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ARTÍCULOS RECIENTES CONTRAPUNTO

LOS MANDATARIOS EUROPEOS GLOBALIZAN SUS BENEFICIOS PERSONALES

CORRUPCIÓN, EUROPA Posted on Jue, mayo 12, 2022 21:22:05

Las terribles imágenes ofrecidas por los medios de comunicación de la invasión de Ucrania -expresión clara de la tragedia a la que se está sometiendo a una población-, hacen que esta guerra se presente como una disputa entre buenos y malos, en la que Putin es la personificación del mal. No diré yo nada en defensa del mandatario ruso, pero sí mostraré mi convencimiento de que según vaya transcurriendo la contienda aparecerán otros muchos aspectos que sin duda tienen interés, pero que han podido quedar eclipsados por este, más primario y dramático.

Me temo (o más bien, deseo) que esta guerra vaya a cambiar muchas de nuestras creencias. Pasada la primera etapa de autocomplacencia, será inevitable preguntarse acerca de cuál ha sido el papel de Europa en la contienda. No deja de ser chocante cómo los países europeos al tiempo que están a punto de entrar en guerra con Rusia dependen totalmente de este país en cuanto al aprovisionamiento de energía. Es grotesco, pero también trágico y paradójico. Indica la fragilidad y debilidad a las que la globalización ha condenado a los Estados. Resulta enormemente inocente pensar que todo se arregla incrementando el gasto en defensa.

Las medidas económicas adoptadas frente a Rusia no sé si están haciendo realmente daño a Putin, pero lo que sí es cierto es que están dejando al descubierto determinados hechos que estaban ocultos o, al menos, no eran generalmente conocidos. Varios ex primeros ministros de países europeos han tenido que dimitir de los puestos que ocupaban hasta ahora como altos cargos en las principales multinacionales rusas.

Matteo Renzi, quien fuera primer ministro de Italia entre 2014 y 2016 y que actualmente es senador por el partido centrista “Italia Viva”, ocupaba hasta ahora el puesto de consejero de Delimobil, la mayor empresa de carsharing de Rusia, cargo al que ha tenido que renunciar después de la invasión a Ucrania.

Austria es el país que se encuentra a la cabeza en el número de políticos implicados, con tres ex cancilleres y dos ex ministros (que se sepa), con intereses financieros en empresas rusas. Entre ellos destacan Wolfgang Schüssel, Christian Kern y Karin Kneissl. El primero de los citados del Partido Popular austriaco, fue canciller de su país entre febrero de 2000 y enero de 2007. Tras dejar la política se incorporó al consejo de supervisión de Lukoil, la mayor petrolera de Rusia. El segundo, Christian Kern, ex jefe de gobierno izquierdista austriaco, que ocupó el cargo de canciller entre 2016 y 2017, al acabar su mandato se incorporó al consejo de administración de Russian Railways, la empresa estatal rusa de transporte ferroviario. Renunció a su cargo tras el inicio de la guerra.

Especialmente llamativo ha sido el caso de Karin Kneissl, periodista austríaca que ejerció como ministra de Asuntos Exteriores entre 2017 y 2019 y que se ha ido a vivir a Francia para evitar las críticas que estaba recibiendo en su país por su decisión de no dimitir en el consejo de supervisión de la petrolera estatal rusa Rosneft. En esta postura sin duda ha influido su amistad personal con Putin, quien incluso asistió a su boda.

En Finlandia,Paavo Lipponen, presidente del Partido Socialdemócrata y primer ministro entre 1995 y 2003, se convirtió poco después de dejar el cargo en asesor del proyecto de gasoducto Nord Stream impulsado por Gazprom. Tras la invasión de Ucrania y el bloqueo del Nord Stream 2, se ha puesto fin a su contrato. El antecesor de Lipponen como primer ministro de Finlandia, Esko Aho, tras el inicio de la guerra ha dimitido como miembro del consejo de supervisión de Sberbank, uno de los mayores bancos rusos.

El ex primer ministro francés François Fillon pertenecía a los consejos de administración de la compañía de hidrocarburos Zarubezhneft y de la mayor productora petroquímica de Rusia, Sibur. Parece ser que tras la invasión de Ucrania renunció a sus cargos.

Es posible que a la cabeza de todos se encuentre Gerhard Schröder, el que fuera canciller de Alemania entre 1998 y 2005, amigo personal de Vladimir Putin.  Poco antes de dejar el sillón, concedió un aval público de 900 millones de euros a la energética rusa Gazprom. Tras su cese, se convirtió en asesor de esta empresa. Y parece ser que aspiraba ahora a sentarse en su consejo de administración. Tiene también un alto cargo en Nord Stream. Pero las críticas no le han hecho dimitir por ahora.

Los casos citados son un pequeño catálogo formado por las noticias llegadas a la prensa y limitado solo a los ex primeros ministros y a las multinacionales rusas. Podemos, sin embargo, imaginemos cuál sería el número de casos a citar, si ampliásemos el abanico al resto de altos cargos y a la totalidad de empresas y multinacionales europeas. El hecho es sumamente significativo de la profunda conexión que existe entre los ámbitos políticos y económicos en este mundo de la globalización.

Existe una conclusión inmediata, aunque quizás se pueda considerar accesoria y secundaria, y es que las tan cacareadas puertas giratorias no constituyen un hecho exclusivo de España. En este tema, al igual que en otros muchos, encontramos un vicio muy extendido en la sociedad española, considerar que los problemas, errores o defectos solo suceden en nuestro país. Es frecuente escuchar en cualquier conversación que algún participante termina su intervención con la aseveración “esto solo ocurre en España”.  Ya Larra se refirió a ello en un conocido artículo titulado “En este país”, en el que se retrataba a un tal don Periquito, especialista en explicar cualquier acontecimiento por las características más bien negativas y únicas de España, diferentes a las del resto de los países.

El hecho de que en esta ocasión sean los maridajes referentes a las empresas públicas rusas los que se hayan hecho públicos, tiene sin duda su origen en el desencadenamiento de la guerra, pero esclarece al mismo tiempo hasta qué punto la globalización económica traspasa y se sobrepone a las posiciones políticas más enfrentadas y aúna si es preciso las ideologías.

La presencia de Schröder a la cabeza de este elenco concede al mismo una significación especial. Schröder, canciller alemán entre 1998-2005, se puede decir que fue el enterrador de la doctrina socialdemócrata en Europa. Ciertamente, con François Mitterrand, Jacques Delors, Felipe González y Toni Blair se habían dado ya pasos muy importantes en este proceso, pero fue Schröder el que le asestó el golpe definitivo. Los que han venido después, por ejemplo, en España Zapatero y Sánchez, son ya otra cosa. Llamémosles populistas, identitarios o como queramos, pero no socialdemócratas, e igual ocurre en los otros países. Lo que en cierto modo es lógico, ya que la globalización y la Unión Monetaria lo impiden.

En 2003, el Partido socialdemócrata alemán (SPD) celebró sus 140 años de existencia. Conmemoraciones que se realizaron con fuertes tensiones internas. Oskar Lafontaine, que defendía con mayor fidelidad la línea socialdemócrata, perdió la partida. En la sombra estaba la agenda 2010, con fuerte bajada de impuestos, desregulaciones y recortes sociales. Merkel vivió todos sus años de mandato de los ajustes acometidos en dicha agenda por Schröder. Aunque el canciller del SPD tuvo que dedicarse a fondo tanto en el interior como en el exterior para explicar el giro que pretendía dar a la política del partido. Es por eso que aprovechando que la formación política cumplía 140 años escribió el 8 de julio de 2003 una tribuna libre en el periódico El Mundo titulada “El Estado del bienestar reta a la izquierda europea”. El artículo, con el objetivo sin duda de justificar la agenda 2010, defendía la globalización, con la tesis de que no era una alternativa, sino una realidad que no había más remedio que aceptar.

Varios días después, el 17 del mismo mes, escribía yo en el susodicho diario otra tribuna titulada “La izquierda europea renuncia al Estado social”. Contestación al artículo del canciller alemán, pretendía hacer una réplica a esa idea central que mantenía Schröder de que la globalización no es una opción, sino una necesidad. Con esta teoría, el entonces presidente del PSD  se apuntaba en cierto modo al determinismo económico sustentado por el neoliberalismo y que mantiene que el statu quo económico es inmutable y que las opciones políticas deben doblegarse ante él.

Defendía yo en el artículo que el concepto de globalización es ambiguo. A veces se emplea para designar ciertos fenómenos sociales unidos a avances técnicos y científicos. En ese sentido no cabe duda de que es una realidad. Pero cuando el pensamiento conservador y ahora parece que también los partidos socialistas hablan de globalización se refieren a otra cosa, lo reducen al libre comercio, a la libre circulación de capitales, y en Europa, a partir del año 2000, a la moneda única. Así lo entiende la RAE, y hay que admirar su sinceridad, cuando lo limita al campo económico y lo define como “la tendencia de los mercados y de las empresas a extenderse alcanzando una dimensión mundial que sobrepasa las fronteras nacionales”. Es decir, constituye la huida del capital y de las fuerzas económicas del corsé del poder político democrático. En este sentido, la globalización no es una necesidad, sino una opción tomada por los propios gobiernos que han decidido abdicar de sus competencias y permitir que el poder económico campe a sus anchas. Tal decisión implica la muerte del Estado social y, por lo tanto, el vaciamiento ideológico de la socialdemocracia.

La globalización es una decisión política que se está imponiendo con un relato erróneo, el de describir un escenario económico idílico y positivo. El de que la globalización constituye una especie de Arcadia buena para todos. La realidad es más bien la contraria. Todos los indicadores lo señalan. Desde principios de los ochenta, fecha en la que podemos situar el inicio de este proceso, por término medio en todos los países las tasas de crecimiento se reducen, las de paro aumentan, la desigual social se intensifica dentro de los Estados y en Europa la brecha entre estos se hace cada vez más honda.

