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ARTÍCULOS RECIENTES CONTRAPUNTO

LOS EMPRESARIOS NOS HABLAN DE SU LIBRO

HACIENDA PUBLICA Posted on Wed, July 01, 2020 19:20:05

Convocados por la CEOE, se han reunido los líderes de las grandes empresas del país. El Covid-19 ha cambiado muchos de nuestros conceptos. Por ejemplo, el de reunión. Las cumbres ahora son telemáticas, y telemática ha sido la del IBEX 35. Ello no ha impedido que cada uno haya ido, como Umbral, a hablar de su libro, es decir, a trasladar su rogativa particular a papá Estado. Resulta curiosa la contradicción del discurso. Por una parte, alardean de autosuficiencia, y piden al Gobierno que les deje actuar, que ellos son los que saben, en una palabra, que el Estado no intervenga; pero inmediatamente a continuación reclaman todo tipo de ayudas públicas. Todos, de repente, se vuelven keynesianos.

Hay un tópico mantenido por el mundo empresarial y difundido ampliamente por los voceros de la derecha. Repiten de forma machacona que los empresarios son los que crean empleo y riqueza. El relato, ciertamente, se podría hacer al revés. Son los consumidores y los trabajadores los que hacen posible la existencia de las empresas. El tópico anterior encierra, además, una segunda intención, la de contraponer sector público a sector privado. El segundo es el que hace que la economía crezca; el primero, no. Desde esta perspectiva se da por sentado que todo el empleo público es improductivo y que cuanto más reducido sea, mejor.

A menudo, se tiene la impresión, de que los gobiernos participan de esta creencia, al no dimensionar adecuadamente las plantillas de los empleados públicos o, al concederles, con la finalidad de obtener rentabilidad política y electoral, beneficios en los horarios o en los días festivos, sin la compensación correspondiente en el número de efectivos, como si el trabajo pudiera ser de chicle y adaptarse a todas las circunstancias. Buen ejemplo de esto es el acuerdo adoptado la semana pasada entre la ministra de la Función Pública y los sindicatos sobre el teletrabajo en la Administración central. Todo lo referente al Plan Concilia está muy bien, pero sin incremento de las plantillas termina influyendo negativamente en los otros trabajadores o en la eficacia de los servicios públicos.

Después de la pandemia, la tesis acerca de la inutilidad de los empleados públicos resulta difícil de mantener. ¿Cómo defender que el personal sanitario es improductivo cuando toda la riqueza del país, pública o privada, ha estado dependiendo de ellos? Digamos la verdad, lo que subyace detrás de esta postura no es la diferente valoración de los servicios o de los bienes que se producen, sino de la forma de financiarlos. Se prefiere el precio a los impuestos. Se tienen como productivos aquellos outputs que presta el mercado por una contraprestación económica y personal, e improductivos los que suministra el sector público, financiados de forma colectiva mediante tributos. En realidad, lo que se repudia es la función redistributiva del Estado.

Las crisis -y esta no es una excepción- demuestran, guste o no, el papel imprescindible del sector público. En estos meses ha sido el Estado el que ha mantenido el empleo, no solo público sino, también privado, a través de los ERTE y de los avales ICO. Es por eso por lo que los líderes de las grandes sociedades del país se han reunido y, según Garamendi, presidente de la patronal, para mostrar su compromiso con España y porque querían sumar en el proceso de reconstrucción. En realidad, lo que más bien parecen querer es que el Estado sume. Así que cada uno, como Umbral, ha venido a hablar de su libro.

La señora Botín ha reclamado protección para el sector turístico, pero sobre todo está interesada en un plan de ayuda para la compra de la vivienda para jóvenes menores de 35 años, muchos de ellos desempleados y con trabajos precarios, a los que se les facilitaría la adquisición de la primera vivienda mediante el aval del Estado. Según la presidenta del Banco Santander, se crearían 1.700.000 empleos. No dudo de que el plan sería muy beneficioso para la banca, al igual que lo están siendo los créditos del ICO al trasladar el riesgo al sector público. Pero no parece que lo más conveniente para la economía española, ni ahora ni nunca, sea acentuar esa tendencia de convertir a todos los ciudadanos, aun cuando no tengan medios económicos, en propietarios de un piso.

Cabría pensar que las entidades financieras no han aprendido nada de la crisis pasada, cuyo origen se encuentra en los años en los que la banca concedía préstamos hipotecarios a gogó; incluso en muchas ocasiones a quienes no iban a poder hacer frente a la deuda, en cuanto se presentase el menor problema económico. Aunque pensándolo bien, quizá sí tengan presente aquella crisis y por eso ahora piden que el riesgo de los insolventes lo asuma el Estado. Hay que esperar que por una vez el Gobierno tenga mejor criterio y los recursos destinados a este sector los destine a la rehabilitación y a la vivienda pública de alquiler.

Sin duda, ese es el camino para dar cumplimiento al mandato constitucional. Hay que incentivar el alquiler y no la compra, aunque las entidades financieras prefieran lo contrario. Y dentro del alquiler, para hacerlo asequible y moderar el precio, es preciso incrementar la oferta pública y desechar todas aquellas medidas como la de anatematizar los desahucios que pueden expulsar a los arrendatarios del mercado, con lo que se producirá el efecto contrario al deseado. Puestos a que el Estado avale no sería mala idea que lo hiciese, no a los que van a adquirir un piso, sino a aquellos que por estar en situación laboral precaria y no ofrecer garantías de solvencia no encuentran a nadie que esté dispuesto a alquilarles una vivienda. Esta medida tendría además el efecto positivo de incrementar la oferta al movilizar a muchos propietarios que hoy prefieren tener los pisos vacíos por miedo a los impagados.

A veces, los libros de los que han venido a hablar los líderes empresariales también son contradictorios entre sí, y es que los intereses de sus empresas son a menudo opuestos. La postura de Galán (Iberdrola) ha chocado con la de Brufau (Repsol). Galán, arrimando el ascua a su sardina, pide que se adelante a 2025 el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima previsto para el 2030, y que se establezcan impuestos para aquellos sectores que emiten CO2: transporte, calefacciones, etc. Los recursos obtenidos deberían servir para reducir la factura de la luz. A Brufau no le gusta la idea y defiende que se atienda a la neutralidad tecnológica, evitando medidas que alejen a la inversión. Para el presidente de Repsol hay que proteger a la industria, que ha demostrado durante la pandemia ser menos vulnerable que los servicios. En concreto, ha defendido al sector del automóvil, que en la actualidad genera el 10% del PIB.

El Gobierno ya ha anunciado un plan de ayuda al automóvil, pero como siempre epatando con cantidades ingentes, pero sin que esté claro el destino ni el modo en el que se van aplicar los recursos; en esto se parece a la Unión Europea. En todo caso, habría que tener en cuenta dos aspectos. El primero es que estamos en una economía abierta y que solo una parte limitada de la producción del sector se orienta al consumo interior, el resto va a la exportación, por lo que los incentivos a la demanda tienen un efecto muy reducido, tanto más cuanto que también se pueden diluir vía importaciones. El segundo es que creer que la salvación del planeta depende de nosotros puede tener consecuencias negativas para nuestra industria y para nuestra economía, cuando las grandes potencias se toman los problemas ecológicos con más parsimonia.

Tal vez el libro más interesante sea el de Jordi Gual, presidente de Caixabank, que echa en falta que la Unión Europea no sea como Estados Unidos y que no disponga de un Tesoro único. El problema es que la idea llega con treinta años de retraso. Algunos, desde el Tratado de Maastricht (1990), venimos señalando una y otra vez esta carencia, que creemos que es la que hace inviable el funcionamiento correcto de la Unión Monetaria, o al menos imposibilita que los gobiernos puedan instrumentar una política económica seria. En buena medida, el libro de Gual cuestiona y pone en cuarentena todos los otros libros que han venido a plantearse en la cumbre de empresarios. El presidente de Caixabank ha calificado de pequeño embrión de unión fiscal el plan de recuperación puesto sobre la mesa por la Comisión. Desde luego, embrión y muy embrión, pero es que además está en el aire y precisa de todo tipo de concreciones. Se cuenta con él de forma generalizada, se reparte la pieza antes de cazarla. Puede ocurrir como en la película “Bienvenido Mister Marshall”, que después quedemos sumidos en el mayor de los chascos.

En los momentos actuales, todo el mundo incita al gasto, o a la reducción de impuestos que para el caso es lo mismo. Hasta Kristalina Georgieva, gerente del Fondo Monetario Internacional, invita a los gobiernos a gastar todo lo que puedan. Desde el Ejecutivo español se señala con cierto triunfalismo y jactancia la diferencia con la crisis pasada, y ciertamente la hay, pero conviene no olvidar que en los primeros años de aquella la propensión a incrementar el gasto público también estuvo muy presente y de forma generalizada en todos los países. En distintos artículos saludé con alborozo el hecho de que todos los organismos internacionales, hasta el mismo G20, se hubiesen vuelto keynesianos. Pero más tarde vinieron los ajustes, el llanto y el crujir de dientes. Entre las múltiples estupideces que dijo Zapatero el otro día en la COPE, manifestó una verdad irrebatible, que ni en 2008 ni en 2009 hubo recortes. Más bien lo que se aplicó en casi toda Europa fue una política expansiva. Los ajustes aparecieron más tarde, en 2010, cuando los mercados comenzaron a bramar y los políticos se asustaron.

Las diferencias entre ambas crisis son evidentes. No obstante, existen parecidos esenciales. El primero y más importante, y que distingue estas dos crisis de todas las anteriores, es la carencia de moneda propia en países como España, que quedan a merced de los mercados y del BCE. El segundo, y que acentúa y empeora esta debilidad y dependencia, es el fuerte endeudamiento exterior que estuvo en el origen de la crisis de 2008, y que, aunque en la crisis actual la causa sea diferente, puede crear múltiples problemas en los próximos años.

En bastantes ocasiones he defendido las políticas económicas expansivas y he censurado esa obsesión injustificada por el déficit público que a menudo tenían las autoridades fiscales y económicas en los años ochenta y noventa. Pero las circunstancias han cambiado sustancialmente con la entrada en la Unión Monetaria. Los gobiernos nacionales tienen atadas las manos, y poco se puede esperar de las instituciones europeas, al no existir, como afirma Gual, un Tesoro comunitario. El embrión será eso, como mucho embrión.  Sea cual sea la cantidad del fondo de recuperación y se instrumente como se instrumente, el endeudamiento público español va a crecer considerablemente y a partir de ahora, con más motivo que en 2008, estaremos a expensas del BCE.

Es cierto que el comportamiento actual del BCE es muy distinto al de entonces. De momento, parece comprometido con la finalidad de que no se disparen las primas de riesgo. Pero quién nos asegura que va a actuar de la misma manera en el futuro. La última sentencia del Tribunal Constitucional alemán revolotea como pájaro de mal agüero, y constituye un pésimo presagio de cara al futuro. Cuidado con los libros.

republica.com 26-6-2020



¿QUO VADIS, CIUDADANOS?

PARTIDOS POLITICOS Posted on Thu, June 25, 2020 11:12:12

“Cuando un mortal se entrega a labrar su propia perdición, los dioses acuden a colaborar para que consiga su cometido”. No estaría mal que esta frase de Esquilo resonase en los oídos de la nueva dirección de Ciudadanos, porque parece que esta formación política está empeñada en caminar hacia su desaparición. Es cierto que la situación heredada por Arrimadas ha sido francamente mala, pero, siguiendo la ley de Murphy, si algo puede empeorar, empeorará. Pretender situarse en el centro no es garantía de supervivencia, en especial cuando el río baja revuelto. Que se lo digan si no al CDS.

