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ARTÍCULOS RECIENTES CONTRAPUNTO

LOS TRES TENORES Y LOS DESAHUCIOS

APUNTES POLÍTICOS Posted on Tue, December 01, 2020 20:29:45

Podemos, Esquerra y Bildu han presentado una enmienda conjunta a la ley de presupuestos, destinada a suspender hasta 2023 los desahucios de las familias en situación de vulnerabilidad. Según manifestaron en rueda de prensa, su finalidad es presionar al PSOE. Quien, como de costumbre, ha manifestado de forma más expresiva pero también más impertinente el sentido que se pretendía dar al acto ha sido Rufián: “Aquí está la anti España defendiendo derechos fundamentales”.

Comienzo por preguntarme por qué no ir más allá, y legalizar y legitimar la ocupación de cualquier vivienda en caso de insuficiencia económica. Además, la vulnerabilidad no termina en la vivienda. Ni termina ni empieza. Hay otras muchas necesidades y quizás más primarias. ¿Por qué no introducir en la ley una enmienda que legalice todo hurto o robo cometido por una familia en situación de pobreza? Sería legal que los indigentes entrasen en los supermercados, en los grandes almacenes y en cualquier tienda, incluso en domicilios particulares, y se apropiasen libremente de lo que necesitasen para solucionar su problema. No hablo solo de que no sea delito o eximente -lo cual ya está previsto-, sino de que sea legal y todo el mundo en esas circunstancias económicas pudiera hacerlo con toda tranquilidad, a la luz del día y sin que nadie les molestase, como si se tratase de ejercer un derecho.

Se me dirá que exagero. Es posible, pero no parece que sea más equitativo hacer recaer sobre los miles y miles de pequeños arrendadores el coste de ayudar a las familias en situación de indigencia que sobre los dueños de comercios de todo tipo o sobre cualquier otro ciudadano. Se aducirá también que este planteamiento nos arrastraría al caos. Puede ser verdad, pero el caos jurídico se instaura ya cuando se propicia el incumplimiento de los contratos (pacta sunt servanda) y se hacen incidir sobre personas particulares, de forma aleatoria, las cargas que debe asumir el Estado.

Es cierto que el artículo 47 de la Constitución estipula que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, pero son los poderes públicos y no los ciudadanos los que están obligados a proporcionarla a aquellos que no pueden obtenerla por sus medios, y repercutir este coste social -como todos los demás gastos públicos- sobre todos los contribuyentes de acuerdo con su capacidad económica, mediante impuestos progresivos. Resulta injusto que se haga de manera caprichosa sobre un solo colectivo y a modo de mera lotería. Hacer que los arrendadores soporten la carga es como si el derecho a la sanidad gratuita tuviera que ser sufragado por los médicos, o el derecho a la educación, por los maestros.

Son los poderes públicos los que deben garantizar la totalidad de la política social, y por ende una vivienda adecuada a quienes carecen de medios económicos. Tienen instrumentos para ello, bien facilitando una solución habitacional alternativa, bien haciéndose cargo directamente del pago del alquiler u otro procedimiento parecido. Por ahí es por donde debía haber ido la enmienda. Un Estado que abdica de sus obligaciones y pretende trasladarlas de forma casual a un grupo de ciudadanos concretos es un Estado fallido. En la anarquía, sin Estado de derecho, malamente puede darse el Estado social.

Si se aprobase la enmienda, el resultado sería equivalente en el fondo a establecer sin justificación un impuesto a un colectivo determinado, el de aquellos arrendadores cuyos inquilinos no les pagan el alquiler, y a los que se ata las manos para poder recurrir jurídicamente. Es un impuesto porque se les hace asumir el gasto que debería financiar el Estado. El contenido de esta enmienda parece contradictorio con el hecho de que los autores hayan aceptado la inconveniencia de elevar los tributos durante la pandemia.

El problema es ciertamente legal, de justicia, de distribuir adecuadamente el coste de la política social, haciéndolo repercutir de forma generalizada sobre todos los ciudadanos en función de su capacidad económica; pero también es una cuestión de eficacia: conseguir adecuadamente los objetivos sociales que se dice querer alcanzar, y no los contrarios, que es lo que paradójicamente va a suceder con la enmienda propuesta. El Estado debe ser social; el mercado no suele serlo, no se rige precisamente por esos valores. Cuando se le violenta y se pretende que los adopte por la fuerza, el resultado puede acabar siendo nefasto.

