PODEMOS Y EL DERECHO A DECIDIR

Ante la posibilidad de la convocatoria de unas nuevas elecciones, a casi todos los comentaristas les ha dado por afirmar que beneficiarían a Podemos. Parece que se basan en que los votos de IU previsiblemente se transferirían a la formación morada y en lo que sus dirigentes han llamado “la remontada”, es decir, la creencia de que al final de la pasada campaña electoral estaban en fase ascendente y que si esta hubiera durado una semana más los resultados habrían sido mejores. Se piensa, por tanto, que una segunda vuelta electoral les concedería un mayor número de votos.

No estoy yo muy seguro de que estos planteamientos sean acertados. El supuesto ascenso de esta formación en la última etapa ha estado unido a cierta ambigüedad en el discurso territorial y en la forma de presentarse a las elecciones, aglutinando en regiones como Cataluña, Valencia, Galicia y País Vasco a formaciones nacionalistas o al menos próximas al nacionalismo; con el agravante de que no se sabe muy bien quién aglutina a quién. Estos planteamientos tienen por fuerza que chocar con los posibles votantes del resto de España. Tal heterogeneidad hasta el momento de las elecciones pasó casi desapercibida, pero progresivamente se va haciendo más patente, y es previsible que genere cada vez más recelos, en especial cuando se coloca la autodeterminación de Cataluña como núcleo central del mensaje y línea roja a la que no se está dispuesto a renunciar a la hora de hacer alianzas, o bien se queda al margen de los acuerdos en los momentos de formar la Mesa del Congreso, sacrificando todo a la exigencia de que los diputados elegidos en determinados territorios tuviesen grupo propio. Me cuesta creer que hayan sido estos aspectos los que hayan estado detrás de las motivaciones de la mayoría de los votantes de Podemos. Es más, estoy convencido de que tomar conciencia de ellos puede ser un revulsivo a la hora de volver a votarles.

Históricamente, el derecho de autodeterminación nace asociado al sistema colonial como una exigencia de las regiones sometidas a la explotación y en las que los naturales son ciudadanos de segunda clase. Desde esta óptica constituye una pretensión justa y progresista, pero no tiene nada que ver con esa fuerza centrífuga que se ha adueñado de algunas regiones ricas de Europa que reclaman la independencia de sus respectivos países. Las motivaciones aquí son totalmente reaccionarias, porque en el fondo hay un poso de xenofobia, de ínfulas de excelencia moral y, sobre todo, un intento de romper la unidad fiscal y social del Estado, en otras palabras: la sublevación ante una política regional redistributiva.

Conviene recordar que el proceso soberanista en el que se ha embarcado Convergencia y al que ha arrastrado a parte de la sociedad catalana se inicia con la negativa de conceder el pacto fiscal a Cataluña; aunque el tema venía de antes, de un discurso victimista acerca del déficit fiscal, cuya cuantía era en parte inventada, pero en el que había otra parte cierta como es lógico que se produzca en las regiones ricas de los países al tiempo que en las pobres se obtiene superávit. No es más que la traslacion al plano regional de la redistribución en la renta personal que debe realizar el Estado.

No se puede negar que en los movimientos independentistas se aglutinan muchos factores sentimentales y emotivos que nada tienen que ver con el dinero y que, hábilmente agitados y mezclados con toda clase de deformaciones históricas y de patrañas sin cuento, son muy efectivos a la hora de movilizar multitudes y de despertar fervores y paroxismos, pero detrás de todo ello y sobre todo en el ánimo de los que los agitan lo que se persigue prioritariamente es la ruptura de la unión fiscal.

Precisamente la ausencia de esta unidad fiscal en Europa (al darse al mismo tiempo la integración de los mercados y una moneda única) es la causante de los enormes problemas económicos que afectan a la Unión y en buena parte de los recortes sociales y del sufrimiento al que se ha sometido a las poblaciones, en especial a las de los países del Sur, y que ha hecho crecer en estos formaciones políticas como Podemos. Es difícil entender que quien está en contra del diseño que se ha seguido para el proyecto europeo lo pretenda importar en el ámbito nacional (véase mi artículo del 6-11-2015 en este mismo medio).

Tradicionalmente, el Estado social y de derecho se ha venido basando, con mayor o menor intensidad, sobre una cuádruple unidad: comercial, monetaria, fiscal y política. Es sabido que las dos primeras generan desequilibrios regionales, tanto en tasas de crecimiento como en paro, desequilibrios que son paliados al menos parcialmente mediante las otras dos unidades, la fiscal y la política. La unión política implica que todos los ciudadanos tienen los mismos derechos y obligaciones independientemente de su lugar de residencia, y que por lo tanto pueden moverse con libertad por el territorio nacional y buscar un puesto de trabajo allí donde haya oferta. La unión fiscal, como consecuencia de la unión política y de la actuación redistributiva del Estado en el ámbito personal (el que más tiene más paga y menos recibe), realiza también una función redistributiva en el ámbito regional, que compensa en parte los desequilibrios creados por el mercado.

La Unión Monetaria Europea ha roto este equilibrio creando una unidad comercial y monetaria, pero sin que se produzca, ni se busque siquiera, la unidad fiscal y la política, lo que genera una situación económica anómala. Resulta ilustrativo que en Cataluña los nacionalistas se nieguen a aceptar que la teórica independencia conllevaría la exclusión de la Unión Europea y de la Unión Monetaria. Pretenden seguir teniendo el mismo acceso a los mercados, pero sin pagar por ello. En una palabra, pretenden convertirse en Alemania.

Esta postura no es incoherente para la derecha, no en vano el proyecto de la Unión Monetaria se ha construido con un patrón netamente neoliberal, pero resulta contradictoria para la izquierda, y tanto más viniendo de un partido que teóricamente ha surgido para dar respuesta a la desigualdad y miseria que ha producido la moneda única. Me da la sensación de que los votantes de Podemos esperan de esta formación otra cosa muy distinta.

Y no se diga que lo que se defiende es el derecho a decidir, porque hablar de plurinacionalidad y conceder el derecho de autodeterminación a Cataluña -que por la misma lógica habría que conferirlo a toda región que lo solicitase- sería generar un caos de consecuencias incalculables, y retornar a la Primera República con la sublevación cantonal.