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EL CUPO DE ICETA

Cataluña Posted on Mon, December 11, 2017 23:42:57

Tenía intención de dedicar el artículo de esta semana a la propuesta de la Comisión Europea sobre la creación de lo que algunos han denominado el futuro FMI europeo, que según Bruselas servirá para estabilizar la Eurozona. Parece que nace con muchas pretensiones, pero, como casi siempre, con toda seguridad acabará quedándose en nada. Una vez más, sin embargo, se ha cruzado Cataluña. En esta ocasión con las demandas de Iceta acerca de la condonación de la deuda y de ceder a la Generalitat la gestión y la inspección de todos los tributos. Así que el tema del Fondo Monetario Europeo (o Fondo Europeo de Estabilización, según la denominación que prefiere Mario Draghi) tendrá que esperar a otra semana. Y no es que la cuestión sea de menor importancia, simplemente es que se dilatara en el tiempo. En Europa todo es más lento. En realidad, ambos asuntos inciden sobre los dos problemas que hoy amenazan y dan jaque mate a la economía del bienestar, al Estado social o a la ideología socialdemócrata, o como se le quiera llamar: uno, el euro y el otro, la fuerza centrífuga que anima algunas regiones en Europa.

Pero vayamos a las propuestas de Iceta. En Cataluña se produce un extraño fenómeno y es que las tesis de los independentistas terminan impregnando a otros muchos que no lo son. Periodistas, expertos y políticos, por ejemplo, del PSC, son presa del victimismo y afirmando que Cataluña está maltratada. Expresiones como “hay que buscar un encaje con España”, “procurar que Cataluña se sienta cómoda”, “está infrafinanciada”, “hay que aumentar el autogobierno”, etc. están generalizadas y constituyen un buen exponente de lo que decimos. Antes de abordar las propuestas concretas planteadas por el primer secretario del PSC conviene, por tanto, dejar claras algunas cosas.

En primer lugar, Cataluña es una de las regiones más ricas de España, la cuarta en renta per cápita. Su nivel económico privilegiado no deriva, al igual que ocurre con todas las regiones ricas, de la excelencia propia o de ocupar un lugar privilegiado en la Historia, sino de múltiples circunstancias aleatorias, entre las que se encuentra el trato recibido del Estado, y del juego de mercado, por ejemplo del consumo del resto de España. A su vez, esa situación económica aventajada la convierte por la aplicación automática de la política redistributiva del Estado en contribuyente neto, al igual que en el orden personal los ciudadanos de mayores rentas presentan también de manera lógica un saldo negativo entre lo que contribuyen al Estado y lo que de este reciben. En el ámbito catalán se confunde con frecuencia este déficit con una infrafinanciación, cuando no es tal, sino el resultado racional de los mecanismos redistributivos de la Hacienda Pública, que compensan el reparto injusto del mercado.

Sea cual sea el sistema de financiación que se adopte para el futuro, Cataluña, al igual que Madrid, Aragón, La Rioja y las Islas Baleares, deberían presentar, aunque no ciertamente en igual cuantía, saldo negativo al estar sus respectivas rentas per cápita por encima de la media (también el País Vasco y Navarra, aunque lo eluden por el Concierto). No deja de ser curioso que sea Cataluña la que se queje ahora del actual sistema de financiación, cuando se elaboró con Zapatero de presidente del Gobierno y Montilla al frente de la Generalitat, y casi en su totalidad de acuerdo con los deseos y exigencias de la propia Cataluña.

En segundo lugar, que en estos años la Generalitat haya presentado un mayor déficit y un incremento mayor en el nivel de endeudamiento que las otras Comunidades, no obedece a los defectos que puedan existir en el sistema de financiación autonómica, sino en el destino que cada una de ellas ha dado a los fondos públicos. Es una evidencia, aunque no sea fácil cuantificarlo por ahora dada la complejidad administrativa de la Generalitat, que el llamado procés ha absorbido una cantidad ingente de recursos, no solo a través de los organismos y entes públicos creados en la Administración con la única finalidad de garantizar, como se decía, una estructura de Estado, sino también engrasando toda esa inmensa máquina de publicidad y propaganda que ha funcionado sin escatimar gasto para ese objetivo: favores a medios de comunicación nacionales y extranjeros, públicos y privados, embajadas, pago de lobbies, subvenciones a asociaciones, etc.

