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ARTÍCULOS RECIENTES CONTRAPUNTO

¿QUO VADIS, CIUDADANOS?

PARTIDOS POLITICOS Posted on Thu, June 25, 2020 11:12:12

“Cuando un mortal se entrega a labrar su propia perdición, los dioses acuden a colaborar para que consiga su cometido”. No estaría mal que esta frase de Esquilo resonase en los oídos de la nueva dirección de Ciudadanos, porque parece que esta formación política está empeñada en caminar hacia su desaparición. Es cierto que la situación heredada por Arrimadas ha sido francamente mala, pero, siguiendo la ley de Murphy, si algo puede empeorar, empeorará. Pretender situarse en el centro no es garantía de supervivencia, en especial cuando el río baja revuelto. Que se lo digan si no al CDS.

La trayectoria de Ciudadanos ha sido un tanto ambigua. Fue meritorio su comportamiento casi en solitario en contra del nacionalismo, cuando su acción se reducía exclusivamente a Cataluña. Sin embargo, tras su salto al ámbito nacional, no ha sabido encontrar ni su sitio ni su papel. Hasta ahora sus planteamientos han sido impecables en lo referente a la política territorial, pero en el resto de los asuntos ha dado tumbos sin mostrar un perfil coherente. Comenzaron reduciendo su discurso a una especie de rigorismo, según el cual solo ellos eran los cátaros, los puros. Pretendieron instaurar un cierto código ético, un catecismo de la democracia, pero reducido a meros aspectos formales, muchos de ellos discutibles e incluso algunos contraproducentes como el de las primarias.

Más tarde, entraron en una carrera desenfrenada por arrebatar al PP el liderazgo de la derecha, presentando en el ámbito económico un programa muy similar al de esta formación política, incluso más reaccionario. Fue elaborado por un grupo de profesores que, en su momento y para medrar, habían rondando sin demasiado éxito al Gobierno de Rajoy, y que también se acercaron, con mejor resultado en esta ocasión, a las proximidades del Ibex 35. De ahí la simpatía que los dirigentes de las grandes sociedades mostraron en un principio por la formación naranja, en detrimento incluso de los populares.

En su andadura por la política nacional, Ciudadanos ha cometido una serie de equivocaciones que los condujeron muchas veces a obtener todo lo contrario de lo que, al menos en teoría, era su objetivo y que constituía su mayor activo, la firmeza frente al nacionalismo. La primera fue ya en 2015 cuando, basándose en una supuesta corrupción generalizada del PP y personalizándola en Rajoy, Rivera aseguró que bajo ningún pretexto estaba dispuesto a pactar o a votar al entonces líder del PP, insinuando que la postura sería distinta si los populares presentaban otro candidato. Esa pretensión sin duda era un brindis al sol, y se fundamentaba en el desconocimiento de cómo funciona un partido ya consolidado como el PP. Era impensable que después de haber ganado las elecciones, aunque fuese por un escaso margen, los populares iban a descabalgar a su candidato.

El error de Rivera fue aún mayor cuando, tras los comicios de diciembre de 2015, se dejó arrastrar por Sánchez a ese vodevil del pacto, puro teatro, que realizaron en el Congreso y con gran dosis de parafernalia y de boato, bajo el cuadro de Genovés. Era evidente que no conducía a nada que Ciudadanos pudiera aceptar y que para lo único que servía era para que el líder del partido socialista ganase tiempo de cara a torear al Comité Federal, en ese objetivo ya acariciado de pactar con los independentistas.

Ciudadanos erró también cuando se mostraron contrarios y se opusieron durante largo tiempo a la aplicación en Cataluña del artículo 155 de la Constitución, y aún más cuando, al ser ya la medida ineludible, la terminaron aceptando, pero condicionándola a la celebración inmediata de elecciones. El motivo, la creencia de que los comicios les iban a ser propicios, como así ocurrió en realidad, pero sin obtener de ello demasiados frutos políticos. Más bien al contrario, consiguieron que el independentismo volviese a gobernar, sin que hubiese habido tiempo para desarticular la estructura que había posibilitado el golpe de Estado.

Es muy posible, sin embargo, que la equivocación mayor la cometiese Ciudadanos en 2018 con su reacción desproporcionada y desmedida ante la sentencia sobre la Gürtel, pensando que así provocaban unas elecciones generales. Creían que iban a obtener mejores resultados de los que entonces tenían, e incluso que podían dar el sorpasso al PP. De nuevo, el efecto conseguido fue el contrario del que buscaban. Sánchez utilizó la sentencia y la reacción de Ciudadanos como coartada para la moción de censura, que le posibilitó hacerse con el gobierno con 85 diputados y conseguir lo que parecía imposible, ese proyecto ansiado desde tiempo atrás.

Ciudadanos, y en particular Rivera, se sintieron burlados por Sánchez, quien en ningún caso tras la moción de censura quiso convocar elecciones generales. No era para menos. Fueron conscientes de que su aireada y teatralizada ruptura con el PP, lejos de acercarles a su objetivo, les dejaba en mucha peor situación que antes. Perdían la capacidad de presión que hasta el momento habían mantenido frente al Ejecutivo, y se constituía un gobierno Frankenstein, que era todo lo contrario de lo que defendían. Se concedía así una buena dosis de poder a los golpistas. Eso explica, quizás, la tajante negativa que Rivera mantuvo a lo largo de toda la campaña electoral de abril de 2019 a pactar con Pedro Sánchez.

Se ha generalizado una especie de mantra que da por cierto que la mayor equivocación de Rivera se produjo cuando, tras las primeras elecciones de 2019 y teniendo 57 diputados, no quiso negociar con el PSOE y que esa fue la causa de la debacle que experimentó en noviembre de ese mismo año. Discrepo de tal aseveración. Si hubo error, sería tal vez en la campaña de abril momento en el que, de forma gratuita y sin que nadie se lo exigiese, reiteró con frecuencia la negativa a prestar su apoyo a Sánchez. Esa postura le proporcionaría votos provenientes de la derecha, pero le alejó del centro.

Es razonable pensar, sin embargo, que, tras las elecciones, pocos serían los electores que, habiendo apoyado a Ciudadanos bajo ese supuesto, querrían el pacto, que representaba en realidad un incumplimiento de la promesa electoral. La prueba es que los votos perdidos por la formación naranja no se orientaron (como hubiera sido lo lógico, si este hubiera sido el motivo del abandono) hacia la izquierda, ya que el bloque PSOE-Podemos obtuvo cerca de un millón de votos menos (diez diputados). Por el contrario, parece que se dirigieron hacia el PP motivados por el llamado voto útil, y en el intento de desalojar a Sánchez de la Moncloa. Por otra parte, no conviene engañarse, el líder del partido socialista en ningún caso pensó seriamente pactar con Ciudadanos. Lo único que pretendía era su apoyo incondicional. De lo contrario, hubiese aceptado la oferta que Rivera le hizo en el último momento.

Los únicos que estaban totalmente a favor del pacto se encontraban dentro de la propia formación. Era el grupo que después se denominarían “críticos” y que curiosamente en buena medida coincidían con los que habían elaborado el programa económico, profundamente neoliberal, pero tal vez también los que tenían prisa por ocupar puestos de responsabilidad y de poder en la Administración. Serían también los que de forma más o menos velada se enfrentaron con Arrimadas tras la dimisión de Rivera. Ha sido este grupo, junto con los cañones mediáticos del sanchismo, los que crearon el mantra de que el desastre electoral de Ciudadanos en noviembre de 2019 se debió a no pactar con el PSOE. En buena medida son las mismas voces que mantienen ahora la conveniencia para Ciudadanos de ayudar a Sánchez. Da la impresión de que Arrimadas, que tan firme se mostró en Cataluña frente al golpismo, se ha dejado arrastrar por los vientos que vienen del grupo parlamentario europeo y que están conduciendo a Ciudadanos a representar un triste papel, el de comparsa del Gobierno Frankenstein.

El sanchismo ha sabido poner en circulación un discurso un tanto artero, el de la crispación, que afirma que en la situación difícil por la que atraviesa España, tanto desde el punto de vista sanitario como económico, toda crítica al Gobierno es dañina, puesto que convulsiona la vida política. Los partidos lo único que deben hacer es plegarse a la voluntad del Ejecutivo (según dicen, arrimar el hombro). Las formaciones políticas, los medios de comunicación social, los periodistas, las personas en general, se dividen en dos categorías: los que crispan y los que ayudan. Premio para los segundos y anatema para los primeros. Según este discurso, Ciudadanos se ha encaminado ahora por el camino correcto, merece todos los parabienes.

El buenismo se ha adueñado también de muchos de los altavoces mediáticos que repiten con frecuencia que los españoles lo que quieren es que los políticos se entiendan. Sin duda y planteado así, ¿quién va a decir que no en las encuestas? El problema como siempre está en el qué, en el contenido. Es el eterno dilema. En Cataluña hay que dialogar. Sí, pero ¿de qué? Hay que reformar la Constitución, sí, pero ¿qué aspectos y con qué orientación? Las formulaciones vacías de contenido no conducen a ninguna parte. Son meros tópicos para encubrir la incompetencia o la imposibilidad de gobernar. Sánchez, en enero pasado, creó una alianza política monstruosa, contra natura, que le sirvió para ser investido presidente de gobierno, pero que difícilmente le permite gobernar, y mucho menos en la situación crítica actual (véase mi artículo de la pasada semana). De ahí su llamada al entendimiento. Pretende ahora que las fuerzas políticas que no le apoyaron en la investidura y que se opusieron radicalmente a la formación del gobierno Frankenstein le ayuden; dice que por el bien de España.

Ciudadanos parece haber caído en la trampa, comenzando por esa absurda propuesta de recrear los Pactos de la Moncloa (véase mi artículo de 23 de abril de este año), que fue cogida al vuelo por el PSOE. Pero no nos engañemos, en la situación actual Sánchez necesita repartir culpas y responsabilidades, pero de ninguna manera está dispuesto a dar participación en el gobierno y en las decisiones más allá de lo que se vio obligado con Podemos para conseguir la investidura. Lo que pide son votos y adhesiones en blanco. Eso sí, concede dádivas a los independentistas y regionalistas con aquello que no es suyo. Pero más allá y como mucho, a todo lo que está dispuesto es a realizar gestos y teatro, como con Ciudadanos, haciendo ver que le han arrancado tales o cuales medidas, que carecen totalmente de importancia. Resulta patético contemplar al portavoz de Ciudadanos justificarse en el Congreso por votar a favor del Gobierno Frankenstein, haciendo ver que lo hacen por el bien de los españoles. Al tiempo Sánchez pacta con Bildu y otorga prebendas a independentistas vascos y catalanes.

