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ARTÍCULOS RECIENTES CONTRAPUNTO

¿POR QUÉ HABLAN DE CONCORDIA CUANDO QUIEREN DECIR COHECHO?

Cataluña, PSOE Posted on Sun, June 06, 2021 22:53:14

Bla, bla, bla. Es increíble la palabrería que rodea el tema de los indultos. Todo ello para justificar lo injustificable. El caso es que algunos se lo creen o fingen creérselo. La doblez y la hipocresía llega a extremos inauditos. El ministro de Justicia afirma que hay que ver los indultos con naturalidad. Puede que tenga razón, pero verlos con naturalidad es mirar lo que hay debajo de toda esa charlatanería de frases grandilocuentes y egregios cometidos.

Si prescindimos una vez más de la representación y de toda la farfolla creada para ocultar la verdadera realidad, lo que encontramos es algo muy simple, pero al mismo tiempo bastante grave: el cohecho más insólito cometido por un gobierno. ¿No hablaríamos de cohecho frente a un funcionario que recibiese un notable patrimonio, por ejemplo, un chalet o algo similar, de una empresa a la que hubiera concedido una importante adjudicación o concesión administrativa?

Lo que hace distinto este indulto de cualquiera que se haya otorgado anteriormente es que en ningún otro caso quien lo concedía debía el gobierno y el mantenerse en el poder a aquellos a quienes indultaba. No cabe comparación posible. Malamente Sánchez puede recurrir al hecho de que Felipe González indultase al general Armada, ya que este no había nombrado presidente del gobierno a González. Y lo mismo cabe decir de Aznar y Barrionuevo. La afirmación de Pedro Sánchez de que actuaría igual si tuviese 300 diputados no resulta demasiado creíble, teniendo en cuenta que defendía todo lo contrario cuando no era presidente de gobierno. Por otra parte, su aseveración actual resulta un brindis al sol de igual manera que si el funcionario del ejemplo anterior nos asegurase que la adjudicación se habría producido igual si no le hubiesen regalado el chalet.

El hecho de que Pedro Sánchez deba el gobierno a los golpistas es lo que contamina todo en esta ocasión y, tal como afirma el informe del Tribunal Supremo, convierte la medida de gracia en una especie de autoindulto, prohibido por el artículo 103 de la Constitución. Quien concede la medida de gracia no solo es el Gobierno, sino quien está detrás y mueve y fuerza al Gobierno. En este contexto, todo otro argumento deviene sospechoso y constituye un subterfugio.

Entre las múltiples excusas y pretextos que conforman esa enorme hojarasca con la que se pretende ocultar la verdadera razón, hay un alegato especialmente peligroso y es el empleado por Sánchez en Bruselas, contraponiendo el entendimiento y la concordia, valores que él dice seguir, y que designó como valores constitucionales, con los que afirma que no lo son como la revancha y la venganza que, lógicamente, atribuye a los tribunales y a todos los que se oponen al indulto. Formulación parecida realizó al día siguiente en el Parlamento, alegando que hay tiempo para el castigo y tiempo para la concordia, y cierta similitud se encuentra en las declaraciones del portavoz de En Comú Podem, al proclamar que ha terminado el tiempo de la justicia y comienza el de la política. Qué manía tienen estos muchachos de separar la justicia y la ley de la política.

La gravedad de este planteamiento radica en que Sánchez, de alguna manera, asume el discurso de los independentistas que consideran a los encarcelados presos políticos y las penas y hasta la misma sentencia, fruto de la venganza y de la revancha. La argumentación del nacionalismo, participada por Podemos y ahora parece que por el propio sanchismo, es que el indulto (mejor la amnistía) es el último mecanismo que repara los derechos humanos violados. El Gobierno, mediante la medida de gracia, corrige los desafueros de la justicia (revancha y venganza).

Que el Ejecutivo dé cobertura a estas ideas tiene muy graves repercusiones en el exterior, legitima frente al extranjero el mensaje del nacionalismo. ¿Cómo van a creer los organismos internacionales y las instituciones de otros países que los independentistas catalanes son unos delincuentes si no lo cree el propio gobierno?

En ese blablablá con el que se pretenden justificar los indultos se encuentra también la teoría del diálogo, la concordia y la pacificación, que choca frontalmente con la postura de los golpistas que no solo no se arrepienten de nada, sino que proclaman con toda desfachatez que van a volver a repetir el golpe. Incluso alguno en el culmen de la chulería ha llegado a pregonar que se metan los indultos por donde les quepa.

Hay algunos periodistas que, puestos a especular, se han aventurado a ser exegetas e interpretar en clave buenista las intenciones de Sánchez; y especulan acerca de que el objetivo del presidente del Gobierno es ser el pacificador de Cataluña, al igual que Zapatero lo fue del País Vasco. A pesar de ser una versión interesada, es totalmente ilusoria y fantasiosa. Zapatero no fue pacificador de nada. Más bien inició el incendio en Cataluña con la aprobación de un estatuto inconstitucional, y no realizó un desaguisado en el País Vasco porque ETA rompió la negociación con el atentado del aeropuerto de Barajas. Si el terrorismo fue derrotado no se debió a ningún diálogo establecido con Zapatero, sino al haber perdido la batalla, gracias a la política antiterrorista y a los policías y a los jueces.

Sánchez no es tan ingenuo como para pensar que por la vía del diálogo se puede llegar a lo que llama “la pacificación de Cataluña”. El soberanismo catalán da pruebas todos los días de que la única pacificación que busca es la independencia y que no cejará hasta conseguirla. Por otra parte, es que quizás a Pedro Sánchez no le importe demasiado la reconciliación en Cataluña. No persigue tanto el futuro, perpetuarse en la historia, como el presente: mantenerse en el poder y en el gobierno.

Entre los que tras una apariencia de bienintencionados buscan justificar al Gobierno se encuentran aquellos que aseveran a diario que el otro camino ya se ha seguido y que ahora habrá que intentar el del diálogo. Nada menos cierto, porque el único sendero recorrido desde la Transición ha sido el de las cesiones en las que ha terminado siempre toda negociación. Concesiones que solo han servido de plataforma para realizar nuevas reivindicaciones.

La historia es muy distinta de cómo la cuenta Sánchez. La ruptura constitucional del golpismo, el referéndum del primero de octubre y la declaración unilateral de independencia no eran contra Rajoy y contra el PP, sino contra el Estado. Y si después no se ha repetido el golpe no ha sido gracias a los diálogos de Sanchez y sus mesas de negociaciones, que lo único que han generado han sido nuevas cesiones y dar más alas a los golpistas, sino a la acción de la justicia y al miedo al castigo que ahora se quiere eliminar. Eso es lo único que, al margen de bravuconadas, mantiene relativamente parado al secesionismo.

La actuación del sanchismo a rebufo del PSC sirvió únicamente de rémora. Participó en la aprobación del artículo 155, pero a remolque, con reticencias y poniendo toda clase de limitaciones. Cuando, basado en ello, Sánchez tiene la osadía de reclamar el apoyo del PP a los indultos, habría que contestarle que, hasta donde sabemos, el Ejecutivo de Rajoy no dependía de los soberanistas catalanes. En todo caso, si la implantación del 155 tuvo algún impacto fue el de facilitar la moción de censura que les costó el gobierno a los populares.

Por último, en la descripción del ruido que rodea el tema de los indultos habrá que incluir a ese periodista que para justificarlos va de tertulia en tertulia afirmando “Que algo habrá que hacer”. Hacer por hacer… por qué no jugar a los bolos o al pinacle. El activismo sinsentido, aparte de ser ilógico, puede acarrear resultados muy negativos. Hay soluciones que empeoran el problema.

Pero dejémonos de zarandajas y de monsergas. Como decíamos al principio del artículo, solo hay una motivación que explique los indultos, mantener en el poder a Pedro Sánchez. Lo que resulta irónico es que el PSOE pretenda proclamarse el único partido que tiene sentido de Estado, cuando está dispuesto a permitir que el Estado se trocee con tal de permanecer en el gobierno.

republica.com 4-6-2021



EL DECRETO-LEY, LAS PENSIONES Y LOS EXPERTOS

ECONOMÍA DEL BIENESTAR, HACIENDA PUBLICA Posted on Sun, June 06, 2021 22:48:55

Todos los gobiernos han usado y abusado del decreto-ley. A pesar de ello, el Tribunal Constitucional ha venido utilizando manga ancha, de manera que ha dejado siempre en manos del poder ejecutivo el determinar si se da la extraordinaria y urgente necesidad que establece la Constitución. Muy burdo ha tenido que ser el comportamiento del actual Gobierno para que el alto tribunal se haya visto obligado a intervenir. Y es que no ha habido ningún otro ejecutivo que haya empleado con tanto descaro y profusión la figura del decreto-ley a la hora de legislar.

La razón habrá que buscarla, primero, en que Sánchez es el presidente de gobierno cuyo grupo parlamentario (el propio, el de su partido) es el más reducido de toda la historia democrática. Y segundo, en que Pedro Sánchez ha demostrado suficientemente que carece de escrúpulos, y que está dispuesto a saltarse cualquier obstáculo que se oponga a sus intereses.

