El 23 de mayo pasado el diario El País recogía en un reportaje lo que denominaba inquietud de los cuerpos superiores de la Administración por la reforma del acceso a la función pública que, según ha sugerido en varias ocasiones el ministro de Política Territorial, está estudiando el Gobierno. No es la primera vez que desde el Ejecutivo se cuestiona el sistema de oposiciones y que, utilizando el pretexto de la modernidad, han planteado modificar el acceso a la función pública.
Jordi Sevilla, siendo ministro de Administraciones Públicas en el Gobierno de Zapatero, propuso sustituir el sistema de oposiciones por otros mecanismos, según él, más modernos, pero sin duda mucho más discrecionales, en los que las garantías de neutralidad y objetividad son menores. Menos mal que esta ocurrencia, como otras muchas ideas geniales del ministro, quedó en mero proyecto. En múltiples ocasiones se ha señalado cómo las oposiciones han constituido un instrumento sustancial a la hora de asegurar la profesionalidad e independencia de los empleados públicos (ver mi artículo publicado en este medio el 13 de febrero de 2020 y titulado “El acceso a la judicatura y a la función pública”).
Allí ya señalaba cómo un renombrado administrativista escribió que las oposiciones fueron la única institución democrática que permaneció durante la época franquista. Incluso en todos estos años de democracia la Administración se ha convertido en un muro que ha contenido a menudo las veleidades autocráticas de los gobiernos. Es por eso por lo que los poderes públicos han pretendido siempre instrumentarla y moldearla según sus conveniencias, siendo las oposiciones, y la seguridad en el empleo que conlleva, una de las principales condiciones para que resista.
Me atrevería a decir que esa inquietud que se señala en los cuerpos superiores de la Administración debería extenderse a toda la función pública e incluso a todos los ciudadanos, ya que la neutralidad e independencia de la Administración es un bien inestimable en una sociedad democrática. El desasosiego es lógico si tenemos en cuenta los antecedentes de este Gobierno. Ha multiplicado el número de asesores ajenos a la función pública. Ha empleado como norma la excepcionalidad de nombrar directores generales no funcionarios. No ha tenido ningún reparo en confundir la libre designación con la libre remoción, cesando a los abogados del Estado que no se plegaron a sus enjuagues. Ha llenado las empresas públicas de políticos y paniaguados sin ninguna preparación, relegando a los empleados públicos. Pretende potenciar las agencias públicas que pueden contratar personal de forma discrecional. Ha nombrado como fiscal del Estado a una ministra, pero no a una ministra cualquiera, sino a una de las más sectarias, con la finalidad de mediatizar lo más posible el Ministerio Fiscal.
No es pasarse de susceptible, por tanto, suponer cuál va a ser la finalidad de la reforma, en la que muy probablemente se flexibilizarán los procedimientos objetivos para potenciar los discrecionales, que permitirán al órgano seleccionador separarse de los criterios de mérito y capacidad y atender a otros más partidistas o doctrinarios.
La zozobra se intensifica al considerar quién es el titular del Ministerio de Política Territorial y Función Pública y cuáles son sus orígenes y sus méritos. Los políticos, que en su mayoría no son funcionarios, a menudo mantienen frente a la función pública un sentimiento de celos o de envidia, que se traduce además en desconfianza y prevención como ante todo lo que se desconoce.
Sin duda, son aquellos cuya profesión ha sido únicamente la política y que desde muy jóvenes se han dedicado exclusivamente a la militancia los que se muestran más reticentes y con cierto desprecio ante la Administración. Se podría decir de ellos lo que se aplicaba hace bastantes años a las mujeres que no se habían incorporado al mercado laboral: de profesión, sus labores. Se entiende entonces que el señor Iceta no sea el más indicado para acometer la reforma de la función pública. No solo es que no sea funcionario, sino que no posee una mala licenciatura, ya que abandonó enseguida los estudios universitarios e ingresó en las juventudes socialistas a los 17 años.
Hay otra característica de Iceta que le inhabilita aún más para acometer esta operación. Proviene del PSC. No es ningún secreto que tradicionalmente la profesión de empleado público no se encontraba entre las preferencias de los ciudadanos catalanes. Sus predilecciones se orientaban más bien al sector privado; tan solo una vez establecida la Autonomía, la sociedad catalana ha ido viendo con mejores ojos la función pública.
Es verdad, sin embargo, que casi todas las administraciones autonómicas, especialmente aquellas como Cataluña cuyo gobierno ha estado en manos del mismo partido, no se han formado con la exigida neutralidad, y el acceso a la función pública deja mucho que desear desde la óptica de la objetividad y la igualdad de oportunidades. Particularmente, el nacionalismo se ha esforzado por configurar la administración catalana como una prolongación del propio soberanismo, y el PSC, tras tantos años de coqueteo con los independentistas, ha tenido por fuerza que contagiarse de esta concepción de la función pública. Es lógico, por tanto, que la presencia de Iceta al frente de la reforma de la Administración, en especial del sistema de reclutamiento de los empleados públicos, cree todo tipo de alarmas.
