ARTICULOS DEL 10/1/2016 AL 29/3/2023 CONTRAPUNTO

“El paro registrado en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha descendido en 734 (-0,02%) personas en el mes de octubre, un dato excepcional ya que es la primera vez que el paro baja en este mes desde el año 1975. De esta manera, el paro acumula ocho meses consecutivos de bajada, un periodo de caídas de duración también inédita. Desde febrero, el número de personas inscritas se ha reducido en 751.721“. Así comienza la nota de prensa de la Moncloa acerca de las estadísticas del SEPE correspondientes al paro registrado del mes de octubre.

No puede extrañarnos que el Gobierno, una vez más, emplee las palabras: “excepcional”, “por primera vez”, “inédito”. Solo les faltó hablar de “histórico”. No nos puede sorprender tampoco que el Gobierno ofrezca una interpretación torticera de las cifras. Está dentro de su idiosincrasia. Lo que sí debe pasmarnos es que todos los medios de comunicación y sus respectivos periodistas, sean de la tendencia que sean, hayan comprado la mercancía averiada. No me refiero a los datos, sino a su exégesis, a sus comentarios y, sobre todo, a sus titulares.

¿Cuándo se va a entender que esta crisis sí que es particular y que todo lo que en ella se desarrolla no puede compararse con las situaciones normales de la economía y tampoco con el comportamiento económico de cualquier otra crisis pasada? No solo en los últimos 45 años, sino ni siquiera mucho más atrás; seguramente habría que llegar a la Guerra Civil, jamás en un año el PIB se había desplomado al -10,8%, como ha ocurrido en 2020, ni la tasa interanual de un trimestre había descendido al -21,5%, tal como sucedió en el segundo trimestre del año pasado. La estacionalidad por fuerza tiene que contar muy poco si, por ejemplo, en el verano se tienen cerrados o a medio gas todos los comercios, espectáculos o servicios y se eliminan restricciones en otoño, en concreto en octubre. ¿Qué tiene de excepcional que en este mes baje el paro?, ¿qué tiene que ver el mes de octubre de este año con el de los anteriores?

Cuando en un determinado momento la actividad económica se hunde en más de un 10%, y el porcentaje de desempleo se eleva por encima del 26%, no tiene nada de raro que a partir de ese momento el paro descienda todos los meses? Habrá quien se pregunte por qué me refiero a una tasa de desempleo superior al 26%, cuando a lo largo de la pandemia en los peores momentos nunca ha superado el 17% en las estadísticas oficiales; pero lo que habría que cuestionarse más bien es por qué razón los datos de paro y empleo gubernamentales tienen tan poco que ver con la evolución del PIB. La solución al misterio se encuentra en las personas incluidas en un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), que mientras están en esta situación son no productivas y, se quiera o no, son paradas, aunque lo sean temporalmente. Si por ejemplo en el mes de mayo de 2020 a los 3.857.776 parados oficiales se les suman las 2.661.878 personas que estaban en ERTE, nos encontramos con que el número de parados reales era 6.519.654, es decir, una tasa de paro del 26%.

El enigma de la esfinge y su solución quizás se comprendan mejor analizando la Encuesta de Población Activa (EPA). Examinemos la última, la del tercer trimestre del presente año. Los portavoces gubernamentales echaron como siempre las campanas al vuelo. En este trimestre el número de ocupados aumentó en 359.000 personas, lo que significa que el total se ha situado por encima de los 20 millones, cifra que no se alcanzaba desde hace 13 años, justamente desde antes de estallar la crisis anterior. El panorama es propicio para el triunfalismo y la propaganda. El Gobierno se ha apresurado a colocarse las medallas y a proclamar el gran éxito que representa que la cifra de empleados haya retornado, e incluso superado, a la existente con anterioridad al inicio de la pandemia. El número de ocupados en el tercer trimestre de este año se ha incrementado en 157.000 con respecto a los del mismo periodo de 2019.

El enigma y la contradicción aparecen tan pronto como se comparan estos datos con la evolución del PIB, que se encuentra aproximadamente un 6% por debajo del de 2019, y con el número de las horas trabajadas semanalmente, que en el tercer trimestre del año actual han sido 14,9 millones menos que en el mismo periodo de 2019. No hay que esforzarse mucho, sin embargo, para encontrar la respuesta al problema. Se halla en la existencia de los trabajadores en ERTE que, siendo en el fondo parados, no se contabilizan como tal y que, no estando ocupados, sí figuran en este colectivo como si lo fueran. En septiembre de este año aún había 239.200 trabajadores en ERTE y 226.400 autónomos en cese de actividad. Si se tienen en cuenta estos datos, la tasa de paro, en lugar del 14,57%, sería en estos momentos del 16,6% y los afiliados a la Seguridad Social, 19,6 millones de personas, número inferior por tanto al que existía en 2019.

