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ARTICULOS DEL 10/1/2016 AL 29/3/2023 CONTRAPUNTO

LA INFLACIÓN, ESTÚPIDOS, LA INFLACIÓN

ECONOMÍA Publicado por JUAN FRANCISCO MARTÍN SECOPosted on Jue, mayo 12, 2022 22:05:28

Hace quince días terminaba mi artículo semanal haciendo referencia a la inflación y a cómo esta se ha disparado en los últimos meses, y sobre todo -y esto es lo más peligroso- a la diferencia que se está produciendo frente a otros países europeos. En marzo, según Eurostat, el índice de precios armonizados en España fue del 9,8%, 2,3 puntos por encima de la media europea. Solo Lituania, Estonia, Letonia y los Países Bajos han acusado una tasa de inflación superior. Sin embargo, países como Francia, Italia, Portugal, Alemania, etc., que son los más significativos para España, presentan subidas de precios bastante más reducidas que la de nuestro país.

Si nos remontamos en el tiempo comprobaremos que ha habido una constante en la economía española, la inflación ha venido siendo superior a la de otros países. La devaluación de la moneda ha tenido que ser frecuente. Era la forma de retornar a una situación de equilibrio en el comercio exterior, que había quedado dañado por la pérdida de competitividad al encarecerse los productos nacionales frente a los extranjeros. Bien es verdad que durante toda la etapa franquista e incluso posteriormente hasta 1986, fecha en la que entramos en la Unión Europea, el Gobierno contaba con la ayuda de medidas proteccionistas, capacidad de poner contingentes y aranceles a las importaciones y subvenciones, y bonificaciones a las exportaciones.

Para un país, mantener un diferencial de inflación con otros países competidores es siempre un problema, pero este se va agudizando a medida que el Gobierno pierde mecanismos de ajuste. En régimen de libre cambio las dificultades aumentan. A su vez, en un sistema de tipos de cambio fijo, el hecho de que el Ejecutivo cuente con medidas de control de cambios no le libra de la devaluación de la moneda, pero sí podrá retrasarla hasta el momento que considere más oportuno. La cosa cambia si hay libre circulación de capitales. En el extremo se sitúa la pertenencia a una unión monetaria, situación en la que no cabe la devaluación de la moneda.  En este caso la diferencia en la tasa de inflación, y la consiguiente pérdida de competitividad, introduce a la economía en una encrucijada escabrosa, de difícil salida y en todo caso con resultados sociales muy negativos.

Es curiosa la postura de los políticos españoles. La gran mayoría estuvieron a favor en su día de la Unión Monetaria, y continúan defendiéndola, pero después pretende actuar como si no existiese y no quieren ver que pertenecer a ella modifica sustancialmente determinadas situaciones o problemas, y sobre todo las posibles soluciones. El dato de inflación de marzo es en sí mismo malo, pero su gravedad se hace mucho mayor al ser bastante superior que el de nuestros posibles competidores y además estar en la Moneda Única.

Es cierto que la diferencia de precios entre los Estados hasta estos momentos no es grande, pero no es menos cierto que, teniendo su origen en una misma causa, la subida del coste de la energía, no hay ninguna razón para estas divergencias. Es más, considerando que la dependencia energética de España con Rusia es de las menores, no tendría por qué ser el país más castigado. Las señales de alarma deberían haber sonado ya, y con fuerza. Sin embargo, no ha sido así, ni el Gobierno parece darle demasiada importancia. Por eso quizás sea muy conveniente echar la vista atrás y analizar las dos últimas ocasiones en que el diferencial de inflación fue lo suficientemente grande como para crear graves dificultades a la economía española.

La primera de estas dos veces sucedió al principio de los años noventa. Aún no existía el euro, pero los países se disponían a crearlo. Entre los criterios de convergencia establecidos por el Tratado de Maastricht y que tenían como finalidad esta preparación, se encontraba mantener fijo el tipo de cambio dentro del Sistema Monetario Europeo (SME), con una pequeña fluctuación del 2,5% hacia arriba y hacia abajo. En el fondo era un ensayo de la futura Unión Monetaria. Es bien conocido cómo el ensayo terminó en un fracaso estrepitoso. Después de un tiempo, la divergencia en la evolución de los precios en los distintos Estados originó que los tipos de cambio reales no coincidiesen con los nominales, lo que lanzó a los mercados a especular contra algunas de las divisas, especulación que ni todos los países juntos lograron sofocar. De manera que se vieron en la obligación de ampliar las bandas de fluctuación al +-10%, lo que era dejar las monedas casi en libre flotación en la práctica.

España se integró en el SME en 1989, al mismo tiempo que se adoptaba la libre circulación de capitales. Hubo quienes mantuvieron que nos incorporamos a un tipo de cambio más alto que el que correspondía. El caso es que, en 1992, cuando estallaron las turbulencias y los ataques de los mercados, la economía española se encontraba en una situación particularmente crítica. La cotización en marcos de la peseta era la misma que en 1987. Pero desde ese año los precios habían crecido en España 22 puntos más que en Alemania, es decir, el país había perdido competitividad vía precios en un 22%. Esa menor competitividad se trasladó de inmediato a la balanza de pagos. El déficit por cuenta corriente ascendió al 3,7%, lo suficientemente alto para que los inversores pensasen que el tipo de cambio de la peseta no era el adecuado, forzando cuatro devaluaciones, tres con Solchaga y una con Solbes (de 1992 a 1995).

Hay quien se preguntará por qué cuatro devaluaciones. La respuesta es sencilla, pero un poco indignante. La razón se encuentra en la cerrazón de un gobierno empeñado en tener un tipo de cambio más alto del que le correspondía y en pretender forzar a los mercados a aceptarlo. Estos no se conformaron hasta que creyeron que la cotización de la peseta era la apropiada. Al final se logró el equilibrio y la economía remontó la crisis, pero eso no significa que no quedase huella. La pérdida de competitividad durante estos años provocó un alto coste en la actividad económica. Aun cuando la competitividad se recobró por las cuatro devaluaciones, el daño estructural estaba hecho y habría de arrastrarse hacia el futuro.

Las cuatro devaluaciones, no obstante, crearon el equilibrio necesario para que Aznar se adentrase en un periodo de bonanza que sirvió de pórtico a nuestro ingreso en la Unión Monetaria en 1999. Durante los años que siguieron, tanto Aznar como Zapatero se vanagloriaron de la buena marcha de la economía, pero era una falsa prosperidad basada en el desequilibrio y en el crédito. En 2008 apareció su verdadera faz. Desde la constitución de la Unión Monetaria en 1999 hasta el 2008 los precios se incrementaron en la Eurozona un 22%, pero en los distintos países miembros siguieron una tendencia desigual. Mientras que en Alemania crecían un 17,42%, en España, Grecia, Irlanda y Portugal lo hicieron en un 34,28%, 35,55%, 35,72%, 30,33%, respectivamente. Era la trastienda de la crisis en Europa.

Concretamente, los precios de los productos españoles se encarecieron con respecto a los alemanes en un 17%, con la consiguiente pérdida de competitividad, y el incremento del déficit en el sector exterior. Este fue aumentando a lo largo de todos esos años hasta que en 2007 se produce un máximo, la balanza por cuenta corriente alcanzó un saldo negativo del 9,8%, cuyo correlato fue un fuerte endeudamiento en el extranjero. El crecimiento en este periodo fue en buena parte a crédito. Los acreedores extranjeros concedieron los préstamos hasta extremos poco prudentes basándose en que la moneda era la misma y por lo tanto no existía riesgo de cambio.

Como ocurre siempre en estos casos, todo resulta muy bonito hasta que estalla, surge el miedo, el capital huye y todos pretenden recuperar los préstamos, la crisis aparece y la economía se hunde. Pero en esta ocasión, a diferencia del año 1992, no fue posible recurrir a la devaluación de la moneda, ya que estábamos en la Unión Monetaria. La salida se hizo mucho más difícil. El problema no fue exclusivo de España; de hecho, países como Portugal, Grecia e Italia, de una manera u otra, sufrieron parecidos apuros.

No es preciso relatar las dificultades de todo tipo que todos estos países tuvieron que padecer. Son de sobra conocidas. La economía española, en concreto, para remontar la crisis, corregir los altos niveles de desempleo y recobrar la perdida de la competitividad, al no poder devaluar se vio sometida a una depreciación interna de precios y salarios con muy graves costes laborales y sociales. Cinco o seis años duró el ajuste hasta que la economía comenzó a recobrarse. De hecho, aún la recuperación no era completa cuando tuvimos que enfrentarnos con la crisis de la pandemia, crisis que no tiene nada que ver con las dos anteriores. Su causa no es económica, sino sanitaria, con sus consecuentes decisiones administrativas.

La crisis del 2008 pasó, pero eso no quiere decir que no dejase su huella y sus efectos negativos. Concretamente, el alto nivel de endeudamiento público. En el 2007 el sector público tuvo un superávit del 1,9%, y el stock de deuda pública alcanzaba un moderado 36% del PIB. Si el enorme crecimiento de la deuda en manos extranjeras estuvo en el origen de la crisis, no fue la pública, sino el endeudamiento privado, a pesar de que nadie le hubiese hablado de él a Zapatero, de lo que se quejó amargamente con posteridad.  Durante la crisis, el sector público se vio en la tesitura de tener que asumir parte de ese endeudamiento privado insolvente, con lo que al final de la recesión el stock de deuda pública superó el 90% del PIB. No solo es esta carga la que se ha trasladado al futuro, sino que las dos crisis citadas, las de 1992 y 2007, han tenido mucho que ver en la configuración de nuestro actual sistema productivo, en nuestra tasa crónica de mayor desempleo y en la baja productividad actual.

Las equivocaciones pueden cometerse, pero repetirlas resulta mucho menos disculpable. Los últimos treinta años nos han enseñado las negativas consecuencias, cercanas a la catástrofe que tiene para nuestra economía dentro de la Unión Monetaria mantener un importante diferencial de inflación con otros países europeos. No sé si la sociedad española podría soportar otra crisis como la del 2007, tanto más cuanto que nos sorprendería en condiciones  mucho peores que las de entonces. Una deuda pública que es del 123% del PIB, en lugar del 36%, y que deja un sector público agónico para cualquier alegría, una productividad negativa, una tasa de paro mucho mayor que entonces y un balance del BCE suficientemente engordado, para que se despierten las presiones de los halcones del Norte. En fin, alguien, ahora, tendría que gritar: “La inflación, estúpidos, la inflación”.

republica.com 21-4-2022



¿QUÉ IMPUESTOS?, ¿QUÉ GASTOS?

HACIENDA PÚBLICA Publicado por JUAN FRANCISCO MARTÍN SECOPosted on Jue, mayo 12, 2022 21:57:21

Existe una cerrazón casi generalizada tanto en la izquierda como en la derecha en materia impositiva. Ante las bajadas y subidas impositivas se adoptan posturas bastante cerriles e irracionales, sin la menor distinción ni análisis. Todo entra en un totum revolutum. Afecta a los políticos, a los periodistas e incluso a algunos economistas que hacen aseveraciones de forma radical sin la menor consideración de las circunstancias y de los instrumentos.

El discurso del Partido Popular y sus aledaños, aledaños que a menudo llegan hasta el PSOE, es mostrenco, todo se soluciona bajando impuestos. Desde el partido socialista se llegó a decir en el pasado que bajar impuestos es de izquierdas. Podemos, por el contrario, mantiene que toda bajada impositiva es anatema, pero me temo que lo afirma sin demasiado estudio ni discriminación. En ese cruce de dogmatismos se pueden producir situaciones un tanto extravagantes como la ocurrida con la bonificación de 20 céntimos por litro de carburante.