Hay una argumentación que resulta inocente o interesada, según como se mire. Mantiene algo así: la postura de Ciudadanos es muy conveniente porque libera a Sánchez de la dependencia de los nacionalistas. Es una forma curiosa de verlo. La dependencia de los golpistas y demás secesionistas no es algo sobrevenido como un fenómeno atmosférico, sino algo libremente asumido y querido por el sanchismo, que en ningún momento se ha planteado pactar con los constitucionalistas y que tampoco está dispuesto a hacerlo ahora. Es evidente que el bloque de la moción de censura y el de la investidura, continúa perfectamente vivo y es el que concede la mayoría al PSOE. Ciudadanos no puede proporcionársela y, desde luego, Sánchez no quiere aproximarse al PP pues sabe que tendría que pactar y compartir poder.

Ciudadanos, con sus diez diputados, no sirve de alternativa a la alianza de la investidura, solo de muleta a Sánchez para afianzar su poder dentro de ese grupo, que es el mismo que el de la moción de censura y, cuya fidelidad le reclaman continuamente, y que desde luego nunca va abandonar, porque con Ciudadanos o sin Ciudadanos la necesita forzosamente para continuar en el poder. Su alianza y sus intereses van mucho más allá del Gobierno central, se extiende por Comunidades y Ayuntamientos: Cataluña, País Vasco, Navarra, Baleares, Valencia, etc. Ciudadanos, una vez más, va a protagonizar un penoso papel. Quiéralo o no, se va a convertir en un apéndice del bloque Frankenstein. Si deseaba girar a la izquierda, tenía un camino sencillo, ir rectificando poco a poco su programa económico hacia el espacio socialdemócrata que está casi vacío, pero sin corregir un ápice su discurso territorial, aun cuando tuviese que coincidir en esa materia con la derecha, incluso con la extrema. Lo de Agamenón y su porquero.

republica.com 19-6-2020



DOS AÑOS DE GOBIERNO FRANKENSTEIN

PARTIDOS POLITICOS Posted on Mon, June 15, 2020 14:45:20

Ideologías aparte, hay que reconocer que Pérez Rubalcaba ha sido uno de los políticos más hábiles surgidos en España desde la Transición. De una perspicacia y sagacidad nada comunes. Pocas metáforas podrían haber sido más elocuentes que la de gobierno Frankenstein para describir el proyecto que, en su ambición desenfrenada, Pedro Sánchez estaba ya acariciando en 2016, y que llevaría a cabo en el 2018 con 85 diputados y tras una moción de censura deshonesta.

El personaje Frankenstein, sin nombre propio pero que adopta el nombre de su creador, es, según la novela de Mary Shelley, un monstruo construido a base de retazos de cadáveres, piltrafas humanas diseccionadas en la sala de autopsias de un hospital por la demencia y loca ambición de un doctor, que pretende construir clínicamente la vida. El resultado del experimento es sin duda trágico. No solo es que su apariencia y su constitución interna, elaborada con despojos y partes de individuos diversos y por lo tanto totalmente heterogéneos, sean repelentes y deformes, hasta el punto de que su creador reniegue de él y lo abandone, sino que a lo largo de toda la novela resulta palpable que la criatura artificialmente construida no es funcionalmente apta para la vida humana e integrarse en la sociedad.

Lo acertado de la metáfora radica ciertamente en que lo que salió de aquella moción de censura de mayo de 2018, y lo que se ha vuelto a repetir en enero de este año, con la investidura de Pedro Sánchez, aunque legal, es algo, desde el punto de vista democrático, contra natura, repulsivo, un engendro, un monstruo fruto de los intereses más dispares, muchos de ellos bastardos. Golpistas, independentistas, herederos de terroristas, regionalistas, populistas, etc., aunados con objetivos diversos, y a menudo contradictorios y contrarios al interés general. Pero la metáfora va más alla y es que este engendro, al igual que el monstruo de Mary Shelley, no es funcionalmente viable, no es operativo, no sirve para moverse en un sistema democrático. De ahí las rectificaciones, los desmentidos, las falsedades e incluso las contradicciones de los que está enlosada todas sus actuaciones.

Después de dos años se está poniendo en evidencia que Pedro Sánchez no puede gobernar, al menos democráticamente. Que este periodo está lleno de irregularidades y desvaríos. Ha estado siete meses en funciones. Continúa con los presupuestos de Montoro, que en otro momento tanto criticó, sin que hasta ahora haya podido aprobar unos nuevos. Para aplicar los ERTE ha tenido que utilizar la reforma laboral de Rajoy que prometió derogar. Del mismo modo, se ha visto obligado a utilizar la denostada ley mordaza, para mantener el orden durante los estados de alarma. En todo este tiempo apenas ha sido capaz de aprobar una ley en el Parlamento. Ha tenido que instrumentar toda la actividad legislativa mediante decretos leyes, que constitucionalmente están reservados para los asuntos de urgente y grave necesidad.

Pero quizás donde mejor se hace presente la debilidad del Gobierno y de su presidente es en los apuros en los que se ve envuelto y en las múltiples concesiones que debe hacer cuando tiene que aprobar cualquier asunto en el Congreso. Algún periodista, de manera un tanto acertada, le ha calificado de “Pedro el de las mercedes”, basándose en el título que la historia otorgó al primer Trastamara por la cantidad de dádivas y favores que se vio obligado a conceder para que los nobles le coronasen rey (Enrique II), en detrimento de su hermano Pedro el cruel o el justiciero. También Sánchez se ha visto forzado a otorgar toda clase de mercedes para ser elegido tanto en la moción de censura como en la investidura, pero es que además se ve en la tesitura de continuar concediéndolas para poder dar cualquier paso en la gobernanza.

Lo grave de tal situación es que estas cesiones están insertas en un sistema de suma cero, de modo que lo que se otorga a unos se les quita a los demás, y se crea todo tipo de injusticias y de diferencias entre las Comunidades Autónomas. En muchas ocasiones, se llega aún más lejos, pues se entra en un claro compadreo con aquellos que han dado un golpe de Estado o continúan amenazando con darlo, o incluso con quienes no condenan la violencia de una banda terrorista por sentirse sus herederos. La situación en Cataluña sigue siendo esperpéntica, y causa rubor y vergüenza ajena ver al Gobierno de la nación tratando con algodones por miedo a ofenderles -al tiempo que acceden a todas sus peticiones- a los que afirman claramente que pretenden destruir el Estado.

El culmen de la farsa es cuando el reparto de las mercedes llega incluso antes de haber cazado la pieza. Así, Pedro Sánchez ha tenido que prometer al golpismo catalán que le permitirá participar en la gestión de ese fondo de recuperación, quimera que está pendiente de aprobarse en Europa y que no se conoce todavía, de forma definitiva, ni la cuantía, ni las condiciones, ni la forma en que se va a recibir.

En esta subasta de sinecuras en que se ha convertido cada votación parlamentaria tiene un puesto preeminente el PNV, de rancia tradición mercantil, dispuesto siempre a venderse al mejor postor, y a traicionar al anterior si le conviene, tal como demostró en la moción de censura. Estos tiempos convulsos son ideales para los mercenarios, y el PNV está sabiendo explotarlos sacando tajada de cada sesión parlamentaria. Su virtualidad petitoria la ha extendido últimamente sobre Navarra en un gesto simbólico de enorme trascendencia, aparentar que existe un protectorado de Euskadi sobre esa Comunidad, con el silencio cómplice del PSOE y de la señora Chivite, que gobiernan también, en una especie de entramado Frankenstein, la Autonomía.

La última canonjía conseguida es el privilegio de que los gobiernos del País Vasco y Navarra puedan manejar a su antojo en el ámbito de sus respectivas Autonomías el recientemente aprobado ingreso mínimo vital (IMV). Es comprensible que el resto de las Comunidades solicitasen inmediatamente la misma prerrogativa, a lo que el Gobierno central se ha negado. Como colofón, el ministro que se jactaba de ser independiente (y ahora, como el resto del gabinete, es dependiente de los golpistas), para justificar la negativa de su señorito dependiente del PNV, no ha tenido ningún reparo en insultar y menospreciar al resto de las Comunidades, afirmando que la razón de la diferencia se encuentra en que las únicas que saben gestionar adecuadamente esa renta mínima (o como se llame en cada sitio) son Navarra y el País Vasco. Tendría que haber dicho más bien que son las únicas que han tenido dinero para hacerlo, ya que cuentan con un sistema de financiación privilegiado, anacrónico, y que crea una situación de clara iniquidad entre Autonomías.

La dependencia de los nacionalistas ha influido también en el diseño del IMV. El ministro independiente, en sus peroratas triunfalistas, ha citado a menudo la referencia que los organismos internacionales habían hecho acerca de la pobreza en España. Lo que quizás no ha señalado suficientemente es que todos ellos indicaban la situación de injusticia que se produce al ser las prestaciones de carácter autonómico y muy diferentes en la cuantía y en el diseño. Se echaba en falta una prestación nacional que terminase unificando la ayuda. La fórmula adoptada, sin embargo, y sin duda por presión de los nacionalistas e independentistas, no corrige en absoluto la disparidad ya que, en lugar de completar las prestaciones autonómicas igualando todas en el nivel estatal, crean una ayuda de tipo general compatible con las de las Autonomías, subsistiendo por la tanto la misma disparidad territorial.

La decisión de Pedro Sánchez de gobernar a cualquier precio y la imposibilidad de hacerlo, con 120 diputados y un gobierno Frankenstein, según los cauces normales, le ha conducido a saltarse, allí donde ha podido, los diques democráticos. Ha pretendido acallar toda crítica. Anatematiza cualquier censura con el argumento de que se crispa la vida política. Intenta por todos los medios controlar los medios de comunicación. Somete a TVE a un régimen sectario y partidista, olvidándose de todas las exigencias y requerimientos que hacía en la oposición. Igual ha hecho con puestos que tradicionalmente habían gozado de cierta profesionalidad como por ejemplo la presidencia del Centro de Investigaciones Sociológicas, nombrando a uno de los militantes más sectarios del PSOE, que ha terminado por convertir este organismo en el hazmerreir de toda la ciudadanía, pues ya nadie se cree sus estudios y sus encuestas.

Las exigencias de sus socios golpistas le han hecho intervenir descaradamente en la Abogacía del Estado con la finalidad de que los informes jurídicos se hiciesen a su dictado y, sobre todo, que se modificasen de acuerdo con sus conveniencias las calificaciones penales que se debían mantener ante los tribunales, removiendo incluso de sus puestos de trabajo a los funcionarios que se negaban a cumplir sus indicaciones sectarias. Algo similar intentó con el Ministerio Fiscal, aunque hasta ahora le ha resultado más difícil de conseguir, pero por eso mismo ha situado al frente de la Fiscalía General del Estado, a quien de ministra de Justicia había dado ya suficientes muestras de parcialidad y de no tener ningún reparo en torcer la legalidad para conseguir los intereses políticos del Gobierno.

La última hazaña en ese querer utilizar las instituciones estatales para su propia pervivencia ha sido la obstrucción de la labor de la policía judicial, con cese incluido del funcionario que se negó a cometer una ilegalidad, descubriendo el contenido de la investigación que estaba bajo secreto sumarial. A los sanchistas, con tal de solventar sus problemas, no les ha importado originar toda una crisis en la cúpula de la Guardia Civil, que veía con escándalo cómo se pretendía utilizar la institución como jamás se había hecho.

