ARTICULOS DEL 10/1/2016 AL 29/3/2023 CONTRAPUNTO

Nos vamos acostumbrando a los trucos y fullerías de Sánchez. Últimamente, como si de un prestidigitador se tratase, ha sacado un conejo de la chistera. Lo ha denominado descentralización. La primera argucia consiste en el nombre, no sé si por ignorancia o por estratagema hablan de descentralización cuando en realidad quieren decir deslocalización. Descentralizar es acercar las decisiones y la gestión de los servicios públicos a los administrados mediante su atribución a entidades más próximas a ellos.

En España, la Administración pública está compuesta, simplificando, de tres niveles, que además son estratos políticos diferentes: Administración central, Comunidades Autónomas y Corporaciones locales. Descentralizar es transferir competencias de un órgano superior a otro inferior, por ejemplo, de las Autonomías a los Ayuntamientos o de la Administración Central a las Comunidades Autónomas o a las Corporaciones locales. España es uno de los países más descentralizados de Europa. En la Transición comenzó con el Estado de las Autonomías un proceso de centrifugación de competencias que parece no tener fin.

Competencias del Estado (Administración Central), por ejemplo, la sanidad o la educación, se han transferido a las Autonomías, en la creencia de que de esta manera se acercaban a los ciudadanos las decisiones y la gestión de los servicios públicos o de los actos administrativos. Se puede estar a favor o en contra de la descentralización. Yo estoy más bien en contra, al menos con la intensidad y el modo en el que se ha llevado a cabo en España (ello puede ser materia de otro artículo), pero lo cierto es que resulta perfectamente legítimo mantener en este tema posturas diversas.

Cosa distinta es lo que predica ahora Sánchez. No es descentralización. La descentralización, es decir, las transferencias de competencias, la viene realizando hace tiempo a la chita callando hacia Cataluña y el País Vasco. Lo que pregona en este momento es la deslocalización, o sea, cambiar el emplazamiento territorial de una entidad o institución, pero sin que haya transferencia de competencias de ningún tipo. Trasladar la sede del Ministerio de Sanidad o la del Ministerio de Educación a Albacete o a Teruel, por ejemplo, no significa que la Administración esté más cerca de los administrados; en todo caso, de los habitantes de Albacete o Teruel, porque presiento que la gran mayoría del resto de los españoles la sentirán más lejos o, en el mejor de los casos, el desplazamiento les será indiferente.

Habrá quien diga que no tienen por qué ser ministerios (ya que su traslado parece a las claras bastante absurdo), sino organismos o agencias. Pero para el caso es lo mismo. Escojamos el organismo Puertos del Estado, que es el elegido para que se instale en Valencia, por quien ha lanzado, por encargo de Sánchez, la primera piedra, Ximo Puig. Es claro que no se trata de transferir la gestión de cada puerto a la correspondiente Comunidad Autónoma. Los puertos, al igual que los aeropuertos, tienen incidencia no solo en la región donde están situados, sino en toda España, de ahí que hoy por hoy la gestión de todos los puertos permanezca centralizada en la Administración Central, y concretamente en el organismo autónomo Puertos del Estado.

Es este organismo el que se pretende deslocalizar, es decir, trasladar su domicilio de Madrid a Valencia. No parece que por este procedimiento se acerque la Administración a los usuarios. Dudo que se sienta así en Algeciras, que tiene por cierto el mayor puerto de España, o en otras muchas ciudades con puertos como Gijón o Huelva. A la mayoría de ellos les resulta más fácil conectar con Madrid que con Valencia, y no digamos si se trata de otros organismos con competencias para todo el país a los que se pretende trasladar a Soria, Albacete o Jaén.

Lo que ha hecho que desde hace siglos la villa de Madrid haya sido capital de España (art. 5 de la Constitución) es su situación geográfica, equidistante de casi todos los territorios, allí donde se cruzan los caminos -que canta Sabina-, lo que ha originado que sus habitantes sean en buena medida oriundos de todas las partes de España, y carentes por tanto de toda veleidad nacionalista. Trasladar algún organismo fuera de Madrid, como se hizo en tiempos de Zapatero y Montilla, seguramente no sería práctico, y es posible que terminase al igual que en el caso anterior mal, pero tendría efectos reducidos desde el punto de vista global; ahora bien, si lo que se pretende es una deslocalización generalizada de la Administración central, las consecuencias serían caóticas, dañarían gravemente la operatividad de las instituciones y dificultarían de forma considerable las gestiones de los ciudadanos.

Plantear la solución de la España vaciada a base de desperdigar organismos oficiales o es una ingenuidad poco creíble o un ardid para ocultar las verdaderas razones. Ciertamente el problema existe, en España y en otros muchos países, y no es sencillo de resolver en este mundo globalizado y donde el capital puede moverse libremente. De cualquier modo, el principal papel del Estado tiene que venir de proveer a todas las poblaciones de los servicios necesarios, función que difícilmente realizarán las empresas privadas si no les resulta rentable. Es posible que si en el pasado Telefónica no hubiese sido estatal aún hoy muchos pueblos estarían esperando la línea fija de teléfono. Los problemas que actualmente tienen muchos lugares alejados con los servicios bancarios no se daban cuando existía la Caja Postal de Ahorros, pues en cada uno de ellos, por pequeños que fuesen, se encontraba un cartero que actuaba también como delegado de dicha caja.

Situar en algunas de estas ciudades un organismo público no parece demasiado viable ni puede ser la solución. Pero en todo caso ¿no sería más lógico que la deslocalización, de haberla, se produjese en los organismos de ámbito autonómico? Y no sería también más justo que el estado en lugar de conceder desgravaciones fiscales a  las sociedades para que vuelvan a Cataluña, las diesen para que algunas empresas se sitúen en lugares de la llamada España vaciada.

Pero no caigamos en la trampa. Todo este canto de la descentralización, de la dispersión territorial de los organismos del Estado, no es más que un pretexto, una carta que Sánchez se saca de la manga y que en el fondo no piensa llevar a cabo más allá de algún traslado esporádico, reclamado por sus socios vascos y catalanes, o como premio a Ximo Puig por haber pasado de crítico a ser uno de los baluartes más fuertes del sanchismo. Pero más allá de eso no hay nada real, sino una cortina de humo con la que intentar tapar al resto de territorios, comenzando por sus propias federaciones, las cesiones que este Gobierno está haciendo a los independentistas, premiándoles en detrimento de los otros españoles.