El Gobierno se ha negado a instrumentarlo mediante una bajada de impuestos como hubiera sido lo más natural, y ha preferido un sistema totalmente rebuscado. Ha montado la de San Quintín, complicándolo todo. No hay duda de que en el descalabro ha debido de influir su inexperiencia administrativa y su incompetencia en la gestión. Los problemas para las gasolineras han sido muchos y considerables, y absurdamente se ha cargado de nuevo a la Agencia Tributaria con tareas que no son suyas.

Cuesta entender cuál ha sido la razón del Ejecutivo para haber actuado de esta manera tan alambicada. Tal vez un asunto de dogmatismo, el principio de que por razones ecológicas no se pueden reducir nunca los impuestos a la energía. Se trata, por tanto, de hacer pasar de una forma un tanto ingenua una reducción de impuestos por una subvención. Quizás pueda haber otra explicación, el interés político de hacer que aparezca explícitamente que se trata de una ayuda del Gobierno. ¡Qué buenas son las madres ursulinas que nos llevan de excursión!

Claro que desde el otro lado se han escuchado versiones de lo más peregrino a la hora de defender que las actuaciones deberían haberse instrumentado por medio de una bajada de impuestos en lugar de por una bonificación en el precio. Un agudo periodista de esos que están en todas las tertulias, mantenía que era mejor haber empleado la reducción fiscal, ya que, al contrario del gasto, esta no incrementa la deuda pública. Es difícil saber dónde se escuchan más disparates si en el mundo político o en el de la prensa. Bueno, tampoco algunos economistas se quedan a la zaga.

Ni la bajada de impuestos puede ser un tabú ni puede convertirse en la piedra filosofal. Aunque parezca una perogrullada, hay impuestos e impuestos, lo mismo que hay gastos y gastos, y circunstancias y circunstancias, por lo que no valen las generalizaciones. A todo el que propusiera una reducción tributaria o un incremento del gasto público -que como hemos visto en algunos casos son la cara y la cruz de la misma moneda- tendría que preguntársele cuál va ser la contrapartida, contrapartida que, en los momentos actuales, dado el nivel de endeudamiento público, no puede ser distinta que otra variación en los tributos o en el gasto.

Para el pensamiento conservador toda reducción de la carga fiscal es positiva, sobre todo si estamos en crisis porque, según dicen, aumenta la demanda, y por lo tanto la actividad. Pero, si de lo que se trata es de incrementar la demanda, se pueden buscar formas mucho más eficaces. Gran parte del gasto público tiene una propensión al consumo mucho mayor que la mayoría de las reducciones de tributos. Por ejemplo, las pensiones.

Con las pensiones ocurre algo muy llamativo. Los mismos que piden continuas bajadas de impuestos y que están en contra de toda subida fiscal, critican y reniegan de la actualización de las pensiones por el IPC. Sin embargo, no actualizar las pensiones constituye un tributo y uno de los peores, puesto que incide en su totalidad sobre los estratos sociales más bajos de la población. En contra de lo que se dice ahora, no hay pensiones altas. La pensión máxima está plafonada desde principios de los ochenta. Si hay jubilados con rentas elevadas no son precisamente a causa de las pensiones, sino por otros ingresos, por lo general de tipo financiero que, curiosamente, hay cierta renuencia a gravar y a los que en el IRPF se da un trato privilegiado.

La no actualización de las pensiones por la inflación constituye un verdadero impuesto. La subida de precios reduce la cuantía real de las prestaciones e incrementa, y en mayor medida, la recaudación tributaria. Una vez más, los gastos y los ingresos tienden a confundirse. Así ocurre con las pensiones, reducir el gasto, disminuir las prestaciones reales (que a eso se reduce la no actualización) es equivalente a imponer un gravamen.

Los defensores de reducir la fiscalidad recurren a la tan careada curva de Laffer con la finalidad de convencernos del milagro de los panes y los peces: minorando los tributos se recauda más. Su nombre proviene de su creador, Arthur Laffer, un oscuro profesor en la Universidad de Stanford en California, y que habría pasado sin pena ni gloria por la economía, si no hubiese sido por haberse topado accidentalmente en un restaurante chino con Jack Kemp, director de la campaña electoral de Ronald Reagan. El entonces candidato había prometido la cuadratura del círculo, bajar los impuestos, reducir el déficit e incrementar sustancialmente el gasto militar. Kemp creyó encontrar en la curva del ignorado profesor un instrumento idóneo para justificar lo que resultaba difícilmente creíble.

Como era de esperar, la curva estuvo muy lejos de funcionar. El primero que se dio cuenta de ello fue David A. Stockman, director de la Oficina del Presupuesto. Las reducciones fiscales sin recorte en las partidas presupuestarias acarreaban inevitablemente un crecimiento explosivo del déficit. Stockman discrepó abiertamente de la política de Reagan y presentó la dimisión, explicándola en un libro de sumo interés que constituye el mejor alegato contra la curva de Laffer, “El triunfo de la política” enEditorial Grijalbo”. El nuevo presidente, que había hecho campaña en contra del 2 % que alcanzaba el déficit público en tiempos de Carter, lo incrementó de tal manera que en 1986 alcanzaba el 6 % del PIB. Pero lo que también aumentó sustancialmente fue la desigualdad social. Ese es el efecto más probable de la bajada indiscriminada de impuestos y sobre todo cuando la reducción se realiza en los directos.

Además, en las circunstancias actuales, teniendo en cuenta la descontrolada inflación, resulta muy discutible que lo que haya que perseguir sea el incremento de la demanda. El problema número uno y el mayor peligro radica en la subida de los precios y especialmente en su diferencia con la de otros países. Parece que estamos en presencia de una inflación de costes y además importada a través de la energía desde el exterior que posteriormente se ha trasladado al resto de los sectores económicos y corre el peligro de hacerse crónica.

En este escenario no sería ningún disparate que el Gobierno redujese consistentemente los múltiples gravámenes sobre los distintos tipos de energía, al menos para que en esos productos la fiscalidad no se convierta, tal como está ocurriendo, en un elemento adicional de inflación. Si de lo que se trata es de combatir mediante la fiscalidad el incremento de los precios, los impuestos indicados son los indirectos. Bien es verdad que dado el alto porcentaje de endeudamiento no parece que esta bajada debería financiarse vía déficit, sino elevando los impuestos directos.

Es mucho el margen que existe para hacerlo después de todas las medidas regresivas acometidas a lo largo de los treinta últimos años. El Gobierno no ha estado dispuesto nunca a acometer una reforma en profundidad, ni el informe de los llamados técnicos da mucha esperanza para ello. Ni siquiera plantean algo elemental como volver a hacer del IRPF un impuesto global en el que rentas de trabajo y de capital se incluyan dentro de una misma tarifa. Sánchez se escuda tras la afirmación de que no es el momento. Para él nunca ha sido el momento. Sin embargo, una crisis económica no tiene por qué ser un obstáculo, ya que precisamente en ella se necesita más redistribuir los costes y los beneficios.

Lo que sí es cierto es que no hay tiempo. Entre la elaboración y la tramitación se necesitarían cerca de dos años. Podemos, una vez más, se ha dejado tomar el pelo por Sánchez, si es que de verdad querían modificar la fiscalidad. Es claro, también, que la reforma fiscal en profundidad no nos puede servir para financiar la bajada de impuestos indirectos necesarios para contener la inflación. Pero sí hay medidas parciales que se pueden adoptar. La primera no deflactar bajo ningún punto la tarifa del IRPF.

La inflación actúa doblemente sobre el IRPF. La primera, como en todos los tributos, aumentando la base imponible; la segunda es acentuando la progresividad del gravamen. Se produce de forma automática una subida de la tarifa. No es, desde luego, la mejor forma de modificarla. Todos los contribuyentes se van a ver perjudicados, pero no todos en la misma medida. Va a recaer principalmente sobre las rentas altas. Las rentas bajas lo acusarán mucho menos. La clase más deprimida no se verá afectada en absoluto porque está exenta del IRPF, y el quebranto en el resto de las clases bajas y medias (algunos se colocan en las medias cuando pertenecen a las altas y bastante altas) será mucho menor que el beneficio obtenido si se les bajasen los impuestos indirectos. En economía siempre hay que elegir.

En las peticiones de Feijóo a Sánchez hay una parte perfectamente asumible, la reducción de los impuestos indirectos y más concretamente los energéticos. Una segunda parte rechazable, la deflactación de la tarifa del IRPF, que solo serviría para incrementar la desigualdad, aunque paradójicamente la no deflactación sí podría servir de argumento para acometer la primera ya que proporciona la financiación necesaria.

Bien sé que desde las filas conservadoras se argumentará inmediatamente que la financiación tendría que provenir de la reducción del gasto. Hay gastos que precisarían incrementarse, como la sanidad o la justicia, y no digo yo que no haya gastos que deberían desaparecer, pero este expurgue de los improductivos o inútiles no es una tarea fácil, tanto más cuanto que nos movemos en un Estado de las Autonomías, en el que, como su nombre indica, cada administración campa por sus respetos y todas están empeñadas en su clientelismo, en mantener sus chiringuitos y capillitas, lo que por desgracia va a ser imposible de revertir, por lo menos a corto plazo. La desaparición de los gastos del Estado que normalmente se citan como escandalosos, podría ser muy positivo desde la óptica de la ejemplaridad y de la honestidad política, pero que nadie piense en ello como la solución a las finanzas públicas y a la contención del déficit.

Como colofón se me ocurre una boutade, pero que puede ser útil para entender la conexión y ambivalencia que se da entre los ingresos y los gastos públicos. Un área donde podrían confluir la izquierda y la derecha, los que quieren subir los impuestos y los que quieren reducir el gasto público, es en la eliminación de gran parte de los gastos fiscales. Nuestros impuestos están preñados de deducciones, exenciones, bonificaciones, etc., que vacían de contenido los tributos, y por lo tanto su supresión implicaría una subida consistente de los impuestos, pero también una eliminación de gastos públicos, pues en el fondo lo son, aunque se apelliden fiscales y se instrumenten como minoración de los tributos. De lo que no estoy nada seguro es de que se pusiesen de acuerdo sobre cuáles eliminar.

republico.com 14-4-2022



QUE PUTIN NO NOS HUNDA LA ECONOMÍA

ECONOMÍA, GOBIERNO, PSOE Publicado por JUAN FRANCISCO MARTÍN SECOPosted on Jue, mayo 12, 2022 21:50:20

“No vamos a permitir, señoras y señores, que la guerra trueque esa evolución positiva de la economía española en nuestro país”. Así se explicaba Sánchez al presentar su “Plan de choque de respuesta a la guerra”. Lo hacía en ese foro en el que se siente tan a gusto, el del mundo empresarial y el del IBEX, y al que suele acudir a presentar sus proyectos y leyes, con anterioridad a exponerlo en el Parlamento, o a la oposición, incluso, a sus socios de gobierno y de coalición. Lo propio de un régimen autocrático. El caudillo no debe tener ninguna limitación. Solo aplausos y aquiescencia. Y para eso están siempre dispuestos los clientes agradecidos. La oposición estorba.

Sánchez es especialista en esconderse tras cualquier cosa con tal de echar culpas fuera. Ahora es Putin. Titula su plan de choque (de choque tiene poco) “de repuesta a la guerra”. Quiere dar la imagen de que la economía iba como un cañón con anterioridad a la invasión de Ucrania. “Una economía que había empezado a crecer de forma robusta y que está creando empleo de manera también robusta, en niveles históricos”. Todo muy robusto y que no falte la coletilla de “niveles históricos”.

