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ARTÍCULOS RECIENTES CONTRAPUNTO

LA CIENCIA DE ILLA

PSOE Posted on Wed, October 14, 2020 11:00:14

Concluía yo el artículo de la semana pasada sosteniendo que el plus que otorga a Sánchez el gobierno y le permite continuar en él, no es otro que la coyunda con todas las fuerzas centrífugas que le consideran la vía más propicia para conseguir sus objetivos. Eso le sirve, sin duda, en el ámbito nacional, pero tiene su talón de Aquiles en el escenario autonómico, especialmente en aquellas Comunidades que no cuentan con partidos nacionalistas o regionalistas en los que apoyarse, si obviamos algunas como Extremadura o Castilla-La Mancha, cuyos presidentes, aun perteneciendo mal que les pese al sanchismo, se han mostrado siempre más jacobinos.

En este mapa aparece Madrid como pieza fundamental, como objeto de deseo, tanto más cuanto que Sánchez se había implicado directamente en esta Comunidad, quitando y poniendo secretario general y nombrando –si bien mediante la pantomima de las primarias- directamente a los candidatos. Es por eso por lo que desde el primer momento se desató una cacería contra la presidenta de la Comunidad de Madrid. Se podría considerar una batalla política normal, si no se usasen instrumentos tan torticeros y, sobre todo, si no tomase a la población madrileña como rehén y como medio para atacar al gobierno regional. Esto es lo que está ocurriendo con la pandemia.

No me detendré a relatar el desastre que representó la gestión de la primera época de la crisis sanitaria durante el estado de alarma, y los múltiples errores que cometió el gobierno central, hasta el extremo de que el mismo se asustó y decidió dejar todo en manos de las Comunidades Autónomas. Eso sí, sin ese plan B que todos le pedían y que pactó con Ciudadanos, pero que, como de costumbre, no cumplió, engañándoles una vez más. De todos modos a Ciudadanos parece gustarles que les toree, así que todos contentos.

Sánchez, durante meses, en el tema de la pandemia ha estado de vacaciones. Ante las críticas a su pasividad, compareció en rueda de prensa para manifestar que estaba dispuesto a ayudar a las Comunidades y poner a su disposición tres instrumentos. El primero, ofrecer a los presidentes de las Autonomías la posibilidad de  comparecer ante el Congreso para pedir el estado de alarma, facultad que constitucionalmente solo a él le corresponde, pero que de ninguna manera quiere asumir personalmente.

El segundo consiste en ofrecer como rastreadores 2.000 miembros del ejército (que parece ser la única institución que funciona con el gobierno Frankenstein), pero a los que había que formar en esta tarea y, lo que es más dificultoso, en el sistema informático de cada Comunidad, que según dicen son diferentes. Cosas del Estado de las Autonomías. Y tercero, poner a disposición de los ciudadanos una  app, que ya existía pero que casi nadie usa.

Después de eso, Sánchez ha seguido inhibiéndose, incluso en los momentos en los que la pandemia azotaba fuertemente a Comunidades como Aragón, Cataluña, País Vasco, la Rioja etc., y dejando a las Autonomías todas ellas a expensas de los múltiples dictámenes de múltiples jueces que, como es lógico, tienen criterios dispares. Pero, cosa curiosa, cuando los contagios comienzan a llegar con fuerza a Madrid, el gobierno se despierta de repente y abandona su aparente apatía.

Se tenga la opinión que se tenga de la señora Ayuso, incluso de la efectividad y suficiencia de las medidas que se habían adoptado en Madrid, hay que ser muy iluso para no darse cuenta de que las actuaciones del gobierno central no obedecen a ningún motivo sanitario ni epidemiológico, sino a su particular guerra con la presidenta madrileña y su objetivo de de desalojarla de la Puerta del Sol. En los últimos quince días ha montado todo un aquelarre orientado en esa dirección.

Se inició con una entrevista entre los dos presidentes con comparecencia conjunta incluida, llena de pasteleo y moralina en la que Sánchez, en su papel de tartufo, reiteró que venía a la Puerta del Sol a colaborar y en ningún momento con intención de inspeccionar o juzgar las medidas que se estaban adoptando. Pero, al mismo tiempo, mandaba a sus huestes a que montasen contra el gobierno de Madrid algaradas y manifestaciones, y a su perro de presa, la portavoz parlamentaria, a lanzar todo tipo de venablos aduciendo los argumentos más burdos, atribuyendo a motivos clasistas el cierre de algunos barrios de Madrid.

