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LA EUTANASIA, EL TRONO Y EL ALTAR (II)

JUSTICIA Posted on Tue, January 12, 2021 20:11:16

Los detractores del proyecto de la ley orgánica reguladora de la eutanasia comienzan su alegato haciendo un canto a la vida, proclamando que es el mayor bien que tiene el hombre, juicio muy respetable pero que está lejos de ser universal. A lo largo de la historia del pensamiento, casi desde el inicio, las posiciones se han situado en uno u otro bando y no han faltado opiniones que sustentaran los juicios más negativos y nihilistas acerca del sentido de la vida. Ya Teognis de Megara en el siglo VI antes de Cristo sostenía: “De todos los bienes, el más deseable para los habitantes de la tierra es no haber nacido, no haber visto nunca los deslumbrantes rayos del sol; o bien, si han nacido, franquear lo antes posible la puerta del Hades, descansar profundamente sepultados en la tierra”. Opinión que tiene cierto parecido a la expresada por Segismundo en “La vida es sueño”, de nuestro dramaturgo Calderón de la Barca: “El delito mayor del hombre es haber nacido”.

Durante la Edad Media y casi hasta la Ilustración el mensaje en el mundo occidental es casi unívoco, el establecido por el pensamiento cristiano: la vida es un don de dios y solo Dios puede disponer de ella. Quizás sea Balmes quien lo formule de forma más clara: “El hombre con el suicidio perturba el orden moral. Destruye una cosa sobre la que no tiene dominio. Somos usufructuarios de la vida. No propietarios. Es un crimen contra Dios”. Como se puede observar, los argumentos no son muy diferentes de los empleados actualmente.

No todas las religiones, sin embargo, han mantenido este planteamiento. En otras latitudes, lejos de Occidente, el budismo y el taoísmo tienen una concepción distinta de la vida individual -que es de la que aquí estamos hablando-, del principium individuaciones, haciéndole responsable de todos los males.  No es muy diferente la postura de Schopenhauer cuando mantiene que “la vida es sufrimiento” y “el suicidio, lejos de ser una negación de la voluntad, es una de sus más fuertes afirmaciones”. A partir de Schopenhauer se abre toda una línea de pensamiento radicalmente pesimista, casi nihilista, acerca de la vida. Nietzsche proclama que la vida es la muerte y la muerte es la vida. y Camus comienza su ensayo “El hombre rebelde” anunciando que solo hay un problema filosófico verdaderamente serio: el suicidio.

Hay que añadir además que muchos de los que proclaman que la vida es el bien supremo lo desmienten en la práctica cuando, por ejemplo, saludan como héroes y dignos de admiración a aquellos que han dado la vida por la patria. Muchos comportamientos aceptados y a veces aplaudidos demuestran a menudo que no se terminan de creer en serio que la vida individual se encuentra en la cúspide de la tabla de valores. El médico que en una epidemia sabe con seguridad que va a contagiarse de una enfermedad mortal y sin embargo cumple con lo que cree que es su obligación. Nuestros clásicos supeditan la vida al honor. Pedro Crespo, el protagonista del alcalde de Zalamea, exclama: “Al rey la vida y la hacienda se han de dar, pero el honor es patrimonio del alma y el alma solo es de Dios”. La misma Iglesia se contradice al calificar de mártires a los que han preferido morir antes que apostatar de su religión, o eleva a los altares como santas a jóvenes que optaron por perder la vida antes que la virginidad.

Hay diversos tipos de suicidios que son aceptados por las respectivas sociedades: rituales como el harakiri, de protesta como la auto inmolación de los bonzos o la de Mohamed Bouazizi, detonante de la revolución tunecina y con ella de la primavera árabe. Y más recientemente el farmacéutico griego Dimitris Christoulas, de 77 años de edad, que se suicidó en la plaza Sintagma de Atenas para mostrar su rechazo e indignación por la política económica y social practicada por el gobierno griego, forzado por Alemania y las autoridades europeas.

