ARTICULOS DEL 10/1/2016 AL 29/3/2023 CONTRAPUNTO

El PSOE de Sánchez se ha especializado en acuñar palabras que, más tarde, a fuerza de repetirse, se usan como eslóganes publicitarios con los que poder modificar la opinión del personal, no solo la del electorado, sino también en el consumo interno del partido. Porque Sánchez se ve obligado a convencer a los de fuera, pero también a los de dentro.

El sanchismo, de cara al 40 Congreso, ya está preparando la escena y la correspondiente representación. La vicesecretaria general del partido y portavoz parlamentaria, peón para todo (ahora más necesario que nunca cuando se ha defenestrado a otros peones que parecían imprescindibles), ha comparecido ante la prensa para transmitir el nuevo vocablo que han parido, «España multinivel», que más o menos viene a decir lo mismo que antes se quería designar con lo de “federalismo asimétrico”.

En realidad, el término no es original. Se ha utilizado, aunque quizás con muy poco éxito, para dar respuesta a la globalización, superando el concepto de Estado-nación. Desde esta óptica, se defiende la distribución de competencias, pero no tanto en la descentralización del Estado hacia abajo, sino en la fijación de niveles competenciales hacia arriba, creando unidades políticas que puedan superar parcialmente la realidad del Estado y enfrentarse así a la integración de los mercados.

He señalado al principio «que quizás con poco éxito» porque no podemos estar demasiado orgullosos de las organizaciones internacionales creadas, desde luego, manifiestamente ineficaces para contraponerlas a las integraciones comerciales y financieras. Tal vez el intento más serio se haya realizado con la Unión Europea, pero las competencias se han asignado de forma asimétrica y los resultados conseguidos son los contrarios de los que se deberían haber buscado. Lejos de neutralizar la globalización, la Unión Europea se ha convertido en su plasmación más genuina, con todas sus consecuencias negativas.

Ahora bien, la ponencia del PSOE parece orientarse por otros derroteros. La España multinivel hace referencia a la estructura territorial en la que las distintas Autonomías se sitúan en diferentes niveles competenciales y de relaciones con el Estado. No es la primera vez que en el PSOE se plantea este problema, aunque en buena medida con otra terminología. El PSC ha hecho múltiples intentos de atraer al PSOE a su terreno, con un mapa territorial en el que haya órdenes y niveles distintos para clasificar las correspondientes Comunidades Autónomas. No todos somos iguales.

Con Maragall (en tiempos de Zapatero -llamado el Bambi, aunque habrá quien opine que le sentaría mejor el adjetivo de frívolo-) pusieron en circulación la expresión “federalismo asimétrico”, con la que se indicaba que debía haber Autonomías de primera y de segunda clase, e incluso de décima si fuera necesario, un traje a medida donde Cataluña y el País Vasco ocupasen el primer lugar. Faltaría más, que para eso tienen hechos diferenciales.

Hablando de hechos diferenciales, no se puede por menos que recordar un pequeño sketch de Boadella, en el que comenzaba afirmando que él, como buen catalán, poseía hechos diferenciales. Bien es verdad, reconocía inmediatamente, que, como no podía ser de otra manera, los otros, el resto del público, también los tenía. Pero en seguida agregaba con tono irónico que los suyos eran mejores, porque, de lo contrario, de qué valdría tenerlos. Lo malo de los nacionalistas catalanes y vascos -y que Boadella ridiculizaba- no está en que crean que tienen hechos diferenciales (allá ellos con sus ensoñaciones pueblerinas, que les llevan a defender que hoy en día existe otra cultura distinta de la de la Coca-Cola); lo peligroso se encuentra en defender que sus hechos diferenciales son superiores a los de los otros (supremacía) y que en función de ello pretendan traducirlos en derechos o privilegios adicionales

El federalismo asimétrico que planteaba el PSC nunca fue aceptado por la mayoría del PSOE. En tiempos de Rubalcaba esta formación se vio obligada a forzar una reunión con su marca catalana sobre el tema y a llegar a una postura conjunta, lo que se dio en llamar “el acuerdo de Granada”. El PSC consiguió múltiples concesiones del PSOE, entre ellas la apuesta clara por el Estado de las Autonomías y su desarrollo posterior hacia un proyecto federal, modificando lo que fuese necesario la Constitución. Pero, a su vez, el PSOE logró que se silenciase la calificación de asimétrico predicada del federalismo.

Con Pedro Sánchez, el tema ha vuelto a surgir con fuerza, en esta ocasión marcado por la necesidad que tiene el Gobierno de contar con el apoyo de catalanes y vascos para mantenerse en el poder. Se comenzó hablando del Estado plurinacional o nación de naciones. En el fondo, todo termina igual, en la desigualdad y en la autodeterminación.

La ponencia está redactada por Denis Itxaso, dirigente del Partido Socialista de Euskadi (PSE) –PSE, el de ahora, no el de antes- y delegado del Gobierno en el País Vasco. Es, por tanto, hasta cierto punto lógico que hable de la España multinivel, porque si alguna Comunidad muestra de forma clara la existencia de distintas categorías en nuestro Estado de las Autonomías, esa es Euskadi. Goza sin lugar a dudas de una situación privilegiada. Cada vez que Sánchez necesita del voto de los diputados vascos, o incluso cuando el lehendakari hace la merced de asistir a una reunión de los presidentes de las Comunidades Autónomas, los privilegios se incrementan. No deja de resultar curioso que el mismo gobierno que habla de armonización fiscal entre Autonomías transfiera al País Vasco tres nuevos impuestos.

La ponencia para vendernos la España multinivel acude a la cogobernanza, otro de los vocablos que ha acuñado el sanchismo. También se da aquí la asimetría. Para la mayoría de las Comunidades la cogobernanza significa asumir las responsabilidades, mientras el Gobierno central se apropia de las decisiones y de los laureles. Todo ello ha quedado suficientemente claro en la pandemia y se deja ver ya también en la forma de repartir los recursos europeos. Es algo así como las asociaciones público-privadas: el beneficio para el sector privado y las pérdidas, si las hay, para el Estado.

La óptica cambia cuando se trata de Comunidades que cuentan con partidos nacionalistas. La cogobernanza entonces se concreta en que son los gobiernos autonómicos los que mandan e imponen las condiciones, ya que el Ejecutivo central se encuentra en sus manos. Son muchas las concesiones que ha ido haciendo Sánchez a todas las formaciones políticas que le mantienen en el poder. El panorama se oscurece aún más de cara al futuro, las que tendrá que hacer en los dos años que faltan para terminar la legislatura.

Las cesiones principales van a tener sin duda a los golpistas catalanes como protagonistas. Al soberanismo vasco le queda ya poco por conseguir, como no sea la independencia, que desde la estricta perspectiva económica quizás fuese rentable para el resto de España. La ponencia hace referencia explícitamente a Cataluña. Se afirma en ella: “La mejora de la convivencia en la sociedad catalana y el mejor encaje del autogobierno catalán con el resto de España constituyen objetivos de primer orden para los socialistas».

Habría que recordarles a los que se definen como socialistas que el autogobierno de los catalanes (al igual que el de todos los españoles) no depende del ámbito territorial, sino de su carácter democrático. No se circunscribe a la Generalitat, también se incluyen, en tanta o mayor medida, el gobierno central y el de los respectivos ayuntamientos, siempre que el uno y los otros funcionen democráticamente y, si no es así, cualquiera que sea su ámbito, serán heterónomos, no autónomos.

El encaje de la Generalitat en España, al igual que el del resto de las Autonomías, se realiza mediante el cumplimiento de la Constitución y las leyes. Sin Estado de derecho no puede subsistir el Estado social. A su vez, se desmiembra cuando los poderes públicos -que todos ellos lo son en virtud de la carta magna- delinquen y se rebelan contra ella. El conflicto político en Cataluña (la ponencia lo cita así en varios sitios) se circunscribe al que están creando los golpistas cuando tratan de violentar el orden político establecido por la Constitución.

