Hay que reconocer que el sanchismo es experto en crear mitos vacíos de contenido, pero que sirven a la perfección para influir en los ciudadanos, transmitiéndoles aquellas imágenes que le interesan al gobierno, aunque no se adecuen a la realidad. Hace ya algunos días, Pedro Sánchez, tal como le gusta actuar, en su función propagandística, anunció que el escudo social se prorrogaba hasta octubre. El nombre es rimbombante, enfático. Pero por eso mismo causa extrañeza que se hable de prolongar. Uno tendería a creer que un escudo, un verdadero escudo social, debería tener un carácter de permanencia.
Pero es que, además, cuando uno se acerca a ver el contenido de eso que Sánchez llama escudo llega al convencimiento de que se queda como mucho en un mantelete deformado y reducido. El auténtico escudo social lo diseña la Constitución al definir a nuestro Estado como social, contrapuesto al liberal. Nuestra Carta Magna, ella sí, establece un marco para intentar no dejar a nadie atrás, otra cosa es que se cumpla) y por eso constituye una sanidad y una educación públicas que aseguren, si no por completo, sí parcialmente, la igualdad de oportunidades. De la misma forma instaura una serie de derechos sociales, que lo son frente a la sociedad y al Estado y no frente a las personas individuales. Son los poderes públicos los encargados de garantizarlos y al erario público le corresponde financiarlos.
Pero más alla de todo eso, la Constitución establece como principal baluarte frente a la indigencia social el derecho a un puesto de trabajo y la obligación a los gobiernos de practicar una política de pleno empleo. Bien es verdad que con la globalización e instituciones como la de la Unión Monetaria, lograr el pleno empleo, desaparece a menudo del abanico de posibilidades que tienen a su alcance las autoridades de los distintos países. Deben entrar, por tanto, en funcionamiento las previsiones que el Estado social establece cuando por distintos motivos no es posible tener un puesto de trabajo. Es necesario potenciar y ampliar las prestaciones sociales ligadas al paro y a las que de alguna forma se encuentran asociadas a ellas, las pensiones, puesto que a determinada edad es precisa o al menos conveniente la salida del mercado laboral. No se debe olvidar, sin embargo, que seguramente la mejor política social es la creación de puestos de trabajo dignos.
El escudo social del que habla el Gobierno tiene muy poco de escudo y me atrevería a decir que tampoco de social. Es un puro simulacro, un artificio con el que ocultar los defectos de la política social aplicada y con el que disimular el hecho de que se ha abandonado a su suerte a amplias capas de población. Todo se reduce a prohibir los desahucios y el corte de suministros esenciales a las familias vulnerables. La pregunta surge de inmediato: ¿no sería preferible que el Estado se comprometiese a que no existiesen familias vulnerables o al menos que una vez detectada su existencia por encontrarse en las situaciones extremas anteriores fuese el erario público el que tendiese a solucionar el problema y no hacer recaer sobre terceros y de forma arbitraria el coste de la protección social? Resulta irónico escuchar esa coletilla de si «no existe alternativa habitacional», como si este hecho dependiese del juez o del propietario de la vivienda, y no de los poderes públicos.
Lo que llama escudo social el gobierno sanchista cubre una pequeñísima parte de las contingencias sociales, y además de forma impropia. Tan es así que incluso puede terminar siendo contraproducente. Es el erario público con todos sus impuestos el que tiene que subvenir a cubrir las necesidades de las capas de la población más vulnerables. Cuando un gobierno cambia las reglas del juego y hace que sean terceros los que de buenas a primeras y de forma aleatoria, sin ninguna lógica, deban asumir el coste, se resiente no solo la equidad, sino también la seguridad jurídica, con efectos bastante negativos. Nos encontramos más cerca de las repúblicas populistas de América Latina que de un Estado social, democrático y de derecho de la Europa Occidental. En realidad, un gobierno que obra así está mostrando su incompetencia para desarrollar el Estado social y su debilidad para aplicar una política fiscal que genere los recursos necesarios para cumplir la Constitución en materia social.
Además, en el caso que nos ocupa -como en todos los demás en los que se pretende forzar las leyes del mercado- el tiro puede salir por la culata, y precisamente perjudicara aquellos que teóricamente se pretende beneficiar. Si los arrendadores ven que se les quita, o al menos que existe el riesgo de que por h o por b se les prive de la única arma que tienen frente al arrendatario, que es el desahucio, y que esto se produce principalmente respecto a las familias que se califican de vulnerables, la reacción de muchos de ellos será seleccionar cuidadosamente a los inquilinos y excluir a todos aquellos sobre los que tengan la menor sospecha de que un día se pueden declarar insolventes y presentar ingentes obstáculos para el desalojo. Trabajadores precarios, quizás emigrantes, con muchas cargas familiares, con numerosos hijos, etc., se verán excluidos del mercado porque casi ningún arrendador estará dispuesto a alquilarles un piso.
Nadie puede quedarse impasible ante los dramas sociales que se presentan a menudo en ciertos desahucios, pero el problema de la pobreza de algunas familias que las incapacita para el mantenimiento de una vivienda digna no debe recaer sobre las personas y sociedades privadas, sino que debe asumirlas el Estado. Incluso hacerse cargo de ellas a tiempo y no esperar a que la indigencia se presente de forma tan dramática. Además, la vivienda o ciertos suministros son sin duda necesidades esenciales, pero no son las únicas ni a las que se reduce la carencia de las familias. La actuación de los poderes públicos debe adoptar una forma más generalizada de ayudas, dotar de medios a las familias vulnerables, proveerlas de los recursos precisos y que sean ellas las que escojan su distribución entre sus múltiples necesidades.