No es la primera vez que este Gobierno recurre a la pérdida de confianza y a la libre designación. Pero la libre designación no es la libre remoción. Es ya doctrina del Tribunal Supremo que los ceses en los puestos de los empleados públicos de cierto nivel deben ser motivados. Actualmente en la Administración abundan los puestos de libre designación afectando a los niveles de responsabilidad. Permitir arbitrariamente la libre remoción por el poder político es deteriorar de forma grave la ecuanimidad  de la que debe estar dotada la Administración.

En esta misma línea de patrimonialización de la función pública, el Gobierno Frankenstein está multiplicando los puestos de alto nivel, todos ellos clasificados como de confianza, carentes de contenido y de competencias, y orientados a colocar a amigos o a miembros de los respectivos partidos sin conexión alguna con la Administración. Una de las garantías de la imparcialidad y objetividad de la función pública radica en que los puestos de trabajo sean ocupados por funcionarios públicos, reclutados según procedimientos reglados en los que se puedan determinar los méritos y la capacidad. Está establecido que la provisión de las direcciones generales se realice entre funcionarios y solo cuando el puesto sea tan específico que no haya ningún empleado público capacitado se permite nombrar a alguien ajeno a la Administración.

El Gobierno Frankenstein está convirtiendo la excepción en la regla y, a veces, de la forma más descarada, pueblerina y cutre posible. Un presidente de gobierno que crea una dirección general sin contenido para hacer un huequito profesional a su amigo de la infancia. Encima quieren justificarlo por eso del currículum. Los currículos son todos excelentes. El papel lo aguanta todo. Menos mal que a la Administración no se entra por el currículum, sino por las oposiciones. En cualquier caso, no se trata de demostrar que Iñaki Carnicero puede desempeñar muy bien el puesto (seguro que sí, no tiene contenido), sino que no había ningún funcionario capacitado para ocuparlo, tal como indica la norma.

La obra de Mary Shelley tiene un subtítulo que casi nadie cita, “El nuevo Prometeo”. La autora pretende relacionar a su protagonista con el titán de la mitología griega que, arrastrado por su ambición, lleva su osadía al extremo de retar a los dioses y es torturado por ellos. La soberbia del doctor Frankenstein le conduce a desafiar las leyes de la naturaleza y es castigado por su propia obra, ese engendro grotesco e incontrolable que se vuelve contra su creador. Pedro Sánchez, llevado por su orgullo y ambición, violentando el orden lógico de la política y de la ética y en contra de lo que era la voluntad de su propio partido, ha creado también un monstruo patético y deforme difícil dominar, el gobierno Frankenstein. La obra de Mary Shelley tiene una moraleja: el castigo que acarrea a quien, en función de la soberbia y el orgullo, traspasa los límites éticos y del orden natural. Dudo mucho de que eso se aplique al pie de la letra a la política. No sé cuál será el final de Pedro Sánchez, pero me temo y creo intuir que las consecuencias negativas serán para los españoles.

republica.com 12-6-2020



NISSAN Y LAS NACIONALIZACIONES

PARTIDOS POLITICOS Posted on Mon, June 08, 2020 20:23:26

El independentismo catalán y el Gobierno Frankenstein nos tienen acostumbrados a lo insólito. Pues he aquí que, a pesar de ello, siempre logran sorprendernos, porque cada disparate es mayor que el que le precede. La última ocurrencia consiste en requerir la nacionalización de Nissan. Nada más y nada menos que una multinacional japonesa. El primero en lanzarse a la piscina parece haber sido el portavoz de Esquerra Republicana y, como se trata de nacionalizar, habría que preguntarle a cuál de las naciones se refiere, si a la española o a la catalana. Puestos a soñar empresas imperiales es posible que esté dispuesto a proponer también la invasión por la grandiosa nación catalana de Japón y su anexión posterior como colonia. Reinventando la historia, puede llegar a descubrir que, en algún momento, el imperio del sol naciente y otros similares pertenecieron al condado de Barcelona.

Rufián quiere ceder la fábrica en régimen de cooperativa a los trabajadores. Menudo regalo. Debe de pensar que las multinacionales del sector de la automoción se reproducen, como las estrellas de mar, por arquitomía. De un solo brazo fragmentado puede salir un individuo completo. Rufián cree que de una fábrica abandonada podemos extraer por la fuerza y la virtualidad del independentismo una Nissan pequeñita lista para mantener el empleo de 23.000 trabajadores, producir los coches más ecológicos del mundo y al precio más atractivo. Por supuesto, sin que importen el capital del que se disponga, las patentes, las marcas y la tecnología con la que se cuenta, el nicho que se posee en el mercado y los canales de distribución, y todo ello en uno de los sectores más competitivos del mundo, aunque al mismo tiempo de los más concentrados y en el que las economías de escala son fundamentales. Las limitaciones de la Unión Europea tampoco existen; en todo caso, carecen de importancia. ¿Pero en qué país viven?

El señor Rufián es muy joven para poder recordar, y por lo visto no ha tenido demasiado tiempo para documentarse, pero el sector público español ya tuvo una empresa de automoción, SEAT, reliquia del franquismo, nacida a la sombra de FIAT e incardinada en el holding INI. Dado que carecía de la tecnología y de los canales adecuados de distribución, y teniendo en cuenta la progresiva internacionalización del mercado del automóvil, SEAT resultó inviable en cuanto España se abrió a los mercados extranjeros. Su privatización, sin entrar a valorar la forma en que se llevó a cabo, fue inevitable. Se vendió a Volkswagenen 1986. ¿Qué decir después de 34 años, en los que la globalización se ha impuesto, el mercado del automóvil se ha integrado totalmente y nosotros pertenecemos a la Unión Europea?

El portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, muy seguro de sí mismo y cargado de razón, ha lanzado un tuit en el que afirma que “Nacionalizar Bankia para salvar un banco es de estadista; nacionalizar Nissan para salvar a 23.000 trabajadores es de comunista”. Si yo fuese comunista me sentiría ofendido porque proponer nacionalizar Nissan no es de comunistas, sino de berzotas e ignorantes, eso sí con mucha prepotencia, y sin ser conscientes de su condición. Pero, de verdad, ¿son estos los que quieren crear el estado catalán? Lo malo es que no solo rigen la Generalitat, sino que están condicionando el gobierno de España.

Por otra parte, es difícil de entender el problema que algunos tienen con las entidades financieras. Rufián afirma con cierta ignorancia que Bankia se nacionalizó para salvar un banco. Por lo visto, los bancos no tienen trabajadores a los que rescatar. Pero es que, además, Bankia nunca se nacionalizó, se creó ya con carácter estatal y no para salvar un banco sino a una serie de cajas de ahorro que se encontraban prácticamente en quiebra. No tenían detrás a accionistas, asquerosos capitalistas, indignos de merecer el auxilio público, sino a trabajadores, a depositantes y demás acreedores, en muchos casos empresas, que a su vez se hubiesen visto arrastradas por la caída de las cajas y dejado en el paro a multitud detrabajadores. Eso es lo delicado y específico de las entidades financieras, que su quiebra conlleva la de otras muchas corporaciones y, en ocasiones, la de otras entidades financieras, transmitiéndose a toda la economía nacional en forma de dominó. Al final, no queda otro remedio más que socializar pérdidas. Por ello, su vigilancia resulta trascendental, ya que cuando se hunden terminan costando el dinero a todos los ciudadanos. Y entonces ya no tiene sentido llorar por la leche derramada.

Detrás de la crisis de las cajas de ahorro no ha habido banqueros, sino políticos, políticos de todos los signos. Constituye un triste legado para la izquierda, que vio diluirse la posibilidad de contar con una banca estatal. Fue mi primera desilusión respecto al partido socialista recién llegado al gobierno y también mi primera discrepancia, el tratamiento dado a las cajas de ahorro al poco tiempo de ganar las elecciones en 1982. Renunciaron a crear con ellas una potente banca pública. Mediante la Ley de órganos rectores de 1985, las dejaron en manos de las Comunidades Autónomas, corporaciones locales, sindicatos e impositores, con lo que se las configuró como presas fáciles del caciquismo local y se las privó de los mecanismos de control de las entidades públicas. Esa ambigüedad en su naturaleza -ni públicas ni privadas- las hizo totalmente vulnerables ante la recesión de 2008, en curioso contraste con la crisis bancaria de los años ochenta, en la que sufrieron mucho menos que los bancos, ya que fueron estos los que necesitaron en mayor medida la ayuda estatal.

Es posible que la razón por la que al portavoz de Esquerra Republicana no le guste el rescate de Bankia se encuentre en que los trabajadores y depositantes no eran catalanes, sino principalmente madrileños y valencianos. Pero habrá que recordarle que, en términos relativos, el mayor agujero al erario público no lo ha causado Bankia sino Caixa de Cataluña. Esta entidad, ahora en manos del BBVA, costó al Estado alrededor de 12.000 millones de euros, seguramente más en términos absolutos que la aportación a Bankia, si descontamos su valor actual. Pero, en cualquier caso, teniendo en cuenta el volumen de ambas entidades, el pufo de la Caixa fue al menos cuatro veces mayor que el que puede resultar de Bankia. La diferencia, para que el portavoz de Esquerra no haya reparado en ella, puede estar en que era catalana y al frente de la entidad no estaba ningún gánster de la derecha, sino un prohombre del PSC como Narcis Serra.

Lo mejor que el independentismo catalán puede hacer en el tema de Nissan es examen de conciencia y procurar enmendarse de cara al futuro. No digo yo que la causa única de la marcha de Nissan estribe en el procés. Son, sin duda, muchas las variables que han podido influir en una decisión tan complicada como esta, e inserta en una estrategia de mercado de una multinacional de tales dimensiones. Habría que preguntarse incluso si la política medioambiental de la Unión Europea, comparativamente mucho más rígida que la de otras latitudes, no tiene su influencia. Pero, en cualquier caso, la inseguridad que la presión independentista ha instalado en Cataluña no ayuda precisamente.

El referéndum del uno de octubre y sus secuelas expulsaron de Cataluña a una parte considerable de su tejido empresarial, no solo por el número sino por la relevancia de muchas de las compañías que modificaron al menos su domicilio social. Otras, como las del sector de la automoción, de más difícil deslocalización, no tuvieron más remedio que quedarse, pero eso no quiere decir que permanezcan impasibles e indiferentes ante las pérdidas que sufren cada vez que a unos niñatos se les ocurre cortar las carreteras y las autopistas o cuando el muy honorable decide encabezar una marcha por la libertad. El “apreteu, apreteu” estará anotado en la memoria de sus responsables, y la amenaza de inestabilidad se encontrará presente cada vez que una multinacional tenga que tomar una decisión acerca de la localización de sus empresas.