El miedo de Sánchez, y supongo que compartido por muchos de los barones del PSOE, es que la reacción de Madrid en los pasados comicios se contagie al resto de las Autonomías (excepto a Cataluña y al País Vasco), y que sus habitantes no puedan por menos que ver con gran suspicacia los contubernios que el Gobierno mantiene con los soberanistas, incluso con los golpistas, y los beneficios y privilegios que estos obtienen en detrimento del resto de España y como pago a mantener a Sánchez en el poder.

Es verdad que las características de Madrid son distintas de las del resto de territorios. En general, nunca las cosas son iguales, de modo que, ciertamente, lo que ocurrió en Madrid no es exportable cien por cien a otras Comunidades; pero en todas ellas es lógico que en mayor o menor medida surja el escándalo y la repugnancia a que España esté gobernada por los que se sitúan en contra del Estado y están dispuestos a romperlo en la primera ocasión que se presente.

La táctica de Sánchez consiste en sacar del ángulo de los focos a Cataluña y al País Vasco y colocar en su lugar a Madrid, e intentar de esta manera que los habitantes de otras Comunidades perciban a la capital de España como enemiga y crean que es esta la que les esquilma. Sin embargo, le va a resultar difícil mantener esta impostura siendo esta Comunidad la que más contribuye y con mucho a la solidaridad, a gran distancia de Cataluña cuya renta per cápita está cercana a la de Madrid, y no digamos del País Vasco y Navarra que, a pesar de ser las dos regiones con mayor renta per cápita de España, lejos de ser contribuyentes, son perceptores netos.

Los barones del PSOE se han dividido en dos grupos, El primero compuesto entre otros por Valencia, Baleares y Navarra, que están totalmente al lado de Sánchez y han optado por seguir la línea de Cataluña y Euskadi, por eso resulta tan cínico el comentario de Ximo Puig acerca de que en Madrid se está construyendo un procés silencioso, cuando él sí que está introduciendo a Valencia por la vereda del nacionalismo.

El segundo grupo, el mayoritario, es el de aquellos que no se atreven a rebelarse, pero no pueden por menos que contemplar con miedo las próximas elecciones autonómicas, en la creencia de que los electores de sus Comunidades pueden verse tentados a dar una patada a Sánchez en sus posaderas, al igual que se la dieron a Gabilondo.

republica.com 21-10-2020

Hacía tiempo que la inflación estaba ausente de la economía europea. Nos habíamos acostumbrado a este escenario. Por mucho que la política del BCE fuese expansiva y este organismo introdujese dinero en el sistema, el índice de precios estaba lejos de llegar al 2%, porcentaje que Frankfurt se había fijado como objetivo de referencia. Parece ser eso lo que está cambiando en los momentos presentes. No obstante, hay quien dice, incluso desde el mismo BCE, que la inflación que ahora amenaza a la economía es coyuntural y transitoria, causada por el alto precio de la energía. Temporal o no, viene acompañada de los mismos fantasmas y de idénticos tópicos, entre ellos ese mantra de que la inflación es el impuesto de los pobres. Lo vocean los tertulianos y los líderes de opinión, lo escriben los periodistas, lo repiten los políticos y hasta algunos economistas prestan su aquiescencia. Pero la verdad es que ni es un impuesto ni afecta únicamente a los pobres.

La afirmación surgió en las sociedades de épocas muy lejanas y distintas a la nuestra, en las que no había distinción entre el patrimonio del rey y el de la nación, y en las que las monedas las acuñaba la Corona que, a veces, para acometer determinadas empresas, normalmente de tipo bélico, en lugar de incrementar los impuestos, le resultaba más cómodo emitir dinero. Ciertamente el rendimiento económico era para el rey y en ese sentido era un impuesto, impuesto que pagaba toda la sociedad porque los ciudadanos veían reducido su patrimonio y sus ingresos por la pérdida de valor del dinero. Pero incluso la expresión de los pobres no le cuadraba muy bien, porque entonces todos los impuestos eran de los pobres, ya que los nobles y el clero estaban exentos de contribuir y, sin embargo, paradójicamente, la inflación de una o de otra forma afectaba a todos los ciudadanos.

Posteriormente, las circunstancias han cambiado y los gobiernos no emiten el dinero, sino los bancos centrales. Habrá quien diga que para el caso es lo mismo. Sin embargo, hay diferencia porque en seguida estas instituciones se hicieron muy celosas de su independencia y, además, se aceptó como un dogma inamovible que no podían financiar a los gobiernos. Por otra parte, ellas solo emiten el dinero primario, y son las entidades financieras las que ponen en circulación el resto de la oferta monetaria, que además supone la porción más voluminosa.

En Europa, a partir de la creación de la Unión Monetaria, el que emite el dinero es el BCE y, al menos por ahora, su política expansiva no ha sido inflacionaria. Por más que haya aplicado la flexibilización cuantitativa, es decir, por más que haya regado con euros la economía, durante todo este tiempo no ha conseguido acercar el índice de precios a ese 2% que se había fijado por objetivo.

Dicho todo esto, resulta difícil calificar a la inflación de impuesto de los pobres. Pero sí habrá que preguntarse entonces a quién beneficia y a quién perjudica la subida de los precios; y como en casi todos los asuntos, en este la respuesta tiene que ser ambigua, depende. En principio y sin afinar demasiado, podríamos contestar que favorece a los deudores y castiga a los acreedores, lo que resulta bastante fácil de entender. Una subida general de precios implica una disminución del valor del dinero, y automáticamente de la cuantía de la deuda. Los Estados, al poseer un buen montante de deuda, títulos soberanos, resultan favorecidos al igual que el resto de los deudores, y en tanto o mayor medida cuanto mayor sea el endeudamiento. Obsérvese que la mayoría de las veces los deudores son los pobres y los acreedores los ricos.

Lo anterior explica que países como Holanda o Alemania, con un stock de deuda pública reducida, y cuyas sociedades tienen además posiciones acreedoras, tengan una especial sensibilidad a todo lo que pueda significar subida de precios. Han contemplado con suma prevención la política seguida por el BCE desde que Draghi asumió la llamada “expansión cuantitativa”. Pero la crítica no era creíble, ni tenía ningún sentido, mientras la inflación continuase en cifras tan bajas que en algún momento llegaron a ser negativas.