La trayectoria de Ciudadanos ha sido un tanto ambigua. Fue meritorio su comportamiento casi en solitario en contra del nacionalismo, cuando su acción se reducía exclusivamente a Cataluña. Sin embargo, tras su salto al ámbito nacional, no ha sabido encontrar ni su sitio ni su papel. Hasta ahora sus planteamientos han sido impecables en lo referente a la política territorial, pero en el resto de los asuntos ha dado tumbos sin mostrar un perfil coherente. Comenzaron reduciendo su discurso a una especie de rigorismo, según el cual solo ellos eran los cátaros, los puros. Pretendieron instaurar un cierto código ético, un catecismo de la democracia, pero reducido a meros aspectos formales, muchos de ellos discutibles e incluso algunos contraproducentes como el de las primarias.

Más tarde, entraron en una carrera desenfrenada por arrebatar al PP el liderazgo de la derecha, presentando en el ámbito económico un programa muy similar al de esta formación política, incluso más reaccionario. Fue elaborado por un grupo de profesores que, en su momento y para medrar, habían rondando sin demasiado éxito al Gobierno de Rajoy, y que también se acercaron, con mejor resultado en esta ocasión, a las proximidades del Ibex 35. De ahí la simpatía que los dirigentes de las grandes sociedades mostraron en un principio por la formación naranja, en detrimento incluso de los populares.

En su andadura por la política nacional, Ciudadanos ha cometido una serie de equivocaciones que los condujeron muchas veces a obtener todo lo contrario de lo que, al menos en teoría, era su objetivo y que constituía su mayor activo, la firmeza frente al nacionalismo. La primera fue ya en 2015 cuando, basándose en una supuesta corrupción generalizada del PP y personalizándola en Rajoy, Rivera aseguró que bajo ningún pretexto estaba dispuesto a pactar o a votar al entonces líder del PP, insinuando que la postura sería distinta si los populares presentaban otro candidato. Esa pretensión sin duda era un brindis al sol, y se fundamentaba en el desconocimiento de cómo funciona un partido ya consolidado como el PP. Era impensable que después de haber ganado las elecciones, aunque fuese por un escaso margen, los populares iban a descabalgar a su candidato.

El error de Rivera fue aún mayor cuando, tras los comicios de diciembre de 2015, se dejó arrastrar por Sánchez a ese vodevil del pacto, puro teatro, que realizaron en el Congreso y con gran dosis de parafernalia y de boato, bajo el cuadro de Genovés. Era evidente que no conducía a nada que Ciudadanos pudiera aceptar y que para lo único que servía era para que el líder del partido socialista ganase tiempo de cara a torear al Comité Federal, en ese objetivo ya acariciado de pactar con los independentistas.

Ciudadanos erró también cuando se mostraron contrarios y se opusieron durante largo tiempo a la aplicación en Cataluña del artículo 155 de la Constitución, y aún más cuando, al ser ya la medida ineludible, la terminaron aceptando, pero condicionándola a la celebración inmediata de elecciones. El motivo, la creencia de que los comicios les iban a ser propicios, como así ocurrió en realidad, pero sin obtener de ello demasiados frutos políticos. Más bien al contrario, consiguieron que el independentismo volviese a gobernar, sin que hubiese habido tiempo para desarticular la estructura que había posibilitado el golpe de Estado.

Es muy posible, sin embargo, que la equivocación mayor la cometiese Ciudadanos en 2018 con su reacción desproporcionada y desmedida ante la sentencia sobre la Gürtel, pensando que así provocaban unas elecciones generales. Creían que iban a obtener mejores resultados de los que entonces tenían, e incluso que podían dar el sorpasso al PP. De nuevo, el efecto conseguido fue el contrario del que buscaban. Sánchez utilizó la sentencia y la reacción de Ciudadanos como coartada para la moción de censura, que le posibilitó hacerse con el gobierno con 85 diputados y conseguir lo que parecía imposible, ese proyecto ansiado desde tiempo atrás.

Ciudadanos, y en particular Rivera, se sintieron burlados por Sánchez, quien en ningún caso tras la moción de censura quiso convocar elecciones generales. No era para menos. Fueron conscientes de que su aireada y teatralizada ruptura con el PP, lejos de acercarles a su objetivo, les dejaba en mucha peor situación que antes. Perdían la capacidad de presión que hasta el momento habían mantenido frente al Ejecutivo, y se constituía un gobierno Frankenstein, que era todo lo contrario de lo que defendían. Se concedía así una buena dosis de poder a los golpistas. Eso explica, quizás, la tajante negativa que Rivera mantuvo a lo largo de toda la campaña electoral de abril de 2019 a pactar con Pedro Sánchez.

Se ha generalizado una especie de mantra que da por cierto que la mayor equivocación de Rivera se produjo cuando, tras las primeras elecciones de 2019 y teniendo 57 diputados, no quiso negociar con el PSOE y que esa fue la causa de la debacle que experimentó en noviembre de ese mismo año. Discrepo de tal aseveración. Si hubo error, sería tal vez en la campaña de abril momento en el que, de forma gratuita y sin que nadie se lo exigiese, reiteró con frecuencia la negativa a prestar su apoyo a Sánchez. Esa postura le proporcionaría votos provenientes de la derecha, pero le alejó del centro.

Es razonable pensar, sin embargo, que, tras las elecciones, pocos serían los electores que, habiendo apoyado a Ciudadanos bajo ese supuesto, querrían el pacto, que representaba en realidad un incumplimiento de la promesa electoral. La prueba es que los votos perdidos por la formación naranja no se orientaron (como hubiera sido lo lógico, si este hubiera sido el motivo del abandono) hacia la izquierda, ya que el bloque PSOE-Podemos obtuvo cerca de un millón de votos menos (diez diputados). Por el contrario, parece que se dirigieron hacia el PP motivados por el llamado voto útil, y en el intento de desalojar a Sánchez de la Moncloa. Por otra parte, no conviene engañarse, el líder del partido socialista en ningún caso pensó seriamente pactar con Ciudadanos. Lo único que pretendía era su apoyo incondicional. De lo contrario, hubiese aceptado la oferta que Rivera le hizo en el último momento.

Los únicos que estaban totalmente a favor del pacto se encontraban dentro de la propia formación. Era el grupo que después se denominarían “críticos” y que curiosamente en buena medida coincidían con los que habían elaborado el programa económico, profundamente neoliberal, pero tal vez también los que tenían prisa por ocupar puestos de responsabilidad y de poder en la Administración. Serían también los que de forma más o menos velada se enfrentaron con Arrimadas tras la dimisión de Rivera. Ha sido este grupo, junto con los cañones mediáticos del sanchismo, los que crearon el mantra de que el desastre electoral de Ciudadanos en noviembre de 2019 se debió a no pactar con el PSOE. En buena medida son las mismas voces que mantienen ahora la conveniencia para Ciudadanos de ayudar a Sánchez. Da la impresión de que Arrimadas, que tan firme se mostró en Cataluña frente al golpismo, se ha dejado arrastrar por los vientos que vienen del grupo parlamentario europeo y que están conduciendo a Ciudadanos a representar un triste papel, el de comparsa del Gobierno Frankenstein.

El sanchismo ha sabido poner en circulación un discurso un tanto artero, el de la crispación, que afirma que en la situación difícil por la que atraviesa España, tanto desde el punto de vista sanitario como económico, toda crítica al Gobierno es dañina, puesto que convulsiona la vida política. Los partidos lo único que deben hacer es plegarse a la voluntad del Ejecutivo (según dicen, arrimar el hombro). Las formaciones políticas, los medios de comunicación social, los periodistas, las personas en general, se dividen en dos categorías: los que crispan y los que ayudan. Premio para los segundos y anatema para los primeros. Según este discurso, Ciudadanos se ha encaminado ahora por el camino correcto, merece todos los parabienes.

El buenismo se ha adueñado también de muchos de los altavoces mediáticos que repiten con frecuencia que los españoles lo que quieren es que los políticos se entiendan. Sin duda y planteado así, ¿quién va a decir que no en las encuestas? El problema como siempre está en el qué, en el contenido. Es el eterno dilema. En Cataluña hay que dialogar. Sí, pero ¿de qué? Hay que reformar la Constitución, sí, pero ¿qué aspectos y con qué orientación? Las formulaciones vacías de contenido no conducen a ninguna parte. Son meros tópicos para encubrir la incompetencia o la imposibilidad de gobernar. Sánchez, en enero pasado, creó una alianza política monstruosa, contra natura, que le sirvió para ser investido presidente de gobierno, pero que difícilmente le permite gobernar, y mucho menos en la situación crítica actual (véase mi artículo de la pasada semana). De ahí su llamada al entendimiento. Pretende ahora que las fuerzas políticas que no le apoyaron en la investidura y que se opusieron radicalmente a la formación del gobierno Frankenstein le ayuden; dice que por el bien de España.

Ciudadanos parece haber caído en la trampa, comenzando por esa absurda propuesta de recrear los Pactos de la Moncloa (véase mi artículo de 23 de abril de este año), que fue cogida al vuelo por el PSOE. Pero no nos engañemos, en la situación actual Sánchez necesita repartir culpas y responsabilidades, pero de ninguna manera está dispuesto a dar participación en el gobierno y en las decisiones más allá de lo que se vio obligado con Podemos para conseguir la investidura. Lo que pide son votos y adhesiones en blanco. Eso sí, concede dádivas a los independentistas y regionalistas con aquello que no es suyo. Pero más allá y como mucho, a todo lo que está dispuesto es a realizar gestos y teatro, como con Ciudadanos, haciendo ver que le han arrancado tales o cuales medidas, que carecen totalmente de importancia. Resulta patético contemplar al portavoz de Ciudadanos justificarse en el Congreso por votar a favor del Gobierno Frankenstein, haciendo ver que lo hacen por el bien de los españoles. Al tiempo Sánchez pacta con Bildu y otorga prebendas a independentistas vascos y catalanes.

Hay una argumentación que resulta inocente o interesada, según como se mire. Mantiene algo así: la postura de Ciudadanos es muy conveniente porque libera a Sánchez de la dependencia de los nacionalistas. Es una forma curiosa de verlo. La dependencia de los golpistas y demás secesionistas no es algo sobrevenido como un fenómeno atmosférico, sino algo libremente asumido y querido por el sanchismo, que en ningún momento se ha planteado pactar con los constitucionalistas y que tampoco está dispuesto a hacerlo ahora. Es evidente que el bloque de la moción de censura y el de la investidura, continúa perfectamente vivo y es el que concede la mayoría al PSOE. Ciudadanos no puede proporcionársela y, desde luego, Sánchez no quiere aproximarse al PP pues sabe que tendría que pactar y compartir poder.

