Blog Image

ARTÍCULOS RECIENTES CONTRAPUNTO

LA YENKA Y EL IMPUESTO A LAS GRANDES FORTUNAS.

GOBIERNO, HACIENDA PÚBLICA Posted on Dom, octubre 02, 2022 20:35:56

La yenka, canción del verano de 1965, popular en su momento, sin ser de calidad ni encerrar mensaje alguno, pero sí mucho ritmo, pegadizo, contagioso, famosa por su baile repetitivo de pequeños saltos laterales y frontales. Muy fácil de seguir con solo escuchar su letra. Letra que se adapta como anillo al dedo al comportamiento de este Gobierno: “Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, detrás, un, dos, tres”.

En veinticuatro horas pueden cambar de opinión. Lo que dijeron antes no es lo mismo que lo que dicen ahora. Todo depende de por dónde sople el viento, de las conveniencias electorales o de las alianzas. Los ejemplos serían infinitos, pero quedémonos con el último lance, el llamado impuesto de las grandes fortunas. En realidad, la creación de esta figura tributaria ha sido una constante demanda de Podemos, pero tantas veces como la ha propuesto otras tantas ha sido rechazada por la parte mayoritaria del Gobierno.

Pero, he aquí, ¡oh, milagro!, que de pronto aparece la número dos del PSOE, por accidente ministra de Hacienda, y asegura que se va a implantar el próximo uno de enero, porque, según dice, en el Ministerio llevan semanas trabajando en ello en silencio. Tan en silencio, que dentro de Hacienda nadie se había percatado. En realidad, no es nada extraño, casi normal. Son ya muchas las veces que los servicios del Ministerio o de la Agencia Tributaria se ven obligados a arreglar los entuertos, anunciados sin encomendarse a Dios ni al diablo por Sánchez o algunos de sus ministros.

Resulta bastante evidente que el anuncio de la ministra se ha hecho al rebufo de la palabrería de Escrivá sobre la recentralización de los distintos impuestos en el Estado, reacción a su vez al anuncio de las modificaciones fiscales propuestas por el presidente de Andalucía. Las declaraciones del ministro de Seguridad Social originaron suspicacias en los aliados independentistas de Sánchez, especialmente en el PNV, porque sería difícil hablar de armonización sin considerar la situación del País Vasco.

No obstante, el impuesto sobre las grandes fortunas, al tratarse de un nuevo gravamen, difícilmente serviría para armonizar la fiscalidad de las distintas Comunidades Autónomas. Se superpondría a los tributos autonómicos. Ocurriría exactamente lo mismo que con el ingreso mínimo vital, que simplemente incrementó el desbarajuste existente.

Siempre que se ha hablado de este impuesto he mostrado mis reticencias. Desconfío de los nuevos impuestos, ya que habitualmente se termina haciendo chapuzas. En la hacienda pública está casi todo inventado. En esta ocasión ya existe el impuesto sobre el patrimonio neto, que se puede articular, como el de la renta, en diferentes tramos y dotarlo del mínimo exento que se desee. Otra cosa es que mostremos nuestra ignorancia, nuestra falta de valentía o la incapacidad para arreglar el desaguisado cometido, por ejemplo, al haber cedido este tributo junto con el de sucesiones a las Comunidades Autónomas.

El impuesto sobre el patrimonio neto está inventado hace mucho. Surgió a finales del siglo XIX y principios del XX en una serie de países: Alemania, Holanda, Suiza, Suecia, Noruega, Dinamarca y Finlandia, todos ellos con modelos fiscales caracterizados por la preponderancia de la imposición directa y personal. Pero es después de la Segunda Guerra Mundial cuando el gravamen adquiere mayoría de edad en la hacienda pública y se perfecciona y generaliza su aplicación. La involución que desde los últimos años setenta tiene lugar en materia económica y social por fuerza habría de afectar de lleno a los sistemas fiscales y, más concretamente, a la imposición directa en la que el impuesto sobre el patrimonio tiene un puesto de honor. Será un tributo odiado por el neoliberalismo económico.

La introducción en la década de los noventa de la libre circulación de capitales en Europa lo condena a muerte. Con el argumento, fingido o real, de que promueve la evasión de capitales y de que es un obstáculo para captar inversión, va desapareciendo de todos los países. Austria lo elimina en 1993; en 1997, Alemania; Dinamarca en 1999; en 2000, los Países Bajos; Finlandia y Luxemburgo en 2006, y así sucesivamente.

Zapatero en 2008, después de afirmar que bajar los impuestos era de izquierdas, lo elimina en España. Siendo un impuesto transferido a las Comunidades Autónomas, el Estado se vio en la obligación de resarcirlas por una cantidad equivalente a lo que cada una de ellas venía recaudando por este gravamen. Es el mismo Zapatero el que lo recupera en 2011 (la yenka) y comete el error de entregarlo de nuevo a las Autonomías.

En la actualidad, en la Unión Europea solo España lo mantiene, pero jibarizado. Italia, Bélgica y Francia poseen un gravamen parcial sobre la riqueza que no se puede denominar en sentido estricto impuesto sobre el patrimonio neto. El hecho de que este permanezca en Europa, únicamente en Noruega y Suiza, países que no pertenecen a la Unión Europea, indica hasta qué punto la desaparición del impuesto ha ido unida a la falta de armonización fiscal en la Unión y cómo todos los países han utilizado este tributo para realizar dumping fiscal, y todos han argumentado que eliminaban el impuesto para defenderse del dumping fiscal de los otros.

Solo en la posibilidad, no sé si fingida o real, de la evasión de capitales es donde puede tener alguna razón de ser la argumentación acerca de eliminar el impuesto y no en la cantidad de sandeces que se oyen y se escriben en los medios de comunicación estos días.

El impuesto sobre el patrimonio tiene sentido tanto en un Estado liberal como en un Estado social. En el primero, porque una de las principales razones de su existencia es garantizar y defender el derecho a la propiedad y los bienes de los propietarios. No es de extrañar, por tanto, que Locke se convirtiese en el primer defensor de este impuesto, ya que parece lógico que sean precisamente los propietarios los que contribuyan en mayor medida a los gastos del Estado.

En un Estado social, porque entre sus finalidades esenciales se encuentra la de remover los obstáculos que se oponen a la igualdad efectiva. Una economía de mercado propicia la acumulación de capital y por esa razón las diferencias serán cada vez mayores y la desigualdad más acusada, si no se articula un sistema fiscal progresivo con impuestos potentes sobre la renta, sobre sucesiones y, por supuesto, sobre la riqueza y el patrimonio.

Los que tachan de injusto este impuesto a lo primero que acuden es a la teoría de la doble imposición. Afirman que se tributa dos veces porque los recursos que se pretende gravar han tributado ya en el IRPF. Dado el proceso circular de la renta, todos los impuestos estarían inmersos en este concepto. De acuerdo con esta visión tan estrecha solo podría existir un tributo. ¿Acaso no tendríamos que hablar de doble imposición en el IVA o en los impuestos especiales, ya que los recursos que dedicamos al consumo han sido previamente gravados en el impuesto sobre la renta? En el impuesto de transmisiones, ¿no son los mismos bienes los que se gravan en una serie indefinida de transacciones? ¿Y qué decir del impuesto sobre bienes inmuebles? Este sí que es un impuesto sobre el patrimonio, solo que generalizado, no progresivo, que recae en exclusiva sobre los bienes inmuebles, con lo que afecta principalmente a las rentas bajas.

Lo cierto es que un sistema fiscal justo y eficaz debe configurarse como un sólido edificio arquitectónico en el que las distintas figuras se entrelazan y recaen sobre aspectos distintos de una misma realidad, sin que eso signifique que exista doble imposición, sino mera complementariedad en los gravámenes. La suficiencia y la equidad de un sistema fiscal exigen una pluralidad de impuestos complementarios y debidamente armonizados, que graven las manifestaciones de capacidad económica de los ciudadanos, y pocas magnitudes indican mejor dicha capacidad que el patrimonio neto.

