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ARTÍCULOS RECIENTES CONTRAPUNTO

LA HÉGIRA DE CIUDADANOS

PARTIDOS POLITICOS Posted on Thu, April 08, 2021 10:52:48

Creo que difícilmente se puede entender la crisis de Ciudadanos sin considerar sus orígenes, Cataluña. La mayoría de los análisis yerran cuando intentan explicar su debacle en términos de izquierdas y derechas y de partido bisagra. En primer lugar, Ciudadanos no es un partido ni lo ha sido nunca. En segundo lugar, me temo que en el actual escenario político lo de izquierdas y derechas desde hace muchos años no corresponde a la Realidad sino a la Representación.

En España somos dados a la Representación, un pueblo con vis dramática, y por eso en el juego político lo de izquierdas y derechas está continuamente presente para beneficio de unos y de otros. Palabras en desuso en otras latitudes, como lo de comunistas y fascistas, están al cabo de la calle, hasta el punto de que para algunos todos los españoles somos fascistas y, según otros, todos seríamos comunistas. A nivel global, la cuadratura del círculo, todos a la vez comunistas y fascistas; en lo individual, la esquizofrenia.

Quizás haya que salir fuera de la piel de toro para ser conscientes de la Realidad. Llámense como quieran llamarse los partidos, el fascismo y el comunismo desaparecieron hace ya muchos años, incluso la socialdemocracia. Las denominaciones son libres, pero eso no significa que correspondan a los hechos. La socialdemocracia se suicidó desde el instante en el que asumió la globalización y la libre circulación de capitales, y no digamos en aquellos países que se integraron en la Unión Monetaria.

Hoy, dentro de la Eurozona, solo existen liberales y conservadores; partidos más o menos liberales, más o menos conservadores, y todos con bastante dosis de populismo. La memoria nos flaquea y por eso aceptamos por socialdemocracia cualquier cosa. Sería conveniente que volviésemos la vista atrás y comprobásemos cuáles eran el programa y las realizaciones de los partidos socialdemócratas en los años sesenta y principios de los setenta en Europa. Nada que ver con la realidad actual.

Quiérase o no, las diferencias en política económica son mínimas. También en España. Fue Zapatero quien protagonizó los mayores recortes, y me temo que tendrá que ser Sánchez, si continúa en el gobierno, quien tendrá que adentrarse en los próximos años por la misma senda. ¿Acaso no fue el Gobierno de Zapatero el que suprimió el impuesto de patrimonio y al que criticaban y censuraban los miles y miles de indignados el 11-M en la Puerta el Sol? En los temas importantes mandan Europa y el Capital.

La imposibilidad de diferenciarse ideológicamente en la Realidad se traduce en sentimientos identitarios en la Representación, adhesiones a un partido o a un territorio. Se crea un instinto de secta, de tribu. El partido se transforma en el baluarte a defender por todos los medios, lícitos e ilícitos. Se le disculpa todo. De ahí que esté permitido afirmar hoy lo que ayer se negaba. Los principios importan poco, las ideas menos. Pertenecen a la Realidad y aquí nos movemos en la Representación. La fidelidad debe ser con el partido, con las siglas, no con las ideas, por eso toda discrepancia se considera una traición y se califica de tránsfugas a los que se pasan de un bando a otro, aunque sea para ser coherentes con los principios.

La lealtad a un partido se confunde con la obediencia incondicional al líder. Quien se hace con el liderazgo -y he ahí la peligrosidad de las primarias- se hace dueño del partido, sin cortapisas y sin condicionantes de órganos intermedios. En compensación, los afiliados adquieren seguridad, se sienten importantes al pertenecer a una organización importante, ganan en comodidad porque no precisan pensar, ni reflexionar demasiado, el dogma se lo dan hecho. Solo se les exige que repitan las consignas.

La pulsión identitaria no queda restringida a los partidos, se materializa incluso con más fuerza en el ámbito territorial. El nacionalismo se constituye en iglesia, exige también una adhesión total e incondicional, en la que el juego amigo-enemigo de Carl Schmitt tiene plena aplicación. Quien no está conmigo está contra mí. Hay dos varas de medir. A los míos todo les está permitido, todo es lícito frente a los enemigos.

Es en este contexto, y acudiendo a sus orígenes es como se pueden entender los actuales problemas de Ciudadanos. Ciudadanos no nace como partido, sino como plataforma cívica en Cataluña, con el objetivo de oponerse a la dictadura del nacionalismo exclusivo e identitario, que se había hecho más presente, si cabe, con la elaboración y aprobación del nuevo estatuto inconstitucional. Si Ciudadanos se convierte en partido es tan solo para presentarse a las elecciones, ante la pasividad y en algunos casos complicidad de las otras formaciones políticas, PSC, Iniciativa per Catalunya e incluso el Partido popular, que casi se había desarmado en Cataluña a partir de los acuerdos del Majestic.

El nuevo partido concurrió ya a los comicios de 2006, obteniendo ya representación en el parlamento autonómico (tres diputados). No cabe duda del papel inestimable que durante bastantes años ha desarrollado Ciudadanos en Cataluña, constituido en el único baluarte frente al independentismo, y logrando su máximo triunfo en las elecciones de diciembre de 2017, en las que fue la formación más votada con Arrimadas como número uno.

Más discutible ha sido su expansión por el resto de España, donde surgió como aluvión recogiendo restos muy heterogéneos de otros partidos. No se puede decir que haya tenido nunca un programa político en sentido estricto. Se presentaba con una idea fuerza: la igualdad entre todos los ciudadanos españoles, viviesen donde viviesen, oponiéndose a cualquier discriminación por razón del territorio. En el marco político se situaba por tanto en contra de todo nacionalismo supremacista y de toda fuerza política o social que promoviese la desintegración del Estado.

En realidad, dada la coyuntura española, no era poco defender ese estandarte. El error de Rivera fue pretender ir más allá y construir artificialmente un programa. Por una parte, encargando la parte económica a profesores recién llegados a Ciudadanos y con planteamientos económicos incluso más liberales que los del PP, que, paradójicamente, después fueron los defensores de coadyuvarse con el sanchismo; y, por otra parte, adoptando posturas inquisitoriales frente a la corrupción, en muchos casos supuesta, o proponiendo para evitarla medidas muy superficiales e incluso contraproducentes como las primarias.

Si Rivera pudo pactar con Sánchez en aquel famoso vodevil de 2016, que no conducía a ninguna parte, es porque este no había mostrado aún sus verdaderas intenciones, si bien es verdad que el líder de Ciudadanos podía haberlas intuido. Sin embargo, sí hubo un hecho que marcó un antes y después, la moción de censura en la que Sánchez para ganarla, y no solo para convocar elecciones, se apoyó en todos aquellos partidos situados en las antípodas de Ciudadanos, y que contradecían la propia esencia de lo que representaba y por lo que había nacido esta formación política: nacionalistas catalanes (ya golpistas), nacionalistas vascos (incluso los herederos de ETA) y todos aquellos que defendían el derecho de autodeterminación.

Es evidente que a partir de este hecho Ciudadanos no podía pactar con el sanchismo sin traicionar su propia esencia y su reducida historia. Hay quienes afirman que la equivocación más grave de Rivera se produjo en 2019 cuando con 57 diputados no quiso apoyar a Sánchez, y atribuyen a esa decisión la causa de la debacle electoral que tuvo su formación en noviembre de ese mismo año. Pienso que no es cierto. Sánchez no estaba dispuesto a cambiar de rumbo y, además, pocos serían en las filas de los votantes de Ciudadanos los que habrían deseado una alianza con el PSOE. La prueba más clara radica en que del ingente número de votos que huyeron de la formación naranja en los comicios siguientes solo muy pocos se dirigieron al PSOE o a Podemos, puesto que estas dos formaciones perdieron en conjunto un millón de votos (10 escaños). Lo más previsible es que se orientasen al PP, buscando el voto útil, con la finalidad de echar a Sánchez de la Moncloa.

Desde aquí es fácil entender la hecatombe que se ha desatado en Ciudadanos con el giro radical dado por la actual dirección. No se trata de izquierdas o derechas, de socialdemocracia o liberalismo, ni de partido bisagra, sino que el sanchismo y el Gobierno Frankenstein constituyen la antítesis de todo aquello cuya defensa originó la creación de Ciudadanos. El sanchismo no es que se oponga a una parte del programa de Ciudadanos, es que ataca su propia razón de ser y el motivo de su nacimiento.

Por más que Arrimadas y Edmundo Bal se esforzaran por afirmar que lo hacían por el bien de los españoles, muchos cargos y militantes de Ciudadanos no pudieron por menos que contemplar con suspicacia y preocupación los coqueteos de su formación política con el sanchismo, tanto durante el estado de alarma como en la aprobación de los presupuestos y, más aún, teniendo en cuenta que Pedro Sánchez les tomó el pelo en ambas ocasiones. Pero lógicamente la estampida se ha producido al descubrirse el acuerdo más o menos secreto entre ambas direcciones para presentar mociones de censura en connivencia con Podemos en algunas comunidades y ayuntamientos.

Como ya se ha dicho, Ciudadanos no es un partido al uso. El sentimiento identitario, y por lo tanto la cohesión, es inferior al de otras formaciones políticas, y sus cuadros y afiliados no presentan una adhesión tan incondicional. Es más, para muchos de ellos la razón de ser de su pertenencia reside precisamente en su rechazo a todo ímpetu identitario, especialmente el del soberanismo.

El sanchismo, por el contrario, se encuentra al otro lado. Se asienta, debe el gobierno y está condicionado por el nacionalismo (incluso los golpistas) y los regionalistas identitarios de todo tipo. Ademas, el PSOE de Sánchez se ha configurado no alrededor de ideas, sino mediante un sectarismo corporativo, en el que no caben las divisiones ni las opiniones discrepantes. Es absurdo pensar que, en los momentos actuales, el partido de Murcia, de Castilla y León o de Madrid, incluso el de Castilla-La Mancha o el de Extremadura, son algo distinto o pueden defender algo diferente de los que les marca  Moncloa. A lo más que se llega es a establecer el juego de policía bueno y policía malo, que como se sabe siempre es un juego mentiroso y falsario, creado únicamente para engañar al personal. El sanchismo es monolítico, no hay versos sueltos a pesar de lo que pregone Ángel Gabilondo.

Quizás la mejor forma de explicar el sentimiento de muchos de los militantes de Ciudadanos, la postura de los discrepantes y las bajas que se han producido, es considerar las manifestaciones de la senadora navarra Ruth Goñi, que concurrió a las elecciones por Navarra Suma, coalición de UPN, Ciudadanos y PP. Según sus palabras, el abrazo al sanchismo contradice la esencia misma de Ciudadanos. Ha citado la política que está siguiendo el PSOE de Pedro Sánchez en Navarra. Lo opuesto a lo que defendió ella en las elecciones. Es la dirección de Ciudadanos la que ha girado y a la que habría que llamar tránsfuga. “No puedo entregar mi acta de senadora, añade, porque el escaño serviría desde ya para apuntalar a Sánchez. No nos presentamos a las elecciones bajo esa promesa”.

