ARTICULOS DEL 10/1/2016 AL 29/3/2023 CONTRAPUNTO

Solo faltaban el desastre y las calamidades que han rodeado en los últimos días del mes de agosto el abandono de Afganistán por la OTAN para certificar el fracaso al que normalmente han derivado las llamadas misiones humanitarias, que de humanitarias en general tienen poco. Con frecuencia producen más quebrantos, ya sean directamente o a través de lo que eufemísticamente se denomina “daños” colaterales, que los que en teoría dicen querer evitar.

Tal vez he cometido la osadía y la inconveniencia de tomar posición en contra de casi todas ellas: Afganistán, las dos invasiones de Irak, Yugoeslavia, la Primavera Árabe, etc. Concretamente, el hacerlo respecto a la Guerra del Golfo, allá por el año 90, me costó seis años de ostracismo en la Administración, hasta que Felipe González dejó de ser presidente del gobierno. Sin ser un experto en la materia, y quizás desde la ignorancia, he desconfiado del Derecho internacional, porque la ley solo puede darse en una sociedad organizada, y la internacional está muy lejos de serlo, al carecer de unas instituciones auténticamente democráticas que puedan emitirla. En la política internacional lo que prima es la voluntad del vencedor o, en todo caso, el equilibrio motivado por el miedo de los posibles contendientes.

Habrá quien afirme que al menos existe una institución democrática en el plano internacional, la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Permítanme que esboce una sonrisa. En los acuerdos de la ONU prima todo menos la democracia. Son la conjunción de todo un haz de intereses, y el resultado del esfuerzo y tesón de los distintos lobbies. Concretamente en la materia que nos ocupa, el órgano competente para legitimar o no una intervención e imponer sanciones es el Consejo de Seguridad, compuesto por 15 Estados, cinco de ellos permanentes, que además tienen derecho de veto y que son los ganadores de la Segunda Guerra Mundial: EE. UU., Reino Unido, Francia, Rusia y la República Popular China. Nada puede decidirse sin su aprobación. ¿Nos puede extrañar por tanto que sean mínimas, y desde luego las menos importantes, las intervenciones que cuentan con el apoyo de la ONU?

Para aquellos otros casos en los que están divididos los intereses en el seno del Consejo de Seguridad, se ha acuñado una nueva expresión, Comunidad Internacional, que en el ámbito occidental se ha identificado con la OTAN. En su nombre se deciden y llevan a cabo las intervenciones y, aun cuando se revistan de motivos altruistas, son principalmente los intereses de esa Comunidad Internacional los que priman y, en realidad, el bienestar de los pueblos a los que se dice querer salvar importa poco.

Por otra parte, siempre está pendiente la pregunta de hasta qué punto una nación tiene derecho a intervenir en otra para imponer contra su voluntad un cambio en su género de vida, cultura y civilización, por muy aberrante, bárbara y bestial que pueda parecerle. No hay que retrotraerse demasiado en el tiempo para encontrar en nuestra civilización judeocristiana atrocidades y comportamientos, si no iguales, sí parecidos a los que ahora nos horrorizan de otros pueblos. Baste leer con detenimiento los capítulos III al V del libro V de “Los Hermanos Karamazov” de Dostoievski, en los que Iván explica a su hermano Alioscha por qué está dispuesto a devolver el billete ante el mal del mundo. Unos cuantos siglos no suponen demasiado tiempo dentro de la historia de la humanidad. Ahora se dice que Afganistán vuelve a la Edad Media. Es una apreciación quizás inexacta, no puede retroceder porque nunca ha salido de ella; somos nosotros, los que en teoría la hemos dejado atrás, los que de vez en cuando retornamos a ella.

En cualquier caso, poco importa la pregunta acerca de si se tiene derecho o no a intervenir en otros países, porque hay una cuestión previa: ¿se puede? Parece ser que no. Cada vez que se ha intentado se ha cosechado un rotundo fracaso: Irak, las primaveras árabes, Afganistán, etc. Resulta una misión imposible exportar la democracia a toda la humanidad cuando más de dos terceras partes carecen de ella. Lógicamente, siempre actuamos de manera selectiva, pero tendríamos que reflexionar también acerca de qué mueve nuestra elección, ¿el bien de los pueblos a los que queremos intervenir o nuestros intereses y conveniencias?

Los españoles más que nadie deberíamos ser conscientes de ello porque fuimos de los primeros en sufrirlo pasivamente. La modernidad y la Ilustración venían unidas a los fusiles de los soldados franceses y aquel rey José a quien para ofenderle le pusieron el nombre de Pepe Botella, no parece que fuese tan malo; desde luego, bastante mejor que el rey felón. Los españoles optamos entonces por las cadenas, la reacción y los curas trabucaires. Me imagino la huida de nuestros liberales hacia Francia a la llegada de Fernando VII a España, de forma no muy distinta a la que lo hacen ahora los afganos que han probado la libertad.

Los españoles tuvimos que ir conquistando por nosotros mismos los diversos grados de libertad, secularidad y democracia, a base de dolor, sufrimiento, contradicciones, avances y retrocesos, y cosa curiosa, uno de esos retrocesos lo protagonizaron los mismos ejércitos que con anterioridad pretendían traernos la libertad, los Cien Mil Hijos de San Luis, dando fin al trienio liberal y comienzo a la década ominosa, diez años de terror para los liberales.