Los ERTE están teniendo, al menos, un efecto perverso, el de disfrazar las cifras de desempleo. Todo el mundo sabe que se trata de un paro encubierto, sin embargo, en la mayoría de las ocasiones -el Gobierno en todas ellas- las cifras de paro y de empleo se ofrecen sin tenerlos en cuenta. El tema es especialmente grave cuando el fenómeno se está haciendo crónico y lo que teóricamente debería ser un instrumento temporal se convierte en indefinido y se está dispuesto a aplicarlo de manera sistemática, tal como se ha evidenciado en las dificultades surgidas con el volcán de la Palma. Parece que incluso su papel se va a intensificar y a ampliar en las próximas modificaciones de la legislación laboral.

Resulta paradójico lo que está ocurriendo con los ERTE y la reforma laboral de Rajoy. Los que más presumen del éxito de su aplicación son los mismos que reclaman con más fuerza la derogación de la reforma anterior. No es que esta norma legal, tal como la derecha se empeña en afirmar, los haya credo. De hecho, la figura existía mucho antes. Se encuentra ya, por ejemplo, en el Estatuto de los trabajadores de 1995 (incluso en el de 1980); solo que con otro nombre: “Suspensión del contrato o reducción de la jornada por causas económicas, técnicas u organizativas o de producción o derivadas de fuerza mayor”. El nombre de ERTE, que se le ha dado posteriormente, proviene de su semejanza con los expedientes de regulación de empleo (ERE) de los que solo se diferencian por su carácter temporal.

Lo que sí hizo la reforma del PP fue modificarlos sustancialmente, aunque ya se habían flexibilizado dos veces en tiempos de Zapatero. En 2012 se eliminó el requisito de ser aprobados por la autoridad laboral, y se ha permitido que a partir de entonces fuese suficiente la resolución de la dirección de la empresa con la aquiescencia de la representación sindical o incluso sin ella en el caso de desacuerdo, concediendo tan solo a esta, la posibilidad de acudir a los tribunales. Ha sido este cambio el que ha facilitado su uso masivo durante la epidemia, pero también ha abierto profundos mecanismos de fraude, situaciones caóticas y ha hecho que muchas empresas los hayan utilizado sin verdadera necesidad.

Resulta también curioso que desde que Podemos ha pactado con Sánchez y está en el Gobierno todo el mundo se ha olvidado de la reforma laboral de Zapatero. Tampoco parece acordarse nadie de que el 11-M surgió durante el Gobierno del PSOE y en contra de su política económica. La reforma laboral del PP fue continuación de la de Zapatero y las dos obedecieron a la imposición de la Unión Europea. Conviene considerar que la reforma se encontraba en la carta que Trichet, entonces presidente del BCE, envió juntamente con Fernández Ordoñez, gobernador del BE, a Rodríguez Zapatero, gemela de otra enviada a Berlusconi. En ambas se establecían las condiciones para que el BCE interviniese en el mercado y rescatase a España y a Italia de la encrucijada en que las había sumido una prima de riesgo inasumible. Entre esas condiciones estaba casi como punto número uno la reforma laboral.

La presión de la Unión Europea para que se reformase el mercado de trabajao no se limitaba a la coacción de Bruselas o de Frankfurt, sino que radicaba en la propia naturaleza de la Moneda Única. La imposibilidad de devaluar la moneda fuerza, en presencia de graves desequilibrios de la balanza de pagos ocasionados por la diferencia en las tasas de inflación, a lo que se denomina “devaluación interna”. Se trata en definitiva de recuperar mediante la depreciación de precios y salarios la competitividad exterior perdida. A este objetivo estaban destinadas las dos reformas laborales, tanto la de Rajoy como la de Zapatero.

Parte de la izquierda parece no haberse enterado de que las reglas de juego y los equilibrios de fuerzas han cambiado desde el mismo momento en el que se constituyó la Unión Monetaria. Existen límites infranqueables. Determinadas políticas que antes se podían defender ahora son inviables, e incluso supone una cierta ingenuidad reclamarlas porque pueden producir efectos contraproducentes, o contrarios a los queridos. En particular, los sindicatos dan la impresión de caer en una injustificable estulticia cuando después de defender el sí crítico a Maastricht actúan como si ello no hubiese generado consecuencias y todo se debiese a la perversidad de la derecha.

Tiene razón la ministra de Trabajo cuando ahora (va a ser verdad que el Gobierno solo acierta cuando rectifica) califica la derogación de la reforma laboral de fetiche político. Pero no es porque técnicamente no sea realizable. De hecho, al final de cualquier ley aparecen derogaciones parciales o totales de otras muchas leyes, sino porque política y económicamente este Gobierno no ha pensado nunca que fuese factible ni conveniente derogarla en su totalidad. Ni la de Rajoy ni la de Zapatero. Recurrir a su derogación es un simple fetiche político empleado por cierta izquierda, y quizás por los sindicatos, como reclamo electoral y político.