Si la pobreza va unida en la mayoría de los casos a una situación de paro, el escudo social debería centrase en establecer una prestación por desempleo adecuada que se aplicase tan pronto se produjese el despido, se hubiese cotizado o no, y que se mantuviese todo el tiempo necesario hasta que se encontrase un nuevo empleo. Tanto las prestaciones por desempleo como las pensiones por jubilación son herederas del sistema de seguridad social de tiempos de la dictadura, basado en cotizaciones y carente de generalidad. En cierta forma tienen una orientación preconstitucional. La Carta Magna, sin embargo, los configura como derechos sociales con un carácter de universalidad y de ninguna manera condicionados a la existencia de cotizaciones.
La prestación por desempleo en España está muy lejos de constituir un verdadero escudo social con la amplitud debida y a ello tendría que haberse dedicado este Gobierno si fuese verdaderamente progresista al tiempo que abandonaba la política de parches que solucionan poco e incluso a veces empeoran la situación. En junio de este año la cobertura de la prestación por desempleo alcanza, según datos del CEPES, el 58,1%. Es decir, que casi el 50% de los parados no cobran prestación alguna.
Pero la situación es bastante peor si estudiamos con cierto detenimiento las cifras. En el denominador no se engloba a todo el paro registrado, ya que se excluyen aquellos que solicitan empleo por primera vez. Si los considerásemos, la tasa de cobertura se reduciría aproximadamente en un 10%. Además, el numerador comprende a todos los beneficiarios ya sean los del nivel contributivo o los del asistencial, incluyéndose dentro de este toda una tipología de lo más diversa de perceptores de subsidios. Desde hace ya tiempo, dada la precariedad del mercado laboral y la movilidad en los puestos de trabajo, pocos son los parados que cumplen los requisitos exigidos para situarse en el nivel contributivo, por lo que el número de beneficiarios del régimen asistencial sobrepasa ya la mitad del total. Sin embargo, el gasto en este nivel es poco más de la tercera parte del que se aplica en el régimen contributivo, lo que indica que por término medio las prestaciones del nivel asistencial –llámese como se llame el subsidio -alcanzan la tercera parte que las del régimen contributivo.
De lo anterior se puede concluir que escasamente el 25% de los parados está cobrando una prestación más o menos adecuada. El resto hasta llegar al 50 o 58% perciben un subsidio de una cuantía muy reducida, que ya no es que no les dé para pagar el alquiler o el suministro de electricidad, es que no les permite vivir. Más allá, hasta el 100%, más del 40% de los parados, están totalmente desprotegidos, a expensas de la caridad privada, de los llamados comedores del hambre, o de algún que otro subsidio de las Comunidades Autónomas.
Este estado de pobreza es el que prometía arreglar el ministro independiente poniendo orden además en las rentas básicas-sea cual sea su denominación- de las Comunidades Autónomas. La montaña parió un ratón. Se elaboró un subsidio al que se ha llamado “ingreso mínimo vital”, de una complejidad tal que es un infierno su aplicación, y su control, casi imposible. La conclusión es que no van a estar todos los que son, ni serán todos los que deban estar, y a pesar de eso va llegar a un número muy reducido de necesitados. Por otra parte lejos de armonizar las ayudas de las distintas Comunidades Autónomas, se va a fraccionar incluso la estatal para dar su parte al País Vasco. En fin, un engendro.
Si el Gobierno quiere establecer de verdad un escudo social tiene campo para hacerlo. No obstante, deberá huir de las ocurrencias y de los parches que solo sirven para dar a entender que se hace algo, ocultando la inoperancia. Deberá ir al centro del problema, y modificar sustancialmente la prestación por desempleo. Claro que para eso hace falta dinero, una reforma fiscal en profundidad, y de eso huye el Gobierno como de la peste. Como mucho, mareará la perdiz con el comité de expertos y con algunos cambios anodinos.
No quiero terminar el articulo sin referirme a un tema que parece menor, pero proporciona un claro ejemplo de la impudicia de este Gobierno a la hora de falsear las cifras. Cuando se contempla la serie de la cobertura de desempleo que ha publicado el Ministerio de Trabajo, hay por fuerza que sorprenderse. Abril, mayo y junio de 2020 presentan los siguientes datos: 127,2%; 134,8% y 109,2%, respectivamente. ¡Oh, maravilla, oh, milagro! El número de beneficiarios por desempleo era superior al de parados. Habrá habido, incluso, algún ministro tentado de gritar ¡datos históricos, jamás en la historia, la cobertura de la prestación por desempleo ha sido tan alta!
La trampa es muy burda, pero por lo mismo tanto o más impúdica. No cuenta como parados a los trabajadores en ERTE, para que no se incremente la tasa de desempleo; sin embargo, sí se consideran las prestaciones a estos trabajadores en el número de beneficiarios. Está en la misma línea de enmascaramiento simplón ejecutado por la ministra de Trabajo cuando se jactaba tiempo atrás de que en esta crisis, a pesar de producirse un descenso muy superior del PIB que en la anterior, la reducción del empleo ha sido mucho menor. En mayo del año pasado el número oficial de personas en paro ascendía a 3,8 millones. ¿Cuál hubiera sido el dato real si a esta cifra se le hubiesen sumado los 3,6 millones que se encontraban en ERTE?
republica.com 26-8-2021.