Nunca he entendido muy bien eso del transfuguismo. No tiene fundamento legal. Me ha parecido casi siempre una artimaña de los aparatos de los partidos para mantener prietas las filas y defenderse de la contestación interna. En muchos casos, los verdaderos tránsfugas son las cúpulas de las formaciones políticas que traicionan las ideas. Es profundamente paradójico escuchar a Margarita Robles hablando de tránsfugas. ¿Acaso no recuerda que ella fue uno de los quince parlamentarios del PSOE que rompió la disciplina de su grupo, votando en contra de la investidura de Rajoy? Y resulta también extravagante oírla ahora ensalzar la coherencia, cuando según parece fue la muñidora de la moción de censura en connivencia con alguno de sus contactos en la judicatura. ¿Ha habido algún transfuguismo mayor que el del secretario general del PSOE llegando al gobierno con el apoyo de los golpistas y de los herederos de ETA? ¿Y qué decir de esa perla de coherencia de la vicepresidenta Calvo cuando diferenció las afirmaciones de Sánchez según fuese o no presidente del gobierno?

Desde la Transición, las migraciones  de militantes y cuadros del partido comunista y de IU al PSOE han sido permanentes. Quizás lo más llamativo consistió en la incorporación de Nueva Izquierda, acontecimiento bastante obsceno, no por el hecho del cambio de formación política, sino por actuar durante meses en IU de caballo de Troya del PSOE.

republica.com 2-4-2021



LAS AGENCIAS ESTATALES Y LA CORRUPCIÓN

CORRUPCIÓN, HACIENDA PUBLICA Posted on Sun, March 28, 2021 22:14:15

El pasado día cuatro dedicaba mi artículo semanal a hablar sobre la corrupción, distinguiendo lo que designaba como ex ante y ex post, y mostraba mi preocupación por el hecho de que los políticos habían convertido los casos de corrupción -en ocasiones ciertos, en otros, supuestos- en armas políticas. En realidad, da la sensación de que la corrupción en sí misma importa poco, por eso ningún partido se preocupa de potenciar y defender normas, medidas o procedimientos para evitarla; cuando no actúan de forma contraria, promoviendo cambios en la legislación para librar a la gestión pública de todo lo que consideran ataduras.

Durante las semanas pasadas se han producido algunos hechos que confirman estas reflexiones. Ciudadanos y el sanchismo se coaligaron en Murcia para llevar a cabo una moción de censura al Gobierno de coalición de PP y Ciudadanos. Y ahí comienza lo extraño, un partido instando una moción de censura a su propio gobierno. Pero la extrañeza se convierte en prevención cuando el único motivo que se aduce es la corrupción, corrupción que no se encuentra en ninguna causa judicial, ni siquiera como imputación, y solo existe en la imaginación o en la sospecha de quienes han  presentado la moción. No digo que no pueda haber motivos para la moción de censura. Desconozco por completo lo que ocurre en Murcia, pero lo que no parece de recibo es utilizar exclusivamente como argumento la supuesta corrupción, cuando el único que aparece como imputado es precisamente el líder del socialismo murciano, artífice de la propia moción.

¿Y qué decir de la elección de Laura Borrás como presidenta del Parlament, imputada por el Tribunal Supremo y no precisamente a causa del procés? Ya sabemos que para el soberanismo no existe ninguna acción que pueda considerarse delictiva si tiene como finalidad la independencia; aunque, en realidad, pocas acciones más corruptas que un golpe de Estado e intentar robar la soberanía a un pueblo. Pero es que la señora Borrás no está imputada por nada que tenga que ver, al menos aparentemente, con la independencia. Se la acusa de falsedad documental, fraude, prevaricación y malversación de caudales públicos en la adjudicación de manera ilícita de los contratos de programación informática de la Institució de les lletres catalanes, de la que era directora. Hay que suponer que el señor Rufián y demás compinches no se atreverán a hablar más de corrupción en el Congreso después de haber elegido presidenta del Parlament a una imputada.

Lo más grave es que a pesar de que todos los partidos están prestos a arrojarse a la cara mutuamente los casos de corrupción muy pocos son, por no decir ninguno, los que están inclinados a establecer las condiciones y las normas para que estos no se den, e incluso en muchos casos trabajan afanosamente en levantar los mecanismos de control establecidos, con lo que la comisión de la corrupción se hace más fácil.

Hay que traer aquí a colación a Montesquieu y su aserto acerca de que no hay que confiar en que los políticos sean buenos; si lo son, mejor que mejor; pero hay que establecer leyes que impidan que puedan salirse de lo correcto, aun cuando estén dispuestos a hacerlo. Algo parecido habría que afirmar de la corrupción. Se precisa crear normas y procedimientos de modo que, aunque haya políticos que se sientan tentados al fraude, a la corrupción, o a la arbitrariedad, les resulte imposible practicarlos porque los mecanismos de control se lo impiden.

Lo cierto es que los partidos políticos, a pesar de hablar mucho de la corrupción, no sienten la menor preocupación que les lleve a poner los medios para evitarla. Es más, a menudo la apuesta es la contraria y las actuaciones de los gobiernos se orientan en la dirección inversa, y con la excusa de la agilidad y de la eficacia en la gestión pretenden desentenderse de lo que consideran ataduras, pero que en realidad constituyen los requisitos legales necesarios para garantizar que no hay desviaciones de fondos públicos o que al menos que se minimiza su posibilidad.

En varias ocasiones me he referido al Real Decreto-ley 36/2020, para la ejecución del plan de recuperación, como un ejemplo de huida del derecho administrativo. Se han producido muchas críticas ante la falta de control político que va a darse en la gestión de los fondos europeos, pero se ha puesto mucho menos énfasis en el desarme de los controles administrativos, ya que se van a emplear todos los instrumentos posibles para canalizar los recursos al margen de los procedimientos y garantías precisos para una gestión objetiva y honesta.

Pero el Gobierno no se ha limitado a perseguir este desarme en la gestión de fondos europeos, sino que, en buena medida, pretende generalizar el mismo escenario para el resto de la actuación administrativa, por eso se ha introducido en la ley de presupuestos toda una serie de cambios normativos que afectan a leyes tan importantes como la ley general presupuestaria o la ley de régimen jurídico del sector público. Mediante disposiciones adicionales o finales se modifican aspectos importantes de la Administración, tales como la recuperación de la figura de las agencias estatales o la potenciación de que determinadas entidades adopten la condición  de medios propios.

Las agencias estatales constituyen el último escalón en ese proceso de centrifugación tendente a separar porciones de la Administración del Estado para dotarlas de autonomía y librarlas de los controles y garantías ineludibles en el manejo de los fondos públicos. La historia comienza en 1991 con la creación por Borrell de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. A mi entender, un grave error, porque no añadía ninguna operatividad a lo que venía siendo la estructura del Ministerio de Hacienda, más bien la complicaba funcionalmente, pero hay que reconocer que se constituía como un caso único y, dado el sometimiento de esta institución al derecho financiero público y la preeminencia en ella de los cuerpos de funcionarios, inspectores financieros y tributarios, inspectores de aduanas y técnicos de hacienda, al menos se minimizaban los efectos negativos que pueden suscitarse en otros ámbitos, especialmente cuando esta figura se generaliza.

La generalización surgió con Jordi Sevilla, el de las grandes ideas, el del tipo único en el impuesto sobre la renta, el que iba a enseñar economía en dos días a Zapatero. Eso sí, parece que con poco éxito. La Ley 28/2006 crea las agencias estales, cuya primera plasmación fue la Agencia de Evaluación de Políticas Públicas y Calidad de los Servicios, creada en 2007, y disuelta sin pena ni gloria en 2017. Después fueron varios organismos los que se convirtieron en agencias sin saberse muy bien el motivo, como no fuese librarlos de los obligados controles. Curiosamente, fue un gobierno del denostado Rajoy el que en la ley 40/2015 eliminó legalmente esta figura administrativa, aunque se dio un plazo de varios años para que las agencias existentes se transformasen de nuevo en organismos autónomos. El hecho es que aún hoy perviven sin que se haya llegado a producir el cambio.

Ahora, el Gobierno de Pedro Sánchez retoma de nuevo la figura de las agencias estatales. En una disposición final de la ley de presupuestos se establece su nuevo régimen jurídico, caracterizado por la desregulación y lo que denominan autonomía que, en definitiva, consiste en concederles patente de corso en su gestión para que actúen con total libertad, y casi sin someterse a ningún control ni norma. La gravedad de la cuestión, frente a las que pueden presentarse en otras entidades públicas como las fundaciones, los entes públicos, los consorcios, etc., es que las agencias gozan de potestad administrativa, forman parte de la función pública y participan de sus poderes y prerrogativas.

Se establece dentro de cada una de ellas un consejo rector del que no se facilita su composición, pero que se supone formado por políticos, sin indicar mayor capacitación y al que se dejan las manos libres para actuar con casi total discrecionalidad, discrecionalidad que puede convertirse en arbitrariedad. Se elude el sistema de oposiciones, al conceder a las agencias la potestad de contratar a su propio personal; que si bien se indica que se seleccionará en convocatorias públicas, según los principios de igualdad, mérito y capacidad, van a ser los propios órganos de la agencia los encargados de la selección y además se insinúa la participación de órganos especializados en la selección de personal, lo que parece hacer referencia a empresas ajenas a la Administración, con procedimientos y métodos propios del sector privado, más propensos a la discrecionalidad cuando no a la arbitrariedad.

Algo parecido cabe decir de los cargos de dirección, que serán nombrados por el consejo rector con la única condición de ser titulados superiores. Aunque cuando se añade que serán “preferentemente funcionarios” se deja abierta la puerta a la excepción y ya se sabe que a menudo la excepción se transforma en pauta. Incluso se prevé que se puedan cubrir puestos directivos de máxima responsabilidad en régimen laboral con contratos de alta dirección, figura claramente importada del sector privado y que tiene un sistema retributivo de tipo contractual y, por lo tanto, sin sujeción a ninguna norma.

Podríamos decir que su presupuesto está constituido por un solo crédito y ampliable, porque únicamente la cantidad global y las partidas de gastos de personal y subvenciones nominativas tienen un carácter limitativo, y su modificación se reserva al ministro de Hacienda. El director de la agencia tiene potestad para variar todas las otras partidas presupuestarias, incluso incrementar la cuantía total cuando se financie con recursos adicionales y extraordinarios de la propia agencia. Se prevé así mismo que las agencias puedan crear o participar en sociedades mercantiles o en fundaciones, generándose por tanto una pirámide en la descentralización y el desgobierno.

El control de la Intervención General de la Administración del Estado se reduce al financiero y a la auditoría pública, pero se elimina la función interventora o fiscalización previa, bestia negra de todos los que reclaman autonomía y una gestión libre, aunque está demostrado hasta la saciedad que ese control previo resulta imprescindible para evitar la corrupción y la arbitrariedad en el manejo de los recursos públicos.

Quizás para ser conscientes de la importancia que van a tener todas estas modificaciones legislativas y la recuperación de las agencias estatales convenga traer a colación los ERE de Andalucía, no con el ánimo de utilizarlos como piedra arrojadiza, sino de constatar a dónde puede llevar la mutación de partes de la Administración a entes a los que se libra de normas y procedimientos, y se les priva de controles.

republica 26-3-2021



REALIDAD Y REPRESENTACIÓN EN LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

Posted on Sun, March 28, 2021 22:01:40

Desde los tiempos de Platón han sido mucho los pensadores que han mantenido una visión dualista del ente. De una u otra manera, han distinguido entre un mundo ideal, de la representación, y otro de lo contingente, de los hechos, de la realidad; aunque una gran parte de ellos, comenzando por el propio Platón, han considerado que el verdaderamente real es el de la representación.