Por otra parte, no es ningún secreto que el presidente de la Generalitat percibe la retribución más alta de las cobradas por los restantes presidentes de las Comunidades Autónomas, en algún caso el doble, y mayor que la del propio presidente del Gobierno español. La gravedad no se encuentra tanto en este dato aislado, sino en que, como es lógico suponer, ese alto nivel retributivo se extiende hacia abajo a toda la pirámide administrativa, consejeros, directores generales, etc., hasta el último auxiliar administrativo. Recientemente se ha hecho pública y notoria la diferencia retributiva entre los Mossos d´Escuadra y la Guardia Civil y la Policía nacional. Pero me temo que eso mismo se podría afirmar de casi todos los empleados públicos.

En tercer lugar, es necesario tomar conciencia de que estamos en presencia de un golpe de Estado de una gravedad inmensa, y que no está claro que esté totalmente desactivado. Las autoridades de una de las Comunidades Autónomas más ricas y que produce el 20% del PIB nacional han utilizado el inmenso poder que les concedía estar al frente de la Administración autonómica para crear toda una estructura sediciosa capaz de subvertir el orden constitucional y romper la unidad del Estado. Sin entrar en la discusión jurídica de si ha existido o no violencia de cara a tipificar el delito de rebeldía o de simple sedición, lo cierto es que han contado con una vasta capacidad de intimidación, la que les proporcionaba manejar todos los medios materiales y personales (incluyendo los Mossos d´Escuadra) de la Comunidad. La amenaza ha sido tanto mayor cuanto que Cataluña es una de las Comunidades con mayores competencias. El peligro está lejos de disiparse, por lo que no parece demasiada acertada la política de conceder cotas de autogobierno más elevadas, más medios, para que en otro momento se puedan volver contra el Estado, y entonces sí, tener éxito. La estrategia debería ser más bien la de limitar en la medida necesaria las competencias de la Generalitat para que nunca más se pueda repetir un hecho tan aciago. Un factor que ha contribuido decisivamente al fracaso de la supuesta república independiente es la ausencia de una Hacienda Pública propia. Sin ella, resulta muy difícil, por no decir casi imposible, cortar lazos con el Estado. El dinero manda. Es por tanto disparatada la propuesta de ceder la gestión y la recaudación de todos los tributos a la Generalitat.

En cuarto lugar, es preciso tener en cuenta que en el tema de la financiación autonómica no hay nada gratuito. El dinero que se destina a una Comunidad no se destina a otras, bien directamente o bien detrayéndose del presupuesto del Estado, que afecta a todas las Comunidades. Es un sistema de suma cero. Con lo que en esta materia no puede haber negociaciones bilaterales sino multilaterales, de todas las Comunidades.

Pues bien, con todos estos supuestos, estamos ya en condiciones de afrontar las propuestas de Iceta. Las ofertas en campaña electoral gozan siempre de una gran ambigüedad. Por ello nos referiremos principalmente al artículo que el secretario general del PSC publicó el jueves 30 de noviembre pasado en el diario El Mundo. No es tampoco que el artículo tenga mucha concreción, pero sí la suficiente para vislumbrar los peligros que suscita su contenido. Convencido de que sus demandas pueden levantar ampollas en otras Comunidades Autónomas, intenta revestirlas, pero sin conseguirlo, de un carácter de generalidad, colocando como único antagonista al Estado como si el Estado no fuera de nadie.

