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ARTÍCULOS RECIENTES CONTRAPUNTO

EL CORONAVIRUS, TORRA Y LAGARDE

GLOBALIZACION Posted on Thu, March 26, 2020 00:37:09

Creo que fue San Ignacio quien dijo aquello de que en tiempo de tribulación no hacer mudanza. Pues bien, en tiempos como estos, de epidemia y de histeria generalizada, resulta difícil escribir artículos. Solo hay un tema posible, que domina toda la actualidad. Tratar cualquier otro tiene el peligro de hacernos caer en el ostracismo y en la inoperancia. Ni siquiera Torra logró -a pesar de agitar una y otra vez el cadáver del procés- hacerse un hueco en la actualidad a base de reclamar que se convocara por videoconferencia la mesa de diálogo. Nadie le hizo caso. Tan es así que se avino a participar en la reunión de presidentes de Comunidades Autónomas, lo cual es insólito y quizás expresivo de que en Cataluña los virus son los únicos que no tienen hechos diferenciales.

A pesar de todo, el presidente de la Generalitat no podía soportar pasar desapercibido. Es por ello por lo que se vio obligado a tirar por elevación y, en cuanto supo que el presidente del Gobierno iba a comunicar el estado de alarma en toda España, le faltó tiempo para decretar la confinación de Cataluña. Torra consiguió su sueño, al menos por un día; eso sí, verbalmente, flatus vocis, puro postureo: la independencia de Cataluña. Confinarla, aislada de los malvados españoles, y se supone que también del resto del mundo. De pronto reparó en un pequeño detalle, no tenía competencias, muy a pesar suyo, ni en los puertos ni en los aeropuertos ni en Renfe. Así que, muy digno él, no tuvo más remedio que pedir al gobierno central su colaboración. De gobierno a gobierno, por supuesto, como a él le gusta. Bilateralmente.

Pasó por alto un tema mayor. Según la Constitución Española, la libre circulación por el territorio español (y Cataluña lo es) constituye un derecho fundamental de todos los españoles, y solo puede ser limitado por el gobierno central tras decretar alguno de los estados bien de alarma, excepción o sitio. Y el consejero de Gobernación no tuvo más remedio que reconocer que no tiene competencias para ordenar a los mozos el cierre de carreteras de forma generalizada y que estaba esperando la autorización del gobierno central.

A Torra, tal como ha demostrado múltiples veces, le importa muy poco la Constitución, pero sí montar escándalos, quejarse y hacerse la víctima. La declaración del estado de alarma le ha dado buena ocasión para ello; lo ha calificado de confiscación de competencias y de aplicación encubierta del artículo 155. Pero no se trata de ninguna aplicación encubierta, sino a las claras de otro artículo de la constitución, el 116.2, articulo que quizás se debería haber utilizado ya en el referéndum del 1 de octubre. Todos estos artículos y algunos más existen en nuestra Carta Magna entre otros motivos para recordar a los nacionalistas que las Autonomías no son estados soberanos.

Torra ha procurado que le siguiese en sus planteamientos Urkullu, quien se ha visto obligado en cierta medida a respaldarle, aunque solo sea porque, para independentistas, los vascos, y no podía quedarse atrás. Bien es cierto que se ha separado del presidente de la Generalitat en cuanto que este asumió una postura de cuasi rebeldía. Rebeldía que, como siempre, quedará restringida al ámbito verbal y al postureo, sin que sea previsible que en ningún caso dé lugar a posibles acciones punibles. Urkullu, como en los juicios, simplemente protestó para que constase en acta, pero nada más, aceptó el veredicto. Torra, sin embargo y como de costumbre, está haciendo el ridículo (esto sí que está configurándose como un hecho diferencial), y ha sido el único presidente autonómico en negarse a firmar el comunicado con el resto.

De Puigdemont y Ponsatí, mejor ni hablar. De nuevo, el nacionalismo catalán muestra la faz más sectaria. Todo carece de importancia, excepto el proceso hacia la independencia. Ya ocurrió con los atentados terroristas en Barcelona cuando en las declaraciones e inquietudes de ciertos prohombres nacionalistas las víctimas estaban ausentes, su única preocupación era mostrar al mundo que Cataluña era un Estado y que podía funcionar solo (véase mi artículo de 31 de agosto de 2017); y, si nos remontamos en la historia, el comportamiento no debió de ser muy diferente en la guerra civil. Basta leer a Azaña en La velada en Benicarló.

Es muy pronto para sacar conclusiones generales de esta pandemia y su desarrollo en nuestro país. Hay aún mucho ruido en la información y en las noticias. No obstante, sí parece claro que, a pesar de la imagen de coordinación y entendimiento que se ha querido dar al principio entre el Ministerio y los consejeros de Sanidad de las Autonomías, se han producido comportamientos diversos y disfuncionalidades, que hubiesen aconsejado implantar el estado de alarma desde el inicio, fuesen cuales fuesen las medidas a adoptar y la progresividad en su entrada en vigor. Es una prueba más de que, a la hora de la verdad, cuando existe un problema realmente serio se precisa un poder central fuerte capaz de controlar y dirigir la situación, y que las Comunidades Autónomas constituyen más un estorbo que un instrumento positivo.

Se atribuye al torero Manuel García Escudero, apodado “el espartero”,  la célebre frase de “Más cornadas da el hambre”. Cuando la emergencia sanitaria termine diluyéndose, comprobaremos si las consecuencias económicas van a ser más letales que la propia epidemia. Y es que, con la globalización, cualquier acontecimiento negativo, sea cisne negro o no, puede desencadenar una crisis de enormes dimensiones. Sistémica la llaman. Más bien debería denominarse anárquica, al no tener la economía ni control ni dirección. Es lo que ocurre con el neoliberalismo económico, cuando la libertad se lleva al máximo y nadie dirige el proceso lo que sobreviene es el caos.

La globalización no solo facilita la extensión de epidemias como esta, sino que multiplica sus consecuencias económicas negativas. Todo se cortocircuita. Los gobiernos, en cierta forma, se sienten impotentes al enfrentarse con mercados integrados de proporciones mucho más elevadas que sus propias naciones. ¡Ay de aquellos que pretendan solucionar la crisis con ocurrencias! El remedio suele ser bastante peor que la enfermedad. Lo presenciamos en tiempos de Zapatero.

Estos días se escuchan con estupor las afirmaciones de unos y de otros. Los sindicatos, como es lógico, mantienen que los trabajadores no pueden ser de nuevo los paganos de esta crisis; otros piensan lo mismo de las empresas; los de más allá reivindican que el coste no recaiga en los autónomos; los comentaristas y periodistas se preocupan de los contribuyentes, puesto que ellos mismos lo son, y hasta la OCU se asoma a la terraza para salir en defensa de los consumidores. Pero cuanto más estire todo el mundo de la manta, mayor puede hacerse el agujero.

Por mucho que nos pese, estamos insertos en una economía capitalista globalizada, integrados en la Unión Europea y, lo que es más limitativo, pertenecemos a la Eurozona, es decir, carecemos de moneda propia. Por si todo esto fuese poco, se mantienen lacras de la regresión pasada que condicionan fuertemente cualquier otra crisis futura, un stock de endeudamiento público cercano al 100% del PIB, la segunda tasa más elevada de desempleo de la Eurozona y una productividad cuyo incremento está próximo a cero. Todos estos hechos son suficientemente relevantes como para que tanto el Gobierno como los partidos de la oposición anden con sumo cuidado con las medidas que acometen o proponen. Uno tiene la impresión de que en materia económica unos y otros levitan en una nube de ilusión. Las alegrías en este ámbito terminan pagándose muy caras, no todo es posible, y es una ingenuidad o pura demagogia simular que no va a existir coste para nadie.

Sin duda, la parte más importante de la ecuación se encuentra en Europa y no son muy buenas noticias las que provienen de allí. En concreto, del BCE. La comparecencia de su nueva presidenta, Lagarde, no solo fue decepcionante, sino incomprensible. “No estamos aquí para cerrar diferenciales” (se refería a diferenciales en los tipos de interés de la deuda pública). Todas las bolsas europeas cayeron en picado, y no era para menos. La frase era demoledora, casi letal. Era una invitación a los mercados a que jugasen al tiro al blanco contra aquellos países miembros que creyesen menos solventes.

La actitud adoptada por Cristine Lagarde es la antítesis de su antecesor, Draghi, quien en plena crisis del euro y cuando las primas de riesgo de España e Italia alcanzaban cuantías insoportables prometió “hacer lo que fuese necesario”…“, “y créame que será suficiente”. Los mercados entendieron la amenaza, especialmente cuando iba unida a la creación de un nuevo instrumento (la OMT), mediante el que el BCE podía adquirir bonos soberanos. Los tipos de interés de los principales países comenzaron a converger y a reducirse el diferencial que mantenían con el alemán, como es natural cuando todos están referenciados a la misma moneda. En principio, en una unión monetaria no tendrían por qué existir primas de riesgo, puesto que no existe el riesgo de la variación del tipo de cambio. Cuando se da, es porque los mercados no terminan de confiar en que la unión permanezca o que ningún país tenga que abandonarla. Es esa confianza la que debe proporcionar el BCE. Que el máximo responsable de este organismo afirme que no está para cerrar diferenciales resulta asombroso, entre otros motivos porque esos diferenciales hacen imposible la aplicación de una política monetaria única.  

     Hay quien ha querido interpretar la postura de Lagarde como un órdago a los gobiernos y a la Comisión para que actúen y apliquen una política fiscal expansiva de cara a contener la crisis. Es cierto que la política monetaria tiene ya muy poco recorrido. Draghi venía avisándolo desde hace tiempo, así como también de la necesidad de que la política fiscal tomase el relevo. El problema es, sin embargo, que después de la situación creada por la crisis anterior no todos los países miembros pueden aplicarla, y mucho menos si el BCE no los respalda en los mercados.

Alemania ha decidido reaccionar y ha prometido créditos ilimitados a todos sus empresas y trabajadores. Pero la situación de Alemania es totalmente distinta a la de, por ejemplo, España. De 2010 a 2019 el stock de endeudamiento público en el país germánico ha pasado del 82,4% al 59,2%, mientras que, en España, por el contrario, la evolución ha sido del 60,5% al 96,7%. La tasa de desempleo en España es del 13,9%, mientras que en Alemania se sitúa en un reducido 3,2%. Es bastante indiscutible que las secuelas de la moneda única, al no existir mecanismos redistributivos, se han repartido de manera muy diversa, en forma de beneficios en algunos países y de pérdidas en otros.

En situaciones como esta, países tales como Grecia, España, Portugal, Italia, Francia y algunos más, no están en condiciones de defenderse por sí mismos. Necesitan la ayuda de la Unión Europea. La respuesta hasta ahora ha sido raquítica, 7.500 millones de euros, pero, además, que salen del mismo presupuesto comunitario, sin añadir un euro más y quitándolos de otros destinos. Por otra parte, el hecho de permitir que los gastos que tengan que hacer los países debidos a la epidemia no contabilicen en el déficit a efectos de los compromisos comunitarios no soluciona nada, porque el verdadero problema no radica ya tanto en las imposiciones de Bruselas, sino en lo que permitan las condiciones reales de la economía, y la reacción de los mercados.