El mercado del alquiler en España, a pesar de las voces interesadas en hablar continuamente de los fondos buitres, está muy atomizado. Más del 95% de los arrendadores son personas individuales, pequeños propietarios, la mayoría de clase media, y de mentalidad muy conservadora, no quieren riesgos. Este colectivo en buena medida ha canalizado sus ahorros al mercado inmobiliario porque lo considera mucho más seguro que el de los activos financieros; y sus miembros están dispuestos a salirse de él en cuanto vislumbren que el riesgo aumenta.

Muchos consideran que padecen ya indefensión y que se encuentran en una posición de inferioridad frente al arrendatario, que puede impunemente (no solo por indigencia) dejar de pagar el alquiler. Su única arma es el desahucio. Desahucio que suele dilatarse en el tiempo y que, cuando al final se logra, el piso suele presentar considerables desperfectos, a lo que hay que añadir a menudo deudas en suministros. Y, desde luego, en raras ocasiones se recuperan las rentas dejadas de ingresar. La estigmatización de los desahucios y enmiendas como estas incrementan su intranquilidad, y la posibilidad de que se retiren del mercado.

Tales políticas, encaminadas teóricamente a defender a los inquilinos, pueden terminar perjudicándolos, pues provocarán una reducción de la oferta con la consiguiente elevación del precio o, lo que es aún peor, que los arrendadores adopten medidas muy selectivas a la hora de alquilar. Se expulsará así del mercado a los más vulnerables (emigrantes, parados y precarios con riesgo de desempleo, familias con hijos pequeños o con ancianos, etc.), precisamente aquellos a los que se dice querer proteger. Este colectivo, ante la duda de los posibles arrendadores acerca de si van a poder hacer frente al pago de la renta y la sospecha de que en caso de conflicto va a ser mucho más arduo el desalojo, tendrá enormes dificultades para encontrar quien esté dispuesto a alquilarles una vivienda. El resultado será el contrario al que teóricamente se pretendía.

Algo similar puede ocurrir con las entidades financieras. Al margen de la opinión que se tenga de los bancos, el caso es que ante la imposibilidad de llevar a cabo desahucios su reacción será similar  a la de los arrendadores. Endurecerán las condiciones de las hipotecas, y en especial negarán su concesión a muchos más demandantes, a todos aquellos que presenten la más mínima probabilidad de resultar en el futuro insolventes, es decir, a los colectivos más vulnerables.

Rufián en la rueda de prensa afirmó que allí estaba la anti España defendiendo los derechos fundamentales. Allá ellos si se denominan así. En realidad, no sé lo que quieren indicar con este apelativo. Lo que sí parece cierto es que los tres tenores que dieron la rueda de prensa se confiesan y actúan como detractores del Estado español, y partidarios de su disgregación. En la rueda de prensa estaban presentes Jaume Assen, de en Comú Podem y persona de total confianza de Colau; Rufián, de Esquerra Republicana y Arkaitz Rodríguez de Bildu, los tres defensores de la autodeterminación de todas las regiones y, lo que más grave, valedores y legitimadores del golpe de Estado. Quien está en contra del Estado de derecho difícilmente se puede titular después paladín del Estado social.

La enmienda no defiende los derechos fundamentales, más bien lo que hace es reconocer el fracaso de un gobierno (al que los tres de una o de otra forma pertenecen, o al menos apoyan) que se declara incapaz de afrontar el problema de las familias en situación de vulnerabilidad y cifra su solución en el expolio de un grupo particular de ciudadanos que no pertenecen precisamente a las clases más pudientes.

Si la pretensión de la enmienda era proteger el derecho a la vivienda de los indigentes tendría que haberse orientado por otros derroteros: decretar la obligación del Estado de ofrecer una vivienda alternativa o asumir el pago del alquiler, y reclamar al mismo tiempo el establecimiento de una partida presupuestaria para atender tal contingencia. Es en este terreno donde podría hablarse de la cuestión de decencia a la que se refería Rufián y no en el de la propuesta realizada.

Hay que preguntarse, por tanto, si la finalidad última no es otra muy distinta, introducir ruido en el sistema, debilitar al Estado. Porque un Estado que para asegurar los derechos de unos ciudadanos no respeta los de otros, que quebranta la seguridad jurídica, es un Estado resquebrajado, anárquico. Camina a la descomposición. Pero, tal vez sea este el desiderátum de los tres tenores.