Ciudadanos, con sus diez diputados, no sirve de alternativa a la alianza de la investidura, solo de muleta a Sánchez para afianzar su poder dentro de ese grupo, que es el mismo que el de la moción de censura y, cuya fidelidad le reclaman continuamente, y que desde luego nunca va abandonar, porque con Ciudadanos o sin Ciudadanos la necesita forzosamente para continuar en el poder. Su alianza y sus intereses van mucho más allá del Gobierno central, se extiende por Comunidades y Ayuntamientos: Cataluña, País Vasco, Navarra, Baleares, Valencia, etc. Ciudadanos, una vez más, va a protagonizar un penoso papel. Quiéralo o no, se va a convertir en un apéndice del bloque Frankenstein. Si deseaba girar a la izquierda, tenía un camino sencillo, ir rectificando poco a poco su programa económico hacia el espacio socialdemócrata que está casi vacío, pero sin corregir un ápice su discurso territorial, aun cuando tuviese que coincidir en esa materia con la derecha, incluso con la extrema. Lo de Agamenón y su porquero.

republica.com 19-6-2020



DOS AÑOS DE GOBIERNO FRANKENSTEIN

PARTIDOS POLITICOS Posted on Mon, June 15, 2020 14:45:20

Ideologías aparte, hay que reconocer que Pérez Rubalcaba ha sido uno de los políticos más hábiles surgidos en España desde la Transición. De una perspicacia y sagacidad nada comunes. Pocas metáforas podrían haber sido más elocuentes que la de gobierno Frankenstein para describir el proyecto que, en su ambición desenfrenada, Pedro Sánchez estaba ya acariciando en 2016, y que llevaría a cabo en el 2018 con 85 diputados y tras una moción de censura deshonesta.

El personaje Frankenstein, sin nombre propio pero que adopta el nombre de su creador, es, según la novela de Mary Shelley, un monstruo construido a base de retazos de cadáveres, piltrafas humanas diseccionadas en la sala de autopsias de un hospital por la demencia y loca ambición de un doctor, que pretende construir clínicamente la vida. El resultado del experimento es sin duda trágico. No solo es que su apariencia y su constitución interna, elaborada con despojos y partes de individuos diversos y por lo tanto totalmente heterogéneos, sean repelentes y deformes, hasta el punto de que su creador reniegue de él y lo abandone, sino que a lo largo de toda la novela resulta palpable que la criatura artificialmente construida no es funcionalmente apta para la vida humana e integrarse en la sociedad.

Lo acertado de la metáfora radica ciertamente en que lo que salió de aquella moción de censura de mayo de 2018, y lo que se ha vuelto a repetir en enero de este año, con la investidura de Pedro Sánchez, aunque legal, es algo, desde el punto de vista democrático, contra natura, repulsivo, un engendro, un monstruo fruto de los intereses más dispares, muchos de ellos bastardos. Golpistas, independentistas, herederos de terroristas, regionalistas, populistas, etc., aunados con objetivos diversos, y a menudo contradictorios y contrarios al interés general. Pero la metáfora va más alla y es que este engendro, al igual que el monstruo de Mary Shelley, no es funcionalmente viable, no es operativo, no sirve para moverse en un sistema democrático. De ahí las rectificaciones, los desmentidos, las falsedades e incluso las contradicciones de los que está enlosada todas sus actuaciones.

Después de dos años se está poniendo en evidencia que Pedro Sánchez no puede gobernar, al menos democráticamente. Que este periodo está lleno de irregularidades y desvaríos. Ha estado siete meses en funciones. Continúa con los presupuestos de Montoro, que en otro momento tanto criticó, sin que hasta ahora haya podido aprobar unos nuevos. Para aplicar los ERTE ha tenido que utilizar la reforma laboral de Rajoy que prometió derogar. Del mismo modo, se ha visto obligado a utilizar la denostada ley mordaza, para mantener el orden durante los estados de alarma. En todo este tiempo apenas ha sido capaz de aprobar una ley en el Parlamento. Ha tenido que instrumentar toda la actividad legislativa mediante decretos leyes, que constitucionalmente están reservados para los asuntos de urgente y grave necesidad.

Pero quizás donde mejor se hace presente la debilidad del Gobierno y de su presidente es en los apuros en los que se ve envuelto y en las múltiples concesiones que debe hacer cuando tiene que aprobar cualquier asunto en el Congreso. Algún periodista, de manera un tanto acertada, le ha calificado de “Pedro el de las mercedes”, basándose en el título que la historia otorgó al primer Trastamara por la cantidad de dádivas y favores que se vio obligado a conceder para que los nobles le coronasen rey (Enrique II), en detrimento de su hermano Pedro el cruel o el justiciero. También Sánchez se ha visto forzado a otorgar toda clase de mercedes para ser elegido tanto en la moción de censura como en la investidura, pero es que además se ve en la tesitura de continuar concediéndolas para poder dar cualquier paso en la gobernanza.

Lo grave de tal situación es que estas cesiones están insertas en un sistema de suma cero, de modo que lo que se otorga a unos se les quita a los demás, y se crea todo tipo de injusticias y de diferencias entre las Comunidades Autónomas. En muchas ocasiones, se llega aún más lejos, pues se entra en un claro compadreo con aquellos que han dado un golpe de Estado o continúan amenazando con darlo, o incluso con quienes no condenan la violencia de una banda terrorista por sentirse sus herederos. La situación en Cataluña sigue siendo esperpéntica, y causa rubor y vergüenza ajena ver al Gobierno de la nación tratando con algodones por miedo a ofenderles -al tiempo que acceden a todas sus peticiones- a los que afirman claramente que pretenden destruir el Estado.

El culmen de la farsa es cuando el reparto de las mercedes llega incluso antes de haber cazado la pieza. Así, Pedro Sánchez ha tenido que prometer al golpismo catalán que le permitirá participar en la gestión de ese fondo de recuperación, quimera que está pendiente de aprobarse en Europa y que no se conoce todavía, de forma definitiva, ni la cuantía, ni las condiciones, ni la forma en que se va a recibir.

En esta subasta de sinecuras en que se ha convertido cada votación parlamentaria tiene un puesto preeminente el PNV, de rancia tradición mercantil, dispuesto siempre a venderse al mejor postor, y a traicionar al anterior si le conviene, tal como demostró en la moción de censura. Estos tiempos convulsos son ideales para los mercenarios, y el PNV está sabiendo explotarlos sacando tajada de cada sesión parlamentaria. Su virtualidad petitoria la ha extendido últimamente sobre Navarra en un gesto simbólico de enorme trascendencia, aparentar que existe un protectorado de Euskadi sobre esa Comunidad, con el silencio cómplice del PSOE y de la señora Chivite, que gobiernan también, en una especie de entramado Frankenstein, la Autonomía.

La última canonjía conseguida es el privilegio de que los gobiernos del País Vasco y Navarra puedan manejar a su antojo en el ámbito de sus respectivas Autonomías el recientemente aprobado ingreso mínimo vital (IMV). Es comprensible que el resto de las Comunidades solicitasen inmediatamente la misma prerrogativa, a lo que el Gobierno central se ha negado. Como colofón, el ministro que se jactaba de ser independiente (y ahora, como el resto del gabinete, es dependiente de los golpistas), para justificar la negativa de su señorito dependiente del PNV, no ha tenido ningún reparo en insultar y menospreciar al resto de las Comunidades, afirmando que la razón de la diferencia se encuentra en que las únicas que saben gestionar adecuadamente esa renta mínima (o como se llame en cada sitio) son Navarra y el País Vasco. Tendría que haber dicho más bien que son las únicas que han tenido dinero para hacerlo, ya que cuentan con un sistema de financiación privilegiado, anacrónico, y que crea una situación de clara iniquidad entre Autonomías.

La dependencia de los nacionalistas ha influido también en el diseño del IMV. El ministro independiente, en sus peroratas triunfalistas, ha citado a menudo la referencia que los organismos internacionales habían hecho acerca de la pobreza en España. Lo que quizás no ha señalado suficientemente es que todos ellos indicaban la situación de injusticia que se produce al ser las prestaciones de carácter autonómico y muy diferentes en la cuantía y en el diseño. Se echaba en falta una prestación nacional que terminase unificando la ayuda. La fórmula adoptada, sin embargo, y sin duda por presión de los nacionalistas e independentistas, no corrige en absoluto la disparidad ya que, en lugar de completar las prestaciones autonómicas igualando todas en el nivel estatal, crean una ayuda de tipo general compatible con las de las Autonomías, subsistiendo por la tanto la misma disparidad territorial.

La decisión de Pedro Sánchez de gobernar a cualquier precio y la imposibilidad de hacerlo, con 120 diputados y un gobierno Frankenstein, según los cauces normales, le ha conducido a saltarse, allí donde ha podido, los diques democráticos. Ha pretendido acallar toda crítica. Anatematiza cualquier censura con el argumento de que se crispa la vida política. Intenta por todos los medios controlar los medios de comunicación. Somete a TVE a un régimen sectario y partidista, olvidándose de todas las exigencias y requerimientos que hacía en la oposición. Igual ha hecho con puestos que tradicionalmente habían gozado de cierta profesionalidad como por ejemplo la presidencia del Centro de Investigaciones Sociológicas, nombrando a uno de los militantes más sectarios del PSOE, que ha terminado por convertir este organismo en el hazmerreir de toda la ciudadanía, pues ya nadie se cree sus estudios y sus encuestas.

Las exigencias de sus socios golpistas le han hecho intervenir descaradamente en la Abogacía del Estado con la finalidad de que los informes jurídicos se hiciesen a su dictado y, sobre todo, que se modificasen de acuerdo con sus conveniencias las calificaciones penales que se debían mantener ante los tribunales, removiendo incluso de sus puestos de trabajo a los funcionarios que se negaban a cumplir sus indicaciones sectarias. Algo similar intentó con el Ministerio Fiscal, aunque hasta ahora le ha resultado más difícil de conseguir, pero por eso mismo ha situado al frente de la Fiscalía General del Estado, a quien de ministra de Justicia había dado ya suficientes muestras de parcialidad y de no tener ningún reparo en torcer la legalidad para conseguir los intereses políticos del Gobierno.

La última hazaña en ese querer utilizar las instituciones estatales para su propia pervivencia ha sido la obstrucción de la labor de la policía judicial, con cese incluido del funcionario que se negó a cometer una ilegalidad, descubriendo el contenido de la investigación que estaba bajo secreto sumarial. A los sanchistas, con tal de solventar sus problemas, no les ha importado originar toda una crisis en la cúpula de la Guardia Civil, que veía con escándalo cómo se pretendía utilizar la institución como jamás se había hecho.

No es la primera vez que este Gobierno recurre a la pérdida de confianza y a la libre designación. Pero la libre designación no es la libre remoción. Es ya doctrina del Tribunal Supremo que los ceses en los puestos de los empleados públicos de cierto nivel deben ser motivados. Actualmente en la Administración abundan los puestos de libre designación afectando a los niveles de responsabilidad. Permitir arbitrariamente la libre remoción por el poder político es deteriorar de forma grave la ecuanimidad  de la que debe estar dotada la Administración.

En esta misma línea de patrimonialización de la función pública, el Gobierno Frankenstein está multiplicando los puestos de alto nivel, todos ellos clasificados como de confianza, carentes de contenido y de competencias, y orientados a colocar a amigos o a miembros de los respectivos partidos sin conexión alguna con la Administración. Una de las garantías de la imparcialidad y objetividad de la función pública radica en que los puestos de trabajo sean ocupados por funcionarios públicos, reclutados según procedimientos reglados en los que se puedan determinar los méritos y la capacidad. Está establecido que la provisión de las direcciones generales se realice entre funcionarios y solo cuando el puesto sea tan específico que no haya ningún empleado público capacitado se permite nombrar a alguien ajeno a la Administración.

El Gobierno Frankenstein está convirtiendo la excepción en la regla y, a veces, de la forma más descarada, pueblerina y cutre posible. Un presidente de gobierno que crea una dirección general sin contenido para hacer un huequito profesional a su amigo de la infancia. Encima quieren justificarlo por eso del currículum. Los currículos son todos excelentes. El papel lo aguanta todo. Menos mal que a la Administración no se entra por el currículum, sino por las oposiciones. En cualquier caso, no se trata de demostrar que Iñaki Carnicero puede desempeñar muy bien el puesto (seguro que sí, no tiene contenido), sino que no había ningún funcionario capacitado para ocuparlo, tal como indica la norma.

