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ARTÍCULOS RECIENTES CONTRAPUNTO

PEDRO SÁNCHEZ, CUATRO AÑOS DESPUÉS (I)

PSOE Posted on Sun, January 12, 2020 23:01:21

Le ha costado cuatro años, pero lo ha conseguido. En diciembre de 2015 nadie podía imaginarlo, ni tampoco hasta dónde íbamos a llegar en los desatinos. Era difícil, por no decir imposible, prever entonces la aberración que se iba a consumar en el Congreso el día 7 de enero de este año. Solo se le pudo pasar por la cabeza a Sánchez. Bueno, tal vez también a alguien más, al artífice, al ideólogo, a Iceta. Sánchez puede ser un inmoral, que lo es, pero de ninguna manera es tan listo. Iceta, por el contrario, es un Rasputín, curtido en no se sabe cuántos aquelarres políticos, que han constituido su única profesión y universidad, y dispuesto siempre a la intriga y a moverse entre dos aguas, como buen militante del PSC.

En diciembre de 2015 Sánchez no tenía a favor prácticamente nada. Había perdido las elecciones y, además, con unos resultados peores que los obtenidos por Almunia y Pérez Rubalcaba en sus respectivos comicios, tras los cuales ambos habían dimitido. Cabría suponer que Pedro Sánchez les imitaría. Nada de eso pasó por su mente, más bien acariciaba la idea de ser presidente de gobierno. Comenzó por negar cualquier diálogo o negociación con Rajoy, con lo que aparentemente quedaba bloqueado el camino hacia la formación de todo gobierno, ya que en aquellos momentos nadie contemplaba como viable un acuerdo con los nacionalistas catalanes, que estaban ya en un proceso claro de rebeldía. Sánchez, como más tarde se ha comprobado, no era de la misma opinión y continuó pensando de manera similar tras los comicios de 2016, en los que consiguió peores resultados y quedó aún a una mayor distancia del PP.

Los botafumeiros de Sánchez repetían a diario que este nunca pactaría con los secesionistas. Está claro, a la vista de los acontecimientos posteriores, que se equivocaban (o bien querían equivocarse). Sánchez, aparentemente, no disponía de ninguna baza, excepto la falta absoluta de escrúpulos y su capacidad para colocar su ambición y su yo por encima de cualquier otra consideración. Era capaz de pactar con el diablo si era preciso para obtener su objetivo.

Ha tardado cuatro años, pero finalmente lo ha logrado. Para ello ha tenido primero que desvertebrar totalmente su partido estableciendo, ayudado por ese mal invento de las primarias, un sistema caudillista en el que han desaparecido todos los contrapoderes. Ha montado una Comisión Ejecutiva, un Comité Federal y un grupo parlamentario a su conveniencia con personas de su total confianza. De ahí que haya conseguido que el tradicional pensamiento del PSOE en materia territorial haya dado un giro radical. Se ha echado en manos del PSC, lo que provocó que él y el PSOE en su conjunto hayan mantenido una postura confusa ante el secesionismo, una actitud ambigua que se proyectó en el 1 de octubre y en la misma activación del art. 155 de la Constitución. En esta ocasión condicionó su aprobación poniendo limitaciones tanto en su contenido como en su duración.

No tuvo ningún inconveniente en llegar a la presidencia del gobierno mediante la farsa de una moción de censura ganada con la complicidad de los nacionalistas catalanes, que para entonces eran ya golpistas. No puso ningún obstáculo en establecer una negociación humillante, de igual a igual con el gobierno de la Generalitat cediendo en casi todas sus pretensiones. No le importó incluso presionar a la Abogacía del Estado para que modificase su calificación en el proceso del 1 de octubre. Como el nacionalismo no tiene límite, llegó cierto momento en que Sánchez creyó que le era imposible aceptar todas sus reivindicaciones, no tanto por considerarlas inmorales o injustas, sino porque podían ser perjudiciales para sus intereses, que entonces pasaban más por convocar unas nuevas elecciones. Creía que los resultados le darían un mayor margen de maniobra.