La segunda razón esgrimida por los detractores del impuesto para tildarlo de injusto es, cómo no, que recae exclusivamente sobre las clases medias, puesto que los contribuyentes de ingresos elevados se escapan de su gravamen mediante la creación de sociedades interpuestas. Si las grandes fortunas eluden tributos tales como el IRPF, patrimonio o sucesiones es únicamente porque el poder político se lo permite. Las sociedades no se encuentran flotando en el aire, tienen accionistas que pueden ser identificados con facilidad, y los valores de aquellas incorporarse al patrimonio de sus dueños. El Estado dispone de suficientes mecanismos para evitar la evasión o la elusión (para el caso, da lo mismo) de este impuesto, y establecer por otra parte un límite exento tan grande como se quiera, que hará que tributen únicamente aquellos con un patrimonio suficientemente alto. 

Es más, precisamente el hecho de que la mayoría de las rentas altas tengan sus bienes materializados en sociedades aboga por la utilidad del impuesto de patrimonio. En el impuesto sobre la renta las ganancias de capital aparecen solo como ingresos -y, por lo tanto, gravados- cuando se realizan, con lo que la carga tributaria se puede diferir indefinidamente, si no lo evitan de alguna manera tanto el impuesto de patrimonio como el de sucesiones. Otra razón viene a respaldar el mantenimiento de un impuesto sobre el patrimonio, la existencia de determinados bienes de lujo o improductivos que no generan ingresos, y que por ello no serían nunca gravados en un impuesto sobre la renta.

Los detractores de este impuesto alegan también que ha quedado obsoleto. Por lo visto, ahora los tributos modernos e innovadores son los indirectos. Por ese camino puede que lleguemos a un gravamen tan simple y tan original como el de puertas y ventanas.

No son los defectos que supuestamente se atribuyen a este impuesto los que han ocasionado su desaparición, sino la globalización, la libre circulación de capitales y, sobre todo, la negativa de los mandatarios europeos a la armonización fiscal dentro de la Unión, quizás porque ello les permite crear sistemas fiscales cada vez más regresivos con el argumento de la evasión de capitales.

Por eso no se entiende muy bien que en España hayamos replicado esos errores a nivel regional, permitiendo al conceder autonomía normativa en materia fiscal a las Comunidades que se establezca entre ellas una competencia desleal. Pero menos se entiende aún, que sea desde el campo independentista desde donde ahora se levanten voces airadas por los efectos nocivos que han tenido estas transferencias y que pidan el retorno a la centralización bajo el eufemismo de la armonización. Y sobre todo es difícil de entender que desde Bruselas se muestren tan preocupados por la armonización fiscal en el interior de España cuando en materia fiscal existe en toda la Unión Europea un inmenso carajal, permitiendo que los países compitan de forma bochornosa por atraer inversiones a costa de minorar la imposición y hacerla más y más regresiva.

Pero dicho todo esto, creo que poco va a tener que ver con ello el nuevo impuesto que propone el Gobierno. Primero, es muy posible que no se lleve a cabo y que todo quede una vez más en un mero acto de propaganda. Difícil que pueda entrar en vigor el uno de enero, cuando está todo por hacer. Además, si al final se aplicase, existen todas las probabilidades de que sea una chapuza, lleno de contradicciones y efectos no queridos. No es tan sencillo inventar un impuesto coherente, y sobre todo tan precipitadamente y con tanta urgencia. En cualquier caso, pienso que su eficacia será mínima. Tendrá un carácter puramente simbólico.

Si de verdad se quiere tender hacia un sistema fiscal más justo, lo primero que habría que hacer, antes que nada, es reformar el impuesto sobre la renta devolviéndole su carácter personal y global, es decir, uniendo en una misma base imponible y tarifa todas las fuentes de renta, terminando con esa tremenda injusticia de que las rentas de capital soporten una menor carga fiscal que las remuneraciones del trabajo y además se reduzca la progresividad del impuesto al tributar de forma separada. Eso sí que sería una verdadera medida progresista y de izquierdas. Por eso Sánchez nunca la acometerá, y parece ser que Podemos, quizás por ignorancia, tampoco la reclama. Se conforma con que suba el tipo impositivo de las rentas de capital.

republica.com 29-9-2022



POLÍTICA MONETARIA VERSUS POLÍTICA FISCAL

ECONOMÍA, HACIENDA PÚBLICA Posted on Dom, septiembre 25, 2022 20:59:03

Existe un cierto espejismo en la política económica. Hay quienes piensan que lo más progresista es emplear recursos públicos, cuantos más mejor. Y ahí tenemos al Gobierno actual regando con dinero público a diestro y siniestro, concediendo en una especie de lotería dádivas y mercedes sin orden ni concierto. Supone que así va a conseguir los votos de los beneficiarios. Lo malo es que quiere hacer pasar esa política por el culmen del progresismo y bandera de la izquierda. Sánchez se vanagloria de ello, y agita como el mayor triunfo personal y el más meritorio la cantidad de dinero público gastado, en la idea de que cuantos más recursos se empleen la sociedad le considerará mejor gestor y gobernante.

Habrá quienes piensen que en esta etapa de crisis lo más conveniente para la población es que se bajen los impuestos. Y ahí tenemos al PP y a muchos de sus seguidores vociferando por todas partes que lo más necesario es ayudar a las familias y para ello se precisa reducir la presión fiscal de manera que se compense, aunque sea parcialmente, el daño que está haciendo la inflación. Piensan también que esta sería la política más progresista. Ambas posiciones, aun cuando aparecen radicalmente opuestas, en el fondo no existe entre ellas tanta diferencia. Ambas mantienen una política expansiva.

Recientemente, el Banco Central Europeo (BCE) ha subido el tipo de interés 0,75 puntos, situándolo en el 1,25%. Una subida más bien inédita. Resulta evidente que Christine Lagarde ha querido mostrar que está dispuesta a controlar la inflación pase lo que pase. Los bancos centrales pretenden reducir la demanda con la finalidad de controlar los precios. Pero existe siempre una cierta contrapartida: que se dañe el crecimiento. A pesar de ser tan elevado, casi todo el mundo ha visto lógico el incremento realizado del tipo de interés.

Me pregunto por qué no se aplica el mismo rasero a la política fiscal  ya que ambas políticas son complementarias, pero también sustitutivas. Una política fiscal expansiva incrementará la demanda y por ende la inflación. Cuanto más expansivas sean las políticas fiscales, más restrictiva tendrá que ser la política monetaria. Qué duda cabe que en ese 0,75% tiene mucho que ver la actitud relajada que están adoptando en materia fiscal, unos más otros menos, la mayoría de los gobiernos y, cosa curiosa, con el beneplácito de la Comisión Europea.

En la Unión Europea la política monetaria es única y está encomendada al BCE. Por el contrario, cada gobierno aplica su política fiscal y no es de extrañar que todos ellos tiendan a contentar a sus electores con medidas fiscales expansivas, bien sea a través del gasto o de la bajada de impuestos, y dejen la tarea de controlar la inflación a la autoridad monetaria, que aplicará una política tanto más dura cuanto menos hayan colaborado los gobiernos nacionales.

Fuera de la Unión Monetaria, la responsabilidad de ambas políticas -por más que algunos se empeñen en afirmar que los bancos centrales son independientes- recae sobre los gobiernos, y para luchar contra la inflación tendrán que calibrar en qué medida utilizan la política fiscal y en qué medida la monetaria, y cuál de ellas es más dolorosa para los ciudadanos y cómo se distribuye el coste entre las clases y los grupos sociales.

En principio, la política monetaria es mucho más rígida y en ella caben pocas opciones y variaciones, como no sea su intensidad. En política fiscal, sin embargo, son posibles casi infinitas combinaciones y alternativas, y también escoger sobre qué grupos se incide para obtener mejores resultados con los menores costes, e incluso elegir las clases sociales que deben soportar preferentemente las cargas.

Intuitivamente podemos afirmar que las restricciones monetarias perjudican a los deudores y pueden beneficiar a los acreedores. Los efectos negativos de una subida de tipos de interés recaerán de forma inmediata sobre todos aquellos ciudadanos que tengan firmadas hipotecas a tipos variables, y en general sobre todos los que tienen contraídos préstamos referenciados al Euríbor. Con carácter general, clase media o humilde. En realidad, una de las finalidades de endurecer la política monetaria es desincentivar el consumo.

La elevación del tipo de interés afectará también a las empresas, encareciendo la financiación. El resultado será menos inversiones y una reducción de la actividad económica con efectos negativos sobre el empleo, y quizás también sobre los salarios. Pero todo eso es precisamente lo que se persigue para reducir la demanda y con ella la inflación, aunque tenemos que ser conscientes de que también puede dañar el crecimiento económico. Como se ve, una política monetaria restrictiva no se puede tomar a broma, no es inocua. Tal vez sea necesaria para controlar la inflación, pero tiene un alto coste para los ciudadanos en general y en mayor medida para las clases bajas y medias bajas.

