En la teoría económica suele denominarse espiral inflacionista a la dinámica que se genera en determinadas situaciones entre precios y salarios. La subida de los precios reclama a menudo el aumento de los salarios, y la elevación de estos exige en ocasiones la subida de los precios. Todo se reduce a una contienda entre trabajadores y empresarios por ver quién pierde y quien gana, ya que cada uno pretende apoderarse de una porción mayor de renta.
Hay que reconocer que, en buena medida, la inflación actual tiene su origen en el exterior, en la subida de precios de la energía y de las materias primas. Tal subida, como ha afirmado el gobernador del Banco de España (BE), representa un empobrecimiento en su conjunto de toda la sociedad española. El problema se centra en saber cómo se va a repartir la pérdida entre los distintos agentes económicos.
Es posible que parte del coste pueda transmitirse al exterior vía exportaciones, si es que la competencia lo permite. Al menos en algunos casos será factible, mientras en otros países la inflación sea muy parecida a la nuestra. De cualquier modo, queda una parte importante del incremento de los precios de las importaciones que tendrá que ser asumido en el interior con un cierto empobrecimiento generalizado que nadie querrá aceptar. Es probable que empresarios y trabajadores se enfrenten en una guerra de precios y salarios. Incluso habrá quien (a río revuelto, ganancia de pescadores) aproveche la ocasión para tener una ganancia extra.
El gobernador del BE, la patronal, el Ejecutivo y en general el stablishment, proponen como solución el pacto de rentas, pero en el fondo de lo que se está hablando es de que en esa contienda entre empresarios y trabajadores sean estos últimos los que se den por vencidos, y se plieguen a que sus salarios suban menos que los precios. En todo pacto de rentas la obligación recae únicamente sobre los asalariados a través de los compromisos adquiridos por las organizaciones sindicales. Las promesas de la patronal y del propio Gobierno son flatus vocis. En una economía de mercado resulta imposible intervenir y controlar los precios, por lo tanto, todo se queda en buenas palabras y piadosas intenciones. Aun cuando se denomine pacto de rentas en plural, las únicas que se pueden limitar son las salariales.
Seguramente para disimular esta realidad, Sánchez se ha querido marcar un tanto, insinuando que se tendrían que tener en cuenta otro tipo de rentas, como los dividendos. No está muy atinado el presidente del Gobierno. En primer lugar, muchos de los dividendos que cobran los españoles son de sociedades extranjeras o con residencia fiscal fuera de nuestro país, sobre las que el Gobierno no tiene ningún poder. En cuanto a las sociedades nacionales, limitar los dividendos no representa en el fondo ninguna pérdida para los accionistas porque en teoría hay que suponer que los títulos se apreciarán en una cuantía similar al importe del dividendo no repartido. Los tipos restantes de renta de capital estarán muy lejos de congelarse. Lo normal es que se incrementen, ya que el BCE subirá los tipos de interés.
Por otra parte, resulta muy simple considerar al colectivo de los trabajadores, y especialmente al de los empresarios, como un todo homogéneo. El combate de precios no solo es entre patronos y asalariados, sino entre las mismas empresas. Las ventas de unas son los costes de otras. Las ganancias y las pérdidas pueden ser muy diferentes según la situación en el proceso productivo e igual ocurre con los trabajadores.
El gobernador del BE, que recomienda el pacto de rentas para que no se forme la espiral inflacionista, reconoce sin embargo la complejidad del tema en la introducción al informe anual de esa entidad: “A la hora de determinar las características concretas de este pacto de rentas, sería necesario atender al impacto asimétrico de las perturbaciones actuales entre trabajadores, empresas y sectores. Dada esta heterogeneidad, se debe combinar la necesaria coordinación a escala nacional con mecanismos que permitan adaptar el acuerdo a las diferencias de productividad y de actividad que existen entre empresas y sectores. De igual modo, si hay segmentos de los hogares cuyas condiciones de vida se han visto particularmente afectadas de forma adversa por el encarecimiento de la energía, sería deseable que el pacto de rentas implicase una menor merma de recursos para estos agentes. En definitiva, estas consideraciones se traducen en la necesidad de que un eventual pacto de rentas evite adoptar medidas excesivamente uniformes, que resultarían demasiado rígidas para algunos segmentos de agentes”.
Todo esto es muy correcto. ¿Pero es posible? ¿Es el pacto de rentas el instrumento adecuado para realizar un reparto lo más equitativo posible de las pérdidas? De ninguna manera. Esa función de disección fina solo se puede efectuar con el sistema fiscal. Como ya se ha dicho, el pacto de rentas lo único que consigue es que sean los trabajadores los que asuman en su totalidad el empobrecimiento derivado del incremento de precios de las importaciones e incluso a veces del enriquecimiento de algunos empresarios nacionales que hayan tenido la posibilidad de subir en mayor medida los precios de sus ventas que lo que se han elevado sus costes.
Es curioso que se quiera incluir en el pacto de rentas a los pensionistas y a los funcionarios, que se encuentran al margen de la presunta espiral inflacionista porque su patrono es el Estado, y por lo tanto no tiene que provocar una nueva subida de precios dado que la ya producida ha proporcionado al presupuesto público ingresos incluso en cuantía mayor que la que va afectar a estos gastos. Sin embargo, nadie ha planteado tener en cuenta las rentas de capital. Y es que la única forma de limitarlas es mediante el sistema fiscal.
Son reformas de carácter fiscal las que se deberían utilizar para atajar la espiral inflacionista, al menos como complemento del pretendido pacto de rentas. Quienes traen a colación los Pactos de la Moncloa deberían recordar que estos se firmaron junto a una reforma radical de los tributos. El Gobierno en este momento tendría que rebajar contundentemente los impuestos indirectos, con lo que se controlaría en buena medida la inflación, y debería incrementar en la misma o mayor cuantía los impuestos directos, en especial los que hacen referencia a los beneficios de las personas y de las empresas y a las rentas de capital, con lo que se conseguiría que el reparto de la pérdida se acomodase lo más posible a un patrón de equidad.
Si se quiere hacer distinciones en función de la capacidad económica, hay que recurrir a la progresividad de los impuestos directos. Todo lo demás es introducirnos en una selva burocrática,de imposible gestión, en la que el efecto sea el contrario al perseguido. ¿Cómo no mirar con indulgencia la ingenuidad e inocencia de los que quieren hacer distinciones entre los beneficiarios de la bonificación de la gasolina? Me imagino a las gasolineras pidiendo la declaración del impuesto sobre la renta para ver qué descuento hay que aplicar a cada consumidor. Por favor, no más ocurrencias. Para eso ya tenemos a Escrivá.
Algunos, muy indignados, se preguntan por qué se le van a rebajar a un banquero los veinte céntimos de los carburantes. Pienso que, desde una óptica de izquierdas, deberían estar encantados de que se le hiciese tal bonificación e incluso de que se le librase a él como a los demás contribuyentes de parte de los impuestos indirectos, con tal de que como contrapartida se le aplicase el 65% de tipo marginal máximo en el IRPF, o de que sus rentas de capital se incorporasen a la tarifa general de este mismo impuesto, perdiendo el privilegio que actualmente tienen. Esto que hoy no se atreven a demandar los que se llaman “la izquierda”, regía en los años ochenta y fue un gobierno de derechas (UCD) el que lo introdujo al mismo tiempo que otras muchas cosas en su reforma fiscal, aquella aprobada como complemento a los Pactos de la Moncloa. ¿Dónde se encuentra ahora la izquierda? ¿No debería dejar de jugar con cromos e ir a lo que realmente importa?
republica.com 9-6-2022