Dejémonos de zarandajas. El único objetivo de primer orden que tienen los sanchistas es mantenerse en el gobierno y a ese fin se dirigen las cesiones a los golpistas catalanes. Es en este contexto en el que se incardina la España multinivel. El presidente de la Generalitat no tiene por qué ir a mezclarse con los otros presidentes autonómicos. Él tiene dos mesas bilaterales (dos, no una) para negociar; mejor digamos que para imponer sus pretensiones. Como ha dejado claro el vicepresidente de la Generalitat, ellos vienen a cobrar al contado. Le faltó añadir (aunque no ha hecho falta que lo hiciera) que reclamaban el pago por sus servicios: el haber convertido a Sánchez en presidente del gobierno y mantenerlo posteriormente en el poder. Lo que pasa es que Sánchez no paga con su peculio, sino con el dinero y los derechos que pertenecen al resto de España.

republica.com 5-8-2021

Quien se empeñe en descubrir versos sueltos en este Gobierno se equivoca. Más que nunca se cumple la afirmación que, en su tiempo, dicen que hizo Guerra asegurando que el que se moviera no saldría en la foto. La actual crisis de gobierno da buena cuenta de ello. En realidad, prueba algo más: que aun sin moverte, puedes ser arrojado fuera del retrato si ello entra dentro de las conveniencias de Pedro Sánchez. Con motivo de los indultos se tocó ya a rebato y todos los ministros no tuvieron más remedio que mancharse las manos. Incluso ha habido a quien, como al anterior ministro de Justicia, no le valió ni siquiera el haberse manchado no las manos, sino los pies y hasta la cabeza. Lo han cesado.

Ahora ha ocurrido prácticamente lo mismo con la sentencia del Tribunal Constitucional en la que se cuestiona el primer estado de alarma. El Gobierno ha salido en tromba descalificando al alto tribunal. Hay a quienes ha extrañado la reacción de la ministra de Defensa que calificó la sentencia de elucubraciones. Lo curioso es que hizo tal afirmación sin conocer aún el texto, puesto que entonces solo se había hecho pública la parte dispositiva y el voto particular de Conde-Pumpido,-fiscal general de aciaga memoria durante la etapa Zapatero-, que, aunque no estaba publicado, su autor se encargó de dar a conocer yendo de medio de comunicación en medio de comunicación, arremetiendo contra sus compañeros del Tribunal Constitucional, quienes, según él, han dejado al Gobierno sin armas contra la pandemia.

Robles, además, ha reprochado al Constitucional no tener sentido de Estado. Parece que el Gobierno tiene como marca de la casa acusar a todo y a todos los que se le oponen o contradicen de no tener sentido de Estado. Y es que tienden a identificar Estado con gobierno. Sánchez no ha estado dispuesto nunca a pactar con la oposición, pero le ha exigido siempre la adhesión a sus planteamientos bajo el argumento de que de lo contrario se sitúa frente a la Constitución, y frente al Estado. Es curioso que este reproche venga de quien se hizo famoso por el «no es no» y, basándose en ese eslogan, ganó las primarias en su partido.

Hasta este momento parece ser que la amonestación se dirigía a la oposición. Ahora se da un paso más y se orienta al Tribunal Constitucional, culpándole de carecer de sentido de Estado. Lo que no deja de ser paradójico en un ejecutivo que gobierna apoyándose en quienes no es que no tengan sentido de Estado, sino que claramente se declaran enemigos del Estado, lo denigran en el extranjero siempre que pueden, persiguen su desintegración, se sublevaron contra él y, además, repiten continuamente que lo volverán hacer.

En su afán por salvar a algún miembro dentro del gobierno Frankenstein, hay quienes colocan a la ministra de Defensa en otra onda. Se extrañan por tanto de la reacción que ha tenido frente a esta sentencia. A mí no me causa ninguna sorpresa. Recuerdo que aceptó el cargo de subsecretaria de Interior en el último gobierno de Felipe González, cuando otros muchos abandonaban el PSOE por la evidencia de los múltiples casos de corrupción y por su giro liberal. Bien es verdad que eso quizas le valió más tarde un sillón en el Consejo General del Poder Judicial. En 2016 aceptó ir en el número dos en las listas por Madrid con Pedro Sánchez, cuando ya se sospechaban sus tejemanejes para llegar a la presidencia del gobierno aliándose con quien fuese necesario, incluso con los que planeaban dar un golpe de Estado.

Robles se mantuvo al lado de Sánchez cuando se enfrento al Comité Federal y a su propia Ejecutiva y fue una de los ocho diputados (excluyendo los siete del PSC) que rompieron la disciplina de voto de su partido en la abstención a la investidura de Rajoy, única salida para que en aquellos momentos no se produjesen unas terceras elecciones, lo que hubiera supuesto un resultado desastroso para el partido socialista. A la vuelta de Sánchez, fue nombrada portavoz parlamentaria y desde ese cargo defendió en el Congreso la moción de censura en la que Sánchez salió elegido presidente de gobierno, acto un tanto vergonzoso y origen de toda la serie de despropósitos que han sucedido posteriormente en la política española.

Curiosamente, basó en buena medida su argumentación en la idea de que el PSOE era un partido con sentido de Estado. Digo curiosamente porque la investidura se fundamentaba y se hacía viable por el pacto con los que el año anterior habían dado un golpe de Estado y pensaban volver a repetirlo en cuanto pudieran. ¿Cómo se puede tener tanto cinismo? Desde ese momento, el Estado quedó dañado en sus cimientos, puesto que el Gobierno dependía y  quedaba condicionado a los que pretenden romper el Estado y no creen ni en la Constitución ni en las leyes, sino solo en la decisión de una ilusoria soberanía que no existe, la de los residentes en una porción del territorio nacional.

A partir de ese momento casi solo la justicia y algunas otras instituciones han actuado de contrapeso, y mantenido el Estado democrático y de derecho. De ahí la cantidad de ataques y de oprobios que ha sufrido por parte de los soberanistas y de ahí también que el Gobierno, por todos los medios, pretenda condicionar su actuación. A ello viene a añadirse otra razón, el concepto de Estado que mantiene Sánchez. El Estado soy yo. Rechaza todo aquello que pueda limitar su poder. A lo largo de estos años ha pretendido menoscabar al Tribunal Supremo, dudando de lo adecuado de un proceso impecable en transparencia y en equidad. Ha procurado intervenir en él a través de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía, teniendo más éxito con la primera que con la segunda. Ha relativizado la gravedad de los delitos cometidos por los golpistas, y ha hecho caso omiso de los informes de la Fiscalía y del tribunal sentenciador en el tema de los indultos.

Sánchez ha esquivado los informes del Consejo General del Poder Judicial, ha lanzado contra esta alta institución una ofensiva y acusa al Partido Popular de bloquear su renovación. Pero lo cierto es que el bloqueo es mutuo, pues no se puede interpretar de otra manera el hecho de proponer como candidato al juez que introdujo en la sentencia del caso Gürtel unos juicios de valor orientados únicamente a preparar la moción de censura, y que recibieron posteriormente una dura reprimenda de la Audiencia Nacional. Si no aceptas mi propuesta es que estas bloqueando la renovación. Del mismo modo, ha procurado evitar los informes del Consejo de Estado, incluso ocultó al Parlamento el emitido por este último organismo acerca de la forma de gestionar los fondos europeos.

El Gobierno ha pretendido también desprestigiar al Tribunal de Cuentas y ha calificado de obstáculo para sus fines la acusación a un grupo de independentistas de haber malversado recursos públicos. Incluso se ha inhibido y ha guardado silencio ante los planteamientos de la Generalitat tendentes a avalar ante el tribunal a los defraudadores con una nueva malversación de fondos públicos. Malversación por malversación, malversación al cuadrado. Illa ha llegado a decir que le parecía legal.

El último episodio ha sido la ofensiva contra el Tribunal Constitucional. Sin entrar en el contenido de la sentencia, que sin duda, como todas, puede discutirse, lo cierto es que pone el dedo en la llaga sobre la principal motivación que mueve a Sánchez, la pretensión de gobernar de manera absolutista sin contrapesos ni equilibrios. Huye y ataca todo lo que le puede limitar. Esa forma autocrática de ejercer la autoridad la aplica no solo dentro del partido, sino, en lo que le resulta posible y le permiten sus escasos 120 diputados, también en el Estado.

De ahí que no sea raro que esquive toda fórmula que implique, tal como el estado de sitio, pactar con la oposición. Eso explica también por qué ha evitado lo más posible tener que negociar el estado de alarma, e inventarse la famosa cogobernanza, por la que delega las responsabilidades en las Comunidades Autónomas y guarda para sí todo lo que piensa que puede venderse como positivo. Por la misma razón, parece lógico que haya escogido para legislar la fórmula del decreto-ley, a pesar de estar reservada para casos de extraordinaria y urgente necesidad. 

Su forma de gobernar tenía que conducirle por fuerza a chocar
con el Tribunal Constitucional. Han sido ya varias las veces que este organismo ha tenido que declarar inconstitucionales determinadas medidas como la de haber intentado introducir en el decreto-ley del estado de alarma temas tan extraños al objeto como variar los miembros de la Comisión de secretos oficiales o incluir las Clases pasivas de los empleados públicos dentro de la Seguridad Social. O también haber nombrado unilateralmente y por decreto-ley a una administradora general de RTVE, hurtándole la competencia al Senado.

