Hace algunos días, José María Escrivá sorprendía a la audiencia afirmando que la generación del baby boom no tendría más remedio que trabajar más o cobrar menos. La frase no era original. Una similar la había pronunciado hace ya diez años, en 2011, Díaz Ferrán, entonces presidente de la CEOE, aunque más tarde procesado por trapicheos nada claros en sus empresas. Hay una diferencia, no obstante, que el patrono de patronos se refería a los trabajadores y Escrivá alude a los futuros jubilados.
Al ministro independiente le han obligado a rectificar desde la Moncloa. Ha tenido que reconocer públicamente que aquel día no estuvo muy acertado. Debió asumir la humillación y el bochorno, convirtiéndose en un buen ejemplo de hasta dónde se puede llegar para permanecer en el cargo. Y eso es lo que le ha debido salvar de la quema. Aunque bien mirado, si el presidente del Gobierno con tal de permanecer en la Moncloa se humilla y permite que sus propios socios le dejen por mentiroso, ¿por qué no va a humillarse un ministrillo?
Es cierto que Escrivá ese día no estuvo demasiado afortunado porque le rompió la táctica al jefe y descubrió el pastel que el Gobierno quería tener oculto. Reveló que el acuerdo firmado a bombo y platillo entre el Ejecutivo y los agentes sociales era puro humo, flatus vocis, porque todo lo importante quedaba por determinar. Es decir, que se había practicado el deporte favorito de Sánchez, balones hacia adelante, si no se pueden echar fuera.
Del tema de las pensiones han escogido aquellos elementos que no eran problemáticos o que incluso resultaban favorables, y han pospuesto para más adelante los ajustes y los recortes. Se ha repetido por activa y por pasiva que los fondos europeos venían sin condiciones. Sin embargo, cada día resulta más innegable que cuando pase el tiempo de la calentura en el que todo son facilidades para gastar, motivado por ese intento de que se recupere la economía española -también la europea-, Bruselas retornará a sus dogmas e impondrá sus límites y restricciones. Me temo que no serán suaves, después de haber provocado que el endeudamiento público se eleve al 130% del PIB. Endeudamiento que solo se puede mantener por el apoyo del BCE, pero a condición de que la situación sea muy inestable, y seamos totalmente dependientes de esa institución.
Los primeros condicionantes comienzan a intuirse, a pesar de que Sánchez por ahora los oculte, demorándolos para reiterar mientras pueda que la salida de esta crisis es diferente a la anterior. Recordemos que entonces hasta el año 2010 no comenzaron a implantarse los recortes. En el orden de los previsibles ajustes, se encuentra, como siempre, en primer lugar, la reforma de las pensiones. La problemática de esta prestación social está mal enfocada, al menos desde la mitad de los ochenta. Se ha permitido, quizás de forma premeditada, que la Seguridad Social apareciese con importantes déficits, con lo que las pensiones se convertían en pieza de caza de todos aquellos que bien en España o bien en los organismos internacionales están encantados de practicar recortes.
El origen de estos déficits se encuentra en la llamada separación de fuentes, en aceptar poco a poco la convención de que las pensiones deben financiarse exclusivamente con cotizaciones sociales prescindiendo de las aportaciones del Estado. Es más, las necesarias transferencias estatales que se producían ante los desequilibrios financieros de la Seguridad Social se han instrumentado hasta ahora a modo de préstamos (aunque en realidad se cuenta con que nunca se van a poder devolver), en lugar de considerarlas entregas a fondo perdido, como otra fuente más de financiación, complementaria de las cotizaciones.
Desde esta perspectiva, el sistema público de pensiones estará siempre amenazado, a no ser que se esté dispuesto a elevar todo lo que sea necesario las cotizaciones. Cosa poco probable. Lo que parece más verosímil es que se opte por reducir las prestaciones. Dígase lo que se diga, esto es lo que ocurrirá si no se cambia el modelo, si no se consideran las cotizaciones sociales como un impuesto y las aportaciones del Estado a la Seguridad Social como una fuente más de financiación, que ayuda a sostener las pensiones, al igual que lo hace con la sanidad, la educación y con toda clase de servicios públicos y prestaciones sociales. Nadie se plantea que los gastos en sanidad, en educación, etc. no son viables. Nadie ha alegado que los gastos derivados de los ERTE, de los créditos ICO o demás partidas asociadas a la pandemia no eran factibles, a pesar de incrementar el endeudamiento público en un 30% del PIB.