En realidad, nadie ha planteado en serio cambiar lo que ha sido el núcleo duro de ambas reformas: la facilidad y el abaratamiento del despido, bien sea el individual o el colectivo. Se rebajaron sustancialmente las indemnizaciones y se ampliaron la causalidad de los ERE y los motivos por los que se pueden plantear. A su vez, los ERTE se están convirtiendo en el instrumento más eficiente para que los empresarios puedan adecuar la plantilla a sus necesidades e intereses, sin asumir ningún gasto de despido; eso sí, a costa del erario público. Su justificación se asienta en la creencia, en absoluto demostrada, de que todo ERTE impide la realización de despidos colectivos o el cierre empresarial. Se prescinde de la posible existencia de ERTE que tienen como origen exclusivamente aumentar los beneficios empresariales

No siempre lo que está detrás de la reducción temporal de plantilla es una necesidad imperiosa de la empresa. En muchas ocasiones se trata únicamente de reducir costes o, lo que es lo mismo, de obtener mayores ingresos. Es más, la flexibilidad con que en estos momentos se puede adoptar parece que está dando lugar a múltiples casos de fraude, en los que empresarios y trabajadores se ponen de acuerdo para, aun cuando se continúe trabajando, tramitar un ERTE ficticio y repartirse los correspondientes beneficios. Por otra parte, habrá que preguntarse si la extensa duración de esta situación teóricamente temporal no está facilitando el mantenimiento de empresas zombis que antes o después van a desmoronarse, pero con resultados aún más dañinos.

Las ayudas necesarias para los trabajadores en paro se podrían haber canalizado por otros mecanismos mejores como la mayor extensión y ampliación del seguro de desempleo, más fácil de controlar y con un coste seguramente inferior para las finanzas públicas. Lo único seguro en los ERTE es que se beneficia a los empresarios. Por eso se entiende mal que cuando se establece como objetivo corregir las reformas laborales pasadas se recurra a la multiplicación y desarrollo de estos procedimientos que significan en última instancia abaratar una vez más el despido, tanto más si se alude a la tan cacareada mochila austriaca y aun cuando el gobierno se pueda beneficiar de ellos facilitando una cifra de paro trucada.

En el diálogo social, se supone que los interlocutores no deben ser solos los empresarios y sindicatos, sino que también debe participar el gobierno; pero no como mero notario que da fe de los acuerdos, sino como representante de todos los ciudadanos, porque es bastante probable que la mayoría de los pactos terminen engrasados con dinero público. Sin embargo, en los acuerdos sobre los ERTE no parece que haya estado demasiado presente el Estado. En estas y en otras muchas decisiones da la impresión que la Ministra de Hacienda está de vacaciones. Su función ha quedado reducida a la de contable o tesorero y a decir a todo que sí. Lo suyo es lo de la charanga y la pandereta. “El lunes os lo arreglo”.

republica.com 18-11-2021

Hay veces que cuesta entender a los políticos. A menudo están empeñados en labrar su propia perdición. Son presa de la desmesura. Es lo que entendían los griegos por “hibris”, pecado de orgullo y de arrogancia. Plutarco afirmaba que “los dioses ciegan a quienes quieren perder” y en palabras de Eurípides “Aquel a quienes los dioses desean destruir primero lo vuelven loco”. El poder ofusca a los humanos. La “hibris” arroja a quienes la padecen al exceso y al engreimiento, les fuerza a abandonar la justa medida, a sobrepasar los límites.

Es posible que algunos miembros del PP estén dejándose arrastrar por la “hibris”. Contra toda lógica, se empeñan en crear enfrentamientos internos. Parecen desconocer que son las divisiones entre las distintas facciones de un partido lo que castigan en mayor medida los electores. Su colosal victoria el 4 de mayo pasado puede haber cegado a Ayuso y hacerla caer en lo desorbitado, llevándola a abandonar la objetividad y los límites posibles. Ha perdido, tal vez, la proporción de las cosas.

Da la sensación de que va sobrada, y sobredimensiona su triunfo, olvidando quizás que se debe, más que a su mérito, a los errores y traspiés de Sánchez. Como ocurre últimamente en casi todas las elecciones, el voto en lugar de ser “a favor de”, es “en contra de”. Quizás debería preguntarse en qué medida otro candidato hubiese obtenido un resultado similar.

A Ayuso no son los dioses los que la ciegan, sino determinadas voces de sirena, cercanas a ella y dentro de la agrupación de Madrid. Pretenden ofuscarla, vertiendo en su oído frases agradables que potencian su ego, y la hacen caer en el pecado de desmesura. La lanzan a contiendas que no les convienen ni a ella ni a su partido. Algunas de estas voces son ya conocidas; en su día, ya pusieron todo tipo de zancadillas y obstáculos a Rajoy. Hay abrazos que matan. Dios nos libre de la amistad de Esperanza Aguirre. Siempre ha tenido mucho descaro. Decía aquello de que quería privatizar el Canal de Isabel II para devolvérselo a los madrileños.