A no ser por los condicionamientos religiosos, no parece que debieran existir muchas dudas acerca del derecho que toda persona tiene a decidir sobre su propia vida. Nada mas íntimo y personal que la existencia de cada uno y, por lo tanto, la prerrogativa que le corresponde de elegir en cada momento si quiere o no quiere seguir viviendo y, en el caso de que la respuesta sea negativa, pedir la colaboración, si fuese necesario, de quien esté dispuesto a prestársela. En todo ello no parece que tenga cabida el Estado, como no sea para garantizar la voluntariedad, tal como hace en otras muchas facetas sociales.

No obstante, si bien el actual Código Penal no castiga a aquellos que intentan quitarse la vida, sí lo hace a los que inducen o cooperan con actos necesarios al suicidio de una persona; con penas que van de 2 a 10 años, aunque estas pueden rebajarse en uno o dos grados en el caso de que “la víctima sufriera enfermedad grave que condujese necesariamente a la muerte o que produjese serios padecimientos difíciles de soportar”. Sin embargo, la realidad se impone y es de sobra conocido que, en España, al igual que en otros países, se vienen realizando eutanasias clandestinas. De una encuesta de la OCU del año 2000 se desprende que un médico de cada diez reconoce haber ayudado a sus pacientes a morir.

La ley que está a punto de aprobarse viene a solucionar en parte estas normas tan poco razonables del Código Penal, legalizando, con ciertas condiciones, tanto el suicidio asistido como la eutanasia, cuando un paciente la demanda por enfermedad grave e incurable, origen de un sufrimiento intolerable, es decir, se encuentra en esa situación a la que se refería Heródoto “cuando la vida resulta una carga tan pesada, la muerte se convierte para el hombre en un refugio”.

En su epístola 70 a Lucilio, Séneca afirma lapidariamente que lo bueno no es vivir, sino vivir bien. Por eso el sabio debe vivir lo que deba, no lo que pueda. El bien vivir se corresponde con el bien morir. Ambos son cara y cruz de la misma moneda. No se trata de morir más tarde o más temprano, sino del bien o mal morir. El bien morir consiste en rehuir el peligro del mal vivir. Séneca va más allá y proclama que quienes sostienen que hay que aguardar siempre el momento natural de la muerte no comprenden que ello es cerrar el camino de la libertad. Hay un solo modo de entrar en la vida, pero muchos de salir de ella. Por tanto, “si te place, vive, si no, libre eres de regresar al lugar del que viniste”. Ciertamente el suicidio no puede ser un acto de frivolidad. Así lo entiende Séneca, sino una decisión seria, meditada y libremente tomada.

Eso es lo que parece estar en la mente de Dostoievski cuando hace que Iván Karamazov prometa no atentar contra su vida antes de los treinta años. Se da este tiempo para comprobar si la copa amarga o no. “Aunque hubiese perdido la fe en la vida, aunque dudase de la mujer amada y del orden universal y aunque estuviese convencido de que este mundo es un caos infernal y maldito seguiría apurando la copa hasta cumplir los 30 años”. Iván, que se declara firme partidario de la vida, que se confiesa dominado por un insaciable deseo de vivir, ese afán de vivir a toda costa que es el rasgo característico, según dice, de los Karamazov; que ama la vida por encima de su sentido y de la lógica, a pesar de ello, ese vitalista declarado hasta el absurdo se da un plazo, sí, hasta los treinta años, pero a partir de entonces se deja las manos libres para, en el caso de que la copa amargue, tirarla al suelo.

La ley que se va a aprobar si peca de algo es de exagerado puritanismo, requiriendo todo tipo de garantías de que la resolución se toma con toda seriedad y conocimiento. El procedimiento es en exceso complejo y largo. Carecen de razón los que quieren hacer ver que se va a aplicar solo a unos pobres ancianitos un poco gagás y sin capacidad de decisión. El peligro más bien se encuentra en lo contrario, en que, con tantas garantías, en muchos casos, cuando se apruebe la eutanasia esta no sea ya necesaria porque el paciente haya muerto; y no digamos si la comisión creada al efecto llega a una conclusión negativa y el enfermo se ve obligado a recurrir a un contencioso administrativo.

