En mi libro, publicado hace casi dos años en El Viejo Topo y titulado “Una historia insólita”, la historia de la gestación del Gobierno Frankenstein, terminaba el relato en la sesión de investidura de Sánchez. No obstante, cuando el libro salió a la calle había hecho ya su aparición con toda su gravedad la epidemia, por lo que creí conveniente añadir un epílogo, en el que se analizaba la situación entonces presente de la economía y me preguntaba por las expectativas de futuro.

Al declararse la crisis sanitaria, hacía poco más de un mes que se había constituido el Ejecutivo; sin embargo, no se podía decir lo mismo de Sánchez, que llevaba ya casi dos años de presidente del Gobierno, con un saldo no precisamente positivo. A esas alturas aún no había conseguido aprobar un presupuesto propio, y 2019 se había cerrado con un déficit desbordado y que había merecido ya una corrección de Eurostat.

La actividad económica había entrado en un claro proceso de desaceleración. El descenso en el número de parados disminuía y todo parecía indicar que podía cambiar de signo. Las características populistas del nuevo Gobierno anunciaban un fuerte incremento del gasto público, sin que, por otra parte, Sánchez se mostrase dispuesto a enfrentarse con una nueva reforma fiscal, consciente de que todo incremento de gravamen sería impopular. Se vislumbraban, por tanto, graves desequilibrios en las finanzas públicas con los consiguientes incrementos en el stock de deuda pública. Todo ello no pronosticaba un panorama de futuro demasiado favorable.

En el mes de marzo se hace oficial la crisis sanitaria y se adueña de toda la actualidad. Se anunciaban ya densos nubarrones en la realidad económica, con resultados probablemente muy negativos. Pero la duda que me planteaba yo en ese epílogo era si no se iban a imputar también a la pandemia los efectos que proviniesen de la incompetencia y la mala gestión del Gobierno, mezclando todo sin discriminación, y que le sirviesen de coartada.

Dos años después, parece que todo ello se ha cumplido y que el Gobierno se ha escondido detrás de la pandemia para justificar sus muchos errores y su ineptitud. Pienso que es innecesario insistir en ello. La crisis sanitaria ha tapado todo y, en cualquier caso, se ha construido un relato que no se corresponde con la realidad. El Gobierno ha disimulado el paro detrás de los ERTE y de los autónomos en cese de actividad y ha presentado tasas malas o mediocres de crecimiento ofreciéndolas como buenas, silenciando que las comparaciones se estaban haciendo con los momentos más bajos de la serie, por lo que los incrementos no tenían la significación que se les pretendía dar.

A lo largo de todo este tiempo el Gobierno se ha dedicado a facilitar unas previsiones de crecimiento contrarias y superiores a las que ofrecían todos los organismos nacionales e internacionales, empeñándose en describir unas perspectivas muy positivas y halagüeñas, mayores que las que se predicaban de otros países. Han intentado por todos los medios mantener este relato falaz, pero la situación resulta ya insostenible. Es imposible ocultar que la economía se desplomó en 2020 más que ninguna otra de la Unión y el doble (10,8%) que la media.

A su vez, el dato provisional de 2021, (5,2%), facilitado por el INE, tira por los suelos todas las perspectivas quiméricas. Deja al descubierto que al principio de 2022 la renta nacional es un 6% inferior que la existente a finales de 2019, lo que coloca a nuestro país a la cola de todos los países de Europa y de la OCDE a la hora de recobrar el nivel de actividad económica que tenía antes de la pandemia. Todas las previsiones apuntan a que, como mínimo hasta 2023, España, a diferencia de los otros países europeos, no recuperará dicho nivel.

Y he aquí que hace dos semanas, Rusia ha invadido Ucrania. Todo hace prever que la economía mundial, y más concretamente la europea, va a recibir un fuerte golpe, pero paradójicamente una vez más da también la impresión de que las tragedias se vuelven a colocar delante de Sánchez para que puedan servir de cortina de humo con la que esconder sus errores y de excusa para explicar los resultados negativos de sus decisiones. El Gobierno sanchista se está situando detrás de la guerra de Ucrania, al igual que durante los dos años anteriores lo hizo tras la pandemia, y pretende aplicar también las mismas tácticas, repartir las responsabilidades cuando las cosas van mal. Por eso ha convocado a la patronal y a los sindicatos para lo que ha llamado pomposamente “un pacto de rentas”.