Republica.20-3-2020



POSTUREO FISCAL

HACIENDA PUBLICA Posted on Wed, March 11, 2020 18:59:54

El Consejo de Ministros en su sesión del 18 de febrero pasado aprobó dos proyectos de ley para presentar en las Cortes con la creación de otras tantas figuras tributarias, las llamadas tasa Google y tasa Tobin. Llevan casi dos años mareando la perdiz con ellas, y se exponen junto con los llamados impuestos ecológicos como los comodines para cuadrar las cuentas públicas que se están disparando. Da la impresión de que se pretende eludir así la imprescindible reforma fiscal. Los partidos socialdemócratas cuando no quieren o no pueden aplicar su ideología se convierten en populistas y recurren a recetas mágicas para dar la impresión -solo la impresión- de ser progresistas.

La ministra de Hacienda y parlanchina portavoz del Gobierno, látigo y verdugo de los abogados del Estado que no se prestan a sus chanchullos, y que mezcla la palabrería con la incompetencia, justificó los proyectos de ley aprobados por la necesidad de adaptar los ingresos públicos a los nuevos tiempos. El problema es que los nuevos tiempos de la economía no parecen proclives a los ingresos públicos, especialmente si se les quiere dar una proyección socialdemócrata.

Habrá que comenzar por afirmar que las dos figuras tributarias incluidas en los decretos leyes se denominan -siguiendo una mala traducción de la palabra inglesa “tax”- tasas, cuando no lo son. En inglés, tax es equivalente a impuesto. En castellano el término tasa tiene una compresión reducida, exige siempre una contrapartida, la percepción directa de un servicio. Aquí, en uno y en otro caso, estamos hablando de impuestos en sentido estricto y, además, conviene señalarlo desde el principio, que se trata de dos gravámenes indirectos, con lo que su progresividad deja mucho que desear.

Los dos impuestos proyectados incurren en el mismo defecto, que por otra parte parece ser bastante común en la legislación fiscal de los últimos tiempos y que indica la impericia que se ha adueñado de los responsables de la elaboración de las normas tributarias. Me refiero a lo que se ha venido a llamar “error de salto”, es decir, cuando se produce la entrada en vigor de un gravamen de forma brusca a partir de una cierta cantidad de ingresos, ventas, etc., o bien se aplica una tarifa de forma discontinua. Recientemente son sobradas las situaciones en las que se produce tamaño error, con resultados un tanto injustos y contradictorios. Por citar un ejemplo, serán cuantiosos los contribuyentes con algún familiar dependiente a su cargo y que hayan visto cómo una mínima subida en la pensión de este les hace perder una deducción fiscal de una cuantía mucho mayor.

El impuesto sobre determinados servicios digitales (tasa Google) afecta a empresas con ingresos anuales en todo el mundo, superiores a 750 millones de euros, y a 3 millones en España. Se puede dar, por tanto, la incongruencia de que un incremento de las ventas de una empresa se traduzca en menores beneficios porque tenga que hacer frente al gravamen al que antes no estaba sujeta. Bien es verdad que en este caso el problema es tanto más teórico que real, ya que el tributo va afectar a muy pocas empresas, por lo que será muy difícil el traslado de un grupo a otro. La situación es distinta en cuanto al impuesto sobre las transacciones financieras.

La tasa Google es un tributo que en cierta medida surge de las condiciones impuestas por la globalización, pero, paradójicamente, la propia globalización es la que hace que resulte muy difícil de aplicar. Son las nuevas tecnologías y la mundialización de la economía las que crean enormes corporaciones que realizan su actividad en el mundo digital y les permiten eludir los impuestos en aquellos países en los que prestan sus servicios. Parecería lógico, en consecuencia, establecer un gravamen específico para ellas. No obstante, en su implantación van a surgir múltiples problemas, problemas derivados precisamente de la propia globalización y de la correlación de fuerzas que establece.

En primer lugar, es un tributo ignoto y que está por estrenar en casi en todos los países, lo que crea incertidumbres acerca de cuáles puedan ser sus efectos. Existe la duda de saber quiénes terminarán soportando definitivamente el impuesto y en qué proporción repercutirá sobre los consumidores de las empresas que utilicen o se anuncien en las tecnológicas. Se desconoce también cuál pueda ser el resultado recaudatorio. La prueba de este desconocimiento se encuentra en el hecho de que el Gobierno español estima ahora la recaudación en 968 millones de euros, cuando en el anterior proyecto se cifraba en 1.200 millones. Bien es verdad que esta última cifra puede que estuviese hinchada a propósito, pero nadie asegura que no lo esté también la actual.

Del mismo modo surge la pregunta de hasta qué punto la introducción del impuesto en solitario por un país no dañará su economía frente a las de los otros. Parece obvio que, en un contexto de libre circulación de capitales como en el que nos movemos, este impuesto debería establecerse al unísono en todos los Estados. En 2015 la OCDE comenzó a estudiar su posible implantación y en 2018 trasladó un informe sobre ello al G8. No obstaqnte, como en otros muchos temas, la cuestión sigue pendiente y ni siquiera está claro que se introduzca en la UE de forma inmediata, aun cuando la Comisión ha elaborado un proyecto de directiva, pero que se encuentra más bien olvidado.

Las empresas afectadas -Amazon, Apple, Facebook y Google- tienen la nacionalidad americana, lo que ha provocado la intervención del Gobierno estadounidense. Trump ha amenazado a Francia con incrementar un 25% los aranceles en sus artículos, si continúa manteniendo el impuesto. La coacción ha sido tan seria que el gallito Macron no ha tenido más remedio que suspender su vigencia hasta diciembre en la creencia de que en el próximo año se llegue a imponer con carácter general en la OCDE, o al menos en la UE, o en todo caso que se pueda negociar con EE. UU su reactivación.

Más inexplicable es el caso de España que, consciente de todo ello, el Gobierno pretende aprobar el gravamen para dejarlo inmediatamente en suspenso. Se asemeja a la declaración de independencia de Puigdemont. La docta ministra de Hacienda y su apéndice la de Economía dicen que simplemente se retrasa su ingreso a final de año (su periodicidad es trimestral). Suponen (que es mucho suponer) que para esa fecha el problema a nivel internacional estará solucionado. Pero resulta que aun cuando la UE o la OCDE terminasen aprobando el impuesto, lo que es harto improbable, el diseño con toda seguridad tendría diferencias con el que ahora se discuta en las Cortes, lo que precisaría modificar y aprobar un nuevo proyecto de ley. La tramitación en este momento del impuesto es, por tanto, bastante inútil. Solo puede tener una finalidad, el postureo y transmitir a la opinión pública la idea de que está prevista la necesaria financiación del presupuesto, de manera que no haga falta plantearse la verdadera cuestión, la de una reforma fiscal profunda y progresiva, con la suficiencia precisa para sostener el Estado social. Todo muy populista.

El otro impuesto que el Consejo de Ministros aprobó en el paquete es el de transacciones financieras, que grava con el 0,2% todas las operaciones de compraventa de acciones españolas con una capitalización superior a mil millones de euros. Será liquidado por el intermediario financiero sin tener en cuenta la residencia de aquellas (personas o entidades) que intervienen en la operación. Se anuncia como tasa Tobin, pero su identificación con ella solo es aparente y su finalidad desde luego, muy distinta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

James Tobin, profesor de Economía en Yale, premio Nobel en 1981, propuso gravar las transacciones realizadas en los mercados de divisas con un impuesto universal y de reducida cuantía. Esta figura tributaria sería denominada posteriormente tasa Tobin en consideración a quien la ideó. Pretendía defender a los Estados de lo que se llama dinero caliente, es decir, de las operaciones realizadas con finalidad especulativa a muy corto plazo. Los recursos salen a la misma velocidad que entran originando que los bancos centrales pierdan el control de la política monetaria y obligándoles a elevar fuertemente el tipo de interés con consecuencias desastrosas para la actividad económica.

Tobin se confiesa keynesiano y afirma que la idea de gravar la especulación la tomó de Keynes, quien en el capítulo XII de su Teoría general propone la creación de un impuesto sobre todas las transacciones financieras con la finalidad de vincular los inversores a sus acciones de una forma duradera. La razón de la tasa Tobin es idéntica. Al tratarse de un impuesto de cuantía reducida, apenas resulta gravoso para aquellas operaciones realizadas como inversión a largo plazo y con soporte en la economía real, pero será prohibitivo para las realizadas a un plazo muy breve y con carácter especulativo. La finalidad recaudatoria quedaba ajena.

La propuesta del profesor de Yale se realiza en los primeros años setenta. El presidente Nixon había denunciado la convertibilidad del dólar por oro, con lo que desaparecía el sistema monetario internacional creado en Bretton Woods, y los cambios entre divisas entraron en libre flotación. La preocupación del entonces futuro premio Nobel era la de dotar a los Estados de un instrumento que les permitiese ir adoptando la liberalización en los mercados, sin que la especulación contra su divisa pudiera ponerles contra las cuerdas.

La aceptación de la movilidad total del capital, con la consiguiente renuncia de los gobiernos a cualquier medida de control de cambios -por suave que sea y aunque afecte exclusivamente a los movimientos de capital a corto plazo-, conduce a transformar los mercados financieros en casinos donde la mayoría de las operaciones no obedecen a transacción real alguna de mercancías o servicios, sino a meras apuestas especulativas realizadas casi en su totalidad a plazos inferiores a una semana. El dinero va y viene, sin comprar ni vender nada, pero en ese movimiento continuo pone contra las cuerdas a gobiernos y arrasa países.

Tobin diseñó el impuesto como un mecanismo de control de capitales, de regulación de los mercados. No es, por ello, extraño que los movimientos antiglobalización erigiesen este impuesto como una de sus principales reivindicaciones, al tiempo que para defenderlo se creaba una organización internacional (ATTAC) con implantación en bastantes países. Aunque bien es verdad que poco a poco y con el tiempo la naturaleza de esta figura tributaria se ha ido desvirtuando y colocando en el centro la función recaudatoria, ausente en la razón de ser del impuesto primigenio. Unos lo contemplan como la fuente de recursos que remedie la pobreza del Tercer Mundo; otros, más nacionalistas y partidarios de la renta mínima garantizada, le imputan la facultad de financiarla. Pero parece que todos olvidan su finalidad principal, la de servir como control de cambios, o al menos olvidan que esta finalidad es en cierto modo incompatible con las anteriores. La tasa tendrá tanto más éxito cuanto menos recaude, señal de que habría evitado en tal caso erradicar todas aquellas operaciones financieras de finalidad meramente especulativa.