Profundizando un poco más, vemos que detrás de la OTAN y de la Comunidad Internacional lo que nos encontramos es a Estados Unidos que, a partir de la Segunda Guerra Mundial, ha mandado y dirigido casi todo en este lado del telón de acero. Han sido sus intereses los que han primado y el resto de los países hemos adoptado el papel de comparsas, porque en cierto modo también nos beneficiaba. Es un hecho que no tiene por qué tener ninguna connotación peyorativa para los americanos, pero desde luego tampoco laudatoria como algunos pretenden en los momentos actuales, afirmando que los otros países no colaboran en ningún aspecto ni siquiera en el económico.

EE. UU. tiene el papel que ha elegido tener, el de mandar, el de ser líder. Se dice que «quien paga manda». EE. UU. es el que ha impuesto siempre sus intereses, pero también el que ha asumido la mayoría de los costes. El resto de países no tienen por qué quejarse porque contribuyen en mucha menor cuantía y participan más o menos en función de sus conveniencias. Pero la expresión anterior también puede y debe enunciarse al revés, «quien manda paga», por lo que no parece lógico ese victimismo surgido al otro lado del Atlántico acerca de que las demás naciones, en concreto las europeas, no cooperan, ni tienen razón los corifeos de este otro lado cuando salen en defensa de EE. UU. afirmando que le han dejado solo y que la responsabilidad no es únicamente suya.

Quizás toda la responsabilidad no sea suya, pero en el caso de Afganistán desde luego poco le falta. Fue el Gobierno norteamericano el que decidió la intervención como acción de castigo por la monstruosidad que significo el atentado de las Torres Gemelas, que dejó sin aliento a toda la sociedad occidental, haciéndoles presente lo vulnerables que eran frente al terrorismo. Bien es verdad que EE. UU. también en esta ocasión mostró carencias de seguridad muy considerables como el hecho de que, en contraste con los rígidos controles en los vuelos internacionales, apenas existiese ninguno en los nacionales, permitiendo que, sin riesgo, los terroristas secuestrasen tres aviones y los lanzasen hacia puntos estratégicos del país.

Después de veinte años y tras la salida apresurada del territorio hay que reconocer que la operación ha constituido un solemne fracaso. Siendo numerosas las muertes que ocasionó el derrumbe de las Torres Gemelas, muchas más han sido las originadas por la invasión y posterior ocupación durante estos veinte años. Ni siquiera ha servido para erradicar el terrorismo islámico, que ha continuado cometiendo atentados a lo largo de este tiempo, tal como lo hemos vivido en nuestras carnes los españoles y como se ha certificado tétricamente en el aeropuerto de Kabul estos últimos días.

Ha sido el Gobierno americano el que ha decidido el abandono del país, dejándolo en peor situación de la que se lo había encontrado, demostrando así que el bienestar del pueblo afgano no constituía ningún objetivo y, si lo era, aunque fuera en una pequeña proporción, su consecución ha representado un rotundo fiasco. Las imágenes del aeropuerto de Kabul de estos días son tan solo la punta del iceberg de la desolación y del terror en que va a quedar sumido todo el país tras la marcha de los soldados americanos. La ironía es que a la intervención de hace veinte años se la denominó «libertad duradera».

Desde luego de lo que sí es responsable EE. UU., y más concretamente la Administración Biden, es de la improvisación y del desorden con que se ha llevado a cabo la evacuación. Cuando uno piensa abandonar un país después de dos décadas de ocupación lo menos que se le puede exigir es una cierta planificación, tanto más cuanto que es consciente de que tiene que sacar del territorio a miles y miles de habitantes que, si no, van a ser masacrados.

El que no es responsable de nada o de casi nada es Pedro Sánchez. Desde luego, no de la intervención. Entonces debía de estar jugando a las canicas, o al baloncesto. Por mucho que se empeñe, tampoco ha tenido nada que ver en la decisión de salir de Afganistán, a no ser que en confianza Biden se lo susurrase al oído en ese paseíllo tan animado que mantuvieron en la sede de la OTAN en Bruselas. La prueba de que no intervino para nada es que le pilló de vacaciones y solo reaccionó varios días más tarde, y mucho después de que lo hiciese la mayoría de los mandatarios internacionales.

De lo único que es responsable es de pretender sustituir la tragedia por la comedia. Como hace casi siempre, montó una representación de ópera bufa, con él en el centro del escenario, trayendo como teloneros a la presidenta de la Comisión, al presidente del Consejo y al alto representante de Sánchez en la Unión Europea. Y es que el presidente del Gobierno le ha tomado gustillo a eso de traerse a las autoridades europeas a nuestro país para que legitimen sus actuaciones de gobierno ante los españoles, prueba de que no está seguro de ellas y de que no quiere ir al Congreso a dar cuentas y a discutirlas. Este mismo número ya lo montó con los fondos europeos de recuperación.

En el acto, presentado a manera de un acontecimiento planetario, se exhibió el campamento instalado en Torrejón de Ardoz, como un centro estratégico de operaciones, para traer a los refugiados de toda Europa y distribuirlos más tarde por los distintos países miembros. El planteamiento no podía por menos que extrañar, cuando ya entonces se calculaba que los refugiados que como mínimo había que sacar de Afganistán eran 100.000 y la capacidad del campamento, de 800. La comparación con el numerito montado con los pasajeros del Aquarius surgía de forma inmediata.