En este artículo no es posible ni es mi intención extenderme sobre los efectos negativos de la globalización. Lo hice en libros tales como “Economía mentiras y trampas” o “La trastienda de la crisis”, ambos de la editorial Península, y que se encuentran al alcance de todos aquellos que tengan curiosidad para comprobarlo. La finalidad de estas líneas se encuentra más bien en llamar la atención sobre el revés de la trama, es decir, la otra cara de la moneda, lo que reside detrás de la faz pública de la globalización. Es lo que en cierto modo y aunque solo sea parcialmente ha aparecido con la invasión de Ucrania, el escenario en el que se entreteje el capital, tenga el origen que tenga, con los mandatarios públicos, sea cual sea su ideología.

Todo este entramado, que en parte se está haciendo público tras el inicio de la guerra, explica en buena medida la postura adoptada hace ya casi veinte años por el entonces canciller alemán y por otros muchos mandatarios europeos para defender la globalización, globalización que a él y a otros mandatarios políticos les está  resultando muy rentable.

republica.com 31-3-2022



EL TRIBUNAL DE CUENTAS,  LA CORRUPCIÓN DE LAS INSTITUCIONES

CATALUÑA, CORRUPCIÓN, GOBIERNO, HACIENDA PÚBLICA Posted on Jue, mayo 12, 2022 20:51:32

La tragedia que asola Ucrania y que salpica a toda Europa puede hacer que una de las mayores corrupciones políticas de España pase casi desapercibida. Digamos que está llegando a su fin según lo predispuesto. El Tribunal de Cuentas ha cambiado en pocos días su propio criterio acerca de las garantías a exigir a los responsables de la malversación de fondos públicos llevada a cabo en los actos de publicidad y propaganda en el extranjero, orientados a preconizar el referéndum ilegal de independencia del 1 de octubre en Cataluña.

La gravedad del escándalo no estriba únicamente en el mero hecho de que se haya producido la modificación de criterio, sino que esta se ha conseguido mediante el cambio en la composición del propio tribunal, cambio realizado por el sistema tradicional de reparto entre los dos partidos mayoritarios, y que tan contrario es al espíritu de la propia Constitución. (Ver mis artículos del 23 de septiembre y del 11 noviembre del año pasado en este mismo diario digital). La gravedad, además, se incrementa en tanto en cuanto que la mutación ha recaído sobre un fallo cuya conclusión era tan evidente que la decisión tomada ahora por la sesión de enjuiciamiento quebranta las normas básicas del Derecho financiero y de la Hacienda Pública, y contradice los principios más elementales de la lógica y del sentido común.

¿Cómo se va a garantizar con dinero público que el erario recupere los recursos defraudados? El planteamiento es tan disparatado como cuando en tono de chunga y con cierta ironía se le comunica a alguien la disposición a convidarle siempre que antes nos adelante el dinero de la invitación. Se pretende cubrir una defraudación con otra defraudación, defraudación al cuadrado.

Corrupción, y grave, la de todos aquellos que en Cataluña han empleado fondos públicos para un objetivo ilegal, incluso delictivo, intentar la sedición de parte de la ciudadanía, insumisión frente a la Constitución y la soberanía nacional. Pero corrupción también y más grave la de los consejeros del Instituto Catalán de Finanzas que, a sabiendas, aprobaron que el organismo avalase con dinero público el alcance anterior. Se convierte en una corrupción de mayor nivel, corrupción al cuadrado.

Habrá sido seguramente esa la razón por la que tres de los consejeros dimitieron, para no tener que dar su conformidad a los avales. Quizás por miedo a incurrir en un grave delito de prevaricación. Habrá que preguntarse si la Sociedad Civil Catalana además de plantear una demanda ante el tribunal de Cuentas no debería haber interpuesto una querella criminal contra aquellos miembros del Instituto Catalán de Finanzas que aprobaron el aval y a todos aquellos que les forzaron a hacerlo.

Todo esto era ya bien conocido y no hay por qué incidir en ello, pero últimamente ha acaecido un nuevo suceso que eleva el listón de la corrupción, corrupción al cubo. Constituye un salto cualitativo. La gravedad es sustancialmente mayor, porque no radica en que determinados actos sean corruptos, sino en la corrupción de las propias instituciones. Ahora, la del Tribunal de Cuentas.

La corrupción del propio Gobierno Frankenstein no tiene parangón con ningún otro acto concreto de corrupción. Ni a la izquierda ni a la derecha del espectro político. Es una corrupción estructural que está en la misma conformación desde sus orígenes de este Ejecutivo, desde el inicio, desde la misma moción de censura, que mancha a todos los que forman o han formado parte de él, estigma que se mantendrá en el futuro y que será imposible de olvidar. Durante toda su existencia este Gobierno viene incurriendo en un cohecho endémico mediante el que se compra con fondos públicos o con cesiones políticas la permanencia día a día en el poder. Resulta grotesco que Sanchez asuma el lenguaje de los puros y exija explicaciones a Juan Carlos. Siempre he pensado que el problema de Sanchez respecto a la monarquía no tiene relación con las preferencias con respecto a la forma de Estado sino que se fundamenta más bien en un sindrome  sicológico, le es aplicable aquello que Nietzsche decía de sí mismo “Si dios existiese como iba a soportar yo no serlo, luego Dios no existe”.  Si existe rey como va a soportar Sanchez no serlo. Luego la monarquía debe desaparecer.    

Ahora se comprende la urgencia con la que el presidente del gobierno quería cambiar la composición del Tribunal de Cuentas. El mandato de los consejeros, a diferencia de los de las otras instituciones, acababa de expirar. Tras el indulto de los golpistas, quedaba por solucionar el problema crematístico, que no podía ser objeto de indulto, derivado de la defraudación cometida en los preparativos del golpe de Estado y que dependía del Tribunal de Cuentas. Se precisaba pues cambiar a los consejeros para corregir la redacción del auto que la sección de enjuiciamiento había preparado para rechazar los avales que presentaba el Instituto Catalán de Finanzas y que parecían más bien una broma pesada.

La historia reciente del Tribunal no es para que nos sintamos precisamente orgullosos de esta institución. La Ley Orgánica de 1982 y la Ley de funcionamiento de 1988, elaboradas ambas de acuerdo con las pretensiones del PSOE -la primera cuando estaba en la oposición, la segunda ya en el gobierno y de acuerdo con las manías de Pascual Sala-, configuraron una institución con enormes lacras, que comenzaban ya en el diseño de la responsabilidad y de la jurisdicción contable, y finalizaban en su constitución como órgano pluripersonal de doce consejeros, y que se han venido repartiendo en cuotas iguales los dos partidos mayoritarios.

Han sido estas lacras las que han condenado con frecuencia a esta institución a la esterilidad, limitando su actuación a casos de poca monta y quedando, sin embargo paralizada en cualquier asunto de mayor envergadura en el que hubiese por medio intereses políticos, porque en la mayoría de los casos la mitad del Consejo bloquea a la otra media. Durante todos estos años, el Tribunal de Cuentas no ha destacado precisamente por su eficacia, pero nunca había llegado al descaro, degradación y degeneración que se ha producido ahora. Degeneración de los currículos de los elegidos respecto a los que deberían tener, según la categoría asignada al puesto por la ley orgánica y la de funcionamiento. Cada vez son mucho más grises y de carácter más político.

Degradación, porque se ha nombrado a unos consejeros, y ellos han aceptado la designación, con la finalidad explícita de librar a los golpistas catalanes de la obligación económica derivada de los actos de sedición, admitiendo para cubrirla el aval de un organismo público, lo que en sí mismo constituye otra malversación. Dos son los elegidos para los puestos en la sección de enjuiciamiento, que van a permitir el cambio de criterio. En realidad, sus currículos son de tal levedad que no resulta fácil encontrarlos en Internet. Solo en el portal de trasparencia y con bastante vaguedad.

El primero es don Diego Íñiguez, perteneciente al cuerpo de Administradores Civiles del Estado y que ya desde el inicio (1993, en plena cúspide, de corrupción felipista) se separó de sus compañeros de promoción para cubrir un puesto de mayor nivel del que le correspondía de salida, pero también de mayor contenido político, consejero técnico en el Gabinete del ministro de Justicia. Durante los gobiernos del PSOE y en las esferas políticas de los gabinetes, ejerció bien de consejero técnico bien de asesor ejecutivo bien de vocal asesor, primero a la sombra de Belloch y más tarde a la de María Teresa Fernández de la Vega.

En el ínterin, durante los gobiernos de Aznar, buscó acomodo en el exterior en puestos muy cotizados en su cuerpo por sus altas retribuciones. Al final del mandato de Zapatero, consiguió que le hiciesen magistrado por el cuarto turno, es decir a dedo y sin oposición, lo que suelen describir como “juristas de reconocido prestigio”, aunque siempre está el problema de quién es el que reconoce el prestigio. Por desgracia, hay que preguntarse si no fue una forma que inventó en sus tiempos el PSOE para que  desembarcasen sus fieles en la Administración de Justicia. Ello permitió al nuevo magistrado refugiarse durante los mandatos de Rajoy en su judicatura recién estrenada, para volver con Sánchez a los puestos políticos. Primero, como director en la empresa pública de paradores, para aterrizar más tarde como jefe de gabinete de la ministra de Defensa, cargo que ocupaba al ser nombrado consejero del Tribunal de Cuentas.