El hecho de que el Tribunal Constitucional haya declarado inconstitucional algunas de las previsiones introducidas en los decretos-leyes por los que se establecía el estado de alarma tira por tierra el argumento del Gobierno acerca de la deslealtad de la oposición al no haber apoyado su aprobación. Aparece con claridad que el Gobierno no ha querido pactar y ha preferido tener las manos libres para introducir en los decretos-leyes todo aquello que le interesaba.

Resulta disparatado calificar de extraordinaria y urgente necesidad el cambio de la ubicación administrativa de los servicios destinados a gestionar las pensiones de los empleados públicos, trasladándolos del Ministerio de Hacienda al nuevo de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La única necesidad que se vislumbraba era la de dar satisfacción al capricho de un ministro deseoso de atribuciones y competencias, competencias que, por otra parte, no sabe muy bien después qué hacer con ellas, como lo demuestran los continuos fracasos en su gestión.

Es posible que hayan sido muchos los funcionarios que hayan recibido con cierto alivio la sentencia del Tribunal Constitucional, no porque en principio sus pensiones tengan un trato de favor con respecto al resto, sino porque los servicios de clases pasivas vienen funcionando sin problemas y con normalidad en el Ministerio de Hacienda, y la experiencia enseña que nunca se sabe lo que puede pasar con el actual titular del Ministerio de Seguridad Social.

Por el contrario, me imagino que muchos pensionistas y futuros jubilados estarán poseídos de cierta intranquilidad puesto que parece que la reforma de las pensiones va a depender del ministro Escrivá. Después del desastre cometido con el ingreso mínimo vital, surgen los peores augurios acerca de lo que vaya a suceder con las prestaciones de jubilación. El primer error cometido en lo que parece ser el proyecto del Ministerio es que continúa considerando a la Seguridad Social como algo ajeno al Estado y hace depender su viabilidad, por tanto, de las cotizaciones sociales, con lo que queda condicionada a los problemas demográficos, a los cambios en el empleo e incluso a las decisiones del gobierno acerca de beneficios fiscales a los empresarios.

El señor Escrivá permanece preso de la separación de fuentes y ha llegado a manifestar en alguna entrevista radiofónica que las pensiones no necesitan de los impuestos para financiarse. Debe ignorar que las cotizaciones sociales constituyen ya una figura contributiva y así se considera en todos los documentos de los organismos internaciones que las sitúan dentro de la presión fiscal como un impuesto más. El señor ministro, arrastrado quizás por el triunfalismo que caracteriza a todo el gobierno sanchista, mantiene que el sistema público de pensiones puede financiarse exclusivamente con cotizaciones sociales. Bien es verdad que lo condiciona a las reformas que proyecta y que se reducen de manera principal a eliminar el desfase que existe entre la edad de jubilación legal y la real. Toda su estrategia de cara a la viabilidad del sistema parece limitarse a retrasar la edad de jubilación.

Este planteamiento prueba que una vez más se contempla la Seguridad Social como algo distinto al Estado, y por eso no se tienen en cuenta los efectos que tales medidas tienen sobre el empleo. El ministro independiente aprecia exclusivamente la posible disminución del gasto en pensiones, sin considerar el incremento que se puede ocasionar en la cuantía del seguro de desempleo o en otros tipos de ayudas y subsidios, a no ser que estemos dispuestos a condenar a los parados a la miseria y a la indigencia.

Cuando se habla de cerrar la brecha que existe entre la fecha legal de jubilación y la real no se debe olvidar que su principal causa se encuentra en los expedientes de regulación de empleo, en  los que se utiliza la jubilación anticipada como un instrumento más destinado a facilitar el acuerdo y el despido de los trabajadores.

Retrasar la edad de jubilación podría tener sentido si estuviésemos en una economía de pleno empleo y no en una sociedad que tiene la mayor tasa de paro de Europa, sin que parezca que ello vaya a cambiar en los próximos años por mucho que el problema se haga desaparecer en ese cuento de Alicia en el país de las maravillas que nos ha presentado el presidente del Gobierno y al que ha titulado Plan 2050.

El ministro independiente, con bastante descaro y en contra del sentido común, asevera que retrasar la edad de jubilación no va a influir en las cifras de paro. Atestigua que todos los estudios lo garantizan. Habrá que preguntar qué estudios utiliza. Deben ser los mismos que empleó para configurar con tanto éxito el ingreso mínimo vital, porque la mínima lógica nos dice que los puestos laborales ocupados por aquellos trabajadores que retrasan su jubilación no pueden ser ocupados al mismo tiempo por aquellos que aspiran a incorporarse al mercado laboral.

Escrivá recurre a unos teóricos estudios, y la ministra de Hacienda, para acometer la reforma fiscal, a los expertos, convenientemente elegidos. Hoy todo el mundo puede ser experto, porque cualquiera puede ser profesor universitario de las innumerables universidades que han ido surgiendo por todo el país. Hasta Pedro Sánchez lo fue con tesis doctoral y todo. Eso sí, regalada y copiada. Y ahora incluso a su señora, Begoña Gómez, la han hecho directora de la Cátedra Extraordinaria para la Transformación Social Competitiva de la UCM. Y tan extraordinaria. Dentro de poco la veremos cómo experta.

También el presidente del Gobierno ha recurrido a los expertos. Eso sí, en mayor cantidad (100), que para eso es el jefe. Le han escrito una carta a los Reyes Magos para 2050, una arcadia feliz donde todo es posible y en la que unas medidas no se oponen a otras. El papel es muy sufrido, lo aguanta todo. Sin embargo, no han debido abundar en la confección del Plan los expertos en Economía porque han prescindido del principio básico que da lugar a la ciencia económica: “Los medios son escasos”. En el Plan no existen las limitaciones. Tan es así que hasta se llega a prometer una herencia pública universal para que los jóvenes puedan comprar una vivienda o montar su propio negocio. Bien es verdad que eso es para el año 2050 y, como decía Keynes, a largo plazo todos muertos. Lo único cierto es que la herencia que recibirán los españoles en 2022 es la de una deuda equivalente al 130% del PIB, unos 30.000 euros per cápita.

republica 28-5-2021



ARMONIZACIÓN FISCAL EN EUROPA Y EN ESPAÑA

HACIENDA PUBLICA Posted on Sun, June 06, 2021 22:43:39

Algunos comenzamos a utilizar la expresión “armonización fiscal” hace muchos años, allá por 1989, coincidiendo con la aplicación del Acta Única en la Unión Europea. Hasta entonces, el Mercado Común era eso, un mercado, un espacio de intercambio de productos y servicios, una unión aduanera. La aprobación del Acta Única significó un salto trascendental. Entre otras cosas, se aprobó la posibilidad de que los factores de producción (la mano de obra y el capital) se moviesen entre todos los países sin ningún obstáculo.

Europa comenzaba a ser un pato cojo. Iniciaba un proceso de asimetría que se acentuaría con la Unión Monetaria. Mediante el Acta Única se aprobaba la libre circulación de capitales, pero se mantenía la fiscalidad intocable en manos de los Estados nacionales. La trampa era evidente. Con tal medida el capital puede huir de los Estados con mayor carga fiscal dirigiéndose a aquellos con sistemas tributarios más permisivos. Los países entran en una especie de competición para ver quién baja más los impuestos, y no solo evitar así la fuga de capitales, sino también lograr atraerlos. Los sistemas fiscales de todas las naciones van transformándose poco a poco y perdiendo progresividad. Los impuestos directos han ido reduciéndose a favor de los indirectos. Incluso se han permitido paraísos fiscales dentro de la Unión.

Ya desde el mismo año de 1989 hemos sido muchos los que hemos reclamado una armonización fiscal entre los países miembros como el complemento necesario a la libre circulación de capitales. Sin embargo, poco se ha avanzado en esta materia. En Europa, todo acuerdo en temas fiscales debe adoptarse por unanimidad, lo que hace casi imposible cualquier paso adelante. Quizá la armonización solo se ha producido -en muy pequeña medida y solo parcialmente- en el impuesto sobre el valor añadido (IVA), lo que indica muy claramente cuál es la única preocupación de la Unión Europea, el mantenimiento de la libre competencia y el correcto funcionamiento de los mercados.

En España se ha producido cierta paradoja. Al tiempo que se criticaba en la Unión Europea la divergencia fiscal entre los países, se desmembraba el sistema impositivo español transfiriendo competencias a las Autonomías. El primer paso en esa dirección fue el reconocimiento en la Constitución del sistema de concierto del País Vasco y de Navarra, sistema económico más propio de la Edad Media que de la época actual y que incluso ha sido denunciado por Bruselas por ser un régimen que origina una competencia desleal, lo cual no deja de ser irónico tratándose de la Unión Europea, espacio en el que domina el dumping fiscal y subsisten paraísos fiscales como Irlanda o Luxemburgo.

Posteriormente fueron las sucesivas cesiones de capacidad normativa a las Autonomías del régimen común. Era un requerimiento constante de los nacionalistas, especialmente de los catalanes, pero no solo de ellos. El nacionalismo ha terminado por contagiar a todos los políticos de ámbito regional, sean del partido que sean. Lo peor es que esa cesión afecta a los principales impuestos directos: renta, patrimonio y sucesiones (y sociedades en el País Vasco y Navarra), estableciendo una competencia desleal entre las regiones. La situación actual es que la carga fiscal no es igual en las distintas Autonomías. No todos los españoles pagan los mismos impuestos. Y el mapa fiscal de España resulta de lo más heterogéneo, no solo en los tipos sino también en las deducciones. Cada Autonomía ha decidido primar las cosas más variopintas, a través de la concesión de beneficios fiscales.