La impostura se deshizo como un azucarillo poco después cuando apareció Biden en televisión dando las gracias nominativamente a veintiocho países por su colaboración en el desalojo, sin la más mínima mención a España.  El ridículo era tan colosal, que teniendo en cuenta que EE. UU. necesitaba las bases norteamericanas de Rota y Morón como enclave intermedio de los refugiados hacia EE. UU. se preparó de urgencia una conversación telefónica entre los dos presidentes, conversación tanto tiempo esperada durante estos siete meses que lleva Biden en la Casa Blanca.

El papel discreto y modesto que nos correspondía en la evacuación quedaba patente cuando nuestra capacidad de traer refugiados quedaba condicionada, como en todos los demás países, por el número de vuelos (tres al día) que el ejército americano nos permitió en ese reparto por naciones que se vio obligado a organizar.

Pero, aunque sea aburrido, permítanme que les recuerde algunas cifras que expresan mejor que nada el papel humilde, propio de nuestro tamaño que en esta tragedia -que no comedia- nos ha correspondido. España ha sacado de Afganistán 2.200 pasajeros; EEUU, 105.000; Qatar, 40.000; Reino Unido, 13.146; Alemania, 5.347; Italia, 4.900; Albania, 4.000; Canadá, 3.700; Francia y Países Bajos, 2.500 cada uno; Turquía, 1.750; Bélgica, 1.400. Y así sucesivamente: Suecia, Noruega, Dinamarca, Polonia, etc., etc.

Estoy seguro de que, en ese papel modesto y discreto, nuestros soldados, el personal de la embajada y toda suerte de colaboradores se habrán comportado con dignidad, en ocasiones con heroísmo. Tal vez con la misma dignidad y heroísmo con los que ha actuado frente a la tragedia humana el personal del resto de los países que han intervenido. Pero, dicho esto, no creo que ningún gobierno de los implicados pueda gritar misión cumplida, ni pretender recibir alabanzas de una retirada tan bochornosa que deja atrás dolor, sufrimiento y hasta cierto punto traición. Lo mejor a lo que pueden aspirar es a que se diga que no han tenido nada que ver o muy poco en el asunto.

Sánchez no tiene derecho, y se está acostumbrando a ello, a utilizar el dolor y el sufrimiento de la poblacion para colocarse medallas que no le corresponden o para zafarse de su obligación de comparecer en el Parlamento. Ante cualquier crítica, azuza a sus ministros para que acusen a la oposición de no tener sentido de Estado. A Margarita Robles ese reproche no se le cae de la boca, lo que no deja de ser una desfachatez y una hipocresía en una ministra que lo es desde hace tres años gracias al apoyo de los enemigos del Estado y de aquellos que proyectan permanentemente romperlo y destruirlo. ¿Qué sentido de Estado puede tener?

Sánchez, de forma solemne, proclamaba que sentía orgullo de país; supongo que en su megalomanía se identifica con España. Pero es que ningún país que haya participado -y cuanto más haya participado, menos- se puede sentir orgulloso de tal bochorno. Orgullo solo los servidores públicos que hayan ayudado a minimizar la angustia y la desolación causadas por una operación triste y deshonrosa. No se entiende la postura de los medios de comunicación que se tragan el teatro gubernamental y lo transmiten sin objeción alguna. 

republica.com 2-9-2021

Hay que reconocer que el sanchismo es experto en crear mitos vacíos de contenido, pero que sirven a la perfección para influir en los ciudadanos, transmitiéndoles aquellas imágenes que le interesan al gobierno, aunque no se adecuen a la realidad. Hace ya algunos días, Pedro Sánchez, tal como le gusta actuar, en su función propagandística, anunció que el escudo social se prorrogaba hasta octubre. El nombre es rimbombante, enfático. Pero por eso mismo causa extrañeza que se hable de prolongar. Uno tendería a creer que un escudo, un verdadero escudo social, debería tener un carácter de permanencia.

Pero es que, además, cuando uno se acerca a ver el contenido de eso que Sánchez llama escudo llega al convencimiento de que se queda como mucho en un mantelete deformado y reducido. El auténtico escudo social lo diseña la Constitución al definir a nuestro Estado como social, contrapuesto al liberal. Nuestra Carta Magna, ella sí, establece un marco para intentar no dejar a nadie atrás, otra cosa es que se cumpla) y por eso constituye una sanidad y una educación públicas que aseguren, si no por completo, sí parcialmente, la igualdad de oportunidades. De la misma forma instaura una serie de derechos sociales, que lo son frente a la sociedad y al Estado y no frente a las personas individuales. Son los poderes públicos los encargados de garantizarlos y al erario público le corresponde financiarlos.

Pero más alla de todo eso, la Constitución establece como principal baluarte frente a la indigencia social el derecho a un puesto de trabajo y la obligación a los gobiernos de practicar una política de pleno empleo. Bien es verdad que con la globalización e instituciones como la de la Unión Monetaria, lograr el pleno empleo, desaparece a menudo del abanico de posibilidades que tienen a su alcance las autoridades de los distintos países. Deben entrar, por tanto, en funcionamiento las previsiones que el Estado social establece cuando por distintos motivos no es posible tener un puesto de trabajo. Es necesario potenciar y ampliar las prestaciones sociales ligadas al paro y a las que de alguna forma se encuentran asociadas a ellas, las pensiones, puesto que a determinada edad es precisa o al menos conveniente la salida del mercado laboral. No se debe olvidar, sin embargo, que seguramente la mejor política social es la creación de puestos de trabajo dignos.

