ARTICULOS DEL 10/1/2016 AL 29/3/2023 CONTRAPUNTO

Bla, bla, bla. Es increíble la palabrería que rodea el tema de los indultos. Todo ello para justificar lo injustificable. El caso es que algunos se lo creen o fingen creérselo. La doblez y la hipocresía llega a extremos inauditos. El ministro de Justicia afirma que hay que ver los indultos con naturalidad. Puede que tenga razón, pero verlos con naturalidad es mirar lo que hay debajo de toda esa charlatanería de frases grandilocuentes y egregios cometidos.

Si prescindimos una vez más de la representación y de toda la farfolla creada para ocultar la verdadera realidad, lo que encontramos es algo muy simple, pero al mismo tiempo bastante grave: el cohecho más insólito cometido por un gobierno. ¿No hablaríamos de cohecho frente a un funcionario que recibiese un notable patrimonio, por ejemplo, un chalet o algo similar, de una empresa a la que hubiera concedido una importante adjudicación o concesión administrativa?

Lo que hace distinto este indulto de cualquiera que se haya otorgado anteriormente es que en ningún otro caso quien lo concedía debía el gobierno y el mantenerse en el poder a aquellos a quienes indultaba. No cabe comparación posible. Malamente Sánchez puede recurrir al hecho de que Felipe González indultase al general Armada, ya que este no había nombrado presidente del gobierno a González. Y lo mismo cabe decir de Aznar y Barrionuevo. La afirmación de Pedro Sánchez de que actuaría igual si tuviese 300 diputados no resulta demasiado creíble, teniendo en cuenta que defendía todo lo contrario cuando no era presidente de gobierno. Por otra parte, su aseveración actual resulta un brindis al sol de igual manera que si el funcionario del ejemplo anterior nos asegurase que la adjudicación se habría producido igual si no le hubiesen regalado el chalet.

El hecho de que Pedro Sánchez deba el gobierno a los golpistas es lo que contamina todo en esta ocasión y, tal como afirma el informe del Tribunal Supremo, convierte la medida de gracia en una especie de autoindulto, prohibido por el artículo 103 de la Constitución. Quien concede la medida de gracia no solo es el Gobierno, sino quien está detrás y mueve y fuerza al Gobierno. En este contexto, todo otro argumento deviene sospechoso y constituye un subterfugio.

Entre las múltiples excusas y pretextos que conforman esa enorme hojarasca con la que se pretende ocultar la verdadera razón, hay un alegato especialmente peligroso y es el empleado por Sánchez en Bruselas, contraponiendo el entendimiento y la concordia, valores que él dice seguir, y que designó como valores constitucionales, con los que afirma que no lo son como la revancha y la venganza que, lógicamente, atribuye a los tribunales y a todos los que se oponen al indulto. Formulación parecida realizó al día siguiente en el Parlamento, alegando que hay tiempo para el castigo y tiempo para la concordia, y cierta similitud se encuentra en las declaraciones del portavoz de En Comú Podem, al proclamar que ha terminado el tiempo de la justicia y comienza el de la política. Qué manía tienen estos muchachos de separar la justicia y la ley de la política.

La gravedad de este planteamiento radica en que Sánchez, de alguna manera, asume el discurso de los independentistas que consideran a los encarcelados presos políticos y las penas y hasta la misma sentencia, fruto de la venganza y de la revancha. La argumentación del nacionalismo, participada por Podemos y ahora parece que por el propio sanchismo, es que el indulto (mejor la amnistía) es el último mecanismo que repara los derechos humanos violados. El Gobierno, mediante la medida de gracia, corrige los desafueros de la justicia (revancha y venganza).

Que el Ejecutivo dé cobertura a estas ideas tiene muy graves repercusiones en el exterior, legitima frente al extranjero el mensaje del nacionalismo. ¿Cómo van a creer los organismos internacionales y las instituciones de otros países que los independentistas catalanes son unos delincuentes si no lo cree el propio gobierno?

En ese blablablá con el que se pretenden justificar los indultos se encuentra también la teoría del diálogo, la concordia y la pacificación, que choca frontalmente con la postura de los golpistas que no solo no se arrepienten de nada, sino que proclaman con toda desfachatez que van a volver a repetir el golpe. Incluso alguno en el culmen de la chulería ha llegado a pregonar que se metan los indultos por donde les quepa.

