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ARTÍCULOS RECIENTES CONTRAPUNTO

LAS AGENCIAS ESTATALES Y LA CORRUPCIÓN

CORRUPCIÓN, HACIENDA PÚBLICA Posted on Dom, marzo 28, 2021 22:14:15

El pasado día cuatro dedicaba mi artículo semanal a hablar sobre la corrupción, distinguiendo lo que designaba como ex ante y ex post, y mostraba mi preocupación por el hecho de que los políticos habían convertido los casos de corrupción -en ocasiones ciertos, en otros, supuestos- en armas políticas. En realidad, da la sensación de que la corrupción en sí misma importa poco, por eso ningún partido se preocupa de potenciar y defender normas, medidas o procedimientos para evitarla; cuando no actúan de forma contraria, promoviendo cambios en la legislación para librar a la gestión pública de todo lo que consideran ataduras.

Durante las semanas pasadas se han producido algunos hechos que confirman estas reflexiones. Ciudadanos y el sanchismo se coaligaron en Murcia para llevar a cabo una moción de censura al Gobierno de coalición de PP y Ciudadanos. Y ahí comienza lo extraño, un partido instando una moción de censura a su propio gobierno. Pero la extrañeza se convierte en prevención cuando el único motivo que se aduce es la corrupción, corrupción que no se encuentra en ninguna causa judicial, ni siquiera como imputación, y solo existe en la imaginación o en la sospecha de quienes han  presentado la moción. No digo que no pueda haber motivos para la moción de censura. Desconozco por completo lo que ocurre en Murcia, pero lo que no parece de recibo es utilizar exclusivamente como argumento la supuesta corrupción, cuando el único que aparece como imputado es precisamente el líder del socialismo murciano, artífice de la propia moción.

¿Y qué decir de la elección de Laura Borrás como presidenta del Parlament, imputada por el Tribunal Supremo y no precisamente a causa del procés? Ya sabemos que para el soberanismo no existe ninguna acción que pueda considerarse delictiva si tiene como finalidad la independencia; aunque, en realidad, pocas acciones más corruptas que un golpe de Estado e intentar robar la soberanía a un pueblo. Pero es que la señora Borrás no está imputada por nada que tenga que ver, al menos aparentemente, con la independencia. Se la acusa de falsedad documental, fraude, prevaricación y malversación de caudales públicos en la adjudicación de manera ilícita de los contratos de programación informática de la Institució de les lletres catalanes, de la que era directora. Hay que suponer que el señor Rufián y demás compinches no se atreverán a hablar más de corrupción en el Congreso después de haber elegido presidenta del Parlament a una imputada.

Lo más grave es que a pesar de que todos los partidos están prestos a arrojarse a la cara mutuamente los casos de corrupción muy pocos son, por no decir ninguno, los que están inclinados a establecer las condiciones y las normas para que estos no se den, e incluso en muchos casos trabajan afanosamente en levantar los mecanismos de control establecidos, con lo que la comisión de la corrupción se hace más fácil.

Hay que traer aquí a colación a Montesquieu y su aserto acerca de que no hay que confiar en que los políticos sean buenos; si lo son, mejor que mejor; pero hay que establecer leyes que impidan que puedan salirse de lo correcto, aun cuando estén dispuestos a hacerlo. Algo parecido habría que afirmar de la corrupción. Se precisa crear normas y procedimientos de modo que, aunque haya políticos que se sientan tentados al fraude, a la corrupción, o a la arbitrariedad, les resulte imposible practicarlos porque los mecanismos de control se lo impiden.

Lo cierto es que los partidos políticos, a pesar de hablar mucho de la corrupción, no sienten la menor preocupación que les lleve a poner los medios para evitarla. Es más, a menudo la apuesta es la contraria y las actuaciones de los gobiernos se orientan en la dirección inversa, y con la excusa de la agilidad y de la eficacia en la gestión pretenden desentenderse de lo que consideran ataduras, pero que en realidad constituyen los requisitos legales necesarios para garantizar que no hay desviaciones de fondos públicos o que al menos que se minimiza su posibilidad.

