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ARTÍCULOS RECIENTES CONTRAPUNTO

DIFERENCIA DEL DICIEMBRE DE 1988 AL DICIEMBRE DE 2021

CATALUÑA, SINDICATOS Posted on Mié, mayo 11, 2022 19:55:03

Treinta y tres años y cuatro días separan el 14 de diciembre de 1988 del 18 de diciembre de 2021. Hay quien dice que la distancia es mucho mayor, la que hay entre unos sindicatos de clase y unos sindicatos verticales. En la primera fecha las organizaciones sindicales pararon el país y estuvieron a punto de forzar la dimisión del presidente del Gobierno; en la segunda, los sindicatos se manifestaron en Cataluña en contra de una sentencia de los tribunales y con la demanda de que la Generalitat la incumpla, es decir, que se sitúe en un estado de insumisión.
Aquel 14 de diciembre las organizaciones sindicales salieron a la calle y arrastraron a la mayoría de los ciudadanos con la finalidad, primero, de abortar una reforma laboral que abarataba y potenciaba el despido y multiplicaba las facilidades para realizar contratos temporales -condiciones, sin embargo, bastantes mejores que las que ahora rigen las relaciones laborales-; y segundo, de impedir una serie de modificaciones fiscales que reducían la progresividad, especialmente en el impuesto sobre la renta. Nada que ver, sin embargo, con las reformas que se adaptaron posteriormente y que han terminado por menoscabar aún más el sistema fiscal. No obstante, en aquel momento, a pesar de que luego la situación ha empeorado, la huelga general logró parar la ofensiva neoliberal.
El 18 de diciembre de este año los sindicatos en Cataluña se han manifestado, pero no han encabezado nada. Más bien han sido puras comparsas de una plataforma independentista, Som Escola, y de un golpista, Jordi Cuixart. Han participado en una protesta no precisamente en contra del Gobierno, ni del central ni del de la Generalitat; se manifestaron, por el contrario, en claro contubernio con este último. La finalidad no era pedir la reforma del mercado laboral ni exigir una fiscalidad más progresiva. No ha sido una protesta social. Las protestas sociales se terminaron en Cataluña hace muchos años. La última fue aquella en la que Artur Mas y algún otro consejero se vieron forzados a entrar en helicóptero al Parlament. Hoy en Cataluña todas las protestas son secesionistas y muchas de ellas, con reclamaciones a todas luces ilegales e inconstitucionales.
En esta ocasión, los sindicatos se han sumado a una protesta independentista, que persigue la desigualdad entre aquellos cuya lengua materna es el castellano y los que tienen como tal el catalán. Según los convocantes de la manifestación, la intención era preservar y proteger la cohesión social en Cataluña, y evitar la división en la escuela por razón de la lengua. Nada más falsario que este discurso, puesto que son los soberanistas los que dividen a los alumnos en dos clases, los que pueden estudiar en su lengua materna y los que no. Pero, como en todo nacionalismo, lo que se persigue es la supremacía de una parte sobre la otra: en este caso del catalán sobre el castellano.
Las sentencias no crean ninguna escisión sino, bien al contrario, pretenden establecer la igualdad que la inmersión lingüística rompe. No se trata, tal como pretenden hacernos creer los secesionistas, de que ese 25% que debe impartirse en lengua castellana se destine solo a aquellos alumnos cuyas familias lo reclaman, sino que se tiene que aplicar a todos los colegios, en todas las aulas y a todos los alumnos. El cambio en el sistema educativo que se deduce de la sentencia, por lo tanto, no divide a los escolares. Todos, sin distinción, recibirían la misma educación. La sentencia lo único que hace es mantener la igualdad de ambas lenguas exigida por la Constitución y que el modelo de inmersión lingüística ha destruido.
Paradójicamente, esa moralina que habla de la riqueza que proporciona la multiplicidad de lenguas no va con los soberanistas. Ellos se sienten más bien cercanos a la tradición judía que se desprende del relato bíblico de la Torre de Babel, en el que la multiplicidad de idiomas se considera un castigo y una maldición. Visión quizás lógica para un pueblo que se creía elegido por Dios y por tanto excepcional y superior al resto. Los soberanistas, si pudieran, suprimirían el castellano de Cataluña.