Es posible que haya muchos motivos para criticar tanto al gobierno de Madrid como al central por las condiciones sociales del sur de la capital, pero es demagógico y absurdo pensar que el confinamiento (acertado o no) decretado en ellos obedece a factores distintos de los epidemiológicos. Aquellos de los que viviendo en estos barrios exigían medidas similares en todo Madrid, paradójicamente, cuando estas se hagan efectivas, si trabajan en otras partes de la capital, puede ser que vean en peligro su empleo.

Tan solo han hecho falta dos días para que la imagen idílica de la Puerta del Sol se invirtiese e hiciese su aparición la faz más bronca, personificada en el hasta entonces amorfo Illa, contraprogramando incluso una rueda de prensa y exigiendo el confinamiento de todo Madrid. El desenlace es conocido, continuas presiones a la Comunidad y la convocatoria de un Consejo Territorial trampa con un acuerdo adoptado sin consenso y que se ha trasladado al BOE por una resolución de la secretaría de Estado de Sanidad (ninguna orden ministerial ha sido publicada). Esa secretaría de Estado creada recientemente sin que se supiese bien cuál era su finalidad (es posible que fuese esta o alguna similar que evitase que se manchase las manos el ministro) y cuya titular ha estado casi desaparecida desde su nombramiento.

Sin duda, el acuerdo, de muy dudosa legalidad, se redactó a la carta, y a la medida de la Comunidad de Madrid, porque, ¡oh, casualidad!, los criterios seleccionados solo los cumplian nueve municipios de esta Autonomía y la capital. ¿Por qué se han escogido estos y no otros?; ¿por qué 500 y no 300 o 700 casos?; ¿por qué en los últimos 14 días y no en los 7 o en los 10?; ¿por qué un 10% de positivos y no 20 o por qué un 35% de camas de UCI ocupadas y no el 20 o el 40? Y ¿por qué las medidas solo se aplican a municipios mayores de cien mil habitantes?

A pesar de sus continuas referencias a los expertos, a los científicos y a los criterios sanitarios y epidemiológicos, Illa no ha sido capaz de dar una explicación ni de presentar un informe sobre la materia. No ha dejado de ser asombrosa esa continua demanda del ministro de Sanidad: “Hagan caso a la ciencia”, que exclamaba con tono profesoral, cuando el gobierno central nos engañó a todos y continúa engañándonos con un comité de expertos inexistente. Esta es la ciencia del señor Illa, cambiar de opinión según le interese al gobierno.

Se violó el reglamento y la forma de funcionar del Consejo Interterritorial, que hasta ese momento había tomado decisiones siempre por unanimidad y haciendo simples recomendaciones. Por primera vez, se adopta la mayoría para imponer una serie de medidas que deben hacerse efectivas en 48 horas. Se da la casualidad que de los 63 municipios que potencialmente pueden verse afectados, 39 pertenecen a las Autonomías que votaron en contra, Comunidades que a su vez representan el 60% de la población total de España.

Las propias medidas que el ministro ha forzado a votar al Consejo Interterritorial son muy discutibles y, al menos para Madrid capital, aun desde la propia perspectiva epidemiológica van a tener un efecto muy dudoso, es posible que incluso perjudicial. Madrid capital tiene más de tres millones de habitantes, 30 veces los 100.000 habitantes establecidos. Prohibir entradas y salidas pero permitiendo la movilidad interior entre todos sus distritos, sin considerar las características de cada uno de ellos puede ser contraproducente. Solo puede tener como justificación el sectarismo y la demagogia, de creer que los confinamientos se hacen atendiendo al nivel económico y social de sus habitantes. Mal de muchos, consuelo de tontos. El tema resulta tanto más delirante cuando se renuncia a controlar los aeropuertos y las estaciones ferroviarias. Sánchez se ha negado siempre a exigir PCR en origen como hacían otros países, pensando que así salvaba el turismo. El efecto ha sido el contrario. Afirmar que el número de contagios en Barajas ha sido del 0,2% es de una enorme estupidez. ¿Cómo lo saben si no se han hecho  PCR? Estupidez solo comparable con la del delegado del gobierno en Madrid cuando asevera que los pobres no utilizan el transporte aéreo.

