El recibo de la luz ha sido siempre uno de los arcanos más difíciles de descifrar. Gobiernos de derechas y de izquierdas y las distintas compañías eléctricas se han conchabado para que los recibos y las tarifas sean incomprensibles. Desde el Ejecutivo se privatizó alguna de ellas, pero fue comprada -¡oh, paradoja!- por una empresa pública de otro país, es decir, que continúa siendo pública, aunque no española.
Con esto de la liberalización, el mercado se dividió en dos partes, el regulado y el libre. Lo de libre es un eufemismo porque los distintos gobiernos han aprovechado el recibo de la luz para repercutir sobre los ciudadanos los costes derivados de sus políticas erróneas o las subvenciones que daban a algunas compañías eléctricas para primar determinas fuentes de electricidad frente a otras. En realidad, funcionan como impuestos indirectos, con la única diferencia de estar disimulados mediante la factura de la electricidad.
En el mercado regulado el precio de la electricidad (impuestos y recargos aparte) viene determinado por el precio que alcanza en el mercado mayorista. En el mercado libre el precio, en teoría, se establece de acuerdo con lo que hayan fijado contractualmente la eléctrica y el consumidor. Digo en teoría porque las compañías se han lanzado a captar clientes quitándoselos unas a otras, ofreciendo cada una de ellas más ventajas que los demás. Pero la mayoría de las veces las contrataciones se realizan por teléfono, sin que el cliente haya conocido bien los términos y, desde luego, con ignorancia total de la letra pequeña, lo que da el poder a las sociedades, al menos a la hora de la renovación, de cambiar lo establecido en el contrato, obviando en muchos casos avisar al consumidor.
Es frecuente que la contratación de la electricidad se haga conjuntamente con el gas y que sea en el recibo de esta última energía donde aparezcan cargos adicionales sin saberse muy bien el motivo, aunque a menudo se disfrace de asistencia técnica. Todo esto hace que la mayoría de las veces haya sido hasta ahora más rentable para el consumidor pertenecer al mercado regulado que al libre.
La situación ha cambiado con la guerra de Ucrania y con la ineptitud de los mandatarios europeos. Tanto los gobiernos de los países miembros como las autoridades comunitarias, con carácter general, están haciendo esforzadamente el ridículo, al menos mostrando una falta total de previsión. No es solo que en su momento en materia de energía se echasen en manos de Rusia, es que después han presumido y fanfarroneado, prometiendo que en dos días iban a terminar con Putin y que ahogarían la economía rusa; y lo cierto es que es la economía europea la que ahora se tambalea y Putin el que está chantajeando a Europa con la energía.
El precio mayorista de la electricidad está alcanzando precios astronómicos y amenaza con subir aún mucho más en el futuro si, como todo hace pronosticar, el suministro de gas se reduce. El Gobierno español ha sido de los primeros en reaccionar, viendo la amenaza electoral que podía representar la inflación que, paradójicamente, está siendo mayor en España que en países como Alemania, Francia o Italia; pidió a Europa que desvincularan el precio del gas del de la electricidad, poniendo un tope al primero a efectos de calcular el valor del segundo.
No consiguió que la idea fuese aceptada e introducida en toda la Unión Europea, pero al menos logró que autorizasen una excepción para la península ibérica, es decir, para España y Portugal, basándose en que casi constituye una isla energética. Tal como acostumbra Sánchez, retornó de Europa eufórico y triunfalista. El sanchismo anunció a bombo y platillo que esa medida iba a servir para reducir el precio de la electricidad. Este no ha disminuido, sino que ha seguido aumentando, aunque sí es verdad que en menor medida que el de otros países.
Lo que callan, o al menos no publicitan mucho, es la letra pequeña. Alguien tenía que pagar la diferencia entre el precio del mercado del gas y el valor que se ha establecido como máximo para calcular el precio de la electricidad. En este caso no se ha creído conveniente que fuese el sector público el afectado, sino los consumidores. Pero no solo los del mercado regulado, sino también los del mercado libre, que están viendo cómo, sin comerlo ni beberlo, de repente en su factura de la luz aparece un nuevo recargo, el correspondiente a la excepción ibérica.
La suposición que está detrás del razonamiento del Gobierno es que esta medida servirá no solo a los clientes del mercado regulado, sino también a los del libre, porque las compañías, al realizar los nuevos contratos o renovar los antiguos, tendrían en cuenta los precios del mercado regulado. Pero es mucho suponer. Lo cierto es que los clientes del mercado libre ven que el precio que habían pactado con las compañías de buenas a primeras se incrementa sustancialmente por un recargo aprobado por el Gobierno con el que no habían contado.
El sanchismo se apoya en el populismo y en el electoralismo. En su afán por mantenerse en el poder, no solo otorga todas las mercedes que le reclaman los partidos que lo sustentan, sino que está dispuesto a empedrar su gobierno de todo tipo de dádivas sin reparar en el coste. Presenta las concesiones como si saliesen de su propio bolsillo, cuando en realidad los recursos o provienen del presupuesto o, lo que es peor, de forma arbitraria se les hace recaer sobre otros ciudadanos.
Este Ejecutivo hace gala de su política jactándose del dinero que gasta. Sin embargo, la actuación de un gobierno no puede enjuiciarse por la mayor o menor prodigalidad en el gasto público, sino más bien porque asigna los recursos al mejor destino posible. No hay nada gratuito ni sale del peculio de los ministros. Todo tiene un coste. Los fondos públicos utilizados en una finalidad no se pueden usar en otras.
Pero a veces este Gobierno financia sus ocurrencias de una manera aun más censurable, cargando el coste de forma arbitraria sobre otro grupo de ciudadanos. Así está ocurriendo con la excepción ibérica. El beneficio que se concede a los clientes del mercado regulado se financia mediante recargos en la factura de los consumidores del mercado libre. Se da además un efecto perverso. Hay que vender la electricidad a Francia al precio bonificado, sin que se le pueda girar luego el recargo que pagan los consumidores españoles; es decir, que estos terminan subvencionando a los franceses.
Al cabo de seis meses, Bruselas comienza a despertar y a darse cuenta del problema en el que se ha metido y del que no sabe muy bien cómo salir. Sánchez se ha apresurado a proclamar que la Comisión iba a copiar la excepción ibérica, e implantarla en la totalidad de la Unión. Poco le ha durado la alegría porque Bruselas ha desechado rápidamente la idea con el argumento de que eso aumentaba el consumo; pero supongo que no habrá estado lejos de la motivación el hecho de que alguien tenía que asumir el coste, y no parece que en Europa estén dispuestos a repetir el juego trilero de Sánchez.
Este no ha sido el único desengaño que el presidente del Gobierno se ha llevado últimamente en sus ínfulas europeas. A pesar del coqueteo que ha mantenido con el canciller alemán, Macron se ha negado radicalmente a emprender la construcción del gaseoducto MidCat. Bruselas ya se ha echado atrás argumentando que es un asunto privado entre España y Francia.
republica 15-9-2022