Pero la “hibris” también ronda Génova. Cuando, sin ningún mérito propio, sino por demérito del contrario, las encuestas se han dado la vuelta (con la excepción de las de Tezanos) y les favorecen, se llenan de soberbia y se enzarzan en una lucha estéril con la presidenta de la Comunidad de Madrid que a nada conduce. Su altanería y arrogancia contrasta con la levedad de su discurso, que solo se sostiene por las indignidades y peligros que provienen de la actuación del Gobierno Frankenstein.

Es difícil saber qué dioses han ofuscado a la dirección del PP para que después de negarse durante no se sabe cuánto tiempo a la renovación de los órganos constitucionales, si no se realizaba con garantías de imparcialidad e independencia, haya terminado plegándose -excepto en la renovación del Consejo General del Poder Judicial- sustancialmente al mismo sistema de reparto, uno para ti, uno para mí. Es posible que se haya intentado hacer de una manera más disimulada, discreta, huyendo de la desvergüenza y el descaro. Pero el resultado final ha sido el mismo. Han permanecido en la órbita del reparto sin entrar en el círculo del verdadero consenso. Para ese viaje no hacían falta tales alforjas.

El ministro de la Presidencia, que encabezaba la delegación gubernamental en la negociación, dejó enseguida claro que ellos no se responsabilizaban de los cuatro vocales del Tribunal Constitucional elegidos. No habían designado ni a Alcubilla ni a Espejel, es decir, que solo los habían aceptado como contrapartida para que el PSOE a su vez diese su conformidad a Montalbán y a Sáez Valcarcel. Dos para ti, dos para mí. Pero ha sido el mismo presidente del Gobierno el que también ha afirmado con total descaro que él solo responde de los suyos, con lo que certifica el reparto de consejeros.

Resulta evidente que, al menos para el PSOE, no ha cambiado nada. Tampoco para la prensa, que puso enseguida filiación a todos los elegidos. Lo mismo ha ocurrido con los consejeros del Tribunal de Cuentas. No hay duda de quién ha designado a cada uno de ellos. Poniendo el símil de una cuerda, la cual representaría la adscripción política de todos los candidatos. El pacto se habría conseguido a base de que cada partido pudiese elegir a los de un extremo de la cuerda, si aceptaba que la otra fuerza pudiese designar consejeros a los del otro extremo. El verdadero consenso, que es el que está en el espíritu de la Constitución y al que se refería el Tribunal Constitucional, y al que en ningún momento se ha querido recurrir, hubiese consistido en que ambos partidos confluyesen en la elección de todos los miembros, al designar a aquellos que están en el centro de la cuerda. De esta forma, los candidatos serían de los dos y de ninguno.

Que los elegidos sean más desconocidos o que hasta ahora hayan estado más bien en la sombra no quiere decir que se encuentren menos politizados. Me temo que lo único que indica es que su currículo profesional es más gris y, por lo tanto, que no son los más adecuados para el puesto. Da la impresión de que se ha tenido más en cuenta la ideología que la capacitación. A ello abunda el hecho de que, según parece, haya sentado mal en el Tribunal Supremo que ninguno de los cuatro magistrados designados pertenezca a esa institución, cuyos miembros se supone que constituyen la cima de la carrera judicial. Hasta cierto punto la queja, al margen de corporativismos, parece lógica, puesto que algunas sentencias del Supremo tendrán que ser revisadas por el Constitucional, y resulta contradictorio que quienes tienen menor preparación y conocimientos supervisen a aquellos que, en principio, tienen mayor experiencia y capacitación.

Tampoco parece que en el Tribunal de Cuentas se haya escogido a los más aptos, sino que se han priorizado las afinidades políticas. Es curioso que en una institución cuya finalidad primera es la fiscalización de las finanzas públicas brillen por su ausencia entre los currículos de los consejeros elegidos la economía, la contabilidad y la auditoría. Casi todos son juristas.

Pero tal vez sea en la institución del Defensor del Pueblo donde menos se haya disimulado y se hayan guardado en menor medida las formas. Se ha mantenido al milímetro el procedimiento seguido tradicionalmente. El Gobierno nombra al Defensor del Pueblo y la oposición al adjunto. El PSOE ha designado a Ángel Gabilondo para el primer puesto, y el PP a Teresa Jiménez Becerril para el segundo. El sesgo político está suficientemente claro. Gabilondo ha sido ministro con Zapatero, y cabeza de lista impuesto por Sánchez en dos ocasiones a la presidencia de la Comunidad de Madrid, y asimismo portavoz del PSOE en la Asamblea. Becerril, en estos momentos, es diputada en el Grupo Popular y fue durante años europarlamentaria. Los currículos de los dos candidatos elegidos, aun cuando puedan ser muy adecuados para otros cometidos, no son los más aptos para el puesto para el que han sido seleccionados. No parece que su conocimiento de la función pública y de las leyes y procedimientos administrativos (materias sobre las que gira la tarea que tiene que desarrollar esta institución) sea muy profundo.