Republica.com 27-11- 2020



LOS FONDOS DE PENSIONES DEL MINISTRO INDEPENDIENTE

SISTEMA FIANCIERO Posted on Mon, November 23, 2020 19:46:20

Echémonos a temblar. El ministro Escrivá ha tenido una idea. Dicen que un francés con una idea en la cabeza arma más follón que un perro con una lata atada al rabo. El ministro independiente debe de ser francés. Ya tuvo una idea, la del ingreso mínimo vital, y menudo lío que ha armado. Lo diseñó como un impuesto negativo sobre la renta, imposible de gestionar y mucho menos de controlar. Si alguna vez llega a estar en funcionamiento, dará lugar a todo tipo de abusos, corruptelas y trampas.

Ahora idea incentivar los fondos de pensiones de empresa, lo cual, diga lo que diga, choca con el hecho de que el Gobierno reduzca en los presupuestos la cuantía que los contribuyentes pueden deducirse en el IRPF de los planes de pensiones individuales, que al fin y al cabo son voluntarios. No es que me parezca mal que se minore este gasto fiscal. Los fondos de pensiones son un mal invento, sin demasiado sentido. Solo benefician a las entidades financieras depositarias de las inversiones y que controlan a las gestoras.

Nacen -o al menos adquieren notoriedad- a mediados de los noventa, unidos a la campaña de desprestigio de las pensiones públicas. En 1994 el Banco Mundial difundió un informe en el que vaticinaba la quiebra de los sistemas públicos, informe inmediatamente secundado por los servicios de estudios de todas las entidades financieras, que sirvió para presionar a los gobiernos a que concediesen desgravaciones fiscales a los fondos de pensiones. Así, el periodo comprendido entre 1995 y 2000 se configuró como el de mayor expansión de los planes, pasando de 4,9 de billones de euros a 11,5. Más tarde llegó el estancamiento e incluso la minoración.

Lo primero que hay que poner en cuestión es que sea adecuado denominarlos “de pensiones”, porque en definitiva se trata únicamente de una forma más de ahorrar y no de las mejores. Como alternativa a las pensiones públicas, carecen de toda viabilidad, porque lo único que nos ofrecen es que cada uno se apañe, ahorrando lo que pueda en su vida laboral. Para ese viaje no hacían falta tales alforjas. Pero lo más indignante es que pretendan decidir por nosotros hacia dónde tenemos que dirigir el ahorro. ¿Por qué materializarlo en los llamados fondos de pensiones y no en la bolsa, en inmuebles, en obras de arte o en cualquier otro activo financiero? Dicho de otra forma, ¿por qué hay que primar fiscalmente una forma de ahorro en detrimento de las otras? Además, no hay ninguna certeza de que los fondos incrementen el volumen global del ahorro. Todo lo más, pueden cambiar su composición, orientándose hacia un lado o hacia otro dependiendo de los incentivos fiscales.

En realidad, los fondos y planes de pensiones no existirían sin la desgravación fiscal, tal como se encargan de recordar sus propios defensores todas las veces que corre el rumor de que esta va a desaparecer. Pero entonces, ¿cuál es la razón de la existencia de un producto financiero que nadie demandaría sin desgravación fiscal? Concretamente en España, según ha ido disminuyendo la cuantía de los beneficios fiscales los fondos de pensiones han ido perdiendo importancia relativa.

Existe, además, un cierto espejismo con el tratamiento fiscal de los fondos de pensiones. El beneficio que se obtiene no es tan grande como a primera vista podría parecer. Las aportaciones, al realizarlas, se deducen de la base imponible del IRPF, pero en contrapartida, cuando se rescata parcial o totalmente el fondo la cantidad correspondiente se debe incluir en la base imponible de ese ejercicio. Desde esta óptica, el beneficio fiscal consiste tan solo en posponer el momento en que se hace efectivo el gravamen. La única ventaja hipotética radica en que el tipo marginal del impuesto pudiera ser menor en el momento de la jubilación que durante la vida activa, pero aun así no es seguro que compense las comisiones de gestión y de depósito cobradas anualmente.

Hasta el 31 de diciembre de 2006, fecha en la que se modificó la ley, contaban con otro aliciente. Llegada la jubilación, el fondo se podía rescatar de una sola vez, y su tratamiento como renta irregular comportaba que la incorporación a la base imponible era tan solo del 60 % de su cuantía. Esta ventaja desaparece para las nuevas aportaciones realizadas a partir del 1 de enero de 2007. Si hasta ese momento era muy dudosa la conveniencia de realizar aportaciones a los fondos privados, a partir de entonces parece palmario que únicamente la ignorancia y el desconocimiento pueden conducir a que se quiera invertir en esta modalidad.