Se puede discrepar de la sentencia del Tribunal Constitucional, pero la reacción desaforada del Gobierno indica de forma bastante clara que Sánchez no está dispuesto a admitir nada ni a nadie que pueda condicionar su actuación, que pretenda limitar su forma autocrática de gobernar. El Estado soy yo, por eso quien se me oponga no tiene sentido de Estado.

republica.com 29-7-2021

Siempre he mantenido que, para llegar a ser líder de uno de los principales partidos políticos, y no digamos para ser presidente del gobierno, se precisa ser un depredador político. Hay muchos más que lo son sin llegar tan lejos. González prescindió, entre otros, de Alfonso Guerra, cuando durante años pasaron por inseparables. Aznar, después del numerito de la carta a Fraga, no tuvo empacho en ir cesando poco a poco a casi todos los vicepresidentes que había heredado de la época del ministro franquista. Zapatero, a su vez, fue prescindiendo progresivamente de todos los jóvenes turcos que conjuntamente conspiraron para presentarle a secretario general del partido y consiguieron su triunfo frente a Bono. La política está llena de escenas parecidas.

Tengo que reconocer, sin embargo, que la crisis de gobierno que ha hecho Sánchez me ha desconcertado bastante, y eso que he sido de los pocos -tal como he dejado rastro en mis artículos-, que desde 2015 estábamos convencidos de que el entonces recién elegido secretario general del PSOE era capaz de todo con tal de alcanzar el poder y permanecer en él. El cese de Ábalos, Redondo y Calvo no puede por menos que llamar la atención.

El caso de Sánchez es muy particular.  Es de sobra conocido que en  2015, tras obtener el resultado más bajo de unas elecciones generales en la historia del PSOE, no dimitió y se negó además a todo acuerdo con el PP, a pesar de que esta formación era el partido más votado y de que negarse a este diálogo era bloquear cualquier salida política para formar un gobierno, como no fuese la de pactar con aquellos que ya conspiraban para dar un golpe de Estado, opción que resultaba inviable para cualquier formación que aceptase la Constitución y defendiese el derecho y la democracia.

Pero era precisamente esta opción la que Pedro Sánchez acariciaba, aunque no se atreviese a decirlo claramente. El Comité Federal y parte de la Ejecutiva, sin embargo, lo intuían. La sospecha se hizo amenaza cuando amagó con unas primarias exprés para que la militancia revalidase su proyecto. El supremo órgano entre partidos le obligó a dimitir y se nombró una gestora.

Todo esto, que, como he dicho, es de sobra conocido, resulta conveniente recordarlo para resaltar el grado de soledad y de abatimiento en el que quedó Pedro Sánchez dentro del PSOE. Todos los que representaban algo en el partido le dieron la espalda. Muy pocos fueron los que permanecieron a su lado. La depresión fue tan fuerte que incluso había tirado los guantes y decidido no presentarse a las primarias de 2017. Fue Ábalos el que le empujó a participar, incluso le acompañó a lo largo de toda la campaña y puso a su disposición medios e instrumentos, ya que entre los pocos fieles que se mantuvieron a su lado era el único que contaba con estructura, en su calidad de secretario general de la provincia de Valencia.

Caben pocas dudas sobre el papel que Redondo ha jugado en la trayectoria política de Sánchez desde las primarias de 2017. De hecho, a él se atribuía todo lo bueno y todo lo malo. Es posible que se haya exagerado, pero lo que sí parece cierto -o al menos ellos lo han querido dar a entender-  es la unión y la complicidad que se daba entre el presidente del Gobierno y su jefe de gabinete. Redondo afirmó hace días en sede parlamentaria que estaría dispuesto a lanzarse a un barranco por su presidente. No ha hecho falta, le ha tirado Sánchez.

Junto con Ábalos y Redondo, Calvo fue de las pocas personas que permanecieron con Sánchez en los momentos más aciagos y le  acompañaron en los tiempos de tribulación. A ella le ha encargado Sánchez las funciones más ingratas.  Ha sido la coraza que le ha librado de los asuntos más engorrosos.

Parece bastante cierto que lo que hoy es Pedro Sánchez lo debe en buena medida a la labor de estos tres colaboradores y que su carrera política e incluso personal hubiese sido muy distinta sin ellos. Es por esto por lo que sus ceses, de la forma en que se han producido, y además todos al mismo tiempo, sitúan a Sánchez a la cabeza de los depredadores políticos.

Todo ello confiere a esta crisis un carácter especial, y no es de extrañar, por tanto, que todo el mundo se pregunte qué es lo que le ha llevado a realizarla. Analistas políticos, periodistas y tertulianos se esfuerzan para encontrar una explicación. En muchos casos lo único que hacen es absorber, quizás de forma inconsciente, las filtraciones que se lanzan desde la Moncloa y a continuación repetirlas como si fuesen propias.

Abunda la tesis de que Sánchez lo que ha hecho es recurrir al PSOE, o devolver el control al partido. Una explicación un tanto infantil porque en lo único que se basa es en el cambio de jefe de gabinete, lo que puede tener su importancia, pero no porque sea o no sea del partido, sino por el papel que le concede el presidente del Gobierno. Pero es que, además, Sánchez no precisa recurrir al partido porque desde 2017 el partido es suyo. Había aprendido de la etapa anterior y creó un comité federal, una ejecutiva y un grupo parlamentario a su conveniencia. No se necesitan muchos esfuerzos para constatar que, dentro del partido, nadie es capaz de moverse, y mucho menos de rebelarse.

Tampoco tienen mucha razón, aquellos que hablan de casar a los dos PSOES, porque parten de una hipótesis falsa, la de que hay dos partidos, cuando ya solo existe uno, el sanchismo. Los que hoy permanecen en el partido, estuvieran donde estuvieran en 2016, han tenido que pasar por las horcas caudinas y aceptar la nueva religión. Hoy todos se encuentran en el mismo bando. Lo mismo hay que decir de los que sesudamente opinan que lo que ha pretendido Sánchez es disminuir el carácter político e incrementar el técnico. Que Dios les conserve la vista. Ciertamente, los antiguos ministros no sobresalían por su bagaje técnico, pero los nuevos, todavía menos. La mayoría de ellos lo único que han hecho en su vida, desde la más tierna infancia es politiqueo malo. Habrá quien diga que hay una excepción la de Félix Bolaños, que se presenta como letrado del Banco de España. Los que hemos trabajado en el instituto emisor conocemos algunos casos similares. Sabemos lo que significan que las oposiciones sean convocadas con una sola plaza, suelen salir con nombre y apellidos.

Menos sentido tiene aún la justificación que se ha lanzado desde la Moncloa de que la crisis se ha instrumentado para acometer la recuperación económica. Hablan del Gobierno de la recuperación. Ciertamente, la inteligencia económica no abundaba mucho en el anterior Gobierno, pero no se ve que la crisis haya añadido algo más a esta materia. Basta con observar los currículos de los neófitos para observar que los conocimientos económicos están totalmente ausentes.

Afirmar que en el nuevo Gobierno se incrementa la importancia de la economía porque desaparece la vicepresidenta política y corre el escalafón en las otras vicepresidencias es una ingenuidad. La importancia de Calviño y la relevancia de sus tesis no cambian por el hecho de estar en un sitio u otro. Lo único que introduce la desaparición de la vicepresidencia política es una gran disfuncionalidad en la operatividad del nuevo Ejecutivo. ¿Quién se hará cargo del Gobierno en caso de ausencia y enfermedad del presidente? El ministro de Presidencia, que sería el idóneo, no puede asumirlo, al no tener cargo de vicepresidente. No creo que Calviño sea la adecuada para esta tarea, y en cualquier caso solo serviría para distraerla del tema económico.

Por otra parte, el presidente del Gobierno centra la recuperación económica en los fondos europeos. Algunos pensamos que por desgracia estos recursos en buena parte no se van a emplear en dar repuesta a los daños económicos producidos por la crisis sanitaria, sino para acometer operaciones un tanto fantasiosas de propaganda y para beneficiar a determinadas empresas. Pero, de acuerdo con los planteamientos de Moncloa, lo lógico es que los nuevos ministros tuviesen experiencia en la gestión pública. A pesar de que el presidente del Gobierno insistió en este tema, lo cierto es que sus escasas carreras profesionales se reducen a haber ocupado unos pocos cargos políticos del área municipal, concejales o diputados autonómicos. Tres eran alcaldesas de pueblo. Poco que ver con la gestión del sector público.