Precisamente su inmediata permanencia como jefe de gabinete de la ministra de Defensa podría hacer que alguien se preguntase si no  podría estar inmerso en los supuestos del artículo 33.3 de la Ley Orgánica de la institución: haber gestionado fondos públicos o haber pertenecido a un consejo de administración de un organismo o sociedad pública en los dos últimos años, lo que le invalidaría para ocupar el nuevo cargo.

El segundo puesto como consejero en la sección de enjuiciamiento lo va a ocupar doña Rosario García Álvarez. Su currículum es mucho menos movido que el del anterior, se limita a veintisiete años de experiencia en la carrera judicial, últimamente como magistrada de la sala de lo social en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y profesora de Derecho laboral en la Universidad de Comillas. No parecen conocimientos muy a propósito para el Tribunal de Cuentas. Ni Derecho administrativo, ni financiero, ni mercantil, ni contabilidad, ni auditoría, ni análisis de los estados económicos y financieros, nada. Su única gracia parece que radica en poder ir a la sección de enjuiciamiento y estar dispuesta a cambiar el dictamen. Tan es así que según dicen doña Rosario no estaba en la primera lista, sino que era doña María Luz Rodríguez la designada, pero al darse cuenta de que la titulación de esta última no la capacitaba para ir a la sección de enjuiciamiento, que es para lo que se la necesitaba como objetivo primario -salvar a los golpistas-, se modificó la propuesta.

Poco puede sorprendernos la postura del sanchismo. Está en su naturaleza como en la del alacrán de la fábula. El Gobierno Frankenstein precisa día a día de estos comportamientos para mantenerse. Estaban claros su objetivo y su finalidad. Pero ¿a qué se debe la postura del PP?, ¿qué ganaba con los acuerdos? Solo le pueden acarrear desprestigio, después de meses y meses censurando el procedimiento y denunciando con buen fundamento su dudosa constitucionalidad, hasta el extremo de continuar bloqueando la renovación del Consejo General del Poder Judicial, lo que ahora parece una incongruencia. ¿Por qué uno sí y otros no?

Parece que en algún momento el PP alegó a favor del acuerdo el hecho de que los candidatos propuestos no tenían perfil político, lo que constituye una gran ingenuidad, puesto que confundían el nivel con la trayectoria. Que no hayan ocupado puestos relevantes solo indica que su currículum es más bien gris, pero no que todo él no se haya desarrollado a la sombra del PSOE. Es precisamente esa mediocridad la que más les debería haber llamado la atención y hecho desconfiar y podrían haberse cuestionado acerca de cuál era entonces el motivo de la propuesta. Ahora ya se sabe. Que estaban dispuestos a cumplir de forma servil las indicaciones políticas. La pregunta surge entonces de forma inmediata: ¿qué trapicheos ha habido entre Félix Bolaños y Teodoro García Egea?

Republica 10-3-2022



EL RELATO MENDAZ DE LOS INDULTOS

CORRUPCIÓN Posted on Vie, septiembre 03, 2021 19:36:13

Un viejo proverbio oriental afirma que cuando el sabio señala la luna, el necio mira el dedo. Pero hay veces que el necio no lo es tanto como parece. La pretensión de algunos de que todos miremos al dedo tiene una finalidad muy clara, que nadie repare en la luna. Es lo que ha ocurrido con la manida foto de Colón. Sucedió la vez pasada, cuando el Gobierno procuró por todos los medios que los ciudadanos se fijasen en el dedo, en quiénes eran los que acudían a la manifestación, en lugar de escrutar la luna, es decir, por qué se hacía. No querían que se detuviesen en contemplar cómo Sánchez, con tal de mantenerse en el poder, era capaz de aceptar un relator (un intermediario internacional) en la mesa de negociación entre el Gobierno español y el de la Generalitat como si fuesen representantes de Estados soberanos.

En esta ocasión han querido volver a la foto del Colón, a fijarse en los manifestantes, en si iban o no por separado o si la presidenta de la Comunidad de Madrid decía esto o aquello, cualquier cosa con tal de que el personal reparase lo menos posible en el objeto de la manifestación. En este caso, la luna se identificaba con los indultos, e incluso con lo que subyace a ellos. La gravedad de los indultos radica en que para argumentarlos los revisten en forma de amnistía, como justificación, incluso como rehabilitación de los golpistas. Lo más peligroso es que para intentar explicarlos se asume el discurso de los sediciosos, discurso que no ha cambiado lo más mínimo, por mucho que nos hayan querido vender que en cierto modo la carta de Oriol Junqueras constituía una variación en sus posiciones.

Quien haya leído la misiva se dará cuenta de que no hay tal rectificación. Además, la reiteración queda confirmada y ratificada no solo por la facción de Puigdemont o por la CUP, sino por la propia Esquerra Republicana. El discurso no ha variado ni un ápice. Ocurre, tan solo, que los golpistas han aprendido de los errores pasados y piensan que la situación no está madura para conseguir la independencia por la fuerza. De momento, les conviene más la negociación, pero, si esta fracasa y las circunstancias cambian, no dudarán en repetir la jugada.

Los secesionistas piensan que con seguridad la mesa de negociación no servirá a corto plazo para conseguir la ansiada independencia, pero sí les dotará de más medios para intentarlo de nuevo más adelante. Además, en tanto en cuanto el Gobierno legitime su discurso, su posición en el extranjero mejorará y les será más fácil dar el salto en el futuro. ¿Cómo van a condenarles en el exterior si el gobierno de España les absuelve? ¿Quién va a defender las sentencias ante la justicia europea? ¿La abogacía del estado?

Recordar ahora las palabras de Borrell, cuando era ministro de Pedro Sánchez, y se quejaba de que los gobiernos de Rajoy no habían sabido combatir adecuadamente el discurso de los golpistas en el extranjero, y se comprometía a que los gobiernos de Sánchez se dedicarían con ahínco a esta tarea, no puede por menos que causar hilaridad. Borrell, al margen de cuáles fuesen sus intenciones, tendría que haber inferido que un gobierno que debía el poder a los golpistas sería incapaz de refutar sus prédicas. Después de tres años, se puede comprobar que no solo es que no las haya rebatido, sino que ha terminado asumiendo sus mismos planteamientos.

Los indultos van acompañados de un relato que se fundamenta en buena medida en las falacias que usan los secesionistas. Da por hecho que las condenas obedecen a la venganza y a la represión. Supone que los sentenciados, lejos de ser culpables de delitos muy graves, son presos políticos. Proclama que todos somos culpables en el conflicto. La asimilación de las patrañas es tan profunda que se expresa a menudo de forma inconsciente. Así, Carmen Calvo manifestó que se trata de superar el enfrentamiento entre España y Cataluña, dando por hecho que los soberanistas se identifican con Cataluña y que Cataluña constituye algo ajeno a España.

Ione Belarra, para defender la vuelta de los prófugos, ha retornado a esa falacia tan repetida por los independentistas y aceptada por Sánchez de que no hay que judicializar la política. Habrá que preguntarse qué se pensaría si alguien defendiese que no hay que judicializar la fiscalidad y por lo tanto que a los defraudadores no se les deberían aplicar la ley y las sanciones, sino que la Agencia Tributaria tendría que dedicarse a dialogar y negociar con los infractores. Y ahora que los sindicatos y empresarios están tan identificados con el Gobierno y demandan los indultos de los golpistas, me pregunto cómo se pondrían si a alguien se le ocurriese afirmar que no hay que judicializar la actividad laboral y reclamasen que se eliminara la jurisdicción de trabajo y el derecho laboral para reducir todo al diálogo y a la negociación.

Y, por último, sería interesante ver la reacción de Ione Belarra si a alguien se le ocurriese plantear que hay que desjudicializar las relaciones de pareja y la violencia de género, para reducirlas a un problema doméstico y que, dado que los métodos penales y de represión no funcionan, hay que sustituirlos por la concordia y el diálogo. Nada de aconsejar a las mujeres que denuncien al agresor, sino todo lo contrario, que se sienten a negociar con él.

En el relato de los sanchistas, con el que se pretende adornar los indultos, ocupa un lugar preeminente la atribución que hacen al Gobierno de Rajoy de los dos intentos de referéndum, de la declaración unilateral de independencia y de la aprobación por el Parlament de las leyes de desconexión, claramente golpistas. Se podría pensar que esto es tan solo una argucia de Sánchez para atacar al PP; sin embargo, conlleva un contenido mucho más profundo y peligroso. Lo que se encuentra implícito es una falsificación del golpe y de la sedición. En esta versión los sediciosos no se dirigían contra el Estado, sino contra un gobierno de derechas y fascista. Por eso Sánchez no se siente implicado.

Pero la verdad es que el golpe fue contra el Estado y contra todas sus instituciones, y fueron también sus tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, los que reaccionaron y derrotaron a los golpistas. Bien es cierto que Sánchez, arrastrado por el PSC, no se sintió muy implicado en el tema, aceptando el 155 de manera tardía, a regañadientes e introduciendo muchas limitaciones. Si su implantación dejó mucho que desear se debió a Sánchez y a los condicionantes que introdujo en el proceso.