Todo esto es aplicable, por supuesto, a los fondos individuales, pero con tanto o mayor motivo a los de empresa, que parecen ser los preferidos por el señor ministro. Si los primeros han ido reduciendo su importancia, los segundos han quedado en un puesto casi residual -vestigios de otras épocas- y localizados en grandes empresas, muchas de ellas provenientes del sector público, privatizadas. A veces se limitan solo a parte de la plantilla, la más antigua y con derechos consolidados, y se han excluido a partir de una cierta fecha para las nuevas contrataciones laborales. Parece irrefutable que los fondos de empleo resultan inaplicables para la mayoría de las corporaciones de este país, que son pequeñas o medianas.

De ahí que sea bastante incomprensible que se quiera incentivar precisamente los planes de empresa que se dan solo en las grandes sociedades o entidades públicas, en las que los trabajadores están mejor organizados en sindicatos, y tienen más fuerza para presionar y conseguir acuerdos encaminados a la constitución de planes de pensiones; por el contrario, la posibilidad de conseguir fondos de empleo será nula para la gran mayoría de asalariados, con relaciones laborales más precarias y en sectores y explotaciones más frágiles, donde apenas existen las organizaciones sindicales o, si existen, carecen de fuerza.

Ahora bien, el ministro ha tenido “una idea grandiosa”, nada más y nada menos que constituir un gigantesco fondo de promoción pública y de gestión privada cuyo objetivo es conseguir -ahí es nada- que los fondos de pensiones de empleo se extiendan por lo menos a la mitad de la población ocupada. El señor ministro debe ignorar, por lo visto, que, según las encuestas, el 60% de la población española carece de capacidad de ahorrar (no llega a final de mes) y otro 30%, si lo hace, es en una cuantía mínima, con la única intención de poder hacer frente a los imprevistos que pudieran surgir y sin que sirva, desde luego, como aportación significativa a un plan de pensiones.

La ensoñación adquiere dimensiones ciclópeas cuando se añade que se dirige a las pymes, autónomos y empleados públicos. Se pretende, según dicen, facilitar la adhesión y articulación de las pymes y de sus trabajadores mediante planes colectivos sectoriales y altamente digitalizados (la digitalización que no falte); las empresas y los trabajadores se darían de alta desde el móvil, por un sistema muy simple, supongo que será tan simple como la gestión del ingreso mínimo vital. En cuanto a los autónomos, ¿nos podría explicar el señor ministro cómo lo va a conseguir, si aún no se ha logrado que funcione correctamente el régimen especial de autónomos de la Seguridad Social?; ¿si no pueden pagar, según dicen, unas cotizaciones adecuadas para mantener las pensiones públicas cómo van a acometer las aventuras esotéricas que ahora quiere crear el señor Escrivá?

Con digitalización o sin digitalización, con móvil o sin móvil, en el caso de las pymes y en general en cualquier empresa las aportaciones van a recaer sobre los trabajadores y además obligatoriamente (no dejan de ser obligatorias porque lo hayan pactado los sindicatos). Resulta evidente que, aunque nominalmente se diga que una parte la soportará la empresa, lo cierto es que toda su cuantía (tanto la aportación del trabajador como la del empresario) va a ir en detrimento de los salarios, y no parece que estos, y especialmente en las pymes, estén para tales alegrías. Por otra parte, si lo que desea es subir las cotizaciones, hágase en el sistema público; bien es verdad que este no discrimina por empresas, pero esa es precisamente una de sus cualidades.

Lo que a menudo se olvida es que el fundamento y el sentido de la Seguridad Social radican precisamente en su carácter redistributivo y en la cobertura generalizada del riesgo de vejez. Es cierto que no nos movemos en un sistema por completo igualitario, y que las pensiones son diferentes en función de los años de cotización y de las bases sobre las que se ha cotizado; pero no es menos cierto también que no existe una proporcionalidad estricta entre cotización y prestación. Es este carácter universal y compensatorio, en el que se exige una caja única, lo que diferencia radicalmente el sistema público de los planes privados, y lo que impide que estos puedan constituirse en alternativa.

