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EL PATINAZO DEL INGRESO MÍNIMO VITAL

ECONOMÍA DEL BIENESTAR Posted on Mon, September 07, 2020 23:09:57

Se suele confundir Gobierno con Administración, y así en muchas ocasiones se echan sobre la Administración las culpas que solo son de los gobiernos. Sus ineptitudes a la hora de elaborar leyes, devienen en fracasos cuya responsabilidad se intenta imputar a los funcionarios. Bien sé que la elaboración de las leyes pertenece al Parlamento, pero los Ejecutivos son los que preparan y aprueban los proyectos y cuando, como en estos momentos, solo se legisla por decreto-ley, es el Gobierno y solo el Gobierno el responsable. Esta forma de legislar, la mayoría de las veces de dudosa constitucionalidad, tiene el grave inconveniente de su tramitación exprés, sin que en su paso por las correspondientes comisiones parlamentarias se pueda ir limando el proyecto y adecuándolo quizás mucho más a la realidad.

Muchas leyes (sobre todo tratándose de decretos-leyes) son piezas de laboratorio, o de gabinete, fruto de ocurrencias políticas sin conexión con la realidad y con desconocimiento absoluto de la Administración que tiene que aplicarlas. Después devienen los colapsos o, lo que es peor, una gestión desastrosa, con resultados contrarios a los que, al menos en teoría, se buscaban. Parece que por estos derroteros ha transitado el ingreso mínimo vital (IMV) fruto mucho más del interés político de apuntarse un tanto que de solucionar los verdaderos problemas existentes.

En tiempos de desolación no hacer mudanza, decía San Ignacio (bien es verdad que en un sentido distinto), pero este Gobierno se ha empeñado en hacer mudanzas a su mayor gloria y al de un ministro arribista en una época en la que España pasa por una enorme tribulación. En lugar de ir dando soluciones puntuales, simples y rápidas a las necesidades sociales que se van a presentar de forma extraordinaria como consecuencia de la pandemia, ha pretendido elaborar una figura de una inmensa complejidad en un momento en el que la Administración, al igual que gran parte de la actividad económica, se encuentra a medio gas y muchos de sus organismos con una sobrecarga de trabajo derivada de los problemas creados por la crisis económica y sanitaria.

A lo largo de todo el preámbulo del decreto-ley por el que se aprueba el IMV se mezclan continuamente la doble intención de dar respuesta a las necesidades surgidas del Covid junto con la de constituir una prestación social de carácter permanente que combata la marginación y la pobreza. Es esta doble característica las que condenan por partida doble el proyecto. La urgencia impuesta por el Covid ha hecho que la elaboración de esta norma haya sido precipitada y su diseño tenga muchas lagunas, remisiones constantes a un desarrollo reglamentario, que no se sabe cuándo llegará. Pero la complejidad de un instrumento que tiene vocación de permanencia (tanto más si su diseño se elabora desde un despacho y con desconocimiento de la realidad) hace imposible la aplicación rápida e imperiosa que se precisa en los momentos actuales. No se ha conseguido ni una cosa ni otra. Solo hay que constatar el bloqueo de la Administración y los problemas económicos de los que deberían recibirlo.

Se ha construido desde la pura teoría, con total ignorancia de la Administración que tenía que aplicarlo y del colectivo al que va dirigido. Da la impresión de que en el Gobierno hay más de un astronauta. Basta leer el decreto-ley, o descargarse el impreso de solicitud, para percatarse de la complejidad de la figura que se ha diseñado y lo alejada que está de la capacidad del colectivo al que teóricamente va dirigido, las personas en riesgo de exclusión.

La nueva prestación se configura como una especie de impuesto negativo sobre la renta, figura que desde que Friedman la propuso (como se ve tiene un origen muy progresista) ha hecho correr ríos de tinta y llenado muchos folios en las universidades, en los institutos de estudios, en las revistas especializadas e incluso en algún periódico; pero, mas allá de los gabinetes, ningún país se ha atrevido a aplicarla debido a su complejidad y difícil control.

Aun cuando no se defina como tal, su diseño es el de un impuesto negativo sobre la renta, en tanto en cuanto la ayuda viene fijada  por la diferencia entre la renta garantizada por la ley y los ingresos obtenidos por el beneficiario o beneficiarios en el año anterior. Hay que suponer que, si se aplicase correctamente, habría una gran disparidad en el importe de las ayudas, no solo por la introducción de la unidad de convivencia -de la que hablaremos más adelante-, sino porque va a depender de la renta que se haya obtenido en el ejercicio precedente.