“El año 2021 se cerró, como he dicho antes -continúa hablando Sánchez-, con un crecimiento del 5,1% del PIB, el mayor en dos décadas”. La afirmación no es errónea, pero el latiguillo final colocado con toda la intención puede inducir a confusión. Desde la Moncloa se hace esta triquiñuela de forma habitual y lo malo es que los medios de comunicación suelen repetirla. Es cierto que hay que remontarse veinte años atrás para encontrar un dato parecido, pero eso no constituye ningún éxito, ni la tasa representa nada excepcional al estar calculada sobre una base anormalmente baja, el PIB del año de 2020, tras ese derrumbe del 10,8%. Ante el titular, muchos ciudadanos se quedan en la creencia de estar en presencia de un buen dato, cuando constituye un incremento realmente pobre respecto al que cabía esperar, y que nos pone a la cola de todos los países europeos en el proceso de recuperación.

Lo verdaderamente ilustrativo es comparar el PIB de 2021 con el de 2019. La tasa es del 6,3% negativa. Es decir, el año pasado terminó con un PIB un 6,3% inferior al de 2019, lo que crea graves incertidumbres acerca de en qué año nuestro nivel de renta alcanzará el que teníamos antes de comenzar la crisis sanitaria, y desmiente radicalmente las palabras de Sánchez: “Estamos a punto de recuperar en tan solo dos años el PIB anterior a la pandemia”. La realidad es que nos encontramos muy lejos de ello y, además, a la cola de todos los países europeos. Muchos de ellos ya lo han conseguido.

En cuanto a los datos de nivel de empleo, variable a la que con más fuerza se agarra el Gobierno para mostrarse optimista, hay que interpretarlos adecuadamente. No deben separarse del número de trabajadores en ERTE y del de autónomos en cese de actividad, a los que no se puede considerar empleados aun cuando continúen afiliados a la Seguridad Social. Buena prueba de ello es el hecho de que las prestaciones que perciben se realizan con cargo al seguro de desempleo. Por otra parte, una evolución más positiva del empleo respecto al PIB solo indica que la productividad está descendiendo. Es por eso por lo que a las cifras que hay que acudir, y que son las realmente significativas, son las estadísticas de horas trabajadas.

Sumamente revelador es comparar las realizaciones con lo que el Gobierno, en la elaboración de los presupuestos, en octubre de 2020, esperaba lograr, que situaba como objetivos para 2021. El Gobierno presentó dos escenarios macroeconómicos. El primero es el que llamó tendencial, esto es, el que se conjeturaba que se produciría de acuerdo con las condiciones normales de la economía sin medidas adicionales de política económica. El segundo es el que teóricamente se iba a alcanzar mediante la actuación del Gobierno y la aplicación de recursos públicos, especialmente los derivados del fondo de recuperación europea, en el que Sánchez puso todas sus esperanzas.

El crecimiento del PIB previsto en este segundo escenario -y se supone que sobre el que estarían basando las cifras presupuestarias- era del 9,8%, es decir, nada menos que 4,7 puntos de diferencia sobre la tasa real que al final se ha conseguido, 5,1%, tasa que está por debajo (2,1 puntos menos) incluso de la que se preveía en el escenario tendencial (7.2%). Pero es que, además, ya casi al final del año, en el mes de octubre, en la presentación de los presupuestos de 2022, el Gobierno, en contra de las previsiones de todos los otros organismos, continuaba apostando, tal vez por voluntarismo, ignorancia o con mayor probabilidad por el afán de ocultar la realidad, a un crecimiento del 6,5%, es decir, 1,4 puntos por encima del que realmente ha sido.

Sería de suponer que una tasa real tan alejada de los objetivos que el Ejecutivo se había fijado, le llevaría a tomar una postura más bien humilde de aceptación del fracaso; también que daría una explicación de sus posibles causas y expondría la forma de superar los problemas de cara al futuro. Pero la actitud adoptada ha sido muy diferente. No dejan de hablar de crecimiento robusto. El presidente del Gobierno, la ministra de Economía, todos siguen la consigna, expansión robusta. La ministra de Hacienda no podía ser menos. Antes muerta que sencilla. También ella ha recurrido a la robustez de la economía para explicar la contención del déficit. La explicación, sin embargo, es otra muy distinta.

El déficit de 2021 (6,7% del PIB), aunque menor al esperado, no es como para lanzar fuegos artificiales, y desde luego está lejos de merecer ese tono triunfalista adoptado por la doctora ministra en su presentación. Acude a la misma táctica de siempre y que después copian los medios con titulares llamativos, el cotejo con los datos de 2020 (10,08%). Alardea de que es 4,1 puntos menor y un 38% más bajo, una disminución única, dice, en la serie histórica. Para el sanchismo todo es histórico. Siempre estamos en lo mismo, en la comparación con el año 2020, que fue totalmente anormal. Solo faltaba que mantuviésemos el mismo PIB, el mismo número de parados y el mismo déficit que el de ese año.

Lo que sí es verdad es que los datos facilitados por María Jesús Montero han desmentido las expectativas agoreras de todos aquellos que, desde los medios de comunicación, pronosticaban que, dado que los presupuestos se habían elaborado sobre un cuadro económico inflado, la recaudación sería inferior a la prevista y el déficit, por tanto, mayor. El razonamiento seria impecable a no ser porque no tenían en cuenta que interviene otro factor en el juego, la inflación. La inflación cuenta y mucho con respecto a las finanzas públicas. Existe una correlación entre los ingresos públicos y el PIB, pero el PIB nominal, en precios corrientes, incluyendo el nivel de precios.

Atendiendo únicamente a la parte real del crecimiento, PIB en precios constantes, la recaudación en 2021 tendría efectivamente que haber sido inferior a la prevista en los presupuestos, ya que el nivel de la actividad económica se mantuvo también por debajo de lo pronosticado, pero como la inflación ha alcanzado cotas muy superiores a las anunciadas, se ha compensado con creces el anterior desfase. El ejercicio se ha cerrado con un deflactor del PIB de 2,3 puntos por encima del que aparecía en el presupuesto y el índice de precios al consumo ha seguido una senda constante de crecimiento desde el 0% a principios de año hasta el 6,5% en diciembre. Ha sido la inflación la causante de la subida de la recaudación y de que el déficit no fuese mayor.

La ministra de Hacienda o bien es que no entiende nada de todo esto (lo cual es muy posible), o es que está dispuesta a mentir todo lo que sea necesario a mayor gloria del jefe (lo que es aún más probable). Insistió en la rueda de prensa en que el buen comportamiento de la recaudación y del déficit se debe a la expansión “potente” de la economía, lo que es falso porque, como ya hemos visto, el PIB creció mucho menos de lo previsto. Resulta evidente que el Gobierno ha visto en la subida de los precios un instrumento ideal para nivelar y con creces ese mayor déficit que se hubiera producido al ser la recuperación económica muy inferior a la anunciada.

A estas alturas de la película, parece que todo el mundo debería ser consciente de que la inflación incide positivamente en la cuantía de la recaudación, por lo que carecen de todo sentido las múltiples posturas farisaicas, anunciando todo tipo de males y catástrofes por indexar las pensiones al IPC. Se olvidan de que, si el gasto en pensiones sube con la inflación, en mayor medida lo hacen los ingresos del Estado, ya que estos tienen una elasticidad con respecto al PIB superior a la unidad.

Es curioso que aquellos que se oponen a que las pensiones se actualicen por el IPC sean los mismos que después insisten una y otra vez en denominar a la inflación el impuesto de los pobres, porque es precisamente en este ámbito donde, si las prestaciones no se regularizan, se hace cierta tal definición. Los jubilados verían gravadas sus remuneraciones por un importe equivalente a la subida de los precios y el Estado recaudaría una cantidad extra equivalente.

El problema solo aparece cuando el Gobierno pretende utilizar ese exceso de recaudación generada por la inflación a otros menesteres como puede ser, en los momentos actuales, para compensar el déficit de ingresos causado por el menor crecimiento de la economía. Es por ese motivo y mirando al futuro por lo que Sanchez ha sido tan reacio a combatir las subidas de los precios de las distintas clases de energía, bajando los impuestos correspondientes que gravan esos productos y renunciando al menos a la recaudación extraordinaria derivada de esta clase de tributación.

Lo que se entiende menos es que cuando al fin se ha visto obligado a hacer una pequeña concesión, como la de bonificar con veinte céntimos el litro de carburante, lo haya instrumentado como una especie de subvención, con una gran complicación administrativa y no, como sería más sencillo, como una simple bajada de impuestos. Sea cual sea la razón, lo que ha ocurrido es que debido a la incompetencia y falta de experiencia administrativa de este Ejecutivo y de sus cargos de confianza se ha generado un desbarajuste muy considerable, y si no que se lo digan a las gasolineras. De nuevo, al igual que con el ingreso mínimo vital se ha embarrado a la Agencia Tributaria en tareas que no le corresponden y la alejan de su auténtico objetivo, el control fiscal y la persecución del fraude. Bien es verdad que, si una galena puede hacer de ministra de Hacienda, por qué la Agencia tributaria no va a poder dedicarse al negocio de la gasolina.

Sánchez nos quiere hacer ver que las dificultades económicas han surgido con Putin, hasta el extremo de que su plan de choque contra la crisis económica lo ha tildado de respuesta a la guerra, pero ello resulta difícil de creer cuando, como hemos visto más arriba, antes del conflicto bélico e incluso antes de que este se vislumbrase el hundimiento de la economía española había sido el más pronunciado de todos los países de la Unión Europea y de la OCDE, y el ritmo de recuperación el más bajo, de manera que nuestra economía es la que más se aleja de los niveles de 2019. A su vez, la inflación ha venido aumentándose a lo largo de todo 2021, hasta alcanzar en diciembre, mucho antes de que las tropas rusas invadiesen Ucrania, el 6,5%.

Sin duda, la guerra ha agravado la situación económica de toda la Unión Europea, especialmente disparando la inflación, pero alguien tendría que contestar a la pregunta de por qué nuestro país, siendo de los que se encuentran más alejados de Ucrania y de los que teóricamente tienen menor dependencia energética de Rusia, es uno de los que presentan mayores incrementos de precios. En el mes de marzo la tasa de inflación armonizada de España asciende a 9,8%, 2,3 puntos por encima de la media de la Unión Europea (7,5%). Tan solo Lituania, Estonia, Países Bajos y Letonia han sufrido mayores incrementos. Sin embargo, otros, y más representativos para nuestra economía, como Alemania, Italia, Portugal y Francia, etc., presentan respectivamente tasas mucho más reducidas (7,6%, 7%, 5,5% y 5,1%,).

Este fenómeno tiene especial gravedad, ya que el diferencial de precios con los otros países y la correspondiente pérdida de competitividad estuvieron en el origen de las crisis económicas que sufrió España en los principios de los noventa y en 2008. De la primera se salió con cuatro devaluaciones; en la segunda, al no poder devaluar por encontrarnos ya en la Unión Monetaria, la sociedad tuvo que sufrir una depreciación interior de precios y salarios con graves consecuencias sociales. Esperemos que no tengamos que enfrentarnos muy pronto de nuevo con una crisis de estas características.

Republica.com 7-4-2022



LOS MANDATARIOS EUROPEOS GLOBALIZAN SUS BENEFICIOS PERSONALES

CORRUPCIÓN, EUROPA Publicado por JUAN FRANCISCO MARTÍN SECOPosted on Jue, mayo 12, 2022 21:22:05

Las terribles imágenes ofrecidas por los medios de comunicación de la invasión de Ucrania -expresión clara de la tragedia a la que se está sometiendo a una población-, hacen que esta guerra se presente como una disputa entre buenos y malos, en la que Putin es la personificación del mal. No diré yo nada en defensa del mandatario ruso, pero sí mostraré mi convencimiento de que según vaya transcurriendo la contienda aparecerán otros muchos aspectos que sin duda tienen interés, pero que han podido quedar eclipsados por este, más primario y dramático.