En cuanto a los empleados públicos, el señor Escrivá no es nada original. El disparate ya lo cometieron otros con anterioridad. Los sindicatos de la función pública firmaron un pacto con el último gobierno Aznar con el fin de que parte del incremento salarial que correspondía a los empleados públicos se abonase como aportación a un fondo de pensiones. Las cantidades eran ciertamente ridículas, pero se entiende mal el carácter de su obligatoriedad porque, aunque se hizo la pantomima de pedir aquiescencia al trabajador, la percepción de tal cantidad se encontraba condicionada a que fuese bajo la forma del fondo de pensiones. No había alternativa. La finalidad del Gobierno, y más concretamente del ministro de Hacienda, parecía estar bastante clara. Pretendía legitimar y publicitar los fondos privados. Tal vez lo mismo que ahora persigue Escrivá. ¿Pero cuál fue la motivación que impulsó a los sindicatos? Es difícil encontrar otra distinta que la del poder que les concede participar en su gestión. Esperemos que esta vez las organizaciones sindicales no se dejen deslumbrar por el oropel y hagan caso omiso de los cantos de sirena

Republica 20-11-2020



EL PACTO DE TOLEDO: PAN PARA HOY Y HAMBRE PARA MAÑANA

ECONOMÍA DEL BIENESTAR Posted on Wed, November 18, 2020 12:22:37

Después de cuatro años de reuniones, la comisión del Pacto de Toledo ha concluido su informe sobre la reforma del sistema público de pensiones, que -se supone- servirá de soporte a la futura ley. El informe tiene avances significativos, aun cuando se resiste a librarse del lastre originado por el propio Pacto de Toledo en 1995, la separación de fuentes y la disociación entre el Estado y la Seguridad Social (SS).

Para eliminar el actual déficit de la SS, el informe recomienda el procedimiento, defendido con frecuencia por los sindicatos, de mantener la dualidad, pero traspasando al presupuesto del Estado aquellas cargas que actualmente están presentes en las cuentas de la seguridad social y que no son en sentido estricto pensiones contributivas. Es lo que se denomina “gastos impropios”, y que engloba, por una parte, prestaciones derivadas de la actuación social del sector público, pero que no están ligadas a cotizaciones sociales y, por otra, las ayudas a las empresas en forma de reducción de cuotas para promocionar el empleo.

Todos estos gastos se estiman en 22.871 millones de euros y se supone que al final de 2023, cuando haya finalizado el traspaso, la SS se habrá librado del déficit. Pan para hoy y hambre para mañana, porque se continúa afirmando que las cotizaciones sociales tienen que mantenerse “como la fuente básica de las prestaciones contributivas”, con lo que para el futuro se dejarán las pensiones al albur de la variación de las cotizaciones o, lo que es lo mismo, de la evolución del mercado laboral y de los cambios demográficos, sin considerar ni la productividad,  ni la renta per cápita, ni la presión fiscal, que son las variables a tener en cuenta en todo tipo de gastos sociales.

Es verdad que tras calificar de fuente básica a las cotizaciones sociales, se añade: “…sin perjuicio de los apoyos y recursos económicos adicionales, como pueden ser las transferencias del Estado”. Y es también verdad que hablar de transferencias y no de préstamos es un paso importante, pero no podemos ocultar que los denomina recursos adicionales, lo que coloca a las pensiones en una situación peor que otro tipo de prestaciones, como, por ejemplo, la sanidad o la educación. No es por casualidad que en todas las crisis económicas las pensiones se encuentren en el centro de la diana.

A pesar de que se traspasen al presupuesto del Estado los gastos impropios, la dependencia de las pensiones contributivas de las cotizaciones sociales como fuente básica de financiación amenaza con que, antes o después, retorne el déficit de la SS y con él la pretensión de reforma y la demanda de ajustes, y que dentro de 10, 15 o 20 años estemos en la misma situación. (Ver, entre otros, mi artículo del 14-12-2017, titulado “La OCDE y de nuevo los sofismas sobre las pensiones”).

La recomendación 2 del Pacto de Toledo señala que las pensiones contributivas deben mantener el poder adquisitivo y actualizarse, por tanto, anualmente por el IPC. Pero ello no garantiza nada en caso de dificultades económicas. Una recomendación como esta constituía el núcleo central del Pacto de Toledo original firmado en 1995, y eso no fue óbice para que Zapatero en 2010 congelase las pensiones y para que Rajoy elaborase una ley que cambiaba el sistema de actualización. En los momentos presentes, las tasas de inflación son muy reducidas, incluso negativas, con lo que regularizar las pensiones por el IPC no constituye un problema, pero la cosa puede cambiar radicalmente si la inflación alcanza niveles más elevados.