El escudo social del que habla el Gobierno tiene muy poco de escudo y me atrevería a decir que tampoco de social. Es un puro simulacro, un artificio con el que ocultar los defectos de la política social aplicada y con el que disimular el hecho de que se ha abandonado a su suerte a amplias capas de población. Todo se reduce a prohibir los desahucios y el corte de suministros esenciales a las familias vulnerables. La pregunta surge de inmediato: ¿no sería preferible que el Estado se comprometiese a que no existiesen familias vulnerables o al menos que una vez detectada su existencia por encontrarse en las situaciones extremas anteriores fuese el erario público el que tendiese a solucionar el problema y no hacer recaer sobre terceros y de forma arbitraria el coste de la protección social? Resulta irónico escuchar esa coletilla de si «no existe alternativa habitacional», como si este hecho dependiese del juez o del propietario de la vivienda, y no de los poderes públicos.

Lo que llama escudo social el gobierno sanchista cubre una pequeñísima parte de las contingencias sociales, y además de forma impropia. Tan es así que incluso puede terminar siendo contraproducente. Es el erario público con todos sus impuestos el que tiene que subvenir a cubrir las necesidades de las capas de la población más vulnerables. Cuando un gobierno cambia las reglas del juego y hace que sean terceros los que de buenas a primeras y de forma aleatoria, sin ninguna lógica, deban asumir el coste, se resiente no solo la equidad, sino también la seguridad jurídica, con efectos bastante negativos. Nos encontramos más cerca de las repúblicas populistas de América Latina que de un Estado social, democrático y de derecho de la Europa Occidental. En realidad, un gobierno que obra así está mostrando su incompetencia para desarrollar el Estado social y su debilidad para aplicar una política fiscal que genere los recursos necesarios para cumplir la Constitución en materia social.

Además, en el caso que nos ocupa -como en todos los demás en los que se pretende forzar las leyes del mercado- el tiro puede salir por la culata, y precisamente perjudicara aquellos que teóricamente se pretende beneficiar. Si los arrendadores ven que se les quita, o al menos que existe el riesgo de que por h o por b se les prive de la única arma que tienen frente al arrendatario, que es el desahucio, y que esto se produce principalmente respecto a las familias que se califican de vulnerables, la reacción de muchos de ellos será seleccionar cuidadosamente a los inquilinos y excluir a todos aquellos sobre los que tengan la menor sospecha de que un día se pueden declarar insolventes y presentar ingentes obstáculos para el desalojo. Trabajadores precarios, quizás emigrantes, con muchas cargas familiares, con numerosos hijos, etc., se verán excluidos del mercado porque casi ningún arrendador estará dispuesto a alquilarles un piso.

Nadie puede quedarse impasible ante los dramas sociales que se presentan a menudo en ciertos desahucios, pero el problema de la pobreza de algunas familias que las incapacita para el mantenimiento de una vivienda digna no debe recaer sobre las personas y sociedades privadas, sino que debe asumirlas el Estado. Incluso hacerse cargo de ellas a tiempo y no esperar a que la indigencia se presente de forma tan dramática. Además, la vivienda o ciertos suministros son sin duda necesidades esenciales, pero no son las únicas ni a las que se reduce la carencia de las familias. La actuación de los poderes públicos debe adoptar una forma más generalizada de ayudas, dotar de medios a las familias vulnerables, proveerlas de los recursos precisos y que sean ellas las que escojan su distribución entre sus múltiples necesidades.

Si la pobreza va unida en la mayoría de los casos a una situación de paro, el escudo social debería centrase en establecer una prestación por desempleo adecuada que se aplicase tan pronto se produjese el despido, se hubiese cotizado o no, y que se mantuviese todo el tiempo necesario hasta que se encontrase un nuevo empleo. Tanto las prestaciones por desempleo como las pensiones por jubilación son herederas del sistema de seguridad social de tiempos de la dictadura, basado en cotizaciones y carente de generalidad. En cierta forma tienen una orientación preconstitucional. La Carta Magna, sin embargo, los configura como derechos sociales con un carácter de universalidad y de ninguna manera condicionados a la existencia de cotizaciones.

La prestación por desempleo en España está muy lejos de constituir un verdadero escudo social con la amplitud debida y a ello tendría que haberse dedicado este Gobierno si fuese verdaderamente progresista al tiempo que abandonaba la política de parches que solucionan poco e incluso a veces empeoran la situación. En junio de este año la cobertura de la prestación por desempleo alcanza, según datos del CEPES, el 58,1%. Es decir, que casi el 50% de los parados no cobran prestación alguna.