El Gobierno español ha diseñado el impuesto centrándose exclusivamente en su función recaudatoria, a pesar de que esta tiene una virtualidad más bien reducida, y ha abandonado por completo cualquier aspecto de control, lo cual hasta cierto punto es obligado al haber renunciado España a su propia moneda. El proyecto que se pretende aprobar deja al margen del gravamen todas aquellas operaciones que se pueden orientar principalmente a la especulación. En primer lugar, la compraventa de empresas nacionales cuyo valor de capitalización está por debajo de los 1.000 millones de euros, normalmente con menor liquidez y por ello más volátiles; en segundo lugar, las realizadas en los mercados extranjeros, bien con acciones de empresas foráneas o nacionales; en tercer lugar, las operaciones efectuadas con derivados en las que el apalancamiento es mucho mayor; y en cuarto lugar, parece ser que también las operaciones intradía (al liquidarse el saldo al final de la sesión), y en las que precisamente la especulación es mayor. Desaparece de esta manera toda la posible razón del tributo y desde luego su carácter progresivo, quedando convertido en un impuesto indirecto de efectos económicos dudosos y se supone que de recaudación más bien raquítica. Además, está por ver la viabilidad de que un país pueda mantenerlo en solitario.

Si lo que se quiere es gravar el capital, hay muchas maneras mejores y más eficaces de hacerlo que con este impuesto. Para que cumpliese su verdadera función, la de control, el gravamen debería implantarse en toda la Eurozona. Sería un mecanismo de defensa frente a los flujos descontrolados de capitales con el exterior.

El Gobierno, al apoyar estos dos impuestos, se ha dejado llevar únicamente por motivos demagógicos, de propaganda populista. Suena bien eso de gravar a las grandes corporaciones y a la bolsa, aunque después no conozcamos cuál es el resultado. Nunca se sabe dónde terminan los impuestos indirectos. Una vez más, Pedro Sánchez y sus mariachis juegan a las apariencias, al postureo. Y, sobre todo, se niegan a enfrentarse a la verdadera reforma: Renta, Sociedades, Patrimonio y Sucesiones.

Republica.com 6-3-2020



ORTEGA Y GASSET EN LA MESA DE DIÁLOGO DE SÁNCHEZ

Uncategorised Posted on Tue, March 03, 2020 23:34:45

Entre los factores más odiosos del sanchismo ocupa un lugar destacado esa continua pretensión de que la historia comienza con ellos; hasta ahora, por lo visto, no se había hecho nada que mereciese la pena. El discurso que Pedro Sánchez está elaborando acerca de Cataluña es vomitivo, una mezcla empalagosa de  buenismo y de embustes que tan solo procura ocultar esa enorme vergüenza que supone estar obligado a postrarse ante los golpistas para mantenerse en el gobierno. Expresiones como conflicto político, reencuentro, desjudicialización de la política, diálogo, etc., son todas ellas manifestación de la deshonra a la que ha llegado el Gobierno de España, de cómo pretende partir de cero y borrar cinco siglos de historia.

El aburrimiento y el asco que produce el comportamiento de este Gobierno con respecto a Cataluña es de tal calibre que cuesta hasta comentarlo. Tal vez la mejor forma de mostrar su oportunismo, levedad y vileza es compararlo con la intervención de Ortega y Gasset, hace cerca de 90 años, en las Cortes Españolas, con motivo del debate del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Prestemos pues estas páginas al catedrático de Metafísica y filósofo del perspectivismo. Dada su extensión, no podemos transcribirla por completo, aun cuando sería de sumo interés hacerlo. Contentémonos con aquellas partes que, aunque de forma parcial y subjetiva, he considerado más importantes:

 “…Se nos ha dicho: «Hay que resolver el problema catalán y hay que resolverlo de una vez para siempre, de raíz. La República fracasaría si no lograse resolver este conflicto que la monarquía no acertó a solventar…

… ¿Qué es eso de proponernos conminativamente que resolvamos de una vez para siempre y de raíz un problema, sin parar en las mientes de si ese problema, él por sí mismo, es soluble, soluble en esa forma radical y fulminante? ¿Qué diríamos de quien nos obligase sin remisión a resolver de golpe el problema de la cuadratura del círculo? Sencillamente diríamos que, con otras palabras, nos había invitado al suicidio. Pues bien, señores; yo sostengo que el problema catalán, como todos los parejos a él, que han existido y existen en otras naciones, es un problema que no se puede resolver, que sólo se puede conllevar, y al decir esto, conste que significo con ello, no sólo que los demás españoles tenemos que conllevarnos con los catalanes, sino que los catalanes también tienen que conllevarse con los demás españoles…

…el problema catalán es un caso corriente de lo que se llama nacionalismo particularista. No temáis, señores de Cataluña, que en esta palabra haya nada enojoso para vosotros, aunque hay, y no poco, doloroso para todos.  ¿Qué es el nacionalismo particularista? Es un sentimiento de dintorno vago, de intensidad variable, pero de tendencia sumamente clara, que se apodera de un pueblo o colectividad y le hace desear ardientemente vivir aparte de los demás pueblos o colectividades. Mientras éstos anhelan lo contrario, a saber: adscribirse, integrarse, fundirse en una gran unidad histórica, en esa radical comunidad de destino que es una gran nación, esos otros pueblos sienten, por una misteriosa y fatal predisposición, el afán de quedar fuera, exentos, señeros, intactos de toda fusión, reclusos y absortos dentro de sí mismos. Y no se diga que es, en pequeño, un sentimiento igual al que inspiran los grandes nacionalismos, los de las grandes naciones; no; es un sentimiento de signo contrario. Sería completamente falso afirmar que los españoles hemos vivido animados por el afán positivo de no querer ser franceses, de no querer ser ingleses. No; no existía en nosotros ese sentimiento negativo, precisamente porque estábamos poseídos por el formidable afán de ser españoles, de formar una gran nación y disolvernos en ella. Por eso, de la pluralidad de pueblos dispersos que había en la Península, se ha formado esta España compacta. En cambio, el pueblo particularista parte, desde luego, de un sentimiento defensivo, de una extraña y terrible hiperestesia frente a todo contacto y toda fusión; es un anhelo de vivir aparte. Por eso el nacionalismo particularista podría llamarse, más expresivamente, apartismo o, en buen castellano, señerismo…

…Por eso la historia de pueblos como Cataluña e Irlanda es un quejido casi incesante; porque la evolución universal, salvo breves períodos de dispersión, consiste en un gigantesco movimiento e impulso hacia unificaciones cada vez mayores. De aquí que ese pueblo que quiere ser precisamente lo que no puede ser, pequeña isla de humanidad arisca, reclusa en sí misma; ese pueblo que está aquejado por tan terrible destino, claro es que vive, casi siempre, preocupado y como obseso por el problema de su soberanía, es decir, de quien le manda o con quien manda él conjuntamente. Y así, por cualquier fecha que cortemos la historia de los catalanes encontraremos a éstos, con gran probabilidad, enzarzados con alguien, y si no consigo mismos, enzarzados sobre cuestiones de soberanía, sea cual sea la forma que de la idea de soberanía se tenga en aquella época: sea el poder que se atribuye a una persona a la cual se llama soberano, como en la Edad Media y en el siglo XVII, o sea, como en nuestro tiempo, la soberanía popular. Pasan los climas históricos, se suceden las civilizaciones y ese sentimiento dilacerante, doloroso, permanece idéntico en lo esencial. Comprenderéis que un pueblo que es problema para sí mismo tiene que ser, a veces, fatigoso para los demás y, así, no es extraño que si nos asomamos por cualquier trozo a la historia de Cataluña asistiremos, tal vez, a escenas sorprendentes, como aquella acontecida a mediados del siglo XV: representantes de Cataluña vagan como espectros por las Cortes de España y de Europa buscando algún rey que quiera ser su soberano; pero ninguno de estos reyes acepta alegremente la oferta, porque saben muy bien lo difícil que es la soberanía en Cataluña. Comprenderéis, pues, que, si esto ha sido un siglo y otro y siempre, se trata de una realidad profunda, dolorosa y respetable; y cuando oigáis que el problema catalán es en su raíz, en su raíz –conste esta repetición mía–, cuando oigáis que el problema catalán es en su raíz ficticio, pensad que eso sí que es una ficción…

…Afirmar que hay en Cataluña una tendencia sentimental a vivir aparte, ¿qué quiere decir, traducido prácticamente al orden concretísimo de la política? ¿Quiere decir, por lo pronto, que todos los catalanes sientan esa tendencia? De ninguna manera. Muchos catalanes sienten y han sentido siempre la tendencia opuesta; de aquí esa disociación perdurable de la vida catalana a que yo antes me refería. Muchos, muchos catalanes quieren vivir con España…

…Pero los que ahora me interesan más son los otros, todos esos otros catalanes que son sinceramente catalanistas, que, en efecto, sienten ese vago anhelo de que Cataluña sea Cataluña. Mas no confundamos las cosas; no confundamos ese sentimiento, que como tal es vago y de una intensidad variadísima, con una precisa voluntad política… No, muchos catalanistas no quieren vivir aparte de España, es decir, que, aun sintiéndose muy catalanes, no aceptan la política nacionalista, ni siquiera el Estatuto, que acaso han votado. Porque esto es lo lamentable de los nacionalismos; ellos son un sentimiento, pero siempre hay alguien que se encarga de traducir ese sentimiento en concretísimas fórmulas políticas: las que a ellos, a un grupo exaltado, les parecen mejores. Los demás coinciden con ellos, por lo menos parcialmente, en el sentimiento, pero no coinciden en las fórmulas políticas; lo que pasa es que no se atreven a decirlo, que no osan manifestar su discrepancia, porque no hay nada más fácil, faltando, claro está a la veracidad, que esos exacerbados les tachen entonces de anticatalanes…

…Pero una vez hechas estas distinciones, que eran de importancia, reconozcamos que hay de sobra catalanes que, en efecto, quieren vivir aparte de España. Ellos son los que nos presentan el problema; ellos constituyen el llamado problema catalán, del cual yo he dicho que no se puede resolver, que sólo se puede conllevar. Y ello es bien evidente; porque frente a ese sentimiento de una Cataluña que no se siente española, existe el otro sentimiento de todos los demás españoles que sienten a Cataluña como un ingrediente y trozo esencial de España, de esa gran unidad histórica, de esa radical comunidad de destino, de esfuerzos, de penas, de ilusiones, de intereses, de esplendor y de miseria, a la cual tienen puesta todos esos españoles inexorablemente su emoción y su voluntad. Si el sentimiento de los unos es respetable, no lo es menos el de los otros, y como son dos tendencias perfectamente antagónicas, no comprendo que nadie, en sus cabales, logre creer que problema de tal condición puede ser resuelto de una vez para siempre. Pretenderlo sería la mayor insensatez, sería llevarlo al extremo del paroxismo, sería como multiplicarlo por su propia cifra; sería, en suma, hacerlo más insoluble que nunca…

…Yo creo, pues, que debemos renunciar a la pretensión de curar radicalmente lo incurable. Recuerdo que un poeta romántico decía con sustancial paradoja: «Cuando alguien es una pura herida, curarle es matarle.» Pues esto acontece con el problema catalán…