Casi todos los políticos, especialmente cuando están en el gobierno, caen en ese dualismo. Frente al mundo real, construyen otro ficticio, ilusorio, basado en la publicidad y en la propaganda. Pero pocos como Pedro Sánchez han empleado con tanta intensidad esta táctica. Su objetivo número uno es crear un relato imaginario, fabulado, con el que ocultar la realidad que él mismo va construyendo, pero que apesta en el aspecto político, y que en el económico presenta todo tipo de agujeros, lacras y paredes tambaleantes. Necesita, por lo tanto, pintar un escenario diferente, una meta realidad que pueda hacer pasar por la verdadera.

Pedro Sánchez huye de las malas noticias. Solo aparece para dar buenas nuevas o lo que él considera tales o que puede hacer creer a la gente que lo son. Cuenta a su favor con la sociedad de los tuits y de los titulares en la que nada se profundiza y todo puede distorsionarse. No esperemos, por tanto, que él y sus ministros hablen claro del estado de la economía, más bien intentarán ocultar la realidad y pintar un escenario rosa, halagüeño, casi idílico, muy distinto de los hechos y de los datos. Por ello, para conocer la verdadera situación es preciso transcender la representación, desprenderse del escenario y centrarse exclusivamente en las cifras. Estas son mostrencas y difíciles de ocultar, por mucho empeño que se ponga en distorsionarlas.

Me temo que este artículo va a ser aburrido, tedioso, lleno de porcentajes y de números, pero es la única manera de perforar la cubierta de ilusión con la que quieren recubrir los hechos. Con toda seguridad este año tendremos que escuchar reiteradamente que España es el país miembro de la Eurozona que más está creciendo y que al final de 2021 presentará un incremento del PIB de los más altos de Europa.  Es muy posible que vaya a ser así, pero para no engañarse hay que añadir inmediatamente que todo incremento está referido a un punto de partida. Si España va a crecer en 2021 más que el resto de los países, es porque en 2020 la economía española ha sido la que más se ha desplomado de toda la Eurozona (un 11%), más incluso que la de Grecia (10%) y la de Portugal (7,6%).

Y no solo de la Eurozona, sino que nuestro país está a la cabeza de los 37 estados miembros de la OCDE en el triste record, según las proyecciones macroeconómicas que ha publicado hace unos días esta institución, de haber padecido en el 2020 la tasa más negativa del PIB. Pocos datos tan adversos como este, por ello hay que ocultar la realidad con la representación. De ahí que el Gobierno y los medios de comunicación sanchistas, seguidos con cierta ingenuidad por casi todo el resto, en lugar de resaltar lo que era la verdadera noticia, se hayan fijado exclusivamente en que la OCDE elevaba para 2021 la previsión de crecimiento de la economía de nuestro país en unas cuantas décimas.

Es bien sabido que esta crisis es atípica. No obedece en principio ni a una caída autónoma de la oferta ni de la demanda. Es una crisis forzada por decisiones administrativas, tomadas en función de la evolución de una epidemia, y sometida en cierta forma a los vaivenes de esta. La actividad económica se suspende o se limita administrativamente según la marcha de los contagios y la gravedad de la situación. Ello puede producir oscilaciones en las tasas trimestrales de crecimiento que no obedecen a ninguna razón económica, sino a las distintas olas que se están produciendo en la pandemia y en las decisiones políticas que se adoptan para combatirlas.

Sí parece -y esperemos que sea así- que, considerando periodicidades anuales, el hundimiento profundo de la economía se ha producido en todos los países en 2020. Ciertamente en unos más y en otros menos, pero en casi todos se han dado tasas de decremento del PIB como no se habían conocido desde hacía muchísimos años. El PIB de la Eurozona en su conjunto se redujo un 6,8%. Hay que confiar por tanto en que en los próximos años todas las economías crezcan, y tanto más cuanto mayor haya sido el hundimiento de 2020.

Lo verdaderamente importante es saber cuándo retornará cada país al mismo nivel de renta que disfrutaba a finales de 2019. Según las estimaciones de la Comisión, solo Irlanda, Polonia y Luxemburgo alcanzarán a finales de 2021 un PIB similar o superior al que tenían en 2019. España, por supuesto, seguirá muy lejos de alcanzar ese objetivo, por mucho que su tasa de crecimiento vaya a ser este año de las más altas. De hecho, según la Comisión, el PIB no llegará ni al 94% del valor que tenía en 2019, uno de los porcentajes más bajos de la Eurozona. Es en este dato donde se encuentra la realidad; la representación, en considerar tan solo la tasa de crecimiento de 2021.

Será ya en 2022 cuando en la mayoría de los Estados se pueda hablar de recuperación. Solo el PIB de tres países, Italia, Grecia y España, se situará aún por debajo de la cuantía de 2019. A nuestro país le cabrá, en consecuencia, el dudoso honor de ser la economía que más ha caído en 2020, y uno de los que más tarde van a retornar a los niveles de renta que tenían en el 2019.  Ciertamente no es para lanzar cohetes y pintar un panorama azul pastel. Hablar de recuperación es desde luego mucho decir porque, en el mejor de los casos, se habrán perdido más de tres años.

Pero es que, aunque se trate de un dato importante, no todo se reduce al PIB. Hay que considerar otras variables que van a quedar tremendamente dañadas incluso después de que la renta se recupere aparentemente, y que a su vez se convertirán en un enorme lastre para la economía. En concreto, el endeudamiento público. Según el BCE, España va a ser el país de la Eurozona cuya deuda pública experimentará un mayor incremento entre 2019 y 2022, un 28,4%; pasando de un 95% a un 124% del PIB. Cifras que a todas luces pueden ser mayores según cuál sea la evolución de la pandemia y cómo se comporten otras variables, como las garantías públicas concedidas a las empresas (14% del PIB), muchas de ellas pueden resultar fallidas, o las propias morosidades que pudieran generarse en los bancos.

La situación de la hacienda pública de nuestro país es realmente crítica y solo se mantiene gracias al respaldo que le concede el BCE, que adquirió en 2020 deuda española por importe del 38% del PIB. La pregunta es hasta cuándo estará dispuesto el BCE a mantener esta política, o incluso hasta cuándo podrá mantenerla. Existe un mantra generalizado acerca de que las circunstancias han cambiado con respecto a la crisis de 2008. Ciertamente existen muchos elementos distintos. El más importante, sin duda, la actuación del BCE, que no comenzó a intervenir hasta 2012. Pero en lo que quizás no haya tanta diferencia, al contrario de lo que se dice, es en el comportamiento fiscal de la Unión Europea.

Se afirma que en la presente crisis se ha impuesto barra libre en las ayudas a las empresas y se ha permitido e incluso aconsejado a los gobiernos que no escatimen en el gasto, por contraposición a la anterior en la que se fijó una política de austeridad generalizada. Las cosas sin embargo no son tan claras. En la anterior crisis la política de austeridad no comenzó hasta el 2010, mientras que en los dos años anteriores lo que primó fueron las políticas expansivas del gasto, incluso aconsejadas por los propios organismos internacionales. Después vino el llanto y el crujir de dientes. No estoy nada seguro de que la actual crisis no tenga una segunda parte y que, después de tanta generosidad respecto a las empresas, Bruselas -más bien Frankfurt- no imponga restricciones y una política de austeridad que sin duda incidirá sobre los de siempre.

Desde el bando neoliberal y conservador de la política o de los medios, se vocea de forma reiterada que España es uno de los países que menos ayudas han concedido a las empresas y hacen, a continuación, la comparación con Alemania; pero la situación de este país es muy diferente y su endeudamiento, también. Cuando desde Europa se pretenda aplicar de nuevo la normativa sobre la estabilidad presupuestaria la situación de España puede ser muy crítica. Para llegar a medio plazo a un nivel de deuda del 60%, se precisaría mantener durante bastantes años unos superávits primarios (antes de pagar intereses) de alrededor del 7%; lo que resulta totalmente imposible, a menos que se implanten ajustes y recortes durísimos, que irán en la misma línea que adopta siempre Bruselas, incremento de impuestos indirectos y recortes sociales. Por eso resulta tan extraño que Podemos continúe insistiendo en aumentar las ayudas directas a las empresas.

En este escenario existe una incógnita de cara al futuro. Una mayor inflación tendría un efecto beneficioso sobre el stock de la deuda, siempre que poseyésemos una moneda propia, pero el euro es una divisa que no controlamos. Estamos en manos del BCE. Y es de suponer que esta institución no permitirá tasas elevadas de inflación, que originarían una depreciación del euro, aun cuando, sin duda, sería muy beneficiosa para los países del sur. Es más, parece bastante probable que en cuanto los precios se acerquen a los niveles que los países del norte consideren excesivos, el BCE se verá obligado a cambiar de política. Solo hay un factor que en este tema de la deuda puede ser positivo para España. Que no está sola, sino que la acompañan Grecia, Portugal, Italia e incluso Francia. El problema, se quiera o no, afectará a toda la Eurozona y es difícil pronosticar cuál será su solución final.

Nuestro país tiene una dificultad añadida que complica y agrava la situación económica, la enorme tasa de paro, el 16%, solo comparable con la de Grecia, y el doble que la media de la Eurozona; y a ello hay que añadir los 900.000 trabajadores que están actualmente en ERTE y los 500.000 autónomos que se encuentran en cese de actividad, y que no están comprendidos en la cifra anterior, pero que, al menos parte de ellos, se pueden convertir en parados. Ambos mecanismos, que deberían haber tenido una dimensión temporal, corren el peligro de transformarse en crónicos o permanentes.

En este mundo globalizado las crisis suelen ser también globales. La actual, cuyo origen es además una pandemia, no podía por menos que extenderse por todos los países; todos han sufrido las consecuencias, pero no todos en la misma medida. Las circunstancias de cada país y la gestión de los gobiernos tanto en el ámbito sanitario como en el económico han sido factores fundamentales a la hora de determinar el grado y la intensidad de los efectos negativos de la crisis. El mundo de la representación y el relato sanchista pretenden hacernos creer que todo depende de la pandemia y de la consiguiente crisis económica, intentan convencernos de que las consecuencias han sido iguales en todos los países, y de que los gobiernos carecen de toda responsabilidad.

Un triángulo encierra la economía española en una encrucijada que va a ser de difícil salida: desplome del PIB, y de la renta, estallido de la tasa de desempleo, y ascenso estratosférico del stock de endeudamiento público. Conjugando esas tres variables la crisis va a afectar a España en mayor medida que a la mayoría de los países de la Unión Europea y se encontrará en una situación bastante peor. En economía, los resultados nunca son inmediatos, pero antes o después el Gobierno se dará de bruces con la realidad.

republica.com 19-3-2021



AZNAR, 25 AÑOS DESPUÉS

HACIENDA PUBLICA, PARTIDOS POLITICOS Posted on Wed, March 17, 2021 00:45:17

El 3 de marzo pasado se cumplieron 25 años del primer triunfo electoral del PP con José María Aznar a la cabeza. Con tan fausto motivo, se han disparado los botafumeiros y las alabanzas. No solo han sido los medios de comunicación que podríamos llamar de derechas No sé si alguno merece el calificativo de izquierdas, sobre todo en lo referente a la política económica; sanchistas, sí, pero ese es otro tema. El caso es que casi todo el mundo se ha volcado en loas sobre el buen hacer de Aznar en materia económica. Pienso de manera muy distinta y considero que gran parte de los graves problemas que aquejan actualmente a la economía española tienen su origen en la época de Aznar.