Pero la situación es bastante peor si estudiamos con cierto detenimiento las cifras. En el denominador no se engloba a todo el paro registrado, ya que se excluyen aquellos que solicitan empleo por primera vez. Si los considerásemos, la tasa de cobertura se reduciría aproximadamente en un 10%. Además, el numerador comprende a todos los beneficiarios ya sean los del nivel contributivo o los del asistencial, incluyéndose dentro de este toda una tipología de lo más diversa de perceptores de subsidios. Desde hace ya tiempo, dada la precariedad del mercado laboral y la movilidad en los puestos de trabajo, pocos son los parados que cumplen los requisitos exigidos para situarse en el nivel contributivo, por lo que el número de beneficiarios del régimen asistencial sobrepasa ya la mitad del total. Sin embargo, el gasto en este nivel es poco más de la tercera parte del que se aplica en el régimen contributivo, lo que indica que por término medio las prestaciones del nivel asistencial –llámese como se llame el subsidio -alcanzan la tercera parte que las del régimen contributivo.

De lo anterior se puede concluir que escasamente el 25% de los parados está cobrando una prestación más o menos adecuada. El resto hasta llegar al 50 o 58% perciben un subsidio de una cuantía muy reducida, que ya no es que no les dé para pagar el alquiler o el suministro de electricidad, es que no les permite vivir. Más allá, hasta el 100%, más del 40% de los parados, están totalmente desprotegidos, a expensas de la caridad privada, de los llamados comedores del hambre, o de algún que otro subsidio de las Comunidades Autónomas.

Este estado de pobreza es el que prometía arreglar el ministro independiente poniendo orden además en las rentas básicas-sea cual sea su denominación- de las Comunidades Autónomas. La montaña parió un ratón. Se elaboró un subsidio al que se ha llamado “ingreso mínimo vital”, de una complejidad tal que es un infierno su aplicación, y su control, casi imposible. La conclusión es que no van a estar todos los que son, ni serán todos los que deban estar, y a pesar de eso va llegar a un número muy reducido de necesitados. Por otra parte lejos de armonizar las ayudas de las distintas Comunidades Autónomas, se va a fraccionar incluso la estatal para dar su parte al País Vasco. En fin, un engendro.

Si el Gobierno quiere establecer de verdad un escudo social tiene campo para hacerlo. No obstante, deberá huir de las ocurrencias y de los parches que solo sirven para dar a entender que se hace algo, ocultando la inoperancia. Deberá ir al centro del problema, y modificar sustancialmente la prestación por desempleo. Claro que para eso hace falta dinero, una reforma fiscal en profundidad, y de eso huye el Gobierno como de la peste. Como mucho, mareará la perdiz con el comité de expertos y con algunos cambios anodinos.

No quiero terminar el articulo sin referirme a un tema que parece menor, pero proporciona un claro ejemplo de la impudicia de este Gobierno a la hora de falsear las cifras. Cuando se contempla la serie de la cobertura de desempleo que ha publicado el Ministerio de Trabajo, hay por fuerza que sorprenderse. Abril, mayo y junio de 2020 presentan los siguientes datos: 127,2%; 134,8% y 109,2%, respectivamente. ¡Oh, maravilla, oh, milagro! El número de beneficiarios por desempleo era superior al de parados. Habrá habido, incluso, algún ministro tentado de gritar ¡datos históricos, jamás en la historia, la cobertura de la prestación por desempleo ha sido tan alta!

La trampa es muy burda, pero por lo mismo tanto o más impúdica. No cuenta como parados a los trabajadores en ERTE, para que no se incremente la tasa de desempleo; sin embargo, sí se consideran las prestaciones a estos trabajadores en el número de beneficiarios. Está en la misma línea de enmascaramiento simplón ejecutado por la ministra de Trabajo cuando se jactaba tiempo atrás de que en esta crisis, a pesar de producirse un descenso muy superior del PIB que en la anterior, la reducción del empleo ha sido mucho menor. En mayo del año pasado el número oficial de personas en paro ascendía a 3,8 millones. ¿Cuál hubiera sido el dato real si a esta cifra se le hubiesen sumado los 3,6 millones que se encontraban en ERTE?

republica.com 26-8-2021.

En una cosa estoy de acuerdo con Pedro Sánchez, en los momentos actuales la mejor política económica consiste en una eficaz e inteligente lucha contra la pandemia. Esta crisis es muy singular. Su génesis es exógena, no endógena. No se ha generado por factores económicos, tal como la de 2008, que obedeció a unos exorbitantes desequilibrios comerciales y financieros entre los países, inasumibles a medio plazo. La crisis actual se ha originado por una onerosa situación social, creada al margen de la economía y proveniente del mundo de la sanidad, una terrible pandemia. Que la actividad económica se recupere antes o después dependerá en buena medida de los éxitos obtenidos en el ámbito sanitario.

Si la política económica de este Gobierno, disfrácese como se disfrace, deja mucho que desear y el PIB del año 2020 se desplomó un -10,8%, situándose a la cabeza de todos los países de la Unión Europea en tasa negativa (el de la Eurozona fue del -6,5%), quizás sea en parte porque la lucha contra la pandemia ha sido un auténtico caos. La pugna contra el Covid, al revés de lo que afirma Sánchez, ha mostrado los problemas que el Estado de las Autonomías tiene a la hora de afrontar una crisis tan intrincada como la actual. El Gobierno, aparte de haber situado los intereses políticos por encima de los sanitarios, se ha mostrado impotente a la hora de ofrecer soluciones; ha sido un quiero y no puedo, un coitus interruptus. No ha existido planificación ni racionalidad ni coherencia.