Me temo (o más bien, deseo) que esta guerra vaya a cambiar muchas de nuestras creencias. Pasada la primera etapa de autocomplacencia, será inevitable preguntarse acerca de cuál ha sido el papel de Europa en la contienda. No deja de ser chocante cómo los países europeos al tiempo que están a punto de entrar en guerra con Rusia dependen totalmente de este país en cuanto al aprovisionamiento de energía. Es grotesco, pero también trágico y paradójico. Indica la fragilidad y debilidad a las que la globalización ha condenado a los Estados. Resulta enormemente inocente pensar que todo se arregla incrementando el gasto en defensa.

Las medidas económicas adoptadas frente a Rusia no sé si están haciendo realmente daño a Putin, pero lo que sí es cierto es que están dejando al descubierto determinados hechos que estaban ocultos o, al menos, no eran generalmente conocidos. Varios ex primeros ministros de países europeos han tenido que dimitir de los puestos que ocupaban hasta ahora como altos cargos en las principales multinacionales rusas.

Matteo Renzi, quien fuera primer ministro de Italia entre 2014 y 2016 y que actualmente es senador por el partido centrista “Italia Viva”, ocupaba hasta ahora el puesto de consejero de Delimobil, la mayor empresa de carsharing de Rusia, cargo al que ha tenido que renunciar después de la invasión a Ucrania.

Austria es el país que se encuentra a la cabeza en el número de políticos implicados, con tres ex cancilleres y dos ex ministros (que se sepa), con intereses financieros en empresas rusas. Entre ellos destacan Wolfgang Schüssel, Christian Kern y Karin Kneissl. El primero de los citados del Partido Popular austriaco, fue canciller de su país entre febrero de 2000 y enero de 2007. Tras dejar la política se incorporó al consejo de supervisión de Lukoil, la mayor petrolera de Rusia. El segundo, Christian Kern, ex jefe de gobierno izquierdista austriaco, que ocupó el cargo de canciller entre 2016 y 2017, al acabar su mandato se incorporó al consejo de administración de Russian Railways, la empresa estatal rusa de transporte ferroviario. Renunció a su cargo tras el inicio de la guerra.

Especialmente llamativo ha sido el caso de Karin Kneissl, periodista austríaca que ejerció como ministra de Asuntos Exteriores entre 2017 y 2019 y que se ha ido a vivir a Francia para evitar las críticas que estaba recibiendo en su país por su decisión de no dimitir en el consejo de supervisión de la petrolera estatal rusa Rosneft. En esta postura sin duda ha influido su amistad personal con Putin, quien incluso asistió a su boda.

En Finlandia,Paavo Lipponen, presidente del Partido Socialdemócrata y primer ministro entre 1995 y 2003, se convirtió poco después de dejar el cargo en asesor del proyecto de gasoducto Nord Stream impulsado por Gazprom. Tras la invasión de Ucrania y el bloqueo del Nord Stream 2, se ha puesto fin a su contrato. El antecesor de Lipponen como primer ministro de Finlandia, Esko Aho, tras el inicio de la guerra ha dimitido como miembro del consejo de supervisión de Sberbank, uno de los mayores bancos rusos.

El ex primer ministro francés François Fillon pertenecía a los consejos de administración de la compañía de hidrocarburos Zarubezhneft y de la mayor productora petroquímica de Rusia, Sibur. Parece ser que tras la invasión de Ucrania renunció a sus cargos.

Es posible que a la cabeza de todos se encuentre Gerhard Schröder, el que fuera canciller de Alemania entre 1998 y 2005, amigo personal de Vladimir Putin.  Poco antes de dejar el sillón, concedió un aval público de 900 millones de euros a la energética rusa Gazprom. Tras su cese, se convirtió en asesor de esta empresa. Y parece ser que aspiraba ahora a sentarse en su consejo de administración. Tiene también un alto cargo en Nord Stream. Pero las críticas no le han hecho dimitir por ahora.

Los casos citados son un pequeño catálogo formado por las noticias llegadas a la prensa y limitado solo a los ex primeros ministros y a las multinacionales rusas. Podemos, sin embargo, imaginemos cuál sería el número de casos a citar, si ampliásemos el abanico al resto de altos cargos y a la totalidad de empresas y multinacionales europeas. El hecho es sumamente significativo de la profunda conexión que existe entre los ámbitos políticos y económicos en este mundo de la globalización.

Existe una conclusión inmediata, aunque quizás se pueda considerar accesoria y secundaria, y es que las tan cacareadas puertas giratorias no constituyen un hecho exclusivo de España. En este tema, al igual que en otros muchos, encontramos un vicio muy extendido en la sociedad española, considerar que los problemas, errores o defectos solo suceden en nuestro país. Es frecuente escuchar en cualquier conversación que algún participante termina su intervención con la aseveración “esto solo ocurre en España”.  Ya Larra se refirió a ello en un conocido artículo titulado “En este país”, en el que se retrataba a un tal don Periquito, especialista en explicar cualquier acontecimiento por las características más bien negativas y únicas de España, diferentes a las del resto de los países.

El hecho de que en esta ocasión sean los maridajes referentes a las empresas públicas rusas los que se hayan hecho públicos, tiene sin duda su origen en el desencadenamiento de la guerra, pero esclarece al mismo tiempo hasta qué punto la globalización económica traspasa y se sobrepone a las posiciones políticas más enfrentadas y aúna si es preciso las ideologías.

La presencia de Schröder a la cabeza de este elenco concede al mismo una significación especial. Schröder, canciller alemán entre 1998-2005, se puede decir que fue el enterrador de la doctrina socialdemócrata en Europa. Ciertamente, con François Mitterrand, Jacques Delors, Felipe González y Toni Blair se habían dado ya pasos muy importantes en este proceso, pero fue Schröder el que le asestó el golpe definitivo. Los que han venido después, por ejemplo, en España Zapatero y Sánchez, son ya otra cosa. Llamémosles populistas, identitarios o como queramos, pero no socialdemócratas, e igual ocurre en los otros países. Lo que en cierto modo es lógico, ya que la globalización y la Unión Monetaria lo impiden.

En 2003, el Partido socialdemócrata alemán (SPD) celebró sus 140 años de existencia. Conmemoraciones que se realizaron con fuertes tensiones internas. Oskar Lafontaine, que defendía con mayor fidelidad la línea socialdemócrata, perdió la partida. En la sombra estaba la agenda 2010, con fuerte bajada de impuestos, desregulaciones y recortes sociales. Merkel vivió todos sus años de mandato de los ajustes acometidos en dicha agenda por Schröder. Aunque el canciller del SPD tuvo que dedicarse a fondo tanto en el interior como en el exterior para explicar el giro que pretendía dar a la política del partido. Es por eso que aprovechando que la formación política cumplía 140 años escribió el 8 de julio de 2003 una tribuna libre en el periódico El Mundo titulada “El Estado del bienestar reta a la izquierda europea”. El artículo, con el objetivo sin duda de justificar la agenda 2010, defendía la globalización, con la tesis de que no era una alternativa, sino una realidad que no había más remedio que aceptar.

Varios días después, el 17 del mismo mes, escribía yo en el susodicho diario otra tribuna titulada “La izquierda europea renuncia al Estado social”. Contestación al artículo del canciller alemán, pretendía hacer una réplica a esa idea central que mantenía Schröder de que la globalización no es una opción, sino una necesidad. Con esta teoría, el entonces presidente del PSD  se apuntaba en cierto modo al determinismo económico sustentado por el neoliberalismo y que mantiene que el statu quo económico es inmutable y que las opciones políticas deben doblegarse ante él.

Defendía yo en el artículo que el concepto de globalización es ambiguo. A veces se emplea para designar ciertos fenómenos sociales unidos a avances técnicos y científicos. En ese sentido no cabe duda de que es una realidad. Pero cuando el pensamiento conservador y ahora parece que también los partidos socialistas hablan de globalización se refieren a otra cosa, lo reducen al libre comercio, a la libre circulación de capitales, y en Europa, a partir del año 2000, a la moneda única. Así lo entiende la RAE, y hay que admirar su sinceridad, cuando lo limita al campo económico y lo define como “la tendencia de los mercados y de las empresas a extenderse alcanzando una dimensión mundial que sobrepasa las fronteras nacionales”. Es decir, constituye la huida del capital y de las fuerzas económicas del corsé del poder político democrático. En este sentido, la globalización no es una necesidad, sino una opción tomada por los propios gobiernos que han decidido abdicar de sus competencias y permitir que el poder económico campe a sus anchas. Tal decisión implica la muerte del Estado social y, por lo tanto, el vaciamiento ideológico de la socialdemocracia.

La globalización es una decisión política que se está imponiendo con un relato erróneo, el de describir un escenario económico idílico y positivo. El de que la globalización constituye una especie de Arcadia buena para todos. La realidad es más bien la contraria. Todos los indicadores lo señalan. Desde principios de los ochenta, fecha en la que podemos situar el inicio de este proceso, por término medio en todos los países las tasas de crecimiento se reducen, las de paro aumentan, la desigual social se intensifica dentro de los Estados y en Europa la brecha entre estos se hace cada vez más honda.

En este artículo no es posible ni es mi intención extenderme sobre los efectos negativos de la globalización. Lo hice en libros tales como “Economía mentiras y trampas” o “La trastienda de la crisis”, ambos de la editorial Península, y que se encuentran al alcance de todos aquellos que tengan curiosidad para comprobarlo. La finalidad de estas líneas se encuentra más bien en llamar la atención sobre el revés de la trama, es decir, la otra cara de la moneda, lo que reside detrás de la faz pública de la globalización. Es lo que en cierto modo y aunque solo sea parcialmente ha aparecido con la invasión de Ucrania, el escenario en el que se entreteje el capital, tenga el origen que tenga, con los mandatarios públicos, sea cual sea su ideología.

Todo este entramado, que en parte se está haciendo público tras el inicio de la guerra, explica en buena medida la postura adoptada hace ya casi veinte años por el entonces canciller alemán y por otros muchos mandatarios europeos para defender la globalización, globalización que a él y a otros mandatarios políticos les está  resultando muy rentable.

republica.com 31-3-2022



 VOX Y EL GOBIERNO DE CASTILLA Y LEÓN

GOBIERNO, PARTIDOS POLÍTICOS Publicado por JUAN FRANCISCO MARTÍN SECOPosted on Jue, mayo 12, 2022 21:13:46

Las noticias se desplazan unas a otras con gran rapidez. Hace algunas semanas toda la actualidad giraba alrededor de las elecciones de Castilla y León, en especial todo el mundo se posicionaba acerca del gobierno que se debía o no se debía formar. Esta información quedó temporalmente sustituida por la crisis del PP que, a su vez, pasó a un segundo término por la guerra de Ucrania. Pero aparezca o no en la primera página, la cuestión está ahí y continúan las mismas falacias con las que se ha querido plantear el problema en todas las circunstancias; desde luego, así fue en Andalucía en diciembre de 2018, cuando se pretendía deslegitimar la victoria del PP y cualquier acuerdo con Vox.