El desenlace no fue el esperado ni en los primeros comicios (18 de abril) ni en los segundos (14 de noviembre), a pesar de que durante su estancia en la Moncloa supo utilizar partidistamente todos los engranajes de poder, y a pesar también de que durante este tiempo Sánchez cambió, sin el menor pudor, de discurso y de planteamientos todas las veces que consideró conveniente, diciendo digo donde antes decía diego. Al final ha elegido de nuevo el gobierno Frankenstein como la forma que mejor le garantiza su continuidad en la Moncloa. Este Gobierno será ahora más  Frankenstein que nunca. Son diez las formaciones políticas implicadas, siete de ellas nacionalistas o regionalistas (eso, si consideramos a Podemos como partido nacional, que es mucho considerar pues en su interior conviven por lo menos tres o cuatro organizaciones distintas). Ciertamente, el aglutinante de este Gobierno no tiene nada que ver con la homogeneidad ideológica, sino con los intereses partidistas y provincianos de cada una de las formaciones. Cada uno extiende la mano para recibir el peaje, que Pedro Sánchez pagará con el dinero de todos.

Especial gravedad tienen los acuerdos con Bildu, PNV y Esquerra Republicana de Cataluña, porque los peajes, aparte de ser crematísticos, van a afectar a la estructura territorial y a la soberanía nacional. Las tres formaciones políticas se han mostrado muy satisfechas por el acuerdo. Esquerra y Bildu han declarado que se trata de una gran oportunidad. Si para ellos significa una gran oportunidad, echémonos a temblar el resto de los españoles. Pero quien ha mostrado más alegría quizás haya sido Andoni Ortuzar, quien ha llegado a decir que el nuevo gobierno era un regalo de reyes para todos los españoles. Hay que pensar que para quien es en realidad un gran obsequio es para el nacionalismo vasco; se les ha concedido todo lo que habían pedido en la carta a los reyes magos, es decir, todo eso que llaman “la agenda vasca”.

El PNV nunca da puntada sin hilo, y en esta ocasión son muchas las puntadas y muchos los hilos. Solo había que ver la cara de satisfacción de Andoni Ortuzar en la rueda de prensa. Con tal de lograr los seis votos que le podían hacer presidente, Sánchez les ha concedido todas sus reivindicaciones, incluso para el gobierno de una Comunidad vecina, como Navarra, dando a entender que es algo más que vecina, y todo ello con la pasividad de la señora Chivite y del resto del Gobierno navarro.

Lo malo de este acuerdo, al igual que del firmado con Esquerra, es que quien va a ser presidente del gobierno español asume un discurso muy querido por el nacionalismo, pero nunca aceptado hasta ahora por el gobierno central, tales como el compromiso “de cambiar la estructura del Estado al reconocimiento de las entidades territoriales acordando en su caso las modificaciones legales necesarias a fin de encontrar una solución tanto al contencioso de Cataluña como en la negociación y acuerdo del nuevo estatuto de la CAV, atendiendo a los sentimientos nacionales de pertenencia”. En román paladino, la concesión del carácter de nación (no solo cultural, sino también político) a Cataluña y al País Vasco.

En la misma línea aparece, tanto en el acuerdo con el PNV como en el acuerdo con Esquerra, el tópico tan querido por los nacionalistas de eliminar lo que llaman judicialización de la política. Negar en cualquier área social toda posibilidad a la actuación judicial es tolerar la anarquía, el desorden y la delincuencia, que es por ejemplo lo que se ha instalado desde hace tiempo en la política catalana. Precisamente el Estado de las Autonomías blinda a las Comunidades de tal manera que el Gobierno central carece de instrumentos adecuados ante las ilegalidades -incluyendo la rebelión frente al Estado- que los gobiernos y demás instituciones autonómicas puedan cometer, a no ser la compra de la paz con nuevas concesiones, que parece que es el camino que propugnan el PSC y Sánchez. Cuando una Autonomía aprueba acuerdos o leyes que son anticonstitucionales, pocas opciones le quedan al gobierno central como no sea acudir al Tribunal Constitucional, y cuando los políticos autonómicos cometen delitos tipificados en el Código Penal los tribunales no tienen más remedio que actuar. Impedir u obstaculizar en este caso la acción de la Fiscalía constituye cuando menos una prevaricación.