Por citar tan solo el último caso. Cuando estábamos ya en la quinta ola, al Gobierno lo único que se le ocurre para infundir optimismo es eliminar la obligación de llevar mascarilla al aire libre, añadiendo la coletilla de la necesidad de guardar un metro y medio de distancia. Adición, esta ultima lógica, pero por ello innecesaria para la montaña, el campo o la playa, o tal vez también en ciertos parajes poco frecuentados, pero norma impracticable en la mayoría de ciudades y pueblos. ¿Cómo mantener el metro y medio de distancia? Aunque muchos ciudadanos con cierta prudencia optaron por llevar la mascarilla en todos los espacios, aunque estuviesen al aire libre, otros muchos se sintieron legitimados (lo había autorizado el Gobierno) para quitarse la mascarilla en cualquier espacio  abierto, fuese cual fuese la densidad de población en él. A la ministra de Sanidad, en el culmen del papanatismo, se le escapó aquello de la sonrisa, mostrando hasta qué punto eran esas las intenciones de Sánchez, lanzar un mensaje optimista que se tradujera en un clima favorable hacia el Gobierno. Lo cierto es que para algunos la sonrisa se ha transformado en una mueca lastimera.

Paradójicamente, las Comunidades, de forma bastante generalizada, han estado a la altura. Cada una de ellas se ha esforzado por salvar los muebles como ha podido, a pesar de no contar con los medios necesarios y teniendo enfrente a un Gobierno central que pretendía seguir mandando, pero que entorpecía más que ayudaba. El resultado no podía ser otro que un mapa totalmente heterogéneo, donde cada Autonomía campaba por su cuenta, tanto más cuanto que los distintos tribunales a los que había que someter muchas de las medidas que se adoptaban mantenían criterios dispares. El escenario, visto con perspectiva, es anárquico y caótico, y si no fuese porque se trata de un tema tan serio, cómico.

Pedro Sánchez, en una de esas homilías a las que nos tiene acostumbrados, sacó pecho vanagloriándose de que nuestro país va a la cabeza de la recuperación económica y es, según él, medalla de oro en la vacunación. “Imaginen un país que va primero en vacunación y que lidera las previsiones de recuperación económica. Ese es nuestro país” A pesar de que Sánchez lleva tiempo apuntándose tantos en el tema de la vacunación, el Gobierno central no ha tenido ni arte ni parte en ello, como no sea en el papel de mensajero. Todo el mérito es de los gobiernos autonómicos, que han actuado francamente bien en una logística complicada y que podrían haber ido a mayor velocidad si hubiese funcionado mejor el suministro. Tampoco en esta fase ha tenido nada que ver Sánchez, ya que se acordó que la adquisición se realizase por la Comisión centralizadamente y para toda la Unión Europea.

Bruselas, en este aspecto también se ha cubierto de gloria. El suministro ha sido un cuello de botella para nuestras Autonomías y se supone que para todos los países. No se explica que conociendo el coste que tenia la pandemia en términos económicos o, a la inversa, el beneficio que se obtendría de adelantar lo más posible la vacunación, se haya racaneado con el precio de las dosis, perjudicando la velocidad del suministro. Parece que no entendieron -o lo entendieron solo al final- que lo mejor para la economía de la Eurozona consistía en acelerar la vacunación todo lo más posible.

Por otra parte, si nuestro país está a la cabeza en el porcentaje de inmunización se debe también en buena parte a la resistencia que se da frente a la vacuna en amplias capas de población de otras naciones. Quizás hubiese sido en este último aspecto en el que podría haber intervenido el Gobierno, comprando directamente los excedentes que otros países se veían obligados a vender por no poder utilizarlos a corto plazo, ya que muchos de sus ciudadanos se declaraban negacionistas, si no del virus, sí al menos de las vacunas. Tampoco en esto el Gobierno se movió ni un ápice. Continuó, sin embargo, anclado en el triunfalismo, y atribuyéndose los logros que no le correspondían.

En su comparecencia Pedro Sánchez se vanaglorió también de que nuestro país lideraba las previsiones de recuperación económica. Hay un error de base, o más bien un engaño premeditado, por parte del Gobierno. Fijan la recuperación en la mayor o menor cuantía de las tasas de crecimiento o de empleo de 2021, sin tener en cuenta el suelo del que se parte, el desplome de los índices en 2020. Es lógico que en el presente año e incluso en 2022 nuestra economía presente mayores tasas que las del resto de países, dado que en 2020 la caída también fue mucho mayor.

Para conocer el ritmo de recuperación y relacionarlo con el de las otras naciones hay que examinar la cuantía que alcanzan determinadas variables en los momentos actuales, así como las que prevemos para el futuro, y compararlas con los valores que tenían antes de la pandemia, es decir en 2019. Sabremos así en qué medida nos acercamos a la recuperación. Llegaremos quizás al convencimiento de que nuestro país está lejos de liderar las previsiones de recuperación económica, y que se encuentra más bien a la cola de las otras naciones respecto al momento en que es previsible que retorne a los valores previos a la crisis.

Con la publicación de los datos de paro registrado del  pasado mes de julio y de la encuesta de población activa del segundo trimestre se ha hecho presente un discurso tan triunfalista como falaz, y lo malo es que los medios de comunicación repiten este mensaje y lo transmiten, unos por ignorancia y otros por malicia, sin ningún discernimiento ni análisis. Los titulares fueron de este cariz: «La afiliación marca un nuevo record en julio, 19,6 millones de trabajadores, y se produce una histórica caída del paro, 197.841 personas». La mayor caída del paro registrada jamás en toda la historia económica, titulaba El País.