Si la diversidad de gravámenes y el consecuente dumping fiscal tienen efectos perniciosos cuando se realiza entre países, tanto más cuando se da entre Comunidades Autónomas. No deja de ser irónico que primero hayamos fragmentado el sistema fiscal español y hablemos ahora de abordar la armonización. No sería necesario armonizar nada si los impuestos continuasen siendo estatales. Con todo, lo más paradójico es que sean los nacionalistas catalanes los que exijan la armonización. Uno no sale de su asombro cuando escucha a Rufián quejarse de que en la Comunidad de Madrid se paguen menos impuestos que en Cataluña y que pida al Estado central que establezca una tributación mínima en los tributos que gestionan la Comunidades, es decir, que retroceda en la autonomía fiscal tan querida y reclamada por los nacionalistas catalanes. El mundo al revés.

Nadie puede dudar de que quienes llevamos más de treinta años reclamando la armonización fiscal en Europa y denunciando la contradicción que significa su ausencia en una economía donde existe la libre circulación de capitales por fuerza tenemos que defender la armonización fiscal en España. Más aún, para ser coherentes debemos estar en contra de la parcelación que se ha hecho del sistema fiscal español y abogar por que se retire la capacidad normativa a las Autonomías. Y con mayor razón tendremos que criticar lo que constituye la amputación mayor del sistema, el régimen del concierto vasco y navarro.

No tienen razón los que para justificar la bajada de impuestos repiten sin cesar que aquellas Comunidades con menor presión fiscal recaudan al final más. Puede ser que en algunos casos sea así, pero ello es tan solo porque roban un trozo de la tarta al vecino. Una Autonomía que reduzca, por ejemplo, el gravamen del impuesto de patrimonio puede atraer contribuyentes de otras Comunidades e incrementar por tanto la recaudación por IRPF, de tal manera que compense con creces los ingresos perdidos con la disminución en el impuesto de patrimonio. Pero se habrá dañado la progresividad del sistema fiscal y la recaudación global será menor.

En principio, no habría nada que objetar al hecho de que un gobierno central se decida a armonizar la fiscalidad de las Autonomías. Es más, parecería lógico que una de sus funciones principales fuese la de armonizar no solo la fiscalidad sino otras muchas materias, como la educación, la sanidad o incluso los sueldos de los funcionarios y altos cargos que ejercen tareas idénticas o similares en las distintas Comunidades Autónomas. Sin embargo, hay algo que no cuadra: que sea precisamente el sanchismo el que lo plantee, un gobierno que se apoya y subsiste gracias a los nacionalismos y regionalismos de todo tipo y que no suele dar un paso que pueda incomodar a los nacionalistas.

La explicación puede ser que en este caso el nacionalismo, al menos el catalán, se haya puesto al frente de la manifestación, lo cual -tal como hemos dicho- sería totalmente contradictorio, si no vislumbrásemos que detrás hay segundas, terceras y cuartas intenciones. Porque, ¿qué armonización se exige? No ciertamente  la de asimilar los regímenes forales a los de régimen común, donde sin duda se da la máxima injusticia y desigualdad, sino que el único objetivo que parece perseguirse es atacar a Madrid, (que el nacionalismo identifica al resto de España), aunque para ello deba renegar y abdicar de sus exigencias anteriores.

La armonización fiscal entre Comunidades es un objetivo loable. Pero se contamina cuando se proyecta únicamente como una parte más de la ofensiva contra la Comunidad de Madrid, y contra los madrileños, lo que, según parece, se está convirtiendo en el deporte preferido de este Gobierno. Planteada así, obstaculiza el acuerdo y el consenso entre Comunidades, y hace más difícil su aceptación por los ciudadanos.

republica.com 21-5-21



UNA ERRATA DE SEIS LÍNEAS

HACIENDA PUBLICA Posted on Tue, May 18, 2021 00:11:33

Tengo la peor opinión posible de la burocracia de Bruselas. Pero, por muy ineficientes que sean, tal como han demostrado con las vacunas, o por mucho que se muevan por las presiones de los diferentes lobbies, me imagino que no habrán tenido más remedio que quedarse pasmados cuando un gobierno rectifica una de las medidas incorporadas en el Plan de Recuperación tan solo dos días después de habérselo enviado. Razón: que se había filtrado a la prensa. Y es que el plan se ha elaborado, aprobado y remitido a la Unión Europea con total opacidad, escondiendo a la sociedad española las medidas previstas. Ha bastado que se conociese una de ellas para que el Gobierno se corrigiese a sí mismo. Aun peor, la ministra de Economía pretende convencernos de que se trata de una errata de imprenta. ¿Una errata de varias líneas y con justificación añadida y todo?

La medida aprobada y después rectificada consiste en eliminar la deducción en el IRPF a la que hasta ahora tienen derecho los matrimonios que deciden declarar de forma conjunta. La mayoría de los contribuyentes prefieren hacer individualmente la declaración, puesto que el resultado suele ser más favorable al no jugar la acumulación de rentas con el correspondiente impacto negativo de la tarifa progresiva. Solo cuando uno de los miembros de la pareja no trabaja o sus ingresos son muy reducidos sale a cuenta optar por la declaración conjunta, siempre, claro está, que la deducción se mantenga.

Hay que concluir que la eliminación de esta deducción (a pesar de que actúa sobre la base) es fuertemente regresiva debido al colectivo afectado, ciudadanos de rentas bajas o medias bajas. Casi el 80% de ellos tienen ingresos inferiores a los 30.000 euros anuales, y es en el intervalo de 12.000 a 21.000 euros anuales donde se concentra el mayor número de ellos.

Lo más chusco es el bloque del plan en el que se ha incorporado la medida. No es en Hacienda, ni en reforma fiscal, ni en las modificaciones tributarias, como sería de esperar, sino en el apartado de políticas de igualdad de género. Emplean un argumento falso y peligroso. Afirman que este beneficio fiscal desincentiva la incorporación de la mujer al mundo laboral. La medida supone que las que no trabajan lo hacen voluntariamente y no obligadas por las enormes cifras de paro.

El argumento empleado esconde, bajo una capa de progresismo feminista, la similitud con uno de los raciocinios más regresivos usado a menudo por el neoliberalismo económico. Frecuentemente hemos tenido que escuchar que el seguro de desempleo y otros tipos de ayudas y subsidios desincentivan la búsqueda de empleo, por lo que deben desaparecer o quedar reducidos a la mínima expresión. Los parados lo son porque quieren. Las mujeres se quedan en casa por vagancia y la deducción les da facilidades económicas para adocenarse.

El Gobierno, para justificar la medida, recurre en el Plan de Recuperación a un principio que ha venido siendo siempre la carcoma de los sistemas fiscales: “Un sistema tributario moderno no debe servir exclusivamente para procurar unos ingresos que financien el gasto público, sino que debe contribuir directamente a potenciar el impacto de las políticas propias, sirviendo de catalizador para lograr transformaciones en ámbitos como la igualdad de género, la atención a la discapacidad, la conservación del medio ambiente o la protección de la salud”. Para tratarse de una errata, emplean una justificación un poco larga.

La pretensión de utilizar los tributos para múltiples objetivos origina el deterioro de sus funciones propias. Dos son las aspiraciones fundamentales que debe tener todo sistema fiscal: la suficiencia recaudatoria, para atender a los gastos públicos, y la progresividad, que facilite la ejecución de una política redistributiva y colabore a reducir la desigualdad social y a combatir la acumulación capitalista. No obstante, la tentación de utilizar los impuestos para otras muchas finalidades ha convertido al sistema fiscal en el bálsamo de Fierabrás que vale para todo.

Pero lo cierto es que los efectos económicos de los impuestos son muy aleatorios y de difícil determinación, y su signo depende generalmente de una gran diversidad de variables; por ello resulta muy arriesgado diseñar una política fiscal en función de estos objetivos. Existe una alta probabilidad de que no se consigan e incluso de que produzcan efectos contrarios a los deseados. De lo que no cabe duda es de que irán en detrimento de la finalidad principal de los impuestos: la redistribución de la renta. En la mayoría de los casos se tiene la sospecha de que todos los otros objetivos no son más que el pretexto para desactivar un sistema fiscal fuerte y progresivo con el que no se está de acuerdo.

Quizás el caso más generalizado radique en los incentivos fiscales para estimular el ahorro. En realidad, supone una especie de eufemismo para señalar de forma más amable y menos chirriante a las rentas de capital, y discriminarlas positivamente con respecto a otros tipos de renta. El objetivo que se persigue no es estimular el ahorro, tal como se dice, sino conceder un trato de favor a los ingresos financieros. Por otra parte, no está claro que para reactivar la actividad económica sea el ahorro la variable a incentivar. En muchas ocasiones es más bien el aumento del consumo lo que puede impulsar el crecimiento. Lo que sí es seguro, ciertamente, es que los llamados estímulos al ahorro dañarán la progresividad del sistema fiscal.

Hasta ahora la propuesta de este tipo de medidas provenían del pensamiento conservador o del círculo del neoliberalismo económico, pero, por lo que se ve, en los últimos tiempos este comportamiento ha sido copiado por grupos progresistas. Solo que cambian los objetivos. En lugar de potenciar el ahorro o la inversión plantean la igualdad de género o combatir el calentamiento global, finalidades muy loables, pero no a costa de reducir la progresividad del sistema fiscal. Otros procedimientos habrá para conseguirlos.