La estulticia de la izquierda catalana ha llegado hasta el extremo de que hace tan solo unos días la teniente de alcalde del ayuntamiento de Barcelona, en un coloquio organizado por el periódico digital Cicloesfera, manifestó que había que aprovechar la caída de la actividad por el coronavirus y evitar que se reactivase la industria del automóvil. Ahora o nunca, exclamó. Hay que trasladar a los trabajadores a sectores más limpios. Pues bien, ahora. Solo para empezar, va a tener 23.000 parados que reciclar. A ver cómo limpia los puestos de trabajo. Digo que para empezar porque este sector representa en Cataluña el 10% de su valor añadido, y si ella y otros como ella continúan por esa senda los candidatos al desempleo van a ser innumerables.

La estulticia no es privativa de Cataluña, o al menos se contagia al resto de España. Las pláticas de la vicepresidenta cuarta (hay que llevar la cuenta con tantas vicepresidencias para no perderse) tampoco deben ayudar mucho a que la industria del automóvil permanezca en España. Claro que, tal como propone el niño Errejón respecto de Nissan, siempre nos quedarán las nacionalizaciones para reorientar la producción hacia la movilidad sostenible fabricando autobuses verdes o paneles solares. Ale, a llenar Españade autobuses verdes y paneles solares.

El vicepresidente segundo (creo que es el segundo) afirma que, de acuerdo con la Constitución española, las nacionalizaciones son perfectamente posibles. No cabe ninguna duda, pero lo que hace falta es que sean también posibles desde el punto de vista económico y, sobre todo, que sean convenientes. También acierta cuando añade que no son de izquierdas o de derechas. El franquismo fue adalid en esto de nacionalizar. Convirtió al sector público en la cloaca del sector privado. Como buena dictadura populista, se hacía cargo de empresas en pérdidas para evitar la quiebra y la consiguiente conflictividad laboral. En los años que llevamos de democracia tanto el PSOE como el PP, si se exceptúa el caso de las entidades financieras, se han dedicado más a privatizar que a nacionalizar. Así nos hemos quedado sin todas aquellas empresas públicas que eran rentables (algunas de ellas muy rentables). Las nacionalizaciones, por el contrario, cuando han existido, siempre han estado orientadas a asumir pérdidas. Un caso que sin duda viene a cuento señalar por la semejanza que guarda con la actual situación de Nissan fue la nacionalización en 1994 por la Junta de Andalucía de la factoría de Linares, tras su abandono por la multinacional Suzuki. Constituyó un agujero sin fondo en el que enterrar dinero público tanto de la Junta como del Estado, hasta que se terminó cerrando en 2011.

En principio, no solo las nacionalizaciones, sino en general todo lo que se denomina ayudas de Estado, están proscritas en la Unión Europea. Aunque siempre ha habido excepciones, como por ejemplo la de las entidades financieras, y sobre todo si afecta a los países miembros más importantes, como Alemania. En este momento, con la crisis del coronavirus se ha abierto la veda. La Comisión lleva ya autorizadas toda clase de ayudas por importe de dos billones de euros, de los que más de la mitad corresponden al país germánico. Me temo que ese plan de reactivación pendiente de aprobar que tanto ruido ha hecho vaya dirigido principalmente a este cometido (véase mi artículo de la semana pasada).

Es seguro que las prestaciones a fondo perdido, desmesuradamente esperadas, no se orientarán ni a pagar ese ingreso mínimo vital del que el Gobierno alardea ni a incrementar las prestaciones de desempleo a los parados (el SURE concede simplemente préstamos). Tampoco se encaminarán a potenciar y aumentar el equipamiento sanitario; las ayudas a esta finalidad se van a instrumentar mediante el MEDE cuya finalidad consiste exclusivamente en conceder créditos. El incremento de todos estos gastos, junto con el inevitable descenso de la recaudación fiscal, va a incidir sobre el ya abultado nivel de nuestro endeudamiento público, aumentando aún más nuestra vulnerabilidad financiera y fiscal sin que podamos esperar nada de la Unión Europea. Es muy probable, sin embargo, que las presuntas prestaciones a fondo perdido, sean muchas o pocas -que también costeará España como un país miembro más-, se dirijan principalmente a reflotar empresas en pérdidas (nunca mejor dicho lo de a fondo perdido), sea cual sea la modalidad de ayuda de Estado que en cada caso se elija, muy posiblemente también la de nacionalizaciones.

republica.com 5-6-2020



LOS PACTOS DE LA MONCLOA

PARTIDOS POLITICOS Posted on Tue, April 28, 2020 21:11:46

La semana pasada terminaba mi artículo refiriéndome a esos nuevos pactos de la Moncloa, ocurrencia lanzada por Arrimadas en su afán de encontrar para su partido un lugar en el mapa político y que ha sido cogida al vuelo por Sánchez, como salvavidas, en ese cenagal en el que anda metido. No hay nada en la situación actual que sea comparable con la de 1977, ni en la economía, ni en la política, ni en la sociedad, ni en la estructura administrativa, ni en los valores sociales, ni en las relaciones internacionales, ni en los posibles protagonistas. El simple hecho de que, en ambos momentos, la sociedad y el Estado sufran graves problemas no es suficiente para establecer semejanzas. Intentar solucionar las dificultades actuales con las recetas de hace 43 años es puro delirio. Bien es verdad que quizás lo que se pretenda sea solo un postureo, una operación meramente cosmética, o bien socializar los errores propios implicando a los demás en los desastres ya cometidos.

La situación económica actual poco tiene que ver con la de entonces. En la década de los setenta apareció un fenómeno nuevo que se denominó estanflación, que unía dos realidades, hasta entonces separadas, la recesión o estancamiento económico y la inflación. Tenía su causa en la desmedida e inesperada subida del precio del petróleo. Se había multiplicado por cuatro en poco tiempo, lo que significaba una ingente transferencia de recursos que pasaban de las manos de los países consumidores a los productores, originando, por tanto, un sustancial empobrecimiento de los primeros. Empobrecimiento desde luego muy acusado en España, ya que dependía en un 60% de ese tipo de energía.

El proceso inflacionario era la expresión de que ningún grupo social quería conformarse con esa pérdida de renta y pretendía adjudicársela al de enfrente. Detrás de esas desproporcionadas tasas (en España 19,8% en 1976 y 26,4% en 1977) se encontraba la lucha entre trabajadores y empresarios. Ambos sectores se negaban a soportar la pérdida de poder adquisitivo que la subida del precio del petróleo imponía. Los trabajadores exigían aumentos de salarios porque habían subido los precios y los empresarios elevaban los precios porque se incrementaban los salarios.

Desde el año 1973, fecha en la que se produce la primera crisis del petróleo, la tasa de inflación comienza a dispararse en todos los países occidentales. Pero en España se sufren incrementos mucho más elevados que en el resto. Esta diferencia en los precios interiores frente a los exteriores, unida al aumento de la factura energética, transforma el superávit de la balanza por cuenta de renta de los primeros años setenta en un déficit desmedido en los años 1974, 1975 y 1976 (3,5%, 2,9% y 3,9%, respectivamente). La devaluación de la peseta se hacía imprescindible.

Pero apresurémonos a señalar que este era el único desequilibrio coyuntural serio que tenía la economía española. Sin duda se precisaban importantes reformas estructurales, pero ¿cuándo no? Además, estas se encontraban mucho más condicionadas a la política que a la economía. Dese el punto de vista de la coyuntura los datos eran bastante aceptables. En 1976 el incremento real del PIB había sido del 3,3%, y en el mismo 1977 sería del 2,8%. La tasa de paro se situaba entre el 4 y el 5%. En 1976 el déficit público ascendía al 0,3% del PIB y el endeudamiento acumulado del sector público, al 12,2% del PIB. Con posterioridad se ha vendido el mantra de la situación caótica en que entonces se hallaba la economía española. A la vista de estas cifras habría mucho que hablar y debemos preguntarnos si no hay en esas opiniones un intento de disculpa de la izquierda por haber firmado unos pactos que tal vez no fueron especialmente beneficiosos para los trabajadores.

Antes de seguir adelante con los Pactos de la Moncloa (PdM) propiamente dichos, conviene hacer un paréntesis para señalar otros momentos en los que el sector exterior ha presentado déficits extremos, generando dificultades graves a la realidad económica. Esta disgregación nos puede ayudar a plantear el tema con mayor perspectiva. En 1983, Boyer optó por devaluar de nuevo la peseta después de que en 1979 se produjese la segunda crisis del petróleo, que empujó a la balanza por cuenta corriente a saldos negativos: en 1980 (2,5%), en 1981 (2,7%), en 1982 (2,5%). A principios de los años noventa fueron precisas nuevas devaluaciones (cuatro en total), al alcanzar la balanza por cuenta corriente durante los cuatro años anteriores déficits alrededor del 3,7%. El empecinamiento del entonces ministro Solchaga por mantener la peseta dentro del Sistema Monetario Europeo (SME), con un tipo de cambio irreal, como se deduce de los déficits citados, condujo a los mercados a especular contra la peseta y a forzar las devaluaciones, al tiempo que cuestionaba el SME y la viabilidad futura de la Unión Monetaria.

En la crisis de 2007 las circunstancias fueron muy diferentes. El déficit de la balanza por cuenta corriente llegó a alcanzar el 10% del PIB. Una cifra gigantesca y considerablemente mayor que las que se produjeron en anteriores crisis y que habían obligado a los respectivos gobiernos a la devaluación. En realidad, venía siendo más alta desde principio de siglo (4,3% en el 2000) e iba incrementándose año tras año. Esos niveles en el déficit exterior y en el correspondiente endeudamiento solo fueron permisibles por parte de los mercados porque estábamos ya en el euro, y se pensaba que no había riesgo de tipo de cambio. Pero precisamente ello hizo que la solución en 2008 y los años posteriores resultase mucho más problemática, ya que habíamos llegado a cotas del déficit y endeudamiento exterior insostenibles, y no teníamos ya peseta que devaluar.

La situación actual es distinta de todas las anteriores. La crisis económica que se avecina, por primera vez, no parte, por el momento, de un estrangulamiento del sector exterior, sino de los estragos de una epidemia que va a afectar en mayor o menor medida a todos los países de Europa. De partida, en esta crisis no hay deudores ni acreedores. Digo de partida, porque, a estas alturas, resulta difícil de vaticinar, cuáles vayan a ser los efectos en cada uno de ellos. Desde luego, en el caso de España, y en general en todos los países del Sur, se puede producir un impacto importante sobre la balanza de pagos como resultado de la caída del turismo.