El gobierno se ha inhibido durante meses de lo que eran competencias propias, tráfico aéreo y ferroviario, y muy especialmente en lo referente al ministerio del Interior. Frente a una presencia incluso excesiva en la primera parte de la epidemia, la policía ha desaparecido desde que terminó el estado de alarma. Cataluña, País Vasco y Navarra tienen sus propias fuerzas de seguridad, pero ¿y el resto de las Autonomías? ¿De qué vale que las Comunidades aprobasen normas si no había nadie que las vigilase? La policía municipal resulta insuficiente, hasta inexistente en muchos ayuntamientos. Los botellones, las fiestas privadas, llevar o no llevar la mascarilla, la distancia de seguridad, los aforos, todo ha quedado a la buena voluntad de los ciudadanos. ¿Qué utilidad tienen los propios rastreos si no hay nadie que vigile que se cumplan las cuarentenas? El Ministerio del Interior ha estado ausente. Ahora sale de su letargo para vigilar los confinamientos perimetrales, pero ¿es esta la única medida o, si me apuran, la más importante?

Sánchez, mientras, continúa haciendo el tartufo, da orden a sus huestes para que entren en Madrid como un caballo en una chacharería. Él no, él no quiere implicarse. Nada de ir de frente decretando el estado de alarma que le permite la Constitución. Escoge el sistema más torticero. Ni siquiera la firma del ministro de Sanidad aparece en público. Emplea una orden comunicada que, como es conocido, no se publica en el BOE y que los órganos administrativos emplean para comunicarse entre sí, cuando surte efectos frente a terceros. ¿Orden comunicada cuando va a afectar casi a seis millones de ciudadanos? Lo único que aparece explícitamente en el BOE es una resolución de una secretaria de Estado fantasma que acaba de llegar al cargo. ¿Se pueden limitar los derechos fundamentales de la octava parte de los habitantes de España mediante una simple resolución?

En realidad, el número de afectados es mucho mayor porque Madrid es el centro neurálgico de comunicaciones. Paradójicamente, a los que se confina de verdad y de forma más dura es a los habitantes de los municipios de la Comunidad de Madrid a los que en teoría no se les aplica las medidas, ya que se les cierran la capital y las principales ciudades dormitorio. Todos estos pueblos viven, en buena parte, en una profunda simbiosis con los territorios ahora confinados, con lo que van a quedar reducidos a moverse en sus pequeños municipios o en algunos similares colindantes.

No hay duda de que las consecuencias económicas de las medidas van a ser graves no solo para los madrileños, sino que se extenderán a toda España. El eslogan de que lo primero es la salud es de una gran simplicidad porque ciertamente sin salud no hay economía, pero sin economía tampoco hay salud, ni siquiera sanidad pública, para mantener la salud. Como en todas las cosas, aquí también es imprescindible la proporcionalidad, ¿Por qué sino no volvemos todos a encerrarnos en nuestra casa durante tres meses? Es posible que muchos de los habitantes de esos barrios del sur que los sanchistas tanto dicen defender estén más preocupados por mantener el empleo que por la propia pandemia.

Republica 9-10-2020



EL GOBIERNO FRANKENSTEIN: ESTÁ EN SU NATURALEZA

PSOE Posted on Wed, October 14, 2020 10:57:01

Casi todo el mundo conoce la parábola, que se atribuye a Esopo, del escorpión y la rana. Estaba en la naturaleza del primero matar al anfibio. No podía actuar de otra manera. Y está en la naturaleza del gobierno Frankenstein actuar como lo está haciendo. Su presente y su futuro dependen del bloque de la investidura, que es el mismo  del de la moción de censura. No debemos sorprendernos.