La eliminación de la deducción por tributación conjunta se propone para potenciar la incorporación de la mujer al mundo laboral, objetivo que difícilmente se va a lograr por este camino, dadas las enormes tasas de desempleo. Ahora bien, lo que por el contrario sí se va a lograr con toda seguridad es dañar la progresividad del tributo y, por lo tanto, incrementar la desigualdad entre clases o grupos sociales. Pero parece que últimamente la única desigualdad que preocupa es la de género.

Algo parecido ocurre con los impuestos verdes, tan en boga en este momento. No sé si tendrán impacto sobre el medio ambiente, pero desde luego lo van a tener sobre la progresividad del sistema. La mayoría de estos tributos son indirectos y poseen un claro carácter regresivo. No solo es que sean proporcionales y carezcan por tanto de progresividad, sino que la mayoría de ellos inciden más sobre los contribuyentes de menores rentas. Buen ejemplo de ello lo tenemos en casi todas las modificaciones fiscales planteadas en el Plan de Recuperación bajo el titulo ampuloso de “Adaptación del sistema impositivo a la realidad del siglo XXI”. Y es que por lo visto lo que la modernidad exige es incrementar la desigualdad social.

republico.com 14-5-2021



DE FÚTBOL, BANCOS E IMPUESTOS

HACIENDA PUBLICA, SISTEMA FIANCIERO Posted on Mon, May 17, 2021 23:57:45

En plena campaña electoral de Madrid, un tema ajeno al debate político logró hacerse un hueco relevante en los medios de comunicación. Me refiero a la creación de la supercopa. No sé nada de fútbol y, si me apuran, tampoco de otros deportes. Me pierdo entre la FIFA, la UEFA, las ligas, el Comité Olímpico y otros chiringuitos, tanto en el orden nacional como internacional. Pero no se necesita saber mucho para llegar a la conclusión de que son organismos o sociedades privadas con muy poca transparencia, libres de todo control y carentes de cualquier mecanismo democrático, sin que se conozca muy bien mediante qué medios se designan sus órganos directivos y por qué los emolumentos y prebendas de sus miembros son tan desproporcionados, sin que los poderes públicos hayan puesto nunca orden dentro de este enjambre de oligarcas.

Así que cuando escuché la noticia de la creación de la supercopa realicé mi propia composición: unos aprovechados que pretendían dar un golpe de mano a otros aprovechados y que no han tenido éxito. No había que darle mayor importancia. Pero he aquí que escucho unas declaraciones de Florentino Pérez afirmando que el fútbol está en peligro, que muchos clubs pueden desaparecer porque tienen una deuda que no pueden soportar; y hay que suponer además que se refería principalmente a los equipos importantes.

Mi extrañeza fue enorme, porque casi todos nos hemos quedado estupefactos y un poco escandalizados cuando la prensa ha publicado las primas y las retribuciones de ciertos futbolistas. Incluso habrá quien haya pensado sobre lo rara que es esta sociedad que retribuye de forma tan desigual al que se dedica a dar patadas a un balón respecto a los que, por ejemplo, se juegan la vida salvando a otras personas en un hospital en tiempos de pandemia o a aquellos que tras años de investigación descubren algo que puede beneficiar considerablemente a la humanidad.

Pero, ante estas reflexiones, no faltará quien nos aleccione en tono didáctico acerca de que una cosa es el valor y otra el precio, que rara vez coinciden, como lo ilustra el clásico ejemplo del aire y el oro. El precio no depende del valor intrínseco de la cosa, sino del mercado, de lo que se esté dispuesto a pagar por ella, de su escasez. Pero ahí es donde cruje el discurso de Florentino, porque si los clubs están al borde de la quiebra solo puede ser porque han pagado mucho más por el fichaje de ciertos futbolistas que lo que van a percibir por ellos. La solución para no quebrar es relativamente sencilla, como en cualquier economía, no gastar más de lo que se puede.

En cuanto a las deudas contraídas por los equipos de fútbol, que serán principalmente ante las entidades financieras, surge alguna que otra pregunta. ¿Por qué los bancos han asumido estos riesgos? Tal vez porque intuyen que en caso de insolvencia las Administraciones públicas no van a dejar caer un equipo que tiene un valor emblemático para una ciudad, o para un determinado territorio. Terminarán saneándolos de una o de otra manera, directa o indirectamente mediante operaciones urbanísticas, con tal de que no desaparezcan. ¿No sería lógico entonces que el Estado tuviese algo que decir en todo este tinglado del fútbol, sobre todo en lo que se refiere a la vigilancia de las insolvencias?

Hablando de retribuciones astronómicas y escandalosas, también por esas fechas, en medio de la campaña electoral, varios ministros, entre ellos la de Economía, han denunciado el contraste que se da en los bancos entre las retribuciones de sus ejecutivos y los ERE que piensan acometer con miles de despidos. Calviño, sin duda, tiene razón excepto por un pequeño detalle: se le ha olvidado que ella es la ministra de Economía y vicepresidenta segunda del Gobierno y, por lo tanto, tiene mucho que decir -y más que decir, hacer- en estos asuntos.

Ciertamente, los sueldos que se han adjudicado los ejecutivos de las entidades financieras son obscenos, pero hay que añadir enseguida para ser justos que no son exclusivos de ellos y que afectan a la totalidad de las grandes compañías. El abanico de las retribuciones dentro de las empresas se ha ido ampliando a lo largo de los años hasta niveles que hoy parecen indecentes e inmorales, convirtiéndose en una de las principales causas (no la única) del incremento de la desigualdad en la sociedad.

Podríamos recurrir de nuevo a la diferencia entre valor y precio; pero tampoco parece que aquí sea el mercado el que determina la cuantía de las retribuciones. Por más que intenten justificar lo  contrario, en la mayoría de los casos no existe correlación entre las remuneraciones de los ejecutivos y los beneficios de las empresas. Llevándolo al extremo, solo tenemos que recordar los altos sueldos de algunos directivos que en la crisis pasada llevaron a sus entidades a la ruina, o el caso más reciente de Abengoa.

Ya sabemos cómo funcionan los consejos de administración de las grandes sociedades y el papel de los consejeros independientes. Conocemos de sobra la forma oscurantista en la que se adoptan los acuerdos y lo poco que pintan los accionistas. No es el mercado el que fija los sueldos, sino el juego de los distintos grupos de poder que dominan la empresa.

En cuanto a la multiplicación de los ERE, la razón habrá que buscarla en que las distintas reformas laborales han ido dando una definición cada vez más laxa de las causas objetivas, en la que cabe casi todo, y deja a las empresas un amplio margen de maniobra para realizar los ajustes que ansían, aunque no sean necesarios para la viabilidad de la compañía, solo para obtener mayores beneficios. En el caso de las entidades financieras, resulta muy dudoso que sea imprescindible el ajuste en la plantilla, al menos en la cantidad que están planteando los ERE.

Es cierto que los avances tecnológicos y la posibilidad de gestionar on line casi todos los productos financieros hacen menos necesarias las oficinas de los bancos, pero eso no quiere decir que tengan que desaparecer o reducirse de tal modo su número y su plantilla que se produzcan importantes insuficiencias en los servicios. Los usuarios tienen ya, y cada vez más, la sensación de que cuando se ven obligados a realizar en los bancos una gestión de manera personalizada se enfrentan a bastantes dificultades, y no digamos los problemas con los que chocan aquellos clientes que no cuentan con Internet o no se manejan con las nuevas tecnologías.

El BBVA acaba de anunciar un ERE de 3.800 de trabajadores y proyecta cerrar una de cada cuatro sucursales; pero las señales de alarma han sonado, sobre todo, cuando Caixa Bank, como consecuencia de la absorción de Bankia, ha hecho pública su intención de mandar al paro a 8.291 trabajadores provenientes solo de sucursales, sin contar los posibles despidos de servicios centrales. Ha sido principalmente este último anuncio, que además ha coincidido con una subida de sueldo sustancial de sus ejecutivos, el que ha originado las críticas de la ministra de Economía y de alguna otra ministra.

El hecho es curioso porque ha sido el Gobierno el que ha propiciado la fusión entregando Bankia a Caixa Bank, lo que ha debido de ser muy provechoso para la segunda entidad, pero no estoy nada seguro de que lo haya sido también para el Estado. En cualquier caso, el Gobierno podría haber introducido en el acuerdo de fusión la condición de que la nueva entidad no pudiese aprobar ningún ERE en un periodo determinado. Sin duda, la justificación de los despidos choca con la noticia de que el nuevo presidente de la entidad se ha triplicado el sueldo, y con él otros 26 ejecutivos van a ver incrementadas sustancialmente sus retribuciones.

El motivo aducido es la necesidad de equilibrar los sueldos de los directivos de las dos entidades fusionadas. Bankia, al estar intervenida por el FROB, los tenía congelados. En cierto modo, la dirección de Caixa Bank, puede estar en lo cierto cuando, como contestación a la ministra, ha afirmado que sus sueldos -los de Caixa, no los de Bankia- son los que están a nivel de mercado. Quieren decir que están en consonancia con el que pagan otras entidades financieras. Sin embargo, eso no significa que lo esté determinando el mercado, como lo prueba el hecho de que planteen al mismo tiempo la necesidad de aplicar un ERE. Lo que los fija son los chanchullos de los consejos de administración y la emulación de unos ejecutivos frente a otros.