El acuerdo ha sido una tomadura de pelo. Después de tanto marear la perdiz, han terminado manteniendo el procedimiento de siempre. Casi un fraude de ley, porque está en contra del espíritu del mandato de la Carta Magna, tal como ha indicado el propio Tribunal Constitucional (véase mi artículo del 23 de septiembre pasado en este diario).

Casado se ha cubierto de gloria. Hay que preguntarse quién o quiénes le han cegado para cometer tal equivocación y plegarse a este método de elección que, con sentido, ha venido rechazando durante largo tiempo. Y para ofuscación la de esos tertulianos o analistas políticos que, conducidos por su frivolidad habitual, se congratularon de que los dos partidos mayoritarios hayan llegado a un pacto sin analizar su contenido. Parece ser que para ellos lo importante es el mero acto de acordar y no lo que se ha acordado.

republica.com 11-11-2021

La semana pasada dediqué mi artículo a los Presupuestos de 2022, en concreto al tema de los ingresos, en el convencimiento de que no podemos hablar de Estado social ni de socialdemocracia sin un sistema fiscal suficiente y progresivo; y me temo que desde hace bastante tiempo el nuestro no es ni lo uno ni lo otro. No cumple la suficiencia porque, sin ir más lejos, ahí está el nivel de pobreza en amplias capas de la sociedad, y la disputa sobre las pensiones y la llamada de todos a recortarlas. No es progresivo, al menos en el grado que debería serlo. Basta reparar en la degradación que ha sufrido a partir de finales de los ochenta.

Bien es verdad que será difícil exigir a la población un sacrificio en la carga fiscal a soportar, si al mismo tiempo no hay un estricto control de la planificación y de la ejecución del gasto público. Cuando el ciudadano observa que se dilapida el dinero o se dedica a objetivos bastardos (aun cuando se piense que es el chocolate del loro en comparación con el total), es difícil que acepte de buen grado los impuestos.

Quizás por eso, tal como señalaba en el artículo anterior, el Gobierno Sánchez en estos presupuestos ha renunciado una vez más a reformar el sistema fiscal, contentándose con algún ajuste sin importancia y con maquillar los ingresos. Lo malo es que el presupuesto se puede maquillar; la liquidación, no, o al menos antes o después se terminan descubriendo las trampas y, además, lo que difícilmente se podrá ocultar será el incremento de la deuda. Este Gobierno se muestra remiso a aceptar el coste político que significa incrementar la presión fiscal, a no ser mediante impuestos indirectos, que pasan más desapercibidos. Pero al mismo tiempo es pródigo en acometer gastos inútiles e ineficaces dedicados a crear chiringuitos donde colocar a sus paniaguados o en actuaciones populistas con fines clientelares, aun cuando lo intente vender afirmando que estos presupuestos son los más sociales de la historia.

Hay un mantra que se va extendiendo y que el Gobierno tiene interés en que circule: la contraposición entre las políticas aplicadas en las dos últimas crisis. La primera, basada en la austeridad y los recortes y la actual, en la solidaridad y el escudo social. En esta enunciación se cometen dos grandes errores. El primero es pensar que en la anterior crisis la política de austeridad se aplicó desde el primer momento. La crisis se inició en 2007 y los recortes y la austeridad no comenzaron hasta mayo de 2010, cuando Zapatero y Salgado hicieron el ridículo más asombroso en Bruselas. Con anterioridad a esa fecha todos éramos keynesianos; aunque en España se aplicaron más bien el populismo y las ocurrencias, como el famoso plan D, el cheque bebé o las ayudas a las familias, en la creencia de que todo ello reanimaría la economía. Después vino el llanto y el crujir de dientes.

El segundo error consiste en pensar que el dinero es gratis y que la deuda puede ser ilimitada. Parece no considerarse la posibilidad de que, a esta etapa de prodigalidad -que también interesaba a los países del Norte- le suceda, al igual que en la crisis de 2008, una era de recortes y de austeridad. Después de haber aumentado la deuda pública en una cantidad equivalente al 30% del PIB, situando el stock en cerca del 125%, me temo que de una o de otra forma se van a terminar imponiendo los ajustes. Lo grave es que todas estas ocurrencias en el gasto no van a servir para solucionar los problemas de las clases bajas ni para disminuir la pobreza.

Casualmente, al tiempo que el Gobierno presentaba los Presupuestos de 2022, Cáritas y la Fundación FOESSA publicaban un informe llamado “Sociedad expulsada y derecho a ingresos». Para algunos, los informes FOESSA son viejos conocidos. Durante la dictadura eran uno de los pocos medios que teníamos para adentrarnos en la realidad social y en la situación de la desigualdad y la pobreza, más allá de las arengas oficiales del régimen. Después de tantos años, hemos de recurrir de nuevo a ellos como contraposición al discurso triunfalista del Gobierno del que el presupuesto es un buen ejemplo.