La obra de Mary Shelley tiene un subtítulo que casi nadie cita, “El nuevo Prometeo”. La autora pretende relacionar a su protagonista con el titán de la mitología griega que, arrastrado por su ambición, lleva su osadía al extremo de retar a los dioses y es torturado por ellos. La soberbia del doctor Frankenstein le conduce a desafiar las leyes de la naturaleza y es castigado por su propia obra, ese engendro grotesco e incontrolable que se vuelve contra su creador. Pedro Sánchez, llevado por su orgullo y ambición, violentando el orden lógico de la política y de la ética y en contra de lo que era la voluntad de su propio partido, ha creado también un monstruo patético y deforme difícil dominar, el gobierno Frankenstein. La obra de Mary Shelley tiene una moraleja: el castigo que acarrea a quien, en función de la soberbia y el orgullo, traspasa los límites éticos y del orden natural. Dudo mucho de que eso se aplique al pie de la letra a la política. No sé cuál será el final de Pedro Sánchez, pero me temo y creo intuir que las consecuencias negativas serán para los españoles.

republica.com 12-6-2020



NISSAN Y LAS NACIONALIZACIONES

PARTIDOS POLITICOS Posted on Mon, June 08, 2020 20:23:26

El independentismo catalán y el Gobierno Frankenstein nos tienen acostumbrados a lo insólito. Pues he aquí que, a pesar de ello, siempre logran sorprendernos, porque cada disparate es mayor que el que le precede. La última ocurrencia consiste en requerir la nacionalización de Nissan. Nada más y nada menos que una multinacional japonesa. El primero en lanzarse a la piscina parece haber sido el portavoz de Esquerra Republicana y, como se trata de nacionalizar, habría que preguntarle a cuál de las naciones se refiere, si a la española o a la catalana. Puestos a soñar empresas imperiales es posible que esté dispuesto a proponer también la invasión por la grandiosa nación catalana de Japón y su anexión posterior como colonia. Reinventando la historia, puede llegar a descubrir que, en algún momento, el imperio del sol naciente y otros similares pertenecieron al condado de Barcelona.

Rufián quiere ceder la fábrica en régimen de cooperativa a los trabajadores. Menudo regalo. Debe de pensar que las multinacionales del sector de la automoción se reproducen, como las estrellas de mar, por arquitomía. De un solo brazo fragmentado puede salir un individuo completo. Rufián cree que de una fábrica abandonada podemos extraer por la fuerza y la virtualidad del independentismo una Nissan pequeñita lista para mantener el empleo de 23.000 trabajadores, producir los coches más ecológicos del mundo y al precio más atractivo. Por supuesto, sin que importen el capital del que se disponga, las patentes, las marcas y la tecnología con la que se cuenta, el nicho que se posee en el mercado y los canales de distribución, y todo ello en uno de los sectores más competitivos del mundo, aunque al mismo tiempo de los más concentrados y en el que las economías de escala son fundamentales. Las limitaciones de la Unión Europea tampoco existen; en todo caso, carecen de importancia. ¿Pero en qué país viven?

El señor Rufián es muy joven para poder recordar, y por lo visto no ha tenido demasiado tiempo para documentarse, pero el sector público español ya tuvo una empresa de automoción, SEAT, reliquia del franquismo, nacida a la sombra de FIAT e incardinada en el holding INI. Dado que carecía de la tecnología y de los canales adecuados de distribución, y teniendo en cuenta la progresiva internacionalización del mercado del automóvil, SEAT resultó inviable en cuanto España se abrió a los mercados extranjeros. Su privatización, sin entrar a valorar la forma en que se llevó a cabo, fue inevitable. Se vendió a Volkswagenen 1986. ¿Qué decir después de 34 años, en los que la globalización se ha impuesto, el mercado del automóvil se ha integrado totalmente y nosotros pertenecemos a la Unión Europea?

El portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, muy seguro de sí mismo y cargado de razón, ha lanzado un tuit en el que afirma que “Nacionalizar Bankia para salvar un banco es de estadista; nacionalizar Nissan para salvar a 23.000 trabajadores es de comunista”. Si yo fuese comunista me sentiría ofendido porque proponer nacionalizar Nissan no es de comunistas, sino de berzotas e ignorantes, eso sí con mucha prepotencia, y sin ser conscientes de su condición. Pero, de verdad, ¿son estos los que quieren crear el estado catalán? Lo malo es que no solo rigen la Generalitat, sino que están condicionando el gobierno de España.

Por otra parte, es difícil de entender el problema que algunos tienen con las entidades financieras. Rufián afirma con cierta ignorancia que Bankia se nacionalizó para salvar un banco. Por lo visto, los bancos no tienen trabajadores a los que rescatar. Pero es que, además, Bankia nunca se nacionalizó, se creó ya con carácter estatal y no para salvar un banco sino a una serie de cajas de ahorro que se encontraban prácticamente en quiebra. No tenían detrás a accionistas, asquerosos capitalistas, indignos de merecer el auxilio público, sino a trabajadores, a depositantes y demás acreedores, en muchos casos empresas, que a su vez se hubiesen visto arrastradas por la caída de las cajas y dejado en el paro a multitud detrabajadores. Eso es lo delicado y específico de las entidades financieras, que su quiebra conlleva la de otras muchas corporaciones y, en ocasiones, la de otras entidades financieras, transmitiéndose a toda la economía nacional en forma de dominó. Al final, no queda otro remedio más que socializar pérdidas. Por ello, su vigilancia resulta trascendental, ya que cuando se hunden terminan costando el dinero a todos los ciudadanos. Y entonces ya no tiene sentido llorar por la leche derramada.

Detrás de la crisis de las cajas de ahorro no ha habido banqueros, sino políticos, políticos de todos los signos. Constituye un triste legado para la izquierda, que vio diluirse la posibilidad de contar con una banca estatal. Fue mi primera desilusión respecto al partido socialista recién llegado al gobierno y también mi primera discrepancia, el tratamiento dado a las cajas de ahorro al poco tiempo de ganar las elecciones en 1982. Renunciaron a crear con ellas una potente banca pública. Mediante la Ley de órganos rectores de 1985, las dejaron en manos de las Comunidades Autónomas, corporaciones locales, sindicatos e impositores, con lo que se las configuró como presas fáciles del caciquismo local y se las privó de los mecanismos de control de las entidades públicas. Esa ambigüedad en su naturaleza -ni públicas ni privadas- las hizo totalmente vulnerables ante la recesión de 2008, en curioso contraste con la crisis bancaria de los años ochenta, en la que sufrieron mucho menos que los bancos, ya que fueron estos los que necesitaron en mayor medida la ayuda estatal.

Es posible que la razón por la que al portavoz de Esquerra Republicana no le guste el rescate de Bankia se encuentre en que los trabajadores y depositantes no eran catalanes, sino principalmente madrileños y valencianos. Pero habrá que recordarle que, en términos relativos, el mayor agujero al erario público no lo ha causado Bankia sino Caixa de Cataluña. Esta entidad, ahora en manos del BBVA, costó al Estado alrededor de 12.000 millones de euros, seguramente más en términos absolutos que la aportación a Bankia, si descontamos su valor actual. Pero, en cualquier caso, teniendo en cuenta el volumen de ambas entidades, el pufo de la Caixa fue al menos cuatro veces mayor que el que puede resultar de Bankia. La diferencia, para que el portavoz de Esquerra no haya reparado en ella, puede estar en que era catalana y al frente de la entidad no estaba ningún gánster de la derecha, sino un prohombre del PSC como Narcis Serra.

Lo mejor que el independentismo catalán puede hacer en el tema de Nissan es examen de conciencia y procurar enmendarse de cara al futuro. No digo yo que la causa única de la marcha de Nissan estribe en el procés. Son, sin duda, muchas las variables que han podido influir en una decisión tan complicada como esta, e inserta en una estrategia de mercado de una multinacional de tales dimensiones. Habría que preguntarse incluso si la política medioambiental de la Unión Europea, comparativamente mucho más rígida que la de otras latitudes, no tiene su influencia. Pero, en cualquier caso, la inseguridad que la presión independentista ha instalado en Cataluña no ayuda precisamente.

El referéndum del uno de octubre y sus secuelas expulsaron de Cataluña a una parte considerable de su tejido empresarial, no solo por el número sino por la relevancia de muchas de las compañías que modificaron al menos su domicilio social. Otras, como las del sector de la automoción, de más difícil deslocalización, no tuvieron más remedio que quedarse, pero eso no quiere decir que permanezcan impasibles e indiferentes ante las pérdidas que sufren cada vez que a unos niñatos se les ocurre cortar las carreteras y las autopistas o cuando el muy honorable decide encabezar una marcha por la libertad. El “apreteu, apreteu” estará anotado en la memoria de sus responsables, y la amenaza de inestabilidad se encontrará presente cada vez que una multinacional tenga que tomar una decisión acerca de la localización de sus empresas.

La estulticia de la izquierda catalana ha llegado hasta el extremo de que hace tan solo unos días la teniente de alcalde del ayuntamiento de Barcelona, en un coloquio organizado por el periódico digital Cicloesfera, manifestó que había que aprovechar la caída de la actividad por el coronavirus y evitar que se reactivase la industria del automóvil. Ahora o nunca, exclamó. Hay que trasladar a los trabajadores a sectores más limpios. Pues bien, ahora. Solo para empezar, va a tener 23.000 parados que reciclar. A ver cómo limpia los puestos de trabajo. Digo que para empezar porque este sector representa en Cataluña el 10% de su valor añadido, y si ella y otros como ella continúan por esa senda los candidatos al desempleo van a ser innumerables.

La estulticia no es privativa de Cataluña, o al menos se contagia al resto de España. Las pláticas de la vicepresidenta cuarta (hay que llevar la cuenta con tantas vicepresidencias para no perderse) tampoco deben ayudar mucho a que la industria del automóvil permanezca en España. Claro que, tal como propone el niño Errejón respecto de Nissan, siempre nos quedarán las nacionalizaciones para reorientar la producción hacia la movilidad sostenible fabricando autobuses verdes o paneles solares. Ale, a llenar Españade autobuses verdes y paneles solares.

El vicepresidente segundo (creo que es el segundo) afirma que, de acuerdo con la Constitución española, las nacionalizaciones son perfectamente posibles. No cabe ninguna duda, pero lo que hace falta es que sean también posibles desde el punto de vista económico y, sobre todo, que sean convenientes. También acierta cuando añade que no son de izquierdas o de derechas. El franquismo fue adalid en esto de nacionalizar. Convirtió al sector público en la cloaca del sector privado. Como buena dictadura populista, se hacía cargo de empresas en pérdidas para evitar la quiebra y la consiguiente conflictividad laboral. En los años que llevamos de democracia tanto el PSOE como el PP, si se exceptúa el caso de las entidades financieras, se han dedicado más a privatizar que a nacionalizar. Así nos hemos quedado sin todas aquellas empresas públicas que eran rentables (algunas de ellas muy rentables). Las nacionalizaciones, por el contrario, cuando han existido, siempre han estado orientadas a asumir pérdidas. Un caso que sin duda viene a cuento señalar por la semejanza que guarda con la actual situación de Nissan fue la nacionalización en 1994 por la Junta de Andalucía de la factoría de Linares, tras su abandono por la multinacional Suzuki. Constituyó un agujero sin fondo en el que enterrar dinero público tanto de la Junta como del Estado, hasta que se terminó cerrando en 2011.