El drama del nacionalismo catalán es que en el fondo no es capaz de definirse a sí mismo, de establecer aquello que con suficiente consistencia hace a los catalanes diferentes del resto de españoles. Desde luego no es la raza, ni las características genéticas o biológicas. Alejandro Fernández, presidente del PP de Cataluña, con cierta sorna se lo espetaba a Quim Torra en el Parlament, recordándole que anatómicamente era muy españolazo, y que ambos eran muy parecidos. Que se mirase al espejo y que constatara que su figura tenía mucho más que ver con él que con los altos y rubios habitantes del norte de Europa.
Tampoco es posible afirmar que la diferencia se base en la estirpe o en la homogeneidad de ancestros. El INE elabora estadísticas acerca de los distintos apellidos y su frecuencia en cada una de las provincias españolas. Pues bien, los apellidos más frecuentes en Cataluña, y con mucha diferencia, son García, Martínez, López y Fernández. Resulta muy curioso escudriñar los datos de este organismo y descubrir en qué orden quedan en cada una de las cuatro provincias los apellidos que podríamos llamar “más catalanes”. Paradójicamente, se encuentran al final del ranking.
Lo anterior no debería sorprendernos, dados los intensos movimientos migratorios que se han producido, como en toda España, en Cataluña. Los catalanes, del mismo modo que el resto de españoles, son fruto del mestizaje. En los últimos ochenta años Cataluña, al igual que Madrid, ha sido objeto de una continua inmigración de casi todas las otras regiones de España como Extremadura, Andalucía, Castilla, Galicia, etc. En época reciente (y así parece que va a ser en el futuro) el flujo migratorio ha provenido de Latinoamérica, África e incluso de la Europa del Este. Es frecuente escuchar que son pocos los madrileños que han nacido en Madrid. Y muchos menos los que pueden jactarse de que sus padres sean naturales de la capital de España. Lo mismo se puede decir de Cataluña.
Tampoco parece que el criterio territorial pueda fundamentar con cierto rigor la existencia de una nación o de un pueblo diferente del resto de España. A la hora de predicar el derecho a decidir, ¿a quién hay que escoger, a los que han nacido en Cataluña o a los que residen actualmente en ella, aunque lleven tan solo unos cuantos días empadronados? Por otra parte, en qué criterio jurídico nos apoyamos para fijar los límites del territorio. ¿Aceptamos los de la Comunidad Autónoma tal como la definió la Constitución del 78, formada por cuatro provincias, con las demarcaciones que estableció el ordenamiento jurídico en 1833? Ambas normas escogieron una delimitación discrecional. Muy bien podrían haber establecido otra. ¿Por qué no escoger los países catalanes o el antiguo Reino de Aragón?, ¿y por qué no cada una de las provincias por separado?
Tal vez sea la lengua el único factor al que puedan aferrarse los secesionistas para definirse como conjunto distinto del resto de España y apoyar así sus pretensiones de independencia. Dentro de sus planteamientos, el idioma es lo que les proporciona ese carnet de pertenencia a un club diferente del de los otros españoles. Ello no significa que no agiten e intenten potenciar otros factores a los que llaman hechos diferenciales: folklore, usos, tradiciones. Pero eso no les diferencia de otras regiones. Todas tienen costumbres y hábitos propios, pero estos no pueden servir de apoyo para fantasías soberanistas.
La lengua se ha convertido para los secesionistas, por tanto, en un casus belli. Pretenden hacerla hegemónica en toda Cataluña. Para ello deben expulsar el castellano y minimizar el número de hispanohablantes. Hay quien se empeña en afirmar que el procés está acabado. No participo de esa creencia. Una cosa es que, en estos momentos, no puedan llevar a cabo sus bravuconadas, y otra, que no estén dispuestos a esperar una oportunidad mejor. Piensan que esta solo tendrá una probabilidad si conforman una mayoría muy cualificada, y que para ello la escuela y la extensión del catalán son medios esenciales. He ahí la razón por la que se movilizan con tanto empeño con el asunto del idioma, hasta el punto de llegar a la insumisión y a plantar cara ante los tribunales, postura que ahora no suele ser habitual después de ver las consecuencias penales que acarreó el golpe de Estado.
Lo que carece de toda justificación y resulta inexplicable es que los sindicatos se prestasen al papel de comparsa del soberanismo, a no ser que su propósito sea el de representar tan solo a una parte de la población de Cataluña. Insólito es también, aunque nos tiene acostumbrados a ello, que el Gobierno central se lave las manos y no intervenga, permitiendo que la ley y las sentencias no se apliquen en Cataluña. Pero todo es posible desde el mismo instante en que se creó el Gobierno Frankenstein.

