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ARTÍCULOS RECIENTES CONTRAPUNTO

¿QUÉ TIENE QUE HACER UN GOBIERNO CUANDO ALGUIEN VULNERA LA CONSTITUCIÓN?

CATALUÑA, GOBIERNO Posted on Dom, mayo 22, 2022 22:54:42

Hace casi dos años (11-6-2020) en un artículo en este mismo periódico, señalaba el acierto que había tenido Rubalcaba al bautizar con el nombre de Frankenstein al gobierno que Pedro Sánchez acariciaba en 2016, y que motivo que le descabalgasen de la Secretaría General del PSOE, que al final logró formar en 2018 con 85 diputados, para repetirlo en 2020 con 120. La semejanza con el personaje creado en su novela por Mary Shelley es evidente. Construido en la ficción con despojos de distintos individuos, porciones con orígenes plurales y heterogéneos, es deforme y repelente. Pero, es además, al ser contra natura resulta funcionalmente no apto para la vida.

Algo casi idéntico sucede con el Gobierno formado por Sánchez. Se apoya en un conglomerado híbrido de múltiples formaciones políticas totalmente inconexas, la mayoría minoritarias, de aquí y de allá, muchas de ellas con la única pretensión de romper España. ¿Cómo no va ser contra natura que gobierne el Estado quien quiere destruirlo? Pero, también, al igual que el personaje literario, es inhábil funcionalmente. Difícilmente puede cumplir los objetivos que se le asignan a un gobierno. Su historia se reduce a una serie de contradicciones y contrasentidos que sería interminable relatar. Cada uno nuevo que emerge supera a los anteriores. Se van acumulando y complicando la situación.

Últimamente, los despropósitos han surgido alrededor de una noticia sin garantía alguna de veracidad, publicada en un periódico de Canadá, acerca de que se había investigado con el programa Pegasus a una serie de independentistas catalanes. El reportaje habría pasado casi desapercibido si no hubiese sido porque los soberanistas, que en parte lo habían propiciado, no estaban dispuestos a dejar pasar ocasión tan propicia para hacerse, como es su costumbre, las víctimas. Magnificaron el asunto, dando por probado lo que era una mera especulación. Han puesto el grito en el cielo y lo han utilizado para uno de sus objetivos preferidos, la internacionalización, según dicen, del conflicto.

Hemos tenido que ver a Puigdemont, el fugado de la justicia, acompañado por unos cuantos acólitos, con pancartas a la puerta del Parlamento Europeo, quejándose de que les habían espiado, y hemos tenido que aguantar que ese hombre de Estado que es Rufián se mostrase intranquilo y abatido porque lo que, según él, estaba en solfa no era la legislatura, sino el sistema democrático. Y esto lo dice quien es portavoz de un partido que violó todas las leyes democráticas con la finalidad de transgredir la Constitución y que pretendió romper el Estado. Pero todo ello no puede extrañarnos, entra dentro de la conducta a la que nos tienen acostumbrados los independentistas. Lo que no parece normal ni presentable es que un gobierno reaccione tal como lo ha hecho el  de Sánchez.

Cualquier otro gobierno en una situación parecida no se habría dado por enterado mientras la información no estuviese probada. Consideraría la noticia como una más, de la que no se sabe qué parte es invención y qué parte realidad, y que por lo tanto el Gobierno no tiene por qué confirmarla o desmentirla al tratarse, además, de materia de secretos oficiales. En todo caso, mantendría que, verdad o mentira, no tendría nada de raro que aquellos que habían dado un golpe de Estado y afirmaban que volverían a repetirlo fuesen vigilados por el Estado; sostendría que sería totalmente lógico que los que habían tenido contactos con potencias extranjeras, como Rusia, y con un dictador como Putin con la finalidad de conseguir ayuda para romper España, hayan sido investigados por los servicios secretos; y defendería que sería razonable que aquellos que movilizaron las fuerzas antisistema para incendiar toda Cataluña, cometer toda clase de sabotajes, que cortaron con gran violencia carreteras y servicios ferroviarios y que pretendieron apoderarse por la fuerza del aeropuerto de Barcelona fuesen fiscalizados por el CNI.

Pero todo esto sería así, si el Gobierno fuese normal, pero estamos en presencia de un gobierno Frankenstein. Margarita Robles tendría que haber sido consciente de ello, puesto que, desde el primer momento -2016-, se situó al lado de Sánchez frente al Comité Federal, cuando manejaba ya la idea de realizar todas estas alianzas espurias, le acompañó en su hégira de las segundas primarias y ha formado parte desde el principio del Gobierno Frankenstein. Sin embargo, se olvidó de todo ello, cuando en el Congreso se enfrentó muy digna a los nacionalistas, con la siguiente pregunta: ¿Qué tiene que hacer un Estado, un gobierno, cuando alguien vulnera la Constitución, cuando alguien declara la independencia, corta las vías públicas, cuando realiza desórdenes públicos, cuando alguien está teniendo relaciones con dirigentes políticos de un país que está invadiendo Ucrania?

Alguien podría haber respondido: Que ¿Qué tiene que hacer un gobierno? Si es el Frankenstein: indultar a los golpistas, gobernar con ellos, asumir el lenguaje soberanista respecto al espionaje, desplazar al ministro de la presidencia a Barcelona a pedir disculpas y humillarse frente a un miembro de tercera fila del Gobern, convocar una rueda de prensa precipitadamente y por sorpresa para anunciar que el presidente del Gobierno y la ministra de Defensa habían sido espiados hace un año? El hecho de publicitarlo –que resultaba un tanto insólito e incomprensible- adquirió sentido más tarde, al comprender que servía de pretexto para cesar a la directora del CNI y dar así satisfacción a los golpistas.

Qué tiene que hacer un gobierno, se preguntaba Margarita Robles. Pues si ese gobierno es el Frankenstein, parece que forzar a la presidenta del Congreso a que cambie las reglas del juego para constituir la Comisión de Secretos Oficiales e introducir en ella a los independentistas, golpistas y herederos de Batasuna; obligar a comparecer en esta Comisión a la directora del CNI y mostrar todos los expedientes y las correspondientes autorizaciones judiciales; y, por último, cesarla a petición de los golpistas y utilizando la coartada previamente preparada del espionaje al Gobierno.

¿Por último? No es la expresión adecuada, porque parece que los independentistas no van a conformase con lo obtenido hasta ahora y van a seguir chantajeando al Gobierno. Parece que exigen que se desclasifiquen los expedientes referentes a las escuchas y las respectivas autorizaciones judiciales. Pero seguramente lo que no les gustaría es extender la desclasificación al contenido de los pinchazos, ya que se escucharían y se verían muchas cosas que a los secesionistas no les interesaría que se supiesen. No saldrían quizás muy bien parados. Es posible que sea ese mismo motivo el que hace que no estén muy decididos a ir a los tribunales. A lo largo de los procesos saldrían a la luz toda una serie de hechos e informaciones que seguramente les perjudicarían.

Hay quienes piensan que existe aún una baza pendiente en aras de dar satisfacción a los nacionalistas, el cese de Margarita Robles, una vez que haya pasado la asamblea de la OTAN. Las múltiples reiteraciones de la ministra de Defensa acerca de que cuenta totalmente con la confianza de Sánchez tienen muy poco valor y si no que se lo digan a Ábalos, a Calvo o a Iván Redondo. Poco vale que Robles saque a pasear que ha acompañado a Sánchez desde el principio. Lo cual es cierto y también el mayor manchón en su vida política e incluso democrática,  pero es que, además, no les sirvió de nada a los tres citados anteriormente para impedir su cese.

Lo único cierto es que la todavía ministra de Defensa hizo un tremendo papelón en la rueda de prensa en la que comunicó el cese (sustitución lo denominó ridículamente) de Paz Esteban como directora del CNI. Fue todo un espectáculo. Ha decepcionado a muchos que se creían que Robles era distinta de los otros miembros del ejecutivo, lo que constituye sin lugar a dudas un espejismo. Todos participan de la misma culpa, les une el mismo pecado, la pertenencia al Gobierno Frankenstein. Habrá quien se interrogue sobre la causa de que Margarita Robles no haya dimitido. La pregunta no deja de ser ingenua. Quien admite gobernar apoyándose en golpistas, por qué se va a detener con bagatelas como la de participar en este aquelarre de dar satisfacción a los secesionistas con el cese de la directora del CNI.

No se piense, sin embargo, que la sangre va a llegar al rio. Nadie está interesado en romper la baraja. Todo queda en un mero teatro. Estirar la cuerda, pero sin que llegue a romperse. ¿Con qué gobierno van a estar mejor los independentistas? Otegui lo dejó muy claro. Junqueras habló ya de seguir apoyando. Solo exigen que el Gobierno les prometa que no cometerán de nuevo tamaña osadía. La cosa no deja de ser paradójica. Los que afirman que repetirán el golpe de Estado exigen que los servicios secretos y los jueces no vuelvan a vigilarles.

Hasta ahora era evidente que Sánchez gobernaba supeditado al chantaje de un revoltijo de fuerzas políticas de lo más dispar, desde “Teruel existe” hasta ”Bildu”. Tras haberse descubierto el presunto espionaje de que ha sido objeto el presidente del Gobierno, surge una pregunta: ¿no habrá alguien más que se haya apuntado al chantaje? Solo así se explicaría ese acontecimiento de lo más misterioso, el cambio repentino y sin contar con nadie que adoptó Sánchez sobre la posición de España en el tema del Sáhara. ¿Qué tiene que esconder?

Republica.com 19-5-2022



EL GASTO PÚBLICO Y EL DOCUMENTO DE FEIJÓO

HACIENDA PÚBLICA, PARTIDO POPULAR Posted on Mié, mayo 18, 2022 22:53:51

En mi artículo de la semana pasada intenté comentar y también criticar algunos de los puntos del documento de 41 folios elaborado por el PP y presentado por Feijóo al Gobierno. Opinaba que quizás podría ser conveniente la bajada provisional de los impuestos indirectos que gravan la electricidad y los carburantes a efectos de controlar la tasa galopante de inflación. Sin embargo, consideraba injustificada y contraproducente la reducción arbitraria del IRPF y del impuesto de sociedades. De cualquier modo, terminaba la reflexión afirmando que, dado el desmedido endeudamiento público, toda reducción tributaria tendría que compensarse con una minoración del gasto o un incremento de otros gravámenes.

El documento parece inclinarse por lo que denomina “ahorro en el gasto público”. El análisis no es demasiado fino, ni siquiera ocurrente. No va más allá de recomendar la evaluación de políticas públicas, amén de atribuírselo a órganos como la AIReF, que no tienen competencias en la materia. La verdad es que este sonsonete, junto con el del presupuesto por programas o el del coste cero, llevo oyéndolo desde hace más de cuarenta años, desde mi ingreso en Hacienda, sin que de las palabras se haya pasado nunca a la realidad. Incluso Jordi Sevilla, cuando ocupaba el ministerio de Administraciones Públicas con Zapatero, creó una agencia de evaluación de políticas públicas, y que seguramente lo único que demostró fue la inutilidad de tal organismo.