La situación puede cambiar en los instantes presentes en los que la inflación comienza a enseñar las orejas, si bien es verdad que el BCE se ha apresurado a ponerse la venda antes que la herida, y está manteniendo la tesis de que esta subida es temporal y que por eso no tiene necesidad de cambiar de política. No obstante, no es descabellado suponer que los países acreedores vuelvan a presionar al BCE cuestionando que continúe comprando deuda soberana de los países miembros, lo que puede resultar una gran amenaza para Estados como España, Grecia, Portugal, Italia e incluso Francia, cuyo nivel de endeudamiento es muy alto, y que difícilmente se mantendrían en los mercados financieros sin la intervención del banco emisor.

La inflación puede representar además una amenaza adicional. La subida de los precios no tiene por qué ser igual en todos los países, y de hecho no lo es. En un mercado único y con moneda única, el diferencial de inflación se traslada a la competitividad, y puede causar notables desequilibrios económicos y financieros. He ahí en gran medida el origen de la anterior crisis. Hay tres parámetros que pueden situar a la economía española ante una difícil encrucijada: un alto endeudamiento, una elevada tasa de desempleo y una baja productividad.

Continuando con la pregunta de quién sale perjudicado y quién beneficiado con la inflación, y yendo más allá del binomio deudores-acreedores, debemos considerar que no hay un solo precio, y el índice que mide la inflación es una media ponderada de todos ellos; y, como es lógico, no todos experimentan la misma subida. Aquellos sectores cuyos precios se incrementan más que la media salen favorecidos, mientras que los que suban menos se verán damnificados. En este planteamiento, los salarios son un precio más, el de la mano de obra. La inflación perjudicará a los trabajadores solo si sus retribuciones no suben, al menos, en la misma medida que los precios. En este caso el beneficio será para el empresario. Pero tampoco los salarios subirán todos en la misma proporción. Habrá también diferencias entre los trabajadores; aparecerán ganadores y perdedores.

En el extremo, las empresas que se encuentren en aquellos sectores sometidos a la competencia internacional y que debido a ello no pueden subir sus precios, o al menos en la misma cuantía, que los otros precios o salarios, pasarán graves dificultades económicas o incluso se verán obligados al cierre. A su vez, cuando el origen de la inflación se encuentre exclusivamente en el exterior, por el incremento del precio de determinadas materias estratégicas, como el petróleo o el gas, o bien los salarios o bien el excedente empresarial tendrán que sufrir una reducción. En el caso de que ni los trabajadores ni los empresarios estén dispuestos a repartirse la pérdida, lo más probable es que se entre en una espiral inflacionista que dañará la economía y contradecirá la suposición de que la inflación es coyuntural. Este fue el origen de la estanflación de la crisis del petróleo en los años setenta.

¿Qué ocurre con los pensionistas y los empleados públicos? No se puede afirmar en principio que la inflación les perjudique. Todo depende de que las retribuciones y las prestaciones suban o no en la misma cuantía que los precios. Existe una creencia errónea especialmente respecto a las pensiones. Se considera que su actualización por el IPC daña al erario público en tiempos de inflación. Esta opinión no tiene en cuenta los ingresos del Estado que crecen también con los precios. El impacto, por tanto, sobre el presupuesto de la regularización de las pensiones y del sueldo de los funcionarios por el IPC será casi el mismo sea cual sea la subida de precios. Otra cosa es que el Estado no obtenga el beneficio extraordinario que la inflación le proporcionaría (como contrapartida a las pérdidas de los pensionistas y funcionarios) si las retribuciones y las prestaciones no se actualizasen. Los que arremeten en contra de la regularización de las pensiones y de las retribuciones de los empleados públicos lo que proponen de verdad es financiar otros gastos y el déficit público con la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados y de los funcionarios.

En esta línea debería haber ido la contestación del ministro de Inclusión a los partidos de la oposición en el Congreso de los Diputados. Bien es verdad que el ministro, a pesar de su aparente seguridad, no termina de cortar el nudo gordiano de las pensiones. Suele liar casi todo. Afirmó que la semana laboral de cuatro días es aplicable únicamente a las sociedades de pleno empleo, pero se debió de confundir porque son sus planes para la reforma de las pensiones -retrasar la edad de jubilación- los que solo tienen sentido en las economías en las que apenas existe el paro. En una economía como la española con altos niveles de desempleo cifrar la financiación de las pensiones en alargar la vida laboral es arreglar un problema a costa de aumentar otro, el paro.

A su vez, el reparto de trabajo tiene mucha más justificación, como es lógico, en economías con altas tasas de paro que en aquellas que gozan de pleno empleo. Es la productividad la variable que lo condiciona. Así ha sido históricamente. Los notables incrementos en esta variable han servido para aumentar los salarios y reducir el tiempo de trabajo. Este proceso se rompió a partir de los años ochenta cuando los aumentos de la productividad se han destinado en mayor proporción a elevar el excedente empresarial. El panorama actual se agrava para España, ya que en los últimos años con la incorporación a la Unión Monetaria apenas se han producido aumentos en la productividad, y sin estos será muy difícil que los salarios ganen poder adquisitivo y que se produzca la reducción de la jornada laboral.

republica.com 14-10-2020

 “Me sorprende que se sorprendan de que haya revisiones”, espetaba la ministra de Economía a los señores parlamentarios en el Congreso. Se refería a la revisión realizada por el INE respecto a la previsión de crecimiento del PIB en el segundo trimestre del año actual. Me imagino que la extrañeza de los diputados obedecería a dos motivos. Primero, a la magnitud del ajuste (del 2,8% en julio al 1,1% en la actualidad). Ciertamente siempre ha habido correcciones, pero no de esta dimensión. En segundo lugar, a que el Gobierno mantenga sus previsiones inamovibles como si la revisión no existiese o no les afectase.

Pero a lo mejor es verdad que los diputados no tendrían por qué sorprenderse. Respecto del último motivo porque deberíamos estar acostumbrados a que el relato del Gobierno vaya siempre  por derroteros distintos e independientes de la realidad. En cuanto al primero, porque, aun cuando la desviación es de una magnitud desproporcionada y poco habitual, se produce en una crisis que tiene muy poco de típica o clásica, y las tasas trimestrales pueden variar fuertemente no por razones económicas, sino al ritmo en el que va desarrollándose la pandemia.

La crisis actual es muy distinta de las tradicionales y aún más de la de 2008. La anterior recesión en Europa tuvo como origen la conjunción de una serie de hechos económicos. El diferencial de inflación entre los distintos países que en presencia de la Unión Monetaria creó importantes desequilibrios en las balanzas de pagos que, a su vez, incrementaron fuertemente el monto de deuda intercomunitaria. Se abrió una fractura profunda entre países acreedores y deudores. La enorme dimensión de los créditos concedidos por unos y suscritos por los otros generó una situación de profunda inestabilidad financiera, proclive a devenir en recesión en cuanto cualquier elemento exterior, como ocurrió con las hipotecas subprime, hiciese de detonante (véase mi libro “La trastienda de la crisis”, en editorial Península).