En principio, no solo las nacionalizaciones, sino en general todo lo que se denomina ayudas de Estado, están proscritas en la Unión Europea. Aunque siempre ha habido excepciones, como por ejemplo la de las entidades financieras, y sobre todo si afecta a los países miembros más importantes, como Alemania. En este momento, con la crisis del coronavirus se ha abierto la veda. La Comisión lleva ya autorizadas toda clase de ayudas por importe de dos billones de euros, de los que más de la mitad corresponden al país germánico. Me temo que ese plan de reactivación pendiente de aprobar que tanto ruido ha hecho vaya dirigido principalmente a este cometido (véase mi artículo de la semana pasada).

Es seguro que las prestaciones a fondo perdido, desmesuradamente esperadas, no se orientarán ni a pagar ese ingreso mínimo vital del que el Gobierno alardea ni a incrementar las prestaciones de desempleo a los parados (el SURE concede simplemente préstamos). Tampoco se encaminarán a potenciar y aumentar el equipamiento sanitario; las ayudas a esta finalidad se van a instrumentar mediante el MEDE cuya finalidad consiste exclusivamente en conceder créditos. El incremento de todos estos gastos, junto con el inevitable descenso de la recaudación fiscal, va a incidir sobre el ya abultado nivel de nuestro endeudamiento público, aumentando aún más nuestra vulnerabilidad financiera y fiscal sin que podamos esperar nada de la Unión Europea. Es muy probable, sin embargo, que las presuntas prestaciones a fondo perdido, sean muchas o pocas -que también costeará España como un país miembro más-, se dirijan principalmente a reflotar empresas en pérdidas (nunca mejor dicho lo de a fondo perdido), sea cual sea la modalidad de ayuda de Estado que en cada caso se elija, muy posiblemente también la de nacionalizaciones.

republica.com 5-6-2020



COVID-19, MERKEL, MACRON Y LAS AYUDAS DE ESTADO

EUROPA Posted on Tue, June 02, 2020 19:27:37

Hace unos días, Macron y Merkel nos sorprendieron firmando un documento por el que proponían al resto de los países miembros constituir un fondo de 500.000 millones de euros de cara a solucionar los problemas derivados de la pandemia en Europa. Aun cuando el escrito mantiene abierto todo tipo de interrogantes, ambos mandatarios han tenido buen cuidado de que quedasen claros dos aspectos que preveían que iban a impactar considerablemente en la opinión pública europea. El primero, que optaban, al menos parcialmente, por el modelo de transferencias a fondo perdido frente al régimen de créditos. El segundo es consecuencia del primero. Puesto que no se va a pedir el reembolso a los países beneficiarios, la financiación tiene que ser comunitaria mediante bonos europeos. Ni que decir tiene que todos los medios de comunicación, por supuesto los de España, han saludado la medida como un gran avance. Yo, desde luego, sería mucho más cauto.

La UE y las fuerzas políticas y económicas que se mueven tras bambalinas tienen un enorme poder de comunicación y propaganda, y los ciudadanos, especialmente los de los países del Sur, una capacidad ingente de credulidad. La Unión Monetaria nació perniquebrada en el Tratado de Maastricht, sin integración fiscal y con medios redistributivos totalmente insuficientes. Desde entonces hay quien pretende convencernos de que después de la moneda única se producirá la unificación de todos los otros aspectos, especialmente los presupuestarios, que compensen las desigualdades y los desequilibrios creados por el mercado único y la unión financiera y monetaria. Lo cierto es que, en treinta años y digan lo que digan, no se ha producido ni un solo avance en la materia.

En muchas ocasiones se han hecho grandes proclamas vendiendo tales y cuales hechos como pasos de gigante hacia esa constitución de los Estados unidos de Europa. Pero a la larga todo queda en farfolla, en hojarasca, abortado por el camino. Pasan los años sin llegar a nada consistente. Los países del Norte no ceden ni un ápice, y en cierta forma es comprensible, si no se les exigió en su momento al constituirse la Unión Monetaria, ¿por qué iban a ceder ahora?

Alemania -léase Merkel- es una artista en el enredo. Cuando se encuentra contra las cuerdas parece que asiente, pero se las agencia para que sean sus socios más duros (Holanda, Austria, Finlandia, etc.) los que torpedeen la propuesta o la aminoren hasta hacerla inofensiva. En todo caso, los temas se van posponiendo, y quedan en punto muerto. En esta ocasión, Austria, Holanda, Suecia y Dinamarca se han posicionado ya en contra. Cabe la duda de si Merkel contaba con ello, y una vez más juega al policía malo y policía bueno. La canciller alemana ha dado muestras de tener una gran cintura. Sabe que, en determinados momentos, si se quiere salvar la Unión Monetaria -y no tiene dudas de que es muy beneficiosa para Alemania-, hay que dar al menos la apariencia de que se cede, y ganar tiempo. Ya lo ha hecho en otras ocasiones.

En la Cumbre de junio del 2012, el ortodoxo Monti, que había sido impuesto por Bruselas y Berlín al frente del Gobierno italiano, se rebeló y amenazó con vetar el comunicado final si no se aceptaba que fuese la Unión Monetaria la que asumiese el coste del saneamiento de los bancos con problemas. Rajoy se adhirió al instante, al estar España inmersa en una crisis bancaria de envergadura, y Hollande, aunque de forma más tibia, se sumó también a la iniciativa. Merkel tuvo que recular y aceptar en principio la propuesta, pero la condicionó a que antes Bruselas asumiese las funciones de supervisión, liquidación y resolución de las entidades financieras. La canciller alemana ganaba astutamente tiempo. Con el paso del tiempo las cosas siempre se desdibujan.

Se creaba así lo que se conoce como la Unión Bancaria. Pero ello no impedía que las haciendas tanto de España como de Irlanda tuvieran que hacerse cargo del saneamiento de sus propios bancos. La Unión Europea se arrogó las competencias señaladas anteriormente, pero el gasto no se socializó, ni siquiera mediante un fondo de garantía de depósitos comunitario. Las quiebras de los dos últimos bancos, el Popular y el Veneto, lo indican claramente. Fueron los españoles y los italianos (respectivamente) los que corrieron con el coste de la juerga y, además, con soluciones distintas, los accionistas, en el caso de España; los contribuyentes, en el caso de Italia (ver mi artículo del 6 de julio de 2017).  

En junio de 2018, Merkel y Macron, reunidos en Meseberg, Alemania, pactan la creación de un presupuesto de la Eurozona. En apariencia, el acuerdo era totalmente revolucionario. Daba la impresión que corregía el error de fondo de Maastricht. Completar la Unión Monetaria con la Unión Presupuestaria. Todo ha sido teatro. Brindis a la galería. Merkel se ha llevado a Macron al huerto y el resultado ha consistido en un fondo (más bien fondillo) que no soluciona nada. No se le dota de recursos nuevos, sino que se incorpora al Marco Financiero Plurianual 2021-2027, y por una cuantía ridícula, 13.000 millones de euros, el 0,01 del PIB de la Eurozona (ver mi artículo del 27 de junio de 2019). Ni siquiera se establece un seguro de desempleo comunitario. El SURE creado por la Comisión posteriormente no tiene nada que ver con ello, puesto que no se produce ninguna socialización del gasto. Se reduce a ser un simple mecanismo prestamista para conceder créditos a los países que tienen problemas con el paro.

En los momentos actuales, la presión sobre Alemania y demás países del Norte es fuerte. La crisis sanitaria va a afectar, en mayor o menor medida, a todos los Estados. Tres de los cuatro más grandes de la Eurozona (Italia, España y Francia), seguidos de otros de menor tamaño, se han pronunciado a favor de los eurobonos y de las transferencias a fondo perdido. Hace aproximadamente quince días el Parlamento europeo aprobó de forma casi unánime una declaración elaborada con mucha firmeza acerca de la necesidad de que la Unión Europea diese una respuesta adecuada a los problemas económicos derivados de la pandemia. Llegó a fijar la cantidad en dos billones de euros, y además dio un cachete a la Comisión, rechazando el uso de trucos contables y, más concretamente, la multiplicación de las cantidades por medio del apalancamiento en la inversión privada. Una crítica velada (y no tan velada) al plan de inversiones de Juncker que, en buena medida, quedó reducido a humo. Las cantidades se multiplican por obra y gracia de la ingeniería financiera.

El acuerdo del 18 de mayo pasado de Macron y Merkel deja muchos interrogantes sobre la mesa, pero la canciller alemana ha hecho algunas precisiones que inducen a la sospecha de si, dadas las presiones existentes, no ha considerado conveniente ponerse al frente de la manifestación para conducirla por donde le interesa. Ha dejado claro que todo este fondo deberá incardinarse dentro de la estructura presupuestaria de la UE y modificando los reglamentos que sea preciso. A nadie se le oculta que, vista su insignificante cuantía, el presupuesto se convierte en un traje excesivamente estrecho y elevar su monto, un camino intrincado y proclive a que los países del Norte pongan toda clase de impedimentos. A su vez, la modificación de los tratados con 27 miembros supone adentrarnos en un laberinto de difícil salida.

Alemania en estos momentos presenta además un flaco débil frente a los otros países: las ayudas de Estado concedidas a sus empresas con motivo de la crisis sanitaria. Uno de los principios que parecían inamovibles en Europa era la condena de toda actuación de los gobiernos tendente a intervenir económicamente en las empresas nacionales. La Comisión ha tenido sumo cuidado en perseguir cualquier práctica en este sentido. La razón es clara, violenta el mercado único, distorsionando la competencia, ya que prima a unas empresas frente a otras. Curiosamente, nunca se ha prestado la misma diligencia en perseguir la falsificación de la concurrencia introducida por las ventajas fiscales concedidas por los distintos países.

Los principios europeos duran en tanto en cuanto no afecten negativamente a los intereses de Alemania o Francia; por eso este dogma se ha venido al suelo en cuanto que, como consecuencia de la crisis económica que sigue a la sanitaria, estos países se han visto en la tesitura de auxiliar a sus empresas y evitar que puedan ser compradas a precios de ganga por sociedades extranjeras. Con este motivo, la Comisión ha aprobado hasta ahora alrededor de ciento veinte solicitudes gubernamentales de ayudas de Estado: subvenciones, préstamos, avales, etc., por importe de dos billones de euros. Lo de aprobar es en cierto modo un eufemismo, porque tanto Alemania como Francia ya se habían tomado la justicia por su mano y no habían esperado a tener la aprobación de Bruselas para intervenir económicamente en las empresas.

Las ayudas de Estado aprobadas se han distribuido de forma totalmente desigual. Alemania, con el 25% de la renta de la UE, ha concedido el 52% del total, seguida a mucha distancia por Francia e Italia (con el 17 y el 15%, respectivamente). El resto de los países han participado en porcentajes muy reducidos. Es palmario que tal situación constituye un torpedo bajo la línea de flotación del mercado único. Se rompe uno de los dogmas que se consideraban intocables y sobre los que se había basado la construcción europea, esto es, la libre competencia y el rechazo de cualquier intervención estatal que pudiera distorsionar el mercado. El hecho de que unos países tengan capacidad para intervenir en sus empresas, y otros no, crea una situación difícil de justificar, tanto más cuanto que la causa de esa desigualdad radica en la moneda única y el mantenimiento obligatorio de todos los países en el mismo tipo de cambio.   