Con Sánchez y sus acólitos todo es histórico, grandioso, lo más de lo más, los datos, los fondos europeos y cualquier otra cosa. En realidad, lo único que de verdad es histórico es la pandemia y por tanto atípico todo lo que sucede dentro de ella. Para calibrar el valor real de cualquier dato hay que cotejarlo con aquellos similares previos al inicio de la crisis sanitaria. De esta manera las conclusiones son muy diferentes. Toda otra comparación puede conducir a error, tanto más si lo que se pretende es engañar.

El paro registrado, según el Ministerio de Trabajo, alcanzó en el mes de julio del presente año la cifra de 3.416.498 trabajadores, a los que hay que sumar los 331.486 que estaban a 31 de julio en ERTE, que, en realidad, independiente de cuál sea su destino final, en este momento es un paro encubierto. El paro registrado en julio de 2019, según las oficinas del SEPE, ascendía a 3.011.483. Lo único que tienen de histórico estas cifras es que hay 736.501 parados más de los que teníamos en julio de 2019. A resultados parecidos se llega en cuanto al número de parados si empleamos los datos de la encuesta de población activa del segundo trimestre del año.

Solo podremos empezar a hablar de recuperación cuando nuestro PIB alcance al menos el nivel que tenía en 2019 y el número de parados se reduzca hasta la cota en la que se encontraba ese mismo año. E incluso entonces no vamos a poder decir en sentido estricto que la recuperación es total. Primero, porque es de suponer que en estos dos años algo hubiese crecido el PIB y algo se hubiese reducido el paro. Bien es verdad que el descenso de esta última variable se había desacelerado desde que Sánchez ocupaba el colchón de la Moncloa. Segundo, porque el stock de la deuda pública mantendrá en esa fecha, previsiblemente 2022, 2023, un valor considerablemente más elevado que el que alcanzaba antes de la pandemia, lo que se va a convertir en una losa para la economía española en los próximos años.

Está lejos de mi intención culpabilizar de todo a Sánchez y a su Gobierno. La epidemia y sus consecuencias están afectando a todos los países. Pero las respuestas son distintas y he ahí donde comienzan las responsabilidades de los políticos. Solo después de algún tiempo se podrán comprobar con nitidez los resultados. Lo que desde luego no es de recibo es que los gobiernos pretendan ocultar sus errores detrás de la crisis, y mucho menos que, tal como hace el español, pretendan con interpretaciones torticeras apuntarse medallas que no les corresponden. Pedro Sánchez suele repetir con frecuencia en sus homilías que él está por la recuperación y no por la crispación. Lo dice quien ha crispado primero a su partido y después a toda España desde que fue elegido secretario general del Partido Socialista.  

republica.com 19-8-2021

Seguramente habrá sido Nietzsche quien más nos habrá hecho dudar a los hombres del siglo XX de la verdad y objetividad de los sistemas filosóficos. Todos ellos, según el pensador alemán, son más bien un resumen de la autobiografía de sus autores, es decir, un compendio, aunque sea inconsciente, de sus deseos, intereses y pulsiones de todo tipo. Esto mismo también sería plenamente aplicable a la economía y a los economistas. Detrás de toda teoría económica es muy posible que se encuentre un sistema de fuerzas constituido ,por una parte, por las aspiraciones y objetivos personales y, por otra, por el beneficio de la institución o de la empresa que paga.

Dentro de la ciencia económica se encuentra una materia especialmente proclive a la sustitución de la verdad por las conveniencias. Me refiero al mundo de la fiscalidad y los impuestos. Toda persona está implicada personalmente en el nivel y en la estructura tributaria. A nadie le gusta pagar impuestos y por eso la tendencia mayoritaria consiste en defender que los gravámenes se reduzcan lo más posible sin tener en cuenta el coste de oportunidad, esto es, los bienes y servicios públicos a los que habría que renunciar como contrapartida.

En los medios de comunicación la opinión es bastante unánime. Casi todos abogan por la bajada de impuestos o, al menos, por la no subida. Cada persona tiene derecho a defender la opinión que crea conveniente, pero no a presentar como verdad científica determinadas teorías que solo obedecen a sus intereses o a los de la entidad que los subvenciona.

Todas las fuentes estadísticas, sean del organismo internacional que sean, nos dicen que la presión fiscal en España es inferior en siete puntos a la media de la Europa de los 27 y a la de la Eurozona. Estos datos son un hecho, no una especulación; pero un hecho que no gusta. No tiene nada de extraño que para combatirlo se forjen las teorías más descabelladas. Se afirma que las presiones fiscales de los distintos países no se pueden comparar. Por ejemplo, la nuestra con la de Alemania, dado que los salarios en el país germánico son mucho más altos que en España. Proponen utilizar otro índice que se sacan de la manga y que proporciona unos resultados más acordes con los intereses que defienden. Lo llaman “esfuerzo fiscal”.