El problema no estriba en los análisis o en la creación de entes o agencias, sino en la voluntad política de racionalizar el gasto público. La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), con casi ciento cincuenta años de historia y más de cuarenta años de realizar controles financieros sobre los distintos organismos y actuaciones públicas, ha puesto sobre la mesa cientos y cientos -quizás varios miles- de informes señalando múltiples deficiencias y deseconomías en la gestión del gasto público. Pero lo cierto es que muy pocas veces los políticos han hecho caso a las recomendaciones. Son las conveniencias electorales o políticas las que terminan motivando sus decisiones.

De todas formas es conveniente poner las cosas en su sitio. El gasto público en España está sumamente descentralizado. La Administración central es solo una más, que se encuentra al lado de las de 17 Comunidades y de las más de ocho mil corporaciones locales, y la gran mayoría de ellas con un grado de descontrol y de ineficacia mayor que el del Estado. El documento señala a título de ejemplo los 22 ministerios y los múltiples asesores que se han contratado en esta legislatura. Sin duda es un escándalo e indicador de la poca importancia que este Gobierno ha concedido al control del gasto público, y de la desfachatez con la que crea y maneja las instituciones públicas.

No obstante, apartemos el dedo de la diana que está a la vista de todos, y contemplemos el panorama general. El Estado de las Autonomías ha multiplicado por 17 todos los cargos -presidentes, ministros, directores generales, etc.-, en muchos casos con retribuciones mayores que las del Estado. Solo hay que considerar el sueldo del muy honorable presidente de la Generalitat catalana, y las retribuciones y prebendas que quienes han estado en ese puesto mantienen una vez que han dejado el cargo y eso, aunque hayan sido cesados como golpistas y estén fugados de la justicia española. Quizás el mayor despilfarro se encuentra en la misma existencia de las Autonomías. En cualquier caso, no parece que sea posible la marcha atrás, el mallado de intereses políticos en cada Comunidad Autónoma es ya demasiado fuerte.

Además, sería curioso contemplar las reacciones de muchos de los que defienden el recorte en los gastos públicos, cuando de lo general se pasase a lo concreto y se entrase con tijeras y bisturí a la poda de partidas singulares. Habrá pocas unanimidades acerca de qué gastos recortar. Cada uno de ellos tendrá sus defensores, que declararán que son imprescindibles. Es por esto por lo que será muy difícil suprimir determinados gastos, tales como subvenciones a las empresas, a fundaciones, asociaciones y ONG. Son legión las organizaciones que viven enchufadas al erario público, y nos quedaríamos sorprendidos de la cantidad de empresas zombis que existen tan solo porque están colgadas de las ubres del sector público y que, antes o después, la mayoría de ellas terminarán cerrando; pero, eso sí, después de haber consumido una cantidad importante de recursos públicos.

Por otra parte, el mucho o el poco ahorro de los gastos públicos no debería orientarse a la financiación de la bajada de impuestos, sino que habría de destinarse a potenciar y completar otros gastos que están claramente infradotados. Me refiero, por ejemplo, a la sanidad pública. Después de la pandemia, imagino que nadie se atreverá a decir que se trata de un gasto improductivo o que solo el sector privado crea riqueza. La pandemia ha dejado también claras las deficiencias de nuestro sistema de salud, la necesidad de incrementar el personal y de la creación de nuevas instalaciones. Las listas de espera son interminables. Las demoras existentes para que nos atienda un especialista, para afrontar una operación o incluso para la atención primaria, desvaloriza el sistema público de salud y lo reduce en buena medida a unos servicios de urgencia. Es más, conduce a muchos de los que tienen posibles (que sin embargo se tienen por clase media y no quieren que suban los impuestos) a sortear esta situación y contratar una compañía privada, como complemento.

Lo mismo podríamos afirmar de la justicia que, en cuanto a la mecanización, parece encontrarse en la prehistoria y su falta de personal hace que los procesos se dilaten excesivamente en el tiempo, cumpliéndose la aseveración de que una justicia lenta no es justicia. Sería inexplicable que afirmásemos que el gasto en justicia es improductivo, cuando la seguridad jurídica constituye una condición indispensable para la actividad y el desarrollo económico.

Podríamos seguir citando otras muchas partidas de gastos con insuficiencia de recursos. El documento de Núñez Feijóo mantiene que una cantidad mayor de gasto público no conlleva necesariamente un mayor y mejor desempeño. Necesariamente, no, pero también es cierto que la insuficiencia de medios, los recortes y el regateo terminan por echar a perder y por deteriorar servicios muy valiosos. Lo barato muchas veces termina siendo caro.

En cuanto a lo que el documento manifiesta acerca de los fondos europeos de recuperación, hay de todo, cosas acertadas y menos atinadas. Plantea la posibilidad de emplearlos para financiar las rebajas fiscales. No parece ningún disparate, siempre que, tal como yo afirmaba en el artículo de la semana pasada, se refiera exclusivamente a los impuestos indirectos que gravan las distintas fuentes de energía y de carburantes, y de forma provisional. Incluso si Europa pusiese impedimentos para dedicarlos a este objetivo, se podrían asignar a inversiones públicas, tales como la sanidad, la modernización de la Administración o la creación de un gran parque de viviendas sociales dedicadas al alquiler, etc., que permitirían liberar recursos para dedicarlos a la rebaja de impuestos indirectos. 

Por otra parte, el documento señalaba la lentitud con que se están ejecutando los fondos y parece culpabilizar de ello a una mala gestión de la Administración, o a los muchos requisitos y trabas que se ponen en la contratación y en la concesión de las subvenciones en el sector público. Es cierto que los fondos no se están ejecutando ni mucho menos con la celeridad que se anunciaba. Pero, en primer lugar, hay que señalar la dilación de la Unión Europea. Si hay un aparato burocrático parsimonioso, ese es el de la Comisión. Una cosa ha sido el anuncio a bombo y platillo de la creación de los fondos y otra cosa muy distinta el tortuoso camino de las entregas concretas. Hasta ahora solo ha llegado una parte más bien pequeña, y en buena medida a final de año.

A la demora del proceso también ha contribuido la deficiente planificación del Gobierno, centralizando las decisiones de manera autocrática, lo que ha influido en la tardanza en presentar los papeles a la Comisión y también en los sinuosos caminos de las concesiones. Carece de todo sentido colocar el problema de la baja ejecución en los obstáculos administrativos cuando el Gobierno ha eliminado casi todos los requisitos, perjudicando gravemente el control y las posibilidades de racionalización en la aplicación de los fondos.

Las soluciones que plantea Núñez Feijóo para acelerar la ejecución de los fondos europeos discurren por los peores caminos, la desregulación de los gastos y, lo que es peor, la canalización de los fondos mediante los beneficios fiscales, exenciones, deducciones, bonificaciones, etc. La idea bien podía haber sido inspirada por la CEOE. Exigir una mayor desregulación de los gastos es un brindis al sol, porque respecto a los fondos de recuperación han desaparecido la mayoría de los controles. El único paso adelante que cabría dar, aunque sería más bien un paso atrás, sería utilizar los beneficios fiscales, tal como manifiesta Feijóo, lo que significa en el fondo adoptar el autoservicio, esto es, que los empresarios y las familias se sirviesen a sí mismos.

El desorden que puede imperar a la hora de presupuestar en los gastos públicos propiamente dichos se multiplica al infinito cuando se trata de otro tipo de gastos que a menudo no tenemos por tales, los gastos fiscales, que, aunque se presenten como minoración de los ingresos, tienen el mismo efecto que los gastos públicos y suelen obedecer a similares razones.

A pesar de esa homogeneidad, resulta curioso comprobar las distintas posiciones que se mantienen respecto a estos dos tipos de gastos, según la ideología que se profesa. Desde las filas conservadoras y neoliberales, se suele anatematizar el gasto público. Pero esa agresividad desaparece cuando se trata de gastos fiscales. Y es que los gastos fiscales se orientan principalmente a favor de las clases altas. Al configurarse como minoración de impuestos tienen un carácter inverso a estos. Serán tanto más regresivos cuanto más progresivos sean los tributos que aminoran. Aun las deducciones o bonificaciones aparentemente más sociales terminan beneficiando en mayor medida a los que tienen rentas más elevadas.

Además, los gastos fiscales, al estar difuminados como una reducción de los ingresos, pasan desapercibidos sin sufrir para su concesión los controles de otros tipos de gastos y, lo que es más importante, en muchos casos se desconoce una cuantificación adecuada de su coste. Son de muy difícil control e incrementan las vías de fraude. Los requisitos que se imponen a cada una de las exenciones, deducciones o bonificaciones en aras de conseguir el objetivo para el que se han aprobado resultan en muchos casos imposibles de verificar, sobre todo cuando, como ocurre en la mayoría de los sistemas fiscales modernos, las medidas afectan a un gran número de contribuyentes. La generalizada evasión que posibilitan hace que se incremente y multiplique gratuitamente el coste de las medidas. No parece que sea, por tanto, el modo más adecuado para canalizar los fondos europeos de recuperación.

Como se ve por este artículo, y también el de la semana pasada, pienso que el documento presentado por Feijóo posee muchos elementos criticables y rechazables, pero al menos tiene una cierta coherencia interna y se puede analizar y criticar. Por el contrario, el decreto-ley elaborado por el Gobierno y refrendado, aunque dejando pelos en la gatera, por el Congreso es un conglomerado anárquico de medidas, un totum revolutum sin demasiada coherencia, difícil incluso de enjuiciar.

Republica.com 12-5-2022



LA REDUCION DE LOS IMPUESTOS EN EL DOCUMENTO DE FEIJÓO

PARTIDO POPULAR Posted on Vie, mayo 13, 2022 11:37:28

Presiento que Nuñez Feijóo va a complicar la vida a Sánchez. Difícilmente este va a poder seguir manteniéndose en ese doble papel de, por una parte, gobernar autocráticamente sin dar cuenta a nadie y, por otra, echar la culpa a la oposición de que no colabora. Feijóo ha presentado frente al plan del Gobierno un documento con 41 folios, lleno de medidas con sus respectivas justificaciones. Medidas muy discutibles, como también lo son las aprobadas por el decreto-ley del Gobierno. Precisamente porque todas son discutibles se deberían haber discutido y no presentar el asunto como un trágala, un plan para la adhesión. Cuando no se está dispuesto a cambiar una línea del propio programa y no se quiere aceptar ninguna de las medidas propuestas por la oposición, no se puede echar las culpas a los demás de no llegar a acuerdos.