Por otra parte, si en los últimos años los independentistas no han repetido los desafueros de 2017, no ha sido ni mucho menos mérito de Sánchez. Todo lo contrario. Lo que les impide repetir la hazaña es la experiencia de su fracaso y sobre todo el miedo a tener que enfrentarse de nuevo con la justicia. No obstante es ahora, con los indultos, cuando piensan que ganan frente al Estado y que este muestra sus debilidades. Lo único que está haciendo Sánchez desde que ha llegado al gobierno gracias a los golpistas es jugar en campo contrario. Así se produce la extraña paradoja de que mientras el independentismo denigra y mantiene el boicot al jefe del Estado, se encama con el presidente del Gobierno.

republca.com 24-6-2021



LAS AGENCIAS ESTATALES Y LA CORRUPCIÓN

CORRUPCIÓN, HACIENDA PÚBLICA Posted on Dom, marzo 28, 2021 22:14:15

El pasado día cuatro dedicaba mi artículo semanal a hablar sobre la corrupción, distinguiendo lo que designaba como ex ante y ex post, y mostraba mi preocupación por el hecho de que los políticos habían convertido los casos de corrupción -en ocasiones ciertos, en otros, supuestos- en armas políticas. En realidad, da la sensación de que la corrupción en sí misma importa poco, por eso ningún partido se preocupa de potenciar y defender normas, medidas o procedimientos para evitarla; cuando no actúan de forma contraria, promoviendo cambios en la legislación para librar a la gestión pública de todo lo que consideran ataduras.

Durante las semanas pasadas se han producido algunos hechos que confirman estas reflexiones. Ciudadanos y el sanchismo se coaligaron en Murcia para llevar a cabo una moción de censura al Gobierno de coalición de PP y Ciudadanos. Y ahí comienza lo extraño, un partido instando una moción de censura a su propio gobierno. Pero la extrañeza se convierte en prevención cuando el único motivo que se aduce es la corrupción, corrupción que no se encuentra en ninguna causa judicial, ni siquiera como imputación, y solo existe en la imaginación o en la sospecha de quienes han  presentado la moción. No digo que no pueda haber motivos para la moción de censura. Desconozco por completo lo que ocurre en Murcia, pero lo que no parece de recibo es utilizar exclusivamente como argumento la supuesta corrupción, cuando el único que aparece como imputado es precisamente el líder del socialismo murciano, artífice de la propia moción.

¿Y qué decir de la elección de Laura Borrás como presidenta del Parlament, imputada por el Tribunal Supremo y no precisamente a causa del procés? Ya sabemos que para el soberanismo no existe ninguna acción que pueda considerarse delictiva si tiene como finalidad la independencia; aunque, en realidad, pocas acciones más corruptas que un golpe de Estado e intentar robar la soberanía a un pueblo. Pero es que la señora Borrás no está imputada por nada que tenga que ver, al menos aparentemente, con la independencia. Se la acusa de falsedad documental, fraude, prevaricación y malversación de caudales públicos en la adjudicación de manera ilícita de los contratos de programación informática de la Institució de les lletres catalanes, de la que era directora. Hay que suponer que el señor Rufián y demás compinches no se atreverán a hablar más de corrupción en el Congreso después de haber elegido presidenta del Parlament a una imputada.

Lo más grave es que a pesar de que todos los partidos están prestos a arrojarse a la cara mutuamente los casos de corrupción muy pocos son, por no decir ninguno, los que están inclinados a establecer las condiciones y las normas para que estos no se den, e incluso en muchos casos trabajan afanosamente en levantar los mecanismos de control establecidos, con lo que la comisión de la corrupción se hace más fácil.

Hay que traer aquí a colación a Montesquieu y su aserto acerca de que no hay que confiar en que los políticos sean buenos; si lo son, mejor que mejor; pero hay que establecer leyes que impidan que puedan salirse de lo correcto, aun cuando estén dispuestos a hacerlo. Algo parecido habría que afirmar de la corrupción. Se precisa crear normas y procedimientos de modo que, aunque haya políticos que se sientan tentados al fraude, a la corrupción, o a la arbitrariedad, les resulte imposible practicarlos porque los mecanismos de control se lo impiden.

Lo cierto es que los partidos políticos, a pesar de hablar mucho de la corrupción, no sienten la menor preocupación que les lleve a poner los medios para evitarla. Es más, a menudo la apuesta es la contraria y las actuaciones de los gobiernos se orientan en la dirección inversa, y con la excusa de la agilidad y de la eficacia en la gestión pretenden desentenderse de lo que consideran ataduras, pero que en realidad constituyen los requisitos legales necesarios para garantizar que no hay desviaciones de fondos públicos o que al menos que se minimiza su posibilidad.

En varias ocasiones me he referido al Real Decreto-ley 36/2020, para la ejecución del plan de recuperación, como un ejemplo de huida del derecho administrativo. Se han producido muchas críticas ante la falta de control político que va a darse en la gestión de los fondos europeos, pero se ha puesto mucho menos énfasis en el desarme de los controles administrativos, ya que se van a emplear todos los instrumentos posibles para canalizar los recursos al margen de los procedimientos y garantías precisos para una gestión objetiva y honesta.

Pero el Gobierno no se ha limitado a perseguir este desarme en la gestión de fondos europeos, sino que, en buena medida, pretende generalizar el mismo escenario para el resto de la actuación administrativa, por eso se ha introducido en la ley de presupuestos toda una serie de cambios normativos que afectan a leyes tan importantes como la ley general presupuestaria o la ley de régimen jurídico del sector público. Mediante disposiciones adicionales o finales se modifican aspectos importantes de la Administración, tales como la recuperación de la figura de las agencias estatales o la potenciación de que determinadas entidades adopten la condición  de medios propios.

Las agencias estatales constituyen el último escalón en ese proceso de centrifugación tendente a separar porciones de la Administración del Estado para dotarlas de autonomía y librarlas de los controles y garantías ineludibles en el manejo de los fondos públicos. La historia comienza en 1991 con la creación por Borrell de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. A mi entender, un grave error, porque no añadía ninguna operatividad a lo que venía siendo la estructura del Ministerio de Hacienda, más bien la complicaba funcionalmente, pero hay que reconocer que se constituía como un caso único y, dado el sometimiento de esta institución al derecho financiero público y la preeminencia en ella de los cuerpos de funcionarios, inspectores financieros y tributarios, inspectores de aduanas y técnicos de hacienda, al menos se minimizaban los efectos negativos que pueden suscitarse en otros ámbitos, especialmente cuando esta figura se generaliza.

La generalización surgió con Jordi Sevilla, el de las grandes ideas, el del tipo único en el impuesto sobre la renta, el que iba a enseñar economía en dos días a Zapatero. Eso sí, parece que con poco éxito. La Ley 28/2006 crea las agencias estales, cuya primera plasmación fue la Agencia de Evaluación de Políticas Públicas y Calidad de los Servicios, creada en 2007, y disuelta sin pena ni gloria en 2017. Después fueron varios organismos los que se convirtieron en agencias sin saberse muy bien el motivo, como no fuese librarlos de los obligados controles. Curiosamente, fue un gobierno del denostado Rajoy el que en la ley 40/2015 eliminó legalmente esta figura administrativa, aunque se dio un plazo de varios años para que las agencias existentes se transformasen de nuevo en organismos autónomos. El hecho es que aún hoy perviven sin que se haya llegado a producir el cambio.

Ahora, el Gobierno de Pedro Sánchez retoma de nuevo la figura de las agencias estatales. En una disposición final de la ley de presupuestos se establece su nuevo régimen jurídico, caracterizado por la desregulación y lo que denominan autonomía que, en definitiva, consiste en concederles patente de corso en su gestión para que actúen con total libertad, y casi sin someterse a ningún control ni norma. La gravedad de la cuestión, frente a las que pueden presentarse en otras entidades públicas como las fundaciones, los entes públicos, los consorcios, etc., es que las agencias gozan de potestad administrativa, forman parte de la función pública y participan de sus poderes y prerrogativas.

Se establece dentro de cada una de ellas un consejo rector del que no se facilita su composición, pero que se supone formado por políticos, sin indicar mayor capacitación y al que se dejan las manos libres para actuar con casi total discrecionalidad, discrecionalidad que puede convertirse en arbitrariedad. Se elude el sistema de oposiciones, al conceder a las agencias la potestad de contratar a su propio personal; que si bien se indica que se seleccionará en convocatorias públicas, según los principios de igualdad, mérito y capacidad, van a ser los propios órganos de la agencia los encargados de la selección y además se insinúa la participación de órganos especializados en la selección de personal, lo que parece hacer referencia a empresas ajenas a la Administración, con procedimientos y métodos propios del sector privado, más propensos a la discrecionalidad cuando no a la arbitrariedad.

Algo parecido cabe decir de los cargos de dirección, que serán nombrados por el consejo rector con la única condición de ser titulados superiores. Aunque cuando se añade que serán “preferentemente funcionarios” se deja abierta la puerta a la excepción y ya se sabe que a menudo la excepción se transforma en pauta. Incluso se prevé que se puedan cubrir puestos directivos de máxima responsabilidad en régimen laboral con contratos de alta dirección, figura claramente importada del sector privado y que tiene un sistema retributivo de tipo contractual y, por lo tanto, sin sujeción a ninguna norma.

Podríamos decir que su presupuesto está constituido por un solo crédito y ampliable, porque únicamente la cantidad global y las partidas de gastos de personal y subvenciones nominativas tienen un carácter limitativo, y su modificación se reserva al ministro de Hacienda. El director de la agencia tiene potestad para variar todas las otras partidas presupuestarias, incluso incrementar la cuantía total cuando se financie con recursos adicionales y extraordinarios de la propia agencia. Se prevé así mismo que las agencias puedan crear o participar en sociedades mercantiles o en fundaciones, generándose por tanto una pirámide en la descentralización y el desgobierno.

El control de la Intervención General de la Administración del Estado se reduce al financiero y a la auditoría pública, pero se elimina la función interventora o fiscalización previa, bestia negra de todos los que reclaman autonomía y una gestión libre, aunque está demostrado hasta la saciedad que ese control previo resulta imprescindible para evitar la corrupción y la arbitrariedad en el manejo de los recursos públicos.