La presión fiscal -para quien no lo sepa, aunque tampoco está de más por lo visto recordárselo a quien debería saberlo- consiste en un cociente en el que el nominador es la recaudación impositiva global de un país y el denominador, el Producto Interior Bruto (PIB) de ese mismo Estado. Ciertamente, las recaudaciones tributarias sin más no podrían confrontarse, pero por eso cada una de ellas se divide por el respectivo PIB, magnitud en la que se incluyen los salarios y otras variables más, como el excedente empresarial. Es esto lo que permite la comparación. En realidad, la presión fiscal puede definirse como el porcentaje de toda la producción del país que se destina al sector público. Parte de ella retorna en efectivo a la ciudadanía en forma de prestaciones sociales y subvenciones de todo tipo, y la otra se convierte en bienes y servicios públicos.

Todos los organismos internacionales emplean la presión fiscal para hacer comparaciones. No hay ninguno que ofrezca cifras de eso que llaman esfuerzo fiscal. Ello es lógico si consideramos la falta de significación que presenta el concepto. Se define como una fracción en la que el numerador lo ocupa la presión fiscal y en el denominador la renta per cápita. Conceptualmente resulta difícil de entender. Es una reiteración innecesaria, puesto que en la presión fiscal la recaudación ya se homogeniza a efectos comparativos al dividirla por el PIB.

Para comprender lo ilógico del tema y las distorsiones a que puede dar lugar, basta transformar la fracción de fracciones en una única fracción en la que en el numerador se encuentra la recaudación total multiplicada por el número de habitantes y en el denominador el PIB al cuadrado. El numerador tiene difícil significación y el denominador concede una influencia decisiva al PIB, de manera que el esfuerzo fiscal se termina trasformando en un indicador del nivel económico del país respectivo, más que mostrar la magnitud del gravamen. Existe una correlación casi perfecta entre el esfuerzo fiscal y la riqueza del país. Cuanto más opulento sea el Estado en cuestión, menor será el esfuerzo fiscal, sin que importe demasiado la carga tributaria que mantiene.

A falta de una publicación fiable de la cuantía de esta variable por países, me he tomado el trabajo de calcularla partiendo de los cuadros 8 y 72 del «Statistical Annex of European Economy», publicado por la Comisión de la UE. El cuadro 72 viene a ser la presión fiscal por naciones, y el 72 es la renta per cápita de cada Estado en relación a la de la Europa de los 15, a la que se ha identificado previamente con 100. Se han elegido los datos referidos a 2019, dado que el año 2020 es un ejercicio atípico afectado por la pandemia.

Los resultados son muy expresivos y dejan al descubierto la inutilidad de esta variable, al menos a la hora de medir el grado de imposición de un país. Ciertamente, el esfuerzo fiscal de España (54) es superior al de Alemania (41) y también al de Holanda (34,2) o al de Francia (53,39); en general a casi todos aquellos que presentan una renta per cápita superior a la española. Pero lo que no dicen los defensores de este índice es que todos estos países, incluyendo a España, tienen datos inferiores a todos aquellos con una renta per cápita más reducida, por ejemplo, Portugal (73,5), Rumania (100,3), Grecia (104,3), Polonia (108,9), Bulgaria (158,5), etc. Cuanto más pobre el país, mayor es el esfuerzo fiscal, sin que apenas importe la cuantía de la imposición.

Conviene resaltar el caso de Italia (57,7) y el de Francia (53,3). Este último país presenta un esfuerzo fiscal similar al de España a pesar de que su renta per cápita es muy superior a la nuestra, pero lo compensa la diferencia de presión fiscal (nada menos que 13 puntos). Algo similar ocurre con Italia. En este caso la diferencia en la renta per cápita es inferior que con Francia, por ello la distancia en los valores de presión fiscal (ocho puntos) origina que el esfuerzo fiscal de Italia se mantenga superior al nuestro.

Todos estos datos son suficientemente elocuentes acerca de que si el esfuerzo fiscal indican algo es la capacidad económica del país en cuestión, sin que sirvan en absoluto para revelar el nivel de tributación. Para este último cometido, hay que acudir a la presión fiscal y, por más que lo intentemos disfrazar, la diferencia con el resto de Europa es evidente. No es que la nuestra sea menor que la de Francia, Italia, Alemania, Holanda, etc., es que también es inferior a la de Portugal, Grecia, Polonia, Chipre, Eslovenia, Eslovaquia, países con una renta y un nivel económico muy inferiores a los de España. En realidad, no podría ser de otra manera, puesto que desde finales de los ochenta el sistema fiscal español ha estado sometido a toda una serie de reformas que no solamente han dañado la progresividad, sino también la suficiencia.

Nos guste o no, estamos abocados a realizar una reforma fiscal en profundidad, que no puede quedar reducida a lo que llaman “fiscalidad verde”, que casi en su totalidad se compone de impuestos regresivos. Negar la realidad no conduce a nada y menos, recurrir a mentiras o a teorías construidas para ocultar los hechos o las verdades económicas más evidentes. No dudo de que muchos periodistas o tertulianos, quizás por falta de conocimientos, defiendan estos discursos con cierta buena voluntad o al menos sin tener conciencia de faltar a la verdad, sobre todo cuando repiten lo que ha dicho o escrito algún sabio economista o asesor fiscal o inspector de tributos o incluso algún antiguo alto cargo. Pero estos últimos sí que no pueden escudarse en la ignorancia. No es posible que se crean estas milongas. Lo del esfuerzo fiscal es una de ellas, pero existen otras de las que hablaremos algún otro día.

republica.com 15-8-2021