Caixa Bank plantea además   que no sería correcto que el Gobierno interfiriese en este tema, a pesar de que el Estado mantiene a través del FROB el 17% de las acciones de la nueva entidad. Las cifras, pero no solo en la banca, son desde luego escandalosas. En algunos casos alcanzan, englobando todos los conceptos, varios millones de euros anuales. La parte socialista del Gobierno, que yo sepa, nunca había criticado esta situación ni había propuesto ningún mecanismo de limitación. Por el contrario, desde Podemos sí han planteado en algunas ocasiones poner un tope a las retribuciones, lo que desde el sector bancario se considera una injerencia inaceptable. No lo calificaría yo así, pero sí que es una medida que carece de finura y, por lo tanto, puede introducir en la economía distorsiones, al no poderse aplicar con la generalidad necesaria.

Al mismo resultado se llega por otro camino. Si se quiere, la solución existe desde hace mucho tiempo y no hay que inventar nada. Habrá que acudir al sistema fiscal, al IRPF y a la tarifa progresiva. Se trata de ampliar hacia arriba tantos tramos como sean necesarios, cada uno de ellos a un tipo marginal mayor, de manera que a determinados niveles se desincentive totalmente la subida de sueldos al quedarse Hacienda con la mayor parte del incremento. Los datos indican que, en Europa, hasta 1980, cuando existían tipos marginales máximos considerablemente altos (en algunos países del orden del 80 o 90%) los sueldos de los grandes ejecutivos se mantuvieron moderados; sin embargo, a partir de los ochenta, y a medida que se reducía la progresividad del impuesto de la renta, disminuyendo los tipos marginales máximos, las remuneraciones de los ejecutivos comenzaron a desbocarse hasta los niveles actuales.

En España, hoy, tocar el tema de los impuestos es meterse en un hormiguero. Los comentaristas políticos, tertulianos, articulistas y todos los que crean opinión, reaccionan de forma histérica y con total irritación. Lo cierto es que, con la coyuntura actual y el nivel que va alcanzar el endeudamiento público, la subida de impuestos es ineludible. Se va a producir sí o sí. La única duda es qué tributos van a incrementarse si los regresivos o los que son progresivos. Por lo que se ha publicado del Plan de Recuperación claramente los indirectos y regresivos.

Puede pensarse que la modificación de la tarifa del IRPF anterior es un tema secundario, sin demasiado impacto en la recaudación. Quizás sea cierto que su capacidad recaudatoria es muy baja, pero afecta sin duda a la equidad en la distribución de la carga tributaria. Ver que las rentas altas tributan de acuerdo con sus ingresos parece una condición necesaria para que los ciudadanos asuman una mayor presión fiscal. No parece lógico que la escala progresiva del impuesto sobre la renta termine en 60.000 euros (el último añadido a 300.000 euros es un pastiche que eleva solo en dos puntos el tipo marginal máximo). Hay que recordar que a principio de los ochenta este tipo en España estaba fijado en el 65% y la tarifa tenía 36 tramos. No obstante, conviene añadir que el primer paso tendría que ser retornar a una tarifa única, es decir, que las rentas de capital vuelvan a unirse con las de trabajo.

republica.com 7-5-2021



LA CHAPUZA FISCAL DE LOS ERTE Y DEL INGRESO MÍNIMO VITAL

ECONOMÍA DEL BIENESTAR, HACIENDA PUBLICA Posted on Mon, May 17, 2021 23:45:28

Los desafueros y desatinos de un gobierno pueden cometerse de forma consciente, motivados por el propio beneficio y por objetivos bastardos, pero también se pueden deber a la propia ineptitud o incompetencia; nunca se sabe qué es más grave. Se trata de la clásica alternativa entre la maldad y la estupidez, y resulta difícil apostar sobre cuál de ellas puede producir resultados peores.

Este año, la Administración tributaria va a tener que soportar una importante carga adicional de trabajo, que sin duda la alejará de cometidos más provechosos en la persecución del fraude fiscal y -lo que puede ser aun peor-, un número considerable de ciudadanos, pertenecientes precisamente a las clases menos favorecidas y con menores conocimientos, se van a ver sorprendidos con una obligación administrativa para la que no están preparados y que no esperaban, y muchos de ellos, además, con una deuda tributaria con la que no contaban. Me refiero a las personas que durante la pandemia han estado en ERTE y las que han cobrado el Ingreso Mínimo Vital  (IMV).

El impuesto sobre la renta es un tributo personal, universal y progresivo que gira sobre la totalidad de las rentas del contribuyente. De ahí la necesidad de que cada uno de ellos (a pesar de que en las distintas fuentes de renta los pagadores hayan ido haciendo retenciones que ingresan posteriormente al fisco) tenga que hacer una declaración anual en la que habrán de englobar todos sus ingresos. Según las especiales características personales y familiares y, por tanto, las deducciones que correspondan al contribuyente, así como la tarifa progresiva y las retenciones practicadas, el resultado de la declaración será o bien positivo con la correspondiente cuota diferencial e ingreso en el fisco, o bien negativo con la consecuente devolución de Hacienda.

La Administración tributaria optó, hace ya muchos años, aun a costa de perder información, por liberar lo más posible a las rentas bajas de la obligación de declarar; al tiempo que se eximía ella misma de una carga de trabajo no demasiado productiva, para poderse dedicar a otras labores mucho más rentables en la persecución del fraude. Actualmente, están exentos de hacer la declaración del IRPF aquellos contribuyentes cuyas rentas de trabajo sean inferiores a 22.000 euros, que provengan además de un solo pagador o la cuantía de la segunda retribución o sucesivas no superen en total los 1.500 euros, y siempre que las rentas de capital, si las hubiere, estén por debajo de 1.600 euros. La condición de que haya un solo pagador tiene su razón de ser en que, al conocer este la totalidad de los ingresos, las retenciones que aplicará estarán en consonancia con la tarifa progresiva.

Cuando hay más de un pagador la cosa cambia, puesto que cada uno de ellos solo conoce una parte de la renta del contribuyente y no es posible, por lo tanto, aplicar la progresividad. El límite para no declarar se sitúa entonces en 14.000 euros, que viene a coincidir con la exención mínima del gravamen, puesto que la tarifa tiene un límite exento de 12.450 euros, al que habría que añadir las deducciones de carácter general.

Los trabajadores que durante 2020 han estado en un ERTE han contado con dos pagadores, la empresa correspondiente y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). La gran mayoría de ellos, al comenzar la campaña del impuesto sobre la renta, se han encontrado con una desagradable sorpresa, la obligatoriedad de hacer declaración, a lo que muy pocos estarían acostumbrados y -lo que aún es peor- se ven en la necesidad de tener que ingresar en Hacienda unas cantidades que no tenían previstas. Ciertamente, eso no significa que el gravamen que tengan que soportar sea mayor que si hubieran continuando trabajando en sus empresas, sino que ahora tienen que pagar una cuantía que el SEPE no les había retenido; pero ello no les libra del sobresalto y de que no se desestabilice todavía más su maltrecha economía.

Se dirá que constituyen un caso más, y que en la misma tesitura se encuentran todos aquellos que a lo largo del año hayan tenido dos o más trabajos, pero en estos supuestos no se puede evitar la duplicidad de pagadores y además no conforman un colectivo más o menos homogéneo de tres millones y medio de personas. En el asunto de los ERTE, el problema se podía haber obviado de manera sencilla. Solo hubiese sido necesario que el SEPE hubiese continuado realizando la misma retención que venían practicando las empresas, ya que contaba con toda la información requerida. Por otra parte, hay otra diferencia que justificaba la retención, el hecho de que, en teoría, los ERTE constituyen una situación provisional, y se supone que transitoria, aunque bien es verdad que está a punto de convertirse en algo crónico o permanente.

Mayor gravedad, si se quiere, tiene lo referente al IMV. Los perceptores del IMV (parece ser que al final serán unos 460.000) van a tener que hacer la declaración sobre el IRPF. Lo primero que hay que constatar es que esta obligación no deriva de ninguna norma tributaria, sino que está motivada por la incompetencia de un ministro que se dedica a hacer leyes desde el despacho desconociendo totalmente la realidad. Me consta que desde la Agencia Tributaria se han hecho gestiones para que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (mucho nombre para ser en realidad la mitad de un ministerio) eliminase tal exigencia, pero por supuesto con escaso éxito, y es que en realidad es imposible la supresión porque, por desgracia y por ineptitud, esta obligación está en la base de la ayuda tal como se ha diseñado.

Contra toda lógica, y me extraña que apenas se haya señalado, esta prestación social, aun cuando no se dice explícitamente, se ha configurado como un impuesto negativo sobre la renta (INR), en cuanto que la cantidad a percibir se fija en cada caso como la diferencia entre una renta garantizada por ley y los ingresos obtenidos por el beneficiario en el ejercicio anterior. De ahí que la declaración del impuesto sobre la renta aparezca como un elemento sustancial de la prestación, y también la que la convierte en totalmente inoperante y difícil de gestionar.