No es de extrañar, por tanto, que todo esto haya influido en la canciller alemana y le haya hecho ver que no es buena táctica mantener una postura de cierre total frente a las peticiones de los países del Sur; que resulta más político, como otras veces, aparentar que se cede en algo y reconducir esas reclamaciones a un pantano sin salida. Se intuye que las ayudas de Estado estaban presentes tanto en la mente de Macron como en la de Merkel  a partir de ciertas insinuaciones que se hacen en el acuerdo acerca de la finalidad de los recursos: mantenimiento de la soberanía económica e industrial, reserva común de productos estratégicos a efectos de reducir la dependencia exterior, control de la inversión en las empresas europeas, etc. Todo ello apunta a las ayudas de Estado y a la intervención económica en las empresas nacionales. Merkel no da puntada sin hilo. Pronto descubriremos qué se esconde tras ese giro tan espectacular de Alemania.

La Comisión, a su vez, ha presentado este miércoles pasado su plan. Como no podía ser de otra manera, en la misma línea del acuerdo de Merkel y Macron. Con una cifra global un poco más abultada (750.000 millones de euros); supongo que con la intención de dar ocasión a los halcones del Norte para rebajarla. De nuevo, la prensa nacional ha acogido el anuncio con inmenso júbilo, pero, también como siempre, de forma un tanto cándida. El camino que queda por delante es arduo e incierto. Ha de recibir el visto bueno del Consejo, que debe aprobarlo por unanimidad. Y, como se ha indicado más arriba, tenemos la experiencia de otras muchas veces en las que, tras anuncios efectistas, solo hemos encontrado aire.

republica.com 29-5-2020



COVID-19, DESEMPLEO Y DESIGUALDAD SOCIAL

ECONOMÍA DEL BIENESTAR, POBREZA Posted on Tue, May 26, 2020 12:47:26

El Gobierno sanchista haría bien en abandonar el triunfalismo. Particularmente la ministra de Trabajo quien, de forma un tanto infantil, con tono satisfecho y como si se tratase de un mérito del Ejecutivo, repite que tal o cual cifra es única en la historia. Ha llamado la atención de forma especial el tuit lanzado hace varios días por la ministra con ocasión de la publicación del número de prestaciones por seguro de desempleo pagadas en abril, en el que presume y dice sentirse orgullosa de que haya alcanzado la cifra histórica de 5.197.451, todo un logro de la protección social de este Gobierno. Ni que decir tiene que el susodicho tuit ha suscitado los comentarios más irónicos y también más ácidos.

No seré yo el que abunde en ellos, ni adjudicaré en principio al Gobierno la responsabilidad directa en el ingente incremento del número de parados, que es lo que en principio indica sin más ese dato. Pero sí quisiera que quedase claro que donde hay que situar principalmente los logros de los gobiernos es en minimizar el nivel de desempleo, bien sea del temporal (ERTE) bien del definitivo (ERE). Y no estoy muy seguro de que el Gobierno Frankenstein esté aplicando el máximo de interés en garantizar que tanto los ERTE como los ERE que se aprueban sean los necesarios, todos lo necesarios, pero solo los necesarios.

Todo el mundo está de acuerdo en que antes de que una empresa quiebre y todos los trabajadores vayan al paro, es preferible que despida el número que sea preciso de asalariados para que continúe siendo viable y, a su vez, que antes de que el despido sea definitivo es mejor que los empresarios puedan suspender temporalmente el contrato de trabajo. Pero no todo son, tal como se pone siempre como ejemplo, empresas pequeñas. Existe también la posibilidad de que ciertas sociedades aprovechen la ocasión y lo que pretendan sea simplemente maximizar el beneficio sin que su viabilidad se encuentre en ningún momento en peligro.

Las prestaciones sociales son una consecuencia. Vienen después, como último recurso, una vez que se ha hecho todo lo posible por mantener los puestos de trabajo. De lo contrario,se podría predicar del Gobierno ese epigrama de Juan de Iriarte:

El señor don Juan de Robres,
con caridad sin igual,
hizo este santo hospital…
pero antes hizo los pobres.

A su vez, para enjuiciar la política social no se puede considerar únicamente el número de personas que cobran las prestaciones, sino la relación entre beneficiarios y parados, es decir, la cobertura del seguro de desempleo, y es muy pronto para saber cómo va quedar esta al final de la crisis. Conviene no dejarse engañar por la idea de que en parte lo va a pagar Europa a través del SURE. La Unión Europea solo nos va a prestar fondos para que lo paguemos nosotros. El SURE actúa únicamente como prestamista. Antes de que la pandemia hiciese su aparición, la cobertura del seguro se encontraba aproximadamente en el 65%, en otras palabras, más de un tercio de parados no estaban cubiertos. El Gobierno de Pedro Sánchez no había mostrado por ello, ni siquiera en la campaña electoral, la menor preocupación; ninguna iniciativa, ni siquiera la promesa de cambiar la legislación con el objetivo de elevar la tasa. No obstante, sí mostró y continúa mostrando una gran inquietud por lo que llama el ingreso mínimo vital.

En ese intento por justificar la creación de esta última prestación social, el ministro independiente (dependiente, como todos los demás ministros, de los golpistas) indica cómo los organismos internacionales colocan a España en un puesto preeminente respecto del índice de pobreza.  El señor Escrivá, como buen economista que es, sabe que lo que se conoce por índice de pobreza (bien relativa, bien absoluta) es en realidad un índice de desigualdad social (aunque parezca mentira, existe otro tipo de desigualdad que la de género), pues mide, en un país, el número de ciudadanos cuya renta está por debajo de un determinado porcentaje de la renta media.

Como la renta media o renta per cápita es distinta en cada nación, también tiene que serlo la línea divisoria hacia la pobreza. O, dicho de otra manera, lo que se tiene por pobre en Suecia o Dinamarca tiene poco que ver con la renta a partir de la cual se considera pobre en Bulgaria. Y el pobre de España no es el pobre de Marruecos, o de Guatemala. De ahí que haya tantos marroquíes o latinoamericanos que estén dispuestos a venir a ser pobres a España. Convengamos por tanto que lo que mide el índice de pobreza es la desigualdad social, y ahí, sí, todos los índices confeccionados para medir esta realidad indican que España se encuentra en el pelotón de cabeza de los países de la Unión Europea.

Ahora bien, de cara a remediarlo, deberíamos preguntarnos dónde se encuentran las causas de este triste privilegio y si la solución radica en crear un subsidio más, llamado ingreso mínimo vital, o el tema es de una mayor complejidad. Sin duda, el primer factor a tener en cuenta es que nuestra tasa de paro es la segunda, si no la primera más alta de la Unión Europea. Pocas cosas contribuyen más a la desigualdad social que el número de parados; sobre todo si la cobertura del seguro de desempleo, y este puede ser el segundo factor, no es la adecuada. Ya hemos dicho que antes de que comenzase la crisis dos terceras parte de los parados no tenían cobertura alguna.

El tercer factor a considerar es la estructura de nuestro sistema económico, con sectores de productividad aparente baja. Insisto en lo de productividad aparente y su divorcio de la productividad real. Citemos por ejemplo el sector público (sanitarios, profesores y educadores, policías, ejército, bomberos, personal de la administración judicial, etc.), en el que la productividad real puede ser muy alta, tal como se está demostrando en la epidemia, pero por decisión política sus salarios (y por lo tanto la productividad aparente) son relativamente bajos. Es la diferencia entre valor y precio.

Consideremos otras áreas fundamentales de la economía española, pero que mantienen condiciones laborales precarias y salarios bajos: la agricultura, la hostelería y el turismo. A la agricultura se refería la ministra de Trabajo cuando mandaba a la inspección que investigase las condiciones laborales e incluso si existían posibles casos de malos tratos y esclavitud en el campo; y a la hostelería y al turismo aludía el ministro de Consumo cuando hablaba de sectores de bajo valor añadido, precarios y estacionales.

Estas manifestaciones han incendiado los citados sectores, y han levantado todo tipo de críticas. Hay que reconocer que tales comentarios no se han caracterizado precisamente por el tacto y quizás han sido exagerados, pero tienen su fondo de verdad. El problema no está en las afirmaciones en sí mismas, sino en que parece que estigmatizan y responsabilizan a priori a los empresarios y no se preguntan si en una economía globalizada, dentro de la Unión Europea y sin moneda propia, las condiciones laborales en estos sectores pueden ser, en líneas generales, distintas.

No dudo que puedan darse casos de comportamientos abusivos y arbitrarios entre los propietarios de las explotaciones agrícolas o entre los empresarios de la hostelería, pero creo que el problema es mucho más profundo. Se trata de sectores que se mueven en una economía totalmente abierta, al albur de la competencia exterior, en concurrencia con países con niveles salariales mucho más bajos que el nuestro, sean cuales sean los índices de pobreza. Además, carecemos de moneda propia con la que poder construir una barricada de defensa entre precios exteriores e interiores. Si mantuviésemos aún la peseta, se podría fijar un tipo de cambio que hiciese compatible un precio exterior, por ejemplo, en dólares, competitivo en los mercados exteriores, con un contravalor en pesetas capaz de soportar salarios dignos, en consonancia con los precios relativos interiores. Ciertamente, vía importaciones se perjudicaría la capacidad adquisitiva de los trabajadores de otros sectores con retribuciones más elevadas, o de los perceptores de rentas de capital, pero de eso se trata precisamente, de disminuir las desigualdades.

Mientras tengamos que mantener el mismo tipo de cambio que Alemania u Holanda, por ejemplo, me temo que la competitividad exterior en algunos sectores solo se puede salvaguardar a base de deprimir los costes, entre otros los laborales. Esto es algo que quizás tengan que comenzar a comprender los ministros podemitas. Van a tener que enterarse, quieran o no, de las limitaciones que crea la Unión Monetaria. Tal vez el señor Garzón no vuelva a repetir más en televisión eso de que el euro no representa ningún inconveniente.

El último factor, pero no el menos importante, que genera el hecho de que España se encuentre a la cabeza de la desigualdad social en Europa radica en las ofensivas que ha sufrido durante más de treinta años su sistema fiscal. No ha habido gobierno del PSOE o del PP que se preciara que no estuviese dispuesto a dar uno o varios tajos a la suficiencia y a la progresividad de nuestro sistema tributario. El problema se agravará y mucho de ahora en adelante, puesto que la recesión económica va a hundir la recaudación.

Retornando al seguro de desempleo y al ingreso mínimo vital, bien haría el Gobierno en dedicar más atención al primero y quizás un poco menos al segundo. La reforma en profundidad del seguro de desempleo logrando que la cobertura se acercase al 100% dejaría casi vacío de contenido el ingreso mínimo vital, restringido a algo secundario y para colectivos residuales, instalados la mayoría de ellos en la marginalidad. Quedaría reducido a lo que en realidad es, un subsidio graciable de último recurso. El seguro de paro tiene un origen, una causa: la falta de empleo adecuado. Se asocia a la dignidad de ser trabajador, que no se pierde por la incapacidad temporal de la sociedad de dotarle de un puesto de trabajo.

El salario mínimo vital se va a superponer a las ayudas con nombres diversos que conceden las Comunidades Autónomas, con el consiguiente peligro de duplicidad. Y además se prevé que sea compatible con todo tipo de ingreso, incluso salario. Este último punto se intenta justificar en la necesidad de que los beneficiarios mantengan un incentivo para buscar trabajo. Me temo que el resultado va a ser el contrario. Primero, se sitúa muy cerca del complemento salarial que planteaba Ciudadanos y tan denostado, con razón, por Podemos. Es difícil distinguir a quién se está subvencionando, si al trabajador o al empresario. Segundo, existe el riesgo de que un grupúsculo social se instale plácidamente en esa situación de precariedad, prefiriendo completar sus rentas con distintos ingresos de una u otra procedencia y renuncie a encontrar un puesto de trabajo. El salario mínimo vital debería ser la última red de protección social y constituirse por tanto solo después de que el seguro de desempleo haya llegado casi al 100% de cobertura.