Pero dicho esto, en el documento de Feijóo, tal como se ha señalado, hay muchas cosas discutibles y otras, claramente erróneas o falsas. El análisis económico que se hace como introducción es correcto. La situación de España no es buena, mantiene uno de los endeudamientos públicos más altos de Europa, cercano al 120%, que limita enormemente las finanzas públicas. Su economía, en el 2020, con la epidemia, se hundió más que ninguna otra de la Eurozona y va a ser la única que hasta 2023 no llegará a alcanzar el nivel de 2019. Y si aparentemente se ha recuperado el empleo es tan solo porque los ERTE y los contratos fijos discontinuos permiten que no figuren como parados los que en realidad lo son. Los resultados son muy distintos cuando se consideran las horas trabajadas. De todos modos, de lo que no hay duda es que nuestro país tiene la tasa de paro más elevada de la Eurozona; y, en cuanto a la inflación, España está a la cabeza de la Unión Europea, muy superior a la media y doble que, por ejemplo, Francia.

Pero una cosa es acertar en el diagnóstico y otra cosa distinta en la medicina. El documento parte de una premisa falsa. La inflación ha enriquecido al Gobierno y ha empobrecido a las familias y a las empresas. En cuanto a la primera parte, es verdad que la inflación ha incrementado los ingresos del Estado, pero es tan solo nominalmente y tiene su correlato en el aumento que deben sufrir los gastos para mantener el mismo valor real. Desde que se disparó la inflación son muchas las voces que cuestionan la revalorización de las pensiones y estiman que van alcanzar un monto inasumible para el sector público. Hace poco lo hacía el presidente de la patronal, sin tener en cuenta que si la inflación incrementa los gastos públicos también aumenta los ingresos. Es paradójico que se diga, por una parte, que el Estado no va a poder cumplir sus obligaciones con los pensionistas y, al mismo tiempo, anuncie que presenta un excedente desproporcionado de ingresos.

Ese excedente, como la mayoría de todo aquello que tiene que ver con la inflación, es pura ilusión, ya que solo se puede hablar de excedente si el Estado no cumple con sus obligaciones. Las compras del sector público también subirán al mismo ritmo que los precios, las inversiones públicas estarán sometidas a la cláusula contractual de revisión de precios, y por lo tanto su cuantía aumentará a medida que lo haga la inflación. Si no se quiere que las prestaciones de los pensionistas se reduzcan en términos reales hay que actualizarlas con el IPC. No hay ninguna pensión pública por encima de 40.000 euros anuales. Los empleados públicos: sanitarios, profesores, policías, etc., la mayoría de ellos con un sueldo inferior a 40.000 euros anuales, exigirán también la actualización de sus retribuciones con tanta o más razón en cuanto que arrastran por término medio la minoración del 5% del sueldo que les sustrajo Zapatero y que nunca les ha sido reembolsado.

No parece que tenga demasiada justificación quitar el dinero a los pensionistas o a los empleados públicos para gratificar de forma indiscriminada a todos los contribuyentes, tanto personas físicas como empresas. De forma indiscriminada porque, aunque el papel pretende indicar que se ha puesto un límite en las rentas de 40.000 euros anuales, en la realidad no es así. Quizás esos técnicos que cita Feijóo no se lo hayan explicado adecuadamente, pero, dada la estructura del impuesto sobre la renta, la deflactación de los tres primeros tramos de la tarifa beneficia a todos los contribuyentes, incluso a los de mayores ingresos.

A menudo existe una cierta confusión creyendo que el tipo marginal se aplica a la totalidad de la renta, pero no es cierto. Por ejemplo, los contribuyentes con una renta superior a 300.000 euros anuales tributan al 47% solo por la parte de su renta que exceda de esa cantidad, 300.000 euros. En cambio, aquella comprendida entre 60.000 a 300.000 euros lo hará al 45%, que es el quinto tramo, y así sucesivamente en todos los tramos hasta los 12.500 euros primeros que se gravan al 19%, absolutamente en todos los contribuyentes.

Aquellos que pertenecen a un determinado tramo se ven afectados por todo lo que se aplica a los tramos inferiores, ya sean subidas o bajadas. Lo mismo cabe afirmar del límite exento. Además, como se trata de un impuesto progresivo, la deflactacion de la tarifa en el IRPF no beneficiará a todos por igual, sino a unos más que a otros, en función de los ingresos. En este caso, esta relación se cumple hasta los 40.000 euros de renta, y a partir de ahí todos reciben la cantidad máxima.

Los autores anónimos del documento eran conscientes de que aquellos ciudadanos que están exentos de tributar o cuya tributación era muy reducida, los del primer grupo, los de menores renta, apenas salían beneficiados con la medida y por eso señalan sin concreción, porque los casos pueden ser muy variados, un impuesto negativo sobre la renta. A Feijóo no le han explicado bien lo que esto significa. Es lo que nos faltaba después del ingreso mínimo vital del ingenioso Escrivá, que también se diseñó como impuesto negativo sobre la renta y que ha sido un total fracaso, teniendo enormes dificultades de gestión y que enfanga en tareas no propias a la Agencia Tributaria. Armonizar ambas ayudas entre sí con las rentas mínimas de las distintas Autonomías, con lo bonos sociales, etc., sería una tormenta perfecta.

La segunda parte de la premisa que citábamos antes también es errónea. La suposición de que la inflación ha perjudicado a todas las empresas y a todos los ciudadanos está equivocada. Precisamente el peligro de la inflación radica siempre en que tiene un componente explosivo, una espiral que no solamente se cumple en la dinámica beneficios-salarios, sino entre las propias empresas. Cada sujeto económico se defiende de la elevación de sus costes subiendo sus precios, pero nada garantiza además que muchos de ellos no aprovechen la ocasión para fijarlos en una cuantía superior al que les fuerza el incremento de sus inputs.

El origen de esta inflación se encuentra ciertamente en el exterior, en la subida del gas, del petróleo, etc., pero más tarde tomó fuerza en los precios interiores. No hay un solo precio, sino tantos como productos y servicios, y cada sector pugna por trasladar a ellos la elevación de sus inputs. Sin embargo, no todos tienen la misma facilidad. Aquellos sometidos a la competencia exterior, bien porque exporten gran parte de su producción, bien porque puedan ser sustituidos por productos exteriores, tendrán muchos más problemas para resarcirse. Otros, por el contrario, contarán con mayores oportunidades, incluso pueden caer en la tentación de obtener una ganancia fácil subiendo los precios más que los costes.

No todas las empresas y negocios, tal como se nos quiere hacer creer, están teniendo graves dificultades. Incluso muchos de ellos han podido obtener un beneficio extraordinario. Precisamente por ello la inflación alcanza valores tan altos, que no obedecen únicamente a la subida del valor de la energía, sino también a la reacción en cadena de empresas y autónomos para ajustar sus precios a sus costes.

No tiene sentido hablar de perjudicados con carácter general, y mucho menos plantear una rebaja en el impuesto de sociedades. Este impuesto grava exclusivamente a los que obtienen resultados positivos y por lo tanto las rebajas en este tributo irían dirigidas a los que tienen beneficios, es decir, a los que no han salido perjudicados. Por el contrario, no ayudaría a los que han sufrido pérdidas, que serían los verdaderamente damnificados. Por otra parte, el procedimiento escogido, la libertad de amortización, es de los más dañinos para la hacienda pública, aunque quizás de los más beneficiosos para los empresarios. Si acaso, tan solo podría estar justificado en momentos en que se precisase incrementar fuertemente la inversión. No parece que sea este el caso. Hoy, el objetivo principal es defenderse de la inflación.

Plantear la solución del problema bajo la forma de ayudas directas a las empresas y a las familias tiene el enorme inconveniente de que se dispara a ciegas con dinero público, sin saber muy bien quién lo necesita. Una vez que la inflación se ha extendido es difícil conocer a quién ha perjudicado y en qué medida. El proceso inflacionario es complejo como compleja es la multitud de productos y precios. Resulta en extremo complicado averiguar cómo están reaccionando los empresarios y trabajadores de los distintos sectores.

Plantear la rebaja del IRPF y de Sociedades despide un cierto tufillo a que en el documento ha participado el Instituto de Estudios Económicos, organización dependiente de la CEOE. El escrito insinúa que la finalidad de las ayudas a las empresas y a las familias es reducir el impacto que el incremento de los precios pueda tener en sus presupuestos, sin que tengan que demandar subidas salariales desproporcionadas, que se trasladarían a los costes empresariales. Es decir, que el objetivo que se percibe es el pacto de rentas y que las negociaciones colectivas se aprueben con salarios más bajos. Siempre he sospechado que las múltiples rebajas fiscales del IRPF de Solchaga, Solbes, y Rato se han transmitido en buena parte a los beneficios de las empresas. Existe un cierto espejismo en los trabajadores a la hora de negociar los salarios, ya que con frecuencia piensan en retribuciones netas.

Si se quiere combatir la inflación con recursos públicos el camino correcto y más rápido es la reducción de la imposición indirecta. Constituye una acción directa sobre los precios. Feijóo lo plantea como una segunda vía, parece que le da un carácter secundario, sin concederle la misma importancia que a la primera, las ayudas directas. De hecho, se debía haber actuado de este modo desde el principio, reduciendo selectivamente los gravámenes indirectos antes de que la subida del precio de la energía se hubiese trasladado al de otros muchos artículos, que es lo que ha hecho explosiva la inflación. La disminución de los impuestos indirectos tiene la ventaja de que actúa a priori para evitar la subida de los precios y no a posteriori como la reducción de los tributos directos, concediendo ayudas para los damnificados por la inflación, sin saber muy bien quiénes son.

Ahora bien, dado el elevado nivel que alcanza el endeudamiento público, la reducción de los impuestos indirectos ligados a los distintos tipos de energía debería acompañarse de la correspondiente financiación, bien por la reducción del gasto público bien por el incremento de otros ingresos. Lo primero no parece demasiado aconsejable, porque si bien hay partidas de las que se podría prescindir hay otras que deberían ser reforzadas. Pero este tema merece otro artículo, seguramente la semana que viene. En cuanto al asunto de los ingresos, aun sabiendo la oposición que levanta, lo cierto es que hay margen dentro de la imposición directa, incluso y con mayor razón en los momentos de crisis, para aumentarla, por ejemplo en lo referente a las rentas de capital. Si en la sociedad española hay muchas personas muy necesitadas, incluso en situación de pobreza, existen también otros muchos ciudadanos con rentas elevadas y con capacidad tributaria. Hay pobres, pero también ricos, aunque estos últimos no se tengan por tales y se consideren a sí mismos rentas medias.

republico.com 5-5-2022



FRANKENSTEIN Y LA POLÍTICA DE LOS BLOQUES

GOBIERNO, PARTIDOS POLÍTICOS Posted on Vie, mayo 13, 2022 11:24:38

Al alcalde de Madrid le parece raro que la Fiscalía solo investigue contratos del PP. ¿Raro?, ¿por qué?, me pregunto yo. Lo extraño  sería que siendo Dolores Delgado la actual Fiscal General del Estado, la Fiscalía investigase los innumerables contratos de Illa o de Ábalos. Y que nadie se engañe, admitir a trámite no quiere decir que los investigue y que no se mueran en un cajón.  ¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso. Así se expresaba Sánchez en televisión cuando prometía traer preso a Puigdemont de vuelta a España. Eso sí que es inverosímil. Ahora se le mantiene con dinero público, viviendo como un marqués en Bélgica, y parece ser que no resulta raro.