republica.com 30-12-2021



DE ESTO Y DE AQUELLO

APUNTES POLÍTICOS Posted on Mié, mayo 11, 2022 19:27:59

Con frecuencia aparecen en la prensa titulares que son manifiestamente falsos o que, siendo verdaderos, se interpretan de forma falaz. En ocasiones el sofisma se encuentra también en la forma de comentarlos en la radio o en la televisión; la mayoría de las veces sobre materias distintas, pero en todas motivadas por la misma finalidad. Cada uno pretende arrimar el ascua a su sardina. Tal vez no se encuentre en este artículo una temática que le dé unidad, ya que su finalidad es escoger de aquí y de allá, de esto y de aquello, hechos que o bien son incorrectos o bien se han  utilizado torticeramente.

La publicación de un informe de la OCDE sobre la fiscalidad puso de manifiesto que España es el país, de entre los 38 de la OCDE, en el que la presión fiscal más ha subido en el año 2020. Puede ser cierto, lo que ya no lo es la interpretación acerca de que ello implica que nuestro país ha sido el que más ha incrementado los impuestos. El secreto está en el denominador en lugar del nominador. España lidera en esta Organización el aumento de presión fiscal en 2020 porque nuestro PIB es el que se ha reducido más drásticamente entre todos los de los otros países, y no porque haya aumentado más la carga fiscal.

En el mismo informe se mantiene que la presión fiscal en nuestro país es inferior a la media de la OCDE, lo cual también es cierto, pero de ello no se puede deducir de ningún modo que sea muy elevada, como quieren dar a entender algunos comentaristas detractores de toda fiscalidad y a los que todo les sirve para argumentar el nivel intolerable de gravámenes que soportamos.

A la OCDE pertenecen países como Turquía, México, Corea del Sur, Chile, Colombia, Costa Rica, Hungría, Polonia, Eslovaquia, Letonia, Lituania, etc., cuya fiscalidad es muy reducida, por lo que no tiene nada de raro que también lo sea la media de esta Organización, tanto más cuanto que pertenecen a ella también EE. UU. y el Reino Unido, países que se caracterizan por su baja imposición, y que tienen una ponderación muy elevada. La mayoría de los miembros de la UE (incluso España que está a la cola de Europa y cuya diferencia con la Eurozona es de siete puntos) tendrán por tanto una presión fiscal superior a la media de la de los países de la OCDE. Las comparaciones hay que hacerlas con nuestros similares y no con países de características muy diferentes.

El Gobierno ha filtrado que piensa establecer peaje en las autopistas. Para justificarlo se afirma que parece lógico que los costes de su mantenimiento recaigan sobre aquellos ciudadanos que las utilizan y en la medida en que lo hacen. No parece un argumento muy adecuado para un gobierno que se denomina de izquierdas. Es más propio del neoliberalismo. El mismo argumento se podría aplicar a la sanidad, a la educación y en general a todos los servicios públicos, con lo que el Estado del bienestar desaparecería o por lo menos quedaría muy menoscabado.

Es la clásica alternativa, acerca de si la financiación se realiza mediante el precio o a través de los impuestos. La diferencia se encuentra en si mantenemos exclusivamente las leyes del mercado (precio) o si se corrigen con la función redistributiva del Estado (impuestos). Sería de esperar que la izquierda defendiese la financiación mediante tributos, mientras que la derecha se  inclinase por el precio. Pues bien, en España somos diferentes. Por eso el Gobierno, que se considera progresista, propone los peajes y la oposición pone el grito en cielo y critica la medida.

Andan tanto el Gobierno como el Partido Popular porfiando acerca de quién tiene que apuntarse el tanto de que el empleo crezca más que el PIB. El Ejecutivo, principalmente las ministras de Economía y la de Trabajo, lo achacan a su buena gestión. Dado que en la recuperación económica (evolución del PIB) España está a la cola de casi todos los países europeos, creen justificarse aferrándose a la marcha del empleo. El Partido Popular, a su vez, porque asevera que esa diferencia en el comportamiento de ambas variables se debe a la reforma laboral de Rajoy, que es la que el Gobierno actual está empleando.