Comienza afirmando que los gobiernos autonómicos deben poder ser gobiernos auténticos y no meras gestoras de un Estado descentralizado. Desconozco lo que el señor Iceta entiende por gobiernos auténticos (Consejos de gobierno los denomina la Constitución). Tal vez lo identifique con “independiente”. En todo caso lo que es seguro es que están muy lejos de ser meras gestoras. Cataluña cuenta con un grado de autogobierno que para sí querrían muchos estados federados.

Intenta convencernos de que las paganas de la crisis han sido las Comunidades Autónomas. Ciertamente que para prestar sus servicios han tenido que enfrentarse a graves dificultades, pero tantas o más ha tenido que superar el Estado. La culpa no está en que el sistema de financiación haya hecho aguas, si no en que lo que hizo aguas fue la recaudación impositiva que se desmoronó a niveles desconocidos. Curiosamente, si hubiese estado en vigor el sistema que propone el candidato del PSC, con una mayor cesión de los grandes impuestos a las Autonomías, las dificultades de estas hubiesen sido incluso superiores.

Frente a lo que afirma Iceta, los gastos del Estado han sido lógicamente los más sensibles a la crisis; comenzando por el pago de intereses, que, aunque no pertenezcan a la economía del bienestar, resultan imprescindibles, a no ser que el primer secretario del PSC defienda que hay que denunciar la deuda, cosa que no creo. La teoría económica engloba al seguro de desempleo dentro de lo que se denomina “estabilizadores automáticos”, aquellos gastos que se elevan en tiempos de crisis. El resultado más inmediato de la regresión ha sido la explosión en el número de parados, y por consiguiente en la partida que debe dedicarse a cubrir la prestación por desempleo.

Afirmar que las prestaciones por desempleo y las pensiones están protegidas por las leyes y por los presupuestos públicos es tanto como afirmar que la sanidad y la educación están protegidas por la Constitución y por los presupuestos autonómicos. Sin ingresos, todo eso es papel mojado, y las leyes se cambian. Basta con observar lo que ha pasado con las pensiones. Los jubilados son el colectivo que ha salido más perjudicado con la crisis, especialmente de cara al futuro, ya que la ley aprobada por el PP y auspiciada por Frankfurt y Bruselas condena a este colectivo y a los próximos jubilados a ir perdiendo año a año poder adquisitivo. Es absurdo hacer comparaciones sobre las distintas prestaciones de la economía del bienestar, en función de la administración que las gestiona, aunque tal vez conviene recordar que mientras la educación y la sanidad son universales, las prestaciones por seguro de desempleo y las pensiones inciden sobre los colectivos más desprotegidos. En todo caso, el victimismo es victimismo, aunque se pretenda esconder detrás de todas las Comunidades Autónomas.

Iceta habla de cesión de tributos sin especificar mucho más. Si se refiere a la capacidad normativa, esa competencia la tienen ya, aunque limitada, las Autonomías con respecto a los tributos propios y cedidos, lo que constituye un problema. Problema que adquiriría mayores proporciones si se ampliase la cesión, puesto que se crean presiones fiscales diferentes según donde uno viva y, lo que es peor, se establece una competencia desleal entre las Comunidades, el llamado dumping fiscal, que daña la recaudación y la progresividad de los impuestos. En Europa lo estamos sufriendo entre países, pero reproducirlo a nivel regional es nefasto. No creo que sea la medida más adecuada para ser defendida por un partido socialista.

Si la cesión que se pretende es la de la recaudación, es decir, que los recursos recaudados por los impuestos en una Autonomía se queden en esa Comunidad, se estaría proponiendo la ruptura de la función de redistribución del Estado en el ámbito interregional, porque no habrá fondo que pueda compensar el desequilibrio creado. La redistribución únicamente se ejercería entre los ciudadanos de cada Comunidad Autónoma. Así ocurre en la Unión Europea, en la que no se aplica ninguna política redistributiva entre países. Es lo que algunos criticamos de ella y lo que, a la larga, si no se corrige, provocará la ruptura de la Eurozona. Qué diríamos si Amancio Ortega, las Koplowitz o los Botín dijesen algo así como “deseo más autonomía, yo me quedo con mis impuestos y me hago cargo de sufragar mi sanidad, mi pensión, la educación de mis hijos, etc. Eso sí, no pido nada para mí, que no pida para los demás, el barrendero también puede hacer lo mismo”.