En varias ocasiones me he referido al Real Decreto-ley 36/2020, para la ejecución del plan de recuperación, como un ejemplo de huida del derecho administrativo. Se han producido muchas críticas ante la falta de control político que va a darse en la gestión de los fondos europeos, pero se ha puesto mucho menos énfasis en el desarme de los controles administrativos, ya que se van a emplear todos los instrumentos posibles para canalizar los recursos al margen de los procedimientos y garantías precisos para una gestión objetiva y honesta.

Pero el Gobierno no se ha limitado a perseguir este desarme en la gestión de fondos europeos, sino que, en buena medida, pretende generalizar el mismo escenario para el resto de la actuación administrativa, por eso se ha introducido en la ley de presupuestos toda una serie de cambios normativos que afectan a leyes tan importantes como la ley general presupuestaria o la ley de régimen jurídico del sector público. Mediante disposiciones adicionales o finales se modifican aspectos importantes de la Administración, tales como la recuperación de la figura de las agencias estatales o la potenciación de que determinadas entidades adopten la condición  de medios propios.

Las agencias estatales constituyen el último escalón en ese proceso de centrifugación tendente a separar porciones de la Administración del Estado para dotarlas de autonomía y librarlas de los controles y garantías ineludibles en el manejo de los fondos públicos. La historia comienza en 1991 con la creación por Borrell de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. A mi entender, un grave error, porque no añadía ninguna operatividad a lo que venía siendo la estructura del Ministerio de Hacienda, más bien la complicaba funcionalmente, pero hay que reconocer que se constituía como un caso único y, dado el sometimiento de esta institución al derecho financiero público y la preeminencia en ella de los cuerpos de funcionarios, inspectores financieros y tributarios, inspectores de aduanas y técnicos de hacienda, al menos se minimizaban los efectos negativos que pueden suscitarse en otros ámbitos, especialmente cuando esta figura se generaliza.

La generalización surgió con Jordi Sevilla, el de las grandes ideas, el del tipo único en el impuesto sobre la renta, el que iba a enseñar economía en dos días a Zapatero. Eso sí, parece que con poco éxito. La Ley 28/2006 crea las agencias estales, cuya primera plasmación fue la Agencia de Evaluación de Políticas Públicas y Calidad de los Servicios, creada en 2007, y disuelta sin pena ni gloria en 2017. Después fueron varios organismos los que se convirtieron en agencias sin saberse muy bien el motivo, como no fuese librarlos de los obligados controles. Curiosamente, fue un gobierno del denostado Rajoy el que en la ley 40/2015 eliminó legalmente esta figura administrativa, aunque se dio un plazo de varios años para que las agencias existentes se transformasen de nuevo en organismos autónomos. El hecho es que aún hoy perviven sin que se haya llegado a producir el cambio.

Ahora, el Gobierno de Pedro Sánchez retoma de nuevo la figura de las agencias estatales. En una disposición final de la ley de presupuestos se establece su nuevo régimen jurídico, caracterizado por la desregulación y lo que denominan autonomía que, en definitiva, consiste en concederles patente de corso en su gestión para que actúen con total libertad, y casi sin someterse a ningún control ni norma. La gravedad de la cuestión, frente a las que pueden presentarse en otras entidades públicas como las fundaciones, los entes públicos, los consorcios, etc., es que las agencias gozan de potestad administrativa, forman parte de la función pública y participan de sus poderes y prerrogativas.

Se establece dentro de cada una de ellas un consejo rector del que no se facilita su composición, pero que se supone formado por políticos, sin indicar mayor capacitación y al que se dejan las manos libres para actuar con casi total discrecionalidad, discrecionalidad que puede convertirse en arbitrariedad. Se elude el sistema de oposiciones, al conceder a las agencias la potestad de contratar a su propio personal; que si bien se indica que se seleccionará en convocatorias públicas, según los principios de igualdad, mérito y capacidad, van a ser los propios órganos de la agencia los encargados de la selección y además se insinúa la participación de órganos especializados en la selección de personal, lo que parece hacer referencia a empresas ajenas a la Administración, con procedimientos y métodos propios del sector privado, más propensos a la discrecionalidad cuando no a la arbitrariedad.

Algo parecido cabe decir de los cargos de dirección, que serán nombrados por el consejo rector con la única condición de ser titulados superiores. Aunque cuando se añade que serán “preferentemente funcionarios” se deja abierta la puerta a la excepción y ya se sabe que a menudo la excepción se transforma en pauta. Incluso se prevé que se puedan cubrir puestos directivos de máxima responsabilidad en régimen laboral con contratos de alta dirección, figura claramente importada del sector privado y que tiene un sistema retributivo de tipo contractual y, por lo tanto, sin sujeción a ninguna norma.