Se desprende de todo esto que no constituye una actitud muy progresista ni socialmente positiva dejar el control de la inflación en exclusiva en manos de los bancos centrales y de la política monetaria. Esa postura es mucho más onerosa y quizás más injusta que hacer que la política fiscal sea también restrictiva o al menos colabore en el control de los precios. Cuando los gobiernos se jactan de la utilización generosa del presupuesto, bien a través del incremento de los gastos bien por la minoración de ingresos, parecen desconocer que cuanto más laxa sea su política, mayor será el torniquete monetario que aplicará el banco central.

Ante la elevación de 0,75 puntos en el tipo de interés que ha realizado el BCE se han levantado algunas voces que consideran la subida demasiado elevada. Afirman que la inflación actual es de costes y que la política monetaria va a dañar el crecimiento. La subida de los precios puede ser que tenga su origen en el fuerte incremento en el coste de la energía, lo cual no es totalmente cierto porque el exceso de demanda derivado de la epidemia tuvo mucho que ver; pero, en cualquier caso, sea cual sea el origen, toda inflación se consolida por una diferencia entre oferta y demanda, y su control en la mayoría de las ocasiones solo se puede efectuar por la contención de la demanda.

Los que insisten en situar el origen de la inflación en la guerra de Ucrania y en la subida de los precios de la energía y de las materias primas tendrían que ser conscientes de que casi en su totalidad obedece a productos importados, por lo que el aumento de sus precios representa un empobrecimiento de la economía española. Alguien tiene que asumirlo. No es la mejor solución ni la más progresista dejar que tenga que ser únicamente la política monetaria la que se encargue de distribuir el coste.

republica.com  22-9-2022



EL COSTE DE LA EXCEPCIÓN IBÉRICA

GOBIERNO Posted on Mar, septiembre 20, 2022 11:34:41

El recibo de la luz ha sido siempre uno de los arcanos más difíciles de descifrar. Gobiernos de derechas y de izquierdas y las distintas compañías eléctricas se han conchabado para que los recibos y las tarifas sean incomprensibles. Desde el Ejecutivo se privatizó alguna de ellas, pero fue comprada -¡oh, paradoja!- por una empresa pública de otro país, es decir, que continúa siendo pública, aunque no española.

Con esto de la liberalización, el mercado se dividió en dos partes, el regulado y el libre. Lo de libre es un eufemismo porque los distintos gobiernos han aprovechado el recibo de la luz para repercutir sobre los ciudadanos los costes derivados de sus políticas erróneas o las subvenciones que daban a algunas compañías eléctricas para primar determinas fuentes de electricidad frente a otras. En realidad, funcionan como impuestos indirectos, con la única diferencia de  estar disimulados mediante la factura de la electricidad.

En el mercado regulado el precio de la electricidad (impuestos y recargos aparte) viene determinado por el precio que alcanza en el mercado mayorista. En el mercado libre el precio, en teoría, se establece de acuerdo con lo que hayan fijado contractualmente la eléctrica y el consumidor. Digo en teoría porque las compañías se han lanzado a captar clientes quitándoselos unas a otras, ofreciendo cada una de ellas más ventajas que los demás. Pero la mayoría de las veces las contrataciones se realizan por teléfono, sin que el cliente haya conocido bien los términos y, desde luego, con ignorancia total de la letra pequeña, lo que da el poder a las sociedades, al menos a la hora de la renovación, de cambiar lo establecido en el contrato, obviando en muchos casos avisar al consumidor.

Es frecuente que la contratación de la electricidad se haga conjuntamente con el gas y que sea en el recibo de esta última energía donde aparezcan cargos adicionales sin saberse muy bien el motivo, aunque a menudo se disfrace de asistencia técnica. Todo esto hace que la mayoría de las veces haya sido hasta ahora más rentable para el consumidor pertenecer al mercado regulado que al libre.

La situación ha cambiado con la guerra de Ucrania y con la ineptitud de los mandatarios europeos. Tanto los gobiernos de los países miembros como las autoridades comunitarias, con carácter general, están haciendo esforzadamente el ridículo, al menos mostrando una falta total de previsión. No es solo que en su momento en materia de energía se echasen en manos de Rusia, es que después han presumido y fanfarroneado, prometiendo que en dos días iban a terminar con Putin y que ahogarían la economía rusa; y lo cierto es que es la economía europea la que ahora se tambalea y Putin el que está chantajeando a Europa con la energía.

El precio mayorista de la electricidad está alcanzando precios astronómicos y amenaza con subir aún mucho más en el futuro si, como todo hace pronosticar, el suministro de gas se reduce. El Gobierno español ha sido de los primeros en reaccionar, viendo la amenaza electoral que podía representar la inflación que, paradójicamente, está siendo mayor en España que en países como Alemania, Francia o Italia; pidió a Europa que desvincularan el precio del gas del de la electricidad, poniendo un tope al primero a efectos de calcular el valor del segundo.

No consiguió que la idea fuese aceptada e introducida en toda la Unión Europea, pero al menos logró que autorizasen una excepción para la península ibérica, es decir, para España y Portugal, basándose en que casi constituye una isla energética. Tal como acostumbra Sánchez, retornó de Europa eufórico y triunfalista. El sanchismo anunció a bombo y platillo que esa medida iba a servir para reducir el precio de la electricidad. Este no ha disminuido, sino que ha seguido aumentando, aunque sí es verdad que en menor medida que el de otros países.

Lo que callan, o al menos no publicitan mucho, es la letra pequeña. Alguien tenía que pagar la diferencia entre el precio del mercado del gas y el valor que se ha establecido como máximo para calcular el precio de la electricidad. En este caso no se ha creído conveniente que fuese el sector público el afectado, sino los consumidores. Pero no solo los del mercado regulado, sino también los del mercado libre, que están viendo cómo, sin comerlo ni beberlo, de repente en su factura de la luz aparece un nuevo recargo, el correspondiente a la excepción ibérica.

La suposición que está detrás del razonamiento del Gobierno es que esta medida servirá no solo a los clientes del mercado regulado, sino también a los del libre, porque las compañías, al realizar los nuevos contratos o renovar los antiguos, tendrían en cuenta los precios del mercado regulado. Pero es mucho suponer. Lo cierto es que los clientes del mercado libre ven que el precio que habían pactado con las compañías de buenas a primeras se incrementa sustancialmente por un recargo aprobado por el Gobierno con el que no habían contado.

El sanchismo se apoya en el populismo y en el electoralismo. En su afán por mantenerse en el poder, no solo otorga todas las mercedes que le reclaman los partidos que lo sustentan, sino que está dispuesto a empedrar su gobierno de todo tipo de dádivas sin reparar en el coste. Presenta las concesiones como si saliesen de su propio bolsillo, cuando en realidad los recursos o provienen del presupuesto o, lo que es peor, de forma arbitraria se les hace recaer sobre otros ciudadanos.

Este Ejecutivo hace gala de su política jactándose del dinero que gasta. Sin embargo, la actuación de un gobierno no puede enjuiciarse por la mayor o menor prodigalidad en el gasto público, sino más bien porque asigna los recursos al mejor destino posible. No hay nada gratuito ni sale del peculio de los ministros. Todo tiene un coste. Los fondos públicos utilizados en una finalidad no se pueden usar en otras.

Pero a veces este Gobierno financia sus ocurrencias de una manera aun más censurable, cargando el coste de forma arbitraria sobre otro grupo de ciudadanos. Así está ocurriendo con la excepción ibérica. El beneficio que se concede a los clientes del mercado regulado se financia mediante recargos en la factura de los consumidores del mercado libre. Se da además un efecto perverso. Hay que vender la electricidad a Francia al precio bonificado, sin que se le pueda girar luego el recargo que pagan los consumidores españoles; es decir, que estos terminan subvencionando a los franceses.

Al cabo de seis meses, Bruselas comienza a despertar y a darse cuenta del problema en el que se ha metido y del que no sabe muy bien cómo salir. Sánchez se ha apresurado a proclamar que la Comisión iba a copiar la excepción ibérica, e implantarla en la totalidad de la Unión. Poco le ha durado la alegría porque Bruselas ha desechado rápidamente la idea con el argumento de que eso aumentaba el consumo; pero supongo que no habrá estado lejos de la motivación el hecho de que alguien tenía que asumir el coste, y no parece que en Europa estén dispuestos a repetir el juego trilero de Sánchez.