Sánchez, al presentar el nuevo Gobierno, mencionó como mérito ser más joven y más feminista. No creo que ser joven y mujer constituya ningún índice de capacidad. Uno tendería a pensar que hay que fijarse en los estudios, en la preparación, en el trabajo realizado, en la experiencia. Pero últimamente valoramos las cosas más extrañas. Es como una candidata en las pasadas elecciones a la Comunidad Autónoma de Madrid, que basó parte de su campaña en presentarse como médico, mujer y madre. Pues tanto gusto en conocerla. Claro que después de “soldados y soldadas”, cualquier cosa. El hecho de que el nuevo Gobierno se componga de catorce mujeres y ocho hombres no es, que yo sepa, un timbre de gloria como no lo sería si estuviese formado por catorce hombres y ocho mujeres.

Buscando el auténtico sentido de la crisis me viene a la memoria un viejo cuento que corría por los pasillos del antiguo edificio de la Real Casa de la Moneda, en la calle de Alcalá, ahora sede del departamento de Hacienda. Se dice que cada ministro, al marcharse, como recomendación, entrega tres sobres a su sustituto.  Cuando tengas problemas, le dice, abre el primer sobre; si las cosas vuelven a ir mal, abre el segundo y, por último, si de nuevo se complica todo, el tercero. En el primer sobre se decía “echa la culpa a tu antecesor”; en el segundo, “cesa a tus colaboradores”; en el tercero, “vete escribiendo los tres sobres para tu sucesor”.

Pues bien, Sánchez se ha asustado y ha creído conveniente abrir el segundo sobre. El chasco de la operación Murcia con la casi desaparición de Ciudadanos, los resultados de las elecciones de la Comunidad de Madrid y las diferentes encuestas realizadas, han hecho saltar todas las alarmas y le han llevado a pensar que se encontraba en zona de riesgo. Así que decidió soltar lastre. Ha creído conveniente cesar a muchos de sus colaboradores, aquellos que le han servido de coraza. Piensa, quizás, que prescindiendo de aquellos ministros que pudiesen estar quemados se va a librar de todos los errores, descalabros y picias cometidos por ellos y que el pueblo español es tan ignorante que no caerá en la cuenta de que eran simples hombres de paja y que detrás de todos ellos estaba el presidente del Gobierno. En buena medida, ellos lo único que hacían era cumplir las instrucciones que venían de la Moncloa.

Es por esto por lo que Sánchez insiste en que estamos en el inicio de una nueva etapa. Pretende utilizar el borrón y cuenta nueva, y hacer que los ciudadanos olviden el periodo anterior. A pesar de su interés, le va a resultar difícil hacer desaparecer tres años de gobierno y todo lo que se deriva de ellos, entre otras razones porque, por mucho que se cambien los ministros, el escenario y las situaciones van a continuar siendo las mismas.

En este orden de cosas creo que no se ha resaltado suficientemente el hecho de que en esta crisis no se haya producido ninguna variación ni en los ministerios ni en los titulares de la parte de gobierno podemita. Sánchez ha tenido que renunciar a hacerlo, confesando así su principal limitación, que solo cuenta con 120 diputados y que si quiere seguir en el poder no solo depende de Podemos, sino también de los partidos catalanes que han protagonizado un golpe de Estado y de los independentistas vascos. En el futuro el libreto no cambia y hace que la función sea la misma, no cabe ningún periodo nuevo.

Resultan, por tanto, ridículas las versiones que, basándose en que Iceta se muda de ministerio, sostienen que el acento se va a trasladar de Cataluña hacia otras regiones y a otros problemas.  Es evidente que el nuevo Gobierno va a seguir por los mismos derroteros que el antiguo, puesto que el único interés de Sánchez es continuar en el poder y para eso hará las cesiones que sean precisas, tanto a los catalanes como a los vascos. ¿O es que nos creemos que lo de las piedras del camino era original de Ábalos, y  cesado este ya se acabó la rabia?

En la anterior mesa de negociación con los soberanistas catalanes estaba previsto que Illa tuviese un especial protagonismo. Y, dado que era una negociación entre gobiernos, se le nombró en un ministerio tradicionalmente de los más tranquilos, el de Sanidad, en mayor medida en cuanto que de él se había desgajado consumo. La pandemia lio las cosas y lo convirtió en un departamento de los más complicados. ¿Acaso no se puede pretender acometer la misma operación, en este caso con Iceta? Ya veremos quién está finalmente en la mesa y quién asume un papel protagonista en la negociación. Por lo pronto, el PSC ha conseguido colocar dos de sus miembros en el Consejo de Ministros, y uno de ellos nada menos que en el de Fomento.

republica.com 22.7.2021

Hace algunos días, José María Escrivá sorprendía a la audiencia afirmando que la generación del baby boom no tendría más remedio que trabajar más o cobrar menos. La frase no era original. Una similar la había pronunciado hace ya diez años, en 2011, Díaz Ferrán, entonces presidente de la CEOE, aunque más tarde procesado por trapicheos nada claros en sus empresas. Hay una diferencia, no obstante, que el patrono de patronos se refería a los trabajadores y Escrivá alude a los futuros jubilados.

Al ministro independiente le han obligado a rectificar desde la Moncloa. Ha tenido que reconocer públicamente que aquel día no estuvo muy acertado. Debió asumir la humillación y el bochorno, convirtiéndose en un buen ejemplo de hasta dónde se puede llegar para permanecer en el cargo. Y eso es lo que le ha debido salvar de la quema.  Aunque bien mirado, si el presidente del Gobierno con tal de permanecer en la Moncloa se humilla y permite que sus propios socios le dejen por mentiroso, ¿por qué no va a humillarse un ministrillo?

Es cierto que Escrivá ese día no estuvo demasiado afortunado porque le rompió la táctica al jefe y descubrió el pastel que el Gobierno quería tener oculto. Reveló que el acuerdo firmado a bombo y platillo entre el Ejecutivo y los agentes sociales era puro humo, flatus vocis, porque todo lo importante quedaba por determinar. Es decir, que se había practicado el deporte favorito de Sánchez, balones hacia adelante, si no se pueden echar fuera.

Del tema de las pensiones han escogido aquellos elementos que no eran problemáticos o que incluso resultaban favorables, y han pospuesto para más adelante los ajustes y los recortes. Se ha repetido por activa y por pasiva que los fondos europeos venían sin condiciones. Sin embargo, cada día resulta más innegable que cuando pase el tiempo de la calentura en el que todo son facilidades para gastar, motivado por ese intento de que se recupere la economía española -también la europea-, Bruselas retornará a sus dogmas e impondrá sus límites y restricciones. Me temo que no serán suaves, después de haber provocado que el endeudamiento público se eleve al 130% del PIB. Endeudamiento que solo se puede mantener por el apoyo del BCE, pero a condición de que la situación sea muy inestable, y seamos totalmente dependientes de esa institución.

Los primeros condicionantes comienzan a intuirse, a pesar de que Sánchez por ahora los oculte, demorándolos para reiterar mientras pueda que la salida de esta crisis es diferente a la anterior. Recordemos que entonces hasta el año 2010 no comenzaron a implantarse los recortes. En el orden de los previsibles ajustes, se encuentra, como siempre, en primer lugar, la reforma de las pensiones. La problemática de esta prestación social está mal enfocada, al menos desde la mitad de los ochenta. Se ha permitido, quizás de forma premeditada, que la Seguridad Social apareciese con importantes déficits, con lo que las pensiones se convertían en pieza de caza de todos aquellos que bien en España o bien en los organismos internacionales están encantados de practicar recortes.

El origen de estos déficits se encuentra en la llamada separación de fuentes, en aceptar poco a poco la convención de que las pensiones deben financiarse exclusivamente con cotizaciones sociales prescindiendo de las aportaciones del Estado. Es más, las necesarias transferencias estatales que se producían ante los desequilibrios financieros de la Seguridad Social se han instrumentado hasta ahora a modo de préstamos (aunque en realidad se cuenta con que nunca se van a poder devolver), en lugar de considerarlas entregas a fondo perdido, como otra fuente más de financiación, complementaria de las cotizaciones.

Desde esta perspectiva, el sistema público de pensiones estará siempre amenazado, a no ser que se esté dispuesto a elevar todo lo que sea necesario las cotizaciones. Cosa poco probable. Lo que parece más verosímil es que se opte por reducir las prestaciones. Dígase lo que se diga, esto es lo que ocurrirá si no se cambia el modelo, si no se consideran las cotizaciones sociales como un impuesto y las aportaciones del Estado a la Seguridad Social como una fuente más de financiación, que ayuda a sostener las pensiones, al igual que lo hace con la sanidad, la educación y con toda clase de servicios públicos y prestaciones sociales. Nadie se plantea que los gastos en sanidad, en educación, etc. no son viables. Nadie ha alegado que los gastos derivados de los ERTE, de los créditos ICO o demás partidas asociadas a la pandemia no eran factibles, a pesar de incrementar el endeudamiento público en un 30% del PIB.