Hay algunos periodistas que, puestos a especular, se han aventurado a ser exegetas e interpretar en clave buenista las intenciones de Sánchez; y especulan acerca de que el objetivo del presidente del Gobierno es ser el pacificador de Cataluña, al igual que Zapatero lo fue del País Vasco. A pesar de ser una versión interesada, es totalmente ilusoria y fantasiosa. Zapatero no fue pacificador de nada. Más bien inició el incendio en Cataluña con la aprobación de un estatuto inconstitucional, y no realizó un desaguisado en el País Vasco porque ETA rompió la negociación con el atentado del aeropuerto de Barajas. Si el terrorismo fue derrotado no se debió a ningún diálogo establecido con Zapatero, sino al haber perdido la batalla, gracias a la política antiterrorista y a los policías y a los jueces.

Sánchez no es tan ingenuo como para pensar que por la vía del diálogo se puede llegar a lo que llama “la pacificación de Cataluña”. El soberanismo catalán da pruebas todos los días de que la única pacificación que busca es la independencia y que no cejará hasta conseguirla. Por otra parte, es que quizás a Pedro Sánchez no le importe demasiado la reconciliación en Cataluña. No persigue tanto el futuro, perpetuarse en la historia, como el presente: mantenerse en el poder y en el gobierno.

Entre los que tras una apariencia de bienintencionados buscan justificar al Gobierno se encuentran aquellos que aseveran a diario que el otro camino ya se ha seguido y que ahora habrá que intentar el del diálogo. Nada menos cierto, porque el único sendero recorrido desde la Transición ha sido el de las cesiones en las que ha terminado siempre toda negociación. Concesiones que solo han servido de plataforma para realizar nuevas reivindicaciones.

La historia es muy distinta de cómo la cuenta Sánchez. La ruptura constitucional del golpismo, el referéndum del primero de octubre y la declaración unilateral de independencia no eran contra Rajoy y contra el PP, sino contra el Estado. Y si después no se ha repetido el golpe no ha sido gracias a los diálogos de Sanchez y sus mesas de negociaciones, que lo único que han generado han sido nuevas cesiones y dar más alas a los golpistas, sino a la acción de la justicia y al miedo al castigo que ahora se quiere eliminar. Eso es lo único que, al margen de bravuconadas, mantiene relativamente parado al secesionismo.

La actuación del sanchismo a rebufo del PSC sirvió únicamente de rémora. Participó en la aprobación del artículo 155, pero a remolque, con reticencias y poniendo toda clase de limitaciones. Cuando, basado en ello, Sánchez tiene la osadía de reclamar el apoyo del PP a los indultos, habría que contestarle que, hasta donde sabemos, el Ejecutivo de Rajoy no dependía de los soberanistas catalanes. En todo caso, si la implantación del 155 tuvo algún impacto fue el de facilitar la moción de censura que les costó el gobierno a los populares.

Por último, en la descripción del ruido que rodea el tema de los indultos habrá que incluir a ese periodista que para justificarlos va de tertulia en tertulia afirmando “Que algo habrá que hacer”. Hacer por hacer… por qué no jugar a los bolos o al pinacle. El activismo sinsentido, aparte de ser ilógico, puede acarrear resultados muy negativos. Hay soluciones que empeoran el problema.

Pero dejémonos de zarandajas y de monsergas. Como decíamos al principio del artículo, solo hay una motivación que explique los indultos, mantener en el poder a Pedro Sánchez. Lo que resulta irónico es que el PSOE pretenda proclamarse el único partido que tiene sentido de Estado, cuando está dispuesto a permitir que el Estado se trocee con tal de permanecer en el gobierno.

republica.com 4-6-2021

Todos los gobiernos han usado y abusado del decreto-ley. A pesar de ello, el Tribunal Constitucional ha venido utilizando manga ancha, de manera que ha dejado siempre en manos del poder ejecutivo el determinar si se da la extraordinaria y urgente necesidad que establece la Constitución. Muy burdo ha tenido que ser el comportamiento del actual Gobierno para que el alto tribunal se haya visto obligado a intervenir. Y es que no ha habido ningún otro ejecutivo que haya empleado con tanto descaro y profusión la figura del decreto-ley a la hora de legislar.

La razón habrá que buscarla, primero, en que Sánchez es el presidente de gobierno cuyo grupo parlamentario (el propio, el de su partido) es el más reducido de toda la historia democrática. Y segundo, en que Pedro Sánchez ha demostrado suficientemente que carece de escrúpulos, y que está dispuesto a saltarse cualquier obstáculo que se oponga a sus intereses.