Nada de esto se ha producido por el momento en la actual crisis; no tiene su origen en factores económicos, sino en decisiones políticas y administrativas adoptadas para dar respuesta a los problemas sanitarios. Hoy por hoy, no hay ninguna semejanza, a no ser que la reciente acumulación de deuda pública y un plausible diferencial de inflación entre países genere una recesión (sería otra distinta de la actual) parecida a la del 2008. Son absurdos, por tanto, los esfuerzos del Gobierno para ponerse medallas y convencernos de que la respuesta que se está dando a esta recesión es radicalmente mejor y más efectiva que la que se dio a la anterior.

En este sentido, la entrevista a la ministra de Economía en El País de 26 de septiembre pasado es sumamente ilustrativa. Sus contestaciones son de un triunfalismo infantiloide y bobalicón que causa vergüenza ajena, además de estar plagadas de contradicciones. Sin ningún pudor, afirma que España va a ser uno de los motores de crecimiento de Europa. Acepta, sin embargo, que hay países que van mucho más adelantados que España en ese camino de retornar a la situación anterior a la pandemia.

La ministra pretende justificarlo por el hecho de que venimos de una sima mucho más profunda que el resto de países. Lo cual es cierto. En 2020 nuestro PIB disminuyó el 10,8%. España se situó así a la cabeza de todos los países de la UE con la más elevada tasa negativa de actividad económica. La Eurozona en su conjunto se contrajo el 6,5%. Pero precisamente esto es lo que echa por tierra cualquier posible triunfalismo gubernamental. Hay que preguntarse  por qué el deterioro de la economía española fue mayor que el del resto de las naciones. Calviño lo atribuye a que la hostelería y el turismo, que son los sectores que más han sufrido en la pandemia, son también los que tienen más relevancia en nuestro tejido productivo. Pero, como acertadamente le indico el periodista que la entrevistaba, hay otros países como Francia, Italia, Grecia, Croacia, Chipre o Malta que tienen un sector turístico muy destacado y su desplome económico ha sido mucho menor.

El Gobierno se escuda en el desempleo, como si la evolución de este pudiera ir separada de la del PIB. La ministra de Economía se jacta de que las medidas que han tomado han impedido que las cifras de paro se disparasen como en la crisis anterior. Es el mismo argumento que ya empleó la ministra de Trabajo afirmando que en esta crisis, a pesar de producirse un descenso muy superior del PIB que en la anterior, la reducción del empleo ha sido menor. Afirmación difícil de entender, puesto que existe una correlación casi perfecta entre ambas variables.

Las medidas del Gobierno, concretamente los ERTE, no se dirigen a crear empleo. De ser así, la medida también hubiese impactado en el PIB. Los ERTE no impiden la aparición del paro, tan solo dan al fenómeno y a su cobertura un tratamiento diferente. No es el momento de juzgar la eficacia de los ERTE. Todo el mundo los bendice, lo que quizás pueda dar que sospechar. Habría que preguntarse si no hay medidas alternativas mejores. Pero, en cualquier caso, lo único que no es admisible es que se empleen para ocultar el paro. Para conocer en cada momento la verdadera tasa de desempleo se debe sumar a la oficial el número de trabajadores en ERTE. Por ejemplo, en mayo del año pasado las personas en ERTE ascendían a 3,6 millones. ¿Cuál hubiese sido el porcentaje de paro si a la cifra oficial, 3,8 millones, se le sumasen los 3,6 millones que se encontraban en ese mes en ERTE? Quizás cuando el empleo se analiza en horas trabajadas los datos comienzan a tener más sentido, el descenso en 2020 fue del 30%.

Algo parecido ocurre con la afiliación a la Seguridad Social El ministro de Inclusión, o de exclusión, ha presumido varias veces de que se habían alcanzado ya las cifras anteriores a la pandemia. Escrivá pretende engañarse o engañarnos, ofrece los datos de afiliación en términos brutos sin descontar los trabajadores en ERTE, reducción que debe hacerse puesto que estos, aunque mantienen la afiliación a la Seguridad Social, lo hacen de manera nominal y por el único motivo de que los financia el Estado. En ningún caso se puede decir que están trabajando.

La ministra de Economía tiene razón cuando en la entrevista citada asegura que la salida de esta crisis va a ser muy diferente de la anterior. Estoy de acuerdo, pero este hecho no tiene nada que ver con el buen o mal hacer del Gobierno. La recuperación va a ser distinta por el único motivo de que también lo han sido el origen y la causa. En 2008 la salida de la crisis pasaba por superar un disparatado endeudamiento privado y corregir graves desequilibrios exteriores. Sin poder depreciar la moneda su ajuste se hizo lento, muy doloroso y con tremendos sacrificios, mediante lo que se ha llamado devaluación interior. En 2020, la balanza de pagos estaba ya equilibrada y lo que generó la crisis fue la respuesta obligada a una catástrofe sanitaria. La salida en este caso depende de la gestión mejor o peor de la pandemia y de su evolución. La respuesta a la crisis es, en consecuencia, más sanitaria que económica.

El hecho de que corresponda a España el triste honor de ser entre todas las naciones de la Unión Europea la que ha alcanzado en 2020 la mayor tasa negativa del PIB tiene lógicamente su correlato en la desastrosa gestión en los primeros meses de la epidemia y en el estado de alarma que se estableció durante ese periodo y que ha terminado por ser declarado inconstitucional por el alto tribunal.

El ritmo de la recuperación económica y el momento en que se alcancen los niveles de 2019 van a depender de la depresión de la que se parte originada en 2020, y de la gestión de la epidemia en los meses posteriores, gestión en la que no queda muy bien parada la actuación del Gobierno ni siquiera en la vacunación, a pesar de que uno de sus aduladores tertulianos se esfuerce en resaltar su gran participación en ella, mediante la logística. Tarea hercúlea la de distribuir las dosis entre diecisiete Comunidades Autónomas. Si la vacunación se ha desarrollado con cierto éxito ha sido gracias a las Comunidades Autónomas y al menor rechazo que ocasiona en la opinión pública española que el que se produce en otras latitudes.