Quizás para ser conscientes de la importancia que van a tener todas estas modificaciones legislativas y la recuperación de las agencias estatales convenga traer a colación los ERE de Andalucía, no con el ánimo de utilizarlos como piedra arrojadiza, sino de constatar a dónde puede llevar la mutación de partes de la Administración a entes a los que se libra de normas y procedimientos, y se les priva de controles.

republica 26-3-2021



LOS ERE, UN CASO DE CORRUPCIÓN EN BUSCA DE AUTOR

CORRUPCIÓN Posted on Dom, diciembre 01, 2019 23:24:37

Llegó por fin la sentencia de los ERE. La justicia española es lenta, pero, por muchos obstáculos que se le pongan, suele terminar su tarea; y en esta ocasión las trabas han sido infinidad y, si no, que se lo digan a la juez Alaya. La sentencia al final se ha publicado, aunque deja dos cuestiones sobre la mesa. La primera estriba en conocer la razón de haberse pospuesto su publicación hasta después de las elecciones y, más extraño aun, cómo se ha conseguido que no se filtrase nada. La segunda es respecto a si la premura para firmar el acuerdo entre Sánchez e Iglesias, aun cuando estaba sin concretar y en barbecho, no ha tenido por finalidad adelantarse a la publicación de la sentencia. Curiosamente, aunque de forma no premeditada, yo también me adelanté, pues el 24 de octubre escribí un artículo en estas páginas titulado “Cien años de honradez”, que tiene plena aplicación en estos momentos. Es más, tengo el temor de que, al menos parcialmente, hoy pueda repetirme.

Las reacciones del PP y de Ciudadanos han sido las esperadas, teniendo en cuenta que Sánchez se hizo con el gobierno pactando con golpistas, pero con la excusa de la corrupción. Es lógico que ahora se le tiren a la yugular con todas sus fuerzas. Lo que ha sido sorprendente, sin embargo, ha sido la actitud del partido socialista, tanto el de Andalucía como el federal. El primero en salir a la palestra ha sido Bono -antes muerto que sencillo- para declarar que pone la mano en el fuego por Chaves y Griñán. Lo siento, Magdalena, de ti no ha dicho nada. Ha recurrido al mismo argumento manejado por el PSOE a lo largo de todo el tiempo que ha durado el proceso: no ha habido enriquecimiento personal. Los acusados no se han llevado ni un euro a su casa. Quizás a su casa no, pero a su pueblo parece ser que sí.

En cualquier caso, y esto es lo importante, ello no quiere decir que no haya habido lucro, y un lucro colectivo, pues sus beneficios se han extendido a todo el partido socialista. Un lucro no puntual, sino constante y permanente. Según parece, se ha creado a lo largo de diez años toda una trama de corrupción, una red clientelar (seguramente no habrá sido la única), que ha permitido al partido y a sus dirigentes perpetuarse en el poder. Hay una tendencia en la sociedad y en muchos comentaristas a restar importancia a la malversación de fondos públicos cuando no va unida al propio enriquecimiento. Lo cierto es que hay otras maneras, tanto o más corruptas que esta, cuya gravedad depende de la finalidad a la que se dedican los recursos. La inmoralidad de la financiación ilegal de un partido político se encuentra en que truca y rompe la neutralidad del juego democrático.

El dopaje de una formación política puede adquirir formas distintas de la aportación directa de recursos. La utilización, por ejemplo, de medios públicos para campañas de publicidad a favor de un gobierno; la creación de una red clientelar como en el caso que nos ocupa; el empleo de dinero público para llevar a cabo una rebelión contra la Constitución como en el independentismo catalán. Todas estas actuaciones son otras tantas formas de financiación delictiva de las formaciones políticas. El hecho de que la sentencia de los ERE no haya condenado al PSOE, al no haber habido aportación directa de recursos a la caja del partido, no quiere decir que (independiente de la calificación penal) no sea partícipe a título lucrativo, puesto que ha sido el principal beneficiario de la malversación.

Lo más jocoso de lo que ha ocurrido estos días es el intento desesperado de la dirección federal del PSOE por desentenderse del tema y hacer como si no tuviesen nada que ver en el asunto. Comenzando por Pedro Sánchez que ni está ni se le espera, y que ha dado la espantada por toda respuesta, y continuando por la rueda de prensa dada por Ábalos, propia de una antología del disparate político pretendiendo que en lo que ha ocurrido en Andalucía, el PSOE no ha tenido nada que ver, tan solo han sido unos cargos políticos de la Junta que pasaban por allí y que por casualidad ocupaban esos puestos.

Ábalos fue más allá, montó la defensa sobre un intento desesperado por mostrar una supuesta diferencia entre este caso y el de la Gürtel. El PSOE había sido totalmente transparente colaborando al cien por cien con las autoridades judiciales, y apartando de inmediato las manzanas podridas. El PP, por el contrario, había intentado ocultar la realidad, destruyendo pruebas y poniendo toda clase de obstáculos a la actuación judicial. Tales argumentos resultan un tanto irónicos y dejan descolocados a todos los que hayan seguido, aunque sea por encima, el proceso de los ERE. Los que hayan conocido la multitud de añagazas, trampas y dificultades que tuvo que sufrir la juez Ayala antes de dejar el proceso, y los retrasos, demoras y dilaciones que se produjeron después, no podrán por menos que tomarse a chirigota, aunque con indignación, las palabras de Ábalos.

La federación de Andalucía es lo suficientemente grande y tiene tal relevancia en el PSOE y en sus resultados electorales como para suponer que su dopaje influye en todo el ámbito del partido y que, en cierta forma, todos sus militantes son partícipes a título lucrativo de sus posibles fechorías. Por supuesto, en mayor medida cuanto más alto esté situado uno en la organización. Su secretario general, toda la dirección actual y el gobierno en su conjunto se han beneficiado de ese dopaje y seguramente a ese dopaje deben, al menos parcialmente, los resultados electorales de los que disfrutan y, por lo tanto, el cargo que ostentan.

Sánchez y su Gobierno persiguen aislar la responsabilidad en el ámbito del PSOE de Andalucía y en Susana Díaz, evitando el contagio, lo que no parece demasiado fácil, porque ¿qué serían Sánchez y Ábalos de no ser por el PSOE, incluyendo al PSOE andaluz? Es innegable que este escándalo toca de lleno a Susana Díaz, era consejera entonces y la sentencia mantiene claramente que la decisión fue de todo el Consejo de Gobierno. Además, fue designada por Griñán como su sucesora, y en este cargo obstaculizó todo lo que le fue posible el desarrollo del proceso; pero no es menos verdad que tanto Carmen Calvo como María Jesús Montero eran también consejeras en esa etapa, y que, al margen de las discrepancias que después pudieron surgir, Sánchez fue catapultado contra todo pronóstico a la secretaría general del PSOE por Susana Díaz y por el PSOE andaluz para evitar que Eduardo Madina ganase las primarias. 

No resulta tampoco muy coherente la postura de Pablo Iglesias, él tan combativo contra la corrupción del PP, parece no importarle demasiado la del PSOE, con tal de salvar el pacto y, con él, los sillones. Cosas del pasado y del bipartidismo. ¿También pertenecen al bipartidismo sus amigos de Cataluña con el 3%, y con las malversaciones de recursos públicos destinados a la financiación del procés, es decir, a preparar el golpe de Estado?

Del hecho de que no haya habido enriquecimiento personal de los condenados se quiere concluir que no se les puede exigir a estos la devolución de las cantidades defraudadas. No es cierto. La responsabilidad contable atribuye una obligación subsidiaria a los autores de la malversación. Esto es, que en el caso de que no se pueda cobrar a los beneficiados, la exigencia del reintegro recae sobre las autoridades o funcionarios causantes de la pérdida de los recursos públicos.

La gravedad de la malversación cometida con los ERE radica en que no ha sido puntual ni singular. No es ocasional ni circunstancial. Es una corrupción sistemática y rigurosamente planificada desde arriba, desde las instancias más elevadas de la Autonomía y de la organización regional del PSOE. De forma premeditada, se estableció un sistema específico de concesión de las ayudas, al margen de todo procedimiento administrativo, y libre de los controles adecuados, en especial de la fiscalización del gasto. La finalidad, poder disponer de los recursos públicos con total discrecionalidad, cuando no con absoluta arbitrariedad.

Hay una correlación significativa entre la corrupción y la ausencia de fiscalización previa de la Intervención. Los políticos, bajo el pretexto de una gestión más ágil y moderna, tienen siempre la tentación de sacudirse el yugo de la intervención, y para ello crean todo tipo de organismos o entes de distintas formas jurídicas, pero con una característica común, la supresión o flexibilización de los controles. Puede ser que en un principio no se pretenda la defraudación, pero se ponen las condiciones para que surja y, con mucha frecuencia, esta se acaba produciendo. Casi todos los casos de corrupción se han dado allí donde no hay intervención previa o esta es muy débil, tal como en las Autonomías o en los Ayuntamientos.

Quedé gratamente sorprendido de que fuese un empresario, Jaime Malet, presidente de la Cámara de Comercio de EE.UU. en España, quien el otro día en televisión pusiese el dedo en la llaga, señalando lo que vengo escribiendo con bastante frecuencia, que la corrupción anida principalmente en las Comunidades Autónomas. Es un defecto más, y no el menor, de nuestro Estado de las Autonomías. Otro motivo quizás para modificar la Constitución, pero no precisamente en la línea que quiere el PSC y que Pedro Sánchez está importando al PSOE.

republica.com 29-11-2019



LA UNIVERSIDAD, AUTONOMÍA AL CUADRADO

CORRUPCIÓN Posted on Mar, mayo 08, 2018 22:05:06

No suelo referirme en mis artículos a los casos concretos de corrupción. Las denuncias y comentarios suelen estar casi siempre contaminados por los linchamientos; en la mayoría de los casos, rodeados de intereses electorales de los partidos de la competencia o del fuego amigo y, si no, del ajuste de cuentas o del morbo más nauseabundo, sin respetar en muchas ocasiones la presunción de inocencia. En las acusaciones se dan a menudo posturas inquisitoriales, demasiado fariseísmo y bastantes personas dispuestas a tirar la primera piedra.

