Ideologías aparte, hay que reconocer que Pérez Rubalcaba ha sido uno de los políticos más hábiles surgidos en España desde la Transición. De una perspicacia y sagacidad nada comunes. Pocas metáforas podrían haber sido más elocuentes que la de gobierno Frankenstein para describir el proyecto que, en su ambición desenfrenada, Pedro Sánchez estaba ya acariciando en 2016, y que llevaría a cabo en el 2018 con 85 diputados y tras una moción de censura deshonesta.

El personaje Frankenstein, sin nombre propio pero que adopta el nombre de su creador, es, según la novela de Mary Shelley, un monstruo construido a base de retazos de cadáveres, piltrafas humanas diseccionadas en la sala de autopsias de un hospital por la demencia y loca ambición de un doctor, que pretende construir clínicamente la vida. El resultado del experimento es sin duda trágico. No solo es que su apariencia y su constitución interna, elaborada con despojos y partes de individuos diversos y por lo tanto totalmente heterogéneos, sean repelentes y deformes, hasta el punto de que su creador reniegue de él y lo abandone, sino que a lo largo de toda la novela resulta palpable que la criatura artificialmente construida no es funcionalmente apta para la vida humana e integrarse en la sociedad.

Lo acertado de la metáfora radica ciertamente en que lo que salió de aquella moción de censura de mayo de 2018, y lo que se ha vuelto a repetir en enero de este año, con la investidura de Pedro Sánchez, aunque legal, es algo, desde el punto de vista democrático, contra natura, repulsivo, un engendro, un monstruo fruto de los intereses más dispares, muchos de ellos bastardos. Golpistas, independentistas, herederos de terroristas, regionalistas, populistas, etc., aunados con objetivos diversos, y a menudo contradictorios y contrarios al interés general. Pero la metáfora va más alla y es que este engendro, al igual que el monstruo de Mary Shelley, no es funcionalmente viable, no es operativo, no sirve para moverse en un sistema democrático. De ahí las rectificaciones, los desmentidos, las falsedades e incluso las contradicciones de los que está enlosada todas sus actuaciones.

Después de dos años se está poniendo en evidencia que Pedro Sánchez no puede gobernar, al menos democráticamente. Que este periodo está lleno de irregularidades y desvaríos. Ha estado siete meses en funciones. Continúa con los presupuestos de Montoro, que en otro momento tanto criticó, sin que hasta ahora haya podido aprobar unos nuevos. Para aplicar los ERTE ha tenido que utilizar la reforma laboral de Rajoy que prometió derogar. Del mismo modo, se ha visto obligado a utilizar la denostada ley mordaza, para mantener el orden durante los estados de alarma. En todo este tiempo apenas ha sido capaz de aprobar una ley en el Parlamento. Ha tenido que instrumentar toda la actividad legislativa mediante decretos leyes, que constitucionalmente están reservados para los asuntos de urgente y grave necesidad.

Pero quizás donde mejor se hace presente la debilidad del Gobierno y de su presidente es en los apuros en los que se ve envuelto y en las múltiples concesiones que debe hacer cuando tiene que aprobar cualquier asunto en el Congreso. Algún periodista, de manera un tanto acertada, le ha calificado de “Pedro el de las mercedes”, basándose en el título que la historia otorgó al primer Trastamara por la cantidad de dádivas y favores que se vio obligado a conceder para que los nobles le coronasen rey (Enrique II), en detrimento de su hermano Pedro el cruel o el justiciero. También Sánchez se ha visto forzado a otorgar toda clase de mercedes para ser elegido tanto en la moción de censura como en la investidura, pero es que además se ve en la tesitura de continuar concediéndolas para poder dar cualquier paso en la gobernanza.

Lo grave de tal situación es que estas cesiones están insertas en un sistema de suma cero, de modo que lo que se otorga a unos se les quita a los demás, y se crea todo tipo de injusticias y de diferencias entre las Comunidades Autónomas. En muchas ocasiones, se llega aún más lejos, pues se entra en un claro compadreo con aquellos que han dado un golpe de Estado o continúan amenazando con darlo, o incluso con quienes no condenan la violencia de una banda terrorista por sentirse sus herederos. La situación en Cataluña sigue siendo esperpéntica, y causa rubor y vergüenza ajena ver al Gobierno de la nación tratando con algodones por miedo a ofenderles -al tiempo que acceden a todas sus peticiones- a los que afirman claramente que pretenden destruir el Estado.