Es obvio que este Gobierno tampoco está dispuesto a cambiar el modelo de financiación. Prueba de ello es que las transferencias que el Estado ha hecho últimamente a la Seguridad Social han continuado instrumentándose en forma de préstamos, no sé sí con la intención de hacer patente la inviabilidad del sistema. Es más, al presupuesto del Estado se están trasladando a todos los que han denominado gastos impropios; lo que tiene una doble vertiente, por una parte, puede considerarse positivo, porque disminuye los gastos a financiar con las cotizaciones, pero, por otra, constituye tan solo un parche, al configurarse como una señal de que se pretende continuar con la separación de fuentes y, por lo tanto, con la incertidumbre.
El cambio del modelo actual supondría trasladar el problema de las pensiones al de todo el Estado del bienestar y en general al de todos los gastos del sector público, o más bien al de su financiación. Lo que hay que plantearse no es la suficiencia de un tributo en particular (las cotizaciones), sino de todo el sistema fiscal en su conjunto, que a su vez exige tener en cuenta la productividad. Lo cierto es que a todos los gobiernos les repele hablar de impuestos. Como mucho, se deciden a veces a incrementar algunos indirectos, que, aunque sean más injustos, se notan menos y además muchos de ellos se pueden argumentar en términos ecológicos.
Ningún gobierno está dispuesto a hacer pedagogía y proclamar claramente que los impuestos son imprescindibles no solo para mantener el Estado social, sino para sostener simplemente el Estado. Bien es verdad que ello les conduciría también, para ser consecuentes, a una criba efectiva de los gastos superfluos y de todos los chiringuitos que solo sirven para colocar a los políticos del partido.
La productividad es también una variable esencial por supuesto para determinar el nivel de vida de una sociedad, pero también la mayor o menor capacidad de financiación del sector público. La productividad (mucho más que la demografía, e incluso que la población activa) y el sistema fiscal son las dos coordenadas que pueden enmarcar no solo la viabilidad de las pensiones sino, en general, de toda la actividad del Estado. Lo importante es cuánto se produce y no cuántos producen. El excedente empresarial debe colaborar también a la financiación del sector público.
El acuerdo firmado el otro día entre el Gobierno y los agentes sociales sobre las pensiones apenas recoge novedades importantes. Tan solo nos confirma que se va a continuar por un camino equivocado, y que además no se ha despejado qué medidas se van aplicar para transitar por esa ruta. La actualización anual de las pensiones por el IPC puede venderse como un avance importante, pero lo cierto es que en los últimos años se venía aplicando ya sin demasiado impacto presupuestario, dada la escasa cuantía de la inflación.
Se dirá que la diferencia radica en que con esta ley se garantiza la actualización para el futuro. Pero tal aseveración constituye un cierto espejismo, porque una ley se cambia con otra ley y no se puede asegurar que en caso de crisis o de que se dispare la inflación no se vaya a modificar lo que ahora se establece. De hecho, a pesar de que con anterioridad a la crisis de 2008 estaba establecida la actualización por el IPC de las pensiones, ello no fue ningún obstáculo para que Zapatero las congelase en 2010. En cierto modo, aunque esté previsto en una ley, cada año la norma presupuestaria puede cambiarlo y decidir el incremento del sueldo de los funcionarios y de las pensiones. Mientras el modelo no se modifique y se garantice la aportación del Estado, siempre existirá una espada de Damocles sobre las prestaciones que reciben los jubilados.
Solo en un esquema de separación de fuentes, en el que el problema de las pensiones se aísla de todo los demás, puede tener algún sentido situar parte de la solución, tal como hace el señor Escrivá, en prolongar la edad de la jubilación. En un país con una tasa desproporcionada de paro, que además en buena medida es crónica, alargar la vida laboral tendrá un efecto negativo sobre el empleo, y en definitiva sobre el presupuesto del Estado, si no se quiere dejar en la indigencia a los parados. Aunque, después del fracaso del ingreso mínimo vital, cualquier cosa. De todos modos, choca que con estos planteamientos se hable después de crear un mecanismo de equidad intergeneracional.
El acuerdo firmado el otro día entre el Gobierno y los agentes sociales fue mero teatro, encaminado, en el interior, a la publicidad y la propaganda, y en el exterior, a contentar a Bruselas transmitiéndole la idea de que se está camino de la reforma. El acuerdo deja sin concretar lo principal, que también será lo más negativo, dado que no se piensa modificar el esquema clásico de la separación de fuentes. Se elimina el factor de sostenibilidad, pero se anuncia un mecanismo de equidad intergeneracional que será su sustituto y que de una o de otra forma tendrá efectos similares: ajuste y recorte. Bien es verdad que eso será como mínimo dentro de un año. Es por ello por lo que el ministro locuaz metió la pata, adelantó acontecimientos hablando de recortes antes de lo que le conviene a Sánchez. A pesar de todo, como se arrepintió y reconoció su error, ha salido indemne de la masacre. Lo realmente inexplicable es que los agentes sociales se hayan prestado a este numerito.
republica.com 15-7-2021