No deja de resultar paradójico que los que se oponen a ley de eutanasia pertenezcan principalmente a organizaciones políticas que ponen el grito en el cielo ante toda intervención estatal y defiendan ardorosamente la iniciativa privada y la autonomía y libertad individual frente a la injerencia de los poderes públicos, sobre todo si se trata de materia económica. Sin embargo, les parece muy bien que el Estado se inmiscuya en los actos más personales de los individuos, bien sean los de la alcoba o los de aquellos en los que una persona decide libremente sobre su vida y su muerte.

Las únicas motivaciones para ello parecen ser religiosas y el deseo de que el Estado imponga coactivamente los preceptos morales de una determinada confesión. Preceptos que pueden ser honorables para los creyentes, pero no hay por qué implantarlos como obligación al resto de la sociedad. Existe la sospecha de que la jerarquía eclesiástica duda de que sus fieles adopten de manera voluntaria tales mandamientos y de que, por lo tanto, precise recurrir al brazo secular para imponerlos. Será quizás por eso por lo que el arzobispo de Oviedo declara que la ley no tiene demanda social. Quizás lo que quiere decir es que le gustaría que no hubiese demanda social, porque los datos afirman otra cosa. En las encuestas realizadas por las distintas empresas tanto en 2017, como en 2018 y 2019, los españoles que están a favor de que se regule la eutanasia superaban el 80%.

Los argumentos de los detractores son en realidad muy pobres, lo que no es de extrañar pues se mueven en el ámbito de la fe y no en el de la razón. Ha sido también el arzobispo de Oviedo el que ha afirmado que “leyes como estas suponen jugar a ser dios”. Es un argumento empleado frecuentemente por teólogos y por la iglesia. Algo parecido afirmaba la Humanae Vitae respecto del control de la natalidad. Lo cierto es que si el hombre no hubiese jugado a ser Dios y a cambiar la naturaleza estaríamos aún en la Edad de Piedra.

Sánchez Albornoz en su obra “España un enigma histórico” capitulo 17, relata un hecho que es bien significativo de lo que afirmamos. Felipe IV. que proyectaba hacer navegable el Manzanares y el Tajo, nombró una comisión de teólogos para que se pronunciasen al efecto. El dictamen fue negativo. Los expertos concluyeron que si Dios hubiese querido que ambos ríos fuesen navegables con un simple “fiat” lo hubiese realizado, y que sería atentatorio contra la Providencia mejorar lo que ella por motivos inescrutable, había querido que quedase imperfecto. Nadie tenía derecho a contradecir las leyes de la naturaleza ni usurpar la voluntad de Dios. Para algunos, los años y los siglos no han pasado.

republica.com 8-1-2021



LA EUTANASIA, EL TRONO Y EL ALTAR (I)

JUSTICIA Posted on Tue, January 12, 2021 20:03:24

El pleno del Congreso ha aprobado la ley orgánica reguladora de la eutanasia y el suicidio asistido. No constituye la finalidad de este artículo analizar su contenido ni señalar los puntos fuertes ni las lagunas o defectos del texto. Su pretensión consiste simplemente en tratar un tema más general, pero que está en el origen de la disputa que ha rodeado esta ley y de la estrategia totalmente equivocada seguida por Vox y PP. Ambos partidos han renunciado a la discusión parlamentaria de la ley, y a introducir mejoras en el texto, para quedarse paralizados en un negar la mayor, en una enmienda a la totalidad, siendo lo más grave que su oposición no se basa en nada racional desde el punto de vista del sentido común ni desde la consideración de las materias que debe prohibir y penalizar un Estado. En este tema, como en otros muchos, ambos partidos están presos de la identificación incorrecta entre el trono y el altar.