El culmen de la farsa es cuando el reparto de las mercedes llega incluso antes de haber cazado la pieza. Así, Pedro Sánchez ha tenido que prometer al golpismo catalán que le permitirá participar en la gestión de ese fondo de recuperación, quimera que está pendiente de aprobarse en Europa y que no se conoce todavía, de forma definitiva, ni la cuantía, ni las condiciones, ni la forma en que se va a recibir.

En esta subasta de sinecuras en que se ha convertido cada votación parlamentaria tiene un puesto preeminente el PNV, de rancia tradición mercantil, dispuesto siempre a venderse al mejor postor, y a traicionar al anterior si le conviene, tal como demostró en la moción de censura. Estos tiempos convulsos son ideales para los mercenarios, y el PNV está sabiendo explotarlos sacando tajada de cada sesión parlamentaria. Su virtualidad petitoria la ha extendido últimamente sobre Navarra en un gesto simbólico de enorme trascendencia, aparentar que existe un protectorado de Euskadi sobre esa Comunidad, con el silencio cómplice del PSOE y de la señora Chivite, que gobiernan también, en una especie de entramado Frankenstein, la Autonomía.

La última canonjía conseguida es el privilegio de que los gobiernos del País Vasco y Navarra puedan manejar a su antojo en el ámbito de sus respectivas Autonomías el recientemente aprobado ingreso mínimo vital (IMV). Es comprensible que el resto de las Comunidades solicitasen inmediatamente la misma prerrogativa, a lo que el Gobierno central se ha negado. Como colofón, el ministro que se jactaba de ser independiente (y ahora, como el resto del gabinete, es dependiente de los golpistas), para justificar la negativa de su señorito dependiente del PNV, no ha tenido ningún reparo en insultar y menospreciar al resto de las Comunidades, afirmando que la razón de la diferencia se encuentra en que las únicas que saben gestionar adecuadamente esa renta mínima (o como se llame en cada sitio) son Navarra y el País Vasco. Tendría que haber dicho más bien que son las únicas que han tenido dinero para hacerlo, ya que cuentan con un sistema de financiación privilegiado, anacrónico, y que crea una situación de clara iniquidad entre Autonomías.

La dependencia de los nacionalistas ha influido también en el diseño del IMV. El ministro independiente, en sus peroratas triunfalistas, ha citado a menudo la referencia que los organismos internacionales habían hecho acerca de la pobreza en España. Lo que quizás no ha señalado suficientemente es que todos ellos indicaban la situación de injusticia que se produce al ser las prestaciones de carácter autonómico y muy diferentes en la cuantía y en el diseño. Se echaba en falta una prestación nacional que terminase unificando la ayuda. La fórmula adoptada, sin embargo, y sin duda por presión de los nacionalistas e independentistas, no corrige en absoluto la disparidad ya que, en lugar de completar las prestaciones autonómicas igualando todas en el nivel estatal, crean una ayuda de tipo general compatible con las de las Autonomías, subsistiendo por la tanto la misma disparidad territorial.

La decisión de Pedro Sánchez de gobernar a cualquier precio y la imposibilidad de hacerlo, con 120 diputados y un gobierno Frankenstein, según los cauces normales, le ha conducido a saltarse, allí donde ha podido, los diques democráticos. Ha pretendido acallar toda crítica. Anatematiza cualquier censura con el argumento de que se crispa la vida política. Intenta por todos los medios controlar los medios de comunicación. Somete a TVE a un régimen sectario y partidista, olvidándose de todas las exigencias y requerimientos que hacía en la oposición. Igual ha hecho con puestos que tradicionalmente habían gozado de cierta profesionalidad como por ejemplo la presidencia del Centro de Investigaciones Sociológicas, nombrando a uno de los militantes más sectarios del PSOE, que ha terminado por convertir este organismo en el hazmerreir de toda la ciudadanía, pues ya nadie se cree sus estudios y sus encuestas.