Creo que no es preciso afirmar que ideológicamente estoy en las antípodas de esta formación política. Es más, personalmente sus líderes no me caen especialmente simpáticos, derrochan chulería; pero eso no es razón suficiente para distorsionar la verdad, asumir sofismas o prestar sumisión incondicional a aquellos que consideramos más cerca de nuestras posiciones. En política no vale todo. En realidad, será difícil decir algo nuevo de lo que mantuve con ocasión de las elecciones andaluzas, en los artículos del 12-12-2018 y del 17-1-2019, escritos en estas páginas digitales. Pero, dado que estos días se va a constituir el nuevo gobierno y que se reiteran las mismas falacias, será preciso repetir también los argumentos tendentes a desmantelarlas.

Los resultados obtenidos en Castilla y León solo señalaban dos posibles soluciones. La primera era el entendimiento entre dos partidos mayoritarios, la gran coalición, fórmula que resulta prácticamente imposible (no solo aquí, sino en cualquier otra Autonomía, y no digamos en el Gobierno central), después de que Sánchez escogiese rechazar radicalmente la invitación de Rajoy y optar por el acuerdo con golpistas y herederos de terroristas, razón por la que fue despojado del cargo de secretario general por el Comité Federal de su partido. Su vuelta, al triunfar en unas segundas primarias, produjo una transformación radical del PSOE, pero también de todo el espectro constitucional de España.

La segunda solución, concretamente en Castilla y León, sólo puede provenir de la alianza de las fuerzas a la derecha del PSOE; de manera que trazar un cordón sanitario alrededor de Vox es, amén de injusto y poco democrático, condenar a los ciudadanos castellano-leoneses a unas nuevas elecciones hasta que el PSOE y sus acólitos consiguieran sacar mayoría suficiente.

Pero es que, además, ¿qué sucede con Vox ?, ¿cuál es la razón para que se le tenga que considerar un partido apestado? Todo es un cúmulo de despropósitos. Reprocharle que sea la extrema derecha carece de todo sentido, porque si el arco político se ordena de izquierda a derecha (aunque esta taxonomía cada vez tiene menos consistencia), alguna formación tiene que ocupar el extremo derecho como otra tiene que ocupar el extremo izquierdo. Tal hecho no puede tener ninguna connotación ni negativa ni positiva. Por otra parte, en esa ordenación nunca se tiene en cuenta a los nacionalistas. Durante mucho tiempo he venido reiterando que CiU era el partido más conservador de España.

Tampoco tiene sentido tildar a Vox de formación anti constitucional. El simple hecho de no estar de acuerdo con algunos aspectos de la Carta Magna, por muy importantes que se estimen estos, no es razón para considerar a alguien acreedor a este improperio, siempre que cualquier cambio que plantee sea por la vía legal y siguiendo los procedimientos previstos en la propia Constitución.

El calificativo de anti constitucional debería reservarse para aquellas formaciones que quieren romper la Carta Magna, por la fuerza o al menos por mecanismos ilegales. En ese sentido, sin duda son los independentistas catalanes los que merecerían esa denominación, no tanto por independentistas como por golpistas y por comportarse todos los días como si el golpe hubiera triunfado. De momento, Vox no ha intentado dar ningún golpe de Estado, ni se ha caracterizado por emplear la violencia. Hay que decir más bien que a menudo la ha sufrido.

Se puede estar de acuerdo o en contra de sus planteamientos, pero no parece que ninguno de ellos ataque de forma clara la Constitución. Critican, sí, el Estado de las Autonomías, pero somos muchos los españoles que hasta cierto punto opinamos lo mismo. Incluso desde mucho antes de que existiese Vox. El hecho de considerar que fue un error establecerlo no implica que se piense que es posible modificar -por lo menos a corto y a medio plazo- la estructura territorial establecida en la Constitución. Hay demasiados intereses políticos en juego. Otra cosa es intentar que el proceso de centrifugación se modere o incluso que en algunos aspectos pueda invertirse.

Nadie puede pretender que en asuntos tales como los del feminismo, en los de memoria histórica o democrática, en los de  LGTBI, en los ecológicos o en los derivados de la emigración no quepa ninguna discusión o discrepancia. Todos estos temas no pueden configurarse como un dogma inamovible e incuestionable. La discusión está instalada en la propia sociedad y prohibirla por decreto sería asumir lo que se ha llamado con razón la dictadura de lo políticamente correcto, con efectos negativos para la democracia, pero también para la cohesión social. En otros tiempos decíamos eso de que “dictaduras, ni las del proletariado”. Cercenar las salidas naturales suele conducir a distorsiones y posibles conflictos. No deja de ser paradójico que el cisma se haya situado dentro del ámbito del propio campo del feminismo. A favor o en contra de la teoría queer.

Sin duda, hay temas a mi entender mucho más reprochables en el ideario de Vox: su fundamentalismo religioso y su postura regresiva en materia fiscal. Pero, paradójicamente, son esos temas los que menos separan a Vox del PP, e incluso, si se me apura, del PSOE. Si el fundamentalismo de uno o de otro signo fuese un obstáculo para actuar en política, pocos serían los partidos que permanecerían en la cancha. Y qué decir en cuanto a los impuestos. A lo largo de estos más de treinta años los gobiernos del PP y del PSOE han competido para ver quiénes aprobaban las medidas más regresivas en materia fiscal. No fue Vox el partido que suprimió el impuesto de patrimonio o defendió el tipo único sobre el de la renta, o fraccionó la tarifa del IRPF.

Resulta curioso escuchar a los sanchistas referirse a Vox como si  hubiese surgido de la nada o caído del cielo –bueno, más bien del infierno-, una formación política totalmente nueva. Este relato, como casi todos los de Sánchez, no se adecua a la realidad y está construido artificialmente según sus conveniencias. Vox, como ninguna otra formación política, surge de una escisión, la que experimenta el PP. Los que hoy están fuera, ayer estaban dentro, y para bien o para mal, las ideas que ahora mantienen no son muy distintas de las que defendían anteriormente. ¿A qué viene entonces santiguarse o rasgarse las vestiduras?

Quizás simplemente se han radicalizado. Por una parte, es la respuesta al cambio sufrido por los nacionalistas transmutándose en independentistas golpistas y a lo que consideran respuestas endebles de los partidos nacionales; y, por otra, la reacción quizás desorbitada y en cierta forma defensiva a los intentos de imposición dictatorial de lo políticamente correcto. Nadie puede escandalizarse por los posibles pactos entre el PP y Vox. Entran dentro de la lógica y no implican ninguna unión espuria. Todo lo contrario, sin embargo, ocurre con el Gobierno Frankenstein. La alianza del PSOE con los golpistas catalanes o con los independentistas vascos constituye un amancebamiento contra natura. Así lo entendió el núcleo duro del PSOE, el Comité Federal, obligando a dimitir a Sánchez en 2016 de la Secretaría General.

Sean cuales sean los reproches que puedan dedicarse a Vox, no es precisamente Sánchez quien esté legitimado para realizarlos. Con qué cinismo puede hablar de xenofobia cuando en la noche de los cuchillos largos, a las puertas de Ferraz, era Quim Torra el que, entre la multitud, le aclamaba como héroe en contra de toda la nomenclatura socialista.

Y cómo puede intentar descalificar a Abascal relacionándole con Putin, si en España parece ser que los únicos que se han ayuntado con el mandatario ruso han sido los golpistas catalanes, los mismos que han llevado al gobierno a Sánchez. Y en Europa, para vergüenza de todos, la guerra ha hecho saltar como las ratas de un barco a los ex primeros ministros de múltiples países, recorriendo todas las ideologías, que han debido dimitir de los consejos de administración y de los puestos de alta dirección de las principales multinacionales rusas. A la cabeza de todos ellos, Schröder, el gran amigo personal y lobista del mandatario ruso, insertado, entre otros puestos, en la estructura directiva de Gazprom. Parece que hasta ahora se negaba a dimitir. Schröder no proviene precisamente de Vox, ni siquiera de ninguno de los partidos europeos con los que Sánchez acostumbra a emparentar a esta formación política, sino del SPD, de la familia socialdemócrata de la que últimamente el presidente español hace gala. Fue el canciller que precedió a Merkel.

Cuando algún periodista pone a Sánchez ante la contradicción (pocos, porque él sólo habla a los medios de comunicación amigos) de que se atreve a recriminar al PP sus pactos con Vox, cuando sus alianzas para mantenerse en el gobierno son mucho peores, la contestación de Sánchez consiste en señalar a Europa. Es una forma de echar balones fuera. Pretende dar la imagen de que la Unión Europea es un todo monolítico. Nada menos real.

La UE es plural en los países y las diferencias se mantienen dentro de las grandes familias. Cada partido político nacional tiene sus intereses y sus conveniencias. No es verdad que exista unanimidad a la hora de boicotear a eso que llaman ultraderecha que, además, también es distinta en cada Estado. En los gobiernos regionales se ha llegado en muchas ocasiones a pactos e incluso esas alianzas se han alcanzado a nivel nacional. Sánchez cita a menudo a Salvini. Debía recordar que Salvini fue ministro del Interior del Gobierno italiano.

Nuestros políticos son proclives a escudarse en Europa o a ir a trapichear a Bruselas para que les ayuden en sus luchas nacionales partidistas. Sánchez se valió de su condición de presidente de gobierno para malmeter con Macron en contra de Ciudadanos a efectos de conseguir que esta formación política no participase en gobiernos regionales con el PP, si necesitaban los votos de Vox. Parece ser que Casado, quizás llevado por cierto resentimiento, ha conspirado en el partido popular europeo en contra de un posible acuerdo de PP y Vox en Castilla y León, azuzando a un personaje un tanto estrambótico, Donald Tusk, que ya tuvo una intervención tendenciosa y estrafalaria con ocasión del procés. Y ahora ha repetido la incongruencia de meterse donde nadie le ha llamado, como si no tuviesen suficientes problemas en Polonia.

Los datos en Castilla y León no han dejado mucho lugar para las dudas. Como se suele decir, el pueblo ha hablado. La derrota del PSOE, y en general de lo que llaman la izquierda, es muy clara y significativa. El Gobierno ha intentado ocultarlo detrás de ese discurso un tanto ficticio de anatematizar a Vox. Es evidente que muchos castellano-leoneses no han tenido reparo alguno en votar a esa formación política. La táctica del miedo no ha dado buenos resultados, como no los dio el doberman con Aznar. Yo, en su lugar, me preguntaría por la causa de la derrota y en especial si no se pueden repetir los resultados en otras Comunidades Autónomas, todas aquellas en las que no cuenta con partidos nacionalistas o regionalistas, que puedan sacarle las castañas del fuego.  Es más, yo me cuestionaría si no es precisamente el maridaje con estas formaciones una de las principales causas de que pierdan apoyo electoral en las otras regiones.

republica 24-3-2022



TRAS LA PANDEMIA, LA GUERRA COMO COARTADA

ECONOMÍA, GOBIERNO Publicado por JUAN FRANCISCO MARTÍN SECOPosted on Jue, mayo 12, 2022 21:06:54

En mi libro, publicado hace casi dos años en El Viejo Topo y titulado “Una historia insólita”, la historia de la gestación del Gobierno Frankenstein, terminaba el relato en la sesión de investidura de Sánchez. No obstante, cuando el libro salió a la calle había hecho ya su aparición con toda su gravedad la epidemia, por lo que creí conveniente añadir un epílogo, en el que se analizaba la situación entonces presente de la economía y me preguntaba por las expectativas de futuro.

Al declararse la crisis sanitaria, hacía poco más de un mes que se había constituido el Ejecutivo; sin embargo, no se podía decir lo mismo de Sánchez, que llevaba ya casi dos años de presidente del Gobierno, con un saldo no precisamente positivo. A esas alturas aún no había conseguido aprobar un presupuesto propio, y 2019 se había cerrado con un déficit desbordado y que había merecido ya una corrección de Eurostat.