De aquí la obligación que se impone a los perceptores de la prestación de que tengan que presentar anualmente la declaración del impuesto sobre la renta. Carga burocrática para este colectivo que se supone que en su gran mayoría no está acostumbrado a ello; pero carga adicional también para la Agencia Tributaria. Se da un paso atrás en lo que ha sido la política, al menos teórica, de esta institución, eximiendo de tal obligación al mayor número posible de contribuyentes, y liberándose a sí misma de un volumen de trabajo que podría apartarla de otras labores más importantes y rentables desde el punto de vista fiscal.

En el momento actual es muy amplio el abanico de los contribuyentes que están exentos de declarar y no es arriesgado suponer que la mayoría de los presuntos beneficiarios del IMV hayan estado hasta ahora libres de esa obligación que se les impondrá de cara al futuro. Serán muchos cientos de miles de declaraciones, si no millones, a añadir a las que ya recibe las que se vea obligada a procesar la Agencia Tributaria. Pero la sobrecarga de trabajo para este organismo no se termina aquí, puesto que el decreto-ley remite a la Agencia Tributaria la tarea de contrastar la información en materia económica que hayan facilitado los beneficiarios. Es de suponer que todo ello irá en detrimento de la finalidad principal de esta institución que es perseguir el fraude en material fiscal, en el que están en juego cantidades mucho más importantes que las que se puedan derivar de las pequeñas trampas de los beneficiarios de una ayuda orientada a solucionar la pobreza.

Parece ser una constante en el comportamiento del ministro independiente. Cuando estuvo de presidente de la AIREF, un pequeño organismo creado para dar respuesta a los caprichos de Bruselas, y cuya misión radica únicamente en constatar si las previsiones del Gobierno son creíbles y revisar más tarde si estas se han cumplido, quiso emular a la Intervención General, eso sí, utilizando toda su información y medios. Ahora quiere construir en el Instituto de la Seguridad Social su propia Agencia Tributaria, aunque poniendo a su disposición la del Ministerio de Hacienda.

Como si no fuese suficiente complicación la configuración de esta figura como un impuesto negativo sobre la renta, se mete en danza el patrimonio de los beneficiarios, añadiendo no solo más complejidad, sino creando ciertas contradicciones. Se deja exenta la vivienda propia, dando ventaja a los que la tienen sobre los que viven de alquiler, y genera múltiples situaciones injustas como la de aquellos que, estando alquilados, mantienen una participación en otra casa que a su vez está alquilada.

La casuística es interminable y se incrementa de forma sustancial al introducir el concepto de unidad de convivientes, mucho más amplio que el de familia, y por lo tanto con más supuestos. Esperemos que a nadie le dé por recurrir al Tribunal Constitucional y a este fallar en la línea que lo hizo en 1989, acerca de que a un contribuyente por el hecho de estar casado o inscrito en una familia no puede dársele un tratamiento peor que si estuviese soltero.

La falta de aptitud de esta prestación para dar respuesta a los graves problemas sociales que se van a presentar con motivo de la epidemia y de la crisis económica aparece de modo evidente en el hecho de su referencia a la renta del beneficiario o beneficiarios del ejercicio anterior. Porque las mayores necesidades sin duda surgirán en aquellos que han visto cambiar radicalmente su situación económica de un año a otro. Es cierto que en el decreto-ley se plantea, como no podía ser de otra manera, la cuestión y se admite la excepción de que puedan considerarse los ingresos del año actual, pero con tal ambigüedad y falta de concreción acerca de su comprobación que va a dar lugar a múltiples interpretaciones. Por otra parte, parece que el legislador no se resiste a remitir a ciertos límites en la renta y en el patrimonio del ejercicio anterior, constituyendo seguramente una condición insalvable para muchos.

Buena prueba de esta inoperancia es el hecho de que gobiernos y sindicatos estén hablando de prorrogar el seguro de desempleo a aquellos que les vence en el presente ejercicio. Quizas por ahí se debería haber empezado.