…soberanía es la facultad de las últimas decisiones, el poder que crea y anula todos los otros poderes, cualesquiera sean ellos, soberanía, pues significa la voluntad última de una colectividad. Convivir en soberanía implica la voluntad radical y sin reservas de formar una comunidad de destino histórico, la inquebrantable resolución de decidir juntos en última instancia todo lo que se decida. Y si hay algunos en Cataluña, o hay muchos, que quieren desjuntarse de España, que quieren escindir la soberanía, que pretenden desgarrar esa raíz de nuestro añejo convivir, es mucho más numeroso el bloque de los españoles resueltos a continuar reunidos con los catalanes en todas las horas sagradas de esencial decisión. Por eso es absolutamente necesario que quede deslindado de este proyecto de Estatuto todo cuanto signifique, cuanto pueda parecer amenaza de la soberanía unida, o que deje infectada su raíz. Por este camino iríamos derechos y rápidos a una catástrofe nacional. Yo recuerdo que una de las pocas veces que en mis discursos anteriores aludí al tema catalán fue para decir a los representantes de esta región: «No nos presentéis vuestro afán en términos de soberanía, porque entonces no nos entenderemos. Presentadlo, planteadlo en términos de autonomía». Y conste que autonomía significa, en la terminología juridicopolítica, la cesión de poderes; en principio, no importa cuáles ni cuántos, con tal que quede sentado de la manera más clara e inequívoca que ninguno de esos poderes es espontáneo, nacido de sí mismo, que es, en suma, soberano, sino que el Estado lo otorga y el Estado lo retrae y a él reviene. Esto es autonomía. Y en ese plano, reducido así el problema, podemos entendernos muy bien, y entendernos –me importa subrayar esto– progresivamente, porque esto es lo que más conviene hallar: una solución relativa y además progresiva…

…nos parece un error que, en uno de los artículos del título primero, se deslice el término de «ciudadanía catalana». La ciudadanía es el concepto jurídico que liga más inmediata y estrechamente al individuo con el Estado, como tal; es su pertenencia directa al Estado, su participación inmediata en él. Hasta ahora se conocen varios términos, cada uno de los cuales adscribe al individuo a la esfera de un Poder determinado; la ciudadanía que le hace perteneciente al Estado, la provincialidad que le inscribe en la provincia, la vecindad que le incluye en el Municipio. Es necesario, a mi modo de ver, que inventen los juristas otro término, que podamos intercalar entre el Poder supremo del Estado y el Poder que le sigue –en la vieja jerarquía– de la provincialidad; pero es menester también que amputemos en esa línea del proyecto de Estatuto esa extraña ciudadanía catalana, que daría a algunos individuos de España dos ciudadanías, que les haría en materia delicadísima, coleccionistas.

Por fortuna, ahorra mi esfuerzo, en el punto más grave que sobre esta materia trae el dictamen, el espléndido discurso de maestro de Derecho que ayer hizo el señor Sánchez Román. Me refiero al punto en el cual el Estatuto de Cataluña tiene que ser reformado, de suerte tal que no se sabe bien si esta ley y poder que las Cortes ahora otorguen podrá nunca volver a su mano, pues parece, por el equívoco de la expresión de este artículo, que su reforma sólo puede proceder del deseo por parte del pueblo catalán. A nuestro juicio, es menester que se exprese de manera muy clara no sólo que esto no es así, sino que es preciso completarlo añadiendo a esa incoación, por parte de Cataluña, del proceso de revisión y reforma del Estatuto, otro procedimiento que nazca del Gobierno y de las Cortes. Parece justo que sea así…

…Y si no fuera porque en uno de sus lados sería petulancia, terminaría diciéndoos, señores diputados, que reflexionéis un poco sobre lo que os he dicho y olvidéis que yo os lo he dicho…”.  

Hasta aquí las palabras de Ortega. Cuan de importante sería que todas ellas se pronunciasen de nuevo en las Cortes españolas. Sonarían como latigazos que pondrían en ridículo esa payasada de la mesa bautizada por Sánchez de diálogo, mesa como mínimo “alegal” y “aconstitucional”, pues se ha establecido de forma querida y consciente al margen de todo ordenamiento jurídico y de la estructura política, con la intención de que sus sesiones y acuerdos, si los hubiese, no pudieran ser recurridos ante el Tribunal Constitucional. No es cierto, por tanto, que con esta mesa -tal como afirman algunos comentaristas- los independentistas catalanes vuelvan a las instituciones. Desde el punto de vista institucional, esta mesa no existe. Se podría decir que se ha creado en el aire, es tan solo un contubernio. Ver a un gobierno central embarrado en tales aquelarres es patético, pero también trágico.

republica.com 28-2-2020



EL SALARIO MÍNIMO Y EL EMPLEO

Uncategorised Posted on Wed, February 26, 2020 17:47:59

Existe una aberración sustancial en lo que hoy se autodenomina izquierda -bien lo sea o bien simplemente lo parezca: partidos políticos, sindicatos y hasta organizaciones de la sociedad civil -como se dice ahora-, aunque en realidad estas últimas no son nada diferente de los partidos y sindicatos. El error, de considerables proporciones, consiste en que razonan como si no existiesen la globalización, la Unión Europea (UE) y la moneda única. Se ha dado un proceso muy curioso. La izquierda europea, salvo raras excepciones, prestó oídos sordos a todas aquellas voces que avisaban de que el proyecto de la UE tal como se estaba diseñando iba cercenando posibilidades a una eventual aplicación de una política socialdemócrata, y que esas posibilidades, por pequeñas que fuesen, desaparecían con la moneda única.

La paradoja se produce cuando una vez constituida la Unión Monetaria (UM) se niegan a aceptar las limitaciones y actúan (o al menos prometen actuar) como si aquella no existiese. Ni siquiera la crisis del euro y la grave situación por la que han atravesado algunos países les han abierto los ojos. Ciertamente que en aquel momento muchos se asustaron, pero, una vez que se produjo el ajuste, han tendido a pensar que todo obedecía a la maldad de la derecha, han supuesto que ya había pasado todo y que incluso se puede recuperar la totalidad de lo perdido. Desde luego, lo que de ningún modo contemplan es que la tragedia pueda volver a repetirse. Todas estas consideraciones vienen a cuento de la polémica suscitada acerca del salario mínimo interprofesional (SMI) y su influencia y repercusión en el empleo. Es absurdo plantear el problema como si no estuviésemos en la UE y como si nuestra moneda no fuese el euro.

Tengo que empezar reconociendo con humildad que soy incapaz de pronunciarme, ya que me faltan datos, en una u otra dirección. Desconozco a cuántos trabajadores puede afectar, qué sectores y en qué medida están implicados y, en último término, cuáles son sus características. Todas esas informaciones son necesarias y necesario es, además, analizar cuál es la situación de la economía en este momento. Pero precisamente por eso no me parece que nadie pueda tomar sobre el tema una decisión en función del puro voluntarismo o de prejuicios ideológicos. Se precisa además diferenciar las distintas hipótesis y circunstancias.

Veamos tan solo cómo el resultado es discordante según las situaciones en las que nos movamos. El crecimiento de la productividad en los puestos de trabajo afectados por el incremento salarial simplifica mucho el problema. En este caso, la subida del salario puede ser encajado por el excedente empresarial, sin que los empresarios estén obligados a cancelar, por considerarlos no rentables, determinados puestos de trabajo. Aun más, es muy posible que en esta hipótesis el empleo, lejos de reducirse, aumente, porque aumenten la demanda y la actividad económica. La razón de esta última afirmación se encuentra en que la propensión al consumo suele ser más elevada en los trabajadores (especialmente los de sueldos bajos) que en los empresarios, y no hay nada que garantice que el ahorro de estos últimos se vaya a trasformar en inversión.

Como complemento a lo dicho, conviene precisar que cuando hablamos de productividad no lo estamos haciendo en términos cuantitativos, sino de valor. Poco importa que un número n de trabajadores hayan incrementado las piezas o los kilos producidos en un 10%, si al mismo tiempo los precios de esa mercancía se han reducido en ese mismo 10%. Y viceversa, puede ser que la productividad se eleve en un 10%, sin que la cantidad producida se haya acrecentado, porque los precios hayan subido ese mismo 10%.

Las cosas cambian radicalmente cuando en los sectores o en los puestos de trabajo afectados por el SMI el incremento de la productividad es cero o próximo a cero, o incluso cuando está por debajo del aumento salarial que se quiere aprobar. En esta situación comienzan a surgir las dudas y resulta imprescindible distinguir varios escenarios. Simplifiquemos.

Escenario primero. Economía semicerrada, o en la que al menos el gobierno tiene suficiente control sobre exportaciones e importaciones. Supongamos que se producen solo dos artículos. Artículo A, fabricado por trabajadores de alta cualificación y por lo tanto de elevada retribución, y un producto B de muy baja productividad, empleos basura y salarios mínimos. En estas condiciones, el gobierno, dentro de su política social, podría decidir elevar el SMI sin que se produjese un impacto negativo sobre el empleo. El incremento salarial se trasladaría al precio del producto B, y el efecto más probable sería una redistribución de la renta, un incremento de los ingresos de los trabajadores de B, y un descenso de los ingresos reales de los trabajadores de A, puesto que el precio de B habría aumentado.

Escenario segundo. Una economía totalmente abierta que practica el libre cambio, pero el gobierno mantiene el control de la moneda. Supongamos al igual que en el ejemplo anterior dos productos, A y B, con las mismas características. En este caso la solución resulta más alambicada. El gobierno podría subir el SMI sin repercusión en el desempleo, siempre que se produjese la depreciación de la moneda. De esa manera, el precio del producto B en moneda nacional podría elevarse sin que afectase al precio exterior y, por lo tanto, sin que influyese en las exportaciones ni en la competencia de las importaciones. El resultado sería el mismo que en el caso anterior, las rentas de los trabajadores del producto B se incrementarían (por el aumento del salario mínimo) y las del A se reducirían por la subida en moneda nacional del precio de B.

Tercer escenario. Una economía totalmente abierta y sin moneda propia. Es la situación que en estos momentos tienen todos los países miembros de la UM. Al igual que en los ejemplos anteriores, sobrentendamos dos artículos, el A y el B, también con características similares a las que poseen en las hipótesis primera y segunda. En esta situación, por poco abierto que sea el mercado del producto B, habrá muy pocas posibilidades de que la subida de los salarios de los trabajadores de este producto se traslade al precio, con lo que resultará bastante probable que los empresarios consideren que no es rentable mantener los puestos de trabajo, produciéndose por tanto un efecto negativo sobre el empleo. Esto será tanto más fácil en cuanto que los puestos de trabajo afectados sean más precarios y temporales y donde, por tanto, el despido resulte más viable.

El problema, como se ve, es complejo, y no se puede hacer un juicio general que sirva para todas las circunstancias. Son muchas las variables en juego y sin tenerlas en cuenta no tiene sentido adherirse a una u otra tesis de forma puramente dogmática. Tampoco las estadísticas de empleo y paro pueden inclinar la balanza hacia una u otra conclusión, ya que en ellas confluyen otros muchos factores y resultará muy difícil aislar exclusivamente el efecto de la subida del SMI.