La actividad económica había entrado en un claro proceso de desaceleración. El descenso en el número de parados disminuía y todo parecía indicar que podía cambiar de signo. Las características populistas del nuevo Gobierno anunciaban un fuerte incremento del gasto público, sin que, por otra parte, Sánchez se mostrase dispuesto a enfrentarse con una nueva reforma fiscal, consciente de que todo incremento de gravamen sería impopular. Se vislumbraban, por tanto, graves desequilibrios en las finanzas públicas con los consiguientes incrementos en el stock de deuda pública. Todo ello no pronosticaba un panorama de futuro demasiado favorable.

En el mes de marzo se hace oficial la crisis sanitaria y se adueña de toda la actualidad. Se anunciaban ya densos nubarrones en la realidad económica, con resultados probablemente muy negativos. Pero la duda que me planteaba yo en ese epílogo era si no se iban a imputar también a la pandemia los efectos que proviniesen de la incompetencia y la mala gestión del Gobierno, mezclando todo sin discriminación, y que le sirviesen de coartada.

Dos años después, parece que todo ello se ha cumplido y que el Gobierno se ha escondido detrás de la pandemia para justificar sus muchos errores y su ineptitud. Pienso que es innecesario insistir en ello. La crisis sanitaria ha tapado todo y, en cualquier caso, se ha construido un relato que no se corresponde con la realidad. El Gobierno ha disimulado el paro detrás de los ERTE y de los autónomos en cese de actividad y ha presentado tasas malas o mediocres de crecimiento ofreciéndolas como buenas, silenciando que las comparaciones se estaban haciendo con los momentos más bajos de la serie, por lo que los incrementos no tenían la significación que se les pretendía dar.

A lo largo de todo este tiempo el Gobierno se ha dedicado a facilitar unas previsiones de crecimiento contrarias y superiores a las que ofrecían todos los organismos nacionales e internacionales, empeñándose en describir unas perspectivas muy positivas y halagüeñas, mayores que las que se predicaban de otros países. Han intentado por todos los medios mantener este relato falaz, pero la situación resulta ya insostenible. Es imposible ocultar que la economía se desplomó en 2020 más que ninguna otra de la Unión y el doble (10,8%) que la media.

A su vez, el dato provisional de 2021, (5,2%), facilitado por el INE, tira por los suelos todas las perspectivas quiméricas. Deja al descubierto que al principio de 2022 la renta nacional es un 6% inferior que la existente a finales de 2019, lo que coloca a nuestro país a la cola de todos los países de Europa y de la OCDE a la hora de recobrar el nivel de actividad económica que tenía antes de la pandemia. Todas las previsiones apuntan a que, como mínimo hasta 2023, España, a diferencia de los otros países europeos, no recuperará dicho nivel.

Y he aquí que hace dos semanas, Rusia ha invadido Ucrania. Todo hace prever que la economía mundial, y más concretamente la europea, va a recibir un fuerte golpe, pero paradójicamente una vez más da también la impresión de que las tragedias se vuelven a colocar delante de Sánchez para que puedan servir de cortina de humo con la que esconder sus errores y de excusa para explicar los resultados negativos de sus decisiones. El Gobierno sanchista se está situando detrás de la guerra de Ucrania, al igual que durante los dos años anteriores lo hizo tras la pandemia, y pretende aplicar también las mismas tácticas, repartir las responsabilidades cuando las cosas van mal. Por eso ha convocado a la patronal y a los sindicatos para lo que ha llamado pomposamente “un pacto de rentas”.

En cierta forma resulta lógico que se quiera comenzar por ahí, ya que a corto plazo el tema más preocupante parece ser la inflación. No obstante, conviene señalar que los precios ya se habían disparado con anterioridad al inicio de la guerra sin que los Estados supusiesen muy bien qué hacer ante la inflación. Tan inclinado como está Sánchez a echar la culpa a otros, parecería lógico que en esta ocasión responsabilizase a la Unión Europea, en donde en buena medida se encuentra el origen del problema; bien es verdad que esto sería reconocer que la soberanía española está ya cercenada, lo que Sánchez no está dispuesto a hacer.

Con toda probabilidad el problema de la inflación se va a agravar sustancialmente con la invasión de Ucrania; pero no parece que todo pueda solucionarse, tal como piensa el Gobierno, con un pacto de rentas. No obstante, en principio podríamos pensar que tiene su lógica. En el fondo de la inflación se encuentra siempre un enfrentamiento de sujetos económicos porfiando por maximizar su porción en la renta. De manera simple, se habla de retribución de los trabajadores y del excedente empresarial y de cómo ambos participan en la renta nacional. Pero ello es un mero esquema. Cada uno de estos dos colectivos es a su vez enormemente complejo.

Lo que en la contabilidad nacional llamamos retribución de los trabajadores es un conjunto altamente heterogéneo en el que se incluyen desde el temporero más precario hasta los altos ejecutivos de las sociedades del IBEX. Y en cuanto al excedente empresarial la diversidad es aún mayor: desde el beneficio de los empresarios y los intereses de los rentistas, a las rentas mixtas de los autónomos, que en algún caso pueden ser simplemente paro encubierto. Todos, absolutamente todos, peleando por mantener su trozo de pastel o conseguir uno más grande mediante una subida de precios, entendiendo también como tales los salarios y los tipos de interés.

En esta multiplicidad, ¿cómo se puede hablar de pactos de rentas?  ¿Cómo pueden negociar y pactar sujetos tan diferentes e intereses tan distintos? Y ¿quién puede representar a grupos tan híbridos? La patronal y los sindicatos actúan en nombre de tan solo una parte de sus respectivos colectivos; y, además, teniendo en cuenta que nos movemos en mercados libres, tampoco la CEOE puede garantizar que los precios se mantendrán estables. Así que lo que se llama pacto de rentas se reduce en la mayoría de los casos a limitar los salarios, por supuesto no de todos los trabajadores, sino tan solo de los que están sometidos a convenio, en la esperanza de que se moderen los precios. Se trata, en definitiva, de que esa contienda que se denomina espiral inflacionista termine por que los trabajadores, al menos algunos de ellos, acepten su derrota.

Resulta, en consecuencia, lógico que todo pacto de rentas vaya acompañado de medidas fiscales que compensen a la clase trabajadora de ser la perdedora del acuerdo. Así ocurrió en los renombrados Pactos de la Moncloa, con los que se pretendió neutralizar el efecto negativo sobre los asalariados de la deflación competitiva derivada del pacto de rentas con una reforma fiscal en profundidad, potenciando la progresividad y la función redistributiva de la renta.

El sanchismo ha dejado muy claro que no está dispuesto a emprender una tarea de esta proporción, la de deshacer todas las normas regresivas aprobadas en política fiscal durante los treinta últimos años. Sus socios, por muy a la izquierda que se crean, tampoco están en condiciones de exigírselo. Se contentan, todo lo más, con aspectos muy parciales de la política social, tales como los de la vivienda y con medidas quizás contraproducentes.

Todo pretexto ha sido bueno. Primero la epidemia, ahora la guerra. Sin embargo, escudarse en las tragedias carece de toda lógica, pues quizás en estas circunstancias es cuando más se necesitan políticas redistributivas. Los efectos serán positivos o negativos dependiendo de las figuras tributarias empleadas y de los colectivos gravados. Paradójicamente, los únicos impuestos que se han incrementado son los indirectos, especialmente los medioambientales, dañinos en tiempo de crisis y, desde el punto de vista social, regresivos.

El Gobierno ha empleado un mecanismo muy socorrido para echar balones fuera, el de crear una comisión de teóricos expertos. La finalidad ha sido doble. Por una parte, alargan el proceso lo más posible y, por otra, pretenden dotar de una capa de neutralidad y tecnicismo a lo que en realidad son decisiones políticas del Gobierno. El análisis del dictamen de los expertos merece uno o varios artículos en exclusiva, pero de momento nos limitaremos a afirmar que no es precisamente un ejemplo de progresismo.

De las dos finalidades principales y deberíamos decir que casi únicas de un sistema fiscal, suficiencia y progresividad, se fijan exclusivamente en la primera a la que se añade, por presiones del Gobierno, con carácter casi hegemónico, la ecológica. La casi totalidad de los gravámenes que se proponen con esta finalidad tienen efectos regresivos porque inciden en mayor medida sobre las clases bajas. La ecología es cara, casi un lujo para la mayoría de la población. El mismo principio que parece que los expertos del Gobierno han querido colocar en el frontispicio de su trabajo, “el que contamina paga”, tiene mucho más que ver con el neoliberalismo que con la socialdemocracia. La lógica nos llevaría por ejemplo a replicar que el coste de las carreteras debería recaer sobre los usuarios, el de la sanidad sobre los enfermos, el de la educación sobre los estudiantes o sus padres, etc. La doctrina fiscal del Estado Social se encamina por otros derroteros. Es quien más tiene el que debe pagar más.

Los nostálgicos de los Pactos de la Moncloa y defensores acérrimos de repetirlos olvidan, aparte de que Sánchez de ningún modo estaría dispuesto a acometer una reforma fiscal como la que inició Suárez, que entonces no estábamos en la Unión Monetaria ni siquiera en la Unión Europea, con lo que entre otras muchas cosas se pudo devaluar la peseta, que fue lo primero que hizo Fuentes Quintana como introducción a los pactos.

Está extendida la creencia, sobre todo entre los periodistas conservadores, de que, dado que el Gobierno ha estimado los ingresos públicos de acuerdo con previsiones macroeconómicas exageradas, la recaudación será muy inferior a la prevista, con el consiguiente impacto negativo sobre el déficit público. Prescinden sin embargo de la inflación y del aumento que esta va a producir sobre los ingresos. Este error va unido al que se produce con esa afirmación tan reiterada de que la inflación al actualizar las pensiones por el IPC va a elevar el déficit. Se está olvidando que la correlación se estable entre la recaudación impositiva y el PIB nominal, en el que se incluye el elemento precios. La recaudación fiscal va a ser muy superior a la prevista gracias a la inflación, y el déficit, menor a pesar de las pensiones.

Sánchez dice que toda la culpa de la inflación es de Putin. Sin embargo, España presenta un diferencial de dos puntos sobre la Unión Europea, aunque en teoría tendría que ser uno de los países menos afectados. El Gobierno podría reducir los precios, especialmente de la electricidad, del gas, de la gasolina, los gasóleos, etc., disminuyendo así sus cargas fiscales, y compensando esta bajada de recaudación con la subida de los impuestos directos. No parece que esté dispuesto a ello. Demasiado esfuerzo. La Unión Europea profesa el neoliberalismo económico y no está decidida, pase lo que pase, a modificar el mercado de la electricidad. Borrell y la niña Botín han encontrado ya la solución y, como aventajados boys scouts, proponen su buena obra mensual: consumir menos y bajar el termostato. La ministra del asunto afirma que se ha roto el mercado. Lo que han roto, entre España y Europa, es el Estado.  

Republica 17-3-2022



EL TRIBUNAL DE CUENTAS,  LA CORRUPCIÓN DE LAS INSTITUCIONES

CATALUÑA, CORRUPCIÓN, GOBIERNO, HACIENDA PÚBLICA Publicado por JUAN FRANCISCO MARTÍN SECOPosted on Jue, mayo 12, 2022 20:51:32

La tragedia que asola Ucrania y que salpica a toda Europa puede hacer que una de las mayores corrupciones políticas de España pase casi desapercibida. Digamos que está llegando a su fin según lo predispuesto. El Tribunal de Cuentas ha cambiado en pocos días su propio criterio acerca de las garantías a exigir a los responsables de la malversación de fondos públicos llevada a cabo en los actos de publicidad y propaganda en el extranjero, orientados a preconizar el referéndum ilegal de independencia del 1 de octubre en Cataluña.

