Con frecuencia aparecen en la prensa titulares que son manifiestamente falsos o que, siendo verdaderos, se interpretan de forma falaz. En ocasiones el sofisma se encuentra también en la forma de comentarlos en la radio o en la televisión; la mayoría de las veces sobre materias distintas, pero en todas motivadas por la misma finalidad. Cada uno pretende arrimar el ascua a su sardina. Tal vez no se encuentre en este artículo una temática que le dé unidad, ya que su finalidad es escoger de aquí y de allá, de esto y de aquello, hechos que o bien son incorrectos o bien se han utilizado torticeramente.
La publicación de un informe de la OCDE sobre la fiscalidad puso de manifiesto que España es el país, de entre los 38 de la OCDE, en el que la presión fiscal más ha subido en el año 2020. Puede ser cierto, lo que ya no lo es la interpretación acerca de que ello implica que nuestro país ha sido el que más ha incrementado los impuestos. El secreto está en el denominador en lugar del nominador. España lidera en esta Organización el aumento de presión fiscal en 2020 porque nuestro PIB es el que se ha reducido más drásticamente entre todos los de los otros países, y no porque haya aumentado más la carga fiscal.
En el mismo informe se mantiene que la presión fiscal en nuestro país es inferior a la media de la OCDE, lo cual también es cierto, pero de ello no se puede deducir de ningún modo que sea muy elevada, como quieren dar a entender algunos comentaristas detractores de toda fiscalidad y a los que todo les sirve para argumentar el nivel intolerable de gravámenes que soportamos.
A la OCDE pertenecen países como Turquía, México, Corea del Sur, Chile, Colombia, Costa Rica, Hungría, Polonia, Eslovaquia, Letonia, Lituania, etc., cuya fiscalidad es muy reducida, por lo que no tiene nada de raro que también lo sea la media de esta Organización, tanto más cuanto que pertenecen a ella también EE. UU. y el Reino Unido, países que se caracterizan por su baja imposición, y que tienen una ponderación muy elevada. La mayoría de los miembros de la UE (incluso España que está a la cola de Europa y cuya diferencia con la Eurozona es de siete puntos) tendrán por tanto una presión fiscal superior a la media de la de los países de la OCDE. Las comparaciones hay que hacerlas con nuestros similares y no con países de características muy diferentes.
El Gobierno ha filtrado que piensa establecer peaje en las autopistas. Para justificarlo se afirma que parece lógico que los costes de su mantenimiento recaigan sobre aquellos ciudadanos que las utilizan y en la medida en que lo hacen. No parece un argumento muy adecuado para un gobierno que se denomina de izquierdas. Es más propio del neoliberalismo. El mismo argumento se podría aplicar a la sanidad, a la educación y en general a todos los servicios públicos, con lo que el Estado del bienestar desaparecería o por lo menos quedaría muy menoscabado.
Es la clásica alternativa, acerca de si la financiación se realiza mediante el precio o a través de los impuestos. La diferencia se encuentra en si mantenemos exclusivamente las leyes del mercado (precio) o si se corrigen con la función redistributiva del Estado (impuestos). Sería de esperar que la izquierda defendiese la financiación mediante tributos, mientras que la derecha se inclinase por el precio. Pues bien, en España somos diferentes. Por eso el Gobierno, que se considera progresista, propone los peajes y la oposición pone el grito en cielo y critica la medida.
Andan tanto el Gobierno como el Partido Popular porfiando acerca de quién tiene que apuntarse el tanto de que el empleo crezca más que el PIB. El Ejecutivo, principalmente las ministras de Economía y la de Trabajo, lo achacan a su buena gestión. Dado que en la recuperación económica (evolución del PIB) España está a la cola de casi todos los países europeos, creen justificarse aferrándose a la marcha del empleo. El Partido Popular, a su vez, porque asevera que esa diferencia en el comportamiento de ambas variables se debe a la reforma laboral de Rajoy, que es la que el Gobierno actual está empleando.
Lo que ninguno de los dos dice, ya sea porque no son conscientes de ello o porque no les interesa, es que no existe mérito alguno en esa dispar tendencia. Es más, no tiene nada de positiva. El envés de esta discrepancia se encuentra en que la productividad, lejos de crecer, se reduce. El mismo número de trabajadores produce menos. Es posible que la causante sea, como afirma el PP, la reforma laboral anterior, pero de lo que no hay duda es de que la devaluación interior a la que se sometió a la economía española ha tenido mucho que ver, y que la pertenencia a la UE y especialmente a la moneda única han conformado nuestro sistema productivo y nuestro mercado laboral. Producimos aquello que nos permiten nuestros socios en un reparto realizado silenciosamente y de manera automática.
La productividad es una variable fundamental en la economía. Sin su incremento ni se van a poder subir los salarios ni los beneficios empresariales ni se puede mantener la economía del bienestar. El hecho de que el empleo crezca más que el PIB no es una buena noticia. Constituye un signo muy claro del déficit y de las lacras de nuestro sistema económico.
Desde las filas del neoliberalismo, bien sea político o mediático, con el fin de relativizar las cifras de creación de empleo y pinchar el globo que infla el Gobierno, se resalta que los puestos de trabajo generados son públicos, como si estos, por el hecho de ser tales, fuesen de peor calidad que los privados o no fuesen necesarios. Es difícil aceptar que los médicos y los sanitarios de los hospitales públicos tienen menos importancia que los de los centros privados. Tampoco parece muy lógico defender que contratar profesores en la enseñanza concertada o privada sea crear empleo y, sin embargo, incrementar la plantilla de la pública no.
Cuando el ciudadano comprueba que no puede dar de alta su pensión o apuntarse al paro por deficiencia de los servicios, en parte quizás, sí, por incompetencia de los ministros, pero también y principalmente por carencia de los funcionarios necesarios, es difícil que entienda eso de que el empleo público no es empleo. Y ¿por qué considerar de distinta manera a los trabajadores de las empresas privadas de seguridad que a los guardias civiles, a los policías nacionales o a los ertzainas?
La diferencia -y es la única que de verdad parece interesar a los detractores del sector público- se encuentra en su financiación, en un caso mediante precios; en el otro, a través de impuestos. Es la carga fiscal la que rechazan hasta el extremo de denigrar el empleo público y no considerarlo empleo. De ahí que sea frecuente escuchar en el mundo conservador esa frase de que son los empresarios los únicos que crean empleo. Como se ve, el sector público también lo crea, y no tiene por qué ser de peor calidad que el privado.
Es más, en muchas ocasiones el sector público se encuentra detrás también del empleo que crean los empresarios. Últimamente se produce la paradoja de que aquellos que más reniegan del sector público son los que demandan mayores y más numerosas ayudas para el sector empresarial. La pandemia ha puesto de manifiesto hasta qué punto el Estado juega un papel fundamental en el mantenimiento de la economía y en la sostenibilidad de las empresas y de los puestos de trabajo. Tal vez más de lo que sería conveniente, ya que se pueden estar apuntalando sin ningún sentido empresas zombis y un empleo ficticio, que en definitiva no es más que paro encubierto.
republica.com 23-12-2021