Lo que sí parece poder concluirse es que la asunción del libre comercio y la pertenencia a la UM dificultan enormemente la subida del SMI sin que afecte negativamente al empleo, a no ser que el incremento salarial esté en consonancia con la evolución de la productividad.

Para situar el problema dentro de la UE, conviene señalar la enorme disparidad que se da entre sus miembros respecto a la cuantía del SMI. Entre Luxemburgo (doce pagas de 2.142 euros mensuales) y Bulgaria (312 euros con la misma cadencia) el abanico es muy amplio. España, con 1.108 euros, está situada más bien entre los países de cuantía más elevada, solo superada, aparte de por Luxemburgo, por Irlanda (1.707), Países Bajos (1.654), Bélgica (1.594), Alemania (1.584) y Francia (1.584). No deja de ser curioso que los dos países con un SMI más elevado sean paraísos fiscales. Se nota que la actividad de evasión fiscal conlleva una alta productividad.

Por debajo de España se encuentran el resto de los países miembros: Eslovenia (941), Malta (777), Grecia (758), Portugal (741), Polonia (611), Lituania (607), Estonia (580), República Checa (575), Croacia (545), Hungría (487), Rumania (466), Letonia (430) y Bulgaria (312). Y de alguna manera también se sitúan detrás Italia, Austria, Chipre, Suecia, Dinamarca y Finlandia, puesto que no tienen establecido salario mínimo.

En un mercado único en el que además la mayoría de los países miembros tienen la misma moneda, ¿cómo mantener esta inmensa disparidad sin que se produzcan graves distorsiones? Entre economías en que las estructuras productivas no son comparables, (los productos, en una buena medida, de diferente tecnología y la mano de obra de cualificación diversa), la distancia en los niveles salariales tal vez no cree demasiadas complicaciones, pero el panorama cambia cuando nos movemos en países con producciones similares, susceptibles de hacerse la competencia. Entonces esa disparidad salarial puede originar un sinfín de problemas.

Aunque a algunos les cueste admitirlo, la UE se mueve en terrenos pantanosos. En un principio, cuando el número de países era reducido y sus características homogéneas, podía pensarse que el proyecto era viable, pero según se ha ido ampliando el número de miembros han ido surgiendo las contradicciones, convirtiéndose estas en insolubles con la ampliación al Este.

La pretensión de la nueva presidenta de la Comisión acerca de una cierta armonización del SMI entre los países miembros no va a ser sencilla, dada la gran diversidad existente. Bien es cierto que no se pretende hacerla en euros sino en porcentaje (60%) sobre el salario medio, con lo que la heterogeneidad permanece. Aún más, es posible que se creen problemas adicionales desde el momento en que la estructura salarial puede ser distinta en cada país y por lo tanto los efectos de adecuar el salario mínimo al 60% del salario medio puede ser también muy diferente en cada uno de ellos. En cualquier caso, quizás la propuesta de la señora Ursula von der Leyen no tenga demasiada relevancia porque, como tantas otras en la UE, solo servirá como propaganda y nunca se aprobará. Aun estamos esperando el fondo de garantía de depósitos o el seguro de desempleo europeos.

En el caso de España, desde 2016 el salario mínimo interprofesional ha sufrido un incremento del 45%. Es una subida en cuatro años lo suficientemente elevada para que no sea descabellado pensar que en una economía sometida a la libre circulación de mercancías y en la que el gobierno no controla la moneda, determinados sectores y productos puedan tener graves dificultades para asumirla y que se produzca, en consecuencia, un efecto negativo sobre el empleo.

Una política social auténticamente progresista antes de proponer la subida del SMI en un determinado porcentaje debería tener en cuenta todas las circunstancias, en especial la pertenencia a la UM y la estructura productiva de la economía en cuestión, es decir, las características de los puestos de trabajo a los que va a afectar la medida. De acuerdo con todo ello tiene que analizar el efecto neto que se va a producir sobre los trabajadores. Por lo menos se deberá adoptar la decisión siendo conscientes de cuáles van a ser las consecuencias. Quizás desde una óptica socialdemócrata sea lícito creer que determinados puestos laborales, dada su baja productividad, no deberían existir. Pero entonces hay que decirlo claramente, aceptar el impacto negativo sobre las cifras de empleo, y sobre todo asumir y tener previsto un incremento en el seguro de desempleo que compense a los trabajadores que pierdan el puesto de trabajo.

Desde planteamientos populistas el panorama cambia de forma radical. Las decisiones se adoptan únicamente desde una perspectiva electoral. Poco importan los resultados reales. Se atiende únicamente a las apariencias, y a cómo se pueden vender a la sociedad. Desde esa óptica interesan escasamente los análisis, el contexto y las condiciones económicas. Da igual estar o no estar en la UE. Es indiferente contar o no contar con moneda propia. Lo único que vale es el postureo. He ahí la diferencia entre la autentica socialdemocracia y el populismo.

republica.com 21- 2-2020



EL ACESO A LA JUDICATURA Y A LA FUNCIÓN PÚBLICA

JUSTICIA Posted on Tue, February 18, 2020 23:05:55

Desde estas mismas páginas, hace dos semanas, describía yo esa operación execrable que iniciaron los secesionistas –y que ha copiado el Gobierno- a la que unos y otros han designado con el nombre de desjudicialización de la política y que, como afirmaba entonces, es lisa y llanamente politización de la justicia. Hay un aspecto en esa operación al que no se ha dado demasiada importancia. Me refiero a las escasas líneas que el acuerdo de PSOE-Podemos dedica a lo que llaman modernización del acceso a la carrera judicial. En principio, fuera de contexto parece algo inocente, pero se convierte en explosivo cuando se relaciona con la ofensiva iniciada por el Gobierno contra los tribunales y se consideran las insinuaciones e incógnitas que abre de cara al futuro.

El párrafo comienza por manifestar la intención de inspirarse en los mejores elementos de los sistemas europeos. Cae así en el vicio muy extendido en nuestro país de creer que todo lo que viene de allende los Pirineos es mejor que lo nuestro. Hay en ello un cierto complejo de inferioridad un poco necio y bastante paleto, que minusvalora todo lo español en beneficio de lo extranjero. También puede haber un planteamiento oportunista implícito. Dada la marcada heterogeneidad que existe entre todos los países, permite un gran margen para escoger entre ellos lo que se desea, justificándolo en la realidad exterior, pero sin considerar los muchos elementos en los que el país seleccionado se diferencia del nuestro.

El documento continúa pronosticando lo peor: “Crear nuevos mecanismos de acceso a la carrera judicial que garanticen la igualdad de oportunidades con independencia del sexo y de la situación económica de los aspirantes”. Saltan todas las señales de alarma cuando se intuye que lo que se pretende es modificar el sistema actual; y es que no hay procedimiento más objetivo y menos discrecional que el sistema de oposiciones para garantizar el mérito y la capacidad, no solo de los jueces, sino de todos los funcionarios públicos.

Un destacado administrativista escribió que las oposiciones han sido el único elemento democrático que permaneció durante el franquismo. Al menos en el tardo franquismo la inamovilidad en el empleo de los cuerpos superiores fue un factor que incidió positivamente en la neutralidad de la Administración, y permitió ocupar puestos relativamente relevantes a funcionarios con ideología alejada e incluso opuesta a la del régimen.

En 1976, recién muerto Franco fui testigo directo de la diferencia que había entre una Administración basada en las oposiciones como la española, a otras Administraciones en las que el acceso se fundamenta en procedimientos más arbitrarios como las que mantenía, al menos entonces, la mayoría de los países latinoamericanos. Trabajaba en el Servicio de Estudios del Banco de España y tuve que participar durante seis meses en el FMI en un curso de análisis monetario y política financiera, y en el que el resto de los asistentes (excepto uno que también era español) eran latinoamericanos.

Como yo adoptase en público, con frecuencia, posturas críticas sobre las ideas y teorías que desde el FMI se vertían en el curso, aquellos de los participantes que habían adquirido más confianza conmigo se acercaban asustados a recomendarme más prudencia, pues temían que desde el Fondo escribiesen quejándose a las autoridades de mi país, y que estas me expulsasen de la Administración. Comprendí entonces la libertad que concedía haber ganado el puesto de trabajo por oposición, y al mismo tiempo la garantía de objetividad que otorgaba a los ciudadanos este sistema de acceso a la función pública. Ha sido una creencia que me ha acompañado a lo largo de toda mi vida profesional y que he podido corroborar en otros muchos momentos.

Si se trata de “garantizar la igualdad de oportunidades en cuanto al sexo y la igualdad económica”, que es lo que parece preocuparles a los firmantes del acuerdo, pocos sistemas lo cumplen mejor que el de oposiciones. Ha sido uno de los mecanismos más eficaces de movilidad social, permitiendo el acceso a puestos socialmente elevados a personas de extracción humilde. Y en cuanto al género, actualmente ingresan más mujeres que hombres en la función pública. En la Administración no ha sido necesario establecer ninguna regla de paridad para que el número de puestos de relevancia ocupados por mujeres sea mayor o al menos igual que los que mantienen los hombres.

Fui de aquellos que, en los primeros años de la Transición, consciente de los defectos que a pesar de todo tenía nuestra Administración, temía que los cuerpos superiores y especiales, los asignados a una determinada función, terminasen por patrimonializarla. No ocurrió nada de eso. Los funcionarios actuaron con toda profesionalidad y disciplina. El verdadero peligro, por el contrario, se encuentraba en que los políticos sean los que pretendan patrimonializar la Administración. El riesgo se fue haciendo tanto más real según se fueron constituyendo las Comunidades Autónomas, ya que, al surgir las Administraciones ex novo, el factor de pertenecer a un determinado partido o profesar la misma línea ideológica pesaba más que el mérito y la capacidad.

Dado que se ha venido produciendo un deslizamiento hacia arriba de niveles, los secretarios de Estado actuales equivalen a los directores generales de antes, y las hoy direcciones generales son las subdirecciones, cuando no las jefaturas de servicio, de los 25 o 30 años atrás. Ello debería conducir a la obligación de que al menos de director general hacia abajo todos los puestos tuviesen que cubrirse por funcionarios. En principio así está estipulado, pero como quien hace la ley hace la trampa, en el caso de los directores generales se prevé la excepción; eso sí, debidamente justificada, pero el papel lo aguanta todo, de manera que lo que teóricamente es una excepción se convierte muchas veces en la regla. Cada nuevo gobierno tiene la tentación de considerar la Administración como su propio cortijo y de realizar todo tipo de cambios. Especial importancia adquieren en esta dinámica las empresas públicas, en  la mayoría de ellas han desaparecido los funcionarios y casi todos los trabajadores se han reclutado a dedo por los respectivos gobiernos, que han aprovechado estas instituciones para colocar a los afines y a los escogidos.

Si las oposiciones, al menos en la Administración Central, garantizan a los funcionarios la seguridad en el empleo, no aseguran, sin embargo, la inamovilidad del puesto de trabajo, porque la forma de proveerlos en muchos casos es la de libre designación, que comporta también la libre remoción. Ello concede al poder político una posibilidad cierta de presión, pues a menudo el cambio de puesto de trabajo repercute de modo apreciable en las retribuciones. Buen ejemplo de ello es lo ocurrido con Pedro Sánchez y los abogados del Estado.

