado a menudo que en la política se estaba cumpliendo perfectamente la ley que Gresham aplicaba a las monedas, la mala desplaza a la buena. No es ningún secreto que la mayoría de los políticos actuales se han incorporado a la actividad pública o partidaria desde muy jóvenes y no han tenido tiempo de construir un currículo del que ufanarse. De ahí que muchos han podido caer en la tentación de falsificarlos o al menos mixtificarlos, bien inventándose los títulos, bien empleando su influencia para conseguirlos de manera fraudulenta, bien utilizando a otros para que les escriban los trabajos y las tesis. El caos generado con los másteres y el deterioro de la universidad lo propicia.

Habrá que preguntarse si no es hora ya de poner coto a esa idea tan romántica de la autonomía universitaria, que en la práctica se concreta en una endogamia extremadamente peligrosa tanto para el alumnado como para los docentes y para la sociedad. ¿Acaso no ha llegado el momento de que desde el Gobierno central se establezcan los controles necesarios que garanticen el rigor y una cierta homogeneidad en los estudios, en los títulos, en el acceso y actividad de los profesores, y también, por qué no, en las finanzas, que tampoco viene mal? Algún día habrá que escribir acerca del papel que ciertas instituciones financieras como el Santander o la Caixa han jugado en las universidades y mediante ellas en la ideología y en la política, pero eso lo haremos otro día.

republica.com 4- 5- 2018



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