Lo que parece que tiene aún menos lógica es que las distintas ayudas que las Comunidades conceden con la misma finalidad – llámense como se llamen- no se consideren como ingresos del beneficiario, a la hora de restarlas de la renta garantizada y sí se tenga en cuenta cualquier otro ingreso; bueno, excepto los derivados de violencia de género y de trata de seres humanos, que están continuamente exceptuados de los reiterados condicionantes que la norma va estableciendo a lo largo de todo su contenido texto. La compatibilidad con las ayudas autonómicas deja la situación en el mismo caos de antes y perpetúa la desigualdad territorial, que es precisamente lo que habían criticado los organismos internacionales, aunque sea únicamente porque dificulta la movilidad geográfica de la mano de obra. Está claro que este Gobierno no puede librarse del control de los nacionalismos y regionalismos, ya que los necesita para gobernar.

El punto número 4 del artículo 8 del decreto-ley estipula que con la finalidad de que la percepción del IMV no desincentive la participación en el mercado laboral se hace compatible con las rentas de trabajo o con la actividad económica por cuenta propia. Pero lo cierto es que la compatibilidad es muy relativa, por no decir inexistente, puesto que los recursos obtenidos no figuran entre los exentos en el punto e) del artículo 18, es decir, que se deducirán como un ingreso más de la renta garantizada. Es difícil creer que alguien esté dispuesto a trabajar cuando su remuneración va a ser descontada más tarde de la percepción que recibe como prestación social. A no ser (y eso es lo que va a ocurrir) que en la mayoría de los casos el trabajo se haga en negro, con lo que la economía sumergida puede incrementarse de forma sustancial. La retahíla de sanciones estipuladas tanto para los beneficiarios como para los colaboradores en el incumplimiento es un brindis al sol y suscita cierta hilaridad. La compatibilidad establecida en el art. 8 anterior choca además con el requisito de estar inscrito como demandante de empleo fijado en el apartado d) del punto 1 del art.7.

El señor Escrivá ha vendido que iba a conceder de oficio el IMV a 75.000 familias. En realidad, lo único que ha hecho es cambiar la percepción que ya recibían por hijo o menor a cargo, que desaparece para este año y se engloba en la nueva prestación. No sé si cobrarán más o menos, pero lo cierto es que se les va a complicar la situación burocráticamente porque la operación no termina de entenderse, ya que, después de decir que es una prestación extinguida, concede la opción de que aquellos que consideren que no tienen derecho al IMV puedan el 31 de diciembre solicitar de nuevo la prestación anterior.

El señor ministro ha establecido en el decreto que sea la AIREF la que evalúe anualmente los resultados de la nueva prestación. Sabe bien que esta tarea excede sus funciones y -lo que es más importante- de su capacidad y de los medios con los que cuenta. ¿No será acaso que creyendo que mantiene aún una fuerte ascendencia sobre esta institución espera un cheque en blanco?

Lo que el ministro sí hace es crear burocracia. Constituye una comisión de seguimiento formada por no se sabe cuántos altos cargos y un consejo consultivo con representaciones de todo tipo de instituciones. Uno se pregunta si para cada prestación social que concede el Estado o cada impuesto que gestiona van a necesitarse tantos órganos pluripersonales. Más importante sería que contrastase el numero de funcionarios del que dispone y si van a ser capaces de gestionar una prestación tan compleja como la que se ha diseñado. Bien es verdad que en un brote de megalomanía ha logrado que en el decreto-ley se establezca que todas las otras administraciones, aun las locales y autonómicas, estén a su servicio. Pero una cosa son las determinaciones legales y otra muy distinta su cumplimiento.

Según se van conociendo, los primeros resultados no son muy halagüeños, y confirman la incapacidad de la Administración para dar respuesta con esta prestación a las urgencias que se están presentando. Tan es así que se han visto obligados a contratar a una empresa pública que se dedica a la construcción y a la ingeniería, que a su vez ha tenido que reclutar personal en paro sin preparación administrativa alguna. El desastre parece que está siendo absoluto. Por una parte, los recursos no llegan a los necesitados, pero, por otra y no es menos grave, es muy previsible que cuando lleguen, los fallos en la gestión y en el control hagan que no estén los que son y no sean los que están, es decir, que al final los beneficiarios no sean los más necesitados, sino los más listillos y aquellos con más necesidades se queden fuera y se produzcan numerosas y profundas injusticias. Por poco que se conozca la técnica fiscal y presupuestaria se sabe que cuantos más requisitos incidan en una desgravación fiscal o en una prestación social, más difícil será su control y mayores facilidades se darán al fraude y a la picaresca.