Periódicamente surgen voces que ponen en duda el valor de las oposiciones. Lo consideran un mecanismo obsoleto y antiguo, y dirigen la mirada a aquellos métodos a través de los que el sector privado capta a su personal, que con frecuencia están condicionados por la recomendación y el tráfico de influencias. En uno de los gobiernos de Zapatero, Jordi Sevilla, que era el de las grandes ideas, el de enseñar la economía en dos días y el del tipo único en el impuesto sobre la renta, fue ministro de las administraciones públicas. Sus ocurrencias se centraron en convertir toda la Administración en agencias y en cambiar el sistema de acceso a la función pública, criticando el sistema de oposiciones y sustituyéndolo por la entrevista, y la valoración de méritos entre otros criterios; en definitiva, los procedimientos del sector privado, todos ellos de difícil cuantificación y valoración y que permiten la discrecionalidad cuando no la arbitrariedad. Menos mal que no supo, o no le dio tiempo, llevar a cabo sus propósitos.

El hecho de que el sistema de oposiciones sea el método mejor para garantizar la objetividad y la neutralidad en el ingreso de los empleados públicos no quiere decir que no haya que modificar el diseño de algunas de sus pruebas, eliminando todo elemento de irracionalidad que pueda dañar la eficacia en la selección y proporcionar flancos fáciles a la crítica. Me refiero, por ejemplo, a la costumbre seguida por algunos tribunales, especialmente en el ámbito del Derecho (abogados del Estado, registradores, jueces, fiscales, etc.) y copiada por algunos de otros cuerpos de exigir en los exámenes orales una exposición literal de los temas a modo de papagayo, hasta el extremo de que de forma coloquial se designa “cantar”. Quizás la mejor comparación que nos ilustra sobre esta exigencia, al menos a aquellos que estudiamos en el franquismo, es la obligación que en muchos casos se nos imponía de aprender de corrido los treinta y tres reyes godos.

Me viene a la memoria una escena de una película española “La casa de la Troya”. Comedia divertida de tema estudiantil, basada en una novela del mismo título. El episodio en cuestión narra el primer día de clase, en el que el catedrático (interpretado por José Isbert) presenta el manual de la signatura, al tiempo que alecciona a los alumnos: “Tengan en cuenta que entre quien se aprenda el libro de memoria y otro que no sepa nada, apruebo al segundo y suspendo al primero. El segundo algún día puede llegar a saber la asignatura, el primero está ya incapacitado para aprenderla”.

Si es importante defender el sistema de oposiciones en el acceso general a la función pública, se hace imprescindible cuando de lo que se trata es de la carrera judicial. Garantizar la objetividad y desechar toda posibilidad de discrecionalidad en la incorporación de jueces y fiscales constituye una condición para poder hablar de Estado de derecho. Pero precisamente por eso la tentación de intervenir por parte del poder político es más fuerte. Se trata de un control desde el origen, asegurándose la ideología y las preferencias políticas de los aspirantes. Para ese objetivo se precisa establecer sistemas de selección con un fuerte componente de discrecionalidad, cuando no de arbitrariedad, permitiendo mayores grados de libertad a los seleccionadores.

El PSOE en el pasado -año 1985- estableció un sistema de acceso a la judicatura paralelo al sistema de oposiciones, tercer turno (uno de cada tres), cuarto turno (uno de cada cuatro) y quinto turno (uno de cada cinco) en el que se reservaban las plazas para juristas de reconocido prestigio y una serie de años de antigüedad en la profesión. Requisitos todos ellos muy vagos y flexibles, susceptibles de ser juzgados de manera distinta y en los que las decisiones tomadas son difíciles de rebatir o impugnar. La medida se intentó justificar por la insuficiencia en aquel momento del número de jueces y la incapacidad de las oposiciones para solventar esta carencia. Es posible que detrás de esta pretensión se encontrase también, aun cuando no se confesase, la desconfianza que en aquel momento inspiraba al Gobierno la Administración de justicia, en buena medida proveniente del franquismo.

Hoy, desde luego, no se puede alegar ninguna de esas razones. El franquismo queda muy lejos, y ha pasado suficiente tiempo para que se haya podido cubrir por oposición el número necesario de jueces. En este momento no hay ninguna otra razón que una tendencia autocrática que pretende prescindir de la división de poderes y que considera a los tribunales obstáculo para sus fines. Es la concepción que se desprende de la estructura de Estado diseñada por las leyes anticonstitucionales aprobadas por los sediciosos en Cataluña, concepción que ha terminado por ser asumida por Podemos y por el PSOE de Pedro Sánchez.

Republica.com 14-2-2020



MERKEL SE CONFIESA EN DAVOS

EUROPA Posted on Mon, February 10, 2020 23:52:29

Ha sido Davos, donde se reúne anualmente lo más florido del capitalismo internacional, el lugar escogido por la canciller Merkel -seguramente a punto de abandonar el gobierno- para confesarse y lanzar un discurso de autodefensa: “Dicen que soy muy mala, porque establezco condiciones muy duras, pero Portugal, Irlanda, Grecia… están ahora en condiciones más competitivas” declaró.

Dijo bien la canciller, estos países, y también el nuestro, se han hecho más competitivos, que no más productivos. Estos países salieron de la crisis aumentando su competitividad, pero no su productividad, que incluso puede haberse reducido. La recuperación económica se consiguió no a través de agrandar la tarta global, sino robando un trozo de pastel al vecino, trozo de pastel que es posible que se les hubiera robado a ellos antes. Sin incrementar la productividad, la mayor competitividad solo se gana haciendo que los de al lado sean menos competitivos. El único camino es modificando la relación real de intercambio, bien cambiando la cotización de las divisas, bien los precios relativos entre los países.

Merkel, confesándose en Davos, me recuerda esa coplilla del siglo XVIII de Juan de Iriarte: “El señor Don Juan de Robres, con caridad sin igual, hizo este santo hospital y primero hizo los pobres”.

Alemania y el resto de países ricos del Norte son los Juan de Robres de Europa. Desde la creación del euro en el año 2000, gracias a la imposibilidad de que sus monedas se revaluasen, fueron ganando competitividad hasta que acumularon un superávit exterior desmedido. En 2007 la balanza por cuenta corriente de Alemania presentaba un saldo positivo del 6,8% de su PIB. La de Luxemburgo, el 10%; Holanda el 7,4% y Austria el 4,2%. Pero estos superávits tuvieron su reflejo inverso en la pérdida de competitividad y, por lo tanto, en las cuentas exteriores de los países del Sur, que no podían devaluar la moneda. En 2007 el déficit por cuenta corriente de Grecia fue del 15,6%, el de España, 9,65 y el de Portugal, 6,5%.

Tales desequilibrios solo fueron posibles, en primer lugar, porque todos los Estados miembros poseían la misma moneda. De lo contrario, la variación en las cotizaciones de las diversas divisas habría corregido la relación real de intercambio, y por lo tanto la desviación en la competitividad de los diferentes países. En segundo lugar, por el considerable montante de capital que de las naciones excedentarias se trasladó a las deficitarias para financiarlas. Las primeras se convirtieron en grandes acreedores y las segundas se vieron forzadas a adquirir ingentes deudas.

De estos polvos vinieron los lodos de la recesión, cuyo coste hicieron recaer los países del Norte, con la finalidad de salvar a sus bancos, exclusivamente sobre los deudores. Fueron Alemania y sus países satélites los que crearon a los pobres porque forzaron a los Estados del Sur a incrementar su competitividad y a cerrar la brecha del sector exterior, lo que era totalmente necesario, pero no l hacerlo mediante una devaluación interna que condenó a enormes sacrificios a sus poblaciones.

Ciertamente podría haber habido otras opciones. La primera y más evidente, la devaluación de las monedas. Bien es verdad que eso solo hubiese sido posible de no haberse creado la Unión Monetaria. Claro que, si el euro no se hubiera implantado tampoco hubieran sido necesarias las correcciones, porque los desequilibrios jamás se hubieran producido, al menos no con la misma intensidad. La segunda es que aun cuando se hubiese constituido la Eurozona, esta se hubiese asentado en una unión política con integración también en materia presupuestaria y fiscal, de manera que existiesen mecanismos redistributivos que corrigiesen automáticamente los desequilibrios. La tercera consistía en que los ajustes se hubiesen aplicado también -y quizás con mayor intensidad- en los países superavitarios, practicando en ellos una política fiscal expansiva que hubiese hecho mucho menos necesarios, al menos no con esa dureza, los ajustes aplicados a los deudores.

Habrá quien piense que las dos primeras opciones mencionadas son quiméricas porque la UM, nos guste o no, se había constituido y, además, de acuerdo con un determinado diseño y modelo por imperfecto que fuera, y resultaba ilusoria la vuelta atrás o la modificación del proyecto, al menos a corto plazo. Es cierto que de nada vale llorar ahora por la leche derramada. Es verdad que las dos primeras opciones eran ya imposibles de aplicar. Si las he citado es porque conviene tenerlas en cuenta de cara a conocer dónde se situaba y se sitúa el origen del problema y qué países son los beneficiarios. Las dos opciones primeras -que no se podían emplear-  conceden toda su fuerza a la tercera, porque con cumplida razón deberían haber sido sobre los países acreedores -que eran los verdaderamente favorecidos- sobre los que debería haber recaído en mayor medida el ajuste.

Nada de eso ocurrió. A los países del Sur se les obligó a corregir sus déficits exteriores. Los del Norte, sin embargo, lejos de aminorar sus superávits, los incrementaron. El de Alemania en los últimos años rondó el 8%, y el de Holanda el 10%. El coste recayó exclusivamente sobre los primeros, que aún continúan pagando las consecuencias. Han incrementado el endeudamiento público de forma considerable, mantienen altas tasas de desempleo y sus poblaciones han sufrido recortes sustanciales de sus derechos laborales y sociales. Alemania, por el contrario, ha visto descender el stock de deuda pública y sus tasas de paro se han situado en mínimos. Aun cuando todos los países miembros tienen la misma moneda, la prima de riesgo indica que a Alemania le resulta más barato financiarse que a los otros países.

El diseño sobre el que se ha construido la UM y consecuentemente la política seguida han beneficiado de forma considerable al país germánico y al resto de los países del Norte, a costa de los sacrificios que han tenido que sufrir los países del Sur. No tiene sentido que Merkel señale “a la disposición de ayudar de Alemania y de los países más ricos del euro” como causa de la recuperación de los países del Sur. Lo cierto es que a quienes se ha ayudado de verdad con los rescates ha sido a los bancos del Norte. Evitar la quiebra de estos era la finalidad última de los préstamos (que no subvenciones) concedidos por las instituciones europeas a los países deudores. Préstamos que, por otra parte, eran financiados por todos los países miembros (no solo los ricos) en la misma proporción a sus respectivos PIB.