El peligro no está tanto en la judicialización de la política como en la politización de la justicia, y hacia ello se está escorando Pedro Sánchez. En función de sus intereses, que no son otros más que permanecer en la Moncloa, ha pretendido manipular a la Abogacía del Estado y a la Fiscalía. A esta última institución le ha resultado imposible controlarla hasta ahora; sin embargo, ha entrado a saco en la primera hasta sumirla en el mayor desprestigio. Primero fue la negativa de la ministra de Justicia a defender al juez Llarena cuando fue acusado por los fugados golpistas en un tribunal de Bélgica. En ese momento pretendió escudarse en un informe de la Abogacía del Estado. Después, fue el vergonzoso cambio de criterio en la tipificación penal de los hechos llevados a cabo por los acusados en el proceso del 1 de octubre. Cambio que se produjo por presiones del Gobierno, hasta el extremo de cesar al abogado del Estado responsable cuando este se negó a firmar un informe que no había hecho.

Más tarde, un acontecimiento, casi un vodevil. Pedro Sánchez pretendía la investidura. Con la intención de presionar a los otros partidos mediante los gobiernos de las Comunidades Autónomas, la doctora ministra de Hacienda tuvo la ingeniosa idea de encargar un informe a la Abogacía del Estado en el que se defendiese que un gobierno en funciones no tiene competencias para transferir las entregas a cuenta y devolver la liquidación del IVA a las Autonomías. La investidura no se llevó a cabo. Se disolvieron las Cortes y entramos en campaña electoral. Los intereses de Pedro Sánchez también cambiaron. Ahora quería presentarse ante la ciudadanía como pródigo y generoso, con lo que de nuevo se acudió a la Abogacía del Estado para que dijese lo contrario de lo que había sostenido antes, es decir, que un gobierno en funciones sí podía instrumentar las susodichas transferencias. El nuevo informe no tuvo más remedio que firmarlo la abogada general del Estado.

Por último, ha llegado la traca final. Lo nunca visto. Una vez más se demostraba que Pedro Sánchez se podía superar a sí mismo. Que estaba dispuesto a pasar por todo con tal de conseguir la investidura. Pedro Sánchez ha consentido que la postura a tomar por la Abogacía del Estado de cara a la situación en la que queda Junqueras después de la sentencia del Tribunal de Luxemburgo entrase públicamente en la balanza, como una mercancía más, de una negociación política y no demasiado limpia para su investidura. El tema ha sido tan vergonzoso que el informe de la Abogacía del Estado (órgano acusador) le ha sido presentado a Junqueras (delincuente) para su visto bueno antes de mandarlo al Tribunal Supremo.

Algunos periodistas y tertulianos, con tono docto, han querido ilustrar al personal manifestando que la Abogacía General del Estado es una subsecretaría del Ministerio de Justicia y, por lo tanto, tiene que obedecer al Gobierno. Lo primero es cierto; lo segundo, no. Al menos no en todos los sentidos. Toda la Administración depende del Gobierno, pero la ley y el ordenamiento jurídico están por encima de ambos. Es a ese ordenamiento jurídico al que de forma prioritaria los abogados del Estado, al igual que el resto de la Administración, deben supeditarse, máxime en un tema tan sensible como la posición que como acusadores en nombre del Estado mantienen ante los tribunales. ¿Alguien podría imaginar las consecuencias de que el Gobierno pudiese dar órdenes a los inspectores fiscales señalando los contribuyentes concretos que deben inspeccionar y a quién deben sancionar y a quién no?