Es más, el 13 de abril de 2004 publiqué un artículo en el diario El Mundo titulado “La encrucijada económica del nuevo Gobierno”, en el que pretendía, de forma figurada, avisar al Ejecutivo de Zapatero recién constituido de la herencia perniciosa que en materia económica le transmitía el gobierno saliente. Entonces como ahora había una impresión equivocada acerca de la política económica aplicada por el PP. Existía un cierto consenso alrededor de esa frase acuñada por Aznar de “España va bien”. Ciertamente el triunfo de Zapatero no se debió a la economía, sino al fatídico atentado cometido en Madrid tres días antes de las elecciones. Incluso Pedro Solbes aceptaba que la situación económica era buena.

En el artículo citado pretendía yo desmontar esa falsa creencia y -tal vez con cierta arrogancia- advertir al Gobierno recién nacido de los desequilibrios que se ocultaban detrás de esa falsa fachada construida a base de propaganda; ponerle sobre aviso acerca de las amenazas que entonces ya se cernían sobre la economía española y que, de no corregir la trayectoria, iban a ser ellos los que terminarían pagando los platos rotos. Ni que decir tiene que no hicieron ni caso, y la política económica aplicada por Pedro Solbes siguió por los mismos derroteros que la del gobierno anterior, con lo que los desequilibrios y los peligros continuaron incrementándose hasta que en 2008, tras el detonante de las hipotecas subprime, estalló la burbuja que se había creado y parte del edificio se derrumbó.

Entre los panegíricos escuchados estos días sobresale el de que gracias a Aznar estamos en la Unión Monetaria (UM). Triste mérito, porque la UM está siendo para los países del Sur una losa que ahoga sus economías y una trampa de la que resulta imposible salir. No cabe argüir que no podíamos quedarnos fuera, porque, aunque parezca paradójico, la realización o no de la moneda única en 1999 dependió, en mucha mayor medida de lo que se piensa, de la decisión española. Una moneda única formada exclusivamente por los países del área del marco carecía de todo sentido. Se necesitaba al menos la presencia de Francia, pero era claro que Francia no estaba dispuesta a dar este paso en solitario, quedándose prácticamente al albur de la política dictada por Alemania y como furgón de cola del núcleo duro. Hay abrazos que matan. Francia precisaba a Gran Bretaña, Italia y España, o al menos a alguno de estos tres países, para arrastrarlos a la aventura de la UM. Es claro que Gran Bretaña no estaba por la labor; e Italia se mostraba muy reticente y solo la decisión firme de España la dispuso afirmativamente.

Es mentira que el ingreso de España en la UM se debiese a los esfuerzos del Gobierno Aznar para que se cumpliesen los criterios de convergencia. Esfuerzos hizo; bueno, más bien los hizo la sociedad española, pero lograrlo, poco. Ni falta que hacía porque la decisión de crear el euro se tomó, como hemos señalado, antes, por motivos políticos, flexibilizando todo lo necesario los criterios para que todo el que quisiese pudiera incorporarse. En 1996 ni un solo país, excepto Luxemburgo, los cumplía, pero es que en 1999 la convergencia no había avanzado mucho más. Por citar un ejemplo, las bandas del SME se ampliaron al +/-10%. Todo para hacer creer que la condición se mantenía, aunque en realidad las monedas quedaban en libre flotación.

Resulta imposible, aunque sea de forma sumaria, describir en este limitado artículo los defectos y carencias sobre los que se ha constituido la UM, los desequilibrios y desigualdades que genera entre los países miembros, así como las contradicciones a las que tiene que enfrentarse día a día y que convierten su funcionamiento en anárquico y asimétrico. Los he descrito en otros muchos artículos, y más extensamente en mis libros “Contra el Euro” y “La trastienda de la crisis” de la editorial Planeta.

En los primeros años tras la creación del euro se produjo cierta euforia. La existencia de una moneda única y el hecho de que no hubiese pasado suficiente tiempo para que apareciesen las contradicciones crearon una apariencia de prosperidad. Las cuatro devaluaciones de la peseta (tres con Solchaga y una con Solbes) habían devuelto la competitividad a la economía española y, en consecuencia, el equilibrio en la balanza de pagos. Pero esta situación duró muy poco. A pesar de la moderación de los salarios, el diferencial de inflación hizo pronto su aparición y con él la pérdida de competitividad y el déficit por cuenta corriente en la balanza de pagos. Esta última variable llegó a alcanzar al final del gobierno de Aznar el 6% del PIB. Para comprender la desmesura que representaba este porcentaje conviene recordar que durante la etapa del gobierno anterior, cuando se esforzaban en mantener fijo el tipo de cambio preservando la peseta en el SME, los mercados les obligaron a realizar cuatro devaluaciones tan pronto como el déficit por cuenta corriente se elevó al 3% del PIB.

A pesar de los desequilibrios exteriores, la pertenencia al euro y, por ello, la imposibilidad de devaluar, permitió que la economía continuase creciendo, pero a crédito. Se trató de un crecimiento hasta cierto modo ficticio basado en una profunda inestabilidad, en el endeudamiento exterior y sometido al riesgo de la retirada de capitales, como de hecho ocurrió en 2008. Su plasmación más patente fue la burbuja inmobiliaria que antes o después tenía que estallar. El modelo de crecimiento seguido por los gobiernos de Aznar se basó en una mano de obra barata –favorecida en cierto modo por el fenómeno de la emigración–, en el consumo de las familias con su consiguiente endeudamiento y en el boom de la construcción.

Los gobiernos de Aznar se vanagloriaban de mantener las cuentas públicas en una situación de equilibrio. Pero detrás de este hecho se encuentra todo el proceso de privatizaciones de empresas públicas. La situación de cualquier unidad económica se mide no solo por lo que debe, sino también por lo que tiene. Se disminuyó el endeudamiento del sector público, pero por el procedimiento de reducir fuertemente los activos financieros. Se desprendieron de la participación que el Estado tenía en empresas muy rentables y estratégicas. Vendieron las joyas de la corona. El hecho de que ahora estén en manos privadas hace al Estado bastante más vulnerable y desarma a los diferentes gobiernos a la hora de instrumentar su política económica. Por otra parte, el menor endeudamiento público se compensó con creces con un mayor endeudamiento de las familias con el correspondiente impacto ya indicado en el déficit exterior, variable que es la verdaderamente estratégica. A Aznar le debió de pasar como a Zapatero, que nadie le habló del endeudamiento privado y especialmente del exterior, que constituía y constituye una espada de Damocles especialmente cuando está nominado en una moneda que el gobierno no controla como es el caso del euro.

Para enaltecer la política de Aznar se ha señalado el considerable número de puestos de trabajo que se crearon, pero esto se logró a costa de una baja productividad (las tasas de esta variable se encontraban entre las más reducidas de los últimos cincuenta años) y de precarizar todo el mercado laboral. El dato más llamativo es que, habiendo aumentado -en unidades equivalentes de empleo a tiempo completo– en tres millones el número de asalariados (un 26%), la participación de la remuneración de los trabajadores en la renta nacional no se incrementó, sino que por el contrario se redujo en algunas décimas. Difícilmente se pude atribuir, por consiguiente, a los salarios los diferenciales de inflación surgidos frente a otros países de la Eurozona.

Desde una óptica de izquierdas, uno de los aspectos más criticables de la época de Aznar es la política fiscal y presupuestaria aplicada. El sistema tributario se hizo mucho más regresivo, al primar los impuestos indirectos sobre los directos y más concretamente sobre el IRPF, cuya recaudación pasó de ser el 38% de todos los ingresos en 1995 al 31% en 2002. Las distintas reformas de este gravamen beneficiaron a las rentas altas y sobre todo a las de capital, a través del trato privilegiado concedido a las plusvalías. Incluso existe la sospecha de que las rebajas fiscales que incidieron sobre las clases bajas y medias terminaron trasladándose a los empresarios mediante un rebaja en los salarios nominales, dado el espejismo que habitualmente se produce en los trabajadores de considerar las retribuciones netas. Una desmesurada obsesión por el déficit cero, unida a las continuas rebajas en la imposición directa, redujeron la suficiencia del sistema con la paralela traducción en las partidas de gastos, en especial en las prestaciones y servicios sociales. Bien es verdad que, en esto, como en casi todo, los gobiernos de Zapatero siguieron el mismo camino.

Dejando atrás la política económica, Aznar es, en gran parte, responsable de los problemas actuales en Cataluña. Cuando del “Pujol, enano, habla castellano” pasó al “hablar catalán en la intimidad”, y concedió todo lo que le pidieron los convergentes en el Majestic, abonó el terreno para lo que ha venido después. Se configuró un nuevo sistema de financiación autonómica, otorgando capacidad normativa sobre impuestos cedidos y compartidos. Se acordó transferir a las Autonomías el 33% del IRPF, el 35% del IVA y el 40% de los impuestos especiales. Se traspasó a la Generalitat la competencia sobre puertos y también las del entonces INEM. Se convirtió a los mossos d´esquadra en un auténtico cuerpo de policía y se incrementaron fuertemente las inversiones en Cataluña, en especial en el AVE.

Aznar completó las transferencias de sanidad a las Autonomías, y renunció a recurrir la política de inversión lingüística adoptada por la Generalitat. En el Majestic se acordó la supresión del servicio militar porque se consideraba una humillación que los niños de papá catalanes tuviesen que jurar la bandera española, se convino eliminar la figura del gobernador civil porque molestaba a los nacionalistas al diluir la Comunidad a favor de las provincias y se aceptó cambiar la organización y política del PP en Cataluña, sustituyendo a su presidente, Alejo Vidal-Cuadras, por Piqué quien mantenía una postura mucho más flexible frente al nacionalismo.

Después de todo lo anterior no puede por menos que resultar extraño que Aznar pretenda dar lecciones sobre Cataluña. Tampoco parece muy lógico que lo haga sobre la unidad del centro derecha y acerca de la necesidad de construir un discurso político coherente, ya que el único discurso que él manejó en la oposición fue la promesa de bajar los impuestos, siguiendo la senda que le trazaba el diario El Mundo, además del eslogan de “Váyase, señor González”. Lo que finalmente le hizo ganar las elecciones, y por un margen muy pequeño, fueron los múltiples casos de corrupción que surgieron en la última etapa de González.

En cuanto a sus consejos acerca de la unificación del centro derecha no dejan de ser grotescos pues nadie ha hecho más para dividirlo que él criticando la actitud moderada de Rajoy. Rajoy no solo tuvo que enfrentarse a las dificultades económicas derivadas en buena medida de las políticas de los gobiernos de Aznar y de Zapatero, sino también a las críticas y batallas internas de su partido en las que también tuvo Aznar una parte importante, y que  colaboraron al nacimiento de Vox. Aznar no puede ahora esconder la mano después de haber tirado la piedra.

republica 12-3-2021



LA CORRUPCIÓN, EX ANTE Y EX POST

HACIENDA PUBLICA, PARTIDOS POLITICOS Posted on Wed, March 17, 2021 00:40:54

No me he prodigado en tratar en mis artículos el tema de la corrupción. Pienso que está sobredimensionado en la prensa, quizás por culpa de los propios políticos que ven en él un medio fácil de cargar contra el adversario, sin que de verdad les importe combatirla. Una gran parte de la sociedad es proclive a la carnaza. Hoy, sin embargo, voy hacer una excepción, pero acentuando la gran hipocresía que muchas veces se esconde tras la materia.