La gravedad del escándalo no estriba únicamente en el mero hecho de que se haya producido la modificación de criterio, sino que esta se ha conseguido mediante el cambio en la composición del propio tribunal, cambio realizado por el sistema tradicional de reparto entre los dos partidos mayoritarios, y que tan contrario es al espíritu de la propia Constitución. (Ver mis artículos del 23 de septiembre y del 11 noviembre del año pasado en este mismo diario digital). La gravedad, además, se incrementa en tanto en cuanto que la mutación ha recaído sobre un fallo cuya conclusión era tan evidente que la decisión tomada ahora por la sesión de enjuiciamiento quebranta las normas básicas del Derecho financiero y de la Hacienda Pública, y contradice los principios más elementales de la lógica y del sentido común.

¿Cómo se va a garantizar con dinero público que el erario recupere los recursos defraudados? El planteamiento es tan disparatado como cuando en tono de chunga y con cierta ironía se le comunica a alguien la disposición a convidarle siempre que antes nos adelante el dinero de la invitación. Se pretende cubrir una defraudación con otra defraudación, defraudación al cuadrado.

Corrupción, y grave, la de todos aquellos que en Cataluña han empleado fondos públicos para un objetivo ilegal, incluso delictivo, intentar la sedición de parte de la ciudadanía, insumisión frente a la Constitución y la soberanía nacional. Pero corrupción también y más grave la de los consejeros del Instituto Catalán de Finanzas que, a sabiendas, aprobaron que el organismo avalase con dinero público el alcance anterior. Se convierte en una corrupción de mayor nivel, corrupción al cuadrado.

Habrá sido seguramente esa la razón por la que tres de los consejeros dimitieron, para no tener que dar su conformidad a los avales. Quizás por miedo a incurrir en un grave delito de prevaricación. Habrá que preguntarse si la Sociedad Civil Catalana además de plantear una demanda ante el tribunal de Cuentas no debería haber interpuesto una querella criminal contra aquellos miembros del Instituto Catalán de Finanzas que aprobaron el aval y a todos aquellos que les forzaron a hacerlo.

Todo esto era ya bien conocido y no hay por qué incidir en ello, pero últimamente ha acaecido un nuevo suceso que eleva el listón de la corrupción, corrupción al cubo. Constituye un salto cualitativo. La gravedad es sustancialmente mayor, porque no radica en que determinados actos sean corruptos, sino en la corrupción de las propias instituciones. Ahora, la del Tribunal de Cuentas.

La corrupción del propio Gobierno Frankenstein no tiene parangón con ningún otro acto concreto de corrupción. Ni a la izquierda ni a la derecha del espectro político. Es una corrupción estructural que está en la misma conformación desde sus orígenes de este Ejecutivo, desde el inicio, desde la misma moción de censura, que mancha a todos los que forman o han formado parte de él, estigma que se mantendrá en el futuro y que será imposible de olvidar. Durante toda su existencia este Gobierno viene incurriendo en un cohecho endémico mediante el que se compra con fondos públicos o con cesiones políticas la permanencia día a día en el poder. Resulta grotesco que Sanchez asuma el lenguaje de los puros y exija explicaciones a Juan Carlos. Siempre he pensado que el problema de Sanchez respecto a la monarquía no tiene relación con las preferencias con respecto a la forma de Estado sino que se fundamenta más bien en un sindrome  sicológico, le es aplicable aquello que Nietzsche decía de sí mismo “Si dios existiese como iba a soportar yo no serlo, luego Dios no existe”.  Si existe rey como va a soportar Sanchez no serlo. Luego la monarquía debe desaparecer.    

Ahora se comprende la urgencia con la que el presidente del gobierno quería cambiar la composición del Tribunal de Cuentas. El mandato de los consejeros, a diferencia de los de las otras instituciones, acababa de expirar. Tras el indulto de los golpistas, quedaba por solucionar el problema crematístico, que no podía ser objeto de indulto, derivado de la defraudación cometida en los preparativos del golpe de Estado y que dependía del Tribunal de Cuentas. Se precisaba pues cambiar a los consejeros para corregir la redacción del auto que la sección de enjuiciamiento había preparado para rechazar los avales que presentaba el Instituto Catalán de Finanzas y que parecían más bien una broma pesada.

La historia reciente del Tribunal no es para que nos sintamos precisamente orgullosos de esta institución. La Ley Orgánica de 1982 y la Ley de funcionamiento de 1988, elaboradas ambas de acuerdo con las pretensiones del PSOE -la primera cuando estaba en la oposición, la segunda ya en el gobierno y de acuerdo con las manías de Pascual Sala-, configuraron una institución con enormes lacras, que comenzaban ya en el diseño de la responsabilidad y de la jurisdicción contable, y finalizaban en su constitución como órgano pluripersonal de doce consejeros, y que se han venido repartiendo en cuotas iguales los dos partidos mayoritarios.

Han sido estas lacras las que han condenado con frecuencia a esta institución a la esterilidad, limitando su actuación a casos de poca monta y quedando, sin embargo paralizada en cualquier asunto de mayor envergadura en el que hubiese por medio intereses políticos, porque en la mayoría de los casos la mitad del Consejo bloquea a la otra media. Durante todos estos años, el Tribunal de Cuentas no ha destacado precisamente por su eficacia, pero nunca había llegado al descaro, degradación y degeneración que se ha producido ahora. Degeneración de los currículos de los elegidos respecto a los que deberían tener, según la categoría asignada al puesto por la ley orgánica y la de funcionamiento. Cada vez son mucho más grises y de carácter más político.

Degradación, porque se ha nombrado a unos consejeros, y ellos han aceptado la designación, con la finalidad explícita de librar a los golpistas catalanes de la obligación económica derivada de los actos de sedición, admitiendo para cubrirla el aval de un organismo público, lo que en sí mismo constituye otra malversación. Dos son los elegidos para los puestos en la sección de enjuiciamiento, que van a permitir el cambio de criterio. En realidad, sus currículos son de tal levedad que no resulta fácil encontrarlos en Internet. Solo en el portal de trasparencia y con bastante vaguedad.

El primero es don Diego Íñiguez, perteneciente al cuerpo de Administradores Civiles del Estado y que ya desde el inicio (1993, en plena cúspide, de corrupción felipista) se separó de sus compañeros de promoción para cubrir un puesto de mayor nivel del que le correspondía de salida, pero también de mayor contenido político, consejero técnico en el Gabinete del ministro de Justicia. Durante los gobiernos del PSOE y en las esferas políticas de los gabinetes, ejerció bien de consejero técnico bien de asesor ejecutivo bien de vocal asesor, primero a la sombra de Belloch y más tarde a la de María Teresa Fernández de la Vega.

En el ínterin, durante los gobiernos de Aznar, buscó acomodo en el exterior en puestos muy cotizados en su cuerpo por sus altas retribuciones. Al final del mandato de Zapatero, consiguió que le hiciesen magistrado por el cuarto turno, es decir a dedo y sin oposición, lo que suelen describir como “juristas de reconocido prestigio”, aunque siempre está el problema de quién es el que reconoce el prestigio. Por desgracia, hay que preguntarse si no fue una forma que inventó en sus tiempos el PSOE para que  desembarcasen sus fieles en la Administración de Justicia. Ello permitió al nuevo magistrado refugiarse durante los mandatos de Rajoy en su judicatura recién estrenada, para volver con Sánchez a los puestos políticos. Primero, como director en la empresa pública de paradores, para aterrizar más tarde como jefe de gabinete de la ministra de Defensa, cargo que ocupaba al ser nombrado consejero del Tribunal de Cuentas.

Precisamente su inmediata permanencia como jefe de gabinete de la ministra de Defensa podría hacer que alguien se preguntase si no  podría estar inmerso en los supuestos del artículo 33.3 de la Ley Orgánica de la institución: haber gestionado fondos públicos o haber pertenecido a un consejo de administración de un organismo o sociedad pública en los dos últimos años, lo que le invalidaría para ocupar el nuevo cargo.

El segundo puesto como consejero en la sección de enjuiciamiento lo va a ocupar doña Rosario García Álvarez. Su currículum es mucho menos movido que el del anterior, se limita a veintisiete años de experiencia en la carrera judicial, últimamente como magistrada de la sala de lo social en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y profesora de Derecho laboral en la Universidad de Comillas. No parecen conocimientos muy a propósito para el Tribunal de Cuentas. Ni Derecho administrativo, ni financiero, ni mercantil, ni contabilidad, ni auditoría, ni análisis de los estados económicos y financieros, nada. Su única gracia parece que radica en poder ir a la sección de enjuiciamiento y estar dispuesta a cambiar el dictamen. Tan es así que según dicen doña Rosario no estaba en la primera lista, sino que era doña María Luz Rodríguez la designada, pero al darse cuenta de que la titulación de esta última no la capacitaba para ir a la sección de enjuiciamiento, que es para lo que se la necesitaba como objetivo primario -salvar a los golpistas-, se modificó la propuesta.

Poco puede sorprendernos la postura del sanchismo. Está en su naturaleza como en la del alacrán de la fábula. El Gobierno Frankenstein precisa día a día de estos comportamientos para mantenerse. Estaban claros su objetivo y su finalidad. Pero ¿a qué se debe la postura del PP?, ¿qué ganaba con los acuerdos? Solo le pueden acarrear desprestigio, después de meses y meses censurando el procedimiento y denunciando con buen fundamento su dudosa constitucionalidad, hasta el extremo de continuar bloqueando la renovación del Consejo General del Poder Judicial, lo que ahora parece una incongruencia. ¿Por qué uno sí y otros no?

Parece que en algún momento el PP alegó a favor del acuerdo el hecho de que los candidatos propuestos no tenían perfil político, lo que constituye una gran ingenuidad, puesto que confundían el nivel con la trayectoria. Que no hayan ocupado puestos relevantes solo indica que su currículum es más bien gris, pero no que todo él no se haya desarrollado a la sombra del PSOE. Es precisamente esa mediocridad la que más les debería haber llamado la atención y hecho desconfiar y podrían haberse cuestionado acerca de cuál era entonces el motivo de la propuesta. Ahora ya se sabe. Que estaban dispuestos a cumplir de forma servil las indicaciones políticas. La pregunta surge entonces de forma inmediata: ¿qué trapicheos ha habido entre Félix Bolaños y Teodoro García Egea?

Republica 10-3-2022



DEL ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS AL CANTONALISMO

AUTONOMÍAS, CATALUÑA Publicado por JUAN FRANCISCO MARTÍN SECOPosted on Jue, mayo 12, 2022 20:46:33

Dicen que Ortega y Gasset fue el autor intelectual de la estructura territorial dibujada en la Constitución del 78. Efectivamente, el filósofo madrileño defendió en su tiempo organizar el Estado español en una serie de regiones autónomas, más o menos semejantes a las actuales. Quizás imbuido por el pensamiento identitario alemán, pensaba que la única fotma de mantener un Estado fuerte y centralizado era concediendo autonomía a sus territorios, de manera que tuviesen su propio gobierno y su asamblea legislativa. No obstante, Ortega se negó siempre a dar un paso más, caminar hacia un Estado federal. En su diseño no se pretendía unir unas entidades previamente existentes e independientes para crear una unidad nueva llamada España, sino todo lo contrario, conceder autonomía a las partes para fortalecer el todo.