Según el citado informe, son ya 11 millones de personas los que se encuentran en exclusión social, 2,5 millones más que en la encuesta de 2018. La exclusión severa supera los 6 millones de personas, 2 millones más que los que se desprendían del estudio de 2018. Además, se ha duplicado el número de hogares con todas las personas activas paradas. Como se ve, el informe presenta un panorama muy distinto del que nos retrata el Gobierno. Este repite continuamente que se ha alcanzado el número de empleados existentes en 2019, lo que es totalmente falso, ya que las cifras están adulteradas al no tener en cuenta los trabajadores en ERTE ni los autónomos con cese de actividad. Esto explica que cuando analizamos el empleo considerando el número de horas trabajadas el resultado sea muy distinto. Los asalariados en ERTE, diga lo que diga el Gobierno, no trabajan.

La desigualdad se ha incrementado con respecto a la situación existente con anterioridad a la pandemia y el famoso escudo social ha sido un chasco. Al igual que chasco ha sido el ingreso mínimo vital (IMV). El informe FOESSA se dedica ampliamente a mostrar los ingentes fallos que presenta el diseño con el que se ha construido esta prestación social. El haber denunciado casi desde el principio los desatinos en que se basa, y lo disparatado de haber elegido como modelo la figura del impuesto negativo sobre la renta (ver, entre otros, mi artículo del 3 de septiembre de 2020), me evitan tener que extenderme ahora a comentar las múltiples equivocaciones que señala el informe de FOESSA.

Creo que hoy en día están demostrados de sobra, por activa y por pasiva, los errores, desaciertos y pifias que han rodeado todo lo referente al IMV y lo lejos que está de alcanzar los objetivos que se le había asignado. Es por eso por lo que el estudio también se dedica a proponer una serie de recomendaciones que solucionen el desaguisado. Incluso el mismo Gobierno, ante la evidencia del desastre, está estudiando un conjunto de modificaciones.

Pienso, sin embargo, que todo ello va a tener poco éxito. El IMV parte de un error de fondo que contagia todo su desarrollo posterior y que no parece poder solucionarse con parches. Es como un traje con múltiples desgarros ocasionados por un defecto grave en el tejido. Difícilmente los remiendos pueden solucionar el problema. Sería más práctico retornar al principio, construir una nueva prestación social sin las lacras de la actual, olvidar la fórmula del impuesto mínimo sobre la renta y armonizar las múltiples rentas básicas, llámense como se llamen, de las distintas Comunidades Autónomas. Claro que eso impediría comprar al PNV con su transferencia.

Lo cierto es que el tan cacareado escudo social es solo un eslogan, y el presupuesto más social de la historia otro bluf que difícilmente solucionará en el futuro la pobreza y la desigualdad actuales. Es verdad que el gasto presupuestado se eleva a niveles muy considerables, pero las distintas partidas están elegidas con una finalidad más electoral que social. El gasto se dirige a colectivos, como el de los jóvenes, que no son precisamente los más necesitados, pero sí los que se consideran potenciales votantes. Sánchez nos retrotrae a las ocurrencias de Zapatero.

Ocurrencia va a ser la ley de vivienda que en lugar de solucionar el problema lo va a empeorar. Me he referido en diversos artículos a este tema. Entre otros en el del 26 de marzo de 2020 en estas páginas titulado “Covid y el mercado del alquiler”. La única forma de dar respuesta a la carencia de viviendas es que los poderes públicos (que son los obligados por la Constitución) incrementen la oferta de viviendas en alquiler. Bien es verdad que eso es más complicado que elaborar una ley, aun cuando la ministra de Hacienda la tilde de “preciosa”. Ahora tenían una buena ocasión, dedicando gran parte de los fondos europeos a este cometido en lugar de emplearlos en objetivos tan etéreos como la transición energética, la modernidad, la política de género, la digitalización o el cambio del tejido productivo, cuyo único resultado me temo que consistirá en hacer las delicias de algunas grandes empresas. No hay más que ver cómo están de serviciales con el Gobierno. El 80% de estos fondos figura en el presupuesto como transferencia de capital.