No digo que la corrupción no deba ser perseguida. Todo lo contrario, pero sin algaradas, sin talibanes y dejando trabajar a los jueces. Claro que en eso de dejar actuar a los tribunales cada vez nos deslizamos más por la pendiente de manera peligrosa. La judicatura se está convirtiendo en una profesión de alto riesgo. Todos reclamamos la división de poderes, pero a la hora de la verdad son frecuentes los intentos de, por uno u otro motivo, presionar a los jueces mediante manifestaciones o revueltas populares, en ocasiones respaldadas, cuando no propiciadas, por instituciones públicas y por partidos políticos. Con el pretexto de la libertad de expresión se puede poner en peligro la independencia de los jueces, valor tanto o más fundamental para la democracia.

Retornando a nuestro tema, más importante que linchar a los corruptos es descubrir y combatir la corrupción estructural, implementar las medidas para eliminarla y crear los mecanismos adecuados de control. Pero todo eso no parece que interese demasiado a las fuerzas políticas, ni siquiera a aquellas que se presentan como paladines de la honestidad y la honradez. Los casos concretos deberían tan solo servir de plataforma para planteamientos más generales.

El affaire del máster supuestamente fraudulento de la hasta hace algunos días presidenta de la Comunidad de Madrid (lo del vídeo es mejor no comentarlo) y los múltiples sucesos que ha ido dejando al descubierto dan ocasión para incidir sobre el funcionamiento defectuoso y las numerosas lacras que afectan desde hace muchos años a la universidad española. Lo más curioso ha sido la actitud de escándalo que se ha generalizado y cómo muchos se han apresurado a rasgarse las vestiduras, como si la mayoría de los aspectos que se iban detectando no fuesen de sobra conocidos.

El problema viene de muy lejos, pero se ha podrido más y más según han ido pasando los años. Un célebre administrativista afirmaba que la única institución democrática que se mantuvo durante el franquismo había sido el sistema de oposiciones establecido para acceder a la Administración pública. Creo que en gran medida tenía razon, pero de esa aseveración habría que excluir con toda seguridad a la universidad. La concesión de cátedras, adjuntías y demás puestos docentes seguía sus propios procedimientos, que en la mayoría de los casos poco tenían que ver con el mérito y la capacidad, sino más bien con la predisposición a llevar la cartera del jefe del departamento y seguir fielmente sus instrucciones.

Eran muchos los que al terminar la carrera permanecían de PNN, profesores no numerarios (algo así como los profesores colaboradores de ahora, contratados sin la condición de funcionarios); la mayoría de ellos, sin embargo, en seguida continuaban su carrera por otros derroteros o bien pasaban al sector privado o se presentaban a oposiciones para los cuerpos superiores de la Administración. Solo unos pocos, quizás los peor preparados, incapaces de abrirse camino en otras instancias, permanecían y aceptaban esa especie de meritocracia impuesta por el cátedro de turno.

Al primer gobierno de Suárez se le denominó en tono coloquial «el de los PNN». No es que en realidad sus miembros perteneciesen a este colectivo. Se quería indicar tan solo la relativa juventud y escaso pedigrí de los ministros en comparación con los currículos que eran habituales en los ejecutivos del tardofranquismo. Pero era en las filas del PSOE de aquel año 82 donde abundaban los PNN, o al menos escaseaban los catedráticos, de tal modo que para ocupar la Secretaría de Estado de Universidades, tuvieron que recurrir a Carmina Virgili, seguramente la única catedrática disponible, persona entrañable pero sin demasiado interés por la gestión pública. En aquel entonces los socialistas llegaron al poder con cierto complejo y respeto y no les parecía correcto colocar en este cargo a alguien que no fuese catedrático.

De hecho, no había nada de malo ni de reprochable en esta ausencia de profesores titulares. Para ser político no se exige ningún título. Lo que, no obstante, sí resulta cuando menos extraño es la celeridad con la que cantidad de altos cargos adquirieron rápidamente a partir de entonces la condición de catedráticos. Cualquiera que haya ocupado un puesto de responsabilidad en la Administración sabe que no sobra demasiado tiempo para elaborar tesis doctorales o para hacer oposiciones. Por supuesto que estas facilidades no afectaron exclusivamente a los militantes del PSOE, pudieron beneficiar también a políticos de otros partidos e incluso a no políticos, pero que poseían cierta preeminencia social. Quizás parte de la explicación se encuentre en la evolución que a lo largo del tiempo ha ido sufriendo la universidad, agudizando los defectos de partida.

La competencia en materia universitaria pasó a las Comunidades Autónomas y todas ellas se dedicaron a multiplicar -a mi entender más de lo conveniente- las facultades, las universidades y en consecuencia los puestos docentes y las cátedras. No es de extrañar que el acceso a estas se fuese deteriorando aún más y, en consecuencia, la calidad de los títulos y de los profesores. Es chocante, sin embargo, la consideración que los medios de comunicación social continúan otorgando hoy en día a los catedráticos. A menudo son requeridos en las tertulias o en otros foros como auténticos oráculos, cuando lo cierto es que con frecuencia tanto sus opiniones como su preparación son muy discutibles y dejan mucho que desear.

Es posible que no se considere políticamente correcto afirmarlo, pero los hechos hablan por sí mismos. Hay una cierta correlación entre autonomía y corrupción, corrupción que no tiene por qué referirse exclusivamente al tema económico. A medida que se incrementa la emancipación de cualquier entidad se suelen debilitar los controles e incrementar las posibilidades de fraude. En la universidad, a la autonomía territorial se le ha añadido la autonomía universitaria, autonomía al cuadrado. Es más, últimamente se ha acumulado también la autonomía departamental, con lo que se ha generado una auténtica endogamia en la que cada departamento universitario campa por sus respetos sin apenas controles externos.

Los másteres han crecido como las setas sin orden ni concierto. Su proliferación ha tenido sin duda graves consecuencias, comenzando por que se ha creado un escenario heterogéneo y anárquico en el que resulta difícil distinguir el grano de la paja. Se han convertido a menudo en un simple negocio para el estamento universitario, donde el aspecto lucrativo prima sobre cualquier otra consideración. La calidad y las exigencias se reducen si de esta forma se consiguen más alumnos o se puede elevar el precio. No tiene por tanto nada de insólito que en ocasiones se hayan puesto a la venta los títulos, bien directamente por dinero o bien por compensaciones más sibilinas, ciertas o esperadas. Y ahí intervienen los políticos.

El problema de los másteres se ha agravado con la introducción de la normativa europea que los considera condición necesaria para la habilitación profesional. Se complica más si cabe el caos existente, contradice el principio de la gratuidad e introduce elementos privatizadores en la enseñanza universitaria. La aprobación de las universidades privadas ya había roto la igualdad de oportunidades, permitiendo que aquellos estudiantes con recursos pudiesen elegir la carrera que prefiriesen, mientras que el resto tuviera que conformarse con las que le permitían sus notas de acuerdo con los cupos existentes en cada una de las facultades. Es más, no parece demasiado arriesgado pensar que el principio de lucro conduce a que el grado de exigencia de las universidades privadas sea inferior, salvo excepciones, al de las públicas. Bien es verdad que la proliferación de los másteres y los intereses económicos generados por ellos pueden estar terminando por igualar todas las enseñanzas, pero a la baja.

El deterioro de la enseñanza universitaria ha ido en paralelo con el menoscabo de la actividad política. He insinuado a menudo que en la política se estaba cumpliendo perfectamente la ley que Gresham aplicaba a las monedas, la mala desplaza a la buena. No es ningún secreto que la mayoría de los políticos actuales se han incorporado a la actividad pública o partidaria desde muy jóvenes y no han tenido tiempo de construir un currículo del que ufanarse. De ahí que muchos han podido caer en la tentación de falsificarlos o al menos mixtificarlos, bien inventándose los títulos, bien empleando su influencia para conseguirlos de manera fraudulenta, bien utilizando a otros para que les escriban los trabajos y las tesis. El caos generado con los másteres y el deterioro de la universidad lo propicia.

Habrá que preguntarse si no es hora ya de poner coto a esa idea tan romántica de la autonomía universitaria, que en la práctica se concreta en una endogamia extremadamente peligrosa tanto para el alumnado como para los docentes y para la sociedad. ¿Acaso no ha llegado el momento de que desde el Gobierno central se establezcan los controles necesarios que garanticen el rigor y una cierta homogeneidad en los estudios, en los títulos, en el acceso y actividad de los profesores, y también, por qué no, en las finanzas, que tampoco viene mal? Algún día habrá que escribir acerca del papel que ciertas instituciones financieras como el Santander o la Caixa han jugado en las universidades y mediante ellas en la ideología y en la política, pero eso lo haremos otro día.

republica.com 4- 5- 2018



EL REGENERACIONISMO DE RIVERA

CORRUPCIÓN Posted on Lun, septiembre 11, 2017 00:12:12

Albert Rivera tenía razón. La comparecencia del presidente del Gobierno en el pleno del Congreso no era el mejor formato ni el que más favorecía a la oposición a la hora de exigir cuentas sobre la financiación del PP. Solo la absurda competencia establecida entre Podemos y el PSOE -o más bien entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias- y una precipitación desmedida de ambas formaciones para llegar al poder (deberían preguntarse ambas el para qué) les ha podido conducir al error tan garrafal de forzar la sesión del miércoles 15 de agosto, en la que Rajoy tuvo todas las de ganar. Así se lo hacía presente, con gran dosis de ironía, Rivera a Margarita Robles cundo le dirigía palabras como estas: «Ya se lo decía yo… No ha tenido bastante, ¿quiere más?». Hacía referencia con cierto sarcasmo al mal estreno que como portavoz había tenido la juez, al ser vapuleada dialécticamente por el presidente del Gobierno. Es posible que algunos, quizás muchos, de sus correligionarios lo contemplasen con satisfacción, descontentos de que una outsider fuese primero entronizada en las listas y después nombrada portavoz con el único mérito de haber sido designada por el dedo del caudillo.