Hay que preguntarse si no hubiese sido más sensato, al menos en los momentos actuales, haber desarrollado el seguro de desempleo, extendiéndolo en el tiempo y ampliándolo a los colectivos de trabajadores carentes de esta cobertura, y potenciar y armonizar las ayudas autonómicas. Pienso que los resultados hubiesen sido mejores y más inmediatos, bien es verdad que a lo mejor se hubiesen molestado las Comunidades Autónomas, especialmente las fuerzas regionalistas y nacionalistas y sobre todo no habría servido para el postureo del gobierno, y de algún ministro.

republica.com  4-9.2020



LA REBELIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS

HACIENDA PUBLICA Posted on Mon, September 07, 2020 23:06:07

Todo el mundo se hace la siguiente pregunta: ¿por qué el impacto de la pandemia ha sido mucho mayor en España que en el resto de Europa no solo en la primera oleada, sino también en los momentos actuales? Se me ocurre que algo tiene que ver nuestra estructura política, nuestro Estado de las Autonomías y nuestra tendencia al cantonalismo y a los reinos de Taifas.

El 12 de diciembre de 2018 escribía yo un artículo en este mismo diario titulado “El patriotismo de las cosas de comer”, en el que comentaba un informe de la OCDE publicado aproximadamente un mes antes. Este organismo internacional consideraba que la división autonómica de nuestro país era un grave obstáculo para el crecimiento económico y la igualdad. No repetiré, desde luego, aquí las aseveraciones de la OCDE, y mucho menos mis comentarios. Solo resaltaré que, si esto es así en condiciones normales, cuánto más lo es en una situación crítica como la actual.

El virus claramente no sabe de fronteras ni de Autonomías. El Gobierno, en un principio, pareció entenderlo y con toda lógica decretó el estado de alarma, incluso empleando este mismo discurso acerca de que la epidemia no atendía a límites ni a territorios. La medida parecía tan razonable que no tuvo apenas contestación, como no fuese la de los nacionalistas, dispuestos siempre a sobreponer su independencia por encima de cualquier otra cosa.

El problema surge cuando se descubre, por una parte, que el rey está desnudo, es decir, que después de cuarenta años de desmontar el Estado y someterlo a un proceso de enorme intensidad de centrifugado hacia la periferia se encuentra incapaz de cumplir determinadas funciones (por ejemplo, los ministerios de Sanidad y de Educación, inexistentes en el orden práctico). Y, por otra parte, la existencia de un Ejecutivo creado de forma precaria y contra natura, hecho de retales y de un equilibrio inestable y que, como reiteradamente he escrito, está hecho para la representación y el pastoreo, pero se muestra incapaz de gobernar y gestionar.

El Gobierno, tras una etapa en la que confunde el mando único con un poder despótico, que considera que puede hacer lo que quiera sin pactar ni dialogar con nadie, y después de ser consciente de los múltiples problemas generados y negarse a aplicar un plan B, se inhibe y deja todo en manos de las Autonomías, con lo que se instala el caos más absoluto. Se crea un mosaico de medidas dispares y distintas según cada Comunidad y, lo que es peor, al albur del criterio de los diferentes jueces que tienen que ratificarlas. Las consecuencias las estamos viendo y las veremos con mayor claridad tras la apertura de las aulas.

Esa anarquía territorial que se ha apoderado de la estructura política y que recuerda los acontecimientos por los que se hundió la I República no se limita al ámbito de las Autonomías, sino que alcanza a las corporaciones locales. Últimamente se ha producido la rebelión de los Ayuntamientos contra una de las pocas normas con sentido que este Gobierno ha anunciado. El Ejecutivo pretende utilizar el superávit de los entes locales para las múltiples y enormes necesidades surgidas y que van a aflorar con la crisis sanitaria y económica. Es un superávit, además, que los Ayuntamientos no podían gastar, estaban bloqueados por las leyes que el PP se vio obligado a tomar como consecuencia de la anterior crisis y en aras a cumplir la disciplina presupuestaria impuesta por Bruselas.

No se precisa recordar que la situación de las finanzas públicas estatales es crítica y lo va a ser aún más. Los últimos datos del Banco de España no dejan lugar a dudas. El stock hasta junio de la deuda pública alcanza ya el 103% del PIB, aunque en realidad es mayor, ya que esta cifra está calculada sobre el PIB de 2019. Con el previsto para el 2020 podríamos afirmar sin miedo a equivocarnos demasiado que el porcentaje alcanzaría el 113%. ¿Cuál va a ser el que alcance a final del año?