Tampoco tiene que sorprendernos que, estando Dolores Delgado de Fiscal General del Estado, la Fiscalía del Tribunal de Cuentas haya rebajado la responsabilidad contable de los condenados por el procés de los 9 millones de euros que había fijado la instructora del caso a 3,2 millones. Ni siquiera nos debe chocar que la nueva sala de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas haya estimado contra todo sentido común que la Hacienda Pública podía avalar ante la justicia a quienes responden por delitos de malversación contra esa misma Hacienda Pública. Para eso se han cambiado los consejeros.

Almeida no debe considerar absurdo que, aun cuando de momento no hay nada que recriminarle judicialmente, el PSOE intente montar una moción de censura y, sin embargo, no deje caer a la alcaldesa de Barcelona que está imputada por corrupción y que depende solo del PSC (PSOE) el que se mantenga en el cargo

Igualmente, no nos tiene que resultar insólito que en el Consejo de Ministros se siente alguien que participó, aunque fuese simplemente votando, en el golpe de Estado en el que se pretendió partir España. Y hablo de golpe de Estado porque (independientemente de cuál sea la calificación penal: rebeldía o sedición) es un concepto de teoría política que se ajusta como una definición de manual a lo que cometieron los independentistas en Cataluña. Tampoco debería ser motivo de asombro el hecho de que los que dieron el golpe sean hoy socios del Gobierno de España. Más aún, que esos mismos continúen impertérritos afirmando que volverán a repetirlo en cuanto tengan ocasión y mientras tanto, se esfuercen de forma ostentosa por dar la impresión, en todo aquello que puedan, de que son un Estado independiente y de que a ellos no les afectan ni los tribunales ni las leyes de España.

¿Por qué extrañarnos de que no ocurra absolutamente nada cuando un gobierno autonómico se declara en rebeldía y manifiesta que no va a cumplir las sentencias de los tribunales, negándose a introducir el castellano en las escuelas catalanas? En Alemania ven como lógico que el canciller Olaf Scholz se niegue a ir a Ucrania después del veto que en ese país han impuesto al presidente de la República, Frank-Walter Steinmeier. En España, sin embargo, vemos normal lo contrario, y no tenemos por qué admirarnos de que el gobierno de Cataluña haga feos continuos al jefe del Estado de España y, sin embargo, el presidente del Ejecutivo se ayunte con ellos cada poco.

Después de mayo de 2018, fecha en la que Sánchez pactó con todas las formaciones defensoras del derecho de autodeterminación y, por tanto, con muchas de ellas que esperan una nueva oportunidad para intentar romper el Estado, todo es posible y nada debe sorprendernos. La fuerza de Sánchez, lo que le ha permitido gobernar, primero solo con ochenta diputados y después con 120, se encuentra en estar dispuesto a pactar con cualquier formación política, defienda lo que defienda. Por eso, ante la propuesta de Núñez Feijóo de que gobierne el partido más votado, plantea la alternativa de los bloques.

En una entrevista en Antena Tres, Sánchez plantea la gobernabilidad del país como una disyuntiva. O bien el PP con la ultraderecha o bien el centro-izquierda, materializado por el PSOE, y lo que representa el espacio de Yolanda Díaz. Todo ello dicho en tono episcopal, con toda la intención, y como siempre con falacias y retorciendo la verdad. En un lado coloca al PP y a Vox, pero no denominándolo por su nombre, sino designándole como la ultra derecha; en el otro, sitúa lo que se apresura a llamar centro-izquierda, acentuando lo de centro. Pero más significativo es el desglose que realiza: partido socialista y lo que “representa el espacio de Yolanda Díaz”.

Evita nombrar a Podemos y en su lugar cita a la ministra de Trabajo quien, según dicen, tiene mejor prensa. En realidad, hoy por hoy Yolanda Díaz no tiene ningún espacio. Queda todo por definir, y lo poco intuido más que sabido: Colau, Oltra o Más Madrid; no pinta bien ni se sale de la órbita de los que defienden el derecho de autodeterminación. Pero lo principal es lo que Sánchez ha ocultado. Él no ha llegado a la Moncloa, tanto en 2018 como en 2020, únicamente con los votos del PSOE y Podemos. Ha necesitado de los que ya habían dado un golpe de Estado y de todas las fuerzas centrífugas que pretenden de una u otra manera romper el Estado o, al menos, colocan sus objetivos en beneficiar a una provincia o región en contra de las restantes: gobierno Frankenstein.

Esta es la diferencia entre unas alianzas y otras. Mientras el pacto se realiza entre partidos nacionales se hace en función de la ideología de cada uno de ellos y se supone que en proporción a los resultados electorales. Cuando entran en juego, sin embargo, formaciones nacionalistas o regionalistas, el acuerdo se convierte en una subasta, pletórico de concesiones del gobierno central y de privilegios hacia los territorios que representa cada partido. En ocasiones, el tema es más grave porque implica entrar en el juego del independentismo y claudicar en temas de suma importancia.

Núñez Feijóo, ante los continuos ataques sanchistas acerca de sus previsibles pactos con Vox, ha planteado al presidente del Gobierno llegar al acuerdo de que gobierne el partido más votado. Como artificio retórico está bien y le puede servir al PP para neutralizar la ofensiva de Sánchez, pero como solución carece de consistencia. Nuestro sistema ni es presidencialista ni es mayoritario. No se elige al presidente, sino a los diputados, por lo que la propuesta planteada es totalmente ajena a nuestra práctica política.

Importarlo de otros sistemas foráneos y de características muy distintas al nuestro puede producir distorsiones y acarrear múltiples problemas, por ejemplo, la existencia de un gobierno sin respaldo parlamentario, con lo que muy probablemente se produciría una parálisis total de la política. Además, quién podría asegurar que no se acabaría produciendo una moción de censura nada más haberse celebrado la investidura. Sin cambiar totalmente el sistema, hay que tener cuidado con hacer innovaciones que solo van a ser un parche en el existente. El tiro puede salir por la culata, tal como ha ocurrido con las primarias, cuyos efectos han sido nocivos, tan nocivos como para facilitar que Sánchez llegase a secretario general del PSOE.

El sistema de bloques defendido por el presidente del gobierno tiene una enorme falla. Que uno de estos bloques para llegar al poder está dispuesto a juntase con cualquiera. El resultado puede ser y es que terminen gobernando el Estado quienes conspiran contra él y pretenden romperlo. Es lógico, por tanto, que los independentistas estén enormemente crecidos. Piensan, y no les falta razón, que el gobierno está en sus manos. Se sienten con el derecho de montar continuos numeritos victimistas.

Últimamente los soberanistas catalanes se han sentido muy ofendidos porque dicen que les han expiado. Se extrañan de ello, y es que no asumen el hecho de que han dado un golpe de Estado y de que, lo que aún es peor, afirman continuamente que piensan repetirlo. Ante la amenaza de un nuevo golpe de Estado, lo menos que se puede hacer es vigilarles. La finalidad del CNI es, por supuesto, defender al Estado de los ataques exteriores, pero se supone que también de los interiores, de aquellos que pretenden quebrar la integridad del Estado.

¿Alguien se extrañaría de que el CNI hubiese expiado a Tejero y en general a aquellos militares que proyectasen repetir el golpe de Estado? Pere Aragonés, quejándose de que le hubiesen expiado, se preguntaba: “¿Es un indicio de alguna actividad criminal que defienda mis ideas, como la independencia, con métodos democráticos?”. Ese es el problema, que intentaron imponerlo por la fuerza y por procedimientos no democráticos, y que además continúan proclamando que volverán a repetirlo. Eso sí es una actividad criminal o, al menos, una amenaza de ella.

En los momentos presentes, el factor que desequilibra todo el sistema político español es la deserción del PSOE de las filas constitucionalistas. El panorama no es halagüeño, porque mientras el actual presidente del gobierno esté al frente del partido socialista, el cambio no es posible; pero hay muchas dudas de que lo pueda ser una vez que haya desaparecido. Sánchez ha hecho este PSOE a su imagen y semejanza. Me temo que su impronta se va a perpetuar durante mucho tiempo.

republica.com 28-4-2022



LA INFLACIÓN, ESTÚPIDOS, LA INFLACIÓN

ECONOMÍA Posted on Jue, mayo 12, 2022 22:05:28

Hace quince días terminaba mi artículo semanal haciendo referencia a la inflación y a cómo esta se ha disparado en los últimos meses, y sobre todo -y esto es lo más peligroso- a la diferencia que se está produciendo frente a otros países europeos. En marzo, según Eurostat, el índice de precios armonizados en España fue del 9,8%, 2,3 puntos por encima de la media europea. Solo Lituania, Estonia, Letonia y los Países Bajos han acusado una tasa de inflación superior. Sin embargo, países como Francia, Italia, Portugal, Alemania, etc., que son los más significativos para España, presentan subidas de precios bastante más reducidas que la de nuestro país.

Si nos remontamos en el tiempo comprobaremos que ha habido una constante en la economía española, la inflación ha venido siendo superior a la de otros países. La devaluación de la moneda ha tenido que ser frecuente. Era la forma de retornar a una situación de equilibrio en el comercio exterior, que había quedado dañado por la pérdida de competitividad al encarecerse los productos nacionales frente a los extranjeros. Bien es verdad que durante toda la etapa franquista e incluso posteriormente hasta 1986, fecha en la que entramos en la Unión Europea, el Gobierno contaba con la ayuda de medidas proteccionistas, capacidad de poner contingentes y aranceles a las importaciones y subvenciones, y bonificaciones a las exportaciones.

Para un país, mantener un diferencial de inflación con otros países competidores es siempre un problema, pero este se va agudizando a medida que el Gobierno pierde mecanismos de ajuste. En régimen de libre cambio las dificultades aumentan. A su vez, en un sistema de tipos de cambio fijo, el hecho de que el Ejecutivo cuente con medidas de control de cambios no le libra de la devaluación de la moneda, pero sí podrá retrasarla hasta el momento que considere más oportuno. La cosa cambia si hay libre circulación de capitales. En el extremo se sitúa la pertenencia a una unión monetaria, situación en la que no cabe la devaluación de la moneda.  En este caso la diferencia en la tasa de inflación, y la consiguiente pérdida de competitividad, introduce a la economía en una encrucijada escabrosa, de difícil salida y en todo caso con resultados sociales muy negativos.