Podríamos decir que su presupuesto está constituido por un solo crédito y ampliable, porque únicamente la cantidad global y las partidas de gastos de personal y subvenciones nominativas tienen un carácter limitativo, y su modificación se reserva al ministro de Hacienda. El director de la agencia tiene potestad para variar todas las otras partidas presupuestarias, incluso incrementar la cuantía total cuando se financie con recursos adicionales y extraordinarios de la propia agencia. Se prevé así mismo que las agencias puedan crear o participar en sociedades mercantiles o en fundaciones, generándose por tanto una pirámide en la descentralización y el desgobierno.

El control de la Intervención General de la Administración del Estado se reduce al financiero y a la auditoría pública, pero se elimina la función interventora o fiscalización previa, bestia negra de todos los que reclaman autonomía y una gestión libre, aunque está demostrado hasta la saciedad que ese control previo resulta imprescindible para evitar la corrupción y la arbitrariedad en el manejo de los recursos públicos.

Quizás para ser conscientes de la importancia que van a tener todas estas modificaciones legislativas y la recuperación de las agencias estatales convenga traer a colación los ERE de Andalucía, no con el ánimo de utilizarlos como piedra arrojadiza, sino de constatar a dónde puede llevar la mutación de partes de la Administración a entes a los que se libra de normas y procedimientos, y se les priva de controles.

republica 26-3-2021



REALIDAD Y REPRESENTACIÓN EN LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

Uncategorised Posted on Dom, marzo 28, 2021 22:01:40

Desde los tiempos de Platón han sido mucho los pensadores que han mantenido una visión dualista del ente. De una u otra manera, han distinguido entre un mundo ideal, de la representación, y otro de lo contingente, de los hechos, de la realidad; aunque una gran parte de ellos, comenzando por el propio Platón, han considerado que el verdaderamente real es el de la representación.

Casi todos los políticos, especialmente cuando están en el gobierno, caen en ese dualismo. Frente al mundo real, construyen otro ficticio, ilusorio, basado en la publicidad y en la propaganda. Pero pocos como Pedro Sánchez han empleado con tanta intensidad esta táctica. Su objetivo número uno es crear un relato imaginario, fabulado, con el que ocultar la realidad que él mismo va construyendo, pero que apesta en el aspecto político, y que en el económico presenta todo tipo de agujeros, lacras y paredes tambaleantes. Necesita, por lo tanto, pintar un escenario diferente, una meta realidad que pueda hacer pasar por la verdadera.

Pedro Sánchez huye de las malas noticias. Solo aparece para dar buenas nuevas o lo que él considera tales o que puede hacer creer a la gente que lo son. Cuenta a su favor con la sociedad de los tuits y de los titulares en la que nada se profundiza y todo puede distorsionarse. No esperemos, por tanto, que él y sus ministros hablen claro del estado de la economía, más bien intentarán ocultar la realidad y pintar un escenario rosa, halagüeño, casi idílico, muy distinto de los hechos y de los datos. Por ello, para conocer la verdadera situación es preciso transcender la representación, desprenderse del escenario y centrarse exclusivamente en las cifras. Estas son mostrencas y difíciles de ocultar, por mucho empeño que se ponga en distorsionarlas.

Me temo que este artículo va a ser aburrido, tedioso, lleno de porcentajes y de números, pero es la única manera de perforar la cubierta de ilusión con la que quieren recubrir los hechos. Con toda seguridad este año tendremos que escuchar reiteradamente que España es el país miembro de la Eurozona que más está creciendo y que al final de 2021 presentará un incremento del PIB de los más altos de Europa.  Es muy posible que vaya a ser así, pero para no engañarse hay que añadir inmediatamente que todo incremento está referido a un punto de partida. Si España va a crecer en 2021 más que el resto de los países, es porque en 2020 la economía española ha sido la que más se ha desplomado de toda la Eurozona (un 11%), más incluso que la de Grecia (10%) y la de Portugal (7,6%).