Lo que ninguno de los dos dice, ya sea porque no son conscientes de ello o porque no les interesa, es que no existe mérito alguno en esa dispar tendencia. Es más, no tiene nada de positiva. El envés de esta discrepancia se encuentra en que la productividad, lejos de crecer, se reduce. El mismo número de trabajadores produce menos. Es posible que la causante sea, como afirma el PP, la reforma laboral anterior, pero de lo que no hay duda es de que la devaluación interior a la que se sometió a la economía española ha tenido mucho que ver, y que la pertenencia a la UE y especialmente a la moneda única han conformado nuestro sistema productivo y nuestro mercado laboral. Producimos aquello que nos permiten nuestros socios en un reparto realizado silenciosamente y de manera automática.

La productividad es una variable fundamental en la economía. Sin su incremento ni se van a poder subir los salarios ni los beneficios empresariales ni se puede mantener la economía del bienestar. El hecho de que el empleo crezca más que el PIB no es una buena noticia. Constituye un signo muy claro del déficit y de las lacras de nuestro sistema económico.

Desde las filas del neoliberalismo, bien sea político o mediático, con el fin de relativizar las cifras de creación de empleo y pinchar el globo que infla el Gobierno, se resalta que los puestos de trabajo generados son públicos, como si estos, por el hecho de ser tales, fuesen de peor calidad que los privados o no fuesen necesarios. Es difícil aceptar que los médicos y los sanitarios de los hospitales públicos tienen menos importancia que los de los centros privados. Tampoco parece muy lógico defender que contratar profesores en la enseñanza concertada o privada sea crear empleo y, sin embargo, incrementar la plantilla de la pública no.

Cuando el ciudadano comprueba que no puede dar de alta su pensión o apuntarse al paro por deficiencia de los servicios, en parte quizás, sí, por incompetencia de los ministros, pero también y principalmente por carencia de los funcionarios necesarios, es difícil que entienda eso de que el empleo público no es empleo. Y ¿por qué considerar de distinta manera a los trabajadores de las empresas privadas de seguridad que a los guardias civiles, a los policías nacionales o a los ertzainas?

La diferencia -y es la única que de verdad parece interesar a los detractores del sector público- se encuentra en su financiación, en un caso mediante precios; en el otro, a través de impuestos. Es la carga fiscal la que rechazan hasta el extremo de denigrar el empleo público y no considerarlo empleo. De ahí que sea frecuente escuchar en el mundo conservador esa frase de que son los empresarios los únicos que crean empleo. Como se ve, el sector público también lo crea, y no tiene por qué ser de peor calidad que el privado.

Es más, en muchas ocasiones el sector público se encuentra detrás también del empleo que crean los empresarios. Últimamente se produce la paradoja de que aquellos que más reniegan del sector público son los que demandan mayores y más numerosas ayudas para el sector empresarial. La pandemia ha puesto de manifiesto hasta qué punto el Estado juega un papel fundamental en el mantenimiento de la economía y en la sostenibilidad de las empresas y de los puestos de trabajo. Tal vez más de lo que sería conveniente, ya que se pueden estar apuntalando sin ningún sentido empresas zombis y un empleo ficticio, que en definitiva no es más que paro encubierto.