Coincido con la señora Calviño cuando en el artículo referido manifestó que hay datos que no están recogidos en el PIB. Pero los importantes no son los que ella cita, sino por ejemplo el incremento de la deuda. En la pasada crisis aprendimos que un crecimiento a crédito (como el que se produjo en tiempos de Aznar y primera legislatura de Zapatero) termina siendo extremadamente peligroso. Cuando retornemos al nivel del PIB de 2019 (seguramente en el 2023) subsistirá la hipoteca de haber incrementado el stock de deuda pública hasta el 125% del PIB, que solo sera sostenible por las compras del BCE en el mercado, a lo que seguramente habrá que añadir una situación muy deteriorada en el empleo y el fantasma de una inflación en lontananza. El panorama no es precisamente para sacar pecho y lanzar las campanas al vuelo.

Republica.com 7-10-2020

Pocas cosas harán, quizá, más daño a los políticos que la hemeroteca. La simple coincidencia en televisión en forma sucesiva de dos apariciones diciendo en la segunda todo lo contrario de lo que se decía en la primera tiene un efecto demoledor. Es una pena que la hemeroteca no se use también para algunos periodistas o tertulianos. Difícilmente sus discursos actuales casarían con los de hace algunos años. Este comportamiento es especialmente llamativo en sus comentarios y posiciones respecto a Sánchez. Sería curioso contrastar sus afirmaciones de hace un quinquenio con las actuales.

Esta versatilidad ha adquirido dos formas diversas. La primera es la de aquellos que actuaban como claros detractores de Sánchez, en la época en la que siendo secretario general del PSOE se enfrentaba a los barones y al Comité Federal de su partido, y que sin embargo han pasado a ser sus fervientes defensores en la actualidad.

La segunda es más lineal y continuada, sin saltos tan bruscos. Son aquellos que en la actualidad se enfrentan a las críticas y a los miedos de que tal o cual actuación se lleve a cabo, afirmando rotundamente que Sánchez no la ha realizado y que es imposible que la realice, pero que en cuanto este la lleva a efecto la defienden entusiásticamente. En múltiples ocasiones nos cuentan que es una línea roja que el presidente del Gobierno no traspasará nunca, pero cuando la cruza, el fiel tertuliano o periodista muda de opinión y nos pretende convencer de que lo acometido es bueno y fructífero. No iba a pactar, pero pactaba; no iba a conceder, pero concedía; no iba a indultar, pero finalmente ha indultado.

Ahora hay quienes nos quieren hacer ver que la mesa de diálogo es muy positiva para solucionar lo que llaman “el problema catalán”. Intentan hacernos creer que la estrategia de Sánchez está dando resultado y que el independentismo está más débil y dividido que nunca. No estoy seguro de que el soberanismo esté extenuado y fraccionado. Siempre han estado divididos, pero a la hora de la verdad pactan y terminan entendiéndose. Ponen por encima de todo sus creencias nacionalistas y secesionistas. Esquerra Republicana, que todos los días pretende dar lecciones de izquierdas en el Congreso por medio del meteco macarra que tienen como portavoz, no pacta con los Comunes o con el PSC, sino con los herederos del  tres por ciento y del partido más reaccionario de España. Y, ante la detención de un prófugo que cobardemente dejó tirados a sus compañeros y salió corriendo en el maletero de un automovil, todos se unen, engolan la voz para exigir (no pedir, exigir) la libertad del huido.

Pero, en cualquier caso, el presunto desfallecimiento del independentismo no sería mérito del actual Gobierno. Todo lo contrario. El interés de Sanchez por mantenerse en el poder es la baza más importante que mantienen los soberanistas. Si hoy una buena parte de ellos han cambiado de estrategia no es gracias a Sánchez, sino a la toma de conciencia de que en 2017 habían fracasado en sus planteamientos y de que, hoy por hoy, estos resultan imposibles. Han descubierto que no se puede pretender la independencia cuando sus partidarios no llegan al cincuenta por ciento de los ciudadanos de Cataluña. Así mismo, percibieron que no tienen apoyo internacional suficiente y, sobre todo, han comprobado que el Estado tiene los medios necesarios para contener y repeler cualquier intento de rebelión o sedición. Entre estos instrumentos, sin duda sobresale la justicia, que ha demostrado su autonomía, que puede mantener a raya a los golpistas y trazar líneas rojas que estos no pueden traspasar.

La nueva estrategia del soberanismo pasa por afianzar sus posiciones, conseguir más medios y competencias y ganar crédito internacional, de manera que la posible intentona dentro de unos años no fracase de nuevo. Las actuaciones de la Generalitat deben dirigirse a conseguir esos objetivos y a comportarse -en lo posible y en tanto en cuanto lo permita la justicia- de manera que se cree el imaginario de que Cataluña es ya un Estado independiente y de que no tienen otro gobierno distinto del autonómico.

En este sentido el Ejecutivo de Pedro Sánchez, lejos de resquebrajar el independentismo, constituye su mejor arma. Le sirve para conseguir sus objetivos. La mesa de diálogo colabora a dar esa imagen de haber conseguido ya de facto la independencia y de que solo necesita que sea reconocida de iure. La representación es algo infantil, pero puede tener eficacia. Se comienza por la permanente negativa a participar en reuniones como una Comunidad Autónoma más, y se continúa por exigir el establecimiento de una mesa de negociación al margen de todo entramado institucional. Se trata de dar la apariencia de una negociación de igual a igual entre dos naciones representadas por sus respectivos gobiernos.

Hay quienes con toda energía proclaman que en la mesa no habrá ninguna concesión esencial. No estoy seguro de ello. Tampoco iba a haber indultos y los ha habido. Pero es que, además, la simple constitución de la mesa es ya un triunfo para el soberanismo, principalmente cuando se admiten como cuestiones a discutir la amnistía y la autodeterminación. Hay temas que no pueden ponerse a debate, sobre todo en foros que no son competentes para ello. Aceptar su negociación es asumir ya unos postulados espurios. Es curioso, pero al mismo tiempo muy grave, que parte de la opinión pública haya pasado de escandalizarse ante esa posibilidad a considerarla como normal e incluso conveniente.

De ahí toda una serie de gestos que tienen mucho de  sobreactuación, pero que, no obstante, pueden tener su utilidad para los independentistas en aras de conseguir sus objetivos, y para que, tanto en Cataluña como en el resto de España, y también en el extranjero, vaya calando un relato falso. El Gobierno ha aceptado la pantomima y ha transigido que esa mesa que llaman de diálogo se constituya como una negociación entre dos delegaciones, de poder a poder, liderada una por el presidente del Gobierno y la otra por el presidente de la Generalitat. Y ha consentido también en que la primera reunión se celebrase en Barcelona.