Es obvio que este Gobierno tampoco está dispuesto a cambiar el modelo de financiación. Prueba de ello es que las transferencias que el Estado ha hecho últimamente a la Seguridad Social han continuado instrumentándose en forma de préstamos, no sé sí con la intención de hacer patente la inviabilidad del sistema. Es más, al presupuesto del Estado se están trasladando a todos los que han denominado gastos impropios; lo que tiene una doble vertiente, por una parte, puede considerarse positivo, porque disminuye los gastos a financiar con las cotizaciones, pero, por otra, constituye tan solo un parche, al configurarse como una señal de que se pretende continuar con la separación de fuentes y, por lo tanto, con la incertidumbre.

El cambio del modelo actual supondría trasladar el problema de las pensiones al de todo el Estado del bienestar y en general al de todos los gastos del sector público, o más bien al de su financiación. Lo que hay que plantearse no es la suficiencia de un tributo en particular (las cotizaciones), sino de todo el sistema fiscal en su conjunto, que a su vez exige tener en cuenta la productividad. Lo cierto es que a todos los gobiernos les repele hablar de impuestos. Como mucho, se deciden a veces a incrementar algunos indirectos, que, aunque sean más injustos, se notan menos y además muchos de ellos se pueden argumentar en términos ecológicos.

Ningún gobierno está dispuesto a hacer pedagogía y proclamar claramente que los impuestos son imprescindibles no solo para mantener el Estado social, sino para sostener simplemente el Estado. Bien es verdad que ello les conduciría también, para ser consecuentes, a una criba efectiva de los gastos superfluos y de todos los chiringuitos que solo sirven para colocar a los políticos del partido.

La productividad es también una variable esencial por supuesto para determinar el nivel de vida de una sociedad, pero también la mayor o menor capacidad de financiación del sector público. La productividad (mucho más que la demografía, e incluso que la población activa) y el sistema fiscal son las dos coordenadas que pueden enmarcar no solo la viabilidad de las pensiones sino, en general, de toda la actividad del Estado. Lo importante es cuánto se produce y no cuántos producen. El excedente empresarial debe colaborar también a la financiación del sector público.

El acuerdo firmado el otro día entre el Gobierno y los agentes sociales sobre las pensiones apenas recoge novedades importantes. Tan solo nos confirma que se va a continuar por un camino equivocado, y que además no se ha despejado qué medidas se van aplicar para transitar por esa ruta. La actualización anual de las pensiones por el IPC puede venderse como un avance importante, pero lo cierto es que en los últimos años se venía aplicando ya sin demasiado impacto presupuestario, dada la escasa cuantía de la inflación.

Se dirá que la diferencia radica en que con esta ley se garantiza la actualización para el futuro. Pero tal aseveración constituye un cierto espejismo, porque una ley se cambia con otra ley y no se puede asegurar que en caso de crisis o de que se dispare la inflación no se vaya a modificar lo que ahora se establece. De hecho, a pesar de que con anterioridad a la crisis de 2008 estaba establecida la actualización por el IPC de las pensiones, ello no fue ningún obstáculo para que Zapatero las congelase en 2010. En cierto modo, aunque esté previsto en una ley, cada año la norma presupuestaria puede cambiarlo y decidir el incremento del sueldo de los funcionarios y de las pensiones. Mientras el modelo no se modifique y se garantice la aportación del Estado, siempre existirá una espada de Damocles sobre las prestaciones que reciben los jubilados.

Solo en un esquema de separación de fuentes, en el que el problema de las pensiones se aísla de todo los demás, puede tener algún sentido situar parte de la solución, tal como hace el señor Escrivá, en prolongar la edad de la jubilación. En un país con una tasa desproporcionada de paro, que además en buena medida es crónica, alargar la vida laboral tendrá un efecto negativo sobre el empleo, y en definitiva sobre el presupuesto del Estado, si no se quiere dejar en la indigencia a los parados. Aunque, después del fracaso del ingreso mínimo vital, cualquier cosa. De todos modos, choca que con estos planteamientos se hable después de crear un mecanismo de equidad intergeneracional.

El acuerdo firmado el otro día entre el Gobierno y los agentes sociales fue mero teatro, encaminado, en el interior, a la publicidad y la propaganda, y en el exterior, a contentar a Bruselas transmitiéndole la idea de que se está camino de la reforma. El acuerdo deja sin concretar lo principal, que también será lo más negativo, dado que no se piensa modificar el esquema clásico de la separación de fuentes. Se elimina el factor de sostenibilidad, pero se anuncia un mecanismo de equidad intergeneracional que será su sustituto y que de una o de otra forma tendrá efectos similares: ajuste y recorte. Bien es verdad que eso será como mínimo dentro de un año. Es por ello por lo que el ministro locuaz metió la pata, adelantó acontecimientos hablando de recortes antes de lo que le conviene a Sánchez. A pesar de todo, como se arrepintió y reconoció su error, ha salido indemne de la masacre.  Lo realmente inexplicable es que los agentes sociales se hayan prestado a este numerito.

republica.com 15-7-2021

Parece que Ábalos se dedica ahora a las rancheras. Es posible que una piedra en el camino le enseñase que su destino era rodar y rodar, o más bien desempedrar, desempedrar, para que Sánchez continúe siendo el rey. Al ministro de Fomento se le entiende casi todo. Los indultos no son más que el comienzo, la primera piedra. En realidad, ha habido otras antes, pero de menor magnitud, cuando la otra mesa y la historia del relator. Entonces no hablaban de desempedrar sino de desinflamar. Se acuerdan Vds. del ibuprofeno de Borrell. Hace ya tres años y la hinchazón es cada vez más grande.

Los indultos constituyen un salto cualitativo. Por eso se ha forzado a todos los ministros, incluso a los que podían mostrarse más escépticos, a posicionarse. Algunos como Margarita Robles han tardado, y no es de extrañar ya que se mostró totalmente contraria a los indultos cuando era vocal del Consejo General del Poder Judicial; pero al final se ha prestado a ello, y es que todo vale con tal de no perder el sillón. Supongo que es este mismo motivo el que ha impulsado a la ministra de Economía a defenderlos, empleando ese argumento tan bobalicón de que la estabilidad política es buena para el crecimiento, porque lo primero a cuestionar es si los indultos incrementan la estabilidad política o más bien la reducen. Lo segundo es que para la buena marcha de la economía lo principal es la seguridad jurídica y esta no sale muy bien parada con la medida.

Pero, sobre todos, sobresale el ínclito ministro que se vanagloriaba de ser independiente cuando presidía la AIReF, y ahora es tan dependiente que justifica los indultos argumentando esa patochada de que costaba explicar en el extranjero la amplitud de las penas. ¿Cómo van a entender en el extranjero que en Cataluña ha habido un auténtico golpe de Estado si el Gobierno de España depende de los golpistas para gobernar?

Ahora tienen que quitar otra piedra del camino. El Tribunal de Cuentas ha cifrado la cuantía de la malversación cometida por los golpistas en sus operaciones de publicidad y propaganda en el extranjero en 5,4 millones, a los que hay que sumar los 4,1 que se habían calculado ya de malversación por otros conceptos. Conviene resaltarlo porque, al margen del delito de sedición, los golpistas cometieron un robo al erario público, desviando recursos del Estado hacia una finalidad cuando menos ilegal si no abiertamente delictiva. Parece ser que la corrupción deja de serlo si afecta a los nacionalistas. Ya que se les ha indultado del delito de malversación, al menos que devuelvan el dinero que han robado. Veremos si el Gobierno, tal como afirma Ábalos, está dispuesto también a retirar esta piedra. Lo que por lo pronto se ha quitado de en medio es a la Abogacía del Estado con el argumento falaz de que no es competente, y habrá que preguntarse también qué va a pasar con la Fiscalía.

La factoría de desempedrar se va a configurar, al igual que hace tres años, como una mesa de diálogo, más bien de imposición, porque los soberanistas han dejado muy claro que ellos vienen exclusivamente a negociar la amnistía y la independencia, precisamente dos cosas que chocan frontalmente con la Constitución, y no parece que el gobierno Frankenstein tenga suficiente fuerza para cambiar la Carta Magna. Los tertulianos que se mueven en la tercera vía, la mayoría de ellos catalanes, se esfuerzan en asegurarnos que el independentismo está mucho más débil de lo que parece, que todas sus pláticas son bravatas o relatos orientados a mantener la fe de sus militantes, y que en el fondo sí están inclinados a dialogar o a negociar otros temas más prosaicos.