Es posible que detrás de estos planteamientos se encuentre el propósito de incluir en la futura ley la modificación de otros aspectos del sistema público de manera que compense los cambios futuros en el mercado laboral y en el deterioro de la pirámide de población. Algo de ello se insinúa en la recomendación 12 indicando que la edad de jubilación real debe acercarse a la legal. Quizás quien se haya expresado de forma más clara sobre esta materia sea el actual ministro, no solo desde su actual cargo, sino también desde su anterior puesto al frente de la AIReF, y es de suponer que por ese camino se vaya a adentrar la nueva ley.

El ministro independiente (dependiente, como el resto de ministros, de los golpistas) ha defendido que el retraso en la edad de jubilación y la entrada de emigrantes compensarán la tendencia demográfica negativa. Lo cual podría ser cierto siempre que España estuviese en situación de pleno empleo, pero no cuando mantenemos más de tres millones de parados, y sin demasiadas esperanzas de que la tasa de desempleo se reduzca sustancialmente, al menos a corto plazo. Este error es una consecuencia más de separar SS y Estado y considerarlos como compartimentos estancos. Desde una óptica global, el posible ahorro en pensiones se compensaría con un mayor gasto en el seguro de desempleo, o en otro tipo de ayuda a los parados. Desde luego, lo que tiene mucho menos sentido es incentivar, tal como proponen el ministro y el mismo Pacto de Toledo, el retraso voluntario de la edad de jubilación, mientras que las cifras de paro mantengan los niveles actuales y constituyan el problema número uno de la economía española.

Por otra parte, las jubilaciones anticipadas tienen su origen en buena medida en los expedientes de regulación de empleo, y se utilizan para facilitar el despido de los trabajadores en las crisis o en la reestructuración de empresas y como complemento al seguro de desempleo. Una vez más, la interrelación entre Estado y SS es un hecho y reducir los gastos de uno influye en la otra.

La prueba de que el informe actual del Pacto de Toledo continúa esclavo de la antigua filosofía es que mantiene, en su recomendación número 3,  la hucha de las pensiones. Subraya que, una vez que se recupere el equilibrio de las cuentas de la SS, deberá retomarse la regla según la cual los excedentes de las cotizaciones, sin límite alguno, han de incorporarse al Fondo de Reserva. Conservar la hucha de las pensiones resulta contradictorio con defender que los déficits de la SS, cuando existan, se enjuguen con aportaciones del Estado y no con préstamos. El Fondo de Reserva se invierte en deuda pública, por lo que en realidad se trata de un préstamo de la SS al Estado. Para ser coherentes, los excedentes se deberían transferir al Estado, lo mismo que se pide a este que sufrague los déficits.

No se puede negar que el reciente informe del Pacto de Toledo da pasos en la buena dirección, pero no termina de despegar y de abandonar la teoría de la separación de fuentes. En la recomendación 19 bis se afirma que “ante el riesgo de una reducción de ingresos de la SS debida a la digitalización, hay que corregir una excesiva dependencia de las cotizaciones sociales en un contexto productivo y demográfico muy distinto al de las últimas décadas del siglo XX”. Y continúa: “Si la revolución tecnológica implica un incremento de la productividad, pero no necesariamente aumento del empleo, habrá que encontrar mecanismos innovadores que complementen la financiación de la SS más allá de las cotizaciones sociales”.

Todo ello es muy cierto, pero ¿qué mecanismos innovadores? Los únicos ingresos posibles son las aportaciones del Estado.  Son todos los impuestos, incluyendo las cotizaciones sociales, pero también los gravámenes que inciden sobre el capital y no exclusivamente sobre la mano de obra, los que tienen que financiar las pensiones, al igual que financian la totalidad de los servicios públicos y el resto de las prestaciones sociales. Es el Estado, con todos sus ingresos, el que debe garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Dejémonos de dar rodeos, y de inventar soluciones ingeniosas que no son más que pan para hoy y hambre para mañana.

republica.com 13-11-2020



UNOS PRESUPUESTOS JACTANCIOSOS E HIPOTECADOS

HACIENDA PUBLICA Posted on Mon, November 09, 2020 09:33:31

Todos los presupuestos son sociales y progresistas, al menos eso es lo que afirman siempre los respectivos gobiernos. No obstante, suele haber grados, dependiendo de lo teatrales que sean. Con Sánchez, ya lo sabemos, todo es puro espectáculo, por eso no se han conformado con que la ministra de Hacienda, como es tradicional, lleve al Congreso los documentos (hace años en papel con una camioneta llena de libros, recientemente en un pen drive), sino que antes el presidente y el vicepresidente del Gobierno han querido presentarlos de forma solemne en la Moncloa y con una liturgia made in Sánchez, similar a la que ha venido aplicando cada poco tiempo, en las distintas circunstancias, desde el frustrado pacto con Rivera, allá por 2015.