En cierta forma resulta lógico que se quiera comenzar por ahí, ya que a corto plazo el tema más preocupante parece ser la inflación. No obstante, conviene señalar que los precios ya se habían disparado con anterioridad al inicio de la guerra sin que los Estados supusiesen muy bien qué hacer ante la inflación. Tan inclinado como está Sánchez a echar la culpa a otros, parecería lógico que en esta ocasión responsabilizase a la Unión Europea, en donde en buena medida se encuentra el origen del problema; bien es verdad que esto sería reconocer que la soberanía española está ya cercenada, lo que Sánchez no está dispuesto a hacer.

Con toda probabilidad el problema de la inflación se va a agravar sustancialmente con la invasión de Ucrania; pero no parece que todo pueda solucionarse, tal como piensa el Gobierno, con un pacto de rentas. No obstante, en principio podríamos pensar que tiene su lógica. En el fondo de la inflación se encuentra siempre un enfrentamiento de sujetos económicos porfiando por maximizar su porción en la renta. De manera simple, se habla de retribución de los trabajadores y del excedente empresarial y de cómo ambos participan en la renta nacional. Pero ello es un mero esquema. Cada uno de estos dos colectivos es a su vez enormemente complejo.

Lo que en la contabilidad nacional llamamos retribución de los trabajadores es un conjunto altamente heterogéneo en el que se incluyen desde el temporero más precario hasta los altos ejecutivos de las sociedades del IBEX. Y en cuanto al excedente empresarial la diversidad es aún mayor: desde el beneficio de los empresarios y los intereses de los rentistas, a las rentas mixtas de los autónomos, que en algún caso pueden ser simplemente paro encubierto. Todos, absolutamente todos, peleando por mantener su trozo de pastel o conseguir uno más grande mediante una subida de precios, entendiendo también como tales los salarios y los tipos de interés.

En esta multiplicidad, ¿cómo se puede hablar de pactos de rentas?  ¿Cómo pueden negociar y pactar sujetos tan diferentes e intereses tan distintos? Y ¿quién puede representar a grupos tan híbridos? La patronal y los sindicatos actúan en nombre de tan solo una parte de sus respectivos colectivos; y, además, teniendo en cuenta que nos movemos en mercados libres, tampoco la CEOE puede garantizar que los precios se mantendrán estables. Así que lo que se llama pacto de rentas se reduce en la mayoría de los casos a limitar los salarios, por supuesto no de todos los trabajadores, sino tan solo de los que están sometidos a convenio, en la esperanza de que se moderen los precios. Se trata, en definitiva, de que esa contienda que se denomina espiral inflacionista termine por que los trabajadores, al menos algunos de ellos, acepten su derrota.

Resulta, en consecuencia, lógico que todo pacto de rentas vaya acompañado de medidas fiscales que compensen a la clase trabajadora de ser la perdedora del acuerdo. Así ocurrió en los renombrados Pactos de la Moncloa, con los que se pretendió neutralizar el efecto negativo sobre los asalariados de la deflación competitiva derivada del pacto de rentas con una reforma fiscal en profundidad, potenciando la progresividad y la función redistributiva de la renta.

El sanchismo ha dejado muy claro que no está dispuesto a emprender una tarea de esta proporción, la de deshacer todas las normas regresivas aprobadas en política fiscal durante los treinta últimos años. Sus socios, por muy a la izquierda que se crean, tampoco están en condiciones de exigírselo. Se contentan, todo lo más, con aspectos muy parciales de la política social, tales como los de la vivienda y con medidas quizás contraproducentes.