El ministro de Justicia ha anunciado en el Congreso, como quien no quiere la cosa, que va a comenzar a tramitar los expedientes de indulto de los golpistas catalanes. El anuncio no es inocente. Se podría pensar que se trata del comienzo de un trámite más. Cada año se inician más de 4.000. Es cierto, como dicen los sanchistas, que el Gobierno está obligado a tramitarlos, pero no a aprobarlos (no suelen pasar de 30 los finalmente concedidos) y sobre todo no se anuncian en las Cortes. Es evidente que las palabras del ministro de Justicia fueron dichas con toda la intención. Es un mensaje a los golpistas.

No soy de los que piensan que el simple inicio de los expedientes no significa nada. Está claro que la determinación del Gobierno es aprobarlos si fuese necesario. Es más, parece que ya han encargado a la abogacía del Estado que recopile todos los casos en los que el perdón se ha concedido con el informe negativo del tribunal sentenciador. Las palabras del ministro de Justicia constituían, se llegue o no se llegue a concederlos, un mensaje a los nacionalistas asegurándoles que el Gobierno está dispuesto a otorgarlos si tuviese que recurrir a ello.

Caben pocas dudas de cuál es la intención del Ejecutivo. Se ha negado siempre a apoyar las reformas encaminadas a excluir de la ley del indulto los delitos de sedición y rebeldía, y acaban de rechazar en el Senado una proposición de ley para penalizar la convocatoria de referéndums.

Es cierto que el Gobierno piensa que tal vez no sea preciso recurrir a los indultos, puesto que va a tramitar también y de modo exprés, es decir por lectura única, una modificación del Código Penal con el objetivo de rebajar las penas en el delito de sedición y rebeldía, de manera que servirá para excarcelar a los sediciosos catalanes a quienes se les aplicaría retrospectivamente la medida. Tendrá además efectos colaterales. Primero, facilitar la vuelta de los fugados; segundo, abaratar la repetición del golpe.

A todo esto hay que añadir la prohibición al rey de desplazarse a Cataluña para participar en la entrega de despachos a los nuevos jueces. El hecho es de una enorme relevancia, por afectar a dos instituciones, columnas medulares del edificio democrático. Por una parte, la jefatura del Estado y, por otra, el poder judicial. Al margen de que se sea republicano o monárquico, mientras que el rey sea el jefe del Estado, vetar su presencia en una parte del territorio nacional es aceptar la tesis de los golpistas y asumir que Cataluña no es España.

Intelectualmente siempre me he confesado republicano. Como afirmó Pi i Margall, la ventaja de la república sobre la monarquía es la que existe entre lo racional y lo absurdo. Pero en política prima la funcionalidad. Y el constructivismo social con compás y tiralíneas sin tener en cuenta las circunstancias suele resultar peligroso. En este país, desde la Transición y con todos sus defectos, la monarquía ha funcionado aceptablemente bien, quizás porque nuestra Constitución diseñó una monarquía muy republicana en la que el rey apenas tiene competencias, como se acaba de demostrar en los momentos presentes cuando el monarca ni siquiera puede asistir a los actos oficiales sin la aquiescencia del Gobierno.

Tampoco se puede decir que hasta ahora la Corona haya caído en la tentación de borbonear, actuación tan frecuente en Alfonso XIII. Más bien lo que se ha producido es el efecto contrario, el de los políticos queriendo instrumentar la monarquía. Buen ejemplo de ello fue ya la postura de Sánchez en 2015, cuando pretendió dar a su designación para presentarse a la investidura un sentido que no tenía. Se presentó como investido de una dignidad especial, de cierta preeminencia, por encima de todo el resto de políticos, trastocando el acto del rey, que no tiene nada de discrecional, ya que es funcional, automático, se ve impelido a designar a quien tiene posibilidades de ser elegido o al que le dice que las tiene, aunque como en este caso, y luego se vea, carece de ellas. A partir de ese momento la predisposición de Pedro Sánchez en utilizar para sus fines a la monarquía ha sido permanente.

Plantear ahora el cambio de la forma de Estado carece de todo sentido, y constituye una aventura peligrosa. España tiene una cantidad ingente de problemas, como para enfangarse gratuitamente en este lodazal, tanto más cuanto que no existe ni el consenso ni el quórum necesario tal como exige nuestra Constitución para realizarlo. Es más, muchos tenemos la sospecha de que las andanadas que se lanzan al rey no son tanto como rey sino en su calidad de jefe del Estado. Que lo que realmente se busca es la desintegración del Estado. Y, paradójicamente, los que dan gritos a favor de la república están en contra de esa República con mayúscula, esa res pública que es el Estado español.