republica.com 23-12-2021



ADIÓS, MERKEL, ADIÓS

EUROPA Posted on Mié, mayo 11, 2022 19:08:49

Dicen que los españoles enterramos muy bien a los muertos, pero pienso que no es una característica exclusiva de España. La razón quizás se encuentre en que una vez que una persona ha fallecido no constituye ya ningún peligro o amenaza, ni siquiera plantea competencia alguna. Es por eso por lo que no hay inconveniente en cantar sus supuestos méritos, e incluso en inventarlos, al tiempo que se silencian todos sus defectos o faltas.
Es posible que un fenómeno similar se produzca cuando se trata de la muerte política, es decir, con respecto a aquel que deja la competición, que se retira del campo de juego. Estas últimas semanas han abundado las alabanzas y piropos a Merkel, en claro contraste con las opiniones que tiempo atrás se vertían en casi toda Europa sobre la canciller y su política, política fuertemente restrictiva, que venía imponiéndose a todos los países miembros desde el Tratado de Maastricht mediante los criterios de convergencia.
Especialmente fue a partir del 2008, al surgir la recesión mundial y con ella las contradicciones de la Unión Monetaria, cuando se impuso con más fuerza la política de austeridad. En muchos países como ocurrió en España la salida de la crisis solo se consiguió tras fuertes sufrimientos y privaciones. Las directrices provenían de las autoridades comunitarias y tuvieron efectos devastadores desde el punto de vista social. De esa política se responsabilizó a Alemania y a Merkel. Tan es así que desde Grecia -que fue sin duda el país más castigado-, algunos llegaron a identificar la situación actual con la dominación alemana en tiempos del nazismo. Recordemos a ese farmacéutico, Dimitris Christoulas, suicidándose en la plaza Sintagma de Atenas y llamando al presidente del Gobierno griego, Tsolákoglu, en referencia a quien ocupaba ese cargo en el gobierno colaboracionista.
He criticado innumerables veces la política aplicada por la Unión Europea. Pero de lo que no he estado nunca tan seguro es de que Merkel fuese la máxima responsable del sacrificio y deterioro sociales generados en la Eurozona. Es importante que no nos pongamos orejeras. Solo así llegaremos a la verdadera causa de los problemas, que no es otra que la propia Unión Europea y, más concretamente, la moneda única. Hay que traer a colación aquel principio escolástico de “Agere sequitur esse”, el obrar sigue al ser. Aplicándolo a nuestro caso podríamos afirmar que la política es consecuencia de la naturaleza del proyecto. Con la Unión Europea hemos construido un engendro lleno de contradicciones y no podemos esperar más que resultados caóticos.
La integración comercial, junto a la libre circulación de capitales y con moneda única, sin que al mismo tiempo se dé la unidad fiscal, presupuestaria y política tiene que conducir por fuerza al debilitamiento de la democracia y a incrementar las desigualdades personales y entre los Estados. Tradicionalmente, los defensores del libre comercio nunca negaron que este pudiese crear embarazosos desequilibrios entre los Estados, es decir, superávits y déficits en la balanza de pagos, que se traducirían en endeudamiento y en un importante gap entre deudores y acreedores, pero suponían que el equilibrio se restablecería antes o después a través del realineamiento de los tipos de cambio.
El problema surge cuando nos movemos en una unión monetaria, y por lo tanto no cabe la depreciación de la moneda. En realidad, eso es lo que sucede dentro de cada país. Los desequilibrios producidos entonces entre regiones solo se palian, aunque sea parcialmente, mediante la política redistributiva del Estado, a través de los impuestos y de un presupuesto consistente, en otras palabras, mediante la unión fiscal. Nada de esto ocurre en la Eurozona. Los impuestos comunes son muy reducidos y carentes de progresividad y el presupuesto es de una cuantía ridícula e inútil para compensar las desigualdades entre Estados que crea el mercado. Es más, los tratados prohíben toda mutualización de la deuda o transferencia de recursos entre países. Lo poco que se ha hecho en esta materia se ha producido en momentos críticos y ante el peligro de que la Unión Monetaria saltase por los aires, sorteando y haciendo trampa a los propios tratados.