Es curiosa la postura de los políticos españoles. La gran mayoría estuvieron a favor en su día de la Unión Monetaria, y continúan defendiéndola, pero después pretende actuar como si no existiese y no quieren ver que pertenecer a ella modifica sustancialmente determinadas situaciones o problemas, y sobre todo las posibles soluciones. El dato de inflación de marzo es en sí mismo malo, pero su gravedad se hace mucho mayor al ser bastante superior que el de nuestros posibles competidores y además estar en la Moneda Única.

Es cierto que la diferencia de precios entre los Estados hasta estos momentos no es grande, pero no es menos cierto que, teniendo su origen en una misma causa, la subida del coste de la energía, no hay ninguna razón para estas divergencias. Es más, considerando que la dependencia energética de España con Rusia es de las menores, no tendría por qué ser el país más castigado. Las señales de alarma deberían haber sonado ya, y con fuerza. Sin embargo, no ha sido así, ni el Gobierno parece darle demasiada importancia. Por eso quizás sea muy conveniente echar la vista atrás y analizar las dos últimas ocasiones en que el diferencial de inflación fue lo suficientemente grande como para crear graves dificultades a la economía española.

La primera de estas dos veces sucedió al principio de los años noventa. Aún no existía el euro, pero los países se disponían a crearlo. Entre los criterios de convergencia establecidos por el Tratado de Maastricht y que tenían como finalidad esta preparación, se encontraba mantener fijo el tipo de cambio dentro del Sistema Monetario Europeo (SME), con una pequeña fluctuación del 2,5% hacia arriba y hacia abajo. En el fondo era un ensayo de la futura Unión Monetaria. Es bien conocido cómo el ensayo terminó en un fracaso estrepitoso. Después de un tiempo, la divergencia en la evolución de los precios en los distintos Estados originó que los tipos de cambio reales no coincidiesen con los nominales, lo que lanzó a los mercados a especular contra algunas de las divisas, especulación que ni todos los países juntos lograron sofocar. De manera que se vieron en la obligación de ampliar las bandas de fluctuación al +-10%, lo que era dejar las monedas casi en libre flotación en la práctica.

España se integró en el SME en 1989, al mismo tiempo que se adoptaba la libre circulación de capitales. Hubo quienes mantuvieron que nos incorporamos a un tipo de cambio más alto que el que correspondía. El caso es que, en 1992, cuando estallaron las turbulencias y los ataques de los mercados, la economía española se encontraba en una situación particularmente crítica. La cotización en marcos de la peseta era la misma que en 1987. Pero desde ese año los precios habían crecido en España 22 puntos más que en Alemania, es decir, el país había perdido competitividad vía precios en un 22%. Esa menor competitividad se trasladó de inmediato a la balanza de pagos. El déficit por cuenta corriente ascendió al 3,7%, lo suficientemente alto para que los inversores pensasen que el tipo de cambio de la peseta no era el adecuado, forzando cuatro devaluaciones, tres con Solchaga y una con Solbes (de 1992 a 1995).

Hay quien se preguntará por qué cuatro devaluaciones. La respuesta es sencilla, pero un poco indignante. La razón se encuentra en la cerrazón de un gobierno empeñado en tener un tipo de cambio más alto del que le correspondía y en pretender forzar a los mercados a aceptarlo. Estos no se conformaron hasta que creyeron que la cotización de la peseta era la apropiada. Al final se logró el equilibrio y la economía remontó la crisis, pero eso no significa que no quedase huella. La pérdida de competitividad durante estos años provocó un alto coste en la actividad económica. Aun cuando la competitividad se recobró por las cuatro devaluaciones, el daño estructural estaba hecho y habría de arrastrarse hacia el futuro.

Las cuatro devaluaciones, no obstante, crearon el equilibrio necesario para que Aznar se adentrase en un periodo de bonanza que sirvió de pórtico a nuestro ingreso en la Unión Monetaria en 1999. Durante los años que siguieron, tanto Aznar como Zapatero se vanagloriaron de la buena marcha de la economía, pero era una falsa prosperidad basada en el desequilibrio y en el crédito. En 2008 apareció su verdadera faz. Desde la constitución de la Unión Monetaria en 1999 hasta el 2008 los precios se incrementaron en la Eurozona un 22%, pero en los distintos países miembros siguieron una tendencia desigual. Mientras que en Alemania crecían un 17,42%, en España, Grecia, Irlanda y Portugal lo hicieron en un 34,28%, 35,55%, 35,72%, 30,33%, respectivamente. Era la trastienda de la crisis en Europa.

Concretamente, los precios de los productos españoles se encarecieron con respecto a los alemanes en un 17%, con la consiguiente pérdida de competitividad, y el incremento del déficit en el sector exterior. Este fue aumentando a lo largo de todos esos años hasta que en 2007 se produce un máximo, la balanza por cuenta corriente alcanzó un saldo negativo del 9,8%, cuyo correlato fue un fuerte endeudamiento en el extranjero. El crecimiento en este periodo fue en buena parte a crédito. Los acreedores extranjeros concedieron los préstamos hasta extremos poco prudentes basándose en que la moneda era la misma y por lo tanto no existía riesgo de cambio.

Como ocurre siempre en estos casos, todo resulta muy bonito hasta que estalla, surge el miedo, el capital huye y todos pretenden recuperar los préstamos, la crisis aparece y la economía se hunde. Pero en esta ocasión, a diferencia del año 1992, no fue posible recurrir a la devaluación de la moneda, ya que estábamos en la Unión Monetaria. La salida se hizo mucho más difícil. El problema no fue exclusivo de España; de hecho, países como Portugal, Grecia e Italia, de una manera u otra, sufrieron parecidos apuros.

No es preciso relatar las dificultades de todo tipo que todos estos países tuvieron que padecer. Son de sobra conocidas. La economía española, en concreto, para remontar la crisis, corregir los altos niveles de desempleo y recobrar la perdida de la competitividad, al no poder devaluar se vio sometida a una depreciación interna de precios y salarios con muy graves costes laborales y sociales. Cinco o seis años duró el ajuste hasta que la economía comenzó a recobrarse. De hecho, aún la recuperación no era completa cuando tuvimos que enfrentarnos con la crisis de la pandemia, crisis que no tiene nada que ver con las dos anteriores. Su causa no es económica, sino sanitaria, con sus consecuentes decisiones administrativas.

La crisis del 2008 pasó, pero eso no quiere decir que no dejase su huella y sus efectos negativos. Concretamente, el alto nivel de endeudamiento público. En el 2007 el sector público tuvo un superávit del 1,9%, y el stock de deuda pública alcanzaba un moderado 36% del PIB. Si el enorme crecimiento de la deuda en manos extranjeras estuvo en el origen de la crisis, no fue la pública, sino el endeudamiento privado, a pesar de que nadie le hubiese hablado de él a Zapatero, de lo que se quejó amargamente con posteridad.  Durante la crisis, el sector público se vio en la tesitura de tener que asumir parte de ese endeudamiento privado insolvente, con lo que al final de la recesión el stock de deuda pública superó el 90% del PIB. No solo es esta carga la que se ha trasladado al futuro, sino que las dos crisis citadas, las de 1992 y 2007, han tenido mucho que ver en la configuración de nuestro actual sistema productivo, en nuestra tasa crónica de mayor desempleo y en la baja productividad actual.

Las equivocaciones pueden cometerse, pero repetirlas resulta mucho menos disculpable. Los últimos treinta años nos han enseñado las negativas consecuencias, cercanas a la catástrofe que tiene para nuestra economía dentro de la Unión Monetaria mantener un importante diferencial de inflación con otros países europeos. No sé si la sociedad española podría soportar otra crisis como la del 2007, tanto más cuanto que nos sorprendería en condiciones  mucho peores que las de entonces. Una deuda pública que es del 123% del PIB, en lugar del 36%, y que deja un sector público agónico para cualquier alegría, una productividad negativa, una tasa de paro mucho mayor que entonces y un balance del BCE suficientemente engordado, para que se despierten las presiones de los halcones del Norte. En fin, alguien, ahora, tendría que gritar: “La inflación, estúpidos, la inflación”.

republica.com 21-4-2022



¿QUÉ IMPUESTOS?, ¿QUÉ GASTOS?

HACIENDA PÚBLICA Posted on Jue, mayo 12, 2022 21:57:21

Existe una cerrazón casi generalizada tanto en la izquierda como en la derecha en materia impositiva. Ante las bajadas y subidas impositivas se adoptan posturas bastante cerriles e irracionales, sin la menor distinción ni análisis. Todo entra en un totum revolutum. Afecta a los políticos, a los periodistas e incluso a algunos economistas que hacen aseveraciones de forma radical sin la menor consideración de las circunstancias y de los instrumentos.

El discurso del Partido Popular y sus aledaños, aledaños que a menudo llegan hasta el PSOE, es mostrenco, todo se soluciona bajando impuestos. Desde el partido socialista se llegó a decir en el pasado que bajar impuestos es de izquierdas. Podemos, por el contrario, mantiene que toda bajada impositiva es anatema, pero me temo que lo afirma sin demasiado estudio ni discriminación. En ese cruce de dogmatismos se pueden producir situaciones un tanto extravagantes como la ocurrida con la bonificación de 20 céntimos por litro de carburante.

El Gobierno se ha negado a instrumentarlo mediante una bajada de impuestos como hubiera sido lo más natural, y ha preferido un sistema totalmente rebuscado. Ha montado la de San Quintín, complicándolo todo. No hay duda de que en el descalabro ha debido de influir su inexperiencia administrativa y su incompetencia en la gestión. Los problemas para las gasolineras han sido muchos y considerables, y absurdamente se ha cargado de nuevo a la Agencia Tributaria con tareas que no son suyas.

Cuesta entender cuál ha sido la razón del Ejecutivo para haber actuado de esta manera tan alambicada. Tal vez un asunto de dogmatismo, el principio de que por razones ecológicas no se pueden reducir nunca los impuestos a la energía. Se trata, por tanto, de hacer pasar de una forma un tanto ingenua una reducción de impuestos por una subvención. Quizás pueda haber otra explicación, el interés político de hacer que aparezca explícitamente que se trata de una ayuda del Gobierno. ¡Qué buenas son las madres ursulinas que nos llevan de excursión!