El triunfalismo, la satisfacción y la euforia mostrados en la presentación contrastan con los graves apuros económicos que están sufriendo muchos ciudadanos y aun más con las amenazas que se ciernen sobre la economía española de cara al futuro. Frases como la de “el mayor gasto social de la historia” o la de “cambiaremos el modelo productivo de España”, o esa otra de “avanzar hacia una economía con un mayor valor añadido”, suenan casi a escarnio cuando la situación económica de España es crítica.

La ministra de Hacienda ha calificado estos presupuestos como extraordinarios, inéditos e históricos. El mismo título que han querido darles, “presupuestos de la transformación”, es una petulancia casi insultante. El objetivo debería ser mucho más humilde, la recuperación, salvar los muebles, salir lo antes posible de la crisis, y de la manera más factible, sin grandes planteamientos de transformación y no digamos de cambio de modelo productivo. Da la impresión de que el gobierno está en las nubes o de que confunde la realidad con el teatro.

Bien es verdad que los presupuestos lo aguantan todo. Se pueden rellenar las partidas con las cantidades que se deseen. Solo hay que procurar cuadrar los ingresos con los gastos y con el déficit que estemos dispuestos a confesar. Ciertamente, al final se descubren las trampas o los errores, pero eso sucede a la liquidación y entonces la atención popular y la política se centran ya sobre el año siguiente y lo pasado pierde interés. La superchería se suele introducir desde el mismo principio a la hora de estimar el cuadro macroeconómico, con repercusiones inmediatas como mínimo en las previsiones de recaudación.

El cuadro macroeconómico propuesto por el Gobierno como antesala de los presupuestos es en exceso optimista y presuntuoso, aunque da la impresión de que esa confianza es más bien impostura. Es difícil creérselo cuando se aparta de las estimaciones del Banco de España (BE), del FMI, y de la OCDE. La segunda ola es una realidad y todo indica que la epidemia, con sus secuelas económicas, va a permanecer buena parte del próximo año.

El Gobierno estima para este año una reducción del PIB del 11,2%, mientras que el FMI lo cifra en el 12,8%; la OCDE y el BE, si tomamos sus previsiones en el contexto de una segunda ola, en el 14,4 y el 15,1%, respectivamente. Pero mayor diferencia se produce en el crecimiento estimado para el año 2021. El 9,8% resulta increíble, y choca frontalmente con las estimaciones de los organismos internacionales y del BE. Todo ello conlleva a que la recaudación será con seguridad muy inferior a la establecida en el documento presupuestario, y por ende el déficit será mayor o se tendrán que recortar capítulos de gasto que tan generosamente, pero sin demasiado fundamento, se han colocado en los estados numéricos para proclamar a bombo y platillo que contienen el mayor gasto social de la historia.

El Gobierno incorpora los recursos (26.634 millones de euros) que estima que en 2021 van a venir de Europa. Pero no hay ninguna certeza de que el dinero llegue en el próximo año ni de que sea por tal cantidad. Además, es una incorporación tramposa, puesto que el 95% se concreta en transferencias tanto corrientes como de capital, es decir, que en su gran mayoría se va a ejecutar fuera del presupuesto. Tan solo sirve para hinchar los gastos y mostrar que estos se incrementan sustancialmente con respecto a los del presente año.

Conviene recordar que los fondos europeos no pueden emplearse en gastos de funcionamiento ni en prestaciones sociales, sino en proyectos, que en su mayoría estarán ligados al sector privado. Lo peor es que, espoleado por la prisa, el Gobierno ha decidido que los proyectos comiencen a ser ejecutados antes de ser aprobados por Bruselas y serán financiados, de forma puente -se dice-, por deuda pública. ¿Pero qué ocurre si al final la UE no los aprueba?