Quizás lo que aparece más claramente en la propuesta de Iceta es que aboga por transferir la gestión y la inspección de los tributos a la Generalitat; pero tal cesión no tendría mucho sentido si no supusiese la cesión de su recaudación. Por lo que, amén de los efectos desastrosos que se producirían de cara al Estado Social planteados ya en el párrafo anterior, el resultado sería nefasto para la administración fiscal. Trocear la Agencia Tributaria crearía el caos en la gestión de los tributos y obstaculizaría gravemente la lucha contra el fraude y la evasión fiscal. Para suavizar su demanda, el primer secretario del PSC propone que la gestión corriese a cargo de un consorcio participado paritariamente al 50% por el Estado y por la Generalitat. Idea no demasiado brillante. Cualquiera que haya trabajado en la órbita del control del gasto público sabe que los Consorcios son agujeros negros; al ser propiedad, al 50% de dos administraciones, termina por no controlarlos nadie.

Miquel Iceta insiste con frecuencia en el principio de “ordinalidad”. Palabra que por cierto no existe en el diccionario. No resulta sencillo llegar a entender lo que significa. Lo definen como que la política redistributiva “no coloque en peor condición relativa a quien contribuye respecto a quien se beneficia”. Si por condición relativa se entiende el orden de las Comunidades establecido respecto a la renta per cápita, el principio sería inútil porque no hay ninguna posibilidad de que eso ocurra. Ahora bien, si lo que se pretende es que las Comunidades que más contribuyen tengan que ser también las que más reciban contradeciría la misma esencia de la política redistributiva que se basa más bien en lo contrario. Los ricos son los que menos necesitan las prestaciones y los servicios públicos.

El primer secretario del PSC repite que no pide nada para Cataluña que no pida para las otras Autonomías. Puede ser cierto. El problema es que tanto en el orden personal como en el territorial las medidas que son buenas para los ricos no suelen serlo para los menos afortunados. La condonación de la deuda no tiene la misma significación para Cataluña -que debe al Estado 52.499 millones de euros- que para Extremadura -que adeuda tan solo 2.031. Extender una copia del cupo vasco, aun cuando fuese limitado, a todas las Comunidades sería muy beneficioso para Madrid y Cataluña, y por supuesto para el país Vasco que ya lo tiene, pero tendría efectos devastadores para Andalucía y Extremadura. Y lo del principio de ordinalidad, si alguna vez descubrimos qué significa, me temo que solo favorecería también a Madrid y a Cataluña.

No parece que todas estas medidas tengan mucho encaje en un programa socialdemócrata. Casan mejor con las clásicas peticiones que hacían los nacionalistas antes de echarse al monte. En cualquier caso, la gravedad del tema radica no tanto en que lo defienda el PSC, sino en que termine como siempre contaminando al PSOE. Ferraz ya se ha pronunciado a favor, lo cual no es demasiado chocante teniendo en cuenta la extrema levedad intelectual que caracteriza a la actual Ejecutiva. Habrá que esperar que esa no sea la opinión generalizada en el Partido Socialista.

republica.com 8-12-2017



EL CUPO VASCO, CATALUÑA Y EL RESTO DE AUTONOMÍAS

Autonomias Posted on Mon, December 11, 2017 23:40:19

La semana pasada se aprobó en el Congreso, por tramitación directa y lectura única, el cupo vasco. Se comprende el malestar de Albert Rivera y de Ciudadanos, ya que el procedimiento impide a la oposición introducir enmiendas. El PNV ha señalado en alusión a Ciudadanos que “a algunos les sorprenden determinados mecanismos, pero están establecidos en las propias leyes. Es un sistema concertado, en el que las dos partes se tienen que poner de acuerdo”. Paradójicamente, esta argumentación -que es cierta- deja al descubierto el pecado mayor del concierto, el de configurarse como un acuerdo bilateral entre gobiernos, en el que el Parlamento español tiene muy poco que decir y, lo que resulta casi más injusto, el resto de las Comunidades, menos. De ahí también las reticencias lógicas de Compromís y de los barones socialistas.