Los que hemos trabajado muchos años en la Administración sabemos que las presiones políticas existen y que afectan -qué duda cabe- a los abogados del Estado, pero pienso que en temas menores y siempre con límites. Conocemos que los abogados del Estado, como buenos abogados, son especialistas en hacer cuando quieren informes ambiguos en los que no se sabe si van o vienen. Pero siempre dentro de un orden y sin traspasar determinadas líneas rojas. Ahora bien, en este caso se han traspasado las líneas de todos los colores. Difícil encontrar un informe tan alambicado, contradictorio y confuso como el presentado por la Abogacía del Estado al Supremo, y es que se ha querido servir a muchos señores. Solo comparable, por cierto, con el comunicado emitido por la asociación de abogados del Estado. Es totalmente imposible saber lo que querían decir. En algún artículo he señalado el papelón que estaba haciendo la abogada general del Estado. Hoy tengo que preguntarme, con tristeza, acerca del papelón que ha hecho la asociación profesional de abogados del Estado que, se quiera o no, va a terminar salpicando a todo el colectivo.

Intento gravísimo de politizar la justicia se encuentra también en ese punto del acuerdo firmado entre el PSOE y Podemos en el que proyectan que el acceso a la carrera judicial se realice por la puerta de atrás por el método de la selección a dedo. Pero este tema merece que le dediquemos un artículo completo otra semana.

El otro día en el debate, Sánchez repitió continuamente que el PSOE ha ganado las elecciones. Eso no significa nada en un sistema parlamentario en el que lo que cuentan son las alianzas. No las había ganado en el 2016 y, sin embargo, llegó a presidente de gobierno. Lo que a Sánchez le ha permitido estar este pasado año en la Moncloa y lo que le va a permitir ahora formar gobierno es el hecho de ser capaz de doblegarse y humillarse ante los independentistas, ante los que han dado un golpe de Estado, y aún permanecen en él cómodamente. La hégira de Pedro Sánchez demuestra sobradamente que Maquiavelo tenía razón y que en política -al menos a corto plazo- no gana el más honesto y sincero ni el más consecuente, ni siquiera el más inteligente y preparado, sino el más mendaz, tramposo y carente de escrúpulos, triunfa el que carece de todo principio, el que está dispuesto a resistir (manual de resistencia), el que se pega a los sillones y si es preciso se arrodilla para conseguir sus propósitos.

republica.com 10-1-2020



ESTRAGOS DE LA GLOBALIZACIÓN

GLOBALIZACION Posted on Sun, January 12, 2020 22:49:19

En algún artículo anterior me he referido al libro de Piketty, “El capitalismo del siglo XXI”, con la intención de alabar lo que considero su principal mérito, el esfuerzo extraordinario realizado para recopilar y estructurar una cantidad ingente de información, remontándose largamente en el tiempo. Hace escasas fechas se ha publicado en España su nueva obra, “Capital e ideología”, un grueso volumen de 1.300 páginas. Y, en la creencia de que puede ser tan útil como el anterior, me he apresurado a adquirirlo. Hasta ahora no he tenido tiempo de adentrarme en él seriamente. Tan solo he podido leer la introducción, pero me ha resultado ya sumamente ilustrativa, porque viene a confirmar con muchos más datos de los que yo poseía una de las tesis que he mantenido en mi libro “La trastienda de la crisis” de Editorial Península.