Merkel se refirió a los conflictos comerciales como si estos no tuviesen nada que ver con ella, cuando es su superávit exterior la causa mayor de los desajustes del comercio internacional. La corrección del déficit de los países del Sur, sin que al mismo tiempo eliminasen los del Norte su superávit, ha conducido a que la Eurozona en su conjunto mantenga un saldo positivo en su balanza por cuenta corriente del 4%, cantidad suficientemente elevada para crear graves problemas en el orden internacional y provocar en buena medida las guerras comerciales de las que se queja Merkel.

La política proteccionista no se canaliza exclusivamente mediante los aranceles y los contingentes; el tipo de cambio tiene un papel protagonista. Alemania y Holanda, por ejemplo, gracias a la UM, mantienen una cotización de sus monedas muy alejada de lo que sería su relación real de intercambio fuera de la moneda única. De ahí sus enormes superávits, origen en una proporción importante de los enfrentamientos comerciales que difícilmente cesarán sin que aquellos se corrijan.

republica.com 7-2-2020



LOS IMPUESTOS, DOS Y DOS SON CUATRO

HACIENDA PUBLICA Posted on Sun, February 02, 2020 23:43:26

Es curiosa la relación que los partidos políticos mantienen con los impuestos. Todos, absolutamente todos, mienten. Los de derechas se esfuerzan por prometer reducciones fiscales al tiempo que nos aseguran que no van a verse perjudicados ni el Estado social ni las prestaciones y los servicios públicos. Los de izquierdas elaboran un programa de gastos que parece la carta a los reyes magos, mientras aseveran que no va a ser necesario elevar los impuestos; como mucho, plantean subidas tangenciales o proyectan crear nuevas figuras tributarias que no afectan al núcleo duro del sistema fiscal, cuya viabilidad resulta cuestionable y sus efectos, totalmente desconocidos.

Nadie se atreve a reconocer abiertamente que, dado el nivel  alcanzado por el endeudamiento público, no se pueden reducir los impuestos sin bajar al mismo tiempo el gasto público, y no se puede incrementar el gasto sin subir, como contrapartida, los tributos. Ningún partido se aventura a manifestar sin tapujos que los impuestos son imprescindibles para mantener el Estado social: pensiones, sanidad, educación, seguro de desempleo, dependencia, etc. Pero, es más, son necesarios también para hacer viable sin más el Estado a secas: justicia, orden público, infraestructuras, defensa, diplomacia, I+D, etc.

Como las mentiras hay que disfrazarlas, la izquierda, para hacer creíble la financiación de sus promesas, se saca de la manga ciertos gravámenes que en teoría no van dirigidos al grueso de la población -o al menos sus efectos no se conocen claramente-, con lo que pueden parecer inocuos para la mayoría de los votantes, pero que les va a resultar muy difícil implantar y, desde luego, en ningún caso se podrá obtener de ellos los recursos necesarios para sostener aquello que se proyecta. La derecha, a su vez, continúa agitando, aunque no lo designe con ese nombre, ese espantapájaros de la curva de Laffer, que asegura que se recauda más bajando los impuestos. Habrá que preguntarles por qué no conceden el mismo poder taumatúrgico al incremento del gasto social.

Ni la bajada de impuestos ni la subida del gasto incentivan sin más la actividad, si se hace manteniendo constante el déficit público. Los que opinan lo contrario olvidan el coste de oportunidad, es decir, que el efecto expansivo de la primera medida quedará compensado, más o menos, por el efecto contractivo de la medida alternativa que necesariamente se adopta como contrapartida para mantener la estabilidad presupuestaria.

Sin trucos y sin engaños, habría que preguntar a la sociedad qué nivel de gasto público desea, que es lo mismo que interrogarla acerca de qué carga fiscal está dispuesta a soportar. Los medios de comunicación y bastantes periodistas se entretienen en un juego bastante tonto, dividir el año en dos partes. En la primera, según dicen, se habría trabajado para el Estado; tan solo en la segunda lo habría hecho el contribuyente para su propio beneficio. Aparte de que suelen hacer bastante mal los cálculos, el simulacro al desnudo no tiene ningún significado, si no se le compara con la relación entre el número de bienes privados y la cantidad de bienes públicos que consumimos, e incluso con los bienes que, aun siendo privados, no existirían sin los bienes públicos.

La pregunta que se debería hacer es qué parte de la producción debe destinarse a bienes públicos y qué parte a bienes privados. Es verdad que la respuesta no es sencilla. En primer lugar, porque no será homogénea, ya que depende del puesto social que ocupe cada uno, y por lo tanto de la mayor o menor necesidad que tenga de de la acción del Estado y de en qué medida soporte la carga fiscal. En segundo lugar, porque existe una gran falsedad en los planteamientos, ya que nadie quiere reconocer que los impuestos son necesarios y ningún político se atreve a hablar claramente sobre ellos a los ciudadanos. Proclaman únicamente aquellas cosas que la mayoría de la población quiere escuchar.

En cierto modo la presión fiscal de un país mide la parte de la producción (PIB) que es absorbida por el Estado o, lo que es lo mismo, la parte que se traduce en bienes públicos. Existe, sin embargo, una cierta inexactitud en lo que acabamos de afirmar porque muchos de estos recursos retornan a la sociedad en forma de transferencias, prestaciones, subvenciones, etc. (Ahora bien, en un sentido forzado podríamos decir que también son bienes públicos). La presión fiscal de un país es un indicador bastante representativo del grado de estatificación de una economía. Y ahí tenemos que reconocer que España está a la cola de todas las naciones con las que podemos compararnos.

En el 2018, según Eurostat, la presión fiscal española fue del 35,4%, mientras que la media de la Eurozona se situó en el 41,7%, y la de la Unión Europea en el 40,3%. España es el octavo país con menor presión fiscal de la Eurozona. Pero, además, es significativo considerar las características de los países que tienen valores inferiores al nuestro: Eslovaquia (34,3%), Chipre (33,8%), Estonia (33%), Malta (32,7%), Letonia (31,4%), Lituania (31,5%), Irlanda (23%) Este último país, convertido claramente con permiso de la UE en un paraíso fiscal. Por el contrario, estamos tremendamente alejados de los otros tres grandes Estados de la Eurozona. Francia nos aventaja en 13 puntos, Italia y Alemania en siete. Pero es que países como Polonia, Portugal, Grecia, Hungría o Eslovenia tienen una presión fiscal mayor a la nuestra.

Se mire como se mire, ostentamos una presión fiscal exigua, incapaz de sustentar un Estado social mínimamente aceptable y causa de que estemos también a la cabeza en los índices de desigualdad en la Unión Europea. Desde el mundo empresarial y desde los bastiones de las fuerzas conservadoras, con el fin de ocultar la situación raquítica de nuestro sistema impositivo, descalifican el concepto de presión fiscal y pretenden sustituirlo por otros más acordes con sus intereses, pero de casi nula significación económica. Quieren ignorar que todos los organismos internacionales a la hora de hacer comparaciones entre países emplean la presión fiscal.

Con la finalidad de argumentar que en nuestro país se pagan muchos impuestos, el concepto más usado por ciertos sectores para sustituir el de presión fiscal es lo que denominan “esfuerzo fiscal”. Si la presión fiscal se define por el cociente entre recaudación tributaria y renta nacional, el esfuerzo fiscal se establece como la razón entre la presión fiscal y la renta per cápita. Detrás de este concepto se encuentra el supuesto gratuito de que las sociedades, cuanto más pobres son, menor debe ser su proporción de bienes públicos. La realidad es diferente porque, en todo caso, si debe haber alguna inferencia es justamente la contraria. Cuanto más pobre sea una sociedad más necesita de instrumentos que reduzcan la desigualdad. En realidad, lo que mide el esfuerzo fiscal es el grado de pobreza de las naciones. Al tener el índice, la variable renta nacional al cuadrado en el denominador, cuanto más pequeña sea esta, mayor será el esfuerzo fiscal.

Hace algunos meses el Instituto de Estudios Económicos (IEE), apéndice de la CEOE, presentó un informe en el que creaba un concepto nuevo al que denominaba “presión fiscal normativa”, y en el que se sostenía que en España este índice era superior en ocho puntos a la media de la UE, titular que se trasladó a todos los medios y a la opinión pública mediante rueda de prensa. Se pretendía con ello introducir la confusión necesaria para ocultar o invalidar el hecho de que la presión fiscal española está muy alejada de las que mantienen los países de nuestro entorno. Se construyó una nueva variable que en realidad ni el mismo IEE conoce en qué consiste, pero que introduce la duda acerca del nivel del gravamen en España.

El informe presentado por el IEE comienza descalificando el concepto de presión fiscal y para ello sus autores manejan todos los tópicos clásicos. En primer lugar, se recurre, aunque sin nombrarlo, al esfuerzo fiscal, al considerar que los países con menor renta  per cápita deben tener también una presión más baja, falacia comentada más arriba. En segundo lugar, acuden a la economía sumergida. Mantienen que en nuestro país es muy elevada, lo que origina que la presión sea mayor sobre los que pagan impuestos. Está por ver que el fraude sea mayor en España que en otros Estados. Pero, en cualquier caso, la presión fiscal hace referencia a todo un país y no a unos contribuyentes en particular. Es una media. No mide la equidad del sistema fiscal ni su progresividad ni el reparto de la carga. Mide tan solo la suficiencia, es decir, la capacidad del sistema para hacer frente al suministro de bienes y servicios públicos. En tercer lugar, el informe cae en el tópico, también ya señalado, de creer que una bajada de impuestos ahora incrementará la recaudación a medio plazo.

El informe no deja nada claro a qué llama presión fiscal normativa. Tan solo remite al índice de competitividad fiscal, elaborado por la Tax Foundation de EE.UU. Tal índice, al margen de que se pueda pensar que las cuarenta variables elegidas para conformarlo sean más o menos acertadas, que el método es o no es adecuado, que incluso es posible que toda su elaboración contenga un sesgo ideológico; puede tener un sentido. Nada que ver, no obstante, con la presión fiscal, ya sea normativa o sin normativa. Lo que pretende medir es cómo un sistema fiscal concreto influye en la competitividad y distorsiona o no la neutralidad del mercado.

Un sistema fiscal antes que competitivo y neutral debe cumplir dos finalidades que son prioritarias: la suficiencia y la equidad (progresividad). La presión fiscal mide la primera de ellas. Para dar un juicio sobre la equidad y sobre la progresividad se precisa examinar la configuración de las distintas figuras tributarias y la relación y proporción entre ellas. La competitividad viene a ser una propiedad secundaria y subordinada a las dos anteriores, que solo adquiere un cierto significado con la globalización o en integraciones como la UE, en la que se acepta la libre circulación de capitales sin ninguna armonización fiscal.