La bilateralidad tiene una enorme fuerza de atracción para las formaciones nacionalistas no solo por una razón de preeminencia, la de considerar al resto de Comunidades en un estrato inferior, sino porque siempre es más fácil chantajear a un gobierno, sea cual sea, que enfrentarse al resto de las Autonomías. Eso explica también por qué los nacionalistas catalanes han planteado y plantean siempre el diálogo de forma bilateral, y por qué el presidente de la Generalitat ha eludido todo ámbito de negociación colectiva. Pero, quiérase o no, la financiación autonómica es un sistema de suma cero: el dinero que se destina al País Vasco o a Cataluña no va al resto de las Comunidades, bien porque se reduzcan sus recursos o los del Estado.

En la defensa del cupo, Margarita Robles ha declarado que el concierto es un hecho diferencial constitucionalmente reconocido. Tiene razón, pero también es verdad que, como todos los hechos diferenciales reclamados por los nacionalistas, pasan enseguida de hechos a privilegios. Lo ha dicho claramente el presidente del Principado de Asturias, Javier Fernández: “El País Vasco está sobrefinanciado”. La sobrefinanciación, tanto del País Vasco como de Navarra, es un hecho, además de diferencial, irrefutable.

Existe, como es lógico, una cierta correlación entre la renta per cápita de las Comunidades y el déficit o superávit de las llamadas balanzas fiscales, aun cuando el cálculo de estas mantenga siempre cierta relatividad. Es fruto de la política redistributiva del Estado, que debe concretarse también en el ámbito territorial. En la correlación de estas dos series, surge, sin embargo, una clara irregularidad, un hecho diferencial, podríamos afirmar. El del País Vasco y Navarra. Ocupan el segundo y tercer puesto en renta per cápita y, no obstante, ambos son receptores netos. Ciertamente en mucha mayor medida el País Vasco, que, según los últimos datos, presenta un saldo positivo superior al de Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Galicia, Murcia y La Rioja. ¿Cómo no hablar de injusticia?

La mayoría de los comentaristas y políticos son conscientes de esta realidad, pero la atribuyen no tanto a la existencia del concierto, sino al cálculo que se ha venido haciendo del cupo. Es indudable que la determinación periódica del cupo siempre se ha hecho en circunstancias tales que el Gobierno vasco ha tenido un trato sumamente beneficioso. Empezando por la propia metodología que margina la función redistributiva del Estado. Esta se negoció bajo la sombra de mayor actividad de ETA. Participé con la delegación del Estado en algunas reuniones de esa negociación. Recuerdo que en cierta ocasión en la que se produjo un desacuerdo, la parte vasca insinuó, como el que no quiere la cosa, que no sabían cómo le sentaría eso a ETA. Era la concreción de la frase de Arzalluz: “ETA agita el nogal y nosotros recogemos las nueces”.

Después, ha actuado el juego parlamentario, un tanto abusivo, que los nacionalistas bien sean catalanes o vascos han venido practicando todos estos años, siempre prestos a facilitar su apoyo a cualquiera de los dos grandes partidos que lo necesitasen para su investidura o en su acción de gobierno. Pero siempre vendiendo por un buen precio sus servicios, en detrimento, por supuesto, de las otras Comunidades Autónomas. En el caso del PNV, las mercedes se concretaban, entre otras, en el cálculo del cupo. Cuando el chantaje no era posible porque el gobierno de la nación disponía de mayoría absoluta y existían discrepancias, el PNV dejaba el acuerdo para tiempos mejores, en los que se precisasen sus servicios y entonces, en la nueva negociación, se introducían los desacuerdos anteriores, lográndose todas las reclamaciones atrasadas. Eso, ni más ni menos, es lo que ha ocurrido en esta ocasión.