El Partido Popular ha pretendido justificar sus malos resultados en Cataluña por las filtraciones a la prensa de las nuevas declaraciones de Bárcenas. En realidad, hasta ahora nada nuevo. Dudo mucho, no obstante, que en esta ocasión hayan tenido un papel clave en el resultado estas informaciones interesadas. En otros momentos sí; por ejemplo, en la moción de censura, ya que fue la coartada de la que se valió Sánchez para dar el paso que hacía mucho tiempo acariciaba, pero que no se había atrevido a realizar, el de conseguir el gobierno pactando con los partidos que acababan de consumar un golpe contra el Estado.

Los resultados del PP en Cataluña y en el País Vasco nunca han sido muy brillantes. Tanto CiU como PNV aglutinaban buena parte del voto conservador. Lo novedoso es que el independentismo se ha hecho con el voto que tradicionalmente se considera de izquierdas. En esta ocasión, el PP en Cataluña ha sufrido la erosión de Vox, que se ha apoderado del votante más radicalmente españolista y que ansiaba una reacción más tajante frente al extremismo independentista. En todo ello no creo que haya influido demasiado el caso Bárcenas.

Tampoco se explica la reacción del líder del PP al pretender desentenderse de los errores y corrupciones del pasado que afectan a su partido. Más sorprendente aún ha sido la solución adoptada de abandonar Génova. Encarnar en la sede las corrupciones que haya podido cometer el partido o alguno de sus miembros responde a una concepción cuasi mágica similar a la adoptada por algunas culturas antiguas que sacrificaban un macho cabrío o un animal similar en la creencia de que con él se quemaban las culpas de la tribu o del pueblo. Existe una clara contradicción en la dirección de los populares cuando por una parte reivindican todo lo bueno que según ellos ha hecho el PP y, por otra, contemplan sus errores y corrupciones como si no fuesen con ellos.

Bien es verdad que esta forma de actuar no es única ni exclusiva del PP. Todas las formaciones políticas actúan de la misma manera. Sánchez se desentendió totalmente de los ERE de Andalucía, por señalar tan solo el último y más importante escándalo. ¿Y qué decir de las formaciones independentistas? Parece como si Pujol y el tres por ciento no tuviesen nada que ver con ellos. La historia de los partidos es una, y hay que asumir el lote completo, con lo bueno y con lo malo. En la vida política al igual que en la sociedad cada generación depende de la anterior. Pero es que, además, en los momentos actuales la gran mayoría de los políticos deben casi todo al partido. Podríamos decir que toda su vida personal, profesional y económica está unida a la formación a la que pertenecen. Todo lo han recibido de ella, y casi ninguno habría llegado a lo que es sin el partido. Difícilmente pueden renegar de toda su historia.

Pero dicho esto, hay que añadir que nada del pasado, en lo que no estén directamente implicados, puede representar una carga tan pesada que les invalide para actuar políticamente en el presente, entre otras razones porque nos quedaríamos sin política, la corrupción ha estado presente casi desde el principio de la democracia. De antes es mejor no hablar. Quizás no pueda ser de otra manera porque la vida pública se inserta en la sociedad, y sería una ingenuidad pensar que la corrupción está ausente de ella. Existe una cierta hipocresía social. Practicamos un comportamiento asimétrico respecto del gasto y del ingreso. Nos rasgamos las vestiduras ante la malversación de fondos públicos, pero contemplamos con cierta benevolencia el delito fiscal, como si no dañasen de la misma forma -y seguramente en mayor medida este último- a la Hacienda Pública.

La corrupción desde la perspectiva ex post, una vez cometida, debería permanecer básicamente en el ámbito penal, en el campo de la justicia, a la que se debe exigir que actúe con el mayor rigor sobre los responsables. En España no parece que los tribunales hayan sido renuentes en este cometido, teniendo en cuenta el número de asuntos que han sido investigados y aireados por la prensa. En todo caso, ha habido demasiados castigos de telediario sin que después hayan podido sustanciarse penalmente. La lentitud de la justicia, en buena parte no por culpa de ella, sino por la carencia de medios con que la han dotado todos los gobiernos, ha ocasionado que en multitud de ocasiones lo que debería permanecer en el ámbito penal se trasladase a la lucha política, convirtiendo los casos de corrupción en armas arrojadizas de unos contra otros.

Desconfío de las comisiones de investigación creadas en el Congreso. Nunca han servido para descubrir nada. Las conclusiones no obedecen a lo que se haya podido poner en claro a lo largo de sus sesiones, sino a las conveniencias e intereses de quien posee la mayoría. Raramente los casos pasados de corrupción se contemplan como fuente de enseñanza para adoptar las reformas y los medios necesarios a fin de evitar que se puedan cometer errores y delitos similares.

Aceptar la historia, sacar de ella las conclusiones adecuadas, no implica vivir de la herencia. Es absurdo que los políticos actuales se apropien como méritos los éxitos que se suponen realizados por su partido. De la misma manera tampoco es lógico que se les pretenda hacer responsables de las irregularidades o delitos cometidos en el pasado. Son las dos caras de la misma moneda. Incluso en el caso de los partidos independentistas catalanes lo que les invalida e ilegitima no es tanto el haber propiciado un golpe de Estado, con la consiguiente malversación de fondos públicos, sino el hecho de mantenerse en él y afirmar que volverán a repetirlo.

Existe una cierta deformación en el comportamiento electoral y político de la sociedad española, mucho más dependiente de las siglas y de la historia de las formaciones políticas que de sus actuaciones presentes. Es un proceder conservador, renuente al cambio e identitario. A los políticos actuales hay que juzgarles por sus actos, por sus políticas y, en materia de corrupción, por las medidas que proponen o adoptan para evitarla. Y ahí es donde casi todos los partidos hacen aguas. No parece que haya intención seria por parte de las formaciones políticas de crear las condiciones que dificulten y hagan casi imposible la corrupción, comenzando por fortalecer y potenciar la independencia de la justicia.

Los partidos han venido desfigurando los mandatos constitucionales acerca de cómo elegir los miembros de determinados órganos, por ejemplo, del Consejo General del Poder Judicial. La Constitución, al fijar el porcentaje de 3/5, pretendía conseguir un consenso suficiente entre los diputados que garantizase que, aparte de la cualificación técnica, los seleccionados poseyesen la neutralidad necesaria sin sesgos partidistas. Las formaciones políticas han  distorsionado esta previsión convirtiendo los nombramientos en un intercambio de cromos. Yo voto a los tuyos, si tú votas a los míos, de manera que se consigue el efecto totalmente contrario al querido constitucionalmente, los elegidos son a menudo los más politizados y unidos de una u otra forma a los partidos políticos.

En estos momentos, tanto el PSOE como el PP, tras muchos dimes y diretes, han optado por adentrarse por esta vía. Curiosamente todos los partidos, aun los más críticos con el sistema, Podemos, Vox, Esquerra, PNV, etc., han reclamado su cuota y no es que quizás, aceptado este juego, no tuviesen derecho a ella, sino que parece una cierta contradicción que los que se quejan de la politización de la justicia se introduzcan por un camino que la incrementa. Desde luego, sería paradójico que un partido como Esquerra, que manifiesta estar dispuesto a repetir un golpe de Estado, pueda intervenir en la designación de los miembros del poder judicial.

En el tema de la corrupción ha tenido especial gravedad la proyección de esta forma de nombramiento en los consejeros del Tribunal de Cuentas. Al menos desde la aprobación de su ley de funcionamiento, el PSOE y el PP se han repartido por igual, 6 y 6, la designación de los consejeros, de manera que este organismo ha quedado prácticamente inutilizado e incapacitado para acometer cualquier problema de corrupción relevante, puesto que una parte frena a la otra cuando le interesa, y viceversa.

Tampoco los partidos políticos han estado demasiado prestos a perfeccionar normas, procedimientos administrativos, e instrumentos y órganos de control, tendentes a minimizar el riesgo de la corrupción. Más bien, cuando gobiernan en el Estado, en las Comunidades Autónomas o en los Ayuntamientos, con la excusa de conseguir una gestión ágil, han procurado por todos los medios librarse lo más posible de las ataduras administrativas.

Centrándonos en el presente, el Real Decreto-ley 36/2020 para la ejecución del plan de recuperación, es un buen ejemplo de lo anterior. Constituye un catálogo de todos los instrumentos posibles tendentes a desregularizar la gestión y generar los agujeros necesarios que permitan evitar los controles y condicionantes que deben regir la administración de los fondos públicos. Estos se van a conceder con total discrecionalidad, cuando no arbitrariedad. En el menos malo de los casos, va a crear una red clientelar para afianzar el poder del Gobierno; en el peor, dará lugar a todo tipo de corruptelas y a malversación de fondos públicos.

Desde el punto de vista político, esto es lo que nos debería estar inquietando y también lo que debería atraer principalmente la atención de los medios, cómo evitar la corrupción futura. La pasada ya no tiene remedio, dejémosla en manos de los tribunales, pero eso sí, sin que antes hayamos pretendido meter nuestras manos en ellos.

republica.com 5-3-2021



ICETA, CABALLO DE TROYA

Cataluña, HACIENDA PUBLICA Posted on Wed, March 03, 2021 18:36:51

Se han cumplido los peores augurios en las elecciones catalanas. La participación ha sobrepasado escasamente el 50%. La causa hay que buscarla, ciertamente, en las difíciles condiciones en las que, debido a la pandemia, se han celebrado estos comicios, pero quizás también en el cansancio que el procés ha suscitado en los catalanes. La abstención, sin embargo, no ha afectado por igual a los distintos partidos. Se ha primado a las posiciones extremas, y cuando hablo de extremos, no me refiero al marco de izquierda–derecha, sino de independentismo-noindependentismo, puesto que es en estos términos en los que creo que transcurre la política de Cataluña. Han ganado, sin duda, la CUP y VOX.

Los soberanistas han salido beneficiados, al afectarles en menor medida la abstención, aunque han perdido alrededor de 700.000 votos, lo que deslegitima cualquiera lectura que intenten hacer acerca de que los resultados justifican, aún más, sus pretensiones. Difícilmente pueden hablar en nombre del conjunto de los catalanes. Todo lo más, podrán afirmar que representan al millón trescientos ochenta mil ciudadanos que les han votado y, así y todo, esa representación queda reducida a su actuación en el ámbito del Parlament y de la Generalitat, y de acuerdo con las competencias que les marcan las leyes, pues para eso les han votado, y no hay por qué suponer que sus votantes participen de todas sus posiciones políticas.

Lo cierto es que el soberanismo ha incrementado sus escaños en el Parlament y que la abstención ha perjudicado en mayor medida a los partidos de ese grupo tan heterogéneo que se suele llamar constitucionalista. También parece claro, aunque quizás inexplicable, que en este grupo el PSC -si es que se le puede encuadrar en él-  ha sido el único ganador. Triunfo que quizás no le va a servir para mucho porque, sea cual sea el desenlace, Illa va a quedar de comparsa. Por eso es un poco patético que, siguiendo el ejemplo sanchista, monte la representación de abrir consultas con otras fuerzas políticas y su decisión de presentarse a la investidura, cuando sabe de sobra que no va a tener esta opción, ya que dependerá del futuro presidente del Parlament.   