Solo hay que echar un vistazo a las cifras macroeconómicas de los distintos países para comprobar cómo ha influido en cada uno de ellos la creación de la moneda única, y las diferencias que se han originado. Ciertamente no es solo Alemania la beneficiada, pero, dado su tamaño, su caso tiene especial trascendencia. Entre los datos macroeconómicos sobresale por su importancia el déficit o el superávit en la balanza por cuenta corriente, porque cuando son desproporcionados indican en buena medida cómo unos países viven a costa de otros. Durante los siete primeros años de este siglo, Alemania fue acrecentando su superávit, enchufada de forma parásita a los déficits de los países del Sur. La crisis ha obligado a estos a equilibrar sus cuentas exteriores de la única manera que podían hacerlo, mediante una devaluación interna que ha significado dolor y empobrecimiento para sus ciudadanos. Al país germánico nada ni nadie le ha obligado a hacer lo mismo con su superávit. Bien al contrario, este se ha incrementado aún más, alcanzando el 9% del PIB, con lo que continúa creando graves problemas a la Eurozona.
No obstante, no es razonable echar la culpa a Merkel de esta situación. Como canciller de Alemania, su quehacer no podía ser otro que sacar las mayores ventajas para su país, explotando todas las posibilidades que le permitían los tratados y la configuración de la propia Eurozona, basada en una enorme asimetría. Otros son los responsables, principalmente los mandatarios de los países perdedores, que no fueron conscientes de a dónde les conducía la Unión Monetaria tal como se estaba gestando, y aquellos que siguen sin darse cuenta todavía.
El origen del euro es un tanto pintoresco. Increíblemente, surge como contrapartida a la reunificación alemana. La consideración de que la nueva Alemania era demasiado grande, desequilibraba la Unión Europea y constituía una amenaza para los intereses del resto de los países, sobre todo para Francia, llevó a Mitterrand a exigir a Helmut Kohl (¡oh, paradoja!) la desaparición del marco y el nacimiento de la moneda europea, en la creencia de que así Alemania tendría las manos atadas. El canciller alemán accedió de mala gana, pero introduciendo tal cúmulo de condiciones que finalmente se dio a luz un despropósito. La perspicacia del presidente francés y de Jacques Delors, que presidía la Comisión, y de algún acólito como Felipe González, pasará como paradigma a los libros de texto, porque si lo que pretendían era controlar a Alemania, el resultado ha sido justo el contrario, es el país germánico el que está controlando al resto de los países miembros. Los tratados le dan tales armas que su voluntad es ley en toda la Eurozona.
Responsables han sido en tanta o mayor medida los gobiernos, sean de derechas o de izquierdas, de los distintos países del Sur, que siguieron el juego sin ser conscientes de a dónde les conducía. En España, Aznar y Zapatero permitieron que se formase la burbuja inmobiliaria y los ingentes déficits de la balanza de pagos por cuenta corriente con el correspondiente endeudamiento exterior, que creó el campo abonado para que se produjese la recesión económica tan pronto como una causa externa hizo de detonante. Y en cierto modo fueron también responsables del deterioro social que se produjo por la aplicación de la devaluación interior, única forma de salir de la crisis.
La izquierda de los países del Sur de Europa, especialmente de España, para lavar su mala conciencia de haber dado su aquiescencia a la Unión Monetaria, echa las culpas a las derechas de las políticas de austeridad seguidas, pero lo cierto es que populares y socialistas se pueden repartir las culpas, porque ambos están implicados en su construcción y, por lo tanto, son responsables de sus consecuencias. Es más, el modelo fabricado condiciona la política actual y paraliza el desarrollo económico de los Estados deudores. Merkel lo único que ha hecho es aprovechar el defecto radical que tiene el proyecto europeo y que se manifiesta en sus tratados para maximizar el beneficio de Alemania en detrimento de otros Estados.