Sánchez hace una inclinación exagerada ante la senyera, pero Aragonés manda retirar, además de forma ostentosa, la bandera española en su rueda de prensa. Nunca he dado demasiada importancia a las banderas, pero la tienen cuando los de enfrente se  la dan y la emplean para construir un relato falso. Ocurre igual con la monarquía. Su cuestionamiento, los desplantes al rey y el intento de poner veto a su presencia en Cataluña se llevan a cabo en realidad como boicot al jefe del Estado. El hecho de no reconocerle como tal es para los soberanistas, en ese imaginario que construyen, un signo de independencia. Por eso el silencio de Sánchez ante tal situación y su decisión de no condicionar sus relaciones con la Generalitat a que cese ese comportamiento es una vez más postrarse ante los golpistas.

Se pretende dar tal importancia a la mesa que van a ser seis ministros los que participarán en ella como si no tuvieran nada más que hacer y Cataluña fuese la única Comunidad Autónoma. El actual ministro de Cultura y Deporte, antiguo líder del PSC, asume las tesis de los sediciosos cuando compara esta mesa con la que se creó en Vietnam al final de la guerra. Incluso, se supone que, de manera inconsciente, hasta el mismo presidente del Gobierno, cuando debería decir “el resto de España” habla de España como contrapuesta a Cataluña, como si esta Comunidad ya no perteneciese a España.

Aun cuando en tono un tanto chulesco los golpistas afirmen que lo único que quieren negociar es la amnistía y la autodeterminación, en la mesa se terminará acordando la transferencia de nuevas competencias y privilegios económicos que servirán para abrir una mayor brecha entre Comunidades, con la consiguiente injusticia. ¿De qué si no hablaron Sánchez y Aragonés durante dos horas? Además, se dará el contrasentido de que, por una parte, se vaya a primar precisamente a los sediciosos, con lo que se crea un incentivo para que otras Comunidades continúen por el mismo camino, y, por otra, se les va a conceder medios e instrumentos que incrementaran las posibilidades de éxito en una nueva intentona.

Lo que resulta quizás más irritante es la postura de los llamados barones del PSOE, especialmente los de aquellas Comunidades que no tienen ninguna veleidad nacionalista. Presencian impasibles cómo se va a beneficiar a una Autonomía en perjuicio de las demás. Y, lo que es peor, cómo se intenta robar a los ciudadanos de su Comunidad la soberanía sobre una parte de España. Todo lo más, hacen alguna manifestación pública, siempre comedida y limitada a la afirmación de que no se va acordar nada que perjudique al resto de los españoles, cuando saben fehacientemente que no va a ser así. El Estado de las Autonomías es un sistema de suma cero.

No, la mesa llamada de diálogo no tiene nada que ver con la utilidad pública ni con la solución del llamado problema catalán. Va a ser, lo es ya sin duda, de interés, por todo lo dicho a lo largo del artículo, para los independentistas y más en concreto para Esquerra Republicana. También, será de provecho y de mucho provecho para Sánchez a fin de mantener unido el bloque Frankenstein y permanecer de ese modo en el poder. Pero, desde luego, no es útil ni para Cataluña ni para el resto de España.

republica 30-9-2020

El Gobierno no pierde ocasión de arremeter contra la oposición por lo que llama bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Lo ha convertido en una obsesión. Cada vez elevan más el tono. Con frecuencia, y alternándose, todos los ministros le reprochan su falta de sentido de Estado. Incluso, el de la Presidencia introduce un añadido, no hay en Europa una oposición como la española; y para completar la representación, el presidente del Gobierno sube el listón y les acusa de estar instalados en la insumisión constitucional. No hace falta tener una buena opinión de la oposición (incluso aunque se la valore muy negativamente) para ser consciente de la contradicción en la que cae el Gobierno y de la inmensa hipocresía que manifiesta.

Es irónico que pueda acusar a otra formación política de falta de sentido de Estado un partido que para gobernar se apoya en los que quieren romper el Estado, y calificar a alguien de insumisión quien para mantenerse en la Moncloa se echa en manos de los que se han rebelado contra la Constitución y los tribunales. Esta incoherencia y deshonestidad que presenta Sánchez tiene su razón de ser en la necesidad que tiene de controlar todas las instituciones.

Si examinamos los tres años que lleva en el poder, llegaremos a la conclusión de que pocos gobiernos, por no decir ninguno, han despreciado tanto la ley y los procedimientos como este. No es de extrañar por tanto que haya tenido tantos encontronazos con los fiscales, con el Consejo de Estado, con los tribunales, especialmente con el Supremo, y que el Constitucional les esté dando bastantes revolcones. Tan poco puede sorprendernos que, en consecuencia, pretenda por todos los medios controlar a los jueces.

El Gobierno sostiene que el Partido Popular tiene bloqueados los nombramientos porque no acepta su propuesta. Por la misma razón se podría aseverar que es el Gobierno el que los bloquea porque no admite la de la oposición. En realidad, se obstruyen mutuamente. En cualquier caso, creo que es una buena ocasión para plantear y cuestionar la forma de elección de los órganos constitucionales. El problema sobrepasa la elección del CGPJ, afecta también al Tribunal Constitucional, al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo, y quizás a algún otro. No obstante, sí hay un aspecto que corresponde únicamente al CGPJ, es la posibilidad de que parte de sus consejeros sean elegidos por los propios jueces. Como es lógico, esta forma de designación no es aplicable al resto de organismos.

La Constitución española en el apartado 3 del artículo 122 establece que el CGPJ se compone de veinte miembros. Ocho de ellos deben ser abogados u otros juristas de reconocida competencia, elegidos cuatro de ellos por el Congreso y cuatro por el Senado por mayoría de tres quintos. Los doce restantes serán seleccionados entre magistrados y jueces de todas las categorías judiciales y por el procedimiento que establezca una ley orgánica. Aun cuando es cierto que para estos últimos consejeros la Carta Magna no dispone la forma de designación, se puede concluir que no estaba en la intención del legislador que fuese la misma que la de los otros ocho miembros, porque, de ser así, no se hubiese establecido distinción entre ambos grupos o, al menos, solo en lo relativo a su procedencia.