La paz constantiniana, por una parte y, por otra, la obra literaria y pastoral de san Agustín un siglo más tarde, constituyen los cimientos de un edificio que, al menos en el mundo occidental, llega casi a nuestros días: la identificación ideológica entre el corpus civium y el corpus fidelium, subsumidos ambos en la societas christiana, que se organiza y fundamenta desde arriba. El poder, todo el poder, tanto el eclesiástico como el político, tiene el mismo origen, Dios. De estos supuestos se deriva la conclusión de que el poder secular adquiere obligaciones claras de cara a la salvaguarda de la fe. Ya el propio obispo de Hipona se pronunciaba a favor de que el brazo secular persiguiese a los disidentes, donatistas y pelagianos, antecedente ideológico del que bastantes siglos después sería el tristemente famoso Tribunal de la Inquisición.

El maridaje entre poder político y religioso rindió durante mucho tiempo beneficios a ambos. El primero se legitimaba, ya que el refrendo eclesial hacía visible ante la sociedad el origen divino del poder. Quizás su exponente más claro sería la consagración de Carlomagno como Imperator Romanorum por el papa León XIII en la Navidad del año 800. A cambio, la jerarquía eclesiástica obtenía cargos y prebendas temporales y, lo que es más importante, se garantizaba que su ortodoxia se impondría como pensamiento único en la sociedad, incluso por la fuerza de las armas si fuese necesario.

A lo largo de toda la Edad Media, el equilibrio entre las dos caras de este poder bifronte se reveló bastante inestable. En ocasiones, era la Iglesia la que apelaba al carácter mediático de todo poder secular. El poder, sí, provenía de Dios, pero no directamente a los reyes o a los príncipes, sino a través de la Iglesia, por lo que la supremacía de esta resultaba probada. La excomunión del monarca rebelde constituía su principal arma, porque implicaba eximir a los súbditos del deber de obediencia. A su vez, el poder civil no se resignaba a inhibirse en los asuntos religiosos: nombramientos de obispos, abades y demás beneficios canónicos, tanto más cuanto que la mayoría de ellos actuaban también como señores feudales, e incluso en los temas doctrinales contraponiendo el poder de los concilios al de los papas.

Al margen de luchas y controversias por las cuotas de poder, lo que todos admitían era la identificación entre la sociedad civil y la comunidad de fieles, y la supeditación de la primera a la segunda. Teocracia o cesaropapismo no modificaban sustancialmente la realidad. En cualquier caso, la razón estaba supeditada a la fe y la filosofía se definía como ancilla theologiae. Tan solo con el Renacimiento se inició el cambio de estos esquemas sociales. El último intento de imperio universal cristiano fue el del primero de los Austrias y sus sueños terminaron en Yuste, tras constatar que la división del cristianismo se extendía por toda Europa. Los tiempos ya estaban cambiando.

Sin embargo, la reforma protestante no significó la secularización de la sociedad. Desquebrajó, eso sí, el pensamiento único que hasta entonces había representado la doctrina eclesiástica; pero para sustituirlo no por el imperio de la razón, sino por la fe y las conciencias individuales; y si bien rompió la universalitas christiana, de ningún modo separó el ámbito civil del religioso. Lutero se arrojó muy pronto a los brazos de los príncipes alemanes, abandonando a su suerte a los campesinos sublevados. El principio establecido en la dieta de Augsburgo, cuius regio, eius religio, significaba trasladar el cesaropapismo imperial al ámbito de cada nación o Estado y abrir la compuerta para que las guerras de religión asolasen Europa durante siglos.

Habría que esperar a la Ilustración, para que, ya desde pensadores católicos como Locke o agnósticos como Hume, se pusieran las bases del Estado moderno y se estableciera el divorcio entre sociedad política y comunidad de creyentes. Era preciso primero secularizar el poder y negar su origen divino. La soberanía radica en el pueblo, y la existencia del Estado y del gobierno viene exigida únicamente por la necesidad que tienen los hombres de organizar su convivencia.