Los que denostan el sistema de oposiciones basan su crítica principalmente en su carácter memorístico. Hay una concepción cada vez más extendida que menosprecia la memoria y le concede un puesto secundario dentro de las facultades humanas. No obstante, por poco que se profundice, hay que reconocer que su funcionamiento es esencial en la actividad intelectual. Es más, sin ella no existe nada, ni raciocinios, ni pensamientos, ni siquiera conciencia del propio yo. La persona solo es tal cuando es capaz de unir el presente con el pasado y predicar las distintas vivencias del mismo sujeto. El que haya sufrido la desgracia de tener un familiar con Alzheimer sabe cómo la conciencia y la persona van deteriorándose al mismo ritmo que la memoria.
La memoria, qué duda cabe, es un factor fundamental en el aprendizaje y, por lo tanto, debe serlo también en las oposiciones. No obstante, la memoria se puede utilizar de dos maneras distintas. Ha sido el psicólogo David Paul Ausubel quien ha distinguido entre aprendizaje significativo y aprendizaje memorístico. El primero se efectúa cuando las nuevas ideas se relacionan y se sistematizan con las antiguas. Los contenidos recién aprendidos adquieren su significado a la luz de los conocimientos que se poseen con anterioridad, de manera que tanto los viejos como los nuevos se entrelazan y se modifican mutuamente. Existe una elaboración.
Totalmente distinto es el aprendizaje memorístico o repetitivo en el que las nuevas ideas se archivan en la memoria de modo mecánico sin elaboración alguna y sin relación con los conocimientos previos.Se basa en retener mentalmente datos sin procesarlos detenidamente. La mayoría de las veces no son comprendidos y tampoco se intenta analizar su significado. La información se repite las veces necesarias hasta que se recuerda. Normalmente se trata de un conocimiento a muy corto plazo, al no estar relacionado con ninguno otro contenido.
La casi totalidad de los ejercicios de las oposiciones se basan en un aprendizaje significativo, bien sea mediante la resolución de problemas prácticos o por la realización de pruebas escritas sobre diferentes temarios. No obstante, es verdad que han ido imponiéndose los ejercicios orales en los que se aplica el mero aprendizaje memorístico. Sin saber por qué, puesto que los programas oficiales no lo dicen, los preparadores y los tribunales someten a los opositores a ejercicios orales inhumanos, inhumanos porque están lejos de la elaboración intelectual propia de los seres racionales, en los que deben recitar los temas como papagayos, a la máxima velocidad posible y como si fuese el padre nuestro o la lista de los reyes godos, sin entender muy bien lo que se recita. Tan es así que no se habla de exponer un tema sino de cantarlo, porque realmente es eso lo que se hace, cantar.
Ciertamente este tipo de ejercicio constituye una proporción muy reducida de la totalidad de las pruebas de cada una de las oposiciones. Citaré a título de ejemplo las oposiciones a interventores y auditores del Estado, que son las que más conozco. El proceso selectivo consta de seis ejercicios. Cinco de ellos sin duda corresponden a lo que hemos llamado aprendizaje significativo, dos de contabilidad superior y matemática financiera, otros dos escritos sobre distintos temas y uno de idioma; pero el sexto, que es oral, se ha convertido en una prueba irracional que lo único que evalúa es quién es el que puede “cantar” cuatro temas de quince minutos cada uno, a la mayor velocidad posible, para introducir en ellos toda la cantidad factible de materia. Es evidente que esta forma de recitar (cantar) los temas no permite juzgar la comprensión de los conocimientos ni la claridad en la exposición ni la capacidad de expresión oral, que es lo que paradójicamente dispone la convocatoria de la oposición para este sexto ejercicio. Pero una cosa es el BOE y otra la práctica impuesta por preparadores y tribunales.
Resulta bastante indudable que esta manera de entender el ejercicio oral resulta irracional para toda persona con un mínimo de sentido común y proporciona munición y argumentos a los que reniegan de las oposiciones y pretenden cambiarlas. Aunque haga referencia a una porción reducida de sus pruebas, los detractores se las ingenian para extrapolarla a la totalidad y poner así en cuestión el sistema de oposición en su conjunto como algo obsoleto.
La preocupación de los cuerpos superiores es lógica, pero harían bien, además de intranquilizarse, en promover el cambio de aquellos elementos que son irracionales, porque si ellos no acometen las reformas de todo aquello que es lógico modificar, el Gobierno se sentirá justificado para aprobar su reforma y la eliminación de las oposiciones.
republica 11-6-2021.