Pero retornemos a los PdM. Se imponía, como hemos dicho, una devaluación de la peseta. Para ello ciertamente no se precisaba pacto alguno, ni siquiera para practicar una política restrictiva en materia monetaria, que entonces estaba tan en boga, y que defendía con ahínco el Banco de España. ¡Qué diferencia a la practicada ahora por los bancos centrales! Pero Fuentes Quintana, recién nombrado vicepresidente económico, pretendía algo más, un control rígido de las finanzas públicas con recortes importantes en el gasto público y, sobre todo, romper la espiral inflacionista. En el fondo, la intención última consistía en que en esa lucha entre trabajadores y empresarios a la que se aludía al principio cediesen los primeros. Para ello se hacía necesario eliminar la indexación de los salarios, referenciando su incremento a la tasa de inflación prevista, desregular el mercado laboral e incrementar la facultad de despedir de las empresas. Todo ello resultaba difícil de conseguir sin conflictividad social y laboral, como no fuera que se llegase a algún tipo de acuerdo con los partidos de izquierda y los sindicatos recién legalizados. Para el Gobierno, el pacto era imprescindible.

Pero desde la vicepresidencia económica poco se podía ofrecer, como no fuese la reforma fiscal. Era evidente que el sistema fiscal franquista era raquítico, estaba anquilosado, incapaz de una respuesta adecuada ni en cuanto a la suficiencia ni en cuanto a la progresividad. Ahora bien, una reforma fiscal lleva tiempo y no se puede hacer en una mesa de negociación. La reforma fiscal fue ante todo una promesa. En 1977 se produjo únicamente un anticipo, mediante el que se denominó decreto ley de medidas urgentes: impuesto transitorio de patrimonio, levantamiento del secreto bancario, delito fiscal, etc. Incluso muchos de estos elementos no tuvieron virtualidad de inmediato. El levantamiento del secreto bancario, por ejemplo, recurrido por la AEB ante el Tribunal Constitucional, estuvo paralizado hasta siete años después, noviembre de 1984, cuando el Tribunal falló a favor de la Administración. A su vez, el delito fiscal resultó durante bastante tiempo inoperante.

A pesar de que se liga siempre la reforma fiscal a los PdM, a Fuentes Quintana y a Fernández Ordóñez, solo una parte y no la más importante tiene relación con ellos: el decreto ley citado y la creación del IRPF. El resto se implantó en los años posteriores. El impuesto de sociedades, estando García Añoveros al frente del Ministerio de Hacienda, con una redacción muy poco progresista, por cierto. El resto, la mayor parte, a partir del año 1983 con el PSOE ya en el gobierno: reforma de la administración, ley general tributaria, ley de activos financieros, impuesto de sucesiones, reforma del impuesto de sociedades, reforma del IRPF, reforma de la imposición indirecta con la implantación del IVA, etc.

En cualquier caso, la promesa de una reforma fiscal no parecía suficiente contrapartida para que las organizaciones sindicales y los partidos de izquierda estuviesen dispuestos a llegar a un acuerdo, y ahí entra la parte política. Digamos que Fuentes Quintana pide árnica a Abril Martorell. Los PdM no se pueden entender sin considerar la dimensión política del acuerdo. Es preciso situarse en aquel momento. La Constitución aún no se había aprobado, los partidos y sindicatos acababan, como quien dice, de ser legalizados. El documento político adelanta una serie de derechos que más tarde aparecerá en la carta magna. Constituye un avance de la Constitución de 1978: libertad de reunión y asociación política, libertad de prensa, se elimina la censura previa (curiosamente, Sánchez con la ayuda de Tezanos pretende imponerla de nuevo), despenalización del adulterio y del amancebamiento en la mujer, se establece el delito de tortura, liberalización de los anticonceptivos, etc.

Los PdM fueron en buena medida el intercambio de derechos laborales y económicos por derechos civiles. A mi entender, se ha producido una mitificación tanto de los Pactos como de su teórico artífice, Fuentes Quintana (quizás fuera Abril su verdadero autor), excesiva. Una relevancia que tal vez nunca tuvieron ni políticamente (al año siguiente se aprobó la Constitución) ni económicamente (la economía española ha salido de situaciones peores sin recurrir a ningún pacto).

Lo que es evidente es que las circunstancias en que se firmaron nada tienen que ver con las actuales. Ningún parecido en materia económica. Hoy estamos en la Unión Europea. No tenemos moneda propia que devaluar y, por consiguiente, tampoco política monetaria. El problema actual no es la inflación, sino la deflación. Por ahora presentamos superávit en la balanza de pagos por cuenta corriente, el endeudamiento público es diez veces el de entonces y la tasa de paro actual multiplica por cuatro la de 1977, y no creo que Pedro Sánchez se proponga desregularizar aún más el mercado laboral y facilitar el despido.

La semejanza es aún menor en materia política. Entonces se encontraban en una situación preconstitucional, y se carecía de casi todas las instituciones democráticas. En cierto modo debieron inventarse la plataforma para los acuerdos. Hoy, llevamos más de cuarenta años de Constitución y de democracia y están perfectamente establecidos los cauces, procedimientos, estamentos e instituciones por los que tienen que circular los acuerdos y decisiones democráticas, no se precisa inventar nada.

Pedro Sánchez, sin embargo, es el hombre de los inventos, de los títulos grandilocuentes, de los anuncios, del postureo, de salirse de las instituciones y de eludir los procedimientos. Lo suyo es el caudillismo, casi la democracia orgánica, por eso ante la investidura convocaba a lo que llamaba la sociedad civil, a los sindicatos, a los empresarios, a las ONG y a las Autonomías. Todo menos un diálogo serio con los partidos que podían hacerle presidente, pero que, es verdad, le iban a pedir algo a cambio. Todo menos una auténtica negociación. Con Cataluña ha creado una mesa de diálogo al margen de todas las instituciones y de los cauces constitucional y legalmente establecidos Ahora intentaba hacer lo mismo. Proclamar solemnemente la celebración de grandes pactos, y meter en el mismo saco a los actores más heterogéneos, no solo por ideología, sino también por cometido y por representación, incluso a los golpistas y a los sucesores de los terroristas.

Hasta en esto se diferencia 2020 de 1977. Entonces querían pactar y, por eso, lo primero que hizo Suárez antes de anunciar ninguna negociación fue hablar con González y Carrillo. Sabía que ambos eran imprescindibles para llegar a buen puerto. Pero es que quizás a Sánchez no le importe ni el puerto, ni el final, sino el boato, la farfolla del inicio. En el fondo sabe que el acuerdo es imposible, al menos con la oposición. Sánchez, antes de cualquier anuncio y montaje, tendría que haber hablado con Casado, el único que, aunque fuese mínimamente, podía dar sentido a la negociación. Sin él y sin el PP, hasta el mismo espectáculo inicial quedaba reducido poco más que a la cuadrilla de la investidura, al gobierno Frankenstein.

El presidente del PP ha sabido eludir la trampa que le habían tendido, ha desinflado el globo de Sánchez y ha remitido las posibles negociaciones al Congreso, que es su sitio natural y de donde nunca deberían salir. El presidente del Gobierno no ha tenido más remedio que ceder y mandar a su portavoz parlanchina a quitar importancia al tema. Esta ha afirmado que lo importante es su celebración, que el sitio no importa. Para los sanchistas son iguales las instituciones y la sede de la soberanía popular que la maraña y el totum revolutum. Seguro que prefieran lo segundo. Les da más posibilidades de ejercer el caudillismo. 

El Gobierno de Suárez, antes de que se iniciasen los PdM, puso sobre la mesa para su discusión dos papeles, uno económico y otro político. Ahora, el único papel que existe está en blanco y lo que me temo es que no saben cómo rellenarlo.

Republica.com 24-4-2020



ALLÁ LOS MUERTOS QUE ENTIERREN COMO DIOS MANDA A SUS MUERTOS

PARTIDOS POLITICOS Posted on Tue, November 12, 2019 22:20:16

Era difícil de creer, pero ahí estaba Pedro Sánchez en la ONU afirmando que “hoy hemos cerrado el círculo democrático”, como si hubiera sido necesario esperar cuarenta años para que nuestro sistema político fuese una verdadera democracia. Parece que todo hubiera estado pendiente de que la momia de Franco saliese del Valle de los Caídos.

Hay mucha similitud entre Sánchez y Zapatero. Ambos tienen la pretensión de situarse en el centro de la historia. La coincidencia en el tiempo de Zapatero como presidente de turno de la UE con Obama presidente de EEUU fue descrito por Leire Pajín como un acontecimiento histórico de dimensiones planetarias, y Sánchez, por su parte, pretende hacernos creer que en España la transición a un sistema democrático ha estado incompleta hasta que él no ha llegado a la presidencia del gobierno; por cierto, aupado por las fuerzas políticas que acababan de perpetrar un golpe de Estado. Quizás sea para que esto se olvide por lo que Sánchez ha querido desenterrar a Franco y con él al fantasma del franquismo.

Seamos serios. Por lo menos desde mediados de los ochenta, el franquismo ha desaparecido. Los que en otras épocas lo sufrimos lo más parecido que encontramos en la actualidad es el régimen dictatorial que intentan implantar los independentistas catalanes, aun cuando –paradojas- ellos llaman fascistas al resto. No se puede negar una cierta semejanza, hasta pretenden implantar en la universidad el aprobado patriótico, tal como exigían los falangistas con la camisa azul después de la guerra civil. Creían tener derecho a ello pues habían perdido tres años de carrera. Detrás de ambos movimientos se vislumbra el fantasma del nacional catolicismo. No obstante, no cometeré el error de negar la distancia inmensa que existe entre ambas posiciones, la que hay entre lo trágico y lo cómico, aunque lo cómico se puede transformar en cualquier momento en trágico.

No, hoy no quedan franquistas, por más que por rentabilidad electoral le hubiera venido bien a Sánchez su existencia, y por más que haya hecho para resucitarlos montando toda una verbena con el traslado de la momia de Cuelgamuros al Pardo. El Ejecutivo anunció que no iba haber prensa y, no obstante, invitaron a quinientos medios, eso sí, manteniendo el Gobierno o su comisaria, Rosa María Mateo, el monopolio de las imágenes televisivas.

Han sido unos días irritantes, pero también tremendamente aburridos. Fuese cual fuese la televisión, solo había una noticia. Siempre las mismas imágenes, que querían emular a las de otras épocas, pero que ahora resultaban esperpénticas. El escaso número de personas que se acercaron al Pardo en un intento de despedir al dictador era grotesco, patético, y contrastaba claramente con aquella cola interminable que hace cuarenta y cinco años desfilaba para ver el cadáver en el Palacio Real. Es precisamente esta enorme disparidad la que mejor expresa que ese capítulo oscuro de nuestra historia, al que se refería Pedro Sánchez en la ONU, no se cerraba ahora, ni tampoco se cerró en tiempos de Zapatero, sino que llevaba muchos años cerrado y bien cerrado.

En su afán por hablar de Franco en la ONU, Pedro Sánchez trastocó la historia y dotó a esta Organización de una característica que nunca ha tenido, la de estar compuesta únicamente por Estados democráticos. España estuvo excluida del grupo de los fundadores, no porque su forma de gobierno fuese una dictadura (había bastantes dictaduras presentes en su constitución), sino porque la ONU fue creada por los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, y Franco se había situado, aunque con un papel discreto, al lado de los vencidos que previamente le habían ayudado a llegar al poder.