La soberanía era solo una y pertenecía a España como nación. Por eso en las discusiones del estatuto catalán en la Cortes españolas de la Segunda República, Ortega se pronunció en el sentido de que quedase deslindado del proyecto de Estatuto todo cuanto significase, o pudiese parecer, amenaza a la soberanía unida, o que dejara infectada su raíz. Por este camino –decía- iríamos derechos y rápidos a una catástrofe nacional.

Se dirigía a los nacionalistas con estas palabras: «No nos presentéis vuestro afán en términos de soberanía, porque entonces no nos entenderemos. Presentadlo, planteadlo en términos de autonomía. Y conste que autonomía significa, en la terminología juridicopolítica, la cesión de poderes; en principio, no importa cuáles ni cuántos, con tal de que quede sentado de la manera más clara e inequívoca que ninguno de esos poderes es espontáneo, nacido de sí mismo, que es, en suma, soberano, sino que el Estado lo otorga y el Estado lo retrae y a él reviene. Esto es autonomía. Y en ese plano, reducido así el problema, podemos entendernos muy bien».

Por el mismo motivo arremetía por su carácter ambiguo contra el término “ciudadanía catalana”, ya que en sentido estricto ciudadanía es el concepto jurídico que liga al individuo con el Estado. Del mismo modo, defendió que en el estatuto debía quedar meridianamente claro que lo que el Estado otorgaba por la autonomía podía volver a sus manos más tarde y no solo por la voluntad de los catalanes, sino también por la del propio Estado.

Ortega pensaba que la mejor forma de vertebrar el Estado y de neutralizar toda tendencia secesionista era organizarlo dividiéndolo en grandes regiones autónomas. Solo habrá -llegó a afirmar-verdadero y saludable centralismo, es decir, Estado, cuando haya vigoroso autonomismo y viceversa. Y eso mismo debían de pensar los diputados del 78, cuando consagraron en la Constitución el Estado de las Autonomías.

A estas alturas de la película es fácil llegar a la conclusión de que Ortega se equivocó y los que aprobaron la Constitución del 78 cometieron el mismo error, pensar que las Autonomías servían para aplacar las ansias de los soberanistas. Nada más ilusorio que creer que las repetidas concesiones apaciguan al nacionalismo. Hoy, después de cuarenta y cuatro años, el problema territorial está infinitamente peor y más infectado que durante la Transición.

Pero lo cierto es que quizás ni uno, ni los otros tendrían que haberse equivocado si hubiesen reparado en la Historia. El regionalismo terminó con la Primera República española, precipitándola al caos. La pretensión de conseguir una república federalista condujo al cantonalismo y a la anarquía. Hasta el propio Pí i Margall se vio sobrepasado e impotente para controlar los distintos focos de independencia. Cuando un Estado federal se forma por la suma de entidades políticas independientes puede llegar sin duda a una situación de cierto equilibrio; pero si, por el contrario, se pretende formar una federación por la separación de partes de un Estado ya constituido, la situación será de inestabilidad porque significará adentrarse en un proceso que nunca se dará por terminado. Cada grado de autonomía servirá para reclamar más y más sin saciarse nunca, hasta llegar a la independencia.

Con el Estado de las Autonomías se puso en marcha una fuerza centrífuga que parece no tener fin y que conduce al cantonalismo, cuando no a la secesión. Esta fuerza ha ido adquiriendo mayor o menor intensidad dependiendo de las circunstancias y de otras variables. El primer factor que ha colaborado a incrementar esa tendencia ha sido la propia Constitución que, a diferencia de la alemana a la que siguió en otros muchos aspectos, se definió como no militante y consiente la existencia de partidos políticos que defienden abiertamente la ruptura de España. Así mismo permite que determinadas Comunidades gocen de ciertos privilegios (a los que llaman fueros) en materia presupuestaria y fiscal, propios de la Edad Media.

A ello hay que añadir la propia ley electoral que otorga una representación mayor de la que corresponde a los partidos nacionalistas y no impuso su presencia en un número mínimo de provincias para poder tener diputados en el Parlamento español, medida que hubiese sido necesaria para que los intereses de todos los parlamentarios coincidan con el interés general de la nación y evitar así que el Congreso se convierta en una subasta en la que se puja por votos a cambio de privilegios provincianos.

Durante los muchos años que el sistema ha girado alrededor del bipartidismo, los partidos nacionalistas de Cataluña y del País Vasco, mediante la cesión de sus votos en las Cortes Generales, obtuvieron pingües privilegios y consolidaron sus posiciones en las respectivas Comunidades Autónomas. Tanto el PSOE como el PP, cuando estaban en el gobierno, les dejaron actuar libremente en sus territorios a cambio de contar con su apoyo en el Parlamento nacional. Poco a poco, en parte mediante un fuerte adoctrinamiento, en parte mediante un continuo trasvase de competencias y en parte debido a la pasividad de los gobiernos centrales, Cataluña y el País Vasco han ido conformándose como Estados independientes, si no de iure, sí de facto, de tal modo que al final los separatistas terminan creyendo que también lo son de pleno derecho.

Al mismo tiempo, en todas las otras regiones se fue formando una clase política cuyos intereses están ligados en buena medida al proceso autonómico, y que por lo tanto apuestan más y más por la autonomía. Igualmente, no es extraño que vean con cierta envidia al País Vasco y a Cataluña y pretendan imitarles bajo la premisa de que ellos no son menos.

Tres factores vienen a influir de forma definitiva en las fuerzas disgregadoras en los últimos años. En primer lugar, la crisis de 2008 y el surgimiento del 15-M. En segundo lugar, el proceso de fagocitación del PSOE por parte del sanchismo y, en tercer lugar, el surgimiento de Podemos. La crisis de 2008 y las manifestaciones del 15-M en Barcelona en contra de la política de la Generalitat llevaron a Artur Más y al Gobern a desviar los cañones hacia otro lado, hacia Madrid, y dar el paso que hasta ese momento no se habían atrevido a dar: independencia sí o sí.

La dominación del sanchismo sobre el PSOE constituye un hito decisivo. Pedro Sánchez consiguió los peores resultados obtenidos nunca por su partido, pero no se resignó a ser perdedor. En contra de la sensatez y de lo que sería lógico, con el fin de llegar al gobierno y mantenerse en él ha estado dispuesto a pactar con toda clase de formaciones de lo más heterogéneo: regionalistas, independentistas, que ya eran golpistas, e incluso con los herederos de los terroristas vascos. El Gobierno Sánchez no solo ha blanqueado todas estas formaciones políticas cuya finalidad es quebrar el Estado, sino que en buena medida las ha hecho partícipes en la gobernación de ese Estado que quieren fragmentar. No solo ha permitido que se intensificaran las tensiones secesionistas en el País Vasco y Cataluña, también ha propiciado que otras Autonomías como Baleares, Navarra o Valencia comiencen a andar por el mismo camino.

En otros territorios, aunque con menos pulsiones separatistas, se ha tomado muy buena nota de las ventajas que obtienen los partidos nacionalistas, así que las formaciones políticas regionalistas o incluso provincianas han comenzado a proliferar como las setas. Últimamente, el Parlamento se ha fraccionado y se han multiplicado las siglas, en algunos casos de forma ridícula; pero es de todos esos partidos de los que se vale Sánchez para seguir manteniéndose en el gobierno.

Son ya muy numerosos los partidos políticos en el Congreso cuya representación se limita a una región o a una provincia: Compromís en la Comunidad Valenciana; Partido Regionalista en Cantabria; Coalición Canaria y Nueva Canarias, que se formaron a su vez por no sé cuántas formaciones políticas; PDECat, Esquerra, CUP y Junts pel sí en Cataluña; PNV y Bildu en el País Vasco; el BNG en Galicia; el Foro en Asturias; Mas País en Madrid; Unión del Pueblo Navarro en Navarra y, por último, Teruel existe.

En una tendencia que cada vez es más pronunciada, son muchos los partidos que con representación en los parlamentos regionales están a la espera para saltar al Congreso de Madrid, tal como por ejemplo lo han demostrado las últimas elecciones en Castilla y León, en las que Soria ya y Unión del Pueblo Leonés han obtenido tres escaños cada uno, y la formación Por Ávila, uno. En Baleares, Mes Mallorca, con implantación en esa isla, y que gobierna con el PSOE en la Comunidad, afirma que el Estado de las Autonomías está agotado. Su especial interés radica en que mantiene la misma concepción del federalismo que los cantonalistas de la Primera República, un proceso de abajo arriba. Propone la creación de partidos en las restantes islas, que se terminen federando con ellos mediante referéndums.

Cometen un error los que piensan que las injusticias y desigualdades generadas por el secesionismo y los partidos nacionalistas se superan y desaparecen mediante el cantonalismo. Cuanto más se disgregue el Estado, el quebranto a las regiones más abandonadas y deprimidas será mayor, y mayores los desequilibrios entre las Comunidades. El diputado de Teruel existe fue decisivo para la investidura de Sánchez. Hoy, sus votantes deberían preguntarse si las limosnas prometidas -que no sé si cumplidas-, compensan el coste de haber impuesto un Gobierno Frankenstein a toda España.

El tercer factor es el surgimiento de Podemos como partido político, y la extraña postura adoptada por dicha formación frente a los regionalismos y los nacionalismos. El 14 de septiembre de 2017 publicaba yo un artículo en este diario digital titulado “El coqueteo nacionalista de Podemos”. Poco tengo que añadir a lo que allí afirmaba. Así que me remitiré a ello en aras de no alargar demasiado este artículo. Solo reiteraré lo que a mi entender ha sido el problema fundamental de esta formación: su afán por llegar al poder lo antes posible, sacrificando incluso la coherencia en el discurso.

La finalidad de obtener en cada sitio los mejores resultados es el motivo de la heterogeneidad, que en cada Comunidad y Ayuntamiento se ha plasmado en distintas alianzas, y también en la pluralidad de discursos, que se concreta en la defensa del derecho de autodeterminación y en el coqueteo con los nacionalistas y regionalistas. Las prisas por llegar al poder se han evidenciado también en la búsqueda constante del pacto con el PSOE, a pesar de que el 15-M surgió cuando gobernaba Rodríguez Zapatero y no Rajoy.

Mantenía en aquel artículo también que este planteamiento a medio y a largo plazo podía ser peligroso para la propia formación. En muchas Comunidades, precisamente las más pobres y peor dotadas, no se vería con buenos ojos -como así está ocurriendo- que un partido teóricamente de izquierdas se coloque a favor de las sociedades ricas que quieren romper la unidad solidaria del Estado. En las otras, con presencia de nacionalistas y regionalistas, no era fácil que se hiciese un hueco con un discurso ambiguo. Los electores prefieren siempre las primeras marcas. Y en cualquier caso la defensa de la disgregación a nivel territorial puede ser un búmeran que termine actuando sobre el propio partido disgregándolo en fracciones casi autónomas.

Caben pocas dudas de que la postura de Podemos está facilitando la aparición del cantonalismo; pero al mismo tiempo se produce el declive de la propia formación. Creo que muchos de sus líderes son conscientes de ello. De ahí el intento de refundación con la actual ministra de Trabajo. Pero curiosamente parece que se pretende copiar el mismo patrón. La famosa reunión en Valencia, que en cierto modo pretendía servir de presentación del nuevo proyecto, aparte de echarse en falta la cuota masculina, seguía idénticos cánones disgregadores: Colau por Cataluña, Oltra por Valencia, Mónica García por Madrid, y la misma Yolanda Díaz por Galicia. Todo ello con un extraño olor a cantonalismo. Modificamos algo para que nada cambie.

republica 3-3-2022



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