LOS PAPELES DE PANAMÁ
Los papeles de Panamá constituyen la mayor filtración conocida hasta la fecha de documentos reveladores de dinero negro, todos ellos provenientes del despacho panameño de abogados Mossack Fonseca, considerado el cuarto proveedor de instrumentos opacos en paraísos fiscales. La información fue recibida por el diario alemán Süddeutsche Zeitung, medio, que ante su abundancia y minuciosidad, decidió hacer partícipe de la misma al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). Bien es verdad que no es la primera vez que sale a la opinión pública parte de las vergüenzas del sistema financiero internacional, pero nunca lo había hecho con tal profusión de datos y de nombres.
Aun cuando no se ha agotado su publicación, el escándalo es de tal amplitud que nada ni nadie queda a salvo. Es, como se dice ahora, transversal. Afecta a todas las latitudes, ideologías o profesiones. Oriente y Occidente, sociedades democráticas o regímenes autocráticos. Todos los estamentos de las clases dominantes están presentes: jefes de Estado, ministros, financieros, políticos, artistas, deportistas, empresarios, etc. Todos los que tienen poder, dinero, fama, influencia. Ello es bien representativo de la enfermedad que afecta a las sociedades de nuestro tiempo.
Contemplando la extensión del mal, se comprende la dificultad que existe para acabar con los paraísos fiscales a pesar de que su erradicación facilitaría mucho la acción de la justicia y aliviaría sustancialmente las finanzas de muchos Estados, que es lo mismo que afirmar que elevaría en buena medida el nivel de vida de las clases populares. Muchas de las actuaciones más criminales y delictivas serían más fácilmente detectables y perseguibles si no existiesen los paraísos fiscales.
Diversas estimaciones afirman que el 20% de la renta mundial está agazapada en cuentas opacas protegidas por sociedades como las destapadas en Panamá, y el Fondo Monetario Internacional (FMI) evalúa que los países en desarrollo pierden al año ingresos por importe de 200.000 millones de dólares, con los que podrían mejorar su situación económica tanto en crecimiento como en empleo.
En muchas de las reuniones del G-8 y del G-20 los mandatarios internacionales han manifestado su intención decidida de erradicar los refugios de dinero negro. La OCDE parecía ir en serio cuando elaboró una lista de los países o centros financieros offshore. Sin embargo, la lista duró poco tiempo porque uno a uno se las fueron agenciando para librarse del estigma mediante la firma de convenios de intercambio de información con algunos otros países, convenios que se convertían en papel mojado porque o no se cumplían o se cumplían con tantas restricciones y condicionantes que la información resultaba inservible. Tales convenios han tenido como única finalidad lavar el nombre del paraíso fiscal correspondiente frente a terceros países y frente a los organismos internacionales.
Buen ejemplo de lo anterior lo constituye el convenio firmado por España y Panamá en tiempos de Zapatero. No ha servido para nada, excepto para que este último país pudiese abandonar la lista negra y para beneficiar a las constructoras españolas, que de esta manera podían obtener ventajas en el país centroamericano.
Con ser muy relevante y extensa la información que se está extrayendo de los papeles de Panamá, parece lógico pensar que representa solo una muestra de una realidad mucho más amplia, de todo lo que se oculta en los paraísos fiscales. Nos alerta, pues, acerca de la dimensión del problema y hasta qué punto está implicada toda la clase dirigente. Intereses tan poderosos disipan cualquier esperanza de que los Estados, aun los más democráticos y desarrollados, acometan en serio la lucha contra el dinero negro.
La misma Unión Europea, proclamaciones aparte, asume una postura pasiva frente a esta realidad y permite la existencia en su mismo territorio de paraísos fiscales o de plazas que se comportan como tales. ¿Cómo creer que la erradicación del fraude fiscal va a constituir una de sus prioridades cuando se mantiene al frente de la Comisión al ex presidente de un Estado altamente sospechoso de opacidad y en cuyo mandato se permitió todo tipo de prácticas orientadas a que las grandes sociedades eludiesen los impuestos en otras naciones?
Y algo parecido cabe afirmar de EE. UU., que, al igual que Panamá, se niega a firmar el Tratado de Transparencia de la OCDE, pese a ser paradójicamente uno de los promotores del acuerdo, con el pretexto de que considera suficiente su propia legislación (FATCA) de intercambio bilateral de datos. El año pasado el FMI denunció el déficit de la política antilavado de dinero en EE. UU., donde sigue siendo muy sencillo constituir sociedades opacas, ya que este país comparte muy poca información con el resto del mundo. Hay quien piensa que el principal beneficiario de los papeles de Panamá va a ser EE. UU., puesto que puede ocurrir que los flujos de dinero negro que salgan del primer país se acaben trasladando al segundo, por ejemplo a Nebraska.
Los reducidos pasos dados por los países occidentales en la persecución del lavado de dinero negro obedecen fundamentalmente al hecho de que tras él pueden encontrarse actividades criminales tales como la droga, el tráfico de armas o de órganos o la ocultación de recursos obtenidos fraudulentamente. Y ello sin importar demasiado el fraude fiscal, porque muchos mantienen la misma postura del primer mandatario de Panamá, que se pregunta si debe ser considerado delito. De hecho, de entre la escasa información que muchos de los centros financieros offshore proporcionan excluyen aquella cuya petición obedece a motivos fiscales. Nadie considera que tras el fraude fiscal se encuentra la quiebra del Estado del bienestar y, por lo tanto, la condena de amplias capas de la población a la miseria, a la ignorancia, a la enfermedad y a la muerte.
Nuestro país se encuentra a la cabeza de aquellos que minimizan el delito fiscal. Nuestra legislación es en extremo permisiva. Son rarísimos los casos en los que se ingresa en prisión únicamente por este delito. Hay todo un cúmulo de factores que confluyen en ello: el elevado límite para considerar a la defraudación delito, la escasa cuantía de la pena, el exceso de garantías jurídicas, la mentalidad de los jueces que se sienten contribuyentes y determinadas prácticas procesales en las que se facilita el pacto con los fiscales y todo termina con el ingreso de la cantidad defraudada. Incluso se producen situaciones tan deplorables como la actuación de la Agencia Tributaria en tiempos de Zapatero y de Elena Salgado avisando a 558 presuntos defraudadores, entre los que se encontraba Emilio Botín, (con cuentas en el HSBC en Ginebra y provenientes de la lista Falciani), para que regularizasen su situación y quedasen así libres de todo proceso judicial. Es de esperar que en esta ocasión no ocurra lo mismo.
Con todo, lo más preocupante es la mentalidad social que sigue sin considerar la evasión fiscal como delito y a los grandes defraudadores como auténticos delincuentes. Los bancos y los grandes bufetes de abogados ofrecen los instrumentos de ocultación fiscal como si de otro servicio cualquiera se tratara. Artistas, deportistas, empresarios, financieros, profesionales, a los que se ha cogido con las manos en la masa, continúan gozando de toda la respetabilidad social; y son aquellos mismos a los que roban los que les vitorean y aplauden una y otra vez a pesar de todo. Y es que en España aún seguimos siendo presa del “Vivan las caenas”.