Estoy dispuesto a creerme que en todo esto hay mucho de teatro, de postureo, que los soberanistas saben que lo de la amnistía es imposible, pero que hay otros subterfugios como la reforma del Código Penal que pueden tener efectos similares. Puede que sean conscientes de que la independencia, dado el porcentaje de adhesiones y la ausencia de apoyo internacional que conquistaron, no es viable a corto plazo, que piensen que necesitan fortalecerse para intentarlo otra vez, y que a ello se dirijan en la negociación persiguiendo prebendas, ventajas e instrumentos que les allanen el camino. Por eso precisamente es tan peligrosa la negociación, porque se va a traducir en una serie de cesiones que facilitarán el golpe de Estado en el futuro.

El secesionismo tiene claro que es el momento, que difícilmente van a tener una ocasión más propicia. Los nacionalistas, y más concretamente los catalanes, huelen la debilidad del Estado y sacan la cabeza -con gran deslealtad, que diría Azaña- cada vez que España entra en crisis. Véase la trayectoria en la Primera y Segunda Repúblicas e incluso durante la Guerra Civil. Los condenados al salir de la cárcel ya vociferaron en tono retador que los indultos lo que mostraban era la impotencia del Estado. En cierto sentido tienen razón, la fragilidad es del Gobierno, pero lógicamente la transmite a todas las instituciones del Estado. Esta situación permanece desde la misma moción de censura. Lo dejó muy claro ese día Aitor Esteban al comenzar su intervención en plan irónico. Se reía del gran Estado español cuyo gobierno estaba pendiente de los cinco votos del PNV. Comentario hiriente, pero cierto. La debilidad del Estado comienza en el mismo momento en el que Pedro Sánchez permite que los que no creen en el Estado y buscan dividirlo le nombren presidente del Gobierno.

Los nacionalistas saben de sobra que difícilmente se van a encontrar con un momento más favorable a sus objetivos. Por eso piensan sacar el mayor rédito posible. Rufián, de manera arrogante, se lo ha dejado claro a Sánchez en las Cortes. Los indultos más que un acto de valentía son un gesto de necesidad. Sánchez también es consciente de que la única forma de permanecer en el poder es mantener unido el gobierno Frankenstein, y para ello está dispuesto a quitar todas las piedras del camino que sean necesarias, no solo en Cataluña sino también en el País Vasco. Intuye que para agotar la legislatura va a tener que ceder mucho. De ahí la mesa de negociación y el haberse traído a Iceta de Cataluña.

De hecho, son Iceta y el PSC los que marcan el camino. Fue el entonces primer secretario del PSC el que habló antes que nadie de los indultos, y también el primero que lanzó la idea (el 27 de marzo de 2019) de que, si un día el 65% de los catalanes quieren la independencia, la democracia tendría que encontrar alguna forma para encauzarla. Les brindaba así la tesis a los nacionalistas, de que, si tal como habían comprobado, la independencia no estaba madura, lo más inteligente era sentarse a negociar y conseguir el mayor número de bazas posibles que hagan viable la cesión en un futuro.

Del PSC parte también la creencia de que en todo caso es imprescindible un referéndum para que los catalanes voten. Según Illa, sería un referéndum sobre el marco de convivencia de los catalanes. Uno tendería a pensar que el marco de convivencia ya existe para los catalanes y para el resto de españoles y es la Constitución de 1978, que los propios catalanes votaron entusiastamente. Es lo malo del nacionalismo, que nunca está conforme, que jamás respetan los pactos. A mí tampoco me gustan muchas cosas de la Carta Magna y estoy convencido de que no habrá un solo ciudadano que esté de acuerdo con el cien por cien de ella. El marco de convivencia se puede cambiar, pero votando todos los españoles. El PSC nunca ha creído que determinar el sistema de convivencia es competencia no solo de los catalanes, sino de estos con el resto de ciudadanos del Estado.

Según ellos, el referéndum podría centrarse sobre un nuevo estatuto que saliese de la mesa de negociaciones. Lo cual tiene por fuerza que resultar cómico, puesto que el actual está por estrenar y contra él se han sublevado los golpistas, que han repetido cantidad de veces que ellos se encuentran ya en otra onda. El fondo del asunto es que están pensando en que el nuevo estatuto consista en el actual, solo que incorporando aquellas cosas que o bien eliminó el Parlamento español o bien tumbó el Tribunal Constitucional.

Pretenden repetir la jugada de Maragall en 2006, modificar la Constitución por la puerta de atrás. Zapatero hace unos días, el 26 de junio pasado, en una entrevista en La Razón, propuso claramente este nuevo estatuto. Es más, contestando a la pregunta del periodista acerca de su posible inconstitucionalidad afirmó: “Todo en la vida, y también la sentencia del Tribunal Constitucional, deja espacio para la interpretación. Y el Derecho permite alternativas creativas que no suponen reproducir lo que el Estatut decía y que el Tribunal Constitucional anuló”.

En esa construcción creativa introduce una serie de cuestiones que, en su opinión, tienen que votar los catalanes; pero lo cierto es que la mayoría de ellas afectan al conjunto de España y que deberían ser decididas por todos los españoles. La entrevista no tiene desperdicio y confirma que Zapatero se situó como presidente de gobierno en el colmo de la superficialidad y la ligereza. Es posible que, al final, los desaguisados que habrá cometido Sánchez sean superiores a los que infligió en su momento Zapatero, pero hay una diferencia: Sánchez incurre en las transgresiones y atropellos para durar lo más posible en el cargo; Zapatero los mayores descalabros los hizo por pura frivolidad.

También los empresarios catalanes están en esta longitud de onda. Organizaron un contubernio para dar su apoyo a Sánchez y pronunciarse a favor de los indultos, al tiempo que espoleaban al Gobierno español y al catalán al diálogo y al pacto. Lo más extraño estriba en el juego que se trae el empresariado de toda España. Sánchez los tiene seducidos con ese chorro de millones que, según dicen, va a venir de Europa. He reiterado a menudo que los fondos de recuperación quizas se conviertan en un mal negocio para los ciudadanos, pero pueden traducirse en un beneficio muy saneado para algunas compañías. He ahí la razón de que los empresarios -al menos algunos- estén muy domesticados.

Los empresarios catalanes han jugado siempre a la ambigüedad. Muchos de ellos han sido cómplices del nacionalismo. Mientras todo se reducía a gritar que España nos roba y obtener así prebendas y privilegios frente a otras Comunidades, estaban de acuerdo y colaboraron con entusiasmo, por la cuenta que les traía. No obstante, se asustaron cuando vieron que el tema iba demasiado lejos, que se rompía la legalidad y podía acarrear consecuencias económicas muy graves. Los empresarios que a coro alababan el otro día a Sánchez y pedían negociación y mesa de diálogo son los mismos que demandaban a Rajoy que cambiase la ley de sociedades para que el consejo de administración de una empresa, sin más requisitos, pudiese modificar su domicilio social por si precisaba salir de Cataluña.

Hace tiempo que Sánchez Llibre, hoy a la cabeza del empresariado catalán, mostró ya por dónde iban sus inclinaciones, nada de independencia, pero sí un nuevo estatuto. Insinuó que el problema podría terminar y los secesionistas conformarse si en ese estatuto se reconociese a Cataluña como nación y se dotase a la Generalitat de un sistema de financiación similar al que disfrutan el País Vasco y Navarra. Conceder la condición de nación a Cataluña no tendría ninguna importancia si todo se redujese al ámbito cultural, pero entonces no se está ante un tema político, sino de historiadores y sociólogos, y no sería necesario introducirlo en ninguna norma. Pero ese es el problema, que cuando se quiere que aparezca en una ley es que la pretensión consiste en procurar que surta efectos jurídicos. Parece bastante evidente que con ello el nacionalismo tendría una coartada mayor a la hora de reclamar la independencia.

Dotar a Cataluña de un sistema de financiación parecido al del País Vasco y Navarra sería catastrófico. Ampliaría las múltiples  distorsiones que produce el concierto existente con estas dos últimas Autonomías, y cuya legalidad nunca se debía haber introducido en la Constitución. El cupo catalán dañaría gravemente la política redistributiva del Estado en el plano territorial, y se dotaría a los secesionistas de un instrumento esencial, una hacienda pública propia, para aumentar sus probabilidades de éxito en una nueva intentona.