El Estado moderno resulta radicalmente incompatible con el Estado confesional. Sociedad política y confesión religiosa pertenecen a mundos distintos, la primera pertenece al ámbito de lo público, de lo coactivo. Nadie puede desentenderse de las leyes civiles y a todos obligan por igual; por lo que estas deberán tender al mínimo, únicamente aquellas imprescindibles para la convivencia. Las confesiones religiosas, por el contrario, pertenecen al ámbito de lo privado (lo que no quiere decir individual), al ámbito de la voluntariedad; no se obliga a nadie a pertenecer a una determinada iglesia, ni a seguir su doctrina y mandamientos, a no ser que la iglesia pretenda utilizar al poder secular para imponer de forma obligatoria sus creencias.

Las iglesias pretenden estar en posesión de la verdad. Se afirma que la verdad no tiene por qué identificarse con la decisión de la mayoría, lo cual es cierto. Pero es que el Estado moderno no sabe de verdades sino de opiniones, de la opinión de la mayoría. Su papel no es proclamar la verdad, es mucho más humilde: pretende tan solo establecer unas reglas de juego y garantizar que se cumplan, con la finalidad de conseguir la convivencia pacífica entre los ciudadanos, ciudadanos que poseen cada uno de ellos verdades diferentes.

No se puede negar que concretamente en nuestro país el liberalismo y más tarde todos los movimientos progresistas se han caracterizado por un marcado contenido anticlerical, pero tal sentimiento ha venido generado en buena medida por la resistencia católica a perder su preponderancia pública. La Iglesia nunca se ha resignado a dejar de imponer desde el Estado su moral y su doctrina a creyentes y no creyentes. A lo largo del siglo XIX se situó siempre al lado del absolutismo y de la reacción y aún están cercanos los cuarenta años de nacional catolicismo durante los cuales el trono y el altar se ayuntaron hasta tal extremo que resultaba casi imposible distinguir dónde empezaba uno y terminaba el otro. Ha habido, es cierto, otra Iglesia, al margen de la oficial, la más auténtica, que ha defendido la separación del poder y la autonomía religiosa, pero esta, a la hora de la verdad, nunca ha contado ni cuenta.

Desde la Transición el Estado se ha ido liberando de bastantes tabús eclesiásticos. Sin embargo, en la práctica subsisten aún muchos vestigios de la antigua unión entre Iglesia y Estado, y los intentos nunca abandonados por la jerarquía eclesiástica de convertir sus preceptos morales en ley general y obligatoria, impuesta coactivamente por el Estado. Suplantar, en definitiva, la voluntad mayoritaria de una sociedad democrática, expresada por sus mecanismos constitucionales, por el código de conducta interna de una confesión organizada –hay que decirlo– de forma autocrática y carente de cualquier mecanismo democrático. En ese objetivo pretende contar, y casi siempre lo consigue con la complicidad de algunos partidos políticos que se convierten en correa de transmisión de sus planteamientos.

Esto es lo que ha ocurrido con la ley sobre la eutanasia, que la polémica, el enfrentamiento, se han planteado no en clave política sino en términos morales correspondientes a una determinada religión, religión que quizás sea la mayoritaria en la sociedad -aunque sobre esto habría mucho que decir, puesto que la filiación es más nominal que real. Prueba palpable de ello es que la jerarquía desconfía de que se cumplan sus preceptos. De ahí el interés de que el poder secular los imponga coactivamente.

Todo el respeto para los que voluntariamente acepten tal moral y tales principios, pero lo que no pueden pretender es usar el Estado para aplicarlos obligatoriamente mediante el Código Penal. Afirmar que el Estado no es confesional pero la sociedad sí constituye una falacia. La sociedad siempre es plural, heterogénea, informe, sin límites, portadora de antinomias y contradicciones, como totalidad únicamente se manifiesta mediante el juego de las mayorías y minorías en el Estado. Esa pluralidad ideológica se hace presente desde siempre en el sentido que se da a la vida, y obliga a considerar la decisión de vivir o no vivir como opción personalísima perteneciente al ámbito intimo del individuo, sin que en ningún momento pueda el Estado coaccionarle. Pero de eso hablaremos la próxima semana.

republica.com 1-1-2021