Pase lo que pase en la Generalitat, pienso que el problema de Cataluña se dilucida mucho más en la Moncloa. Por eso creo que ha llegado el momento de fijarnos en el anverso de la operación Illa, un aspecto hasta ahora poco considerado, pero de suma importancia para el resto de España. Me refiero al hecho de haber situado en el Ministerio de Política Territorial y Función Pública a Miquel Iceta. Es difícil que no despierte suspicacias contemplar al primer Secretario del PSC ocupando el ministerio que tiene que establecer un juego lo más neutral posible entre todas las Autonomías, tanto más cuanto que está pendiente de renovación el Sistema de Financiación Autonómica. El vigente data de 2009, establecido en tiempos de Zapatero y Montilla y al gusto y conveniencia de los catalanes, aunque ahora renieguen de él y digan que les perjudica.

Los antecedentes de Iceta no son precisamente los más adecuados para que el resto de las Comunidades se sientan tranquilas. Su concepción del Estado es de las más atrabiliarias. En su momento, habló ya de ocho naciones, lo que nos retrotraería al Estado cantonal de malhadada memoria, porque, aunque se matice añadiendo que se trata de un concepto puramente cultural, el hecho es que siempre se termina en formulaciones políticas. Pasa igual que con la pluralidad del Estado y los hechos diferenciales, que al final se traducen en fuerzas centrífugas o, al menos, en privilegios. Quién puede dudar de que España es plural. Cualquier territorio lo es. También Cataluña. ¿O es que acaso no hay diferencias entre Barcelona y Gerona?

Iceta fue el primero que habló de indultos para los presos del procés e incluso de alguna manera pretendió trazar a Esquerra su ruta y la estrategia que debía seguir, al comentar que si en algún momento el voto independentista llega a alcanzar el 60 o el 65% habrá que considerar en serio el referéndum. Aunque el PSC ya lo había contemplado antes, al pronunciarse a favor de ese ilusorio derecho a decidir inventado por los independentistas.

Pero descendamos al tema crematístico que es donde se va a plantear el problema, ya que es de prever que, a pesar de soflamas incendiarias sobre la independencia, es en ese terreno en el que Esquerra, con sentido práctico, va a situarse. El fracaso de 2017 y el miedo a la justicia les disuadirá de evitar por el momento nuevas aventuras. Fue en ese mismo 2017, el 30 de noviembre, cuando Iceta publicó en el diario El Mundo un artículo titulado “Financiación justa para una hacienda federal”.

Comenzaba afirmando que los socialistas catalanes querían participar de forma activa (ahora el PSC está más subido e Illa afirma que quieren liderarlo) en el debate y en la negociación del nuevo sistema de financiación autonómico, que debía acordarse en un futuro inmediato. El futuro dejó de ser inmediato en cuanto Sánchez asumió el gobierno, a pesar de que en la oposición arremetió reiteradamente contra Rajoy por no acometer la tarea. Se ha dilatado en el tiempo casi cuatro años, porque el presidente del Gobierno ha preferido tener las manos libres para distribuir dádivas y mercedes entre la Comunidades. Se supone que antes o después tendrá que establecer un nuevo sistema y para ello y para sus planes nada como tener a Iceta en el ministerio de Política Territorial.

Iceta continuaba afirmando en el artículo que las Comunidades Autónomas deben ser gobiernos auténticos, no meras gestoras. Para ello lo que viene a proponer es que haya una mayor cesión de tributos y cita en concreto el IRPF, el IVA y los impuestos especiales. Desconozco lo que el señor Iceta entiende por gobiernos auténticos (Consejos de gobierno los denomina la Constitución). Lo que es cierto es que están muy lejos de ser meras gestoras.

Son ya muchos los tributos que están cedidos a las Comunidades Autónomas. Tal como afirma Piketty (en las páginas 1.090-1.094 de su obra Capital e Ideología y que yo transcribí en este diario en mi artículo del 17 de septiembre de 2020): “España en materia fiscal es uno de los países más descentralizados del mundo, incluso comparado con Estados federales más grandes. En concreto desde 2011, la base imponible del impuesto sobre la renta está dividida en partes iguales entre el Estado central y las regiones… En comparación, el impuesto sobre la renta siempre ha sido federal en EE.UU. y lo mismo ocurre en Alemania, ejemplo más cercano a España. Los Estados (länders) no tienen posibilidad de votar tipos impositivos adicionales, ni conservar para sí la más mínima parte de la recaudación tributaria  con independencia de lo que piensen los contribuyentes bávaros”.

Conviene señalar además que los tributos cedidos -patrimonio, sucesiones y renta (parcialmente)- son los impuestos más progresivos, por lo que su cesión puede producir efectos muy negativos. No se necesita avanzar en el proceso, sino quizás retroceder. La capacidad normativa de las Autonomías crea presiones fiscales diferentes según donde uno viva y, lo que es peor, se establece una competencia desleal entre las Comunidades, el llamado dumping fiscal, que daña la recaudación y la progresividad de los impuestos. Lo paradójico surge cuando se defiende, tal como hacen el PSOE y los independentistas, incrementar la autonomía financiera pero después se protesta cuando esta se ejerce por otras Comunidades diferentes a la catalana.

La cesión de la recaudación, es decir, que los recursos obtenidos por los impuestos en una Autonomía se queden dentro de la Autonomía, representa la ruptura de la función de redistribución del Estado en el ámbito interregional, porque no habrá fondo que pueda compensar el desequilibrio creado. Cuando los nacionalistas e Iceta hablan del Estado del bienestar parece que se refieren únicamente a Cataluña, propugnando hacia el exterior el neoliberalismo económico más radical. Darwinismo social entre regiones. El resultado de transferir además de la recaudación, la gestión y la inspección de los tributos a las Comunidades sería muy negativo desde el punto de vista de la administración fiscal. Trocear la Agencia Tributaria crearía el caos en la gestión de los tributos y obstaculizaría gravemente la lucha contra el fraude y la evasión fiscal.

Hay que tener en cuenta que Iceta escribía desde Cataluña (y me temo que desde ahí será desde donde seguirá hablando y actuando a pesar de ser ahora ministro del Gobierno central) y lo hacía nada más celebrarse un auténtico golpe de Estado. El soberanismo utilizó el inmenso poder que le concedía estar al frente de una de las administraciones autonómicas más ricas y con más competencias para crear toda una estructura sediciosa capaz de subvertir el orden constitucional y romper la unidad del Estado. Pero el golpe está lejos de estar desactivado. Los golpistas continúan y parece que van a continuar al frente de la Generalitat, y no se privan de repetir que volverán hacerlo. El peligro está muy lejos de disiparse, por lo que no parece demasiado acertada la política de conceder cotas de autogobierno más elevadas ni más medios para que en otro momento se puedan volver contra el Estado y entonces, sí, tener éxito.

La estrategia debería pasar más bien por limitar en la medida necesaria las competencias de la Generalitat para que nunca más se pueda repetir un hecho tan aciago. Un factor que ha contribuido decisivamente al fracaso de la supuesta república independiente es la ausencia de una Hacienda Pública propia. Sin ella, resulta muy difícil, por no decir casi imposible, cortar lazos con el Estado. El dinero manda. Es por tanto disparatada la propuesta de ceder la gestión y la recaudación de todos los tributos a la Generalitat.

Iceta terminaba su artículo reclamando una quita de la deuda autonómica. No es de extrañar, puesto que afecta principalmente a la Generalitat catalana (que no a Cataluña). El mayor endeudamiento de esta Comunidad no obedece a los defectos que puedan existir en el sistema de financiación autonómica, tal como intentan convencernos, sino en buena medida a la cantidad ingente de recursos públicos absorbidos por el procés y en general en engrasar esa inmensa máquina de publicidad y propaganda dedicada a promocionar la independencia.

Por otra parte, no es ningún secreto que el presidente de la Generalitat percibe la retribución más alta de las cobradas por los restantes presidentes de las Comunidades Autónomas. Es lógico suponer que ese alto nivel retributivo se extiende a toda la pirámide administrativa, consejeros, directores generales, etc., hasta el último auxiliar administrativo. Recientemente se ha hecho pública y notoria la diferencia retributiva entre los Mossos d´Esquadra y la Guardia Civil y la Policía nacional. Pero me temo que eso mismo se podría afirmar de casi todos los empleados públicos.

El primer secretario del PSC suele repetir que no pide nada para Cataluña que no pida para las otras Autonomías. Puede ser cierto. El problema es que tanto en el orden personal como en el territorial las medidas que son buenas para los ricos no suelen serlo para los menos afortunados. La condonación de la deuda no tiene la misma significación para Cataluña -que debe al Estado 52.499 millones de euros- que para Extremadura -que adeuda tan solo 2.031. Extender una copia del cupo vasco, aun cuando fuese limitado, a todas las Comunidades sería muy beneficioso para Madrid y Cataluña, y por supuesto para el País Vasco, que ya lo tiene, pero tendría efectos devastadores para Andalucía y Extremadura, por ejemplo. Es difícil entender por tanto los afanes independentistas de partidos, como el Bloque Nacionalista Gallego, que se desarrollan en las Comunidades de menor renta.

La presencia de Iceta en el Ministerio de Política Territorial difícilmente va a colaborar a corregir la desigualdad y los desequilibrios entre las regiones, más bien es muy probable que los incremente. Pero no creo que eso le importe mucho a Sánchez. Su finalidad debe de ser otra. Su objetivo consiste en que le ayude a mantener las alianzas con los golpistas, a los que necesita para continuar en el Gobierno.

republica.com 26-2-2021



LA CONDONACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA EN PODER DEL BCE

EUROPA Posted on Thu, February 25, 2021 22:52:21

El cinco de febrero pasado, el diario El País (curiosamente, en España, solo el diario El País) publicaba un manifiesto firmado por cien economistas y titulado “Anular la deuda pública mantenida por el BCE para que nuestro destino vuelva a estar en nuestras manos”. Las firmas presentan una distribución muy desigual no solo por la representación de los distintos países, sino porque dentro de cada uno de ellos el sesgo es evidente. Por ejemplo, en España predominan aquellos que se mueven en los aledaños del PSOE o pertenecen a la plataforma “economistas frente a la crisis” -que para el caso viene a ser parecido-, prevaleciendo además los que se han especializado en los temas de energía y medio ambiente.

Tengo que reconocer que el manifiesto me ha producido una cierta ambivalencia. En un primer momento, satisfacción al constatar que personas como Cristina Narbona, Manuel Escudero o Jordi Sevilla, conspicuos miembros del PSOE que como tales han defendido siempre la Unión Monetaria, aceptan ahora que la pertenencia a ella nos ha hecho perder nuestro destino, es decir, nuestra soberanía, soberanía que se encuentra en manos del BCE. Algo que, sin embargo, ha sido patente a lo largo de todo este tiempo. Solo es preciso acordarse de Grecia. “Dejadme emitir y controlar el dinero de una nación y no me preocupará quién escriba las leyes”. Frase que se atribuye a Mayer Amschel Rothschild.

Pero en seguida me han asaltado otros sentimientos, decepción, desilusión y cierto escepticismo al tomar conciencia de que todo ese recobrar nuestro destino se concretaba exclusivamente en lograr que el BCE cancelase la deuda pública de los países miembros en su poder. Es más, tengo la impresión de que plantearlo en este momento puede resultar contraproducente. No aduciré que sería ilegal y que iría contra los tratados. En Europa, los tratados -o al menos su interpretación- se utilizan siempre con una gran elasticidad y priman sobre ellos los intereses. Se transita por sus lindes cuando se considera necesario y está en peligro el invento.