En cualquier caso, aun guardando todas las distancias, pues no estamos en el siglo XIX, no deberíamos echar en saco roto la definición que Carl Marx da del lumpen proletariado en su obra “El 18 de brumario”: “Bajo el pretexto de crear una sociedad de beneficencia, se organizó al lumpem proletariado de París en secciones secretas, cada una de ellas dirigida por agentes bonapartistas y un general bonapartista a la cabeza de todas. Junto a roués arruinados, con equívocos medios de vida y de equívoca procedencia, junto a vástagos degenerados y aventureros de la burguesía, vagabundos, licenciados de tropa, licenciados de presidio, huidos de galeras, timadores, saltimbanquis, lazzaroni, carteristas y rateros, jugadores, alcahuetes, dueños de burdeles, mozos de cuerda, escritorzuelos, organilleros, traperos, afiladores, caldereros, mendigos, en una palabra, toda esa masa informe, difusa y errante que los franceses llaman la bohème: con estos elementos, tan afines a él, formó Bonaparte la solera de la Sociedad del 10 de diciembre, «Sociedad de beneficencia» en cuanto que todos sus componentes sentían, al igual que Bonaparte, la necesidad de beneficiarse a costa de la nación trabajadora”.

No diluyamos el Estado social y la economía del bienestar consolidando una sociedad de beneficencia.

republica.com 22-5-2020



ANTE LA MUERTE DE MI AMIGO JULIO ANGUITA

articulos Posted on Wed, May 20, 2020 12:30:02

En varias ocasiones me había desplazado a Córdoba invitado por Julio a dar una conferencia. Pero últimamente me venía insistiendo en que tenía que ir simplemente a pasar un rato juntos y a charlar. Por fin lo hice con Victor Ríos en febrero, unos días antes del confinamiento. Nos despedimos con un fuerte abrazo y el propósito de repetir el encuentro más adelante en Barcelona y en Madrid. Ya no podrá ser. Julio ha muerto. No quiero hacer un obituario al uso. Pienso que lo mejor es que transcriba las palabras que le dediqué el 30 de noviembre de 1998 con motivo de la presentación de su conferencia en el Club Siglo XXI.

“Buenas noches. Mis primeras palabras deben orientarse forzosamente a señalar el carácter paradójico de mi intervención. ¿Cómo voy a presentar yo a Julio Anguita? Mas bien la lógica indicaría que es él quien debería presentarme a mi. Julio Anguita, para mal de algunos y bien de muchos, es de sobra conocido y no precisa presentación.

Permítanme, por tanto, que no realice una presentación clásica, a todas luces superflua, y que mi intervención se centre en un solo acontecimiento, acontecimiento que estoy seguro de que modificó radicalmente su vida, pero que, según creo, ha modificado también de cierta manera la historia reciente de nuestro país. Me refiero a su designación como coordinador de Izquierda Unida, que le obligó a abandonar esa ciudad (Córdoba) de la que siempre se ha sentido enamorado -aún se le iluminan los ojos cuando habla de ella-, y adentrarse en los meandros tortuosos de la política, con mayúsculas, de esta villa y corte.

Y permítanme que lo haga recurriendo a la literatura, a una obra de Anouilh, “Thomas Becket o el honor de Dios”. No, no teman, la comparación no tiene por objeto lo de la santidad. Está fuera de lugar y no creo que sea una comparación adecuada.

No me interesa el personaje histórico, sino el literario, el existencial, tal como Anouilh lo describe. Becket, el Becket de la obra de teatro, se resiste a su candidatura como primado de la Iglesia de Inglaterra. Presiente que esa designación va a trastocar su vida y que las cosas nunca serán ya iguales.

Es el rey de Inglaterra, Enrique II Plantagenet, el que planifica y se empecina en su elección. En realidad diseña una mascarada, supone que colocando a su canciller como primado de la Iglesia de Inglaterra sometería esta a sus designios. Cree que el nuevo arzobispo de Canterbury, amigo y cómplice de juergas, subordinaría los intereses de la cruz a los de la espada.

Pero las cosas a veces se complican. Becket no estaba dispuesto a aceptar el papel de comparsa que se le había asignado. Si al comienzo siente pavor ante el nombramiento y por eso lo rehuye, es porque tiene la convicción de que el nuevo cargo va a encadenarle a una responsabilidad difícil de eludir. Lo que Anouilh llama “el honor de Dios”. Que es simple y llanamente ser honesto consigo mismo. No hacer trampa, en el lenguaje de los existencialistas. Becket sabía que iba a estar obligado a decir “no”.

Bien sabemos todos lo mucho que Anguita se resistió a su nombramiento. En esta ocasión no hubo un rey, pero sí un grupo de barones que tenían diseñado el camino a recorrer. Izquierda Unida debería caminar hacia la modernidad, hacia la moderación, hacia lo políticamente correcto; buscaron alguien que por una parte tuviese tirón electoral, gancho popular y que al mismo tiempo fuese manejable, instrumento dócil en sus manos. Nada mejor que alguien de provincias, desconocedor de los intríngulis y artificios de la Corte, y, por lo tanto, fácilmente manipulable, adaptable a sus designios.

Ahora que en Europa se ha puesto de moda lo de la tercera vía, deberíamos recordar que nuestro país ha sido pionero en la materia. La izquierda española estuvo presta a acomodarse a las exigencias del pragmatismo. Gato blanco, gato negro, lo importante es que cace ratones. El mérito de Julio Anguita ha consistido en haber sabido decir “no”. En entender que había una raya que no era lícito traspasar; que más allá la izquierda dejaba de ser izquierda. Se perdía la identidad aunque se mantuviese el nombre. Un simple problema de dignidad.

Los personajes de Anouilh (Becket, Antígona o la Juana de Arco de La Alondra) tienen todos algo en común. En primer lugar están predestinados a decir que no. A oponerse. Pueden parecer fanáticos pero nada más lejos de la realidad, en el fondo están llenos de dudas e incertidumbres. Aunque eso sí, son conscientes de su destino, de que, si quieren ser fieles a sí mismos, si no quieren perder el honor, no tienen más remedio que decir “no”. Lo hacen con naturalidad, con cierta sencillez, pero es esa misma sencillez y naturalidad la que en un mundo en el que todos están dispuestos a ceder, les hace parecer tercos y cerriles.

A Julio Anguita, en una campaña bien orquestada de desprestigio, se le ha identificado con el dogmatismo y la intransigencia. Quien haya tratado con él personalmente conoce de sobra la diferencia que existe entre el Anguita real: tímido, reflexivo y negociador -casi un poco gitano a la hora de aunar voluntades y tendencias-, enemigo de las divisiones y las contiendas, consciente de la complejidad de la realidad, y por lo mismo contrario al fanatismo de cualquier ideología cerrada, y el Anguita que nos presentan los medios de comunicación y las elites dominantes.

Como buen cordobés, heredero de varias culturas, sabe de los resultados nefastos que acarrea todo intento por parte de una de aplastar a las demás. De su talante dialogante dan buena prueba sus muchos años en la alcaldía de Córdoba. Eran los tiempos en que los enemigos acérrimos del PC, para explicar cómo un comunista podía ganar reiteradamente la alcaldía de una ciudad como Córdoba, afirmaban que Anguita era otra cosa. De su carácter dialogante son buena prueba también estos años al frente de la dirección de Izquierda Unida. El que verdaderamente conozca desde dentro lo ocurrido y no se haya dejado intoxicar por el mensaje interesado de determinados estamentos sabe que ninguna fuerza política hubiera permitido y aguantado durante tanto tiempo lo que ha soportado la dirección de IU. Un torpedo bajo su línea de flotación, una quinta columna trabajando para otra formación política.

Pero ello no es incompatible con la firmeza para defender las propias convicciones. Llegado cierto límite hay una frontera que no se puede cruzar, aquella en la que como los héroes de Anouilh se está obligado a decir “no”. Simplemente porque el capricho del destino lo ha colocado a uno ahí, no queda otro remedio, con sencillez con naturalidad. Anguita ha sabido entender que llegado a ese punto, ceder es entregarse y traicionar lo que en este país queda de izquierda, e incluso cerrar toda posibilidad a que exista en el futuro. En una sociedad en la que prácticamente todo el mundo está dispuesto a venderse por un plato de lentejas, en la que es tan fuerte la tentación de respetabilidad, de ser tenido por moderno, de recibir el aplauso social, aplauso que administran lógicamente las fuerzas dominantes, Anguita comprende que le ha tocado decir “no”, porque en ese “no” se juega la identidad de la izquierda, el honor de la izquierda.

Los héroes de Anouilh tienen una segunda cosa en común: la soledad. Están condenados a ella. Es el precio que hay que pagar por osar decir no. Yo me temo que Julio sabe también mucho de soledad. Que a lo largo de estos años ha sentido su zarpazo. Soledad, supongo, sentida cuando tuvo que enfrentarse precisamente a aquellos que le habían traído a Madrid, y que comenzaron a combatirle tan pronto como se sintieron decepcionados al comprobar que no se conformaba con ser una marioneta en sus manos, que no aceptaba seguir el camino que ellos habían diseñado. Soledad, al oponerse a todos los intereses desatados para que Izquierda Unida cediese y se adaptase y se acoplase a ese nuevo discurso, que de izquierdas solo tiene el nombre y que en el fondo no es más que neoliberalismo disfrazado. Soledad, al desencadenarse la mayor campaña de desprestigio, burla y ridiculización que haya sufrido un político.

Y no es que a Anguita le falten amigos, que no tenga colaboradores e incluso adeptos. Es patente su capacidad de convocatoria. Pero, a la hora de la verdad, sabe muy bien que es a él al que le ha tocado estar situado ahí, y que nadie puede hacer por él lo que a él le ha tocado hacer. Se suele afirmar que todos nacemos solos, y morimos solos. Decir “no” es morir un poco. Y por lo tanto, todos cuando nos toca decir no lo hacemos en total soledad.

Estoy seguro de que el contacto con la gente ha llenado a Anguita de humanidad, pero ha sido en la soledad donde se ha curtido, se ha endurecido y se ha hecho el político que hoy es.

Por último, hay una tercera característica común en los personajes de las tragedias de Anouilh. Su debilidad, su aparente fracaso. En una primera impresión superficial, todos pierden. Becket es asesinado por los barones del rey; Juana de Arco condenada a la hoguera por un tribunal eclesiástico; Antígona mandada ejecutar por su tío Creonte. No es que yo crea que Julio Anguita va a terminar así, aunque quizás a  algunos les encantaría. Estos finales son naturalmente artificios dramáticos y poéticos, pero que descubren el mensaje que Anouilh intenta transmitirnos, porque ninguna de las obras termina ahí, todas tienen una escena más en la que se muestra que el esfuerzo no ha sido en balde y que la rebeldía de los protagonistas ha dado su fruto. La derrota termina trocándose en victoria.

Esa es, a mi entender, la verdadera enseñanza de todas estas tragedias: que el poder no está únicamente en los estamentos y en las instituciones; que hay un poder real efectivo en la rebeldía, en la oposición, en la negativa a claudicar y que, aunque aparentemente no se vea, antes o después termina siendo eficaz.

Ante un mundo político que mantiene un concepto unívoco de eficacia, el de estar en el gobierno, hay que reivindicar la fuerza que deriva de la oposición, de la contestación. Ante una izquierda que con tal de integrarse en los ámbitos de poder está dispuesta muchas veces a renunciar a sus valores y principios, hay que proclamar la supremacía de la negación.