Este no ha sido el único desengaño que el presidente del Gobierno se ha llevado últimamente en sus ínfulas europeas. A pesar del coqueteo que ha mantenido con el canciller alemán, Macron se ha negado radicalmente a emprender la construcción del gaseoducto MidCat. Bruselas ya se ha echado atrás argumentando que es un asunto privado entre España y Francia.

republica 15-9-2022      



SUMAR O RESTAR

APUNTES POLÍTICOS, PARTIDOS POLÍTICOS Posted on Lun, septiembre 12, 2022 12:13:31

La primera vez que Yolanda Díaz presentó en sociedad su nuevo proyecto lo hizo escoltada por compañías no muy recomendables: Colau, Oltra, Monica etc. Y sin ninguna presencia de Podemos, como no fuese la catalana. La segunda vez, en el Matadero de Madrid y ya con nombre propio para su plataforma, espacio o lo que demonios sea. Lo ha llamado “sumar”, aunque más bien parece que de lo que se trata es de restar, ya que pidió expresamente que no asistiese ninguno de los líderes de los partidos políticos. Quiso que la dejasen sola. Mal comienzo para quien pretende aunar a esas mismas formaciones políticas.

Proclamó que lo suyo no iba de partidos ni de siglas, sino de la sociedad. Lo denominó movimiento ciudadano. Y ¿por qué será que cuando oigo algo así me viene a la memoria lo del movimiento nacional? El sistema de partidos políticos tiene muchos defectos y la democracia representativa también, pero hoy por hoy no se ha inventado nada mejor y cuando se ha querido innovar recurriendo a “movimientos” o soluciones parecidas, aquí o en América Latina, se han construido regímenes muy peligrosos.

Yolanda manifiesta que se trata de escuchar a la sociedad, pero ¿a través de qué canales, si se desecha a los partidos, cauces por los que cualquier ciudadano, si lo desea, puede participar en política? Se corre el peligro de escuchar tan solo a una parte de la sociedad, la más activa, la que más grita, y de olvidar a la mayoría, a los que el trabajo no les deja demasiado tiempo para opinar.

Por otra parte, cabría preguntarse ¿quién es el que tiene que escuchar?, ¿quién esta investido de autoridad para ello? Alguien podría interrogar a la ministra de Trabajo acerca de dónde se encuentra el origen de su designación. ¿Pablo Iglesias?, ¿Iceta?, ¿Sánchez? Por cierto, lo de Iceta no creo que sea una buena recomendación en la parte de España que no confraterniza con el nacionalismo. Cabría preguntarle también a qué debe su nombramiento de ministra de Trabajo. ¿No es acaso a su pertenencia a una formación política, al pacto entre dos partidos y al apoyo de otras formaciones políticas independentistas?

Ha sido Podemos y su pacto con el PSOE lo que la ha convertido en vicepresidenta segunda. Bien es verdad que el funcionamiento interno de Podemos (no solo de Podemos, sino de casi todos los partidos) deja mucho que desear desde el punto de vista democrático. Prueba evidente de ello es su nominación por Pablo Iglesias como cabeza de lista en las próximas elecciones generales. Al estilo de los mejores tiempos de la Monarquía absoluta, el jefe elige a su sucesor en la organización y en el gobierno. Se comprende que Yolanda Díaz desconfíe de los partidos políticos. Pero ¿cuál es la alternativa? El caudillismo de alguien que se postula como el enviado de Dios.

La actual ministra de Trabajo habla de un nuevo pacto social. Pero este no constituye en la teoría política un hecho histórico, sino un concepto que se supone implícito en el origen del Estado. Mediante él se pasa de una sociedad amorfa, sin ley ni orden, a un cuerpo organizado y estructurado con mayor o menor acierto. El pacto social es un concepto político-filosófico por el que cada ciudadano renuncia a parte de su libertad a condición de que los otros hagan lo mismo. Allí donde se ha dado integración social, por muy imperfecta que sea, está presente, aunque lo sea de manera implícita e inconsciente, el pacto social.

El Estado, la sociedad organizada, ha ido adquiriendo muchas formas, y en buena medida perfeccionándose, hasta constituirse como social, democrático y de derecho, y adoptar la democracia representativa, que tiene en la actualidad la mayoría de los países occidentales. En España, si buscamos en los tiempos recientes un hecho histórico, lo más parecido al pacto social se encuentra en la Constitución de 1978. No parece que hoy se den las condiciones suficientes para un consenso parecido. El aventurerismo siempre es peligroso.

Hay una tendencia a contraponer sociedad civil y Estado (sociedad política) denigrando a este último y situando a la primera como con el conjunto de todas las perfecciones. Tiendo a pensar que la sociedad civil no existe, que es una entelequia, un comodín que cada uno usa como quiere y en su propio beneficio. La sociedad sin Estado es amorfa, sin ley ni organización, reino del más fuerte. A lo que muchas veces se llama sociedad civil le cuadraría con más propiedad la denominación de sociedad mercantil.

En primera instancia, se encuentra formada por todo tipo de fundaciones o entidades parecidas, normalmente vinculadas a grandes empresas o a conglomerados económicos, que sirven sin duda a los intereses de quien dependen, aunque en parte estén financiadas por el Estado mediante las correspondientes deducciones en el impuesto de sociedades. Son instrumentos de poder de los ejecutivos que se valen de ellas para influir en todos los ámbitos sociales, desde la educación al deporte, pasando por la cultura, etcétera.

En segunda instancia, están las ONG y todo tipo de asociaciones. En la mayoría de los casos su independencia es muy relativa. Con frecuencia viven al amparo de alguna fuerza política o de alguna de las fundaciones de las que hablábamos antes. Lo de “no gubernamental” suele ser un eufemismo porque existen en buena medida gracias a las ubres del Estado, bien directamente mediante subvenciones, bien indirectamente a través de deducciones en el IRPF y en el impuesto de sociedades.

A pesar de que fundaciones y ONG se financien en todo o en parte con fondos públicos, carecen de los mecanismos de control que deben tener estos recursos y que, al menos en teoría, existen en la Administración.

Me temo que cuando alguien recurre a la sociedad civil está apelando a las asociaciones y organizaciones que se mueven en su misma órbita ideológica. Con el nombre de sociedad civil (a veces comunidad científica, o expertos) se pretende dar visos de objetividad y neutralidad a opiniones que son de parte. Por poner algún ejemplo, las tesis del Instituto de Estudios Económicos se presentan como imparciales cuando son en realidad la voz de la CEOE; lo mismo ocurre con FEDEA, solo hay que mirar quiénes son sus patronos. Algo parecido se podría decir de muchas ONG de la izquierda, y no digamos del espacio independentista.

El hecho de que Yolanda Díaz haya renunciado a presentarse a las elecciones autonómicas y municipales da idea de hasta qué punto hoy Sumar es una superestructura sin raíces ni asentamiento en la sociedad. Carece de organización. Por eso hay que esperar a las generales, que siempre se plantean más de forma plebiscitaria, a favor o en contra. Se prestan al caudillismo, al enfrentamiento entre los líderes, sin que importe mucho en ocasiones a qué organización representan.

En realidad, el proyecto de Yolanda Díaz, aun cuando se exhibe como novedoso, tiene poco de tal. En múltiples latitudes se han visto experimentos parecidos. Pero es que, mirando a nuestro  propio país, parece una repetición de Podemos. Y ya se sabe que segundas partes nunca han sido buenas; o bien, citando a Marx en “El 18 de Brumario”, la historia sucede dos veces, la primera como tragedia, la segunda como farsa. Las circunstancias han cambiado por completo. No existe ya un 15-M y muchos de los indignados han pasado por el poder.