Sin embargo, la canciller alemana, a diferencia de otros mandatarios como el primer ministro holandés, ha sido lo suficientemente pragmática para tirar sí de la cuerda, pero también aflojar cuando era necesario para que la cuerda no se rompiese y matara de ese modo la gallina de los huevos de oro. La primera cesión fue en 2012, cuando la prima de riesgo de España e Italia había llegado a un nivel insostenible y existía el peligro de que se rompiese la Unión Monetaria. Merkel, en contra de los halcones de su misma nación, mantuvo una cierta postura permisiva ante la actuación de Draghi, totalmente necesaria para que el euro no saltase por los aires, pero contraria a los tratados o, al menos, bordeándolos de manera un tanto heterodoxa.
Más tarde, fue el órdago de Monti, al frente entonces del Gobierno italiano, acerca de que el MEDE (UE) asumiese las pérdidas de las entidades financieras quebradas. A esta postura se unieron en enseguida el Gobierno francés y el español. Ante ello la canciller alemana, con cintura, no se opuso a la propuesta, pero supo condicionarla de tal forma que al final la tan cacareada unión monetaria se ha quedado reducida a transferir a las autoridades europeas las competencias sobre la supervisión y las potestades de liquidación y resolución, pero nada de mutualizar las pérdidas.
Otro hito importante fue la llegada de Macron a la cabeza del Gobierno francés. Consciente de que tenía que tomar medidas impopulares, pretendió compensarlas consiguiendo reformas importantes en la Eurozona. Reclamó la creación de un presupuesto para la Eurozona, distinto y separado del de la Unión Europea. La propuesta era sustancial puesto que incidía sobre el defecto más grave de la Unión Monetaria y del que surgen todos sus problemas y contradicciones, el hecho de que al mismo tiempo no se haya creado una unión fiscal.
Merkel pareció aceptar la propuesta y aparentemente Alemania y Francia hacían un frente común, pero en realidad la teórica adhesión de Merkel solo ha servido para desnaturalizar y hacer que pierda todo significado. Las cantidades que se manejan son absurdas por insignificantes, no se nutre de impuestos propios sino de créditos, y de las cotizaciones de los estados y las aportaciones a los países se instrumentan a modo de préstamos y no a fondo perdido. Una vez más, la canciller alemana, con mano izquierda, logró que todo quedase en nada.
Por último, habrá que resaltar la respuesta de Merkel a la hora de encarar la crisis económica derivada de la pandemia, marcando distancias con los halcones y asumiendo un papel reconciliador entre los dos bandos. Era consciente de que la postura de Mark Rutte primer ministro holandés y que capitaneaba a los llamados frugales era suicida. Resultaba inasumible someter a las poblaciones de los países del Sur a los mismos recortes de la crisis pasada. Por otra parte, resultaba temerario enfrentarse a los tres países más grandes de la Eurozona, si exceptuamos a Alemania. Había que cambiar algo para que nada cambiase. Ese ha sido el origen de los fondos de recuperación, que todo el mundo está interesado en magnificar, pero que en realidad tan solo suponen ese mínimo necesario para que el proyecto continúe, y sin comparación alguna con la transferencia de fondos que se produciría en una verdadera integración fiscal. Sirva de ejemplo la unificación alemana. Así lo entendió Merkel, una vez más.
La canciller alemana, como es lógico, ha potenciado siempre la política que le interesaba a Alemania y a los otros países acreedores. Resultaría ilusorio haber pretendido de ella otra cosa. Corregir ahora la asimetría de partida con la que se redactaron los tratados resulta imposible. Los países que se han visto beneficiados por ellos -Alemania y demás países del Norte- quizás hubieran estado dispuestos a ceder en el origen como contrapartida a las ventajas que obtenían de la Unión. Pero de ningún modo van a hacer ahora concesiones sustanciales a cambio de nada. En todo caso, tal como ha hecho Merkel, se plantearán permitir lo necesario para no acabar con la vaca lechera. Veremos lo que nos depara el futuro con el nuevo gobierno alemán.