El hecho de que el Tribunal Constitucional haya declarado inconstitucional algunas de las previsiones introducidas en los decretos-leyes por los que se establecía el estado de alarma tira por tierra el argumento del Gobierno acerca de la deslealtad de la oposición al no haber apoyado su aprobación. Aparece con claridad que el Gobierno no ha querido pactar y ha preferido tener las manos libres para introducir en los decretos-leyes todo aquello que le interesaba.

Resulta disparatado calificar de extraordinaria y urgente necesidad el cambio de la ubicación administrativa de los servicios destinados a gestionar las pensiones de los empleados públicos, trasladándolos del Ministerio de Hacienda al nuevo de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La única necesidad que se vislumbraba era la de dar satisfacción al capricho de un ministro deseoso de atribuciones y competencias, competencias que, por otra parte, no sabe muy bien después qué hacer con ellas, como lo demuestran los continuos fracasos en su gestión.

Es posible que hayan sido muchos los funcionarios que hayan recibido con cierto alivio la sentencia del Tribunal Constitucional, no porque en principio sus pensiones tengan un trato de favor con respecto al resto, sino porque los servicios de clases pasivas vienen funcionando sin problemas y con normalidad en el Ministerio de Hacienda, y la experiencia enseña que nunca se sabe lo que puede pasar con el actual titular del Ministerio de Seguridad Social.

Por el contrario, me imagino que muchos pensionistas y futuros jubilados estarán poseídos de cierta intranquilidad puesto que parece que la reforma de las pensiones va a depender del ministro Escrivá. Después del desastre cometido con el ingreso mínimo vital, surgen los peores augurios acerca de lo que vaya a suceder con las prestaciones de jubilación. El primer error cometido en lo que parece ser el proyecto del Ministerio es que continúa considerando a la Seguridad Social como algo ajeno al Estado y hace depender su viabilidad, por tanto, de las cotizaciones sociales, con lo que queda condicionada a los problemas demográficos, a los cambios en el empleo e incluso a las decisiones del gobierno acerca de beneficios fiscales a los empresarios.

El señor Escrivá permanece preso de la separación de fuentes y ha llegado a manifestar en alguna entrevista radiofónica que las pensiones no necesitan de los impuestos para financiarse. Debe ignorar que las cotizaciones sociales constituyen ya una figura contributiva y así se considera en todos los documentos de los organismos internaciones que las sitúan dentro de la presión fiscal como un impuesto más. El señor ministro, arrastrado quizás por el triunfalismo que caracteriza a todo el gobierno sanchista, mantiene que el sistema público de pensiones puede financiarse exclusivamente con cotizaciones sociales. Bien es verdad que lo condiciona a las reformas que proyecta y que se reducen de manera principal a eliminar el desfase que existe entre la edad de jubilación legal y la real. Toda su estrategia de cara a la viabilidad del sistema parece limitarse a retrasar la edad de jubilación.

Este planteamiento prueba que una vez más se contempla la Seguridad Social como algo distinto al Estado, y por eso no se tienen en cuenta los efectos que tales medidas tienen sobre el empleo. El ministro independiente aprecia exclusivamente la posible disminución del gasto en pensiones, sin considerar el incremento que se puede ocasionar en la cuantía del seguro de desempleo o en otros tipos de ayudas y subsidios, a no ser que estemos dispuestos a condenar a los parados a la miseria y a la indigencia.

Cuando se habla de cerrar la brecha que existe entre la fecha legal de jubilación y la real no se debe olvidar que su principal causa se encuentra en los expedientes de regulación de empleo, en  los que se utiliza la jubilación anticipada como un instrumento más destinado a facilitar el acuerdo y el despido de los trabajadores.

Retrasar la edad de jubilación podría tener sentido si estuviésemos en una economía de pleno empleo y no en una sociedad que tiene la mayor tasa de paro de Europa, sin que parezca que ello vaya a cambiar en los próximos años por mucho que el problema se haga desaparecer en ese cuento de Alicia en el país de las maravillas que nos ha presentado el presidente del Gobierno y al que ha titulado Plan 2050.

El ministro independiente, con bastante descaro y en contra del sentido común, asevera que retrasar la edad de jubilación no va a influir en las cifras de paro. Atestigua que todos los estudios lo garantizan. Habrá que preguntar qué estudios utiliza. Deben ser los mismos que empleó para configurar con tanto éxito el ingreso mínimo vital, porque la mínima lógica nos dice que los puestos laborales ocupados por aquellos trabajadores que retrasan su jubilación no pueden ser ocupados al mismo tiempo por aquellos que aspiran a incorporarse al mercado laboral.