No existe la proximidad necesaria entre la ayuda y la situación de indigencia, ya que su cuantía se determina en referencia a la renta del ejercicio anterior, renta que además se conoce con mucho retraso. Es decir, que la situación económica del beneficiario o beneficiarios del año 2020 será la que servirá para fijar la prestación en el 2022. Ni que decir tiene que en el mundo actual los cambios en la realidad económica se producen con mucha más celeridad. Una gran mayoría de ciudadanos depende económicamente de su puesto de trabajo. Su pérdida ocasiona la pobreza, sin que tengan un colchón de ahorro con el que resistir y cuyo remedio precisa de una inmediatez de la que carece el diseño dado al IMV.

Desde que hace ya bastantes años Friedman propusiera el impuesto negativo sobre la renta (por cierto, de acuerdo con su ideología liberal conservadora, como sustituto de todo otro subsidio o ayuda social) dada su complejidad, ningún país ha optado por implantarlo. Eso sí, ha hecho correr ríos de tinta en tesis universitarias, en informes de gabinetes de estudios, en artículos en revistas especializadas; todo ello desde la pura teoría y con desconocimiento total de la realidad. De todos estos papeles ha debido de beber el ministro independiente y no de la comprensión de la sociedad y del conocimiento de las condiciones sociales y económicas.

Esta figura de protección social, tal como se ha construido, implica que cada beneficiario va a recibir una cantidad diferente, no solo debido a la unidad de convivencia, sino porque de la renta garantizada en la ley hay que reducir los presuntos ingresos que hayan tenido los beneficiarios en el año anterior. Es hacer un traje a medida para cada uno de ellos. Su implantación fue ya un auténtico fracaso (véase mi artículo publicado en estas páginas el 3 de septiembre del año pasado con el título “El patinazo del ingreso mínimo vital”) y, como es de prever, el desatino será aún mayor en la gestión y en el control posterior.

El señor Escrivá ha echado sobre la Agencia Tributaria casi toda la tarea, y no puede ser de otra forma al haber prefigurado la prestación como un INR. No parece que tenga mucho sentido, dado el ingente fraude existente, desviar la atención de esta institución hacia las presuntas defraudaciones de cantidades insignificantes que puedan cometer perceptores que, en teoría, están en situación de pobreza. O bien la Administración tributaria pierde un tiempo precioso que debe dedicar a otros menesteres mucho más rentables desde el punto de vista fiscal, o no habrá nadie que controle esta prestación, constituyendo un agujero negro y las delicias de aquellos beneficiarios que tengan pocos escrúpulos. Desde luego, pocos serán los que acepten trabajos ocasionales- al menos de forma legal-, conscientes de que los ingresos así obtenidos se van a descontar después de la cuantía de la ayuda. Un incentivo importante para la economía sumergida.

Por otra parte, si el colectivo beneficiado es aquel para el que se supone que iba destinada la prestación, muchos de sus integrantes van a tener gran dificultad a la hora de hacer la declaración, aun cuando Hacienda, tal como ha prometido, instrumente medidas para simplificarlo. Incluso habrá quienes ni siquiera se enteren de que existe tal obligación.

En el artículo citado del 3 de septiembre ya señalaba que la palabra más repetida a lo largo del decreto ley era la palabra reglamento, lo que indica la indeterminación y ambigüedad de la norma y la cantidad de puntos que necesitaban desarrollo reglamentario posterior. Pues bien, a estas alturas nada de esto se ha producido.

Esta falta de concreción llega a la propia exigencia de hacer la declaración del IRPF, porque si bien queda clara su obligatoriedad, se mantiene la confusión acerca de cuál va a ser la consecuencia del incumplimiento. Incluso permanece en cierta oscuridad su tratamiento fiscal. El IMV está exento, pero si se acumulan otras ayudas de origen autonómico o provenientes de la Administración local la cuantía a partir de la cual se comienza a tributar, según apunta la Agencia Tributaria, es de 11.279, lo que crea cierta confusión cuando se considera la unidad de convivencia y la posibilidad de que incluso los menores puedan ser titulares de la prestación.

Una de las mayores contradicciones del IMV, tal como está planteado, es que la percepción del subsidio sea compatible con las distintas ayudas – llámense como se llamen-  que las Comunidades Autónomas conceden con la misma finalidad; es decir, que estas no minoren la renta garantizada, del mismo modo que lo hace cualquier otro ingreso. Perpetúa por tanto la desigualdad territorial anterior y la misma situación de caos entre regiones. El ministro Escriva ha venido justificando la creación del IMV en la petición de los organismos internacionales, pero la denuncia de estos se dirigía principalmente contra la disparidad que se producía entre las Comunidades, que es precisamente lo que la nueva ayuda no soluciona.

El IMV no remedia la pobreza e indigencia creadas por los cambios repentinos de la situación económica que se producen en crisis como la actual, y que se derivan fundamentalmente de la pérdida de empleo. Carece de la inmediatez precisa al remitir a las condiciones económicas de los beneficiarios con un desfase de casi dos años (declaración del IRPF). Si la gran mayoría de los casos de necesidad se producen como consecuencia de verse privado del puesto de trabajo, la vía lógica hubiese sido potenciar el seguro de desempleo y ampliarlo todo lo necesario, así como hacerlo extensivo a aquellos colectivos que no tienen derecho a su percepción.

Parece que el IMV esté destinado exclusivamente para los casos de exclusión y pobreza que podríamos llamar estructurales, de larga duración o indefinidos, pero para este objetivo hubiese sido mucho más fácil, lógico y conveniente haber utilizado las prestaciones y ayudas ya existentes en las Autonomías, aprovechar su experiencia, haber obtenido lo mejor de cada una de ellas y elaborar una sola para el conjunto del país, y desde luego mucho más simple y adaptada al segmento de población al que va dirigida. Pero ciertamente eso podía haber creado problemas con las Comunidades Autónomas y, sin duda, era mucho pedir a un Ejecutivo que precisa de los partidos nacionalistas y regionalistas para gobernar.

republica.com 23-4-2021



SÁNCHEZ, CULPAS FUERA

PSOE Posted on Mon, May 17, 2021 23:40:29

Hace aproximadamente un año publiqué, en la editorial El Viejo Topo, mi último libro, “Una historia insólita, el Gobierno Frankenstein”. Tal como indica el título, mi pretensión era narrar la gestación en el tiempo de una realidad tan inaudita como la de que en la España del siglo XXI se hubiese producido un golpe de Estado en Cataluña, que los golpistas desde la cárcel o desde el exilio continuasen rigiendo esa Autonomía y, lo que era mucho más grave, que al mismo tiempo condicionasen y en cierto modo rigiesen el gobierno de España. Las situaciones que se estaban produciendo y, que sin duda se iban a producir, no podían por menos que sorprendernos a todos.

Al finalizar el libro, se desataba la epidemia y se decretaba el primer estado de alarma, que introducía variables nuevas de máxima relevancia, de modo que creí conveniente, antes de publicarlo, añadir un epílogo en el que me preguntaba, sin pretensión de hacer de profeta, cuál sería el impacto de la nueva situación en el segundo gobierno Frankenstein que acababa de constituirse. A pesar de ello, no se podía decir que Sánchez fuese un presidente recién nombrado, llevaba ya casi dos años durmiendo en el colchón de la Moncloa.

Las perspectivas no eran para él especialmente halagüeñas. No había podido ejecutar su propio presupuesto, continuaba con el de Montoro, que tanto había denostado. En 2019 el déficit se había desmandado y, en el intento de ocultarlo, sufrió la corrección y la reprimenda de Eurostat, que en seguida pilló el pufo en las cuentas públicas. Sánchez, que había llegado a la Moncloa por un solo voto de diferencia y apoyándose en un conglomerado de fuerzas difíciles de armonizar, había renunciado ya a elaborar unos presupuestos para 2020. La actividad económica entraba en un proceso de desaceleración, la evolución del empleo comenzaba a cambiar de signo, y todo indicaba que la negativa a subir los impuestos y los propios estabilizadores automáticos iban a complicar más las finanzas públicas. Por último, dar satisfacción a las fuerzas políticas que le habían hecho presidente no iba a ser nada fácil.

En esta tesitura surge la pandemia. Era, ciertamente, una coyuntura inesperada, y que colocaba al nuevo Gobierno en una difícil encrucijada y para la que desde luego no estaba preparado, pero también era posible que Sánchez, y así lo indicaba yo entonces en el epílogo, acariciase la idea de utilizar la crisis sanitaria para ocultar todos sus errores y equivocaciones y convertirla en la coartada perfecta que le permitiese acometer toda serie de desafueros e irregularidades. Podía ser la cortina que encubriese las contradicciones de un gobierno Frankenstein, y le evitase toda crítica, ya que cualquier censura se disfrazaría de deslealtad y de falta de colaboración en la solución de los graves problemas que afligían a la sociedad española.

Se ha cumplido un año y esta última estrategia parece haberse cumplido al milímetro. La única preocupación del Gobierno en la pandemia no ha sido salvar vidas, como repiten a diario, ni minimizar los enormes costes económicos que se derivan de la crisis sanitaria, sino sacar de ella la máxima rentabilidad política. En una primera etapa pensaron que colocándose al frente de la manifestación podían conseguir apreciables beneficios electorales. De ahí el primer estado de alarma y las durísimas medidas de confinamiento aprobadas, sin comparación con otros países, que hundieron la economía más que en ningún otro Estado de la Eurozona. Pero pronto comprobaron su incapacidad para solucionar los problemas que se presentaban, y que los costes políticos podían ser más elevados que los beneficios, con lo que la factoría de la Moncloa acuñó inmediatamente una palabra, la de cogobernanza”. Comenzaba un nuevo periodo que podríamos denominar de “culpas fuera”.