Si como insinúa Podemos, lo que intentaba el presidente del Gobierno con el veto al rey era deslegitimar a Lesmes, por estar vencido su mandato, lejos de constituir una justificación incrementa la gravedad de la decisión. En primer lugar, porque es una prueba más de cómo este Gobierno no tiene ningún reparo en manipular a la monarquía y sacarla de su papel institucional. Habría tomado al rey como rehén en su lucha partidista en el contencioso que mantiene con el PP respecto a la renovación de los órganos constitucionales.

En segundo lugar, pretender deslegitimar a Lesmes constituye ya por sí mismo un ataque a la Constitución. Lesmes, le guste o no a Sánchez y aunque haya terminado su mandato, y mientras el Congreso y el Senado no se pongan de acuerdo en su renovación, es el presidente del poder judicial, poder independiente del ejecutivo, columna del estado de Derecho y que representa a toda la justicia. No es de extrañar que los jueces en su conjunto hayan tomado la decisión como una ofensa, tanto más cuanto que los ataques a la justicia están siendo continuos. Primero, violentando a la abogacía del Estado. Segundo, nombrando una fiscal general con sectarismo político demostrado. Y tercero, el indulto y la modificación del Código Penal, que tienen como única finalidad corregir la sentencia del Tribunal Supremo.

Lo cierto es que tampoco nos puede asombrar que el rey y la justicia estén en la diana del Gobierno Frankenstein, ya que en ellos se centra la agresividad de los golpistas. El primero por ser el signo de la unidad del Estado y la segunda porque se ha convertido actualmente en la valla de contención frente a la sedición de Cataluña. Todos estos hechos pueden resultar insólitos, pero, como indicaba al inicio del artículo, no tenemos por qué sorprendernos: está en la naturaleza del Gobierno.

La editorial El viejo topo acaba de editar mi último libro, que he titulado “Una historia insólita, el gobierno Frankenstein”. Me pregunto en él cómo hemos llegado a esta situación. Cómo es posible que aquellos grupos que han dado un golpe de Estado en Cataluña y que amenazan con volver a repetirlo, no solo continúen gobernando en Cataluña, sino que hayan decidido el gobierno de España y que le condicionen día a día, aunque no, formen explícitamente parte de ese Ejecutivo. El gobierno Frankenstein no se compone únicamente del PSOE y del PP, sino que lo integran todo el bloque de la investidura que no es distinto del de la moción de censura. Ciertamente es una historia insólita. Y es la que me he propuesto narrar en el libro, cómo en pocos años hemos llegado a este escenario y cuáles han sido sus causas y los protagonistas. Es una historia llena de situaciones inauditas que lógicamente despertaban nuestra sorpresa según iban acaeciendo.

Hay un hecho conocido, pero poco recordado, y que expresa hasta qué punto Sánchez está ligado a los golpistas, y cómo el gobierno Frankenstein estaba presente ya desde sus primeros pasos. En esa noche aciaga de primeros de octubre de 2016, cuando el Comité Federal del PSOE fuerza su dimisión de secretario general, entre los energúmenos que gritaban a la puerta de Ferraz y que se suponía que eran militantes socialistas, se encontraba Torra, el ahora inhabilitado.

Pero, una vez constituido este Gobierno, no tenemos ya derecho a la sorpresa. Está en su naturaleza. Pocas cosas nos deberían impresionar. El plus que otorga a Sánchez el gobierno y le mantiene en él es el ayuntamiento con los secesionistas catalanes, con los separatistas vascos, con los herederos de ETA, con independentistas y regionalistas de todos los pelajes; su ventaja estriba en la coyunda con todas las fuerzas centrífugas que ven en él, en el ámbito nacional, la vía más propicia para poder conseguir sus aspiraciones. Ese es el gobierno Frankenstein que le ha servido para llegar al poder y en el que piensa perpetuarse lo más posible, aunque al final en esa labor el Estado quede destrozado.

republica 2-10-2020