Escrivá recurre a unos teóricos estudios, y la ministra de Hacienda, para acometer la reforma fiscal, a los expertos, convenientemente elegidos. Hoy todo el mundo puede ser experto, porque cualquiera puede ser profesor universitario de las innumerables universidades que han ido surgiendo por todo el país. Hasta Pedro Sánchez lo fue con tesis doctoral y todo. Eso sí, regalada y copiada. Y ahora incluso a su señora, Begoña Gómez, la han hecho directora de la Cátedra Extraordinaria para la Transformación Social Competitiva de la UCM. Y tan extraordinaria. Dentro de poco la veremos cómo experta.

También el presidente del Gobierno ha recurrido a los expertos. Eso sí, en mayor cantidad (100), que para eso es el jefe. Le han escrito una carta a los Reyes Magos para 2050, una arcadia feliz donde todo es posible y en la que unas medidas no se oponen a otras. El papel es muy sufrido, lo aguanta todo. Sin embargo, no han debido abundar en la confección del Plan los expertos en Economía porque han prescindido del principio básico que da lugar a la ciencia económica: “Los medios son escasos”. En el Plan no existen las limitaciones. Tan es así que hasta se llega a prometer una herencia pública universal para que los jóvenes puedan comprar una vivienda o montar su propio negocio. Bien es verdad que eso es para el año 2050 y, como decía Keynes, a largo plazo todos muertos. Lo único cierto es que la herencia que recibirán los españoles en 2022 es la de una deuda equivalente al 130% del PIB, unos 30.000 euros per cápita.

republica 28-5-2021

Algunos comenzamos a utilizar la expresión “armonización fiscal” hace muchos años, allá por 1989, coincidiendo con la aplicación del Acta Única en la Unión Europea. Hasta entonces, el Mercado Común era eso, un mercado, un espacio de intercambio de productos y servicios, una unión aduanera. La aprobación del Acta Única significó un salto trascendental. Entre otras cosas, se aprobó la posibilidad de que los factores de producción (la mano de obra y el capital) se moviesen entre todos los países sin ningún obstáculo.

Europa comenzaba a ser un pato cojo. Iniciaba un proceso de asimetría que se acentuaría con la Unión Monetaria. Mediante el Acta Única se aprobaba la libre circulación de capitales, pero se mantenía la fiscalidad intocable en manos de los Estados nacionales. La trampa era evidente. Con tal medida el capital puede huir de los Estados con mayor carga fiscal dirigiéndose a aquellos con sistemas tributarios más permisivos. Los países entran en una especie de competición para ver quién baja más los impuestos, y no solo evitar así la fuga de capitales, sino también lograr atraerlos. Los sistemas fiscales de todas las naciones van transformándose poco a poco y perdiendo progresividad. Los impuestos directos han ido reduciéndose a favor de los indirectos. Incluso se han permitido paraísos fiscales dentro de la Unión.

Ya desde el mismo año de 1989 hemos sido muchos los que hemos reclamado una armonización fiscal entre los países miembros como el complemento necesario a la libre circulación de capitales. Sin embargo, poco se ha avanzado en esta materia. En Europa, todo acuerdo en temas fiscales debe adoptarse por unanimidad, lo que hace casi imposible cualquier paso adelante. Quizá la armonización solo se ha producido -en muy pequeña medida y solo parcialmente- en el impuesto sobre el valor añadido (IVA), lo que indica muy claramente cuál es la única preocupación de la Unión Europea, el mantenimiento de la libre competencia y el correcto funcionamiento de los mercados.

En España se ha producido cierta paradoja. Al tiempo que se criticaba en la Unión Europea la divergencia fiscal entre los países, se desmembraba el sistema impositivo español transfiriendo competencias a las Autonomías. El primer paso en esa dirección fue el reconocimiento en la Constitución del sistema de concierto del País Vasco y de Navarra, sistema económico más propio de la Edad Media que de la época actual y que incluso ha sido denunciado por Bruselas por ser un régimen que origina una competencia desleal, lo cual no deja de ser irónico tratándose de la Unión Europea, espacio en el que domina el dumping fiscal y subsisten paraísos fiscales como Irlanda o Luxemburgo.