El triunfo más inmediato de IU, y por lo tanto de Julio Anguita, es simplemente estar ahí, con sus defectos, lacras y carencias, pero como contrapunto y contrapeso a una tendencia que conduce irremisiblemente a la desaparición de la izquierda.

Esta noche, Anguita, vuelve a estar aquí entre nosotros en este Club Siglo XXI, retorna, estoy seguro, para decir “no” a muchas cosas, para defender una vez más el honor de la izquierda, ese es su mejor título de presentación. No necesita otro. “

Julio Anguita ya no se encuentra entre nosotros pero nos queda su legado.

Y quizás su evocación para gritar con Miguel Hernández.

“A las aladas almas de las rosas

del almendro de nata te requiero

que tenemos que hablar de muchas cosas

compañero del alma, compañero”.

Republica.com



CORONAVIRUS: CAÑONES O MANTEQUILLA

APUNTES POLÍTICOS Posted on Mon, May 18, 2020 10:32:04

Al tiempo que Pedro Sánchez veía la orejas al lobo en el Congreso y prometía ser chico bueno, dialogar y pactar, su pinche, el de la curva y el pico, se negaba a proporcionar a los periodistas el nombre de los expertos que componían, con él a la cabeza, el grupo que tenía como misión establecer las provincias aptas para pasar de fase de desescalada. La razón esgrimida, que se quería evitar que sufriesen presiones. El doctor Simón parece ignorar que la democracia es un sistema basado en las presiones, presiones del pueblo sobre sus gobernantes.

Se dirá que los expertos no son políticos, solo técnicos; pero dejan de serlo y se convierten en políticos, cuando aceptan ocupar su puesto. A los políticos les encanta esconderse detrás de los técnicos, y transformar las decisiones políticas, sometidas a opciones y alternativas, a la conclusión necesaria de una argumentación científica. El gobierno de los sabios o el positivismo de Augusto Comte. El neoliberalismo económico ha ambicionado siempre desvincular las decisiones económicas de la política y hacer pasar todas ellas por resoluciones técnicas. De esta manera se elude la presión de la masa, del pueblo. Su diana preferida ha sido la política monetaria que, a pesar de su nombre, pretendían limpiar de cualquier resabio político, abogando por que los bancos centrales fuesen independientes de los gobiernos.

La verdad es que desde la famosa disyuntiva acerca de si producir cañones o mantequilla, toda la política económica, incluyendo la monetaria, no puede quedar reducida a ser la conclusión de un silogismo técnico, sino que tiene que configurarse más bien como una cadena de decisiones y opciones unidas a fines y medios que hay que compaginar. Siempre me ha parecido radicalmente errónea esa concepción, por ejemplo la que aparece en los estatutos del BCE, de que la única finalidad de la política monetaria es controlar la inflación. Todo banco central, quiera o no, al poseer el privilegio de emisión de su respectiva moneda y manejar por tanto la masa monetaria, se ve en la obligación de atender a dos objetivos, el crecimiento económico y la inflación, que a veces aparecen como enfrentados y habrá que elegir cuánto se sacrifica de una en aras del otro, y viceversa.

Esta es una lección que los bancos centrales han debido aprender, y aceptar que no son tan independientes como se creen o como aparece en sus estatutos. Ni la Reserva Federal ni el Banco de Inglaterra, ni siquiera el BCE. Alemania, máxima defensora de la independencia de esta última institución, no ha dejado de intentar condicionar sus actuaciones cuando no se han adaptado a sus intereses. La sentencia del Tribunal Constitucional alemán emitida hace unos días es el prototipo más claro de intromisión por parte de un Estado en la tan cacareada independencia del BCE y, lo que es peor, la pretensión de que el Tribunal Constitucional alemán esté por encima del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que había mantenido la tesis contraria. Lo que subyace, como siempre, es la duda de si la Unión Europea es algo más que el cortijo de Alemania.

Con la pandemia ocurre algo similar. El Gobierno sanchista lleva desde el principio escondiéndose detrás de las decisiones técnicas. Todo se les va en afirmar que ellos lo único que hacen es seguir los criterios de la comunidad científica, la opinión de los expertos. Pero en esta crisis, como en casi todos los aspectos de la vida, las opciones son diversas y al igual que en el resto de las situaciones sociales las alternativas son múltiples y las decisiones, políticas. Tampoco es cierto que el único objetivo sea evitar el contagio. Si eso fuera así la determinación a tomar hubiera sido un confinamiento indefinido y total, hasta que se encontrase una vacuna. Todos sabemos que esta opción es absurda e imposible de implementar. Pero nos sirve para poner de manifiesto que todos nosotros también, aunque proclamemos otra cosa, estamos convencidos en nuestro interior y en la forma de razonar que en este tema hay otras muchas variables y finalidades a tener en cuenta, aparte de la sanitaria.

En tiempos como estos se nos llena la boca al afirmar que la salud y la vida son los valores supremos. Pero ello no es cierto. Ninguna sociedad lo admite ni lo ha admitido nunca. La prueba es la existencia permanente de guerras que, aun cuando despierten la indignación de unos pocos, son generalmente aceptadas por los Estados y las sociedades; incluso calificamos de justas algunas de ellas. La mayoría de los países mantienen ejércitos, aunque muchos como el nuestro sean mercenarios (ahora los llamamos profesionales), para que la mayoría de la sociedad se haga la ilusión de que no se mancha las manos y se libre de ese engorroso asunto a los niños de papá. Hasta la iglesia católica ha mantenido permanentemente que hay valores superiores a la vida y ha canonizado el martirio.

Nuestra sociedad secularizada y acomodaticia, enferma de anhelo de seguridad y que aborrece cualquier forma de peligro, acepta, no obstante, que el riesgo cero no existe, y que vivir, se quiera o no, es exponerse. Asume, por ejemplo, que tiene que pagar el tributo de un número considerable de muertes en accidente de tráfico los fines de semana, en aras del confort que proporcionan la movilidad y el descanso. No tienen más remedio que admitir las profesiones de riesgo y consienten determinados deportes en los que el peligro resulta extremo o tolera las propias corridas de toros, que si bien algunos grupos denostan, parecen hacerlo más por el dolor que se inflige al toro que por el riesgo que asume el torero. La prueba más contundente de que no nos hemos creído por completo eso de que la salud es lo primero es que hemos escatimado y racaneado con los gastos sanitarios en los presupuestos.

A los pocos días de decretarse el estado de alarma (19 de marzo) escribía yo en este diario: “Se atribuye al torero Manuel García Escudero, apodado “el espartero”, la célebre frase de Más cornadas da el hambre. Cuando la emergencia sanitaria termine diluyéndose, comprobaremos si las consecuencias económicas van a ser más letales que la propia epidemia. Y es que, con la globalización, cualquier acontecimiento negativo, sea cisne negro o no, puede desencadenar una crisis de enormes dimensiones”.

Esta crisis tiene dos variables, la sanitaria y la económica (incluso tendríamos que considerar otras más), por lo que las decisiones que se adopten no pueden ser exclusivamente técnicas o científicas, y mucho menos cuando no se conoce ni siquiera el nombre de los expertos, y los criterios seguidos son tan volubles, discutibles, arbitrarios y hasta a veces contradictorios. Las decisiones deben ser políticas y equilibradas entre esas dos opciones. ¿Cuánto de riesgo asumimos para salvar la economía y cuánto de economía estamos dispuestos a sacrificar en aras de minimizar el riesgo? Es más, a la hora de escoger medidas para reducir el peligro de contagio tendríamos que elegir aquellas que fuesen menos cruentas para la actividad económica y, a la inversa, a la hora de la desescalada, a igualdad de riesgo, habrán de consentirse antes las actividades que más favorezcan la recuperación económica. La consecuencia, por otra parte, es inmediata: esas elecciones favorecerán a unos grupos y perjudicarán a otros.

Resulta innegable, por tanto, que las decisiones no pueden ser meramente técnicas y mucho menos basarse exclusivamente en criterios sanitarios. Los políticos, una vez más, no pueden esconderse en los expertos, y tanto más si estos pertenecen solo al campo de la medicina. El Gobierno, con la excusa de que sigue a pies juntillas los consejos de la comunidad científica, no tiene derecho a adoptar una postura pasiva y a permitir que se destruya toda la estructura económica, en la creencia ingenua de que todos juntos ya la reconstruiremos más tarde (Pactos de la Moncloa). Ni es aceptable que como única receta caiga en la suposición más ingenua aún de que Europa va a venir a salvarnos (Plan Marshall).

Habrá a quien le escandalice la idea de que se pueda comparar la salud y la vida con algo tan soez y material como la economía, pero es que, nos guste o no, la economía es el soporte de la salud y la vida. Sin Estado no hay Estado social, y sin economía no hay economía del bienestar. La política social no se mantiene a base de voluntarismo ni de soflamas y manifestaciones. No es suficiente proclamar la decisión de mantener el escudo o la coraza social. Cuando no disponemos de nuestra propia moneda, cuando el capital puede moverse libremente y estamos a expensas de un tercero, el talonario se termina y los recursos de la caja también. Entonces la economía impone sus exigencias, que pueden ser dramáticas para todos, pero muy posiblemente más para los que tienen menos medios de defensa.

Es posible que hoy desde Europa (también desde el FMI) estén exhortando a los gobiernos a gastar. Algo parecido, aunque quizás nos hemos olvidado de ello, ocurrió en 2008. Yo sí recuerdo que en algunos artículos saludé con euforia el hecho de que los mandatarios internacionales (comenzando por el FMI) se hubieran vuelto todos keynesianos. La transformación duró poco tiempo, hasta que los mercados financieros comenzaron a bramar y nos hicieron tomar conciencia a todos de que nos encontrábamos en un sistema que denominábamos globalización en el que se daba la libre circulación de capitales. Entonces aparecieron la prima de riesgo, la troika, los hombres de negro y la política de austeridad que tuvo efectos tan desastrosos -en unos más y en otros menos- en todos los países del Sur.

Sin duda, fue Grecia el país más perjudicado por esta crisis y el que conoció más de cerca la escasa distancia que hay entre la economía, la salud y la vida. En aquellos años el número de suicidios se incrementó sustancialmente en el país heleno. Cómo no recordar de forma especial al farmacéutico Dimitris Christoulas, de 77 años de edad, que se suicidó públicamente en la plaza Sintagma de Atenas. Dejaba escrito a modo de contestación y protesta: “Dado que no tengo edad que me permita responder activamente (aunque sería el primero en seguir a alguien que tomase un kaláshnikov, no encuentro otro modo de reaccionar con dignidad que poner un fin decente a mi vida antes de comenzar a rebuscar en la basura para encontrar la comida”. Es claro que Dimitris discrepaba de que la vida fuese el supremo valor. Las promesas y el voluntarismo de Syriza no sirvieron tampoco para corregir tal situación.

Ya era difícil que un gobierno como el Frankenstein pudiese gobernar con una mínima eficacia, pero he aquí que los dioses, el destino o quien sea, le ha colocado ante una encrucijada ciertamente difícil y complicada. ¿Cómo compaginar la epidemia con la marcha de la economía, cañones o mantequilla, riesgo o destrucción económica? No vale escudarse en la opinión de los expertos o de una teórica comunidad científica, ni excusarse por la teórica falta de colaboración de la oposición a la que se ha despreciado e insultado con anterioridad (Pactos de la Moncloa), ni esperar pacientemente el maná de Europa (Plan Marshall). No tienen más remedio que gobernar y, si no saben hacerlo, deberían tener la dignidad de marcharse. Pero eso, bien es verdad, no entra en la naturaleza de Sánchez.

republica.com 15-5-2020



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