Sánchez ha proclamado que “ningún enemigo de la democracia merece un lugar de culto y de respeto institucional”. Dicho así parece bastante sensato. La duda se encuentra en saber si la tumba de Franco en Cuelgamuros correspondía a esa descripción. En la actualidad, los únicos que la visitaban eran los turistas y no creo que precisamente como lugar de culto y de respeto institucional, sino más bien por curiosidad, para ver el símbolo de un régimen dictatorial que duró cuarenta años con la aquiescencia y complicidad de las democracias occidentales, que tras la Segunda Guerra Mundial se contentaron con hacer pasar hambre durante unos años a los españoles.

El Valle de los Caídos es lo que es, la obra y la expresión de un régimen inhumano y megalómano que, como los de todos los sátrapas, ha pretendido dejar su recuerdo para la posteridad, construyendo a costa del sudor y la sangre de los presos políticos (estos sí que eran presos políticos) un colosal monumento que fuese admirado en los tiempos futuros. No creo que pueda convertirse nunca en un signo de reconciliación. Personalmente me inclino por mantener estos vestigios con los menores retoques posibles. Solo así serán transmisores fieles de los horrores del pasado. Ahora que tanto se lleva lo de la memoria histórica no parece que convenga edulcorarla.

Por otra parte, cuidado con andar moviendo las tumbas de todos los enemigos de la democracia. Sería una tarea infinita. ¿Qué tendríamos que hacer con el panteón de los reyes en el Monasterio del Escorial? Pocos tiranos como Fernando VII. No creo que los miles de visitantes anuales vayan a dar culto y mostrar su respeto al rey felón. Dejemos a la historia y a los historiadores que pongan a cada uno en su sitio. Pero en todo caso, sea cual sea la opinión acerca de la conveniencia o no de las exhumaciones, lo que constituye una infamia es afirmar que hasta que no se ha llevado a cabo la de Franco, la democracia española estaba incompleta.

El asunto es especialmente grave cuando el discurso de los golpistas catalanes gira y se apoya de cara al exterior sobre la idea de que el sistema político español no es democrático, y una vez que se dieron cuenta de que el manido eslogan de “España nos roba” resultaba inverosímil, lo cambiaron por la cantinela de “España oprime a Cataluña” y que “el Estado español está lleno de franquistas y de fascistas”. Lo único que faltaba es que el presidente del Gobierno lo confirmase proclamando que nuestro sistema democrático estaba inconcluso. Claro que después del concepto que parece tener del ministerio fiscal cualquier cosa.

El otro día en el Valle de los Caídos quedó patente que el franquismo está muerto. Por más que el sanchismo pretendió sacarlo a la luz, las cámaras de televisión solo pudieron enseñar a un hatajo de fantoches nostálgicos que casi daban pena. Por otra parte, por mucho que algunos se empeñen, a Vox no se le puede atribuir el calificativo de franquista, al igual que a Podemos tampoco el de comunista. Ambos partidos están en los extremos respectivos del arco parlamentario y son, nos gusten o no, equivalentes a otras formaciones políticas de la Eurozona.

En la actualidad, el peligro que acecha a España no es precisamente el franquismo, sino el nacionalismo identitario y supremacista, y más en concreto el de aquellos que han dado un golpe de Estado, golpe que se mantiene activo y latente después de un año. Dejemos a los muertos que entierren a sus muertos y preocupémonos de los vivos que pueden desestabilizar la sociedad y el Estado.

republica.com 8-11-2019



EL PROBLEMA ES USTED, SEÑOR SÁNCHEZ

PARTIDOS POLITICOS Posted on Mon, September 23, 2019 12:58:41

Algunos no lo saben, pero existe una asignatura que se llama Derecho Constitucional Comparado y que recoge los distintos modelos de organización política acuñados a lo largo de la historia en diferentes países. Todos ellos tienen sus propias reglas, lógica, y consistencia interna. Al elaborar su constitución, cada Estado se ha inclinado por uno u otro sistema. Así ha ocurrido con nuestra carta magna, aprobada en 1978, que tiene sin duda sus defectos, defectos que pueden corregirse, pero, eso sí, manteniendo siempre su coherencia. En los momentos actuales, época de irreverencia, carente de todo respeto, son muchos periodistas y políticos los que se creen capacitados para aconsejar cualquier cambio, mezclando normalmente churras con merinas, trasladando elementos propios de sistemas presidenciales y mayoritarios a los proporcionales y parlamentarios.

Pero ha sido el propio presidente del Gobierno el que desde la misma tribuna del Congreso de los Diputados ha propuesto la modificación del artículo 99. Todo ello tendente a que alguien, sin tener el suficiente respaldo de las Cámaras, pueda llegar a la Moncloa; dicho en román paladino, que Pedro Sánchez con 123 diputados pudiera gobernar como si tuviera mayoría absoluta. Ciertamente, Sánchez nunca hubiera planteado tal modificación en 2015 o en 2016, cuando era el PP con Rajoy el partido más votado. Pero ya se sabe, en Pedro Sánchez nada es permanente, todo depende de cuáles sean sus intereses. Siempre tiene, si le conviene, otros principios disponibles.

Es cierto que la actividad política está casi bloqueada desde 2015, pero en modo alguno tiene la culpa de ello la Constitución ni el artículo 99, sino la clase política, que no se ha acostumbrado a la nueva estructura del arco parlamentario y son incapaces de entenderse. No obstante, la pieza sustancial de esa desarmonía y que se encuentra siempre en el centro del tablero es Pedro Sánchez y su ambición política. Fue el gran obstáculo en 2015 y en 2016, cerrando cualquier posible solución que no pasase por su investidura como presidente del gobierno, hasta el extremo de que tuvo que ser cesado de secretario general de su partido para que se deshiciese el bucle que había generado en la política española.

El paréntesis duró poco porque, tras retornar a la Secretaría general del PSOE por ese procedimiento caudillista que son las primarias, y apoyándose en el “no es no”, aprovechó la primera ocasión que se le presentó para alcanzar la presidencia del gobierno, aunque fuese mediante ese gobierno Frankenstein que su partido no solo había rechazado rotundamente, sino que había considerado una locura, porque locura era pretender gobernar con 88 diputados y con los votos y el apoyo de los que acababan de dar un golpe de Estado y continuaban en la misma estrategia y persiguiendo el mismo objetivo.

Pues esa locura se llevó a cabo a través de una moción de censura de la que paradójicamente fue muñidor Podemos. Seguro que a estas alturas esta formación política se arrepiente amargamente de ello. A Pablo Iglesias le ha ocurrido lo mismo que a la rana de la fábula. Esta no tuvo en cuenta que estaba en la naturaleza del escorpión comportarse como tal. Pues bien, Pablo Iglesias debería haber previsto que se encuentra en la naturaleza de Pedro Sánchez actuar como un depredador político, que no le iba agradecer que le hubiese dado el gobierno y que solo consideraría a Podemos en tanto en cuanto le resultase útil como instrumento para sus fines.

No obstante, Pedro Sánchez fue consciente desde el principio de la anormalidad que representaba un gobierno asentado sobre un partido con 88 diputados y sobre un amasijo de fuerzas políticas de lo más heterogéneo y con finalidades antagónicas e incluso algunas de ellas anticonstitucionales. Por eso asumió el poder como una larga campaña electoral, seguro de que se vería forzado más pronto que tarde a convocar elecciones. Poco importaba el gobierno real de la nación, lo relevante para él era la rentabilidad política y electoral que se pudiese obtener en ese periodo de tiempo. De ahí la utilización abusiva del decreto ley, y las múltiples concesiones a los independentistas con la finalidad, estas últimas, de alargar lo más posible una situación irregular que lógicamente era inestable y se sabía precaria.

Las cesiones de Pedro Sánchez a los secesionistas no pudieron evitar que el gobierno Frankenstein mostrase sus contradicciones, y después de gobernar durante un año con los presupuestos de Rajoy resultó imposible aprobar unos nuevos presupuestos. Los independentistas enseñaron pronto su verdadera faz y fue preciso convocar unas nuevas elecciones. Bien es verdad que para entonces Sánchez ya había utilizado su estancia en el gobierno para hacer la correspondiente propaganda, lo que le sirvió para pasar en los comicios, de 88 diputados a 123, a costa de Podemos que perdió más votos que los que ganó el PSOE. No nos puede extrañar que, tras las elecciones de abril y ya con más diputados, Sánchez pretendiera renovar el gobierno Frankenstein, ya que para ello contaba con los nacionalistas e independentistas -al menos con los más pragmáticos- y esperaba que Podemos siguiese aceptando la condición de tontos útiles. Pero por lo mismo, también, es harto comprensible que Podemos, escamado de la etapa anterior, no estuviese dispuesto a jugar con las mismas reglas y pretendiese formar parte de un gobierno de coalición.

A pesar de tener tan solo 123 diputados (la misma cifra que tenía Rajoy cuando hubo que convocar nuevas elecciones en 2016 y la misma que alcanzó Pérez Rubalcaba en 2011 y que le hizo dimitir de secretario general del PSOE), en ningún momento Pedro Sánchez ha estado dispuesto a compartir el poder. Por esa razón, más allá de pedir la abstención, no ha querido hacer ninguna oferta seria a Ciudadanos ni al PP, tal como la hecha por Rajoy en 2015, y a la que Sánchez contestó con el “no es no”. Y es por la misma razón que ha pretendido que Podemos le concediese su apoyo, con la añagaza de un programa que, como todo el mundo sabe, después se cumple o no.

Descartó desde el principio un gobierno de coalición. En esa línea fue haciendo proposiciones, a cada cual más pintorescas, bajo el nombre un tanto ignoto de “gobierno de colaboración”, desde colocar en el gobierno a independientes hasta ofrecer cargos en la Administración o en las empresas públicas (cuando lo lógico es que sean ocupados por funcionarios) a miembros de Podemos. No tuvo más remedio que aceptar sentarse a la mesa para discutir un gobierno de coalición cuando Iglesias le descolocó excluyéndose del futuro gobierno, accediendo así al veto utilizado por Sánchez como excusa. Pero toda la negociación fue una farsa puesto que Sánchez y los sanchistas hicieron todo lo posible para abortarla. Tras una serie de reuniones en las que se mareó la perdiz, presentaron una oferta (la única) ridícula y humillante (véase mi artículo del 1 de agosto pasado) y además con plazo de caducidad. Lo que se buscaba es que se rechazase, para descartar así con ese pretexto definitivamente el gobierno de coalición.

Tras la investidura fallida, dadas las buenas expectativas electorales que le pronosticaban las encuestas y las reticencias de Podemos a pactar sin gobierno de coalición, Pedro Sánchez ha jugado claramente a unas nuevas elecciones, por eso en estos dos meses no ha hecho absolutamente nada para formar gobierno, excepto teatro, responsabilizando a los demás de la previsible disolución de las Cortes. Los ha empleado en construir el relato, presentándose como el único que puede ofrecer estabilidad, pero lo cierto es que la inestabilidad que sufre desde 2015 la política española solo tiene un culpable, Pedro Sánchez y sus ansias de llegar y mantenerse en la presidencia del gobierno sin importar los medios a emplear y con quiénes haya que pactar.