Posteriormente fueron las sucesivas cesiones de capacidad normativa a las Autonomías del régimen común. Era un requerimiento constante de los nacionalistas, especialmente de los catalanes, pero no solo de ellos. El nacionalismo ha terminado por contagiar a todos los políticos de ámbito regional, sean del partido que sean. Lo peor es que esa cesión afecta a los principales impuestos directos: renta, patrimonio y sucesiones (y sociedades en el País Vasco y Navarra), estableciendo una competencia desleal entre las regiones. La situación actual es que la carga fiscal no es igual en las distintas Autonomías. No todos los españoles pagan los mismos impuestos. Y el mapa fiscal de España resulta de lo más heterogéneo, no solo en los tipos sino también en las deducciones. Cada Autonomía ha decidido primar las cosas más variopintas, a través de la concesión de beneficios fiscales.

Si la diversidad de gravámenes y el consecuente dumping fiscal tienen efectos perniciosos cuando se realiza entre países, tanto más cuando se da entre Comunidades Autónomas. No deja de ser irónico que primero hayamos fragmentado el sistema fiscal español y hablemos ahora de abordar la armonización. No sería necesario armonizar nada si los impuestos continuasen siendo estatales. Con todo, lo más paradójico es que sean los nacionalistas catalanes los que exijan la armonización. Uno no sale de su asombro cuando escucha a Rufián quejarse de que en la Comunidad de Madrid se paguen menos impuestos que en Cataluña y que pida al Estado central que establezca una tributación mínima en los tributos que gestionan la Comunidades, es decir, que retroceda en la autonomía fiscal tan querida y reclamada por los nacionalistas catalanes. El mundo al revés.

Nadie puede dudar de que quienes llevamos más de treinta años reclamando la armonización fiscal en Europa y denunciando la contradicción que significa su ausencia en una economía donde existe la libre circulación de capitales por fuerza tenemos que defender la armonización fiscal en España. Más aún, para ser coherentes debemos estar en contra de la parcelación que se ha hecho del sistema fiscal español y abogar por que se retire la capacidad normativa a las Autonomías. Y con mayor razón tendremos que criticar lo que constituye la amputación mayor del sistema, el régimen del concierto vasco y navarro.

No tienen razón los que para justificar la bajada de impuestos repiten sin cesar que aquellas Comunidades con menor presión fiscal recaudan al final más. Puede ser que en algunos casos sea así, pero ello es tan solo porque roban un trozo de la tarta al vecino. Una Autonomía que reduzca, por ejemplo, el gravamen del impuesto de patrimonio puede atraer contribuyentes de otras Comunidades e incrementar por tanto la recaudación por IRPF, de tal manera que compense con creces los ingresos perdidos con la disminución en el impuesto de patrimonio. Pero se habrá dañado la progresividad del sistema fiscal y la recaudación global será menor.

En principio, no habría nada que objetar al hecho de que un gobierno central se decida a armonizar la fiscalidad de las Autonomías. Es más, parecería lógico que una de sus funciones principales fuese la de armonizar no solo la fiscalidad sino otras muchas materias, como la educación, la sanidad o incluso los sueldos de los funcionarios y altos cargos que ejercen tareas idénticas o similares en las distintas Comunidades Autónomas. Sin embargo, hay algo que no cuadra: que sea precisamente el sanchismo el que lo plantee, un gobierno que se apoya y subsiste gracias a los nacionalismos y regionalismos de todo tipo y que no suele dar un paso que pueda incomodar a los nacionalistas.

La explicación puede ser que en este caso el nacionalismo, al menos el catalán, se haya puesto al frente de la manifestación, lo cual -tal como hemos dicho- sería totalmente contradictorio, si no vislumbrásemos que detrás hay segundas, terceras y cuartas intenciones. Porque, ¿qué armonización se exige? No ciertamente  la de asimilar los regímenes forales a los de régimen común, donde sin duda se da la máxima injusticia y desigualdad, sino que el único objetivo que parece perseguirse es atacar a Madrid, (que el nacionalismo identifica al resto de España), aunque para ello deba renegar y abdicar de sus exigencias anteriores.

La armonización fiscal entre Comunidades es un objetivo loable. Pero se contamina cuando se proyecta únicamente como una parte más de la ofensiva contra la Comunidad de Madrid, y contra los madrileños, lo que, según parece, se está convirtiendo en el deporte preferido de este Gobierno. Planteada así, obstaculiza el acuerdo y el consenso entre Comunidades, y hace más difícil su aceptación por los ciudadanos.

republica.com 21-5-21