republica.com 16-12-2021



ESTADO PERMANENTE DE INSUMISIÓN

CATALUÑA Posted on Mié, mayo 11, 2022 19:02:02

El día 23 del mes pasado, una providencia del Supremo rechazaba el recurso interpuesto por la Generalitat de Cataluña contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de esa Comunidad acerca de la presencia del castellano en los centros docentes catalanes. Concretamente estipulaba que al menos el 25% de las clases debían impartirse en castellano. Hasta aquí todo normal. Lo extraño, lo que debería sorprendernos, es que el Gobern saliese en bloque a denunciar el ataque que, según ellos, estaba sufriendo la Autonomía por parte de la Justicia.
Pere Aragonés manifestó de forma contundente que la sentencia no se iba a cumplir, que el modelo educativo no variaría ni un ápice y, lo que es aún más grave, retó al Gobierno central, y en concreto a su presidente, a que no guardase silencio y saliese a reprobar la actuación de los jueces. Hasta este punto piensan los independentistas que tienen cogido a Sánchez por las orejas. A su vez, el consejero de Educación se arriesga más y pone por escrito el rechazo total a la sentencia y en una carta incita y ordena a los directores de colegio a que no la apliquen.
No hace falta ser experto en Derecho Penal para llegar a la conclusión de que si esto no es prevaricación se encuentra muy cerca de serlo. Parece que contiene todos los elementos para definirlo como tal. La carta tiene toda la apariencia de una resolución en la que se ordena a los inferiores. Y aquello que se dispone consiste en cometer un delito de desobediencia. El consejero ejerce como autoridad y, desde luego, actúa a sabiendas. Veremos qué dicen los tribunales.
Pero más allá del Código Penal y del dictamen de los jueces, lo que conviene resaltar es lo que todos estos hechos tienen de estridentes y preguntarse si no son tantos los desafueros que se están cometiendo en la política española que vamos a terminar por insensibilizarnos y perder el sentido de la normalidad democrática. Esa era mi preocupación cuando publiqué el libro “Una historia insólita. El gobierno Frankenstein”, en la editorial El Viejo topo, que diésemos por normales los extraños acontecimientos que venían sucediendo. Pero mi narración finalizaba con la formación del segundo Gobierno Frankenstein, es decir, con la sesión de investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.
A partir de entonces, son muchos los lances que han seguido ocurriendo y que han jibarizado aún más nuestra realidad democrática. Y mayor es aun el peligro de que los sucesos más escandalosos los contemplemos con la indiferencia con la que se percibe lo rutinario. Quizás nos estamos acostumbrando a que el Gobierno de Cataluña viva en una permanente insumisión y que solo hagan caso a la ley cuando les favorece, declarándose en cambio en rebeldía siempre que la ley o los fallos judiciales no les convienen. Es curioso que aceptasen la autoridad del Tribunal Supremo para recurrir la sentencia y se la nieguen poco tiempo después en cuanto ha emitido la providencia en su contra.
Incluso hay algo peor, podemos habituarnos a que esas fuerzas insumisas sean las que manden en España y que arrastren al Gobierno de la nación a ser cómplice de la sedición, al menos con el silencio. Así se lo ha exigido públicamente Aragonés a Sánchez (no se cortan un pelo), y el consejero de Educación no ha tenido ningún problema en manifestar que había hablado con Pilar Alegría, quien le había confirmado ser de su misma opinión y garantizado la pasividad del Gobierno. Tampoco el PSC ha tenido ningún reparo en votar en el Parlament catalán en contra de la sentencia; claro que ¿acaso podíamos esperar otra cosa teniendo en cuenta que ellos son los autores del modelo de inmersión lingüística?
La alcaldesa de Barcelona, ella siempre tan amante de lo público y azote de propietarios y banqueros, tan propensa a las lágrimas y pronta a afirmar que no es independentista -a pesar de que en todos los contenciosos se coloca del lado de los sediciosos-, ha encontrado la solución al problema del modelo educativo de Cataluña. Es sencillo: las familias que quieran educar a sus hijos en castellano que se vayan a la enseñanza privada, que la pública es únicamente para los buenos catalanes.
Claro que aún es más estridente y máxima expresión de cinismo e hipocresía escuchar a Rufián dar vivas a Cádiz y a la clase obrera gaditana. Casa mal con ser portavoz de un partido cuyo líder en el pasado, Carod Rovira, no tuvo inconveniente en desplazarse a Perpiñán a pactar con ETA para que no matasen en Cataluña, aunque continuasen atentando contra el resto de España, entre otros sitios en Cádiz. Portavoz en el Congreso de una formación política que acuñó aquello de “España nos roba”, y que mantiene una constante conspiración para separar Cataluña (los ricos) del resto de España (los pobres), o al menos para obtener todo tipo de privilegios en detrimento de las otras Comunidades, entre ellas Andalucía, y por lo tanto de Cádiz. Es posible que la inercia y la costumbre terminen por hacernos aceptar pulpo como animal de compañía, en otras palabras, llegar a creer que Colau y Rufián son de izquierdas.
En esta cascada de disparates, cuya finalidad es que nos habituemos a las mayores imposturas, ocupa un lugar destacado el hecho de que Sánchez se vanaglorie de haber aprobado los presupuestos con la aquiescencia de once partidos. Se presenta como mérito lo que no es más que la expresión de una profunda debilidad, y una enorme ambición, la de un presidente de gobierno cuyo partido cuenta solo con 120 diputados y que tiene que ir al mercado político a comprar todo tipo de apoyos, sin que importe la matricula ni la patente.
Sánchez no ha dudado en aliarse con los golpistas catalanes, con los soberanistas vascos e incluso con los herederos de Herri Batasuna y de pagar el precio que estos le pidan, simple continuación de las múltiples cesiones que lleva haciendo desde el momento de su nombramiento. En el lote se engloban también retazos de partidos políticos de carácter regionalista nacidos al rebufo del nacionalismo y que, siguiendo su ejemplo, están dispuestos a vender sus escasos apoyos por un plato de lentejas.
Sánchez quiere hacernos creer que ha domesticado y controla a todas estas fuerzas políticas, cuando es al revés: son estas formaciones las que se han adueñado del PSOE, lo conducen a donde quieren y consiguen de él y de su gobierno lo que desean. Sánchez quiere que admitamos que ha logrado la paz; es más, quiere que nos acostumbremos a esa paz, paz que no es otra cosa que rendición ante los soberanistas y ante sus cómplices. No son los golpistas los que se han convertido al constitucionalismo, sino que es el PSOE el que ha cambiado de bando. La gran pregunta es si le va a resultar posible y cuándo recorrer el camino inverso.
republica.com 9-12-2021