Es posible que Podemos esté en decadencia, fruto de sus muchos errores, pero malamente repetir el ciclo va a añadir algo nuevo. Si Yolanda Díaz quiere jugar en política, barrunto que no va a tener más remedio que acudir a los partidos, y en la izquierda únicamente hay dos formaciones políticas que puedan llamarse tales, Podemos e Izquierda Unida, por muy en decadencia que parezcan estar. De lo contrario, en lugar de sumar va a restar. Claro que tiene otro camino que han seguido antes que ella otros muchos miembros de IU o del PC, ingresar en el PSOE.

republica.com 8-9-2020



ANARQUÍA ADMINISTRATIVA, CORRUPCIÓN POLÍTICA

CORRUPCIÓN, HACIENDA PÚBLICA Posted on Dom, septiembre 04, 2022 21:07:41

Se ha criticado mucho el decreto ley de restricciones energéticas y, muy posiblemente, con razón, al menos en cuanto a la improvisación y al autoritarismo con los que se ha elaborado. Sin embargo, ha pasado casi desapercibido su artículo 30, que autoriza a que toda contratación de obra, servicios, etc., que las administraciones públicas necesiten hacer para la mejora energética de sus edificios e instalaciones pueda realizarse por el procedimiento negociado sin publicidad por causa de imperiosa urgencia. Incluso se les exime de ciertos requisitos que mantiene este tipo de contratación. En fin, en román paladino, que pueden contratar a dedo, como quieran y con quien quieran.

Este Gobierno, por “h” o por “b”, se ha acostumbrado a prescindir de todo el aparato jurídico que garantiza la objetividad y la neutralidad en el funcionamiento de la Administración. Al mismo tiempo, ha sido proclive a utilizar la corrupción del contrario como arma política, lo que resulta un tanto contradictorio no solo porque el PSOE en esa materia tiene el techo de cristal, sino también porque más importante que criticar la corrupción pasada es crear y mantener los mecanismos y procedimientos que hagan imposible, o al menos muy difícil la corrupción futura. Más conveniente que llorar por la leche derramada es no hacer agujeros en las lecheras. Y Sánchez y su Gobierno no pierden ocasión de agujerear y perforar los procedimientos y los controles administrativos, boquetes por donde se pueden colar el amiguismo, los intereses económicos propios o los del partido.

En la cúspide de esta adulteración de la gestión pública se encuentra la utilización abusiva del decreto ley. Los nombres suelen ser indicativos de la realidad. El poder ejecutivo debe ejecutar y el legislativo, legislar, pero con los gobiernos de Sánchez se han invertido los papeles. Han abandonado la gestión, ni saben ni les interesa, y se han dedicado a legislar mediante decretos leyes. Cada uno de ellos suele ser un puzzle de los temas más dispares. El papel del Parlamento queda reducido a convalidarlos de forma global, de modo que quien quiera aprobar una parte se ve obligado a ratificar el lote completo, y el Gobierno juega con ello para chantajear a la oposición.

En este orden de cosas uno de los hechos más escandalosos es la forma en la que se están concediendo e instrumentando los llamados fondos de recuperación económica. No solo es que los destinos se hayan decidido unilateralmente por el Gobierno prescindiendo del Parlamento, es que además se está realizando con total opacidad y nadie sabe qué tareas e inversiones se están llevando a cabo.

El tema adquiere mayor gravedad cuando se comprueba que junto a la falta de transparencia política se da también la opacidad administrativa. Ya el propio decreto ley que regulaba toda la materia dispensaba, en aras de la urgencia (premura que después no se ha seguido en la ejecución), de muchos de los trámites y controles necesarios en la administración de los fondos públicos. La fiscalización previa, por ejemplo, quedaba reducida a una parodia.

Pero es que, además, la mayoría de los programas se han externalizado, bajo la forma de encargos u otros procedimientos parecidos, a figuras administrativas que por su condición de empresas públicas o similares no están sometidas a los mismos controles o requisitos que la Administración, porque tampoco están creadas para las tareas que ahora se les encomiendan. En realidad, esta externalización tiene únicamente la finalidad de exonerar la concesión y ejecución de esos recursos de los procedimientos y normas que debe tener la utilización de fondos públicos, y que se pueda actuar por tanto con total discrecionalidad, cuando no arbitrariedad. El procedimiento no es muy distinto, solo que a gran escala, al empleado con los ERE en Andalucía. Existe, por tanto, el peligro de que el resultado sea también similar.

La mayoría de las veces el final de la historia será la constitución de asociaciones público-privadas, uniones que hasta ahora en casi todos los casos en los que se han empleado han resultado ruinosas para el sector público y rentables para el privado. En realidad, tal como se están ejecutando, puede ocurrir de todo con los fondos de recuperación. La última noticia (no sé si filtración más bien) es que para su control se piensa contratar una empresa privada. Pantomima destinada a cubrir el expediente cuando han desaparecido todos los controles públicos.

Sánchez ha exhibido los fondos de recuperación como el talismán capaz de evitar todos los males de la economía española, y de cambiar nuestra estructura productiva. La ministra de Economía, tal como nos tiene acostumbrados, ha ofrecido una visión de la realidad totalmente distorsionada. Según ella, constituyen la mayor transferencia de fondos que recibimos desde Europa. Esto está lejos de ser verdad, si se toma en sus justas proporciones: saldo neto y en porcentaje del PIB. En 2021, y se supone que también en los próximos ejercicios, este porcentaje se sitúa alrededor del 1%, cifra similar a la que recibíamos casi todos los años en la década de los noventa.

La aportación neta respecto al PIB es más o menos la misma, e idénticos también los defectos y los inconvenientes. En primer lugar, la cuantía de estos saldos es muy inferior a la que correspondería cada año si la Unión Monetaria se hubiese completado, como sería lógico, con la integración fiscal y presupuestaria. No nos regalan, por tanto, nada. La prueba más evidente es la gran cantidad de recursos que durante largo tiempo la antigua Alemania Federal tuvo que transferir a los territorios de la Alemania Democrática como consecuencia de la Unión.

En segundo lugar, el destino de los fondos, también de los de recuperación, es fijado en gran medida por Bruselas de acuerdo con sus manías, o con los intereses de sus lobbies, más que por las conveniencias de España. El único control de la Comisión radica en comprobar de forma genérica que los recursos han sido aplicados a las finalidades señaladas, pero no si se han realizado con la eficacia debida y con la objetividad y neutralidad en el reparto que corresponde a los fondos públicos.

Hasta ahora hemos recibido recursos de Europa por importe de 31.000 millones de euros, aunque de ellos el segundo plazo, por importe de 12.000 millones, acaba de llegar. De momento, la función taumatúrgica de estas transferencias no se ha visto por ninguna parte: la economía española no ha sufrido ninguna transformación y se encuentra a la cola de la Unión Monetaria en casi todos los aspectos. España es el único país de la Eurozona que aún no ha recuperado ni los niveles del PIB ni de la renta per cápita del 2019. También es el país con la mayor tasa de paro de la Unión Europea; estos años ha incrementado el endeudamiento público más que ningún otro Estado, y presenta una tasa de inflación superior a la media tanto de la Unión Europea como de la Eurozona, y desde luego por encima de las otras tres grandes economías europeas con las que lógicamente tiene que competir: Alemania, Francia e Italia.

¿Dónde se encuentra la eficacia de los fondos europeos? No parece que estén sirviendo para mucho. Ni para sanear las finanzas públicas ni para la recuperación de la economía; pero, eso sí, puede ser que estén enriqueciendo a determinadas personas o empresas. Todo ello sin duda es grave, pero hasta ahora se están utilizando recursos recibidos a fondo perdido. El peligro se hace mucho mayor con la predisposición que parece tener el Gobierno de pedir también los 70.000 millones que se conceden en forma de préstamos, con lo que incrementaremos aún más el ya muy elevado nivel de endeudamiento público, sin saber muy bien para qué, sin conocer cuáles son las necesidades que se pretenden cubrir o a quién se quiere favorecer. Es posible que todo ello acabe siendo una triste herencia para un futuro gobierno, si el sanchismo perdiese las próximas elecciones.

republica 1- 9-2022



VOY A POR TODAS

GOBIERNO, PSOE Posted on Mar, agosto 23, 2022 09:03:19

Voy a por todas. Cuando se escuchan estas palabras de boca de Sánchez, no se puede por menos que sentir un cierto escalofrío. Emergen a la memoria todas las cosas que ha sido capaz de hacer para llegar a la presidencia del gobierno y mantenerse en ella. Sánchez ha chalaneado, ha engañado a todo el mundo, ha destruido a su antiguo partido para sustituirlo por una secta a sus órdenes. Se ha mostrado dispuesto a pactar si era necesario con el propio diablo, prometer lo que le pidiesen, pagar el precio que le exigieran, todo para continuar en el poder. Ha construido un mundo de embustes y mentiras que él mismo se ha llegado a creer. Cuando la realidad le ha zarandeado haciendo que viese que perdía elección tras elección y las encuestas una tras otra le eran desfavorables, ha gritado “voy a por todas”. ¿Hasta dónde será capaz de llegar si se encuentra entre la espada y la pared y ve que se le escapa el poder de las manos? Da miedo.