Y no solo de la Eurozona, sino que nuestro país está a la cabeza de los 37 estados miembros de la OCDE en el triste record, según las proyecciones macroeconómicas que ha publicado hace unos días esta institución, de haber padecido en el 2020 la tasa más negativa del PIB. Pocos datos tan adversos como este, por ello hay que ocultar la realidad con la representación. De ahí que el Gobierno y los medios de comunicación sanchistas, seguidos con cierta ingenuidad por casi todo el resto, en lugar de resaltar lo que era la verdadera noticia, se hayan fijado exclusivamente en que la OCDE elevaba para 2021 la previsión de crecimiento de la economía de nuestro país en unas cuantas décimas.

Es bien sabido que esta crisis es atípica. No obedece en principio ni a una caída autónoma de la oferta ni de la demanda. Es una crisis forzada por decisiones administrativas, tomadas en función de la evolución de una epidemia, y sometida en cierta forma a los vaivenes de esta. La actividad económica se suspende o se limita administrativamente según la marcha de los contagios y la gravedad de la situación. Ello puede producir oscilaciones en las tasas trimestrales de crecimiento que no obedecen a ninguna razón económica, sino a las distintas olas que se están produciendo en la pandemia y en las decisiones políticas que se adoptan para combatirlas.

Sí parece -y esperemos que sea así- que, considerando periodicidades anuales, el hundimiento profundo de la economía se ha producido en todos los países en 2020. Ciertamente en unos más y en otros menos, pero en casi todos se han dado tasas de decremento del PIB como no se habían conocido desde hacía muchísimos años. El PIB de la Eurozona en su conjunto se redujo un 6,8%. Hay que confiar por tanto en que en los próximos años todas las economías crezcan, y tanto más cuanto mayor haya sido el hundimiento de 2020.

Lo verdaderamente importante es saber cuándo retornará cada país al mismo nivel de renta que disfrutaba a finales de 2019. Según las estimaciones de la Comisión, solo Irlanda, Polonia y Luxemburgo alcanzarán a finales de 2021 un PIB similar o superior al que tenían en 2019. España, por supuesto, seguirá muy lejos de alcanzar ese objetivo, por mucho que su tasa de crecimiento vaya a ser este año de las más altas. De hecho, según la Comisión, el PIB no llegará ni al 94% del valor que tenía en 2019, uno de los porcentajes más bajos de la Eurozona. Es en este dato donde se encuentra la realidad; la representación, en considerar tan solo la tasa de crecimiento de 2021.

Será ya en 2022 cuando en la mayoría de los Estados se pueda hablar de recuperación. Solo el PIB de tres países, Italia, Grecia y España, se situará aún por debajo de la cuantía de 2019. A nuestro país le cabrá, en consecuencia, el dudoso honor de ser la economía que más ha caído en 2020, y uno de los que más tarde van a retornar a los niveles de renta que tenían en el 2019.  Ciertamente no es para lanzar cohetes y pintar un panorama azul pastel. Hablar de recuperación es desde luego mucho decir porque, en el mejor de los casos, se habrán perdido más de tres años.

Pero es que, aunque se trate de un dato importante, no todo se reduce al PIB. Hay que considerar otras variables que van a quedar tremendamente dañadas incluso después de que la renta se recupere aparentemente, y que a su vez se convertirán en un enorme lastre para la economía. En concreto, el endeudamiento público. Según el BCE, España va a ser el país de la Eurozona cuya deuda pública experimentará un mayor incremento entre 2019 y 2022, un 28,4%; pasando de un 95% a un 124% del PIB. Cifras que a todas luces pueden ser mayores según cuál sea la evolución de la pandemia y cómo se comporten otras variables, como las garantías públicas concedidas a las empresas (14% del PIB), muchas de ellas pueden resultar fallidas, o las propias morosidades que pudieran generarse en los bancos.

La situación de la hacienda pública de nuestro país es realmente crítica y solo se mantiene gracias al respaldo que le concede el BCE, que adquirió en 2020 deuda española por importe del 38% del PIB. La pregunta es hasta cuándo estará dispuesto el BCE a mantener esta política, o incluso hasta cuándo podrá mantenerla. Existe un mantra generalizado acerca de que las circunstancias han cambiado con respecto a la crisis de 2008. Ciertamente existen muchos elementos distintos. El más importante, sin duda, la actuación del BCE, que no comenzó a intervenir hasta 2012. Pero en lo que quizás no haya tanta diferencia, al contrario de lo que se dice, es en el comportamiento fiscal de la Unión Europea.