Claro que desde el otro lado se han escuchado versiones de lo más peregrino a la hora de defender que las actuaciones deberían haberse instrumentado por medio de una bajada de impuestos en lugar de por una bonificación en el precio. Un agudo periodista de esos que están en todas las tertulias, mantenía que era mejor haber empleado la reducción fiscal, ya que, al contrario del gasto, esta no incrementa la deuda pública. Es difícil saber dónde se escuchan más disparates si en el mundo político o en el de la prensa. Bueno, tampoco algunos economistas se quedan a la zaga.

Ni la bajada de impuestos puede ser un tabú ni puede convertirse en la piedra filosofal. Aunque parezca una perogrullada, hay impuestos e impuestos, lo mismo que hay gastos y gastos, y circunstancias y circunstancias, por lo que no valen las generalizaciones. A todo el que propusiera una reducción tributaria o un incremento del gasto público -que como hemos visto en algunos casos son la cara y la cruz de la misma moneda- tendría que preguntársele cuál va ser la contrapartida, contrapartida que, en los momentos actuales, dado el nivel de endeudamiento público, no puede ser distinta que otra variación en los tributos o en el gasto.

Para el pensamiento conservador toda reducción de la carga fiscal es positiva, sobre todo si estamos en crisis porque, según dicen, aumenta la demanda, y por lo tanto la actividad. Pero, si de lo que se trata es de incrementar la demanda, se pueden buscar formas mucho más eficaces. Gran parte del gasto público tiene una propensión al consumo mucho mayor que la mayoría de las reducciones de tributos. Por ejemplo, las pensiones.

Con las pensiones ocurre algo muy llamativo. Los mismos que piden continuas bajadas de impuestos y que están en contra de toda subida fiscal, critican y reniegan de la actualización de las pensiones por el IPC. Sin embargo, no actualizar las pensiones constituye un tributo y uno de los peores, puesto que incide en su totalidad sobre los estratos sociales más bajos de la población. En contra de lo que se dice ahora, no hay pensiones altas. La pensión máxima está plafonada desde principios de los ochenta. Si hay jubilados con rentas elevadas no son precisamente a causa de las pensiones, sino por otros ingresos, por lo general de tipo financiero que, curiosamente, hay cierta renuencia a gravar y a los que en el IRPF se da un trato privilegiado.

La no actualización de las pensiones por la inflación constituye un verdadero impuesto. La subida de precios reduce la cuantía real de las prestaciones e incrementa, y en mayor medida, la recaudación tributaria. Una vez más, los gastos y los ingresos tienden a confundirse. Así ocurre con las pensiones, reducir el gasto, disminuir las prestaciones reales (que a eso se reduce la no actualización) es equivalente a imponer un gravamen.

Los defensores de reducir la fiscalidad recurren a la tan careada curva de Laffer con la finalidad de convencernos del milagro de los panes y los peces: minorando los tributos se recauda más. Su nombre proviene de su creador, Arthur Laffer, un oscuro profesor en la Universidad de Stanford en California, y que habría pasado sin pena ni gloria por la economía, si no hubiese sido por haberse topado accidentalmente en un restaurante chino con Jack Kemp, director de la campaña electoral de Ronald Reagan. El entonces candidato había prometido la cuadratura del círculo, bajar los impuestos, reducir el déficit e incrementar sustancialmente el gasto militar. Kemp creyó encontrar en la curva del ignorado profesor un instrumento idóneo para justificar lo que resultaba difícilmente creíble.

Como era de esperar, la curva estuvo muy lejos de funcionar. El primero que se dio cuenta de ello fue David A. Stockman, director de la Oficina del Presupuesto. Las reducciones fiscales sin recorte en las partidas presupuestarias acarreaban inevitablemente un crecimiento explosivo del déficit. Stockman discrepó abiertamente de la política de Reagan y presentó la dimisión, explicándola en un libro de sumo interés que constituye el mejor alegato contra la curva de Laffer, “El triunfo de la política” enEditorial Grijalbo”. El nuevo presidente, que había hecho campaña en contra del 2 % que alcanzaba el déficit público en tiempos de Carter, lo incrementó de tal manera que en 1986 alcanzaba el 6 % del PIB. Pero lo que también aumentó sustancialmente fue la desigualdad social. Ese es el efecto más probable de la bajada indiscriminada de impuestos y sobre todo cuando la reducción se realiza en los directos.

Además, en las circunstancias actuales, teniendo en cuenta la descontrolada inflación, resulta muy discutible que lo que haya que perseguir sea el incremento de la demanda. El problema número uno y el mayor peligro radica en la subida de los precios y especialmente en su diferencia con la de otros países. Parece que estamos en presencia de una inflación de costes y además importada a través de la energía desde el exterior que posteriormente se ha trasladado al resto de los sectores económicos y corre el peligro de hacerse crónica.

En este escenario no sería ningún disparate que el Gobierno redujese consistentemente los múltiples gravámenes sobre los distintos tipos de energía, al menos para que en esos productos la fiscalidad no se convierta, tal como está ocurriendo, en un elemento adicional de inflación. Si de lo que se trata es de combatir mediante la fiscalidad el incremento de los precios, los impuestos indicados son los indirectos. Bien es verdad que dado el alto porcentaje de endeudamiento no parece que esta bajada debería financiarse vía déficit, sino elevando los impuestos directos.

Es mucho el margen que existe para hacerlo después de todas las medidas regresivas acometidas a lo largo de los treinta últimos años. El Gobierno no ha estado dispuesto nunca a acometer una reforma en profundidad, ni el informe de los llamados técnicos da mucha esperanza para ello. Ni siquiera plantean algo elemental como volver a hacer del IRPF un impuesto global en el que rentas de trabajo y de capital se incluyan dentro de una misma tarifa. Sánchez se escuda tras la afirmación de que no es el momento. Para él nunca ha sido el momento. Sin embargo, una crisis económica no tiene por qué ser un obstáculo, ya que precisamente en ella se necesita más redistribuir los costes y los beneficios.

Lo que sí es cierto es que no hay tiempo. Entre la elaboración y la tramitación se necesitarían cerca de dos años. Podemos, una vez más, se ha dejado tomar el pelo por Sánchez, si es que de verdad querían modificar la fiscalidad. Es claro, también, que la reforma fiscal en profundidad no nos puede servir para financiar la bajada de impuestos indirectos necesarios para contener la inflación. Pero sí hay medidas parciales que se pueden adoptar. La primera no deflactar bajo ningún punto la tarifa del IRPF.

La inflación actúa doblemente sobre el IRPF. La primera, como en todos los tributos, aumentando la base imponible; la segunda es acentuando la progresividad del gravamen. Se produce de forma automática una subida de la tarifa. No es, desde luego, la mejor forma de modificarla. Todos los contribuyentes se van a ver perjudicados, pero no todos en la misma medida. Va a recaer principalmente sobre las rentas altas. Las rentas bajas lo acusarán mucho menos. La clase más deprimida no se verá afectada en absoluto porque está exenta del IRPF, y el quebranto en el resto de las clases bajas y medias (algunos se colocan en las medias cuando pertenecen a las altas y bastante altas) será mucho menor que el beneficio obtenido si se les bajasen los impuestos indirectos. En economía siempre hay que elegir.

En las peticiones de Feijóo a Sánchez hay una parte perfectamente asumible, la reducción de los impuestos indirectos y más concretamente los energéticos. Una segunda parte rechazable, la deflactación de la tarifa del IRPF, que solo serviría para incrementar la desigualdad, aunque paradójicamente la no deflactación sí podría servir de argumento para acometer la primera ya que proporciona la financiación necesaria.

Bien sé que desde las filas conservadoras se argumentará inmediatamente que la financiación tendría que provenir de la reducción del gasto. Hay gastos que precisarían incrementarse, como la sanidad o la justicia, y no digo yo que no haya gastos que deberían desaparecer, pero este expurgue de los improductivos o inútiles no es una tarea fácil, tanto más cuanto que nos movemos en un Estado de las Autonomías, en el que, como su nombre indica, cada administración campa por sus respetos y todas están empeñadas en su clientelismo, en mantener sus chiringuitos y capillitas, lo que por desgracia va a ser imposible de revertir, por lo menos a corto plazo. La desaparición de los gastos del Estado que normalmente se citan como escandalosos, podría ser muy positivo desde la óptica de la ejemplaridad y de la honestidad política, pero que nadie piense en ello como la solución a las finanzas públicas y a la contención del déficit.

Como colofón se me ocurre una boutade, pero que puede ser útil para entender la conexión y ambivalencia que se da entre los ingresos y los gastos públicos. Un área donde podrían confluir la izquierda y la derecha, los que quieren subir los impuestos y los que quieren reducir el gasto público, es en la eliminación de gran parte de los gastos fiscales. Nuestros impuestos están preñados de deducciones, exenciones, bonificaciones, etc., que vacían de contenido los tributos, y por lo tanto su supresión implicaría una subida consistente de los impuestos, pero también una eliminación de gastos públicos, pues en el fondo lo son, aunque se apelliden fiscales y se instrumenten como minoración de los tributos. De lo que no estoy nada seguro es de que se pusiesen de acuerdo sobre cuáles eliminar.

republico.com 14-4-2022



QUE PUTIN NO NOS HUNDA LA ECONOMÍA

ECONOMÍA, GOBIERNO, PSOE Posted on Jue, mayo 12, 2022 21:50:20

“No vamos a permitir, señoras y señores, que la guerra trueque esa evolución positiva de la economía española en nuestro país”. Así se explicaba Sánchez al presentar su “Plan de choque de respuesta a la guerra”. Lo hacía en ese foro en el que se siente tan a gusto, el del mundo empresarial y el del IBEX, y al que suele acudir a presentar sus proyectos y leyes, con anterioridad a exponerlo en el Parlamento, o a la oposición, incluso, a sus socios de gobierno y de coalición. Lo propio de un régimen autocrático. El caudillo no debe tener ninguna limitación. Solo aplausos y aquiescencia. Y para eso están siempre dispuestos los clientes agradecidos. La oposición estorba.

Sánchez es especialista en esconderse tras cualquier cosa con tal de echar culpas fuera. Ahora es Putin. Titula su plan de choque (de choque tiene poco) “de repuesta a la guerra”. Quiere dar la imagen de que la economía iba como un cañón con anterioridad a la invasión de Ucrania. “Una economía que había empezado a crecer de forma robusta y que está creando empleo de manera también robusta, en niveles históricos”. Todo muy robusto y que no falte la coletilla de “niveles históricos”.

“El año 2021 se cerró, como he dicho antes -continúa hablando Sánchez-, con un crecimiento del 5,1% del PIB, el mayor en dos décadas”. La afirmación no es errónea, pero el latiguillo final colocado con toda la intención puede inducir a confusión. Desde la Moncloa se hace esta triquiñuela de forma habitual y lo malo es que los medios de comunicación suelen repetirla. Es cierto que hay que remontarse veinte años atrás para encontrar un dato parecido, pero eso no constituye ningún éxito, ni la tasa representa nada excepcional al estar calculada sobre una base anormalmente baja, el PIB del año de 2020, tras ese derrumbe del 10,8%. Ante el titular, muchos ciudadanos se quedan en la creencia de estar en presencia de un buen dato, cuando constituye un incremento realmente pobre respecto al que cabía esperar, y que nos pone a la cola de todos los países europeos en el proceso de recuperación.