A por todas, no pone ninguna limitación. Todo es lícito, todo vale. El fin justifica los medios. De tanto pactar con los golpistas e independentistas ha asimilado su discurso. Desjudicializar la política. Es imposible encontrar una expresión más mendaz y menos democrática. En realidad, lo que se está pidiendo es acabar con el Estado de derecho.

La política es todo lo referente al gobierno de la polis, la ciudad, el Estado para los griegos. Tras muchos años de historia, después de múltiples vicisitudes, avances y retrocesos, la polis, el Estado moderno, se fundamenta en tres soportes básicos: democrático, social y de derecho. Estos atributos se complementan, se necesitan y ninguno de los tres puede realizarse plenamente sin que se den los otros dos. Así como, sin el carácter de social, el Estado se convierte en el consejo de administración de la clase dominante, sin el derecho, el Estado se transforma en tiranía o se hace despótico. La misma democracia necesita de leyes y de normas para realizarse.

Los golpistas catalanes prescindieron de las leyes y de la Constitución, declararon la soberanía de Cataluña y se proclamaron únicos representantes de los ciudadanos catalanes, sin reparar en que si habían sido elegidos era para el cometido y con las exclusivas competencias que les otorgaban las leyes y la Constitución. Se lanzaron a una revolución, pero desde el poder que les daba la Generalitat, por ello es lícito denominarles golpistas.

El Estado de derecho se impuso y frustró su propósito. Esa es la razón por la que exigen ahora que se desjudicialice la polis, la política, que desaparezca del Estado el derecho y la justicia. Sánchez les ha comprado el eslogan. En realidad no le ha costado mucho. Desde el principio ha tenido alergia a las leyes y a todo lo que coarte sus ansias de poder. Lo probó ya en su primera singladura como secretario general al no aceptar los límites que le imponía el Comité federal del partido e intentar frustradamente un golpe de Estado interno, aunque algún correligionario que le acompañó luego en el gobierno lo interpretase interesadamente como los idus de marzo.

A menudo en nuestra democracia se produce la unión no deseable en una misma mano del poder legislativo y el ejecutivo. Tan solo el judicial permanece independiente. Sánchez ha sabido unir con alianzas y pactos contra natura el ejecutivo y el legislativo, y encuentra como única limitación a su poder la de los tribunales. Por eso desde el primer momento ha pretendido controlarlos. De ahí la enorme ofensiva desatada contra el PP respecto a la elección del Consejo General del Poder Judicial. Incluso han acusado a la oposición de insumisión constitucional.

El PP ha estado más bien torpe a la hora de defenderse. Cuando no se llega a un acuerdo entre dos bandos, es evidente que los responsables serán ambos. No se puede hablar de bloqueo de uno solo. Pero es que, además, el PSOE lo que pretende (a tenor de que todos los vocales que propone son de lo más sectario) es continuar con el sistema de reparto, que es precisamente el contrario al espíritu de la Constitución, según la interpretación dada por el Tribunal Constitucional en su sentencia del 29 de julio de 1986 (véase mi artículo publicado el 23 de septiembre de 2021 en este mismo diario digital y titulado “Trapicheo en la constitución del CGPJ”).

Sánchez, desde que se instaló en el poder, ha establecido un permanente forcejeo, más bien contienda, contra todos los ámbitos judiciales, de manera que se pudiesen retorcer las leyes a su antojo. La última, con la complicidad de la anterior dirección del PP, el nombramiento en el Tribunal de Cuentas de consejeros afines con el único objetivo de que cambiasen, por una parte, el criterio anterior del propio Tribunal, aceptando ahora el sinsentido de que una Administración pueda avalar la responsabilidad contable de quien ha robado a esa propia Administración. Y, por otra, rebajar la cuantía de las cantidades defraudadas por los golpistas del 1 de octubre. Para tales cambios se precisaba el concurso de la Fiscalía, pero la Fiscalía, al igual que la Abogacía del Estado, han dejado de ser instancias profesionales e independientes para ser una prolongación del sanchismo.

En aras de desjudicializar la política, tal como ha pactado con los independentistas, intenta que la Fiscalía retire la acusación a los dirigentes de ETA a los que se juzga por el asesinato de Miguel Ángel Blanco y, del mismo modo, que se inhiba en los juicios pendientes en los distintos tribunales por los acontecimientos de la subversión del 2017 en Cataluña.

Bajo el eslogan de desjudicializar la política, los golpistas catalanes han pasado olímpicamente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y del Tribunal Supremo que había ratificado la sentencia del anterior, exigiendo la enseñanza del castellano al menos en un 25% en las aulas. El Parlament ha aprobado una ley con el concurso del PSC por la que se contradice de forma radical la postura de los tribunales y de la misma Constitución. Es más, la ley ha sido seguida de una instrucción del consejero de Educación catalán a los colegios, propia de un régimen dictatorial, prohibiendo el español hasta en los recreos y con comisario político incluido. Aplican al idioma español los mismos procedimientos que Franco utilizaba frente al catalán.

Uno se pregunta si hay que desjudicializar la política. ¿Por qué aprueban una ley? Parece ser que sus leyes sí son válidas. En el fondo lo que se está poniendo en cuestión a diario en Cataluña es un asunto de soberanía. Lo que se esconde detrás de la frase de los independentistas catalanes de desjudicializar la política es el empeño de librar a la polis (estado) catalana de la ley y de la justicia española.

Por eso resulta tan reprobable la postura del Gobierno. Lejos de recurrir la ley del Parlament ante el Tribunal Constitucional, con lo que la norma quedaría suspendida temporalmente hasta que se produjese la sentencia (la suspensión automática solo es prerrogativa del Gobierno), la asume, la jalea y la hace propia, con lo que se coloca también él en insumisión frente al Tribunal Supremo, cosa que ha hecho con frecuencia, y en cierto modo frente a la Constitución.  

En realidad, lo que Sánchez quiere ante todo es politizar la justicia, pretende hacerse con el control del Tribunal Constitucional. Con ese objetivo no tiene empacho en elaborar una ley (bueno, decreto ley, que es lo único que utiliza Sánchez) corrigiendo el que hace unos meses había hecho aprobar y que limitaba las funciones del CGPJ, privándole de hacer nombramientos; ahora se le devuelve tal competencia, pero limitada exclusivamente a la designación de los dos consejeros del Tribunal Constitucional que le corresponden y que es condición para que el Gobierno pueda hacer el nombramiento de los dos suyos. Todo es absolutamente descarado.

Sánchez se ha llevado ya algunos coscorrones del Tribunal Constitucional y, dada la forma de gobernar totalmente despótica, a base de decreto ley y con sumisión continua a las fuerzas que quieren romper el Estado, no es descabellado que se llevase alguno más. De ahí que persiga controlarlo, dado que tiene muchos asuntos pendientes y bastantes de ellos de verdadera importancia, como la sentencia de los ERE.

El Gobierno, siguiendo la senda de Tartufo, por una parte, afirma que respeta el veredicto de los tribunales, pero, por otra, ha salido en tromba en defensa de los dos presidentes de la Junta con el tópico de que ellos no se han enriquecido. Todos los ministros repiten que pagan justos por pecadores. Pero si ellos son los justos, ¿quiénes son los pecadores?

Nunca he entendido ese discurso que disculpa a los defraudadores con el argumento de que no se han enriquecido personalmente. Pienso que siempre existe enriquecimiento, aunque sea indirecto y no inmediato. Es más, en estos casos suele haber un agravante. Si el fin es la financiación de un partido, se está violentando la neutralidad que debe darse en el juego político. Algo parecido ocurrió con los ERE, se utilizó una enorme cantidad de dinero público para crear todo un mundo clientelar que garantizase el poder al partido socialista. Y más grave es aún la corrupción de los golpistas catalanes, que usaron múltiples recursos de la Generalitat para atentar contra el Estado y la Constitución.