Y ocurrencia es dar 250 euros mensuales a cada joven para vivienda. Y, como pasa con toda ocurrencia, se anuncia la medida sin que hayan pensado ni el cómo ni los requisitos a exigir para acceder a la ayuda. ¿Por qué a los jóvenes?, ¿son acaso los más necesitados? Las estadísticas afirman que la exclusión se da principalmente entre las familias monoparentales, numerosas e inmigrantes (jóvenes o no). ¿Por qué no a los parados de larga duración? Y si hablamos de ocurrencia, cómo no citar esos cuatrocientos euros que se les van a dar como propinilla a todos los que cumplan 18 años en 2022, para que se lo gasten en videojuegos. No vale la pena comentarlo. Parece de chiste. ¿Y los de 17, 19 o 25 años no tienen derecho a la cultura? Cuando existen seis millones de personas en exclusión severa, ¿es este el mejor destino que se puede dar a los recursos públicos?

republica.com 4-11-2021

Me gustaría que no se aprobasen los presupuestos. Soy consciente de que voy contra corriente. El motivo está lejos de ser la creencia de que Sánchez, de esta forma, tendría que abandonar la Moncloa. La legislatura se va a terminar con presupuestos o sin presupuestos. La diferencia es que, para aprobar unos nuevos, Sánchez va a tener que pagar a cada uno de sus socios el correspondiente tributo, que no irá a su cargo, sino al de todos los españoles. He aquí la razón de mi deseo.

No puedo por menos que sonreír cuando leo en la prensa o escucho en la radio o en la televisión que el presupuesto es el documento político más importante del año; que constituye el programa del Gobierno para el ejercicio; que es fundamental para la economía. En realidad, no hay nada de eso. Prácticamente todo lo que se puede hacer con un nuevo presupuesto se puede hacer igualmente con el anterior prorrogado. La flexibilidad de las modificaciones presupuestarias es tan grande y los créditos extraordinarios se usan con tanta frecuencia que el presupuesto prorrogado se puede modificar todo lo que se necesite para acometer aquellos gastos que el Gobierno desee. En realidad, los cambios pueden producirse y se van a producir tanto si es en el prorrogado como en el nuevo. Recuerdo que un antiguo funcionario de Hacienda, curtido en elaborar las cuentas públicas, medio en broma medio en serio, afirmaba que el presupuesto consistía en un solo crédito y ampliable.

La elaboración de unos nuevos presupuestos se ha convertido en un acto de pura representación, de prestigio para un gobierno o, mejor dicho, de desprestigio en el caso de que no logre aprobarlos. Aprobarlos es prueba de que cuenta con estabilidad parlamentaria. De hecho, el Gobierno Sánchez ha funcionado hasta este año con un presupuesto prestado y prorrogado y sin que ello le haya impedido hacer lo que se le antojara en los años anteriores. Para él,  el presupuesto es tan solo un instrumento para su promoción y propaganda.

Es verdad que todos los gobiernos han transmitido una imagen idílica de los presupuestos y todos los han presentado convenientemente maquillados. Cada año se repite que son los más sociales de la historia. Pero qué duda cabe que este es muy especial. Para darse cuenta de ello basta haber presenciado la rueda de prensa de la ministra de Hacienda. Se ha superado con respecto al año pasado, y miren que era difícil. Amén de la verborrea que en ella es tradicional, todo es lo más de lo más y aún más. No ha habido capitulo, partida o aspecto del que no haya dicho que en él este presupuesto constituye un hito histórico. Le faltó citar a Leire Pajín y el acontecimiento planetario.

Todos son juegos de artificio. Y detrás, el maquillaje de las cifras. Comenzando por un cuadro macroeconómico con previsiones que poco tienen que ver con la realidad, pero que sirven de soporte adecuado para cuadrar las cifras presupuestarias que se desean. Ni siquiera intentan disimularlo. No se han molestado en cambiar las estimaciones ni para 2021 ni para 2022, tras el último ajuste que para el segundo trimestre del año actual ha realizado el INE. El Banco de España ya ha anunciado que modificará a la baja sus previsiones, a pesar de que en este momento son bastante inferiores a las del Gobierno.

Es difícil de creer que en este año y el siguiente, el PIB vaya a crecer un 6,5% y un 7%, respectivamente. El FMI acaba de revisar sus estimaciones para España, fijando para 2021 un 5,7% de crecimiento -ocho décimas inferior a la del Gobierno- y para 2022, un 6,4%, seis décimas menos. ¿Cuál es la finalidad de inflar las previsiones? Una, inmediata. Poder denominar a estos presupuestos los de la recuperación justa. De lo de justa hablaremos más adelante. En cuanto a la recuperación, es que por poco que se corrigiesen a la baja sus estimaciones la recuperación, es decir, la vuelta a la renta de 2019, no se produciría en 2022. Mientras que la mayoría de los países europeos retornarán a los niveles de PIB de 2019 en el próximo año – si no lo hacen en este-, España tendrá que esperar al 2023.

Pero existe otra, la de poder inflar los ingresos de manera que sin tener que pronosticar un déficit escandaloso e inasumible para Europa, haga creíble la posibilidad de acometer todo ese festival de gasto que se presupuesta, gran parte, sin tener en cuenta el coste de oportunidad. El monto de la verbena es, no obstante, de tal calibre que se precisan maquillar adicionalmente los propios ingresos, para que se pueda ofrecer un cierto aspecto de coherencia.