Lo verdaderamente ilustrativo es comparar el PIB de 2021 con el de 2019. La tasa es del 6,3% negativa. Es decir, el año pasado terminó con un PIB un 6,3% inferior al de 2019, lo que crea graves incertidumbres acerca de en qué año nuestro nivel de renta alcanzará el que teníamos antes de comenzar la crisis sanitaria, y desmiente radicalmente las palabras de Sánchez: “Estamos a punto de recuperar en tan solo dos años el PIB anterior a la pandemia”. La realidad es que nos encontramos muy lejos de ello y, además, a la cola de todos los países europeos. Muchos de ellos ya lo han conseguido.

En cuanto a los datos de nivel de empleo, variable a la que con más fuerza se agarra el Gobierno para mostrarse optimista, hay que interpretarlos adecuadamente. No deben separarse del número de trabajadores en ERTE y del de autónomos en cese de actividad, a los que no se puede considerar empleados aun cuando continúen afiliados a la Seguridad Social. Buena prueba de ello es el hecho de que las prestaciones que perciben se realizan con cargo al seguro de desempleo. Por otra parte, una evolución más positiva del empleo respecto al PIB solo indica que la productividad está descendiendo. Es por eso por lo que a las cifras que hay que acudir, y que son las realmente significativas, son las estadísticas de horas trabajadas.

Sumamente revelador es comparar las realizaciones con lo que el Gobierno, en la elaboración de los presupuestos, en octubre de 2020, esperaba lograr, que situaba como objetivos para 2021. El Gobierno presentó dos escenarios macroeconómicos. El primero es el que llamó tendencial, esto es, el que se conjeturaba que se produciría de acuerdo con las condiciones normales de la economía sin medidas adicionales de política económica. El segundo es el que teóricamente se iba a alcanzar mediante la actuación del Gobierno y la aplicación de recursos públicos, especialmente los derivados del fondo de recuperación europea, en el que Sánchez puso todas sus esperanzas.

El crecimiento del PIB previsto en este segundo escenario -y se supone que sobre el que estarían basando las cifras presupuestarias- era del 9,8%, es decir, nada menos que 4,7 puntos de diferencia sobre la tasa real que al final se ha conseguido, 5,1%, tasa que está por debajo (2,1 puntos menos) incluso de la que se preveía en el escenario tendencial (7.2%). Pero es que, además, ya casi al final del año, en el mes de octubre, en la presentación de los presupuestos de 2022, el Gobierno, en contra de las previsiones de todos los otros organismos, continuaba apostando, tal vez por voluntarismo, ignorancia o con mayor probabilidad por el afán de ocultar la realidad, a un crecimiento del 6,5%, es decir, 1,4 puntos por encima del que realmente ha sido.

Sería de suponer que una tasa real tan alejada de los objetivos que el Ejecutivo se había fijado, le llevaría a tomar una postura más bien humilde de aceptación del fracaso; también que daría una explicación de sus posibles causas y expondría la forma de superar los problemas de cara al futuro. Pero la actitud adoptada ha sido muy diferente. No dejan de hablar de crecimiento robusto. El presidente del Gobierno, la ministra de Economía, todos siguen la consigna, expansión robusta. La ministra de Hacienda no podía ser menos. Antes muerta que sencilla. También ella ha recurrido a la robustez de la economía para explicar la contención del déficit. La explicación, sin embargo, es otra muy distinta.

El déficit de 2021 (6,7% del PIB), aunque menor al esperado, no es como para lanzar fuegos artificiales, y desde luego está lejos de merecer ese tono triunfalista adoptado por la doctora ministra en su presentación. Acude a la misma táctica de siempre y que después copian los medios con titulares llamativos, el cotejo con los datos de 2020 (10,08%). Alardea de que es 4,1 puntos menor y un 38% más bajo, una disminución única, dice, en la serie histórica. Para el sanchismo todo es histórico. Siempre estamos en lo mismo, en la comparación con el año 2020, que fue totalmente anormal. Solo faltaba que mantuviésemos el mismo PIB, el mismo número de parados y el mismo déficit que el de ese año.

Lo que sí es verdad es que los datos facilitados por María Jesús Montero han desmentido las expectativas agoreras de todos aquellos que, desde los medios de comunicación, pronosticaban que, dado que los presupuestos se habían elaborado sobre un cuadro económico inflado, la recaudación sería inferior a la prevista y el déficit, por tanto, mayor. El razonamiento seria impecable a no ser porque no tenían en cuenta que interviene otro factor en el juego, la inflación. La inflación cuenta y mucho con respecto a las finanzas públicas. Existe una correlación entre los ingresos públicos y el PIB, pero el PIB nominal, en precios corrientes, incluyendo el nivel de precios.

Atendiendo únicamente a la parte real del crecimiento, PIB en precios constantes, la recaudación en 2021 tendría efectivamente que haber sido inferior a la prevista en los presupuestos, ya que el nivel de la actividad económica se mantuvo también por debajo de lo pronosticado, pero como la inflación ha alcanzado cotas muy superiores a las anunciadas, se ha compensado con creces el anterior desfase. El ejercicio se ha cerrado con un deflactor del PIB de 2,3 puntos por encima del que aparecía en el presupuesto y el índice de precios al consumo ha seguido una senda constante de crecimiento desde el 0% a principios de año hasta el 6,5% en diciembre. Ha sido la inflación la causante de la subida de la recaudación y de que el déficit no fuese mayor.

La ministra de Hacienda o bien es que no entiende nada de todo esto (lo cual es muy posible), o es que está dispuesta a mentir todo lo que sea necesario a mayor gloria del jefe (lo que es aún más probable). Insistió en la rueda de prensa en que el buen comportamiento de la recaudación y del déficit se debe a la expansión “potente” de la economía, lo que es falso porque, como ya hemos visto, el PIB creció mucho menos de lo previsto. Resulta evidente que el Gobierno ha visto en la subida de los precios un instrumento ideal para nivelar y con creces ese mayor déficit que se hubiera producido al ser la recuperación económica muy inferior a la anunciada.

A estas alturas de la película, parece que todo el mundo debería ser consciente de que la inflación incide positivamente en la cuantía de la recaudación, por lo que carecen de todo sentido las múltiples posturas farisaicas, anunciando todo tipo de males y catástrofes por indexar las pensiones al IPC. Se olvidan de que, si el gasto en pensiones sube con la inflación, en mayor medida lo hacen los ingresos del Estado, ya que estos tienen una elasticidad con respecto al PIB superior a la unidad.

Es curioso que aquellos que se oponen a que las pensiones se actualicen por el IPC sean los mismos que después insisten una y otra vez en denominar a la inflación el impuesto de los pobres, porque es precisamente en este ámbito donde, si las prestaciones no se regularizan, se hace cierta tal definición. Los jubilados verían gravadas sus remuneraciones por un importe equivalente a la subida de los precios y el Estado recaudaría una cantidad extra equivalente.

El problema solo aparece cuando el Gobierno pretende utilizar ese exceso de recaudación generada por la inflación a otros menesteres como puede ser, en los momentos actuales, para compensar el déficit de ingresos causado por el menor crecimiento de la economía. Es por ese motivo y mirando al futuro por lo que Sanchez ha sido tan reacio a combatir las subidas de los precios de las distintas clases de energía, bajando los impuestos correspondientes que gravan esos productos y renunciando al menos a la recaudación extraordinaria derivada de esta clase de tributación.

Lo que se entiende menos es que cuando al fin se ha visto obligado a hacer una pequeña concesión, como la de bonificar con veinte céntimos el litro de carburante, lo haya instrumentado como una especie de subvención, con una gran complicación administrativa y no, como sería más sencillo, como una simple bajada de impuestos. Sea cual sea la razón, lo que ha ocurrido es que debido a la incompetencia y falta de experiencia administrativa de este Ejecutivo y de sus cargos de confianza se ha generado un desbarajuste muy considerable, y si no que se lo digan a las gasolineras. De nuevo, al igual que con el ingreso mínimo vital se ha embarrado a la Agencia Tributaria en tareas que no le corresponden y la alejan de su auténtico objetivo, el control fiscal y la persecución del fraude. Bien es verdad que, si una galena puede hacer de ministra de Hacienda, por qué la Agencia tributaria no va a poder dedicarse al negocio de la gasolina.

Sánchez nos quiere hacer ver que las dificultades económicas han surgido con Putin, hasta el extremo de que su plan de choque contra la crisis económica lo ha tildado de respuesta a la guerra, pero ello resulta difícil de creer cuando, como hemos visto más arriba, antes del conflicto bélico e incluso antes de que este se vislumbrase el hundimiento de la economía española había sido el más pronunciado de todos los países de la Unión Europea y de la OCDE, y el ritmo de recuperación el más bajo, de manera que nuestra economía es la que más se aleja de los niveles de 2019. A su vez, la inflación ha venido aumentándose a lo largo de todo 2021, hasta alcanzar en diciembre, mucho antes de que las tropas rusas invadiesen Ucrania, el 6,5%.

Sin duda, la guerra ha agravado la situación económica de toda la Unión Europea, especialmente disparando la inflación, pero alguien tendría que contestar a la pregunta de por qué nuestro país, siendo de los que se encuentran más alejados de Ucrania y de los que teóricamente tienen menor dependencia energética de Rusia, es uno de los que presentan mayores incrementos de precios. En el mes de marzo la tasa de inflación armonizada de España asciende a 9,8%, 2,3 puntos por encima de la media de la Unión Europea (7,5%). Tan solo Lituania, Estonia, Países Bajos y Letonia han sufrido mayores incrementos. Sin embargo, otros, y más representativos para nuestra economía, como Alemania, Italia, Portugal y Francia, etc., presentan respectivamente tasas mucho más reducidas (7,6%, 7%, 5,5% y 5,1%,).

Este fenómeno tiene especial gravedad, ya que el diferencial de precios con los otros países y la correspondiente pérdida de competitividad estuvieron en el origen de las crisis económicas que sufrió España en los principios de los noventa y en 2008. De la primera se salió con cuatro devaluaciones; en la segunda, al no poder devaluar por encontrarnos ya en la Unión Monetaria, la sociedad tuvo que sufrir una depreciación interior de precios y salarios con graves consecuencias sociales. Esperemos que no tengamos que enfrentarnos muy pronto de nuevo con una crisis de estas características.