Y en la cúspide de todos, aun cuando no este tipificada en el Código Penal y tenga apariencia de legalidad, se encuentra la corrupción de un gobierno que compra con mercedes públicas a otras fuerzas políticas para permanecer como sea en el poder.

republica.com 18-8-2022



DE UCRANIA A TAIWAN PASANDO POR LA CORBATA

GOBIERNO, REALIDAD INTERNACIONAL Posted on Mié, agosto 17, 2022 13:39:45

Al principio de la invasión de Ucrania, los mandatarios europeos y los prebostes de la Unión Europea, con paso firme y bastante empaque, amenazaron a Putin con las penas del averno. Hablaron de guerra moderna, entendiendo por tal la económica y financiera, y prometieron adoptar tales medidas que la economía de Rusia se hundiría. Europa poseía un arma infalible, dejar de adquirir petróleo y gas al invasor.

Han pasado cinco meses y desconocemos cómo está la economía rusa, pero lo que sí sabemos es que la europea se tambalea. Es Putin el que restringe el suministro de gas y se teme que lo corte por completo, lo que, según los expertos, ocasionaría una catástrofe para países como Alemania, y el efecto se expandiría a toda Europa.

Ante el peligro de un desabastecimiento de productos energéticos en Europa, la vicepresidenta tercera aseguró reiteradamente y muy segura de sí misma que en España no existirían restricciones. Es más, cuando la Comisión Europea habló de imponer a todos los Estados la obligación de recortar el consumo de gas en un 15%, Teresa Ribera sacó pecho y le dijo públicamente a Bruselas que España no tenía por qué hacer ese recorte, ya que había hecho los deberes, y que poseía suministro de sobra y estaba incluso exportando a otros países.

Pocos días han pasado cuando el Gobierno, una vez más, donde dijo digo dice diego y han venido de Bruselas con la cabeza gacha y con la consigna de los ajustes, y no han tardado en sacar un decreto ley con una ristra de medidas muy controvertidas que son claramente restricciones al consumo. Eso sí, como siempre, echan balones fuera y encargan la gestión y el control a las Comunidades Autónomas, a pesar de que también como siempre nadie las ha consultado.

Dicen que con tales medidas se recortará el consumo en un 7%, pero este porcentaje no está dicho en ninguna parte. Lo aprobado en Europa es un 15%, aunque con el añadido de que, en función de una serie de variables, a algunos países, entre los que parece encontrarse España, se les podrá rebajar esa proporción. Lo del 7% es una estimación de Teresa Ribera.

Johnny cogió su fusil y Sánchez se quitó la corbata al anunciar las restricciones. Debió recordar sus tiempos de meritorio, allí en el Ministerio de Industria cuando era su titular Miguel Sebastián. Y así como copió de los papeles del ministerio el 80% de la tesis doctoral, ahora, en un momento tan crítico, recrea el numerito ecologista de su antiguo ministro en el Congreso de los Diputados y su disputa con Bono.

Sebastián y Sánchez van a salvar el planeta quitándose la corbata. Bien es verdad que de Sebastián no me acuerdo, pero Sánchez, después de gesto tan valiente, cogió el helicóptero para trasladarse de la Moncloa a Torrejón y después el Falcon para ir a Lanzarote.

El Gobierno de Sánchez cambió el nombre del ministerio de Medio Ambiente por el de Transición Ecológica para estar más acorde con los tiempos actuales y con la orientación de la UE, pero esta es veleta y gira hacia donde gira Alemania, y ahora resulta que la energía atómica y el gas son energías verdes. Sin tardar mucho, lo será también el carbón; el país germánico ya se ha inclinado hacia su consumo. Y es que los países satisfechos de Occidente son ecologistas, pero solo hasta cierto límite. Están poco decididos a sacrificar grados en su bienestar. La ecología es cara.

Ni EE. UU. ni la UE están dispuestos a entrar en una guerra. Por eso deberían tener más cuidado con sus bravuconadas, sobre todo cuando se dirigen a países menos satisfechos y con regímenes más despóticos, donde el lavado de cerebro es más sencillo y la opinión pública cuenta poco. Después dicen eso de que la OTAN solo tiene una finalidad defensiva. Ninguna de las guerras en las que ha intervenido hasta ahora ha sido de carácter defensivo.

Nancy Pelosi, que quizás debería estar ya jubilada (hay que ver el empeño de algunos en morir con las botas puestas), ha ido a tocar las narices a los chinos y estos se han encabritado. Ya a finales de abril, principios de mayo, la presidenta de la Cámara de Representantes fue a Polonia y a Ucrania a visitar a Zelenski y a garantizarle que cuenta con todo su apoyo y el de EE. UU. Ahora en Taiwan ha asegurado que EE. UU. no les dejará solos, y que su país mantendrá todos sus compromisos. Imagino que, mirando de reojo a Ucrania, los taiwaneses se habrán echado a temblar y habrán dicho: por favor, no nos ayuden.

republica 11-8-2022



UN IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS BANCARIOS

ECONOMÍA, HACIENDA PÚBLICA Posted on Lun, agosto 08, 2022 09:02:12

En esa escenificación de su giro a la izquierda, Sánchez ha anunciado un impuesto extraordinario a la banca y a las eléctricas. Lo fundamenta en que ambos sectores han obtenido beneficios extraordinarios. Es curioso. El populismo olvida que las sociedades propiamente no delinquen ni se enriquecen, que son entidades interpuestas, y que sus beneficios siempre terminan en personas físicas, ejecutivos y accionistas.

Atacar a los bancos tiene buena prensa; a los ejecutivos y accionistas, no tanto. Por eso Sánchez nunca abordará una reforma del IRPF para fusionar en una misma tarifa las rentas de capital (provengan o no de la banca) y las de trabajo, y establecer nuevos tramos con tipos marginales mucho más elevados en los que estuviesen incluidas las rentas escandalosas de los altos ejecutivos (sean o no del sector bancario).

La banca, como Hacienda, somos todos. Parece un desvarío, pero de desvarío tiene muy poco. La importancia económica de las entidades financieras es de tal calibre que sus peripecias terminan impactando en toda la sociedad y por consiguiente en el erario público. Solo hay que recordar la historia, por ejemplo, desde 1980, para constatar cómo el Estado ha tenido que salir en múltiples ocasiones en auxilio de los bancos, por las implicaciones que su quiebra tenía para toda la economía.

Pero es esa característica especial de las entidades financieras la que exige que se las someta a un control muy especial del Estado. En tiempos lejanos, la izquierda no planteaba aplicarles un impuesto extraordinario, sino su nacionalización. Quizás en tiempos no tan lejanos, puesto que Miguel Boyer en 1976, en la escuela de verano del PSOE, defendía la nacionalización de la banca.

El franquismo, como régimen intervencionista que era, propició que una parte de las entidades financieras fuesen públicas, a las se denominó banca oficial. Además, en el resto de las entidades, el Gobierno establecía los tipos de interés que debían aplicar y, mediante los coeficientes de inversión y solvencia, determinaba qué porcentaje de los activos tenían que dirigirse hacia uno u otro sector de la economía, incluso qué porcentaje debía materializarse en deuda pública.

La liberalización financiera acompañó a la Transición. Se mantuvo, por supuesto, la necesidad de que las entidades financieras estuviesen sometidas a una normativa especial y a una supervisión y control estrictos por parte del Banco de España, fundamentalmente en lo relativo a la solvencia.

Al mismo tiempo, perduraron junto a la banca privada, unas entidades financieras públicas y otras que, aunque no tenían este carácter, tampoco se puede decir que fuesen privadas, ya que sus órganos directivos se entregaron en buena medida a la clase política y a los estamentos sindicales y empresariales de las Comunidades Autónomas y Corporaciones locales, lo que constituyó un grave error. Las públicas con el tiempo entraron en un proceso de fusiones cuyo final fue la privatización.

A su vez, a lo largo de todos estos años la supervisión y el control del Banco de España han dejado mucho que desear, puesto que las crisis bancarias se han sucedido con graves consecuencias para la economía y para el erario público. El proceso ha sido siempre el mismo o parecido. Intervención por parte del Estado de la empresa dañada y posterior privatización una vez saneada. El último ejemplo y en tiempos recientes, Bankia.

En concreto la crisis de 2007 constituye un buen ejemplo de los fallos de la inspección del Banco de España y del control de los gobiernos de Zapatero y Aznar. Significó la casi total desaparición de las Cajas de Ahorro y cuantiosas pérdidas para las entidades que sobrevivieron, así como la utilización de ingentes recursos públicos con el correspondiente incremento de la deuda. Es cierto que habría existido una solución más equitativa, la de repartir las pérdidas entre los bancos deudores (los españoles) y los acreedores (alemanes, franceses, holandeses, etc.), pero en Europa manda quien manda.