Rivera, con cierta habilidad que no hay que negarle, prefirió situar el debate en otro campo, en uno que él maneja con soltura, lo que llama “regeneracionismo de la política española”, denominación altisonante, pero que en boca de Ciudadanos queda reducida a unas cuantas medidas tan discutibles como superficiales: limitación de mandatos, listas abiertas, primarias, eliminación de los aforamientos, etc. y alguna más con algún sentido como la relativa al fiscal general, a la elección del poder judicial o a la eliminación de la posibilidad de indulto a los condenados por corrupción, pero que en todo caso, no son el bálsamo de fierabrás ni atacan las raíces de la posible corrupción del sistema.

Como casi todo el mundo conoce, el regeneracionismo fue un movimiento intelectual a caballo entre finales del siglo XIX y principios del XX, que hunde sus raíces en la decadencia social y política de España, y cuyo detonante fueron las derrotas en las que se perdieron definitivamente las colonias de ultramar. Reacción frente al turnismo, sistema establecido en la Restauración, en el que se hermanaban una clase política perteneciente a dos partidos con alternancia en el poder con la Monarquía y con una oligarquía económica y financiera principalmente de corte provinciano y caciquil, que imponía sus intereses a toda la nación. Toda esta amalgama, que constituía el sistema ideado por Cánovas, impedía que la economía se desarrollase y hacía que la política fuese una mascarada al servicio de las clases dominantes.

Joaquín Costa, fundador del movimiento, lo describe perfectamente. “…forma un vasto sistema de gobierno, organizado a modo de una masonería por regiones, por provincias, por cantones y municipios, con sus turnos y sus jerarquías, sin que los llamados ayuntamientos, diputaciones provinciales, alcaldías, gobiernos civiles, audiencias, juzgados, ministerios, sean más que una sombra y como proyección exterior del verdadero Gobierno, que es ese otro subterráneo, instrumento y resultante suya, y no digo que también su editor responsable, porque de las fechorías criminales de unos y de otros no responde nadie. Es como la superposición de dos Estados, uno legal, otro consuetudinario: máquina perfecta el primero, regimentada por leyes admirables, pero que no funciona; dinamismo anárquico el segundo, en que libertad y justicia son privilegios de los malos, donde el hombre recto, como no claudique y se manche, sucumbe.”

La palabra regeneración proviene del lenguaje médico como antónimo de corrupción, corrupción que se supone de todo el sujeto y, trasladado al orden social, de todo el sistema. Así emplean el término los regeneracionistas y en ese sentido hay que entender el lema lanzado por Joaquín Costa: «Escuela, despensa y doble llave al sepulcro del Cid». Consiste en un cambio político sí, pero también socioeconómico que corrija las desigualdades sociales y la situación de pobreza en la que se hallaba entonces la sociedad española. En consecuencia, se trata de un cambio en profundidad que de ninguna manera se puede reducir a unos cuantos parches al sistema.

Han sido muchos los que a lo largo de este siglo han intentando apropiarse del pensamiento, o al menos del nombre, regeneracionista, comenzando por el dictador Primo de Rivera, y suele ser habitual también que determinados grupos, sociedades o partidos hayan recurrido a él como fuente de inspiración, y se consideren sus herederos. Es por tanto pertinente que nos preguntemos si este pensamiento continúa teniendo actualidad y si tiene algo que ver con aquellos que hoy levantan la bandera de la regeneración, como Ciudadanos.

Desde luego, la sociedad española en los momentos actuales presenta características muy distintas de las que se daban a finales del siglo XIX. No hemos vivido ningún desastre como el de 1989. Tampoco podemos afirmar que nuestro país se vea afectado especialmente por males diferentes a los que acechan a otros países, y no es necesario echar doble llave al sepulcro del Cid, puesto que hace mucho que no cabalga. Solo los gobiernos de vez en cuando sucumben a tentaciones triunfalistas. La mayoría de los ciudadanos, por el contrario, continúan inmersos en cierta medida en un complejo de inferioridad, pensando que las cosas (sobre todo las malas) solo ocurren en nuestro país, y prestos a importar como bueno todo aquello que provenga de allende los Pirineos.

No obstante, el sistema político y económico puede estar tan corrompido como entonces. Los gobiernos, tal como afirmaba Marx, pueden continuar siendo el consejo de administración de los intereses económicos. A nuestro sistema le sería de aplicación perfectamente el párrafo que más arriba citábamos de Costa y que podríamos retratar también con la descripción que el socialdemócrata y iuspublicista alemán Herman Heller hacía de tal fenómeno hace ya muchos años:

«La superioridad económica y de civilización pone en las manos de los grupos dominantes instrumentos bastantes para trastocar (mediante la influencia ejercida, directa o indirectamente, sobre la opinión pública) la democracia en su contrario. Sirviéndose de la dominación financiera sobre partidos, prensa, cinematógrafo y literatura, a través de la dominación social sobre escuela y universidad, no precisa descender al cohecho para lograr un sutil ascendiente sobre los aparatos burocráticos y electorales, de tal suerte que, preservándose aparentemente las formas democráticas, se instaure una dictadura. Tal dictadura resulta tanto más peligrosa cuanto que es anónima e irresponsable. En la medida en que guarda la forma de representación, y falsea su contenido, hace de la democracia política una ficción».

Lo específico del momento presente es que el mal descrito no es exclusivo de España, sino que se extiende a todas las latitudes. Al aceptar la globalización, las instituciones democráticas de los distintos países han cedido el poder a las fuerzas económicas y financieras supranacionales; y los Estados miembros de la Eurozona, que mal o bien se habían estructurado como democracias, han transmitido la decisión y la capacidad de coacción a organismos como el BCE, con profundos déficits democráticos. El amancebamiento entre clase política y económica es generalizado y basta con asomarse a Europa o a Estados Unidos para comprobarlo. Pero si la enfermedad es global, la medicina tiene que ser también global y la regeneración difícilmente se puede plantear con éxito en un solo país.

Es por eso por lo que resulta tan cómico el mensaje de Ciudadanos que ha centrado todo su discurso en la regeneración, presentándose como los adalides de la misma, por el solo hecho de proponer una serie de medidas que ni siquiera arañan la piel del monstruo y que, además, muchas de ellas son muy discutibles e incluso contraproducentes, tales como considerar que solo las primarias dan certificado de democracia a una formación política. Hasta han pretendido hacer obligatoria la medida para todos los partidos. La realidad es precisamente la contraria. Las primarias, como se está comprobando, dan todo el poder a los órganos unipersonales y acentúan el caudillismo. Los congresos, los programas y los comités se convierten en una prolongación de la voluntad del secretario general. Deberíamos preguntárselo al PSOE, que se ha desnaturalizado de tal manera que solo existe una voluntad, la de Pedro Sánchez, y una gran mayoría de militantes, con toda seguridad, se ven forzados, en contra de sus convicciones, a defender por ejemplo la plurinacionalidad, como resultado de una votación, en la que sin duda este y otros muchos aspectos ahora asumidos estarían ausentes en la consideración de los votantes (véase mi artículo del 1 de junio de este año, “El 18 de Brumario”).

También puede ser contraproducente la propuesta de listas abiertas. Al menos no parece que vaya a servir para mucho cuando existen desde siempre en el Senado y casi nadie ha hecho uso de esta condición para modificar el orden y los nombres establecidos por cada partido en la papeleta. Pero es más, si realmente se utilizasen, dudo mucho de que con ello mejorase el nivel de nuestra democracia. Se argumenta que su finalidad es quitar poder a los aparatos de los partidos, lo cual puede ser cierto, pero como contrapartida se transfiere la facultad de decisión a los medios de comunicación, que es lo mismo que decir a las fuerzas económicas. Resulta evidente la colosal capacidad con que contarían para promocionar a uno o a otro candidato.

La eliminación de los aforamientos, es verdad, tiene muy buena venta en la opinión pública, pero aparte de que para aplicarse de forma racional sería necesario modificar la Constitución, no es demasiado relevante. Su condición de privilegio es muy discutible, porque si bien en principio se blinda al aforado frente a la decisión de cualquier juez, ya que debe actuar un órgano superior y se supone que con más garantías, también pierde la opción de la segunda instancia que posee cualquier imputado. Puede ser razonable reducir el número de aforados pero que nadie espere que con ello se produzca un cambio radical en la bondad de nuestra democracia. En cualquier caso, lo que no parece que tenga mucho sentido es quitar el aforamiento al Gobierno y mantenerlo para cualquier miembro de un parlamento autónomo.

El lunes pasado, tal como había prometido, Rivera ha presentado en el Congreso una ley para implantar la limitación de mandatos. Como siempre, al igual que pasa con las primarias, pretendemos importar del extranjero medidas que allí son aplicables a sistemas políticos o jurídicos distintos al nuestro. Allí se aplica a los sistemas presidenciales mientras que el nuestro es parlamentario. En España al presidente del Gobierno no lo eligen los ciudadanos. Estos eligen diputados y son estos los que terminan nombrando al presidente del Ejecutivo. Ello hace que se generen muchas dudas sobre la constitucionalidad de la medida.