Casi siempre que se ha dado en el plano económico una agrupación público-privada el resultado ha sido el mismo, privatización de beneficios y socialización de pérdidas. Algo parecido representa la cogobernanza sanchista en el ámbito político: los costes los asumen las Comunidades; los triunfos, para el Gobierno. No soy precisamente un defensor del Estado de las Autonomías, pero tengo que reconocer que en líneas generales durante este tiempo las Comunidades Autónomas han estado mucho más a la altura de las circunstancias que el Ejecutivo. Cada una de ellas ha hecho lo que ha podido, incluso sin que Sánchez les concediese los medios necesarios. Es más, en algunas como en el caso de Madrid el Gobierno ha jugado claramente en contra. Se ha producido el resultado lógico, la heterogeneidad y que cada Autonomía aplicase medidas distintas, con lo que el caos ha estado servido.

Sánchez se ha colocado por encima del bien y del mal, como si el tema no fuese con él. Se ha lavado las manos en todos los asuntos que podían ser desagradables, derivando las culpas a las Comunidades Autónomas o incluso a la Unión Europea, como en el caso de las vacunas. Es más, no ha asumido ni siquiera la responsabilidad de las competencias que mantiene totalmente en exclusiva, tales como las referentes al Ministerio del Interior o a los aeropuertos.

El Gobierno es el principal responsable (excepto en el País Vasco y en Cataluña, donde las políticas de orden público están transferidas), de que se cumplan o no las medidas adoptadas, ya que las policías municipales carecen en la mayoría de los casos de medios y capacidad suficiente para conseguir este objetivo. Por ello resulta paradójico que se hayan empleado por ejemplo las fiestas ilegales en Madrid como arma con la que denostar al Gobierno de la capital, cuando la responsabilidad era del Ejecutivo central. El sectarismo ha funcionado de forma llamativa. Los controles han sido bastantes exhaustivos cuando las normas eran las establecidas con carácter obligatorio por el Gobierno o por ese Consejo territorial que Sánchez maneja a su antojo y cuyos acuerdos se han transformado de recomendaciones en preceptos. Sin embargo, las cosas cambian por completo y las fuerzas del orden desaparecen cuando se trata de controlar las medidas impuestas por las Autonomías.

Algo parecido ha ocurrido con las fronteras y con el transporte aéreo, competencia exclusiva del Gobierno central. A diferencia de otros países, España ha sido totalmente renuente a prohibir o al menos dificultar la entrada de extranjeros. Siempre ha ido con retraso. E incluso, cuando al final ha impuesto condiciones como la necesidad de presentar una PCR, no ha hecho nada para controlarlo. La falta de vigilancia es tanto más inexplicable cuanto que la verificación en los aeropuertos no presenta ninguna dificultad al poder realizarse al mismo tiempo que el pasaporte o el documento nacional de identidad. La dejación del Gobierno en esta materia ha sido tan llamativa que ha provocado incluso la crítica de uno de los apoyos del Gobierno Frankenstein, el portavoz parlamentario del PNV. El Gobierno, en su línea, ha tirado balones fuera y responsabiliza a Europa y al Acuerdo de Schengen de su negativa al cierre de fronteras, lo que no tiene ninguna verosimilitud, puesto que han sido muchos los países miembros que lo han puesto en práctica en distintas ocasiones. La misma España mantiene cerradas las fronteras con Portugal.

No es la única vez que Sánchez se escuda de manera tramposa en la UE. Lo ha hecho, por ejemplo, con las rebajas del IVA en las mascarillas y en la factura de la luz. Especial relevancia tiene el asunto de las vacunas. En él se ha plasmado perfectamente la  asimetría que ha presidido todo el plan sanchista: apropiarse de los éxitos y adjudicar a los demás los fracasos. En un acto impúdico de propaganda, el Gobierno etiquetó los primeros paquetes de vacunas que llegaban con enormes carteles en los que aparecía en letras grandes, Gobierno de España; intentó apuntarse el tanto, pero tan pronto vislumbró el notable fracaso que iba a representar el suministro se escudó tras la UE.

Ciertamente, la UE se ha cubierto de gloria en un tema tan sensible. Incluso los que hace mucho tiempo hemos abandonado esa postura bobalicona de admiración hacia ella, y somos conscientes de las enormes contradicciones y lacras de las que está afectada, no podíamos sospechar que el fracaso en este caso fuese tan enorme. Era difícil de prever que una organización con tal poder económico y político fuese incapaz de resolver adecuadamente un asunto, por una parte, de tanta importancia, pero al mismo tiempo relativamente sencillo de gestionar, como han demostrado algunos países cuyo potencial es infinitamente menor que el de la UE.

El retraso en el aprovisionamiento de las vacunas es de una extrema gravedad, y su coste va a ser muy elevado, no solo desde el punto de vista sanitario, sino también económico. Es absurdo que se haya perdido tanto tiempo y esfuerzo en aprobar unos fondos económicos (por otro lado, todavía en el alero) para intentar recomponer la situación económica y a la vez no se haya puesto la diligencia adecuada en evitar la demora en la vacunación, en buena medida responsable del deterioro económico que se va a producir. Sánchez, como viene siendo habitual, se ha desentendido del problema refugiándose en la UE, como si esta organización fuese independiente de los gobiernos y España no fuese el cuarto país más importante de ella.

Durante los meses en los que el abastecimiento de vacunas ha sido un total desastre, Sánchez ha estado totalmente ausente, pero logró desviar la atención mediática del problema principal, la carencia de material, hacia un hecho de mucha menor relevancia, sobre si una u otra Comunidad vacunaban a mayor o menor velocidad. El absentismo de Sánchez se ha traducido también en la ausencia de un verdadero plan de vacunación. Aparte de que frecuentemente ha sufrido modificaciones, se ha elaborado en unos términos tan generalistas que, junto a un suministro del material irregular y caótico, ha conducido a que los colectivos y el orden de los vacunados estén siendo dispares en cada una de las Autonomías.

Sin embargo, en cuanto las vacunas han comenzado a llegar de una manera más regular y en mayor número, a Sánchez le ha faltado tiempo para salir a la palestra en tono triunfalista como si fuese el mecenas que las proporcionaba, para anunciar la vacunación masiva en los próximos meses, con un calendario inventado y sin dar prueba alguna de que se vaya a cumplir. Se fija el famoso 70% para finales del mes de agosto, con lo que se da por perdido el verano, y que en realidad significa una corrección de las promesas anteriores que lo fijaban para finales del mes de junio. Pero Sánchez confía en la falta de memoria de los ciudadanos, con lo que ha convertido su comparecencia en un acto de propaganda orientado a la campaña electoral de Madrid, en la que él es el auténtico candidato, puesto que Gabilondo es tan solo una marioneta como lo fue Illa en el Ministerio de Sanidad y en las elecciones catalanas.

El lavado de manos de Sánchez durante la pandemia ha tenido, en el fondo, un carácter aparente, librarse de todo coste político, porque en realidad ha mantenido casi todo el tiempo el estado de alarma que le permitía, por una parte, situarse al margen, echando toda la responsabilidad sobre las Autonomías, pero, por otra, actuar despóticamente e imponer sus decisiones cuando lo creía conveniente y de acuerdo con sus intereses políticos. El asunto está siendo especialmente llamativo con la Comunidad de Madrid. Sánchez usa la pandemia como arma en su particular guerra con Ayuso, aunque las víctimas sean los madrileños. Resulta sorprendente escuchar a un presidente de gobierno en pleno estado de alarma, y por lo tanto con poderes absolutos, afirmar que Madrid es un desmadre donde se hace circular el virus.

republica.com 16-4-2021



EONOMÍA RECOMENDADA

HACIENDA PUBLICA Posted on Thu, April 15, 2021 22:57:48

Recuerdo que, en tiempos de la dictadura, un viejo profesor de Economía se preguntaba qué tipo de economía era la franquista. Y se respondía a sí mismo: “¿Socialista?, no, desde luego; ¿liberal?, tampoco puesto que la intervención estatal es muy elevada”. Es una economía, decía, recomendada. Las decisiones económicas se encontraban en buena medida motivadas por los intereses privados, según la capacidad que tuviesen para influir en el régimen.

El sector público empresarial entonces alcanzaba un tamaño muy considerable. En él se incardinaban casi todas las grandes empresas del país, desde CAMPSA a Iberia, pasando por Tabacalera o Telefónica, y otras muchas más; la mayoría de ellas con pingües beneficios, que iban a repercutir en ingresos saneados a la Hacienda Pública. Pero, al mismo tiempo y a su lado, al INI iban a parar bastantes de las empresas privadas que ya no eran rentables. De tal forma que el sector público empresarial se acabó convirtiendo en el estercolero del sector privado.

La historia enseña a no repetir los errores. Ahora que está tan de moda eso de la memoria histórica, tendría gracia que aquellos que se empeñan en resucitar el franquismo como instrumento para denostar a sus adversarios políticos sean propensos a repetir las mismas equivocaciones de la dictadura, controlando, por ejemplo, los alquileres o estableciendo una economía recomendada.