Las exigencias de sus socios golpistas le han hecho intervenir descaradamente en la Abogacía del Estado con la finalidad de que los informes jurídicos se hiciesen a su dictado y, sobre todo, que se modificasen de acuerdo con sus conveniencias las calificaciones penales que se debían mantener ante los tribunales, removiendo incluso de sus puestos de trabajo a los funcionarios que se negaban a cumplir sus indicaciones sectarias. Algo similar intentó con el Ministerio Fiscal, aunque hasta ahora le ha resultado más difícil de conseguir, pero por eso mismo ha situado al frente de la Fiscalía General del Estado, a quien de ministra de Justicia había dado ya suficientes muestras de parcialidad y de no tener ningún reparo en torcer la legalidad para conseguir los intereses políticos del Gobierno.

La última hazaña en ese querer utilizar las instituciones estatales para su propia pervivencia ha sido la obstrucción de la labor de la policía judicial, con cese incluido del funcionario que se negó a cometer una ilegalidad, descubriendo el contenido de la investigación que estaba bajo secreto sumarial. A los sanchistas, con tal de solventar sus problemas, no les ha importado originar toda una crisis en la cúpula de la Guardia Civil, que veía con escándalo cómo se pretendía utilizar la institución como jamás se había hecho.

No es la primera vez que este Gobierno recurre a la pérdida de confianza y a la libre designación. Pero la libre designación no es la libre remoción. Es ya doctrina del Tribunal Supremo que los ceses en los puestos de los empleados públicos de cierto nivel deben ser motivados. Actualmente en la Administración abundan los puestos de libre designación afectando a los niveles de responsabilidad. Permitir arbitrariamente la libre remoción por el poder político es deteriorar de forma grave la ecuanimidad  de la que debe estar dotada la Administración.

En esta misma línea de patrimonialización de la función pública, el Gobierno Frankenstein está multiplicando los puestos de alto nivel, todos ellos clasificados como de confianza, carentes de contenido y de competencias, y orientados a colocar a amigos o a miembros de los respectivos partidos sin conexión alguna con la Administración. Una de las garantías de la imparcialidad y objetividad de la función pública radica en que los puestos de trabajo sean ocupados por funcionarios públicos, reclutados según procedimientos reglados en los que se puedan determinar los méritos y la capacidad. Está establecido que la provisión de las direcciones generales se realice entre funcionarios y solo cuando el puesto sea tan específico que no haya ningún empleado público capacitado se permite nombrar a alguien ajeno a la Administración.

El Gobierno Frankenstein está convirtiendo la excepción en la regla y, a veces, de la forma más descarada, pueblerina y cutre posible. Un presidente de gobierno que crea una dirección general sin contenido para hacer un huequito profesional a su amigo de la infancia. Encima quieren justificarlo por eso del currículum. Los currículos son todos excelentes. El papel lo aguanta todo. Menos mal que a la Administración no se entra por el currículum, sino por las oposiciones. En cualquier caso, no se trata de demostrar que Iñaki Carnicero puede desempeñar muy bien el puesto (seguro que sí, no tiene contenido), sino que no había ningún funcionario capacitado para ocuparlo, tal como indica la norma.

La obra de Mary Shelley tiene un subtítulo que casi nadie cita, “El nuevo Prometeo”. La autora pretende relacionar a su protagonista con el titán de la mitología griega que, arrastrado por su ambición, lleva su osadía al extremo de retar a los dioses y es torturado por ellos. La soberbia del doctor Frankenstein le conduce a desafiar las leyes de la naturaleza y es castigado por su propia obra, ese engendro grotesco e incontrolable que se vuelve contra su creador. Pedro Sánchez, llevado por su orgullo y ambición, violentando el orden lógico de la política y de la ética y en contra de lo que era la voluntad de su propio partido, ha creado también un monstruo patético y deforme difícil dominar, el gobierno Frankenstein. La obra de Mary Shelley tiene una moraleja: el castigo que acarrea a quien, en función de la soberbia y el orgullo, traspasa los límites éticos y del orden natural. Dudo mucho de que eso se aplique al pie de la letra a la política. No sé cuál será el final de Pedro Sánchez, pero me temo y creo intuir que las consecuencias negativas serán para los españoles.

republica.com 12-6-2020