En 1980, durante el Gobierno de UCD, las Cortes aprueban la primera ley orgánica sobre esta materia y en ella se establece que estos doce consejeros sean elegidos por todos los jueces y magistrados en servicio activo mediante voto personal, igual, directo y secreto. No obstante, la duración de este procedimiento fue efímero porque en 1985 el PSOE en el gobierno elaboró una nueva ley orgánica en la que se cambia la elección de los doce jueces, y determina que se realice de la misma forma que dispone la Constitución para los otros ocho miembros, es decir, aquellos que provienen del colectivo de abogados y juristas de reconocido prestigio.

Desde ese momento hasta la actualidad, aun cuando haya habido pequeños cambios, los veinte miembros que componen el CGPJ son designados por las Cámaras por mayoría de dos tercios. En la práctica, esto ha llevado a que los dos partidos mayoritarios terminasen repartiéndose los puestos. Es a este peligro al que se refería el Tribunal Constitucional (TC) en su sentencia del 29 de julio de 1986 en la que -aun sin declarar inconstitucional el procedimiento, ya que no se oponía de forma directa a la letra de la Constitución- advertía de los efectos negativos que podían derivarse de su aplicación:

«Se corre el riesgo de frustrar la finalidad señalada de la norma constitucional si las Cámaras, a la hora de efectuar sus propuestas, olvidan el objetivo perseguido y, actuando con criterios admisibles en otros terrenos, pero no en este, atiendan solo a la división de fuerzas existente en su propio seno y distribuyen los puestos a cubrir entre los distintos partidos, en proporción a la fuerza parlamentaria de estos. La lógica del Estado de partidos empuja hacia actuaciones de este género, pero esa misma lógica obliga a mantener al margen de la lucha de partidos ciertos ámbitos de poder y entre ellos, y señaladamente, el poder judicial… La existencia y aun la probabilidad de ese riesgo, creado por un precepto que hace posible, aunque no necesaria, una actuación contraria al espíritu de la norma constitucional, parece aconsejar su sustitución».

Hace treinta y cinco años de esta exhortación del TC, y si exceptuamos algunos retoques en 2001 y 2013, que no cambian sustancialmente el procedimiento, la ley continua sin modificarse en este aspecto, y, lo que es peor, el riesgo de que avisara el Tribunal Constitucional se ha hecho realidad a lo largo de todos estos años. Y no solo en lo referente al CGPJ, sino en general a todos los organismos cuyos miembros deben elegir las Cortes y para los que se ha establecido una mayoría cualificada.

Aunque por supuesto el prólogo de la ley de 1985 no lo indica, hay que suponer que en la mente del legislador (el PSOE contaba con doscientos dos diputados) se hallaba una cierta desconfianza ante la judicatura, y en general frente a la Administración, ya que pensaba que provenía del franquismo. A ello ayudaba el hecho de que en España durante la Transición no se aplicó ninguna depuración. Se temía, por tanto, que los altos cuerpos de la Administración patrimonializasen la función que tenían encomendada. Con el tiempo se vio que se trataba de un peligro infundado, ya que en general los empleados públicos cumplieron su cometido con total profesionalidad. Paradójicamente, al mismo tiempo, se comprobó que el riesgo estaba más bien en la apropiación que el poder político pretende hacer con frecuencia de los órganos administrativos. A menudo intenta saltarse la ley y salirse de los cauces y de los procedimientos establecidos.

Todo ello se plasma también en la Justicia. No han sido los jueces los que la han politizado, sino más bien el poder político el que ha pretendido controlar a los tribunales, aunque para ello haya tenido que contar con algunos jueces (son, no obstante, una minoría) que se prestan a ello, y que se han dejado ganar por las distintas formaciones políticas. Si hace treinta y cinco años aquel miedo podía tener alguna justificación, en la actualidad carece totalmente de racionalidad y sentido. La casi totalidad de los jueces no habían nacido o eran unos niños en tiempos del franquismo. Traer a colación hoy en día, la dictadura (aunque les encante a algunos, curiosamente a los que no lo han conocido) es un despropósito y un anacronismo. No hay por ello ninguna razón para que no se retorne a la forma de designación establecida con anterioridad a la ley de 1985.

De todas las formas en esta cuestión hay dos aspectos que conviene diferenciar. El primero es si los jueces deben participar en la designación de los miembros del CGPJ, que son jueces. Lógicamente, como ya se ha dicho, este afecta solo a este órgano. Pero el segundo y más importante, y que además atañe a la generalidad de los organismos constitucionales es evitar el peligro que señalaba el TC de interpretar y aplicar torticeramente la fórmula de los tres quintos que marca la Constitución para la designación de aquellos que tienen que serlo por las cámaras.

Si la Constitución exige esta mayoría cualificada es para evitar toda posibilidad de politización del órgano. En principio, el hecho de que cada consejero cuente con la aprobación como mínimo de tres quintas partes de los diputados o los senadores garantizaría, al ser una persona de consenso, su neutralidad e independencia, sin adscripción partidista alguna. Lo cierto es que, del modo que se ha venido aplicando desde 1985, el resultado ha sido el inverso. Tal como previó el Tribunal Constitucional, los partidos se han distribuido los puestos, nombrando cada uno de ellos a los más proclives a su formación política. La conclusión es que los elegidos son los más politizados (en el mal sentido del término) e incluso en algunos casos los más sectarios. Tan es así que se continúa hablando de consejeros conservadores y progresistas.

En un escenario político bipartidista, aunque sea imperfecto, tal como, hasta hace poco tiempo, ha estado configurado el nuestro, han sido las dos formaciones mayoritarias, PSOE y PP, las que se han venido repartiendo los consejeros, aunque a veces se le haya dado una pequeña participación al PNV y a CiU. A pesar de que el PP en ocasiones ha llevado en su programa electoral la modificación del sistema de elección para retornar al anterior a 1985, en la práctica ha seguido actuando y concurriendo con el PSOE en la fórmula del reparto.

Al romperse el bipartidismo, las nuevas formaciones políticas, Podemos, Ciudadanos, etc., han censurado reiteradamente esta forma de elegir a los jueces y a los otros consejeros de los órganos constitucionales. No obstante, parece que en cuanto se llega al poder las cosas comienzan a verse de otra manera. Podemos en el Gobierno se ha apuntado a entrar en la subasta con sus jueces afines. Ciudadanos, por el momento, ha mantenido su postura y presentó el año pasado una proposición de ley para cambiar la elección de los miembros del CGPJ y volver al sistema anterior a la ley de 1985. Proposición de ley que fue rechazada en el Parlamento por ciento setenta y cuatro votos, prácticamente los de todo el bloque Frankenstein.