Hace algunos meses arreciaba la polémica sobre los presupuestos y el Gobierno magnificaba su relevancia con el objetivo de coaccionar a las otras fuerzas políticas; presentaba la negativa a aprobarlos como un acto antipatriótico y una ofensa a todos los españoles. Ya entonces mostré en algún artículo mi escepticismo acerca de la trascendencia del papel económico que pretendía dárseles, y afirmaba que su importancia para el Gobierno radicaba más bien en la mera apariencia política.

Las partidas importantes del gasto público caminan por derroteros distintos a los presupuestarios, con muchos menos controles, casi sin transparencia, disfrazadas de avales, créditos o participaciones en empresas, y a través de entidades interpuestas. Solo muchos años después terminan luciendo en las cuentas públicas. Recientemente, Eurostat acaba de ordenar que los 38.000 millones de euros -importe de la participación que el Estado mantiene en la SAREB, cementerio de las inversiones inmobiliarias de las entidades financieras de la pasada crisis (hace más de diez años)- se contabilicen como deuda pública, elevando así su montante.

Es por eso, porque antes o después impactarán en el erario público y, por lo tanto, en los bolsillos de todos los contribuyentes, por lo que resulta tan relevante, mucho más que los presupuestos, el hecho de que las decisiones sobre los llamados fondos de recuperación se adopten y se aprueben con todas las garantías políticas. No parece que sea ese el camino que vaya a seguir el Gobierno. El dinero aún no ha venido de Europa e incluso los fondos están sin aprobar todavía. La última actuación del Tribunal Constitucional alemán introduce importantes interrogantes, al menos retrasos. Sin embargo, el Gobierno ha comenzado ya a gastar y a conceder ayudas de Estado a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

El primer caso, el de los 53 millones canalizados hacia la compañía aérea Plus Ultra, está constituyendo ya un ostensible escándalo, pues parece que no se cumple ninguna de las condiciones establecidas para recibir la aportación. No es una empresa estratégica, está muy lejos de ser viable, no está acreditado que sea española y sus principales accionistas emparentados con la cúpula de la dictadura venezolana dan lugar a todo tipo de sospechas acerca de la objetividad en la concesión.

Después de todo el proceso de privatizaciones, la SEPI ha quedado casi vacía de contenido y se muestra incapaz, por tanto, por sí misma de cotejar el cumplimiento de los requisitos por parte de las empresas participantes. Por cierto, la SEPI es una entidad que ha estado descabezada más de cinco meses porque la ministra doctora en medicina y verborrea estaba esperando a ver si su amigo de Sevilla podía retornar al puesto, tras dimitir por estar imputado. Al final no ha tenido más remedio que nombrar a otra persona, por supuesto del mismo clan sevillano.

En el caso de Plus Ultra, la SEPI ha recurrido a tres informes que etiqueta de independientes. El primero de la auditora Deloitte que, tras el penoso papel que las auditorías privadas jugaron en la crisis bancaria pasada, da poca tranquilidad. El segundo, el de una compañía casi desconocida que se define como consultora y a la vez banco de inversiones, regida por un antiguo cargo socialista, León Benelbas, y buen ejemplo de puertas giratorias, que no ofrece mucha garantía ni de competencia ni objetividad. Y, por último, el de la Agencia de Seguridad Aérea (AESA), dependiente del Ministerio de Transporte, cuyo titular es Ábalos, famoso entre otras razones por pasearse por el aeropuerto de Barajas del brazo con la segunda de Maduro y ayudarla a transportar no se sabe cuántas maletas. Con tales informes, el consejo rector de la SEPI dio el visto bueno y elevó la propuesta al Consejo de Ministros, que ha concedido la ayuda de 53 millones de euros, aunque nunca sabremos si la decisión ha sido debida a los informes o más bien los informes han sido elaborados a la carta, en función de una decisión previamente adoptada.

El escándalo de Plus Ultra pone en cuestión todo el fondo de ayudas a las empresas canalizado por la SEPI y establece al mismo tiempo múltiples interrogantes. Quizás la primera pregunta sea cómo encaja en la misma corporación la doble condición de nacional y estratégica. Creíamos que después de privatizar a las grandes empresas del país ya no quedaban empresas nacionales que se puedan llamar estratégicas. ¿Cómo calificar de nacional a una empresa privada? ¿Acaso es suficiente que los accionistas tengan la nacionalidad española? En presencia de la libre circulación de capitales, los accionistas cambian y no hay nada que garantice que la participación del dominio en las empresas permanezca. La línea divisoria a menudo es muy tenue y difícil de reconocer, como se observa, por ejemplo, en el caso de Plus Ultra en el que los defensores de la concesión fundamentan el cumplimiento en el hecho de que la esposa de unos de los dueños venezolanos tiene la nacionalidad española.

Nos venían diciendo que ya no existían empresas nacionales, que todas eran europeas. Bien es verdad que lo mismo nos dijeron sobre los bancos y es claro que a la hora de la verdad cada país continúa asumiendo las pérdidas de sus entidades financieras. La Unión Europea, aplicando uno de sus principales dogmas, la libre competencia, prohíbe toda ayuda de Estado, precepto cuyo cumplimiento ha exigido con todo rigor a lo largo del tiempo. Pero en Europa todo es relativo y sometido a los intereses de los grandes países, especialmente de Alemania. El país germánico, nada más comenzar la pandemia, sin esperar ninguna autorización de la Comisión, se lanzó en apoyo de sus grandes empresas. Europa se ha visto en la obligación de autorizar lo que antes prohibía.

La cuestión es que no hay muchas sociedades españolas que puedan considerarse estratégicas. ¿Podemos mantener que para nuestro país las compañías aéreas Plus Ultra o Wamos tienen tal carácter, después de haber privatizado Iberia? ¿Podemos asegurar que los nichos de mercado que ahora ocupan esas dos entidades no serían ocupados de inmediato por otras compañías? Resulta difícil no sospechar que en España muchas de estas ayudas van a ir encaminadas a empresas en situación crítica, en muchos casos con dificultades económicas anteriores a la pandemia, a la que se va a utilizar como pantalla para salvar entidades poco viables, pero con intereses políticos o partidistas por medio, que en otras circunstancias Bruselas nunca hubiese permitido reflotar.

Y con esto nos adentramos en los criterios de insolvencia y viabilidad. Plus Ultra nunca ha dado beneficios y su patrimonio neto ha sido casi permanentemente negativo. Incluso en el año 2017 estaba en situación de concurso de acreedores, de la que según parece se libró mediante un préstamo participativo de origen muy dudoso concedido por Panacorp, un banco panameño rodeado del oscurantismo propio de un paraíso fiscal. Lo cierto es que todo el patrimonio de Plus Ultra se reduce a un avión en propiedad, ya que el resto los tiene en alquiler.

El problema de solvencia transciende el caso de Plus Ultra para cuestionar gran parte de las ayudas que la SEPI vaya a conceder. Existe el peligro de intentar mantener empresas zombis que, sin viabilidad, antes o después, se vean obligadas a cerrar y que sea imposible que el Estado recupere su participación o su préstamo. Pensemos por ejemplo en Duro Felguera. Podemos retornar de nuevo a una economía recomendada, en la que el sector público empresarial se transforme otra vez en un cementerio de muertos vivientes. Parece bastante incontestable que el sanchismo está utilizando la pandemia como pretexto y excusa con los que justificar lo que en otras circunstancias nunca hubiera podido realizar. Pero presiento que determinadas empresas también van a utilizar la crisis sanitaria para ocultar una situación económica estructuralmente crítica y su falta de viabilidad con el Covid y sin el Covid.

Vengo manteniendo que la socialdemocracia se suicidó hace tiempo, pero hay que afirmar que el neoliberalismo también se está transmutando. Continúa, sí, arremetiendo contra los impuestos y la presión fiscal. Reniega de la función redistributiva del Estado y de los gastos sociales, pero al mismo tiempo reclama enérgicamente su intervención en la economía para que subvencione a las empresas, y estas, igual que garrapatas, se agarran a él como tabla de salvación. Ha desaparecido ese discurso que representaba la piedra angular de la teoría del liberalismo, el de la mano invisible, el de la autonomía del mercado y su capacidad para autorregularse. ¿Qué subsiste de la afirmación de que las crisis tenían un efecto beneficioso porque servían de depurativo, capaz de purgar y limpiar la actividad económica?

El liberalismo, en una especie de darwinismo económico, ha defendido siempre que el mercado y la competencia expulsarían a las empresas no rentables y consolidarían a las viables. De ahí que la Unión Europea, construida claramente bajo principios liberales, prohibiera toda ayuda de Estado. ¿Dónde queda ahora todo ello? El liberalismo ha renunciado a parte de su credo. Ha pasado de rechazar al Estado a convertirse en su principal cliente.

Parece lógico que aquellos comercios y negocios que se hayan visto obligados a cerrar por una decisión administrativa reciban una compensación pública. Pero no parece igual de razonable que tenga que ser el Estado el que salga en ayuda de empresas dependientes de holdings o de fondos de inversión o en manos de importantes accionistas, cuando sus propios dueños no están dispuestos a capitalizarlas. ¿Si estos no apuestan por su viabilidad, debe hacerlo el Estado para cargar con los desechos del sector privado? Por otra parte, cuando la elección se hace por procedimientos poco transparentes siempre queda la duda de qué hay detrás, qué intereses están ocultos, cuánto de economía recomendada.

republica.com 9-4-2021



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