La última vez que se aprobó el cupo fue en 2007, con Zapatero en minoría. Durante la etapa en la que el Gobierno del PP contó con mayoría absoluta no se llegó a ningún acuerdo. Se ha esperado hasta ahora, cuando Rajoy ha necesitado el apoyo del PNV, de cara a sacar adelante la Ley de presupuestos de 2017, para aprobar la ley del cupo, que no solo fija una cantidad claramente infravalorada para los próximos cinco años, sino que recoge las reivindicaciones acumuladas desde 2007. Por eso, Josu Erkoreka ha hablado de “15 años de paz fiscal”.

Resulta por tanto plenamente lógico que junto a Ciudadanos y a Compromís haya surgido la protesta de las voces socialistas que gobiernan distintas Comunidades Autónomas. La mayoría han tenido que disfrazar su crítica de reproche al Gobierno por no presentar al mismo tiempo un nuevo modelo de financiación autonómica. Su posición era ciertamente delicada por dos motivos. El primero es que el grupo socialista en el Congreso iba a votar a favor en la aprobación de la Ley.

El segundo es de más calado y supongo que en parte explica el primero. La negativa del PSOE de Pedro Sánchez a discutir y negociar los presupuestos de 2017 con el PP no dejó a Rajoy otra alternativa que echarse en los brazos del PNV y pagar el correspondiente peaje, que no soporta él, sino el resto de los españoles. Es más, a menudo los sanchistas, con la intención de librarse de la presión que podía ejercerse sobre ellos para que apoyasen al Gobierno, han empujado al PP a pactar con los nacionalistas. El 11 de mayo escribí en este mismo diario digital un artículo titulado “El coste del seudoizquierdismo de Pedro Sánchez”, en el que pretendía resaltar el precio que para los ciudadanos españoles iba a tener la negativa del PSOE a ni siquiera sentarse a discutir los presupuestos de 2017. En ese coste se incluía por supuesto el pacto con el PNV y en consecuencia la aprobación sesgada del cupo, pero también, al menos desde el punto de vista de la izquierda, las concesiones hechas a Ciudadanos y a los canarios y, sobre todo, las contrapartidas sociales que los socialistas hubiesen podido conseguir y no han conseguido. Nunca sabremos, afirmaba yo, hasta dónde hubiera estado dispuesto a ceder Rajoy en temas como pensiones, seguro de desempleo o impuestos.

En los momentos actuales retorna el problema. Están en perspectiva los presupuestos de 2018. A Pedro Sánchez se le presenta la alternativa de intentar, mediante la negociación, que determinadas medidas progresistas se incluyan en los presupuestos o bien, presa de una pureza ritual, permitir de nuevo que las cesiones al País Vasco vuelvan a incrementar las desigualdades territoriales y que las demandas de Ciudadanos deterioren aún más la economía del bienestar. Con toda razón y también con cierta habilidad, Montoro ha intentado unir la financiación autonómica con los presupuestos del año que viene. Existe el mantra de que la aprobación de los presupuestos le importa únicamente al Gobierno, cuando en realidad en una época de restricciones presupuestarias, el Ejecutivo se siente bastante cómodo con un presupuesto prorrogado. Serían otros, por ejemplo las Comunidades Autónomas o las formaciones políticas de izquierdas que consideran que las prestaciones sociales deben incrementarse, las que pueden verse más perjudicadas por la falta de presupuesto. Una formación política de izquierdas no solamente lo es porque enuncie medidas de izquierdas, sino porque las consigue, implantándolas cuando está en el gobierno y, cuando no, pactándolas desde la oposición.