Se afirma que en la presente crisis se ha impuesto barra libre en las ayudas a las empresas y se ha permitido e incluso aconsejado a los gobiernos que no escatimen en el gasto, por contraposición a la anterior en la que se fijó una política de austeridad generalizada. Las cosas sin embargo no son tan claras. En la anterior crisis la política de austeridad no comenzó hasta el 2010, mientras que en los dos años anteriores lo que primó fueron las políticas expansivas del gasto, incluso aconsejadas por los propios organismos internacionales. Después vino el llanto y el crujir de dientes. No estoy nada seguro de que la actual crisis no tenga una segunda parte y que, después de tanta generosidad respecto a las empresas, Bruselas -más bien Frankfurt- no imponga restricciones y una política de austeridad que sin duda incidirá sobre los de siempre.

Desde el bando neoliberal y conservador de la política o de los medios, se vocea de forma reiterada que España es uno de los países que menos ayudas han concedido a las empresas y hacen, a continuación, la comparación con Alemania; pero la situación de este país es muy diferente y su endeudamiento, también. Cuando desde Europa se pretenda aplicar de nuevo la normativa sobre la estabilidad presupuestaria la situación de España puede ser muy crítica. Para llegar a medio plazo a un nivel de deuda del 60%, se precisaría mantener durante bastantes años unos superávits primarios (antes de pagar intereses) de alrededor del 7%; lo que resulta totalmente imposible, a menos que se implanten ajustes y recortes durísimos, que irán en la misma línea que adopta siempre Bruselas, incremento de impuestos indirectos y recortes sociales. Por eso resulta tan extraño que Podemos continúe insistiendo en aumentar las ayudas directas a las empresas.

En este escenario existe una incógnita de cara al futuro. Una mayor inflación tendría un efecto beneficioso sobre el stock de la deuda, siempre que poseyésemos una moneda propia, pero el euro es una divisa que no controlamos. Estamos en manos del BCE. Y es de suponer que esta institución no permitirá tasas elevadas de inflación, que originarían una depreciación del euro, aun cuando, sin duda, sería muy beneficiosa para los países del sur. Es más, parece bastante probable que en cuanto los precios se acerquen a los niveles que los países del norte consideren excesivos, el BCE se verá obligado a cambiar de política. Solo hay un factor que en este tema de la deuda puede ser positivo para España. Que no está sola, sino que la acompañan Grecia, Portugal, Italia e incluso Francia. El problema, se quiera o no, afectará a toda la Eurozona y es difícil pronosticar cuál será su solución final.

Nuestro país tiene una dificultad añadida que complica y agrava la situación económica, la enorme tasa de paro, el 16%, solo comparable con la de Grecia, y el doble que la media de la Eurozona; y a ello hay que añadir los 900.000 trabajadores que están actualmente en ERTE y los 500.000 autónomos que se encuentran en cese de actividad, y que no están comprendidos en la cifra anterior, pero que, al menos parte de ellos, se pueden convertir en parados. Ambos mecanismos, que deberían haber tenido una dimensión temporal, corren el peligro de transformarse en crónicos o permanentes.

En este mundo globalizado las crisis suelen ser también globales. La actual, cuyo origen es además una pandemia, no podía por menos que extenderse por todos los países; todos han sufrido las consecuencias, pero no todos en la misma medida. Las circunstancias de cada país y la gestión de los gobiernos tanto en el ámbito sanitario como en el económico han sido factores fundamentales a la hora de determinar el grado y la intensidad de los efectos negativos de la crisis. El mundo de la representación y el relato sanchista pretenden hacernos creer que todo depende de la pandemia y de la consiguiente crisis económica, intentan convencernos de que las consecuencias han sido iguales en todos los países, y de que los gobiernos carecen de toda responsabilidad.

Un triángulo encierra la economía española en una encrucijada que va a ser de difícil salida: desplome del PIB, y de la renta, estallido de la tasa de desempleo, y ascenso estratosférico del stock de endeudamiento público. Conjugando esas tres variables la crisis va a afectar a España en mayor medida que a la mayoría de los países de la Unión Europea y se encontrará en una situación bastante peor. En economía, los resultados nunca son inmediatos, pero antes o después el Gobierno se dará de bruces con la realidad.

republica.com 19-3-2021