Afirmaba yo entonces en la página 169 del citado libro que los últimos setenta y cinco años se dividen en dos etapas bastante bien definidas: “Desde la órbita neoliberal, o más bien neocon, se pretende distorsionar la historia considerando como un periodo único y homogéneo los años que trascurren desde la conferencia de Bretton Woods hasta el momento presente. Nos quieren hacer creer que toda esa etapa es uniforme y que está regida por las reglas del liberalismo económico, y a esa política atribuyen los logros económicos y la prosperidad acaecida a lo largo de este tiempo. La realidad es muy otra. Las economías de la mayoría de los países occidentales se adecuaron por lo menos hasta medidos de los setenta al sistema que se denominaba de economía mixta, próximo a la ideología socialdemócrata en lo político y al Keynesianismo en lo económico. Solo a partir de finales de la década de los setenta y principio de los ochenta comienza a imponerse de manera desigual la ideología neoliberal, que va ganando adeptos progresivamente hasta que en los noventa se puede empezar ya a hablar de globalización al compás de que la libre circulación de capitales vaya adoptándose en casi todos los países desarrollados. Son estos 16 o 17 últimos años cuando llega a su auge el proceso liberalizador”.

Es en esa segunda etapa cuando se produce la inestabilidad financiera, se incrementa la desigualdad, se reducen las tasas de crecimiento y aumenta la de desempleo, incluso se acentúan gravemente los desequilibrios en las balanzas por cuenta corriente, causantes, junto con la libre circulación de capitales, de las crisis financieras y, concretando aún más, de la gran recesión del 2008.

Todos los datos indican el incremento de la desigualdad en todos los países a partir de 1980. Piketty utiliza como medida la proporción de la renta nacional destinada a retribuir el decil (10%) de ciudadanos de mayores ingresos y compara su evolución a lo largo del tiempo desde 1980 hasta 2018. Pues bien, en Estados Unidos este porcentaje pasa del 35 al 48%, en Europa del 28 al 34%, en Rusia del 26 al 46%, en China del 27 al 41 y en India del 35 al 55%. Las cifras serían más escandalosas si considerásemos el 1% o incluso el 0,1% de mayor renta. En concreto, de 1980 a 2018, el percentil de mayores ingresos absorbe el 27% del incremento de la renta mundial, que contrasta con el 13% que recibe el 50% de los ciudadanos de menores rentas.

Los defensores de la desigualdad la justifican al considerarla una condición necesaria para la generación de riqueza y el crecimiento económico. Los datos no avalan desde luego esta tesis. A ello me refiero en la obra anteriormente citada, mostrando cómo en casi todos los países de la OCDE, las tasas de crecimiento, con abstracción de los ciclos económicos, se han ido reduciendo a medida que avanzaba la globalización. Y lo mismo ha ocurrido con el empleo, las tasas de paro se han ido incrementando progresivamente. Piketty llega a la misma conclusión comparando los países y comprobando que no son los que presentan una desigualdad mayor los que más crecen.

El incremento de la desigualdad ha sido una consecuencia lógica del libre comercio y de la libre circulación de capitales. En los momentos actuales, los mercados, incluyendo el financiero, han adquirido la condición de globales -o al menos internacionales-, mientras que el poder político democrático ha quedado recluido en el ámbito del Estado-Nación. Es esta desproporción la que imposibilita, o al menos coloca enormes obstáculos al mantenimiento del Estado social, al verse el poder político cada vez más impotente para controlar a las fuerzas económicas. A pesar de que continúe habiendo partidos que se llamen socialistas, la socialdemocracia como tal está muerta.

Dos son las vías por las que la globalización actúa acentuando la desigualdad. En primer lugar, en el sistema de producción, a través del mercado laboral, que se desregulariza y por lo tanto se pierde ese carácter tuitivo del Derecho del trabajo. El capital y las empresas tienen la capacidad de chantajear al poder político y conseguir que las condiciones de trabajo vayan empeorando y los gastos laborales en términos reales crezcan menos que la productividad, con lo que el reparto de la renta se inclina a favor del excedente empresarial y en contra de los trabajadores y del Estado. Eso es lo que se observa al contemplar para la mayoría de los países europeos y para EE.UU. la evolución de los costes unitarios laborales en términos reales (deflactados). En todos los casos se constata que, por término medio, se han ido reduciendo, de modo que los beneficios empresariales se han apropiado de parte del incremento de la productividad que correspondería a los trabajadores. El problema se agudiza cuando como en los momentos actuales la productividad en la mayoría de los países europeos se encuentra próxima a cero, porque entonces los salarios reales (deflactados) pueden llegar a ser negativos.