El voto favorable de Podemos en la aprobación del cupo resulta aun más inexplicable, si no fuera porque en materia territorial nos tiene ya acostumbrados a las posturas más estrambóticas. Se supone que la igualdad se sitúa en la cúspide programática de las formaciones políticas que se definen de izquierdas. Igualdad que se debe traducir también en el orden territorial. Por eso se entiende tan mal que Podemos se sitúe siempre al lado de los intereses de las regiones ricas y las defienda en sus privilegios, o que respalde las fuerzas centrífugas que incrementan los desequilibrios y dañan las políticas redistributivas entre los territorios. Claro que ya al margen de izquierdas o derechas, solo la más total ignorancia y ceguera pueden motivar que se defienda la independencia de una Comunidad más bien pobre como Andalucía.

Es cierto que el cálculo del cupo ha colaborado sustancialmente a la situación de discriminación, pero el problema es más profundo, está en la raíz, se encuentra en la existencia del propio concierto. Es un régimen fiscal totalmente anómalo en la doctrina financiera del siglo XXI. Difícil de explicar en Europa, ante cuyas autoridades el Gobierno español ha tenido que comparecer a menudo para defenderlo. Es un régimen más propio de la Edad Media (aunque haya sido actualizado durante las guerras carlistas), en el que la realidad jurídica no se basaba en la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley sino en las concesiones (libremente otorgadas o arrancadas) del monarca. Cada territorio tenía sus fueros (privilegios). No existía un sistema fiscal universal propiamente dicho, sino que la Corona obtenía los recursos de cada territorio o ciudad (cupo), siendo luego las instituciones locales las encargadas de recaudar el gravamen entre los ciudadanos.

Al margen de disquisiciones teóricas o históricas, el sistema presenta dos grandes defectos que lo hacen especialmente perverso. El primero, ya se ha citado, es el de la bilateralidad, que se quiera o no, incentiva la discriminación y dificulta la redistribución territorial. Es el propio sistema el que casi predestina a que el cálculo no se realice de manera objetiva, sino en función de vericuetos partidistas. El segundo es que, al contar el Gobierno vasco con plena capacidad normativa, se rompe la unidad fiscal propiciando la competencia desleal y el dumping fiscal. Bien es verdad que últimamente este problema se ha extendido también al modelo de financiación autonómica general, según se ha ido transfiriendo de forma parcial capacidad normativa a las otras Comunidades. A ello me refería en el artículo de la semana pasada, aplicado al impuesto de sucesiones. No obstante, el problema se hace infinitamente mayor con el concierto en el País Vasco y Navarra. Nada más aprobar el cupo, el Gobierno vasco acaba de aprobar una sustancial rebaja del impuesto de sociedades que va a colocar en graves apuros a las Comunidades limítrofes.

Podríamos afirmar incluso que existe un tercer factor que se ha puesto de manifiesto con el desafío soberanista catalán. El golpe de Estado hubiese sido mucho más difícil de controlar si Cataluña hubiese contado con un sistema fiscal similar al del País Vasco. Lo que ha ocurrido y está ocurriendo en Cataluña nos debe hacer reflexionar y replantearnos la estructura territorial, pero quizás las medidas que se precisan van en dirección contraria a las que se pretenden con la creación de la Comisión que se ha constituido en el Congreso a instancias de Pedro Sánchez y de la reforma de la Constitución que algunos están pensando.

Hay quienes pueden llevarse una gran sorpresa si se abre el melón de la Constitución, porque tal vez en esta materia las posiciones de la dirección del PSOE y de Podemos están muy lejos de las de sus bases y votantes, que puede que estén ya bastante hartos de los planteamientos victimistas, insolidarios y supremacistas de los nacionalismos, e indignados de haber ido tan lejos en la descentralización posibilitando un golpe de Estado. Es muy posible que la mayoría de la población española no esté dispuesta a que se dé un paso más en esta dirección, sino que por el contrario la reforma se encamine hacia la igualdad de todos los españoles vivan donde vivan, y a fortalecer al Estado. Hay un antes y un después del órdago independentista de Cataluña. Jamas la aprobación del cupo vasco ha levantado tanta polvareda y generado tantas críticas.

republica.com 1-12-2017