Es cierto que en las circunstancias actuales los impuestos pueden utilizarse al igual que la legislación laboral o social, para ganar competitividad en los mercados internacionales, competitividad no basada en el incremento de la productividad, sino en empobrecer al vecino robándole un trozo de tarta. Es previsible que el vecino reaccione con idénticas medidas, de modo que se establezca una carrera competitiva en la que nadie terminará ganando y cuyo resultado generará sistemas fiscales raquíticos y regresivos, y la desaparición del Estado social tal como ahora lo conocemos. Es curiosa la manera en que todo el mundo condena la guerra comercial basada en aranceles y, sin embargo, se acepta con normalidad el dumping social y fiscal. En todo caso la reducida presión fiscal española está indicando que tal vez seamos nosotros los que estamos incurriendo en una competencia desleal hacia los otros países europeos.

Republica.com 31-1-2020



LOS IMPUESTOS, DOS Y DOS SON CUATRO

HACIENDA PUBLICA Posted on Mon, January 27, 2020 23:56:30

Es curiosa la relación que los partidos políticos mantienen con los impuestos. Todos, absolutamente todos, mienten. Los de derechas se esfuerzan por prometer reducciones fiscales al tiempo que nos aseguran que no van a verse perjudicados ni el Estado social ni las prestaciones y los servicios públicos. Los de izquierdas elaboran un programa de gastos que parece la carta a los reyes magos, mientras aseveran que no va a ser necesario elevar los impuestos; como mucho, plantean subidas tangenciales o proyectan crear nuevas figuras tributarias que no afectan al núcleo duro del sistema fiscal, cuya viabilidad resulta cuestionable y sus efectos, totalmente desconocidos.

Nadie se atreve a reconocer abiertamente que, dado el nivel  alcanzado por el endeudamiento público, no se pueden reducir los impuestos sin bajar al mismo tiempo el gasto público, y no se puede incrementar el gasto sin subir, como contrapartida, los tributos. Ningún partido se aventura a manifestar sin tapujos que los impuestos son imprescindibles para mantener el Estado social: pensiones, sanidad, educación, seguro de desempleo, dependencia, etc. Pero, es más, son necesarios también para hacer viable sin más el Estado a secas: justicia, orden público, infraestructuras, defensa, diplomacia, I+D, etc.

Como las mentiras hay que disfrazarlas, la izquierda, para hacer creíble la financiación de sus promesas, se saca de la manga ciertos gravámenes que en teoría no van dirigidos al grueso de la población -o al menos sus efectos no se conocen claramente-, con lo que pueden parecer inocuos para la mayoría de los votantes, pero que les va a resultar muy difícil implantar y, desde luego, en ningún caso se podrá obtener de ellos los recursos necesarios para sostener aquello que se proyecta. La derecha, a su vez, continúa agitando, aunque no lo designe con ese nombre, ese espantapájaros de la curva de Laffer, que asegura que se recauda más bajando los impuestos. Habrá que preguntarles por qué no conceden el mismo poder taumatúrgico al incremento del gasto social.

Ni la bajada de impuestos ni la subida del gasto incentivan sin más la actividad, si se hace manteniendo constante el déficit público. Los que opinan lo contrario olvidan el coste de oportunidad, es decir, que el efecto expansivo de la primera medida quedará compensado, más o menos, por el efecto contractivo de la medida alternativa que necesariamente se adopta como contrapartida para mantener la estabilidad presupuestaria.

Sin trucos y sin engaños, habría que preguntar a la sociedad qué nivel de gasto público desea, que es lo mismo que interrogarla acerca de qué carga fiscal está dispuesta a soportar. Los medios de comunicación y bastantes periodistas se entretienen en un juego bastante tonto, dividir el año en dos partes. En la primera, según dicen, se habría trabajado para el Estado; tan solo en la segunda lo habría hecho el contribuyente para su propio beneficio. Aparte de que suelen hacer bastante mal los cálculos, el simulacro al desnudo no tiene ningún significado, si no se le compara con la relación entre el número de bienes privados y la cantidad de bienes públicos que consumimos, e incluso con los bienes que, aun siendo privados, no existirían sin los bienes públicos.

La pregunta que se debería hacer es qué parte de la producción debe destinarse a bienes públicos y qué parte a bienes privados. Es verdad que la respuesta no es sencilla. En primer lugar, porque no será homogénea, ya que depende del puesto social que ocupe cada uno, y por lo tanto de la mayor o menor necesidad que tenga de de la acción del Estado y de en qué medida soporte la carga fiscal. En segundo lugar, porque existe una gran falsedad en los planteamientos, ya que nadie quiere reconocer que los impuestos son necesarios y ningún político se atreve a hablar claramente sobre ellos a los ciudadanos. Proclaman únicamente aquellas cosas que la mayoría de la población quiere escuchar.

En cierto modo la presión fiscal de un país mide la parte de la producción (PIB) que es absorbida por el Estado o, lo que es lo mismo, la parte que se traduce en bienes públicos. Existe, sin embargo, una cierta inexactitud en lo que acabamos de afirmar porque muchos de estos recursos retornan a la sociedad en forma de transferencias, prestaciones, subvenciones, etc. (Ahora bien, en un sentido forzado podríamos decir que también son bienes públicos). La presión fiscal de un país es un indicador bastante representativo del grado de estatificación de una economía. Y ahí tenemos que reconocer que España está a la cola de todas las naciones con las que podemos compararnos.

En el 2018, según Eurostat, la presión fiscal española fue del 35,4%, mientras que la media de la Eurozona se situó en el 41,7%, y la de la Unión Europea en el 40,3%. España es el octavo país con menor presión fiscal de la Eurozona. Pero, además, es significativo considerar las características de los países que tienen valores inferiores al nuestro: Eslovaquia (34,3%), Chipre (33,8%), Estonia (33%), Malta (32,7%), Letonia (31,4%), Lituania (31,5%), Irlanda (23%) Este último país, convertido claramente con permiso de la UE en un paraíso fiscal. Por el contrario, estamos tremendamente alejados de los otros tres grandes Estados de la Eurozona. Francia nos aventaja en 13 puntos, Italia y Alemania en siete. Pero es que países como Polonia, Portugal, Grecia, Hungría o Eslovenia tienen una presión fiscal mayor a la nuestra.

Se mire como se mire, ostentamos una presión fiscal exigua, incapaz de sustentar un Estado social mínimamente aceptable y causa de que estemos también a la cabeza en los índices de desigualdad en la Unión Europea. Desde el mundo empresarial y desde los bastiones de las fuerzas conservadoras, con el fin de ocultar la situación raquítica de nuestro sistema impositivo, descalifican el concepto de presión fiscal y pretenden sustituirlo por otros más acordes con sus intereses, pero de casi nula significación económica. Quieren ignorar que todos los organismos internacionales a la hora de hacer comparaciones entre países emplean la presión fiscal.

Con la finalidad de argumentar que en nuestro país se pagan muchos impuestos, el concepto más usado por ciertos sectores para sustituir el de presión fiscal es lo que denominan “esfuerzo fiscal”. Si la presión fiscal se define por el cociente entre recaudación tributaria y renta nacional, el esfuerzo fiscal se establece como la razón entre la presión fiscal y la renta per cápita. Detrás de este concepto se encuentra el supuesto gratuito de que las sociedades, cuanto más pobres son, menor debe ser su proporción de bienes públicos. La realidad es diferente porque, en todo caso, si debe haber alguna inferencia es justamente la contraria. Cuanto más pobre sea una sociedad más necesita de instrumentos que reduzcan la desigualdad. En realidad, lo que mide el esfuerzo fiscal es el grado de pobreza de las naciones. Al tener el índice, la variable renta nacional al cuadrado en el denominador, cuanto más pequeña sea esta, mayor será el esfuerzo fiscal.

Hace algunos meses el Instituto de Estudios Económicos (IEE), apéndice de la CEOE, presentó un informe en el que creaba un concepto nuevo al que denominaba “presión fiscal normativa”, y en el que se sostenía que en España este índice era superior en ocho puntos a la media de la UE, titular que se trasladó a todos los medios y a la opinión pública mediante rueda de prensa. Se pretendía con ello introducir la confusión necesaria para ocultar o invalidar el hecho de que la presión fiscal española está muy alejada de las que mantienen los países de nuestro entorno. Se construyó una nueva variable que en realidad ni el mismo IEE conoce en qué consiste, pero que introduce la duda acerca del nivel del gravamen en España.

El informe presentado por el IEE comienza descalificando el concepto de presión fiscal y para ello sus autores manejan todos los tópicos clásicos. En primer lugar, se recurre, aunque sin nombrarlo, al esfuerzo fiscal, al considerar que los países con menor renta  per cápita deben tener también una presión más baja, falacia comentada más arriba. En segundo lugar, acuden a la economía sumergida. Mantienen que en nuestro país es muy elevada, lo que origina que la presión sea mayor sobre los que pagan impuestos. Está por ver que el fraude sea mayor en España que en otros Estados. Pero, en cualquier caso, la presión fiscal hace referencia a todo un país y no a unos contribuyentes en particular. Es una media. No mide la equidad del sistema fiscal ni su progresividad ni el reparto de la carga. Mide tan solo la suficiencia, es decir, la capacidad del sistema para hacer frente al suministro de bienes y servicios públicos. En tercer lugar, el informe cae en el tópico, también ya señalado, de creer que una bajada de impuestos ahora incrementará la recaudación a medio plazo.

El informe no deja nada claro a qué llama presión fiscal normativa. Tan solo remite al índice de competitividad fiscal, elaborado por la Tax Foundation de EE.UU. Tal índice, al margen de que se pueda pensar que las cuarenta variables elegidas para conformarlo sean más o menos acertadas, que el método es o no es adecuado, que incluso es posible que toda su elaboración contenga un sesgo ideológico; puede tener un sentido. Nada que ver, no obstante, con la presión fiscal, ya sea normativa o sin normativa. Lo que pretende medir es cómo un sistema fiscal concreto influye en la competitividad y distorsiona o no la neutralidad del mercado.

Un sistema fiscal antes que competitivo y neutral debe cumplir dos finalidades que son prioritarias: la suficiencia y la equidad (progresividad). La presión fiscal mide la primera de ellas. Para dar un juicio sobre la equidad y sobre la progresividad se precisa examinar la configuración de las distintas figuras tributarias y la relación y proporción entre ellas. La competitividad viene a ser una propiedad secundaria y subordinada a las dos anteriores, que solo adquiere un cierto significado con la globalización o en integraciones como la UE, en la que se acepta la libre circulación de capitales sin ninguna armonización fiscal.

Es cierto que en las circunstancias actuales los impuestos pueden utilizarse al igual que la legislación laboral o social, para ganar competitividad en los mercados internacionales, competitividad no basada en el incremento de la productividad, sino en empobrecer al vecino robándole un trozo de tarta. Es previsible que el vecino reaccione con idénticas medidas, de modo que se establezca una carrera competitiva en la que nadie terminará ganando y cuyo resultado generará sistemas fiscales raquíticos y regresivos, y la desaparición del Estado social tal como ahora lo conocemos. Es curiosa la manera en que todo el mundo condena la guerra comercial basada en aranceles y, sin embargo, se acepta con normalidad el dumping social y fiscal. En todo caso la reducida presión fiscal española está indicando que tal vez seamos nosotros los que estamos incurriendo en una competencia desleal hacia los otros países europeos.

Republica.com 24-1-2020



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