Todas estas cargas van a recaer principalmente sobre el Estado. Así mismo sobre las Comunidades Autónomas, pero los gastos adicionales de estas repercutirán también sobre la Administración Central, ya que el Estado va a transferir a las Autonomías 16.000 millones de euros de forma extraordinaria. Será también la Administración Central la que sufrirá una sustancial reducción en su recaudación al ser los impuestos que gestiona los que están unidos a la actividad económica. Caso muy distinto es el de los Ayuntamientos, cuyos recursos apenas se verán afectados. Es de prever que el IBI escasamente experimente modificación. Un impuesto que, por cierto, se ha multiplicado e incrementado como ninguna otra figura tributaria en los diez o veinte últimos años.

Ante la crisis que estamos sufriendo y las dificultades que se avecinan, la postura de los Ayuntamientos es mezquina y raquítica, pueblerina, con anteojeras. No dudo de que todos ellos tendrán muchas necesidades. Las necesidades siempre son infinitas, pero no es el momento ni de los polideportivos, ni de las piscinas, ni de los centros culturales, ni de las aceras etc. Las necesidades a cubrir van a ser mucho más apremiantes y los recursos, escasos. Tampoco es el momento de que las corporaciones locales asuman funciones que no les corresponden. Los compartimentos estancos no tienen lugar en una crisis como esta. Cada gasto tiene su coste de oportunidad y la elección de los que haya que acometer debe hacerse con carácter general y sin capillitas.

Más grave aún es la postura del PP al colocarse al frente de la manifestación. Da grima escuchar a algunos de sus portavoces bramar que el Estado quiere expoliar el ahorro de los vecinos. Se llega a la conclusión de que los partidos políticos, aunque sean nacionales, no se rigen por la racionalidad sino por la demagogia y el populismo. Habrá que preguntarse quién va a pagar el seguro de desempleo de esos vecinos despojados, y los gastos extraordinarios en sanidad y en educación, incluso ese ingreso mínimo vital si alguna vez se pone en funcionamiento; quién va a costear las pensiones de sus mayores; quién sufragará los ERTE, y los avales para salvar el mayor número posible de las empresas de esos Ayuntamientos.

El sectarismo del PP en este caso aparece de forma más elocuente al recordar que criticó con dureza la medida en sentido inverso que Zapatero adoptó en la crisis del 2008, el llamado plan E, consistente en rociar de dinero a los entes locales creyendo que de esa manera se iba a producir la reactivación. Todo el mundo ha reconocido ya que fue una de sus mayores ocurrencias, y una forma ingeniosa de desperdiciar recursos, recursos que habrían de ser muy necesarios más tarde. Entonces el PP tenía razón, pero por eso se entiende menos la postura que ha adoptado en este momento.

Ante la crisis actual todo capillismo es suicida. La historia nos enseña que en las confrontaciones bélicas el conjunto de los bienes públicos y privados se pone al servicio de la victoria. No es preciso exagerar. No estamos en una guerra, pero sí en una catástrofe sanitaria y probablemente económica. ¿Qué más lógico que el hecho de que todos los recursos públicos se aúnen bajo una dirección única para solucionar las necesidades más apremiantes? Pero aquí nos encontramos con el problema de siempre, este Gobierno no está hecho para gobernar, no puede ni sabe hacerlo. Quizá por su propia incompetencia, pero también y principalmente porque carece de los apoyos políticos necesarios.

Esta ley no saldrá, y si se aprueba será con tantas concesiones que devendrá inútil. Por supuesto no contará con la aquiescencia de vascos y catalanes, a no ser que se les conceda que sean las respectivas Autonomías las que se hagan cargo de los excedentes de sus Ayuntamientos, lo que sería reconocer ya que en España hay tres Estados. Pero es que el Ejecutivo ni siquiera contará con el apoyo de parte del Gobierno. Colau (no olvidemos que es parte del Podemos) ha salido ya vociferando y acusando al Estado de expoliador.

Para gobernar no basta con una moción de censura o con ganar la investidura. Se precisa capacidad y poder político para gestionar el día a día, y eso es lo que le falta a este gobierno Frankenstein. Puede echar las culpas a los Ayuntamientos, a las Comunidades o a la oposición. No digo yo que no tengan responsabilidades, pero la causa principal y el origen de todo lo que sucede se encuentra en un gobierno que nació tarado y que cuanto más prepotente se muestra en la representación y en el postureo, más débil e infecundo es en la gestión y en la gobernanza.

republica.com 28-8-2020