El BCE hace ya tiempo, al menos desde el 2012 que circula por esos confines, e incluso ahora, está situado más bien en el exterior. Pero ese fue el mérito de Mario Draghi, el intuir que, en aquellas circunstancias, a pesar de las críticas que se alzaron, nadie que quisiera que la Unión Monetaria perdurase podía oponerse en serio a que se diese el salto y se actuase en el mercado conteniendo las actuaciones desestabilizadoras. Italia y España no eran Grecia y dejar caer a esas dos economías era equivalente a que se derrumbase toda la Eurozona.

En realidad, el BCE no ha hecho nada extraordinario que no hayan hecho otros bancos centrales como el de Gran Bretaña, el de Japón o la Reserva Federal; o lo que hubiese realizado el Banco de Italia o el de España en el caso de haber tenido moneda propia. Pero es que el BCE, según los tratados, no es un banco central normal. Nació, como el resto de las instituciones europeas, perniquebrado y sometido a limitaciones que lo hacían totalmente ineficaz. La diferencia con las demás instituciones es que, quizás por necesidad, el BCE supo reaccionar, y paradójicamente la que parecía más antidemocrática ha resultado la más efectiva a la hora de solucionar los problemas que ha tenido y tiene la Eurozona. Quizás, y es triste decirlo, esa supuesta independencia de los poderes políticos que tanto criticamos lo ha mantenido en cierta forma al margen de la división entre países y partidos.

Primero Draghi y ahora Lagarde han sabido reaccionar frente a las crisis. Bien es verdad que frente a la del 2008, un poco tarde. Lo cierto es que, si la gran mayoría de países miembros se están financiando en los mercados a tipos sostenibles, incluso bajos, es porque están respaldados por el BCE, lo que en principio no tendría que tener nada de meritorio porque para eso están los bancos centrales; pero en el país de los ciegos el tuerto es el rey y en Europa estamos casi todos ciegos.

El BCE, nada más comenzar la crisis del Covid, cuando los distintos gobiernos y la propia Comisión estaban discutiendo si eran galgos o podencos (aun parece que lo siguen discutiendo), puso sobre la mesa 750.000 millones de euros, cantidad que meses después aumentó en otros 600.000 millones, orientados a comprar títulos públicos y privados. Recientemente ha añadido otros 500.000, con lo que su potencial de fuego se eleva en estos momentos a 1.850.000 millones de euros. Es más, ha anunciado que continuará con esta política al menos hasta marzo de 2022 y que, si fuera necesario, incrementaría la cantidad hasta 2.5 billones de euros.

Esta actuación del BCE no ha sido pacífica. Desde dentro de la propia institución, pero sobre todo desde fuera, desde el ámbito de los países que llaman “frugales”, han arreciado las críticas, en las que ha tenido sin duda un papel predominante el Bundesbank; sin olvidar la sentencia del Tribunal Constitucional alemán que pende como una espada de Damocles sobre la política expansiva de Frankfurt, porque, aunque en principio carece de competencias sobre las instituciones comunitarias, es imposible no tener presente el peso que su opinión tiene en Alemania y la influencia de este país sobre toda la UE. Por eso puede constituir una osadía y cierta imprudencia proponer ahora la cancelación de la deuda pública. No descarto que en el futuro pudiera ser necesario llevar a cabo una operación de este calibre, pero desde luego no es este el momento, entre otras razones porque su utilidad sería muy dudosa y además puede despertar al monstruo dormido. Los países miembros, incluso los del Sur, apenas obtendrían ventajas de ello. En los momentos actuales apenas hay diferencia entre que la deuda se encuentre en manos del BCE o que esté condonada. Nadie en su sano juicio puede creer que esa deuda pueda amortizarse en el futuro, al menos en una medida importante, en base a una política de austeridad presupuestaria.

El manifiesto habla de que, en contrapartida a la cancelación de la deuda, los países miembros deberían invertir esas cantidades (las estiman en 2.500.000 millones de euros) en la reconstrucción ecológica y social. La pregunta es de dónde iba a surgir esa cantidad de dinero. No cabe más que una respuesta. De una nueva emisión de deuda de los países miembros que, sin duda alguna, para que fuese sostenible, al menos para un gran número de estos, y se mantuviese el tipo de interés, debería ser adquirida de nuevo por el BCE, cosa que resultaría difícil, por no decir imposible, de justificar y más aún de conseguir.

En realidad, esa gran inversión que piden los firmantes del manifiesto hace tiempo que el BCE la viene realizando. Su balance, que alcanzaba dos billones de euros con anterioridad a la crisis de 2008, se ha incrementado hasta sobrepasar los siete en los momentos actuales. Es decir, que ha emitido dinero y regado las economías de la Eurozona con una cantidad aproximada de cinco billones de euros, y una gran parte de ellos se ha orientado a los sectores públicos; otra cosa es el destino que los gobiernos hayan dado a estos fondos.

No obstante, se podría argumentar que la cancelación de la deuda, sí produciría una diferencia en las haciendas nacionales: librarse de parte de las cargas financieras; pero, como arguyen los portavoces del BCE, también se reducirían en la misma cuantía los ingresos de esta institución y, como consecuencia, los dividendos que el BCE abona a los países miembros. Vienen a decir que lo comido por lo servido. Pero el tema no es tan simple, debido a la diversidad que existe entre los Estados, en su endeudamiento y en sus cargas financieras. Por ejemplo, hace tiempo que Alemania presenta intereses negativos, es decir, que no paga, sino que cobra por la deuda que emite. Así que la cancelación de parte de ella, lejos de significarle menos gastos, le representaría menores ingresos.

La prima de riesgo no debería existir en una unión monetaria, pero existe en la europea, dada su deficiente constitución y las anormales características con las que se creó. Ello lleva al hecho de que la cancelación de la deuda por parte del BCE tendría consecuencias diversas en los distintos países. Es esa misma razón la que aleja cualquier posibilidad de acuerdo en esta materia. Por otra parte, la ganancia para los países del Sur no sería tan grande mientras las primas de riesgo se mantengan en los niveles actuales. El verdadero interés para estos países es que el BCE continúe con esta política y sería una temeridad ponerla en peligro por un cambio cuasi cosmético o de nomenclatura.

Las condiciones en Europa son muy distintas de las que se daban en 1953 cuando en la Conferencia de Londres se le perdonaron a Alemania dos tercios de su deuda, o de las que pueden aconsejar su derogación en los países en desarrollo. En Eurozona, sin moneda propia, los países miembros estarán siempre a expensas del BCE y precisarán de su intervención en los mercados para evitar la especulación. Condonarles ahora su deuda no serviría de nada. Es previsible que dentro de poco, en el mejor de los casos, estuviésemos en la misma situación.

El problema de la deuda, como casi todos en Europa, radica en las diferencias sustanciales que se generan entre los Estados, al estar en presencia de un mercado único, con libre circulación de capitales y una moneda común y sin los mecanismos redistributivos que cualquier unidad política establece entre sus regiones. En los momentos actuales, el endeudamiento público de Alemania, Holanda, Austria y Finlandia, después de los gastos extraordinarios efectuados con la pandemia, mantiene aún un nivel relativamente moderados (75, 62, 78 y 69% del PIB, respectivamente). El panorama cambia radicalmente cuando nos referimos a los Estados del Sur: Grecia, 196%; Italia, 159%; Portugal, 132%; España, 117%; Francia, 116%.

Los países del Norte, e incluso muchas voces desde los del Sur, de forma simplona e interesada sitúan la causa de esta discrepancia en el diverso comportamiento en el manejo de las finanzas públicas de los gobiernos y de la política presupuestaria. Discrepancias existen y han existido siempre, pero esa no es la razón de que se formen dos bloques de forma tan definida. Esta hay que buscarla en el euro. En 1999, justo antes de su creación, la deuda de todos los países citados se movía entre el 40 y el 60%. Solo Grecia con el 99% e Italia con el 113%, rompían la tónica, pero como se ve, en porcentajes muy inferiores a los actuales. El endeudamiento de Alemania se situaba, por ejemplo, en 60,1% y el de España en el 60,8%.

La Unión Monetaria privó a los países del único instrumento (la moneda y, por lo tanto, la devaluación) que poseían frente a un mercado único y una libertad de capitales que genera lógicamente desequilibrios entre los distintos territorios. Antes de constituir la Unión Monetaria las balanzas por cuenta corriente de todos los países miembros estaban más o menos en equilibrio, con déficits y superávits relativamente moderados. La cosa cambia en pocos años tras entrar en funcionamiento el euro. En 2007, mientras Alemania y Holanda obtienen superávits desorbitados (alrededor del 7% del PIB), Grecia, España y Portugal sufren déficits imposibles de sostener (15%, 9% y 9%, respectivamente).

Han transcurrido más de diez años. Antes de la pandemia los países del Sur habían logrado equilibrar sus balanzas por cuenta corriente. Eso sí, a base de enormes sacrificios y tras una devaluación interna que ha hundido los salarios e incrementado fuertemente la desigualdad social. Alemania y Holanda, sin embargo, han incrementado su superávit (8% y 10%) con lo que los desequilibrios subsisten. La permanencia de un mismo tipo de cambio, diferencias en las estructuras productivas y un mercado único, sin integración presupuestaria y fiscal, son una amenaza constante para los países del Sur y para la misma pervivencia de la Unión Monetaria. Es sobre todo esto sobre lo que habría que abrir el debate. La condonación de deuda pública por el BCE no solucionaría nada y complicaría gravemente la política seguida por esta institución que es imprescindible para los Estados del Sur.

El manifiesto parece que lo encabeza Piketty. En varias ocasiones he citado al economista francés. Admiro sus obras por la cantidad de información que acumula y los análisis estructurales que realiza. Cabría decirse que es un extraordinario profesor de estructura económica (creo que ahora se llama economía aplicada), pero de lo que no estoy tan seguro es de que domine de la misma manera la teoría económica y, desde luego, lo que no comparto es su visión relativamente optimista acerca de que la Unión Europea pueda caminar hacia un verdadero estado federal. Me temo que ello le conduce a proponer soluciones demasiado simples como la actual, que lejos de solucionar los problemas los embrollan.

De todas formas, Piketty como profesor e intelectual puede sin mayores complicaciones presentar a debate las cuestiones que crea convenientes. Otra cosa distinta es cuando el manifiesto lo firman personas que se consideran muy próximos a un gobierno, de manera que se pueda interpretar que detrás de ellos se encuentra la postura de ese país miembro. Ni que decir tiene que es muy posible que se despierten todo tipo de susceptibilidades y que se provoque la reacción contraria de otros Estados, complicando gravemente el escenario. Ese es el problema cuando se quiere estar al mismo tiempo en el gobierno y en la oposición.

republica.com 19-2-2021



VOX, SENTIDO DE ESTADO Y LOS FONDOS EUROPEOS

EUROPA, HACIENDA PUBLICA Posted on Wed, February 17, 2021 21:51:49

Hay que reconocer que los medios de comunicación se encuentran a veces un poco desorientados. Así ha ocurrido con el asunto de las vacunas. Entraron al trapo y se pasaron no sé cuántos días estableciendo un ranking acerca de cuáles eran las Autonomías que habían vacunado un porcentaje mayor con respecto a las dosis recibidas; datos, supongo, hábilmente filtrados por el Ministerio de Sanidad para alejar la atención del verdadero problema, el suministro. Cualquier observador avisado podía darse cuenta de que al ritmo al que estaban llegando las vacunas se tardaría cuatro años en inmunizar a toda la población.