Las entidades financieras que sobrevivieron alimentaron importantes insolvencias que no pudieron deducir del impuesto de sociedades en los ejercicios en los que se generaron al no tener ingresos suficientes y que se fueron acumulando en el balance como activos frente a la Hacienda Pública. Son los llamados créditos fiscales, conocidos como DTA, por sus siglas en inglés (deferred tax assets).

Los DTA existen no solo en las entidades financieras, también en las eléctricas y en otra serie de empresas. Pero son los bancos los que han acumulado en sus balances una cantidad mayor de estos activos. En los momentos actuales se estima que aún mantienen más de 65.000 millones de euros. Tales cantidades amenazaban con vaciar de contenido la recaudación del impuesto de sociedades, de manera que, en 2016, con buen criterio, el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro limitó al 25% de la base imponible la cantidad que las empresas podían deducir por este concepto, con lo que la banca necesitará de 15 a 20 años para recuperar fiscalmente los créditos acumulados.

Quizás lo que no sea demasiado conocido es que para que los DTA que las entidades financieras mantienen en el balance, computasen a efectos de cumplir los criterios de solvencia, Europa exigió que fuesen avalados por el Estado.

Todo lo dicho hasta el momento da buena idea de hasta qué punto la situación económica de la banca está ligada a la economía nacional e, incluso, a partir de la unidad bancaria, a la europea. Son esta integración y esta dependencia las que exigen suma prudencia a la hora de actuar en este sector. Entrar como elefante en una cacharrería podría tener efectos bastante negativos.

El Gobierno pretende justificar el impuesto que ahora introduce en la suposición de que la inflación beneficia a los bancos. Pero establecer en cada momento a quién perjudica o favorece la subida de precios no es tarea fácil, ya que depende de muchas variables y de la decisión de múltiples agentes. Es lo que pretendía explicar en el artículo publicado el 14 de octubre de 2021 en este mismo diario digital titulado “La inflación, ¿el impuesto de los pobres?”.  Señalaba en ese artículo que en realidad no existe una inflación, sino el incremento desigual de una multitud de precios, incluyendo entre ellos los tipos de interés y los salarios. La ganancia o la pérdida dependerán de cómo evolucionen, de la relación entre ellos, es decir, de los precios relativos.

Hay sin embargo algo que se puede afirmar de manera inmediata. Al reducirse el valor de la moneda, la inflación perjudica a los acreedores y beneficia a los deudores. En este aspecto patrimonial no parece que las entidades financieras salgan favorecidas o damnificadas significativamente al ser similares sus activos y sus pasivos.

En cuanto a la cuenta de resultados, es previsible desde luego que se incrementen sus ingresos como consecuencia del aumento de los tipos de interés de los créditos, pero también sería lógico que, como en otros momentos, comenzase una guerra entre los propios bancos por el pasivo, con el consiguiente incremento de la retribución de este y de los depósitos. En principio no tendría por qué generarse ninguna ganancia extraordinaria. Desde la óptica del crédito y de los tipos de interés, no es ahora cuando se produce una situación insólita, sino en la época anterior. Lo notable radica más bien en que el tipo de interés sea negativo, y en que el acreedor pague por prestar, tal como ocurría en los últimos tiempos.

El Gobierno más bien que de crear un impuesto a la banca debería ocuparse de que funcione la competencia entre las entidades financieras. Si esta se diera, con toda probabilidad las subidas de tipos de interés se trasladarían a los depositantes y demás acreedores.

De lo que no cabe ninguna duda es que el impuesto anunciado a bombo y platillo como una gran medida de política social se repercutirá a los clientes. Es el colmo de la ingenuidad, de la estupidez o del embuste, pretender impedir por ley la transmisión del gravamen. Actualmente la actividad bancaria resulta extremadamente compleja y las entidades tienen múltiples medios de trasladar a los clientes sus cargas, sin que se pueda probar lo contrario, diga lo que diga la normativa. Es como poner puertas al campo.

El Gobierno representa una comedia pletórica de hipocresía. La proposición de ley establece una tabla de sanciones que todos sabemos que no se podrá aplicar por la imposibilidad de probar cuándo se ha repercutido o no el impuesto. En ese intento de enfangar a las instituciones la proposición de ley encomienda a la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia y al Banco de España el cumplimiento de la norma, la vigilancia de un objetivo vaporoso e imposible de comprobar.

La banca cuenta, además, con un mecanismo automático de transmisión del tributo. Solo tiene que no hacer nada. En  la actualidad lo extraordinario se encuentra en las condiciones que rodean todo tipo de depósitos bancarios, a los que apenas se retribuye, y en el hecho de que las entidades financieras cobren comisiones elevadas por el mero mantenimiento de las cuentas corrientes. Estas circunstancias eran debidas hasta ahora, a una situación excepcional, a la existencia de tipos negativos de interés y a que el BCE cobrase a los bancos por las cantidades que tenían depositadas en esa institución.

Es lógico suponer que con el cambio de política por parte del BCE las entidades financieras, en su afán por atraer clientes, trasladasen la subida de tipos a los depositantes y cuentacorrentistas, bien por una retribución mayor bien por una menor comisión. La cosa cambia ante el nuevo impuesto. No parece desatinado pensar también que teniendo en cuenta el gravamen la banca no realice tal traslación, con lo que este tributo se convierta en uno de los más regresivos, ya que afectará a millones y millones de personas, a eso que llama Sánchez la clase media trabajadora (y a las clases bajas, añado yo, que Sánchez no contempla) que tienen cuentas corrientes abiertas en los bancos.

Cabría pensar que, si la causa del impuesto se encuentra en un supuesto beneficio extraordinario, este concepto se tomase como base imponible. ¿Pero cómo determinarlo?, ¿cómo separarlo del beneficio ordinario? Ante esta imposibilidad el Gobierno tira por la calle de en medio y establece gravar los tipos de interés y las comisiones de los créditos, con lo que, amén de una cierta incongruencia, se facilita aún más el camino para la transmisión.

La única forma de tener éxito en el cometido de evitar que la banca repercuta el impuesto a los clientes es retornando a un régimen de intervención del sistema financiero parecido al del franquismo o al de alguna república bananera. Pero no creo yo que se encamine por ahí el Gobierno. Por lo menos por ahora. Aunque, cuando se oye eso de diez años de pena de cárcel, se comienza a dudar de todo.

Tampoco se entiende muy bien el porqué de la discriminación en el tamaño de las entidades financieras, gravando a unas y no a otras. Existe una distorsión en ciertos políticos y en la opinión pública en general mediante la que se pretende aplicar criterios de las personas físicas a las personas jurídicas. En estas últimas el tamaño no es señal ni de riqueza ni de prosperidad ni de mayores beneficios. Esta segregación fiscal dentro de un sector puede introducir distorsiones, sobre todo en el ámbito de la competencia.

El impuesto que plantea el Gobierno se mueve en un terreno pantanoso. Primero con Europa. Conviene señalar que el BCE considera el sistema financiero europeo como su predio. Ya se opuso en 2019 a un tributo similar sobre la banca que pretendía imponer Lituania. Ciertamente las circunstancias son distintas y España no es Lituania, pero no creo que la medida vaya a llenar de satisfacción al instituto emisor. Segundo, el sector ya ha manifestado que piensa recurrir el impuesto. Veremos cómo reaccionan los tribunales. Puede haber problemas jurídicos en cuanto a la forma exprés de aprobarlo, dudosa retroactividad y su construcción chapucera.

Si lo que quería el Gobierno era incrementar la recaudación a costa de la banca quizás tenía un sistema más discreto y menos estridente que crear un impuesto nuevo, extraordinario y particular. Podría simplemente haber establecido que en dos o tres años los créditos fiscales no fuesen deducibles del impuesto de sociedades. Aunque pensándolo bien, lo que quería Sánchez era lo contrario, la notoriedad, la publicidad, declarar a bombo y platillo que él se enfrenta a los poderes económicos en aras de salvar a la clase media trabajadora.

Solo faltaría que al final del proceso los tribunales tumbasen el impuesto y obligasen a devolver el dinero a la banca, después de haber sido los depositantes y demás clientes los que hubiesen soportado en realidad el gravamen.

republica.com 4-8-2022



Siguiente »