Por otra parte, no estoy muy seguro de que la democracia de aquellos países que tienen la limitación de mandatos sea más perfecta que la nuestra. Yo, desde luego, no cambiaria nuestro sistema por el de EE. UU., donde los políticos desde el inicio de su carrera están supeditados al dinero y a los recursos económicos. Incluso en sí misma la medida tiene ventajas, pero también inconvenientes. El gobernante que sabe que ya no puede ser elegido tiende a actuar a su arbitrio y sin someterse al control de la opinión pública. En EE. UU. llaman pato cojo al presidente en su segundo mandato. Siempre me he preguntado si Bush y sobre todo Aznar hubieran actuado de igual forma con respecto a la guerra de Irak en el caso de que hubiesen tenido que someterse de nuevo a las urnas.

No es precisamente en el gobierno central donde el problema, de haberlo, es mayor. Es en otros ámbitos donde este fenómeno puede ser más peligroso. Por ejemplo, en las Comunidades Autónomas, donde el problema no radica tanto en la prolongación de una persona en el cargo, sino en la permanencia en el gobierno de la misma formación política, lo que resulta más difícil de resolver. ¿Y por qué no mirar también al sector privado, donde los presidentes de los consejos de administración de las grandes empresas se blindan con los consejeros “independientes” que ellos mismos han nombrado?

No se entiende el fuerte interés de Rivera en limitar el mandato del presidente del Gobierno, a no ser que se trate de una forma de quitar del medio a Rajoy, ya que no lo ha conseguido por otros procedimientos y tal vez piense que su única chance reside en eliminar políticamente al actual presidente de gobierno ya que compiten en el mismo espacio político.

Por otra parte, tal vez esté bien que al fiscal general del Estado lo nombre el Parlamento, pero es muy posible que la mayoría de las veces la situación apenas cambie puesto que el Congreso está controlado por el mismo partido o partidos que nombran al Gobierno. De todas maneras, la alternativa no puede ser, como se insinúa a veces, (para los órganos colegiados de la judicatura,) la elección corporativa por los mismos jueces.

La regeneración del sistema político ahora, al igual que Costa y sus seguidores planteaban en su época, debe consistir en un cambio radical y sustancial que abarque también los aspectos sociales y económicos, pues sin regeneración social y económica no puede existir la regeneración política. En el programa de Ciudadanos no encontramos muchos cambios sociales y económicos. Y los que hay se orientan más bien en sentido contrario, en la línea del neoliberalismo económico (contrato único, complemento salarial, limitación o bajada de impuestos, etc.). Rivera habla a menudo y de forma enfática de nueva y vieja política (no quiere hablar de oligarquías). Si todo lo que nos trae la nueva política son esas medidas discutibles y más bien superficiales, parches que no se sabe si arreglan algo o lo empeoran, casi es preferible quedarse con la vieja. Para ese viaje no hacían falta tales alforjas.

En la época de la globalización resulta inviable hacer una regeneración a fondo en un país en solitario, pero lo que sí se puede hacer a nivel nacional es introducir medidas que minimicen el dominio y control que el poder económico mantiene sobre la democracia. Nada de eso hace Ciudadanos, pero por ese camino va en la actualidad la única regeneración posible. Pero ello puede ser objeto de otro artículo en una próxima semana.

republica.com 8-9-2017



Los ere de Andalucia

CORRUPCIÓN Posted on Lun, junio 13, 2016 10:29:12

LOS ERE DE ANDALUCÍA, ¿IRREGULARIDAD ADMINISTRATIVA O RED CLIENTELAR?

La pasada semana se hizo público el auto del juez Álvaro Martín, referente al caso conocido como de los ERE de Andalucía, por el que se cierra provisionalmente el periodo de diligencias previas y se da traslado de las mismas a las partes. El auto, que no es precisamente de la juez Alaya, a la que desde la Junta y de los aledaños socialistas se había acusado de parcialidad y se la había sometido a todo tipo de presiones, ha sido rotundo. Los hechos narrados y demostrados son sumamente elocuentes y no dejan lugar a dudas acerca de su gravedad.

Su publicación ha cogido con el paso cambiado a Pedro Sánchez y al PSOE. Después de basar la pasada campaña electoral en la corrupción del PP, se encuentran con que a pocos días de unas nuevas elecciones les rebosan los cadáveres del armario. Los prohombres socialistas se han visto obligados a salir todos en tromba intentando justificar lo injustificable, especialmente en lo referente a Chávez y a Griñán, ya que consideran que en este caso se toca la línea de flotación del propio partido (Chávez incluso pertenecía al famoso clan de la tortilla). El primer bastión de defensa pasa por negar que se trate de un caso de corrupción y por considerar que son simples irregularidades en el procedimiento administrativo.

Sin embargo, lo que se deduce del auto es algo muy distinto. Durante 10 años se saqueó el erario público de la Junta de Andalucía desviando 854 millones de euros (142.000 millones de las antiguas pesetas) del presupuesto para dedicarlo a finalidades espurias, construyendo una red clientelar que sirviese de soporte y apoyo al Gobierno y al Partido Socialista en Andalucía y en el resto de España. Para ello fue preciso confeccionar un procedimiento torticero que eludiese todos los controles establecidos en la Ley de subvenciones y en la propia normativa fiscal y presupuestaria de la Junta.

Se ha esquivado la fiscalización previa de la Intervención delegada de la Consejería de Empleo, sin que se produjese tampoco la de la IFA-IDEA (instituto público que finalmente abonaba las subvenciones). Se prescindió de las bases reguladoras al igual que de la convocatoria pública. Ausencia de todo control sobre si el beneficiario cumplía las condiciones y requisitos precisos para percibir la ayuda. Se prescindió también de cualquier seguimiento a posteriori acerca de si la subvención se había dedicado a la finalidad propuesta por el beneficiario. En fin, se incumplieron todos los principios de publicidad, concurrencia, objetividad, transparencia, igualdad y no discriminación, que deben regir en todo proceso de concesión de subvenciones.

La conclusión parece obvia. No se trata de una serie de errores administrativos o de irregularidades procedimentales fruto de una mala gestión, sino de la decisión conscientemente tomada para mantener y administrar una cuantía sumamente elevada de recursos públicos al margen de los cauces legales. Una decisión así no la adopta un director general, tanto más cuanto que la situación se prolonga durante diez años y precisa de toda una ingeniería presupuestaria y contable, y del concurso de múltiples actores. A lo largo del tiempo fueron necesarias veintidós modificaciones presupuestarias, de las que dieciséis fueron aprobadas por el Consejo de Gobierno y seis por la Consejería de Economía y Hacienda. Parece evidente que el procedimiento tuvo que ser elaborado y aprobado en las más altas instancias de la Junta, y conocido y ejecutado por infinidad de altos cargos. No se puede hablar de responsabilidad in vigilando, sino de algo mucho más directo. En todos los casos hay que suponer que al menos se sabía y se consentía. Todo ello con una finalidad clara, la de aprovechar los recursos públicos para sus propios fines.

Y con esto entramos en la siguiente línea de defensa que los portavoces del PSOE y algunos de sus periodistas adláteres no han parado de repetir: “No se han llevado un euro para su bolsillo”. La malversación de fondos exige el enriquecimiento, pero existen muchas formas de enriquecimiento y muchas maneras de aprovecharse de los recursos públicos, y es evidente que la finalidad de la trama era usar ingentes fondos del presupuesto de la Junta para crear una red caciquil que beneficiase a su partido y por ende a ellos mismos.

Es más, sería conveniente distinguir entre actos corruptos y corrupción del sistema. Me parece mucho más grave este segundo caso, porque, además, casi siempre los actos corruptos tienen lugar y posibilidades cuando previamente se ha corrompido el sistema. La ruptura de las reglas de juego, concediendo más posibilidades a unas formaciones políticas que a otras, mediante la financiación ilegal de los partidos o mediante el uso indebido del poder aprovechando la inmensa capacidad que conceden los medios públicos para, de forma clientelar, entretejer una trama de intereses que les perpetúe en el gobierno, es, a mi entender, mucho más grave que las corruptelas más o menos indignas de las singularidades individuales.

Existe una constante tentación entre los políticos de saltarse las normas y los procedimientos, incluso de crear mecanismos e instituciones donde aquellos no tengan que cumplirse de manera que los recursos públicos puedan utilizarse libremente, con total arbitrariedad a favor de sus amistades y de sus afines. En los primeros años de la Transición, ante una Administración que provenía del franquismo, se solía afirmar que existía el peligro de que los grandes cuerpos de funcionarios patrimonializasen la función pública. Hace ya mucho tiempo que el peligro estriba más bien en que esta patrimonialización la lleven a cabo las formaciones políticas.

La lucha contra la corrupción no exige de grandes novedades, ni de nuevas normas, ni muchos menos de la creación de nuevas instituciones. Es suficiente con que se cumplan los procedimientos actuales, y que se concedan los medios, el poder y la independencia necesarios a los organismos encargados de controlarlos. En mi artículo del 4 de abril pasado, indicaba que resultaba interesante constatar cómo la corrupción había anidado principalmente en aquellos ámbitos en los que los mecanismos de control se habían debilitado, administraciones locales y autonómicas, donde la autonomía de las intervenciones es muy reducida.

El grado de ilegalidad del procedimiento acuñado por las más altas instancias de la Junta de Andalucía para manejar a su antojo una cantidad tan exorbitante de recursos lo manifiesta el hecho de que el Interventor General de la Junta se atreviese a emitir varios informes denunciando la anomalía de la situación, cuando se supone, y no creo que sea mucho suponer, que era una persona de confianza del Gobierno de la Junta y del PSOE.