No es que desde abril haya estado perdiendo el tiempo condenando a la política española a la inacción, tal como afirman ciertos comentaristas de derechas. Es que España lleva cuatro años de parálisis política, funcionando a retazos y en provisionalidad. Desde el “no es no”, Sánchez ha estado en el origen del circo. Por eso, la mayor hipocresía es pretender presentarse en las próximas elecciones como garante de la estabilidad, habiendo sido el principal elemento desestabilizador. Para que la política española se estabilizase se precisaría la dimisión de Pedro Sánchez y el nombramiento de otro candidato por el PSOE, pero dado el control que las primarias le han dado sobre el partido y la transformación a que ha sometido a este, la hipótesis de la dimisión es un puro espejismo.

republica.com 20-9-2019



DELIRANTE E IGNOMINIOSO PROYECTO DE INVESTIDURA

PARTIDOS POLITICOS Posted on Thu, August 08, 2019 09:32:18

Si algo quedó claro de la sesión de investidura de la semana pasada, es que el gobierno de coalición no entraba en los planes de Pedro Sánchez. Del mismo modo que logró hacerse con todo el poder dentro del PSOE y transformarlo en un instrumento a su mayor gloria, con sus 123 diputados ha pretendido y pretende gobernar como si tuviera mayoría absoluta. Al igual que persigue (aun cuando se hizo famoso por su “no es no”) la abstención sin contrapartidas de Ciudadanos o del Partido Popular, ha ambicionado desde el primer momento que, de forma graciosa y sin nada a cambio, Podemos votase afirmativamente su investidura. No reiteraré lo ya señalado en mi artículo de la pasada semana acerca de la cantidad de pretextos que los sanchistas fueron desgranando para evitar negociar un gobierno de coalición.

La ultima excusa, cosa totalmente insólita, el veto al líder de la formación con la que se tenía que pactar y que estaba sin duda orientada a abortar radicalmente cualquier posibilidad de coalición. La renuncia de Pablo Iglesias debió de cogerles por sorpresa y los dejó momentáneamente desorientados. Los sanchistas no tuvieron más remedio que sentarse a negociar, pero para comenzar una transacción enloquecida y delirante, cuya finalidad era más bien justificar la ruptura que conseguir el acuerdo. Solo así se explica que se pretendiese abordar en cinco días una negociación que, por ejemplo, en Alemania duró más de tres meses, y con múltiples momentos de desencuentro que daban la impresión de que iba a romperse la baraja.

A quien conozca un poco la Administración no le puede caber la menor duda de que Pedro Sánchez y sus secuaces han pretendido burlarse de los podemitas, al tiempo que construían un relato falsario e hipócrita tendente a echar sobre la otra parte la responsabilidad de la ruptura que se vislumbraba y se perseguía desde el principio. Solo la ignorancia de los periodistas y la adhesión de muchos de ellos al poder representado en este momento por el PSOE han podido hacer que se comprase el relato de los sanchistas y que no se haya visto desde el primer momento el retorcimiento y mala fe con los que estos han actuado.

Las ofertas presentadas por el PSOE eran para lanzar una carcajada. Solo humo, promesas sin contenido, flatus vocis. Nadie puede tomarse en serio a poco que se reflexione la propuesta del PSOE: una vicepresidencia sin saber muy bien lo que incluía, excepto un comisionado inventado en su momento por Sánchez para hacer creer al personal su extrema preocupación por la pobreza infantil y para colocar a unos cuantos fieles, entre ellos a la actual ministra de sanidad. Las competencias del comisionado: hacer estudios y recomendaciones a los ministros.

Tras más de cuarenta años de democracia y la existencia de múltiples gobiernos, cada uno con su estructura, conocemos ya bastante bien que la importancia de una vicepresidencia depende de varios factores. Primero, de las competencias y cometidos que el decreto de organización del ejecutivo le asigne directamente. Segundo, de los ministerios que dependan de ella, aun cuando el poder es menor que si asumiese directamente esas competencias. Hecho que conocen muy bien los vicepresidentes económicos, que siempre han preferido que Hacienda estuviese unida a Economía y a la Vicepresidencia, formando un único ministerio. Tercero, del número de vicepresidencias que haya en el ejecutivo; y cuarto y principal, del papel y las tareas que quiera encomendarle en cada momento el presidente. A la vista de todo ello, parece bastante claro que no había nada que garantizase que Irene Montero no quedase convertida en un elemento ornamental, un jarrón chino como diría González.

La burla se confirma con los tres ministerios ofrecidos por los sanchistas a Podemos, poco más que direcciones generales. Dos de ellos pertenecen a la hornada de ministerios ficción creados por Zapatero en su etapa de esnobismo y ocurrencias, diseñados como puros instrumentos de publicidad y propaganda y para dar cabida a las ministras de la cuota. El primero es Vivienda, que en 2004 surgió por la transformación de una dirección general, retrotrayéndose a la época franquista, única etapa en la que había existido como tal, y que en 1977 se había transformado ya en dirección general. Había, además, un factor que hacía más inexplicable y cómico el retorno: en 2004 las competencias estaban ya transferidas casi en su totalidad a las Comunidades Autónomas. Todo ello lo deben conocer bien tanto Cristina Narbona como Borrell. La primera ocupó esa dirección general a mediados de los noventa en el Ministerio de Fomento, en el que era precisamente titular el segundo. El ministerio duró lo que duró Zapatero. En los momentos actuales, la dirección general ha retornado a Fomento, eso sí, convertida en una secretaría general. Cosas de la inflación administrativa.

El otro ministerio de origen zapateril es el de igualdad, ministerio fugaz que no duró ni siquiera una legislatura. Creado por Zapatero para Bibiana Aído, que aportaba amplios conocimientos de gestión adquiridos como directora de la Agencia Andaluza para el Desarrollo del Flamenco. Se formó con retales extraídos del Ministerio de Trabajo, tales como el Instituto de la Juventud y el de la Mujer. No tenía como finalidad combatir, por supuesto, la desigualdad con mayúscula, sino únicamente la de género, y habrá que convenir, sectarismos aparte, que no es la más grave, ni representa según las encuestas el problema número uno de los españoles. Sin embargo, sí es cierto que esgrimir la bandera de su persecución les suele resultar muy rentable desde el punto de vista electoral a los partidos políticos y puede constituir al mismo tiempo el medio para que la izquierda disimule y justifique el desistimiento en la batalla de las otras desigualdades más radicales, pero más difíciles de corregir. El éxito del nuevo ministerio debió de ser tan arrollador que fue el mismo Zapatero el que, dos años después de su creación, decidió integrarlo en el departamento de Sanidad, eso sí, convertido ya en secretaría de Estado.

Y con el rango de secretaría de Estado permanece actualmente en el gabinete de Pedro Sánchez, incardinado en la vicepresidencia de Calvo (bonitas). Resalto lo del rango porque otra cosa no tiene; tan solo una dirección general, e incluso le sobra, ya que las competencias sobre la materia se encuentran, como no puede ser de otro modo si se pretende de verdad la igualdad de hombres y mujeres, en los otros ministerios: Trabajo y Seguridad Social, Interior, Justicia, Sanidad, Hacienda, Educación, etc., etc. Recordaré para terminar que la ocurrencia de Zapatero acerca de la creación de estos dos ministerios llenó, en primer lugar, de estupor a los funcionarios de Hacienda que tuvieron que implementar las correspondientes modificaciones presupuestarias, contables y de control y, más tarde, de cierta indignación acerca del desconocimiento y ligereza con que los políticos jugaban con la organización administrativa. Me imagino ahora su cara de asombro y sorpresa al escuchar a Calvo y a Lastra afirmar que han ofrecido las joyas de la corona a Podemos.

El tercer ministerio propuesto, el de Sanidad, aparentemente es el que tiene más consistencia, pero tampoco debe olvidarse que, desde que Aznar se bajó los pantalones frente a Pujol en el Majestic, la materia está transferida a las Comunidades Autónomas. En fin, resulta evidente que -tal como proclamó Andrea Lastra desde la tribuna del Congreso en un intento perverso de anatematizar a Podemos- a estos se les habían ofrecido las dos terceras partes del Gobierno. ¿Sabrá acaso la portavoz del grupo parlamentario socialista cuáles son las funciones del Gobierno y cuál es la organización administrativa?

Con todo, lo más indignante radica en el tratamiento despectivo que los sanchistas infligieron a Podemos, a los que se calificó de novatos, incompetentes e inexpertos. Lo más indignante por el grado de humillación que implicaba para la formación morada, a la que además deben el gobierno, y por el nivel de osadía y presunción que denotaba en los mariachis de Pedro Sánchez, que no destacan precisamente por su cualificación ni intelectual ni profesional, empezando por el propio presidente del Gobierno, cuyo único mérito es haber presentado una tesis doctoral plagiada y terminando por Andrea Lastra que no fue capaz de acabar la carrera. Resulta sarcástico escuchar a la portavoz del partido socialista reprochar a Pablo Iglesias que quiera conducir un coche sin saber siquiera dónde está el volante. Desconozco si los podemitas saben o no saben dónde está el volante, pero de lo que no me cabe duda es que no es precisamente este Gobierno el que puede dar clases de conducción.

En cuanto a la gestión, vale más no tener experiencia que contar con una mala experiencia. Me viene siempre a la memoria esa simpática novela de Pérez Lugín, “La Casa de la Troya”, y la perorata del primer día de clase del catedrático, protagonizado en la película por Pepe Isbert, en la que afirmaba que entre un alumno que no supiese nada de la asignatura y otro que se aprendiese el libro de memoria aprobaría al primero y suspendería al segundo. Y daba la siguiente razón: porque el primero algún día podría aprender la materia, pero el segundo, nunca. Permítanme que haga una digresión y afirme que esto deberían tenerlo también en cuenta ciertos tribunales de opositores (abogados del Estado, interventores, inspectores, etc.) que se empeñan en que los opositores canten los temas en lugar de exponerlos. Pero retornando a la gestión administrativa, hay experiencias acuñadas entre tantos vicios, errores y descalabros que impiden cualquier intento de aprender a gestionar adecuadamente en el futuro. Mejor el no tener experiencia de gestión.