Todo pretexto ha sido bueno. Primero la epidemia, ahora la guerra. Sin embargo, escudarse en las tragedias carece de toda lógica, pues quizás en estas circunstancias es cuando más se necesitan políticas redistributivas. Los efectos serán positivos o negativos dependiendo de las figuras tributarias empleadas y de los colectivos gravados. Paradójicamente, los únicos impuestos que se han incrementado son los indirectos, especialmente los medioambientales, dañinos en tiempo de crisis y, desde el punto de vista social, regresivos.

El Gobierno ha empleado un mecanismo muy socorrido para echar balones fuera, el de crear una comisión de teóricos expertos. La finalidad ha sido doble. Por una parte, alargan el proceso lo más posible y, por otra, pretenden dotar de una capa de neutralidad y tecnicismo a lo que en realidad son decisiones políticas del Gobierno. El análisis del dictamen de los expertos merece uno o varios artículos en exclusiva, pero de momento nos limitaremos a afirmar que no es precisamente un ejemplo de progresismo.

De las dos finalidades principales y deberíamos decir que casi únicas de un sistema fiscal, suficiencia y progresividad, se fijan exclusivamente en la primera a la que se añade, por presiones del Gobierno, con carácter casi hegemónico, la ecológica. La casi totalidad de los gravámenes que se proponen con esta finalidad tienen efectos regresivos porque inciden en mayor medida sobre las clases bajas. La ecología es cara, casi un lujo para la mayoría de la población. El mismo principio que parece que los expertos del Gobierno han querido colocar en el frontispicio de su trabajo, “el que contamina paga”, tiene mucho más que ver con el neoliberalismo que con la socialdemocracia. La lógica nos llevaría por ejemplo a replicar que el coste de las carreteras debería recaer sobre los usuarios, el de la sanidad sobre los enfermos, el de la educación sobre los estudiantes o sus padres, etc. La doctrina fiscal del Estado Social se encamina por otros derroteros. Es quien más tiene el que debe pagar más.

Los nostálgicos de los Pactos de la Moncloa y defensores acérrimos de repetirlos olvidan, aparte de que Sánchez de ningún modo estaría dispuesto a acometer una reforma fiscal como la que inició Suárez, que entonces no estábamos en la Unión Monetaria ni siquiera en la Unión Europea, con lo que entre otras muchas cosas se pudo devaluar la peseta, que fue lo primero que hizo Fuentes Quintana como introducción a los pactos.

Está extendida la creencia, sobre todo entre los periodistas conservadores, de que, dado que el Gobierno ha estimado los ingresos públicos de acuerdo con previsiones macroeconómicas exageradas, la recaudación será muy inferior a la prevista, con el consiguiente impacto negativo sobre el déficit público. Prescinden sin embargo de la inflación y del aumento que esta va a producir sobre los ingresos. Este error va unido al que se produce con esa afirmación tan reiterada de que la inflación al actualizar las pensiones por el IPC va a elevar el déficit. Se está olvidando que la correlación se estable entre la recaudación impositiva y el PIB nominal, en el que se incluye el elemento precios. La recaudación fiscal va a ser muy superior a la prevista gracias a la inflación, y el déficit, menor a pesar de las pensiones.

Sánchez dice que toda la culpa de la inflación es de Putin. Sin embargo, España presenta un diferencial de dos puntos sobre la Unión Europea, aunque en teoría tendría que ser uno de los países menos afectados. El Gobierno podría reducir los precios, especialmente de la electricidad, del gas, de la gasolina, los gasóleos, etc., disminuyendo así sus cargas fiscales, y compensando esta bajada de recaudación con la subida de los impuestos directos. No parece que esté dispuesto a ello. Demasiado esfuerzo. La Unión Europea profesa el neoliberalismo económico y no está decidida, pase lo que pase, a modificar el mercado de la electricidad. Borrell y la niña Botín han encontrado ya la solución y, como aventajados boys scouts, proponen su buena obra mensual: consumir menos y bajar el termostato. La ministra del asunto afirma que se ha roto el mercado. Lo que han roto, entre España y Europa, es el Estado.  

Republica 17-3-2022