En ese momento, por lo tanto, la mayor o menor celeridad en la administración tenía muy poca importancia. Es más, en seguida se demostró que las Comunidades que habían actuado correctamente eran las que con prudencia habían guardado una parte importante de las dosis para la vacunación de la segunda fase. Por el contrario, las que se habían apresurado se encontraban en la desagradable tesitura de encontrarse sin material suficiente para administrar la segunda dosis, con el desastre que esto representaba de dejar sin eficacia toda la vacunación realizada hasta esa fecha. El Gobierno, con un gran cinismo, vino a sacarles del atolladero redistribuyendo los envíos a favor de las cigarras y en contra de las hormigas, utilizando el falaz argumento de que debía primar a las Comunidades que habían demostrado mayor presteza en la administración.

Bien es verdad que no cabía esperar que la contratación y la gestión europea fuesen tan desastrosas. Después de la pasividad mostrada por la Comisión en la primera etapa de la pandemia, en la que cada país debió apañarse por su cuenta, parecía una buena idea lo del suministro centralizado. Sin embargo, la burocracia europea está demostrando una vez más lo que da de sí. Es increíble que países como Israel o Reino Unido estén obteniendo mucho mejores resultados que la Unión Europea (UE), con todo el potencial que se le supone.

Pero yo hoy quería tratar principalmente otro affaire que también en buena medida ha desorientado a la prensa. Me refiero a la abstención de Vox en la votación parlamentaria del decreto-ley por el que se aprueban medidas para la gestión del Plan de Recuperación, Trasformación y Resiliencia. Es curioso comprobar que es tal la propensión de este Gobierno de legislar por decretos- leyes que a casi todo el mundo se le ha olvidado la diferencia que existe entre decreto y decreto-ley, y los medios y los periodistas emplean los dos términos indistintamente.

La abstención de Vox permitió que el decreto-ley fuese aprobado en el Congreso, lo que fue acogido con estupefacción por gran parte de la prensa. ¡Vox salvando a Sánchez! Quizás si hubieran tenido un poco más de perspicacia habrían comprendido que muy posiblemente no entraba en las intenciones de Vox ayudar al Gobierno, sino cumplir las indicaciones de los empresarios, en especial de algunos empresarios, que estaban sumamente interesados en que el decreto-ley saliese adelante.

En otras circunstancias, lo asombroso habría sido que Podemos e IU hubiesen votado a favor. Pero no estamos en una época normal y Podemos forma parte del Gobierno. Es fácil imaginarse cuáles serían los epítetos y las críticas de esta formación política de no pertenecer al Ejecutivo. Durante años los partidos llamados de izquierdas han estado censurando, seguramente con razón, los 40.000 millones que, llegados de Europa, incrementaban nuestro endeudamiento y sirvieron para solucionar el desastre creado por las Cajas de Ahorros. Sin embargo, ahora parece contemplarse con satisfacción que 140.000 millones de euros rieguen a las empresas privadas de manera oscurantista y sin ningún control.

Se ha creado el mantra de que este dinero es una especie de maná gratuito que recibimos de la generosa Europa sin coste alguno. Habrá que recordar una vez más los números y constatar que la mayor parte de la cantidad que vamos a recibir recaerá sobre el erario español. Aunque se afirma que, de los 140.000 millones, 72.000 son a fondo perdido, lo cierto es que esta cantidad se reduce a 33.000 millones, al minorarla en 39.000 millones, parte proporcional que España como país miembro debe financiar, por uno u otro medio, del monto global (390.000).

La cantidad de 33.000 millones, aunque aparentemente considerable, resulta bastante exigua si se la compara con las transferencias de recursos que España recibiría todos los años si en la UE existiese una integración presupuestaria y fiscal como la que se da en cualquier Estado y que es el complemento necesario de una unión monetaria. Además, por mucho que se haya dicho lo contrario, los fondos vendrán condicionados a tomar determinado tipo de medidas que seguramente tendrán mucho más que ver con la ideología que impera en la UE que con las necesidades de reactivación de la economía española. No es por casualidad que las dos reformas que en este momento están sobre la mesa sean la de pensiones y la laboral, que apenas tienen relación con la pandemia, la crisis actual o la recuperación.

La historia puede repetirse. Tras un periodo en el que se invita a los Estados a gastar sin medida, posteriormente se les conmina a recortes muy duros y antisociales. El denominado maná se puede convertir en una losa muy pesada para el futuro, sobre todo si los gastos se orientan a objetivos equivocados y si no se han controlado adecuadamente, y ahí es donde retornamos al Decreto-ley 36/2020 y a la abstención de Vox.

Vox, para justificar su postura, ha recurrido al sentido de Estado, al interés de todos los ciudadanos y a la exigencia de la economía. Ha alegado la necesidad de que los fondos europeos lleguen y lleguen cuanto antes, pero esto no es lo que estaba en juego con la aprobación del decreto-ley. Lo que se ventilaba no era la llegada o no de los fondos, ni siquiera el “cuándo”, que depende de la burocracia europea, sino de cómo gastarlos, quién tiene que decidir su destino y, cómo se van a gestionar y con qué control.

Paradójicamente, Vox había dicho de esta norma que “creaba la mayor red clientelar de la maltratada historia de este país”.  Cambio tan radical solo se explica por el hecho de que alguien les hiciese notar que en este caso los clientes eran los de su bando, a pesar de que también le hagan la pelota a Sánchez. Ahora andan los líderes de Vox intentando dar explicaciones en todos los medios que se lo permiten, afirmando que el decreto-ley no es un cheque en blanco al Gobierno. Vano intento. Por mucho que se esfuercen, el hecho es que todo el proceso va a quedar sin control político alguno, y muy deteriorados y disminuidos los controles y procedimientos administrativos, esos que son totalmente necesarios para garantizar la objetividad y neutralidad en la aplicación de todos los recursos públicos, y estos lo son.

Desde el punto de vista político, es claro que el Gobierno rehúye todo control del Parlamento. Todas las decisiones quedan en el ámbito del Ejecutivo. Se crean un Comité y una Comisión Delegada. Comisión Delegada que constituye un caso único y que pasará como una aberración a los anales del Derecho Administrativo, puesto que se compone de todo el Consejo de Ministros, ampliado con unos cuantos secretarios de Estado. Se supone que las comisiones delegadas, como su propio nombre indica, son delegadas para determinadas materias del Gobierno, pero ¿qué delegación puede darse si la integra el Consejo de Ministros en pleno y la preside el presidente del Gobierno?. En cuanto al Comité, el decreto- ley ni siquiera explicita cuál va a ser su composición, aunque todo indica que será este comité el que realmente va a partir el bacalao y no es muy arriesgado suponer también que estará formado principalmente por el personal de la Moncloa.

Se crea también una conferencia sectorial en la que participarán todas las Autonomías. Se podría pensar que este iba a ser un órgano de cogobernanza, como se dice ahora, pero este término suele encerrar tan solo una forma de engañar al personal. De hecho, el reglamento interno de esta Conferencia estipula que la representación del Gobierno cuenta con el mismo número de votos (19) que el total de las Autonomías, más el voto de calidad de la presidenta, la ministra de Hacienda.

Tras aprobar el decreto-ley, al Congreso no le queda ningún papel ni en la determinación del destino de los fondos ni en su adjudicación. A lo único que se compromete el Gobierno es a informar trimestralmente al Parlamento, comparecencia que se convertirá una vez más en un acto de publicidad y propaganda.

Parece bastante claro que los recursos en su mayoría no se van a quedar en el sector público. No van a servir para reducir el fuerte incremento que ha experimentado el stock de deuda pública. Tampoco se van a emplear en fortalecer la sanidad, perfeccionar el sistema educativo, intensificar los organismos públicos dedicados a la innovación, modernizar la justicia, etc. Es muy posible que tampoco se orienten a esa parte del sector privado que más ha sufrido la pandemia, concretamente hacia aquellos establecimientos que se han visto obligados a cerrar por disposiciones legales, y que lógicamente podrían tener derecho a una indemnización.

Según todos los indicios, los recursos se van a destinar al sector privado, pero a otros menesteres que se suponen más elevados y que se presentan con palabras grandilocuentes, cambiar la estructura productiva, reforma de la economía, transición energética, proyectos estratégicos, etc. Todo ello bajo principios ecológicos y de igualdad de género, etc., que pueden ser muy respetables pero que poco tienen que ver con la necesidad más apremiante que es remontar la enorme crisis económica y fiscal en que nos vamos a ver envueltos.

Es curioso observar la discrepancia en el nombre conferido al plan en Europa y en España. En Europa se le denomina “Instrumento Europeo de Recuperación” (Next Generation Eu) –en inglés es Siguiente generación UE-; en España, “Plan de Recuperación, Trasformación y Resiliencia”. Como se ve, se ha añadido el término transformación. Sánchez no se conforma con sacarnos de la crisis, pretende también transformar toda la economía, lo que representa una enorme osadía y un gran desconocimiento de la realidad, creer que, con esos recursos -que aun cuando se suponen muy cuantiosos son bastante reducidos- puede cambiar la estructura productiva de un país. Una transformación de este calibre no depende únicamente del dinero, sino de otras muchas variables muy difíciles de controlar. Tanto más cuando se está encuadrado dentro de una organización como la UE, y no se dispone de moneda propia.

Los medios que el Gobierno piensa emplear son bastante conocidos: convenios, asociaciones público-privadas, empresas mixtas, etc. Todos ellos bajo un mismo prisma, el maridaje entre lo público y lo privado, cuyas experiencias han sido la mayoría de las veces desastrosas. Los beneficios, cuando los ha habido, han quedado en el ámbito privado, mientras que las pérdidas, las más de las veces, han corrido a cargo del sector público. El mismo Tribunal de Cuentas de la UE criticó en un informe en 2018 las fuertes deficiencias e irregularidades que se han derivado de las asociaciones publico-privadas desarrolladas en la UE. Las previsiones pueden ser tanto peores cuanto que con el falaz argumento de lograr una gestión más ágil se huye del Derecho Administrativo y se eliminan los escasos mecanismos de control que tienen estas figuras.

En los proyectos que se aprueben va a existir desde luego la cofinanciación del sector privado. La banca ya se está frotando las manos en la seguridad de que la mayoría de los que acudan a la tómbola carecerán de recursos y tendrán que recurrir a las entidades financieras, que piensan obtener pingües beneficios. En resumen, en gran medida se va a producir un enorme apalancamiento. Cuando surjan los proyectos fallidos, los futuros socios serán insolventes. Las pérdidas serán para el Estado y quizás también para los bancos que, de una u otra forma, terminarán repercutiendo sobre el sector público.

La huida del Derecho Administrativo está presente en todo el decreto-ley. Se crean de nuevo las agencias, órganos de gestión altamente desreguladas. Se modifican reglamentos y numerosas leyes desde la de contratos del Estado, a la de subvenciones, pasando por la ley general presupuestaria, todo con la excusa de agilizar la gestión, pero con el corolario de que se eliminan controles y mecanismos totalmente necesarios para garantizar la objetividad y neutralidad en la adjudicación, así como la eficacia y el cumplimiento de la legalidad en la realización. No solo es el control político el que se elimina, sino también el administrativo. Ello merece quizás otro artículo.

El resultado económico posiblemente será nefasto, pero en cualquier caso lo que es cierto es que se consolidará una amplia red clientelar alrededor del Gobierno, con lo que aumentarán fuertemente su poder y su influencia, por ejemplo, en la prensa. Ya algún periódico se ha apresurado a defender el decreto-ley e incluso a Vox por su sentido de Estado.

republica.com 12-2-2021



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