En estos días ha sido enormemente ilustrativo el haber descubierto quiénes eran los verdaderamente interesados en que Pedro Sánchez fuese nombrado presidente del gobierno. En las novelas de suspense hay siempre que interrogarse acerca de a quién beneficia el crimen. Aquí la pregunta sería “a quiénes favorecía la investidura”. La respuesta parece inmediata. Lo dejaron medianamente claro ellos mismos, tanto desde de la tribuna como desde fuera: Bildu, Esquerra, Compromis y el PNV se posicionaron como los más entusiastas fans de Pedro Sánchez. Sería también enormemente aclaratorio que nos preguntemos acerca de sus motivos. Dejemos la contestación para un próximo artículo. Desde luego, nada tiene que ver en ellos el sentido de Estado que pretende Aitor el del tractor, que va de nube en nube, es decir, de bolsillo en bolsillo, ni por supuesto la política de izquierdas. Nunca he creído que el nacionalismo, y mucho menos el secesionismo, fuese de izquierdas. En este momento me contentaré tan solo con repetir ese refrán popular de “dime con quién andas y te diré quién eres”. Dime quiénes son los que te quieren y es posible que se pueda pintar tu retrato.

republica.com 1-8-2019



BALADA PARA DESPUÉS DE UNAS ELECCIONES

PARTIDOS POLITICOS Posted on Sat, June 15, 2019 10:59:01

Cuentan, y creo que cuentan con fundamento aquellos que lo saben bien, que allá en 2004, cuando nadie esperaba el triunfo de Zapatero (puesto que nadie podía imaginar la tragedia que iban a originar los terroristas en Madrid), antes de que se hubiesen cerrado los colegios electorales, el difunto Botín llamó a Peces Barba. Existía ente ellos una buena relación debido a las actividades académicas que financiaba el Banco Santander (de los mecenazgos hablaremos otro día). La finalidad de la llamada era comunicarle que el partido socialista había ganado los comicios y que el ministro de Economía tenía que ser Pedro Solbes, como así fue finalmente.

No me detendré en el hecho de cómo las fuerzas económicas y empresariales, a menudo, intervienen y condicionan la actividad política ni en la desconfianza que la bisoñez e impericia del equipo de Zapatero despertaba en el poder económico. Pretendo señalar tan solo cómo para quienes dominan ciertos medios e instrumentos les es posible conocer los resultados electorales antes de que cierren los colegios.

No es de extrañar por tanto que el día 26 del pasado mes, el Gobierno conociese los resultados con anterioridad a que se hiciesen públicos. De ahí que Pedro Sánchez quisiera comparecer sin esperar al final del recuento, sabedor de que había perdido la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid (sus dos grandes apuestas) y muy posiblemente Aragón, Castilla y León, Murcia, La Rioja y un montón de alcaldías de plazas principales. Su prematura aparición le libraba de tener que dar explicaciones más tarde sobre estas posibles pérdidas. Podía, como así hizo, comparecer con Borrell afirmando que había ganado las elecciones europeas, únicas en las que era indudable su triunfo (una vez más Borrell se había prestado a blanquear a Sánchez), y también en las municipales y autonómicas, puesto que era cierto que el PSOE había sido el partido más votado, pero eso no significaba, al igual que le había ocurrido al PP en las elecciones de hace cuatro años, que los votos se transformasen automáticamente en opciones de gobierno.

Sin duda alguna, Madrid enturbia el triunfalismo de los sanchistas, puesto que tanto el candidato de la Comunidad como el del Ayuntamiento eran apuestas personales de Sánchez. Desde que fue elegido secretario general del PSOE, Pedro Sánchez no ha tenido reparo alguno en intervenir de forma dictatorial en aquellas federaciones que eran vulnerables, al tiempo que caía en la ocurrencia de realizar nombramientos estrambóticos de personas a las que llama independientes, pero que en realidad son astronautas en el mundo de la política (en algunos casos en el sentido estricto). De la sociedad civil, se afirma, como si hubiese dos sociedades distintas. Ya en 2015, entró en la organización de Madrid como elefante en una cacharrería. Despreciando todos los procedimientos democráticos, cesó al secretario general de Madrid. Le echó de malas maneras de la propia sede sin permitirle ni siquiera recoger sus enseres. Nombró una gestora a su conveniencia, y también por obra y gracia del dedazo nombró a Ángel Gabilondo, sin ningún arraigo en el partido, candidato a presidir la Comunidad de Madrid. Ciertamente, no tuvo demasiado éxito en las elecciones.

En 2019 no solo ha mantenido el mismo candidato para la Comunidad, sino que, en un alarde de genialidad y despreciando a muchos militantes con historia y méritos más relevantes, ha colocado como candidato a alcalde a quien parece saber mucho de baloncesto, pero que carece de cualquier capacitación para ejercer de político. Las primarias para su designación constituyeron toda una pantomima, pues había un mandato implícito (bueno, no tan implícito) del secretario general a la militancia. Su presencia en los debates constituyó una ópera bufa pues se le preguntase lo que se le preguntase contestaba “déjeme que les diga” y leía un papel que alguien le habría escrito, sin relación, por supuesto, con la pregunta. Y como el que no se engaña es porque no quiere, se jactaba de haber ganado unas primarias. Los resultados electorales fueron los que cabía esperar.

La fiesta va por barrios. En la legislatura anterior la división de la izquierda permitió al PP ser el partido más votado. Pero eso no supuso la posibilidad de gobernar de forma generalizada. En muchas Comunidades y Ayuntamientos los pactos le mandaron a la oposición. A menudo, esta situación no fue aceptada de buen grado por los populares (políticos y partidarios mediáticos). Reclamaban el poder para la formación más votada. En múltiples ocasiones, me he referido a lo ilógico de tal pretensión, puesto que no se ajusta a un sistema parlamentario y no mayoritario como el nuestro, en el que debe gobernar quien consiga el apoyo de más parlamentarios o concejales, y por lo tanto resulta imprescindible abrirse a los pactos.

Pues bien, paradójicamente, ahora al estar dividida la derecha es el PSOE el que ha sido en la mayoría de los sitios el partido más votado, pero por el mismo motivo es posible que en muchos de ellos los pactos puedan arrebatarles el gobierno. Y ahora también es el PSOE el que se queja de ello y Pedro Sánchez afirma aquello de que los españoles han votado a los socialistas, lo mismo que hace cuatro años los populares mantenían que los ciudadanos habían manifestado su deseo de que fuese el PP el que gobernase. Lo cierto es que los ciudadanos o los españoles con mayúscula no existen a la hora de votar. Es cada uno de forma individual el que se inclina por una u otra formación política. A no ser que haya mayoría absoluta -lo que en España va resultando cada vez más difícil-, es de ese sudoku y de los pactos y consensos de donde surge la voluntad popular y por lo tanto el gobierno.

Pedro Sánchez lleva muy mal que a pesar de ser el PSOE el partido más votado en la mayoría de las Comunidades y Ayuntamientos termine gobernando en muchas de ellas otra formación política gracias a las negociaciones. Con el mal perder que le caracteriza, recurre a innobles artimañas en el extranjero para que se presione a Ciudadanos con la finalidad de que pacte con el PSOE y no con el PP. Sánchez no tiene ningún reparo en utilizar su cargo de presidente del Gobierno y aprovechar la comida que en concepto de tal mantuvo con el primer ministro francés para comparecer a continuación en público y afirmar con pose de tartufo y en clara alusión a Ciudadanos que en Europa no se entiende que un partido liberal pacte con la ultraderecha.

Tanto dialogar con los golpistas, a Sánchez se le ha pegado la pésima costumbre de internacionalizar los conflictos nacionales, dando entrada a los extranjeros en aquellos asuntos que deben ser solucionados exclusivamente por los españoles. Cada país tiene leyes propias, sus características, sus problemas y su forma de solucionarlos. Lo de la extrema derecha, lo mismo que lo de la extrema izquierda, no constituye un término univoco. En principio, son conceptos vacíos. Indican tan solo que en una ordenación de izquierda a derecha del espacio político (por otra parte, cada vez más difícil de delimitar en los momentos actuales) se está en el extremo de uno u otro lado. Se rellenan y adquieren contenido solamente en cada país. Ciertamente con semejanzas, pero también con muchas diferencias. Las reacciones ante ellos no pueden ser las mismas.

Se comprende que Macron tenga a Le Pen como enemiga pública número uno, la considere el máximo peligro y pretenda aislarla, no en vano le pisó los talones en las generales y le ganó en las europeas. Pero la situación en España es muy distinta. Vox por mucho que Pedro Sánchez lo agite, de acuerdo con su conveniencia, como un fantoche, para meter miedo, no constituye ningún peligro. Aquí la amenaza radica en el independentismo (que apenas existe en Francia) y más concretamente en el secesionismo golpista. Por todo ello es tan hipócrita el planteamiento de Sánchez al condenar toda relación con Vox al tiempo que la ha mantenido y mantiene con los sediciosos, siendo presidente del Gobierno gracias a ellos. Entre ambos grupos no existe comparación, por mucho que se empeñen Ábalos y la ministra de Justicia.

El 23 de diciembre del pasado año, al comentar en estas mismas páginas las reacciones a las elecciones andaluzas, señalaba yo la incongruencia que se comete cuando se anatematiza a Vox, por muchos que sean los desacuerdos que se tengan con sus planteamientos. Nuestro sistema político es tan garantista que consiente lo que otros prohíben. Permite a los partidos mantener todo tipo de opiniones por muy contrarias que sean a lo políticamente correcto e incluso a la propia Constitución. No es ningún delito criticar algunos aspectos de la Carta Magna y desear su modificación. De hecho, es muy posible que como buen documento de consenso no haya nadie que esté al cien por cien de acuerdo con ella. Todos, comenzando por el presidente del Gobierno, querrían cambiarla. El problema es que las reformas señaladas por cada uno serían distintas y que el consenso se vería mucho más reducido que el conseguido en 1978.

El hecho de no estar de acuerdo con determinadas partes de la Carta Magna no convierte a una formación política en anticonstitucional, incluso es perfectamente lícito que abogue por su modificación, siempre que el cambio se plantee siguiendo los procedimientos que establece la propia Constitución. Lo que hace a los nacionalistas catalanes ser golpistas y anticonstitucionalistas es pretender cambiar la Constitución por la fuerza, valiéndose del inmenso poder que les concede controlar todas las instancias de una de las Comunidades más ricas y más descentralizadas de España. Y lo que convierte también en sospechosos de mantener una postura ambigua ante la Carta Magna, a los que defienden el derecho a decidir, es que parecen conceder este derecho a las regiones o a las Comunidades Autónomas y, por lo tanto, la soberanía, cuando la Constitución no la confiere.

Por más disparatados que pensemos que son los planteamientos de Vox, no parece estar entre sus intenciones dar un golpe de Estado o modificar la Constitución por la fuerza. Es más, cuanto más desatinadas sean sus pretensiones, menos peligro representará. Por otra parte, su nacimiento se debe en buena medida a los desmanes cometidos por los independentistas y por lo que consideran tibia reacción ante ellos de los gobiernos y de los partidos de implantación nacional. Por más que le interese a Sánchez, no equivoquemos la diana. El peligro se encuentra en los partidos supremacistas que pretenden hablar en nombre de no se sabe qué pueblo y que desprecian al resto. Dejemos a Europa en Europa, a Macron en Francia y preocupémonos de las fuerzas centrífugas que amenazan con destruir el Estado español.

republica.com 7-6-2019



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