Republica.com 7-4-2022



LOS MANDATARIOS EUROPEOS GLOBALIZAN SUS BENEFICIOS PERSONALES

CORRUPCIÓN, EUROPA Posted on Jue, mayo 12, 2022 21:22:05

Las terribles imágenes ofrecidas por los medios de comunicación de la invasión de Ucrania -expresión clara de la tragedia a la que se está sometiendo a una población-, hacen que esta guerra se presente como una disputa entre buenos y malos, en la que Putin es la personificación del mal. No diré yo nada en defensa del mandatario ruso, pero sí mostraré mi convencimiento de que según vaya transcurriendo la contienda aparecerán otros muchos aspectos que sin duda tienen interés, pero que han podido quedar eclipsados por este, más primario y dramático.

Me temo (o más bien, deseo) que esta guerra vaya a cambiar muchas de nuestras creencias. Pasada la primera etapa de autocomplacencia, será inevitable preguntarse acerca de cuál ha sido el papel de Europa en la contienda. No deja de ser chocante cómo los países europeos al tiempo que están a punto de entrar en guerra con Rusia dependen totalmente de este país en cuanto al aprovisionamiento de energía. Es grotesco, pero también trágico y paradójico. Indica la fragilidad y debilidad a las que la globalización ha condenado a los Estados. Resulta enormemente inocente pensar que todo se arregla incrementando el gasto en defensa.

Las medidas económicas adoptadas frente a Rusia no sé si están haciendo realmente daño a Putin, pero lo que sí es cierto es que están dejando al descubierto determinados hechos que estaban ocultos o, al menos, no eran generalmente conocidos. Varios ex primeros ministros de países europeos han tenido que dimitir de los puestos que ocupaban hasta ahora como altos cargos en las principales multinacionales rusas.

Matteo Renzi, quien fuera primer ministro de Italia entre 2014 y 2016 y que actualmente es senador por el partido centrista “Italia Viva”, ocupaba hasta ahora el puesto de consejero de Delimobil, la mayor empresa de carsharing de Rusia, cargo al que ha tenido que renunciar después de la invasión a Ucrania.

Austria es el país que se encuentra a la cabeza en el número de políticos implicados, con tres ex cancilleres y dos ex ministros (que se sepa), con intereses financieros en empresas rusas. Entre ellos destacan Wolfgang Schüssel, Christian Kern y Karin Kneissl. El primero de los citados del Partido Popular austriaco, fue canciller de su país entre febrero de 2000 y enero de 2007. Tras dejar la política se incorporó al consejo de supervisión de Lukoil, la mayor petrolera de Rusia. El segundo, Christian Kern, ex jefe de gobierno izquierdista austriaco, que ocupó el cargo de canciller entre 2016 y 2017, al acabar su mandato se incorporó al consejo de administración de Russian Railways, la empresa estatal rusa de transporte ferroviario. Renunció a su cargo tras el inicio de la guerra.

Especialmente llamativo ha sido el caso de Karin Kneissl, periodista austríaca que ejerció como ministra de Asuntos Exteriores entre 2017 y 2019 y que se ha ido a vivir a Francia para evitar las críticas que estaba recibiendo en su país por su decisión de no dimitir en el consejo de supervisión de la petrolera estatal rusa Rosneft. En esta postura sin duda ha influido su amistad personal con Putin, quien incluso asistió a su boda.

En Finlandia,Paavo Lipponen, presidente del Partido Socialdemócrata y primer ministro entre 1995 y 2003, se convirtió poco después de dejar el cargo en asesor del proyecto de gasoducto Nord Stream impulsado por Gazprom. Tras la invasión de Ucrania y el bloqueo del Nord Stream 2, se ha puesto fin a su contrato. El antecesor de Lipponen como primer ministro de Finlandia, Esko Aho, tras el inicio de la guerra ha dimitido como miembro del consejo de supervisión de Sberbank, uno de los mayores bancos rusos.

El ex primer ministro francés François Fillon pertenecía a los consejos de administración de la compañía de hidrocarburos Zarubezhneft y de la mayor productora petroquímica de Rusia, Sibur. Parece ser que tras la invasión de Ucrania renunció a sus cargos.

Es posible que a la cabeza de todos se encuentre Gerhard Schröder, el que fuera canciller de Alemania entre 1998 y 2005, amigo personal de Vladimir Putin.  Poco antes de dejar el sillón, concedió un aval público de 900 millones de euros a la energética rusa Gazprom. Tras su cese, se convirtió en asesor de esta empresa. Y parece ser que aspiraba ahora a sentarse en su consejo de administración. Tiene también un alto cargo en Nord Stream. Pero las críticas no le han hecho dimitir por ahora.

Los casos citados son un pequeño catálogo formado por las noticias llegadas a la prensa y limitado solo a los ex primeros ministros y a las multinacionales rusas. Podemos, sin embargo, imaginemos cuál sería el número de casos a citar, si ampliásemos el abanico al resto de altos cargos y a la totalidad de empresas y multinacionales europeas. El hecho es sumamente significativo de la profunda conexión que existe entre los ámbitos políticos y económicos en este mundo de la globalización.

Existe una conclusión inmediata, aunque quizás se pueda considerar accesoria y secundaria, y es que las tan cacareadas puertas giratorias no constituyen un hecho exclusivo de España. En este tema, al igual que en otros muchos, encontramos un vicio muy extendido en la sociedad española, considerar que los problemas, errores o defectos solo suceden en nuestro país. Es frecuente escuchar en cualquier conversación que algún participante termina su intervención con la aseveración “esto solo ocurre en España”.  Ya Larra se refirió a ello en un conocido artículo titulado “En este país”, en el que se retrataba a un tal don Periquito, especialista en explicar cualquier acontecimiento por las características más bien negativas y únicas de España, diferentes a las del resto de los países.

El hecho de que en esta ocasión sean los maridajes referentes a las empresas públicas rusas los que se hayan hecho públicos, tiene sin duda su origen en el desencadenamiento de la guerra, pero esclarece al mismo tiempo hasta qué punto la globalización económica traspasa y se sobrepone a las posiciones políticas más enfrentadas y aúna si es preciso las ideologías.

La presencia de Schröder a la cabeza de este elenco concede al mismo una significación especial. Schröder, canciller alemán entre 1998-2005, se puede decir que fue el enterrador de la doctrina socialdemócrata en Europa. Ciertamente, con François Mitterrand, Jacques Delors, Felipe González y Toni Blair se habían dado ya pasos muy importantes en este proceso, pero fue Schröder el que le asestó el golpe definitivo. Los que han venido después, por ejemplo, en España Zapatero y Sánchez, son ya otra cosa. Llamémosles populistas, identitarios o como queramos, pero no socialdemócratas, e igual ocurre en los otros países. Lo que en cierto modo es lógico, ya que la globalización y la Unión Monetaria lo impiden.

En 2003, el Partido socialdemócrata alemán (SPD) celebró sus 140 años de existencia. Conmemoraciones que se realizaron con fuertes tensiones internas. Oskar Lafontaine, que defendía con mayor fidelidad la línea socialdemócrata, perdió la partida. En la sombra estaba la agenda 2010, con fuerte bajada de impuestos, desregulaciones y recortes sociales. Merkel vivió todos sus años de mandato de los ajustes acometidos en dicha agenda por Schröder. Aunque el canciller del SPD tuvo que dedicarse a fondo tanto en el interior como en el exterior para explicar el giro que pretendía dar a la política del partido. Es por eso que aprovechando que la formación política cumplía 140 años escribió el 8 de julio de 2003 una tribuna libre en el periódico El Mundo titulada “El Estado del bienestar reta a la izquierda europea”. El artículo, con el objetivo sin duda de justificar la agenda 2010, defendía la globalización, con la tesis de que no era una alternativa, sino una realidad que no había más remedio que aceptar.

Varios días después, el 17 del mismo mes, escribía yo en el susodicho diario otra tribuna titulada “La izquierda europea renuncia al Estado social”. Contestación al artículo del canciller alemán, pretendía hacer una réplica a esa idea central que mantenía Schröder de que la globalización no es una opción, sino una necesidad. Con esta teoría, el entonces presidente del PSD  se apuntaba en cierto modo al determinismo económico sustentado por el neoliberalismo y que mantiene que el statu quo económico es inmutable y que las opciones políticas deben doblegarse ante él.

Defendía yo en el artículo que el concepto de globalización es ambiguo. A veces se emplea para designar ciertos fenómenos sociales unidos a avances técnicos y científicos. En ese sentido no cabe duda de que es una realidad. Pero cuando el pensamiento conservador y ahora parece que también los partidos socialistas hablan de globalización se refieren a otra cosa, lo reducen al libre comercio, a la libre circulación de capitales, y en Europa, a partir del año 2000, a la moneda única. Así lo entiende la RAE, y hay que admirar su sinceridad, cuando lo limita al campo económico y lo define como “la tendencia de los mercados y de las empresas a extenderse alcanzando una dimensión mundial que sobrepasa las fronteras nacionales”. Es decir, constituye la huida del capital y de las fuerzas económicas del corsé del poder político democrático. En este sentido, la globalización no es una necesidad, sino una opción tomada por los propios gobiernos que han decidido abdicar de sus competencias y permitir que el poder económico campe a sus anchas. Tal decisión implica la muerte del Estado social y, por lo tanto, el vaciamiento ideológico de la socialdemocracia.

La globalización es una decisión política que se está imponiendo con un relato erróneo, el de describir un escenario económico idílico y positivo. El de que la globalización constituye una especie de Arcadia buena para todos. La realidad es más bien la contraria. Todos los indicadores lo señalan. Desde principios de los ochenta, fecha en la que podemos situar el inicio de este proceso, por término medio en todos los países las tasas de crecimiento se reducen, las de paro aumentan, la desigual social se intensifica dentro de los Estados y en Europa la brecha entre estos se hace cada vez más honda.

En este artículo no es posible ni es mi intención extenderme sobre los efectos negativos de la globalización. Lo hice en libros tales como “Economía mentiras y trampas” o “La trastienda de la crisis”, ambos de la editorial Península, y que se encuentran al alcance de todos aquellos que tengan curiosidad para comprobarlo. La finalidad de estas líneas se encuentra más bien en llamar la atención sobre el revés de la trama, es decir, la otra cara de la moneda, lo que reside detrás de la faz pública de la globalización. Es lo que en cierto modo y aunque solo sea parcialmente ha aparecido con la invasión de Ucrania, el escenario en el que se entreteje el capital, tenga el origen que tenga, con los mandatarios públicos, sea cual sea su ideología.

Todo este entramado, que en parte se está haciendo público tras el inicio de la guerra, explica en buena medida la postura adoptada hace ya casi veinte años por el entonces canciller alemán y por otros muchos mandatarios europeos para defender la globalización, globalización que a él y a otros mandatarios políticos les está  resultando muy rentable.

republica.com 31-3-2022



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