Realizando comparaciones con 2019 -las únicas que tienen significado, puesto que 2020 y 2021 son años anormales por la pandemia- y aceptando las propias cifras de crecimiento proporcionadas por el Gobierno, el PIB nominal experimenta un aumento del 5,6%, casi todo ello debido a la elevación de los precios, mientras que los ingresos tributarios totales se prevé que aumenten el 9%. Sin embargo, no hay en los presupuestos ninguna modificación tributaria de envergadura, lo cual es sorprendente en un gobierno que se llama progresista y que tilda al presupuesto de recuperación justa, para justificar esta diferencia.

Quizás lo más relevante sea la fijación de ese 15% de tipo mínimo en el impuesto sobre sociedades para las empresas con un nivel de facturación superior a 20 millones. Es una medida que tiene más de populismo y de propaganda que de eficacia. Es, además, burda, de trazo grueso; sin ninguna finura, cae en lo que los fiscalistas llaman “error de salto”. El incremento en las ventas de un solo euro puede significar contraer la obligación de contribuir por ese 15%, de manera que al empresario no le interesará vender más de veinte millones de euros hasta que el exceso de facturación sobre esta cantidad compense el plus de tributación que tiene que abonar. Por otra parte, el volumen de ventas no es un buen indicador del tamaño de una compañía. Puede haber muchas diferencias dependiendo del sector al que se pertenezca.

Es verdad que esta medida, patrocinada por la OCDE, ha sido aprobada por 136 países para implantarla en 2023. Pero se trata de un acuerdo de mínimos adoptado entre naciones de características diferentes y de desarrollos económicos y sociales difícilmente comparables; algunas con sistemas fiscales incipientes e injustos. Lo que resulta incomprensible y hasta cierto punto irrisorio es que España se contente con ese mínimo y que el Gobierno lo presente como el culmen del progresismo, tanto más cuanto que el 15% no se gira sobre los beneficios, sino sobre la base imponible, es decir, después de minorar los resultados con una serie de deducciones o bonificaciones que pueden vaciar de contenido esta magnitud.

No se puede negar que el impuesto sobre sociedades quedó muy dañado en España tras el mandato de Zapatero. Pero precisamente por ello lo que se necesita es una reforma en profundidad y no creer que se ha cumplido con un mero parche sin apenas consecuencias prácticas. La prueba de la insignificancia de la medida se encuentra en que el mismo Ministerio de Hacienda prevé una subida muy escasa de la recaudación. La previsión del crecimiento del impuesto de sociedades sobre la de 2019, se cifra tan solo en un 3%, en otras palabras, que ni siquiera cubre la inflación, y se minora por tanto en términos reales.

Muy al contrario, el crecimiento previsto sobre 2019 del impuesto sobre la renta es de un 15%, porcentaje que choca con el incremento del PIB nominal que, según los propios datos del Gobierno, se eleva tan solo al 5%. Todo ello resulta difícil de creer cuando no hay ninguna modificación fiscal de calado que pueda hacer que la recaudación se incremente más que el PIB nominal. Desde luego la disminución de la cuantía máxima a desgravar en el próximo año por aportaciones a los planes de pensiones no puede ser la causa de esta discrepancia.

La importancia de esta medida se ha exagerado. Unos, al presentarla como un gran avance progresista; otros, como una grave injusticia. Ni lo uno ni lo otro. Hace ya bastantes años que los fondos de pensiones dejaron de ser beneficiosos para los partícipes, si es que lo fueron alguna vez. Solo son productivos para los bancos que cuentan con un dinero cautivo para invertirlo donde les interese, amén de obtener lucrativas comisiones. Desde que Montoro eliminó la deducción del cuarenta por ciento que tenían en el rescate no son en absoluto interesantes para los contribuyentes. Lo que se deduce del impuesto, ahora en la suscripción, se gravará en el momento del rescate.

La única ventaja puede venir dada por la divergencia en el tipo marginal que tenga el participe en ambas ocasiones. Para la mayoría de los contribuyentes que tengan capacidad de ahorro como para invertir en fondos de pensiones, la diferencia entre un caso y otro será insignificante, y de cualquier modo no compensará el coste de tener cautivo durante tantos años el dinero, el riesgo de desconocer en qué se invierte y de las comisiones que se deben abonar tanto a la gestora como a la depositaria.

El Gobierno, una vez, más huye de hacer una verdadera reforma fiscal que modifique en profundidad tanto el impuesto de sociedades como el de renta, y que incremente la progresividad y la suficiencia del sistema. Lo de la comisión de expertos es una burda coartada. No se necesitan comisiones, sino voluntad política. Tampoco vale el argumento de que en una crisis no se pueden subir los impuestos. Todo depende de qué tributos se incrementen, a qué contribuyentes afecten y a qué se dediquen los fondos recaudados. Según y cómo no solo puede ser posible, sino hasta muy conveniente.

Republica.com 28-10-2021