Pedro Sánchez ha dicho que nunca sobrepasará la ley ni la Constitución. El problema no es ese, aunque también, ya que ni siquiera sus mismos socios le creen. La cuestión además es que hay muchas cosas que sin traspasar la ley son muy perniciosas para el Estado y para los ciudadanos. Todo lo que represente premiar a una Comunidad por encima de las otras, o lo que signifique dotar a un gobierno soberanista de más competencias para que sea más sencillo un día independizarse. El colmo es que los golpistas tengan premio.

republica.com 8-7-2021

Parece ser, no es ninguna novedad, que el Gobierno está dividido acerca de si se debe o no se debe subir el salario mínimo interprofesional (SMI). El Ministerio de Trabajo ha recurrido a crear una comisión de expertos. Ahora todo el mundo utiliza a los expertos. Son famosos los del Ministerio de Sanidad, porque nadie los había visto ni conocía sus nombres y, sin embargo, estaban detrás de todas las medidas que anunciaban Illa y Simón. Pero, en realidad, como se supo después, nunca existieron. La ministra de Hacienda también ha creado su grupo de expertos para que digan en materia fiscal lo que interesa al Gobierno. Y es que la finalidad de los expertos está siempre en concluir aquello que desea quien les nombra. De lo contrario, no son tenidos por expertos.

En lo referente al SMI, se han manifestado también otros grupos de expertos, que lo son por oficio, no por captación, lo cual no quiere decir que carezcan de ideología: son los del Banco de España, los del servicio de estudios del BBVA, o los de la AIREF, por ejemplo. Todos ellos se han pronunciado sobre el crecimiento del SMI, y unos y otros han seguido un método empírico, observar las variaciones en esta variable y contrastarlas con los datos de desempleo. Los resultados en este aspecto son siempre relativos, porque en el nivel de paro actúan, además del SMI, otras muchas variables difíciles de de  separar o ser tenidas en cuenta de forma aislada. Resulta, por tanto, arriesgado conceder carácter absoluto a cualquier conclusión que se obtenga.

Al margen de lo más o menos exactas que puedan ser las deducciones que se extraigan de estos estudios, no está de sobra que analicemos, desde el enfoque puramente teórico, cuáles son la relaciones entre los salarios, concretamente el SMI, y el empleo en los distintos estados de la economía, y suponiendo que el resto de las variables permanecen constantes. Hay algo cierto, la intensa relación existente entre productividad y salarios. Incrementar esta última magnitud sin que por ello tengan que elevarse las cifras de paro es perfectamente viable, con tal de que a su vez la productividad suba en igual o mayor cuantía, y se impida que todo el aumento vaya a engrosar el excedente empresarial. Es más, la subida salarial puede tener un efecto económico positivo, y aumentar el empleo, puesto que la propensión a consumir suele ser más elevada en los trabajadores (y más en el colectivo al que afecta el SMI), con lo que se expandirán la demanda y la actividad económica.

La realidad cambia, sin embargo, cuando los incrementos de productividad son cero o incluso simplemente inferiores a las alzas salariales. El tema es especialmente delicado al tratarse del SMI y afectar por tanto a los puestos de trabajo más marginales y de baja productividad. Además, como su propio nombre indica, es interprofesional, es decir, transversal, no es exclusivo de ningún sector o profesión, con lo que resulta harto difícil analizar la evolución de la productividad de un colectivo tan heterogéneo. Hay, no obstante, pocas dudas de que cualquier empresario prescindirá de un puesto de trabajo cuyos ingresos no compensen la retribución del personal, tanto más si es precario y fácil de suprimir.

De todos modos, la relación es compleja y el resultado distinto dependiendo del escenario económico. Y ello se debe a que la productividad que importa para este análisis no es la que se expresa en meros términos cuantitativos, sino monetarios, de valor. La productividad no se incrementará por el simple hecho de que un mismo número de trabajadores produzca un mayor número de tuercas si a su vez el precio de las tuercas se reduce en la misma cuantía, o viceversa.

Desde esta perspectiva, nos podemos encontrar en tres situaciones distintas cuando se pretende elevar el SMI y el aumento de la productividad es cero o sencillamente inferior al que proyectamos del SMI. En el primer supuesto se acepta que nos movemos en una economía semicerrada, es decir, el Gobierno mantiene todavía algún control sobre exportaciones e importaciones. En este caso el aumento del SMI no tendría por qué traducirse forzosamente en cifras mayores de paro, ya que es posible que los empresarios optasen por un incremento en el precio de los productos y servicios correspondientes, siempre que la demanda lo permitiese y se diese un cierto proteccionismo que eliminase la competencia exterior. Se habría incrementado de esta manera la productividad en términos monetarios de esos artículos. El resultado se concretaría tan solo en una transferencia de rentas de los consumidores de tales productos a los trabajadores afectados.

En el segundo caso estaríamos en presencia de una economía totalmente abierta en la que se practica el libre cambio, pero el Gobierno tiene el control de la moneda. En estas circunstancias, el resultado puede ser más incierto. Pero, así y todo, sería posible la subida del salario mínimo sin afectar al empleo, siempre que se produjera una depreciación del tipo de cambio que permitiese la elevación de los precios en moneda nacional de los productos afectados por el salario mínimo, sin impacto en los precios de estos mismos artículos en moneda extranjera. El resultado sería el mismo que en el caso anterior, una transferencia de renta hacia los perceptores del SMI.

En el tercer escenario la economía está plenamente abierta y además el país no tiene moneda propia o su Gobierno no la controla. Es la situación en la que se encuentran todos los países de la Eurozona. En esta coyuntura, por poco que los productos y servicios afectados por el SMI estén sometidos a la competencia exterior, habrá muy pocas posibilidades de que el aumento de esta variable se pueda repercutir en el precio, lo que hace previsible que los empresarios prescindan de aquellos empleos que ya no les son rentables, tanto más si, como es el caso, son temporales o precarios, y cuyo despido sale muy barato, o al menos no contrataran nuevos trabajadores.

El análisis, como se ve, es complejo. Sin embargo, sí parece extraerse una conclusión: sin incremento de productividad, en unas coordenadas de libre comercio y en ausencia de moneda propia, la probabilidad de que un aumento del SMI no influya en los niveles de empleo se hace pequeña. Esto se debería tener muy en cuenta en todos los países miembros de la Unión Monetaria.

Es curioso lo que le ocurre a la izquierda española. Es como si hubiesen olvidado que la pertenencia a la Eurozona cambia radicalmente las posibilidades que tienen los gobiernos. Los que desde la izquierda criticamos en su día la creación de la Unión Monetaria lo hicimos porque éramos conscientes de que su constitución hacía muy difícil la aplicación de una política socialdemócrata. No está de más recordar la gran disparidad que el SMI presenta entre los diferentes países europeos. El de España, con un valor de 1.108 euros, se encuentra en el medio. Por encima se sitúan Luxemburgo (2.142), Irlanda (1.707), Países Bajos (1.654), Bélgica (1.594), Alemania y Francia (1.584). Es curioso que los dos Estados con el SMI más elevado sean paraísos fiscales. Por debajo de España están todos los demás miembros, con Eslovenia (941) y Malta (777) a la cabeza, pasando por Grecia (758) y Portugal (741), y el resto de países hasta finalizar la serie con Rumania (466), Letonia (430) y Bulgaria (312). En cierta forma, también se sitúan detrás Italia, Chipre, Suecia, Dinamarca y Finlandia, puesto que ninguno de ellos tiene SMI.

En un mercado único con libre circulación de capitales y en el que la mayoría de los países tienen la misma moneda una disparidad tan grande en los salarios tiene por fuerza que crear numerosas distorsiones. La diferencia salarial tiene menos importancia entre economías que tienen estructuras productivas dispares, mano de obra de distinta cualificación y tecnología diversa, pero puede crear complicaciones ingentes cuando esa desigualdad en las retribuciones de los trabajadores se da entre países con similares estructuras productivas y que, por lo tanto, entran en competencia.

Desde la crisis pasada la economía española arrastra una baja tasa de productividad. Un desproporcionado desequilibrio exterior (el déficit por cuenta de renta ascendía al 10% del PIB en 2007) estuvo en el origen de la recesión de España, que provocó un enorme nivel de desempleo. Al no poder ajustar el tipo de cambio, la salida de la recesión y la recuperación de la competitividad exterior, cerrando el déficit de la balanza de pagos, se basó en lo que se denomina “devaluación interna”, bajada de precios y salarios. Se creó, sí, una cantidad considerable de empleo, pero en gran medida empleo basura, de muy baja calidad y con salarios reducidos.