La globalización incrementa la desigualdad no solo en el momento de la distribución de la renta, sino también por una segunda vía: debilitando y anulando los mecanismos redistributivos del Estado, en concreto el sistema fiscal y, como consecuencia, la amplitud y la cuantía de la protección y los servicios sociales. Desde 1980, los sistemas tributarios se han hecho mucho más regresivos en todos los países, incrementándose los impuestos indirectos y reduciendo al menos la progresividad de los impuestos directos. Especialmente los impuestos sobre la renta tanto de personas físicas como jurídicas, el de sucesiones y el de patrimonio han sufrido una fuerte ofensiva.

Pikkety ofrece también ejemplos muy ilustrativos: el tipo marginal máximo del impuesto sobre la renta en EE.UU. pasa del 81% en 1980 al 39% en la actualidad; en el Reino Unido, del 89 al 46%; del 58 al 50% en Alemania; del 60 al 57% en Francia y del 65 al 45% en España. ¿Qué diría hoy la prensa de un partido que propusiese el 65% como tipo marginal máximo en el impuesto sobre la renta? Como contraste, en nuestro país los tipos del IVA, un tributo indirecto, han pasado desde su creación, 12 y 6%, al momento actual con un 21 y 10%. El impuesto de sucesiones, por el contrario, casi ha desaparecido, siendo, sin embargo, esta figura vital para impedir la acumulación de la riqueza. Alguien tan poco sospechoso como Alexis de Tocqueville señalaba la importancia que las leyes sobre la herencia tienen a la hora de hacer una sociedad más igualitaria y justa. El impuesto de patrimonio, a su vez, fue suspendido –oh, paradoja- por un gobierno socialista y aunque tiempo después se elimino la suspensión, el restablecimiento se hizo en condiciones mucho más restrictivas, de manera que su eficacia ha quedado reducida enormemente.

La globalización no solo ha minorado las tasas de crecimiento y aumentado la desigualdad, sino que ha acentuado la inestabilidad financiera y multiplicado considerablemente el número y la gravedad de las crisis económicas. Estas se hacen mucho más frecuentes en la segunda etapa que en la primera, en la que casi no existieron. La adopción del libre cambio y de la libre circulación de capitales ha generado graves desequilibrios en las balanzas por cuenta corriente de los países, déficits en unos y superávits en otros. Ciertamente esos desequilibrios solo pueden subsistir gracias a las ingentes transferencias de recursos de los países excedentarios a los deficitarios, orientados a financiar los saldos negativos, pero que están prestos a huir tan pronto como intuye que puede haber dificultades.

Elegí el título “La trastienda de la crisis” para el libro con anterioridad citado en la creencia precisamente de que en el origen de la fuerte recesión de 2008 se encuentran los serios desequilibrios originados desde 1980 hasta 2007 en las balanzas por cuenta corriente de casi todos los países. Tal como aparece en los gráficos mostrados en el libro, en 1980 los déficits y los superávits son de escasa cuantía, casi inexistentes, pero van incrementándose progresivamente en el tiempo hasta el año 2007, en el que llegan a niveles desproporcionados e insostenibles. Los países se escinden en dos grupos opuestos, los acreedores y los deudores, prefigurados respectivamente, en China y en EE.UU., en el ámbito mundial, y en Alemania y los países europeos del Sur en la Eurozona. Antes o después, los desequilibrios acumulados y los flujos anárquicos de capitales que de ellos se derivaron tenían que originar la crisis. Y eso fue lo que ocurrió en 2008.

Hay que temer, por desgracia, que mientras la globalización continúe y se mantengan el libre cambio y la libre circulación de capitales aparezcan o se mantengan desequilibrios en las balanzas de pago y que la recesión pasada o alguna parecida se repitan.

republica.com 3-1-2020