Es posible que, en este momento, la solución más adecuada, teniendo en cuenta las recomendaciones de la Comisión y del Consejo de Europa, la opinión de la casi totalidad de los jueces y la experiencia, particularmente la de los últimos años, pasa por que sean los mismos jueces los que elijan a aquellos de sus doce compañeros que vayan a ser miembros del CGPJ. Pero en cualquier caso lo que es ineludible y que además afecta a todos los órganos constitucionales, es que no se adultere la forma en que se aplique la mayoría de los tres quintos en la elección de aquellos consejeros que tiene que designar el Senado o el Congreso.

Republica.com 23-9-2020

Hace casi un mes (el 12 de agosto) dedicaba este artículo semanal a mostrar cómo la variable esfuerzo fiscal, tal como se la define, no tiene ninguna consistencia y nos puede conducir a conclusiones erróneas, ya que la riqueza de los países tiene tal ponderación en la fórmula que se precisa una distancia enorme en el volumen de las recaudaciones para compensar incluso pequeñas diferencias en los niveles económicos. Tan eso es así que el índice podría servir más bien, salvo en escasas excepciones, para ordenar a los países en función de su renta.

Pero dicho esto, hay que reconocer que continúa pendiente una cuestión, la de si las naciones más ricas deben tener mayor presión fiscal que las más pobres. Desde luego, aunque la respuesta fuese afirmativa no podrían justificar la reducida presión fiscal que se da en España, porque, como se afirmaba en el artículo citado, no es que nuestro país tenga menor presión que Francia, Italia, Alemania, Holanda, etc., es que también es inferior a la de Portugal, Grecia, Polonia, Chipre, Eslovenia, Eslovaquia, países con una renta y un nivel económico muy inferiores a los de España.

Prescindiendo por un momento de nuestro país -que, contestemos lo que contestemos a la pregunta anterior, parece que se encuentra en una situación atípica-, adentrémonos en la cuestión con toda su generalidad. Creo que los que responden afirmativamente es quizás porque piensan que los bienes y servicios públicos son innecesarios, superfluos, casi bienes de lujo, y que, puestos a prescindir, podemos prescindir de ellos, dando prelación a otros muchos que por ser propios y de nuestra exclusividad nos parecen más necesarios. Es evidente que entre dos naciones con distinta renta los ciudadanos de la más pobre tendrán que estar dispuestos a renunciar, por obligación, a más bienes que los de la otra, pero tienen que ser precisamente los públicos los que se deban relegar.

En mi opinión, es más bien al contrario, cuanto más pobre sea una sociedad, más necesitará del sector público. Le será indispensable, por ejemplo, contar con una sanidad y una educación públicas. En una nación rica tal vez al menos una buena parte de la población pueda prescindir del suministro básico de estos servicios públicos, y acceder a ellos de modo privado. En un Estado pobre, el suministro privado de estos bienes estaría totalmente vedado para la práctica totalidad de la población.

Puesto que en la mayoría de las ocasiones la pobreza va ligada al desempleo, el volumen de paro probablemente dependerá en buena medida del nivel económico del país y serán aquellos Estados más deprimidos económicamente los que tendrán que hacer frente a un mayor gasto en prestaciones sociales por desempleo. Algo parecido sucede con el gasto en pensiones. En los países pobres muy pocos ciudadanos tendrán capacidad de ahorro para constituir un fondo para la vejez (lo que se suele llamar impropiamente pensiones privadas) y serán más necesarias, por tanto, las públicas, y resultará por ello imprescindible dedicarles mayor porcentaje del PIB.

Por otra parte, no solo es que cuanto más débil sea económicamente una nación, más porcentaje de su PIB precisará asignar al sector público, sino que también estará obligada a repartir la renta de manera más equitativa, lo que implica un sistema fiscal más progresivo. En la mayoría de los casos el simple incremento de la proporción entre sector público y sector privado tiene un efecto positivo sobre la progresividad, por imperfecto y liberal que sea el sistema fiscal del Estado en cuestión.

Una cosa es lo óptimo desde el punto de vista social y económico y otra muy distinta la práctica, y lo que los distintos gobiernos aplican o creen que pueden aplicar en sus países. Los intereses que subyacen suelen conducir a situaciones diferentes, a que sean los países más ricos los que tengan mayor presión fiscal. La resistencia de los ciudadanos a los impuestos es casi siempre mayor en los países con menor renta. Juega sin duda esta percepción de lo que hemos dicho al principio, que a la hora de prescindir se considera que los bienes públicos son más superfluos que los privados. Pero influye también el hecho de que se tiende a utilizar el mismo criterio para comparar la presión fiscal entre los países que el que utilizamos para comparar dentro de un país las cargas fiscales de los contribuyentes o de las regiones.

Dentro de un mismo Estado, sí está justificado el aforismo de que los que más tengan sean los que más paguen y que, además, lo hagan de una manera más que proporcional. En un Estado todos los ingresos se dedican a pagar los gastos comunes, y asimismo al pertenecer todos los contribuyentes a una misma unidad económica se supone que los beneficios y rentas de cada uno dependen del resto. La progresividad fiscal que se da a nivel personal se traslada inmediatamente a las regiones. Las regiones más ricas tendrán una presión fiscal mayor como simple consecuencia de que sus habitantes serán por término medio más ricos que el de otras regiones y estarán obligados a pagar más impuestos.

La situación es radicalmente otra cuando nos movemos entre países distintos. La recaudación de cada nación sirve únicamente para financiar sus propios gastos. No se pueden esperar ayudas de otros Estados. Al no producirse entre ellos ningún tipo de reparto, cada Estado tendrá que diseñar la suficiencia y progresividad del sistema fiscal para atender a sus necesidades sin que le sirva que otras naciones tengan una presión fiscal elevada.

Existe una excepción que distorsiona estos planteamientos: la Unión Europea. Constituye en cierta forma una integración económica, al menos en materia comercial, financiera y monetaria, pero sin que se produzca unión fiscal de ningún tipo. No hay reparto entre los países. Los fondos de cohesión, estructurales o ahora los de la recuperación son meros sucedáneos, que no modifican sustancialmente la redistribución de la renta. Cada uno de los países no puede contar con la recaudación del resto para financiar sus propias necesidades. Tendrá que contentarse exclusivamente con sus ingresos y determinar la presión fiscal adecuada que, puesto que no hay trasvase, no podrá ser muy distinta de la de otras naciones. No debería haber ninguna razón, todo lo contrario, para que las naciones más pobres tengan una presión fiscal menor que las más ricas.

Republica.com 9-9-2020