Por otra parte, desde 2016 el SMI en España ha subido un 45 %. En una economía sometida al libre comercio y sin moneda propia no cuesta mucho suponer que determinados sectores expuestos a la competencia internacional pueden tener problemas a la hora de asumir en cuatro años una subida de este tipo y terminen por prescindir de trabajadores cuya productividad no compensa el incremento salarial.

Un gobierno de izquierdas debería ser consciente de que nos encontramos en la Unión Europea y en la Eurozona y que ello crea múltiples condicionantes que impiden aplicar determinadas medidas, por muy progresistas que parezcan a priori. Tendrán que estudiar al menos cuál va a ser el resultado final, no sea que el remedio sea peor que la enfermedad. En el caso del SMI, no se puede olvidar la baja calidad del empleo actual en España. Ciertamente se puede cambiar la estructura productiva, pero eso es más fácil decirlo (de hecho, lo dice todo el mundo) que hacerlo, dado que la que tenemos es en gran parte la que nos han dejado en ese reparto de papeles que se ha ido produciendo poco a poco dentro de la Unión Europea, y que no va a ser sencillo invertir ni con fondos ni sin ellos.

La subida del SMI es sin duda una decisión muy tentadora para un gobierno que se predica de izquierdas. Es una medida aparentemente muy social y además no cuesta un solo euro al erario público. Pero cuando se juega en un escenario de total competencia exterior y con puestos de trabajo de muy baja productividad, resulta ineludible preguntarse cómo va a afectar al empleo, precisamente al de aquellos trabajadores que se dice querer proteger.

Es lícito que un gobierno juzgue que determinados empleos basura deben desaparecer, pero si no se crean otros de mayor cualificación, al menos tendrá que potenciarse y ampliarse el seguro de desempleo, no sea que la alternativa a un mal empleo sean las colas del hambre.

republica.com 1-7-2021

Un viejo proverbio oriental afirma que cuando el sabio señala la luna, el necio mira el dedo. Pero hay veces que el necio no lo es tanto como parece. La pretensión de algunos de que todos miremos al dedo tiene una finalidad muy clara, que nadie repare en la luna. Es lo que ha ocurrido con la manida foto de Colón. Sucedió la vez pasada, cuando el Gobierno procuró por todos los medios que los ciudadanos se fijasen en el dedo, en quiénes eran los que acudían a la manifestación, en lugar de escrutar la luna, es decir, por qué se hacía. No querían que se detuviesen en contemplar cómo Sánchez, con tal de mantenerse en el poder, era capaz de aceptar un relator (un intermediario internacional) en la mesa de negociación entre el Gobierno español y el de la Generalitat como si fuesen representantes de Estados soberanos.

En esta ocasión han querido volver a la foto del Colón, a fijarse en los manifestantes, en si iban o no por separado o si la presidenta de la Comunidad de Madrid decía esto o aquello, cualquier cosa con tal de que el personal reparase lo menos posible en el objeto de la manifestación. En este caso, la luna se identificaba con los indultos, e incluso con lo que subyace a ellos. La gravedad de los indultos radica en que para argumentarlos los revisten en forma de amnistía, como justificación, incluso como rehabilitación de los golpistas. Lo más peligroso es que para intentar explicarlos se asume el discurso de los sediciosos, discurso que no ha cambiado lo más mínimo, por mucho que nos hayan querido vender que en cierto modo la carta de Oriol Junqueras constituía una variación en sus posiciones.

Quien haya leído la misiva se dará cuenta de que no hay tal rectificación. Además, la reiteración queda confirmada y ratificada no solo por la facción de Puigdemont o por la CUP, sino por la propia Esquerra Republicana. El discurso no ha variado ni un ápice. Ocurre, tan solo, que los golpistas han aprendido de los errores pasados y piensan que la situación no está madura para conseguir la independencia por la fuerza. De momento, les conviene más la negociación, pero, si esta fracasa y las circunstancias cambian, no dudarán en repetir la jugada.

Los secesionistas piensan que con seguridad la mesa de negociación no servirá a corto plazo para conseguir la ansiada independencia, pero sí les dotará de más medios para intentarlo de nuevo más adelante. Además, en tanto en cuanto el Gobierno legitime su discurso, su posición en el extranjero mejorará y les será más fácil dar el salto en el futuro. ¿Cómo van a condenarles en el exterior si el gobierno de España les absuelve? ¿Quién va a defender las sentencias ante la justicia europea? ¿La abogacía del estado?

Recordar ahora las palabras de Borrell, cuando era ministro de Pedro Sánchez, y se quejaba de que los gobiernos de Rajoy no habían sabido combatir adecuadamente el discurso de los golpistas en el extranjero, y se comprometía a que los gobiernos de Sánchez se dedicarían con ahínco a esta tarea, no puede por menos que causar hilaridad. Borrell, al margen de cuáles fuesen sus intenciones, tendría que haber inferido que un gobierno que debía el poder a los golpistas sería incapaz de refutar sus prédicas. Después de tres años, se puede comprobar que no solo es que no las haya rebatido, sino que ha terminado asumiendo sus mismos planteamientos.

Los indultos van acompañados de un relato que se fundamenta en buena medida en las falacias que usan los secesionistas. Da por hecho que las condenas obedecen a la venganza y a la represión. Supone que los sentenciados, lejos de ser culpables de delitos muy graves, son presos políticos. Proclama que todos somos culpables en el conflicto. La asimilación de las patrañas es tan profunda que se expresa a menudo de forma inconsciente. Así, Carmen Calvo manifestó que se trata de superar el enfrentamiento entre España y Cataluña, dando por hecho que los soberanistas se identifican con Cataluña y que Cataluña constituye algo ajeno a España.

Ione Belarra, para defender la vuelta de los prófugos, ha retornado a esa falacia tan repetida por los independentistas y aceptada por Sánchez de que no hay que judicializar la política. Habrá que preguntarse qué se pensaría si alguien defendiese que no hay que judicializar la fiscalidad y por lo tanto que a los defraudadores no se les deberían aplicar la ley y las sanciones, sino que la Agencia Tributaria tendría que dedicarse a dialogar y negociar con los infractores. Y ahora que los sindicatos y empresarios están tan identificados con el Gobierno y demandan los indultos de los golpistas, me pregunto cómo se pondrían si a alguien se le ocurriese afirmar que no hay que judicializar la actividad laboral y reclamasen que se eliminara la jurisdicción de trabajo y el derecho laboral para reducir todo al diálogo y a la negociación.

Y, por último, sería interesante ver la reacción de Ione Belarra si a alguien se le ocurriese plantear que hay que desjudicializar las relaciones de pareja y la violencia de género, para reducirlas a un problema doméstico y que, dado que los métodos penales y de represión no funcionan, hay que sustituirlos por la concordia y el diálogo. Nada de aconsejar a las mujeres que denuncien al agresor, sino todo lo contrario, que se sienten a negociar con él.

En el relato de los sanchistas, con el que se pretende adornar los indultos, ocupa un lugar preeminente la atribución que hacen al Gobierno de Rajoy de los dos intentos de referéndum, de la declaración unilateral de independencia y de la aprobación por el Parlament de las leyes de desconexión, claramente golpistas. Se podría pensar que esto es tan solo una argucia de Sánchez para atacar al PP; sin embargo, conlleva un contenido mucho más profundo y peligroso. Lo que se encuentra implícito es una falsificación del golpe y de la sedición. En esta versión los sediciosos no se dirigían contra el Estado, sino contra un gobierno de derechas y fascista. Por eso Sánchez no se siente implicado.

Pero la verdad es que el golpe fue contra el Estado y contra todas sus instituciones, y fueron también sus tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, los que reaccionaron y derrotaron a los golpistas. Bien es cierto que Sánchez, arrastrado por el PSC, no se sintió muy implicado en el tema, aceptando el 155 de manera tardía, a regañadientes e introduciendo muchas limitaciones. Si su implantación dejó mucho que desear se debió a Sánchez y a los condicionantes que introdujo en el proceso.

Por otra parte, si en los últimos años los independentistas no han repetido los desafueros de 2017, no ha sido ni mucho menos mérito de Sánchez. Todo lo contrario. Lo que les impide repetir la hazaña es la experiencia de su fracaso y sobre todo el miedo a tener que enfrentarse de nuevo con la justicia. No obstante es ahora, con los indultos, cuando piensan que ganan frente al Estado y que este muestra sus debilidades. Lo único que está haciendo Sánchez desde que ha llegado al gobierno gracias a los golpistas es jugar en campo contrario. Así se produce la extraña paradoja de que mientras el independentismo denigra y mantiene el boicot al jefe del Estado, se encama con el presidente del Gobierno.

republca.com 24-6-2021