Por otra parte, no creo que pueda incrementarse significativamente la protección social sin que exista una reforma fiscal en profundidad, reforma que el Gobierno pospone una vez más ad calendas graecas. No entiendo esa aseveración que niega rotundamente que se puedan o se deban elevar los impuestos en un momento de crisis. Ciertamente, no es conveniente subir los indirectos, ya que estos giran sobre todos los ciudadanos, prescindiendo de su situación económica. Pero otra cosa son los tributos de carácter directo, ya que consideran las características monetarias y financieras de cada contribuyente, y por lo tanto se puede discriminar a quiénes afectan. Van unidos a los beneficios, a la renta y al patrimonio.

El impacto de una crisis sanitaria y económica como esta no es uniforme, ni todos la sufren del mismo modo, incluso puede ocurrir que algunos hayan salido ganando, o por lo menos que no tengan pérdidas o bien que sus pérdidas no sean relevantes con respecto a su patrimonio y a su renta. Incrementar el gravamen a estos contribuyentes puede ser conveniente desde el punto de vista de la equidad, distribuyendo la carga de la crisis, pero también para el objetivo de la recuperación económica;  la propensión a consumir de los que van a soportar el gravamen será bastante inferior de la de aquellos que van a recibir las prestaciones sociales.

Estos presupuestos introducen, curiosamente, pocas variaciones tributarias, y de ellas la mayoría son relativas a los impuestos indirectos: gravamen sobre el diesel, cambio del IVA de las bebidas azucaradas, incremento del tipo en la tributación de las primas de seguros, a lo que hay que añadir la creación de nuevos impuestos que necesitan ley propia, un gravamen sobre el uso del plástico y otro sobre residuos. La casi totalidad se pretenden justificar por el cuidado al medio ambiente, pero tan importante o más que el medio ambiente, sobre todo cuando este apenas depende de nosotros, es la política redistributiva, y lo que recibe el nombre de fiscalidad verde suele ser casi en su totalidad gravámenes indirectos y que inciden en mayor medida sobre las clases bajas.

Por el contrario, lo que los presupuestos pretenden presentar como tributación a los grandes contribuyentes es una mala broma. Las modificaciones tributarias expuestas en el pacto entre el PSOE y Podemos están muy lejos de constituir la reforma fiscal que necesita la economía española; de hecho, están llenas de tópicos y se mantienen en la superficie. Cualquier cambio del IRPF tiene que comenzar por unificar las rentas de capital con el resto de ingresos en una misma base imponible y con una misma tarifa, cosa que el acuerdo no contempla. Sin abordar esta modificación toda otra constituye un pastiche que originará contradicciones y quizás injusticias comparativas.

Ahora bien, en estos presupuestos, con la excusa de que estamos en crisis, ni siquiera se incorpora lo pactado, dejándolo, según dicen, para más adelante. Los escasos cambios introducidos en el IRPF y en el impuesto de patrimonio son casi una burla y parecen tan solo un intento de pasar por progresistas frente a los respectivos electorados. Algo similar ocurre con ciertas medidas propuestas para la lucha contra el fraude fiscal. Hay una en concreto cuyo objetivo parece ser únicamente engañar al personal. Me refiero a la prohibición de decretar en el futuro una nueva amnistía fiscal. Tal precepto no tiene ninguna virtualidad. No garantiza absolutamente nada. Las amnistías fiscales se aprueban por leyes, y una ley cambia a otra ley, con lo que la medida es pura palabrería, mera declaración de intenciones, y las promesas de Sánchez no son demasiado creíbles, como todo el mundo sabe.

La misma finalidad parecen tener las dos condiciones impuestas al final por Podemos para aprobar los presupuestos. Obedecen únicamente al propósito de mostrar que su estancia en el Gobierno no es inútil, y que son capaces de imprimirle un giro a la izquierda. La primera incide sobre el ingreso mínimo vital (IMV). Pretende introducir algunos cambios con la intención de solucionar los embrollos en los que está inmersa esta prestación. Vano intento, el defecto es de fondo, de diseño. Se ha construido una figura muy difícil de gestionar y más aún de controlar. La forma que adopta, de impuesto negativo sobre la renta, tiene un coste de administración y fiscalización totalmente desmedido. Los problemas que están creándose en su implantación lo indican bien claramente. El gobierno esta semana se ha visto obligado a crear un subsidio para aquellos que han agotado este año el seguro de desempleo. Pero entonces ¿para que sirve el IMV?.  Lo peor, además, está por venir; cuando al final esté totalmente en funcionamiento, descubriremos que no hay forma de controlarlo a un coste proporcionado, por lo que la prestación quedará al albur de los más listillos y se prestará a todo tipo de trampas.

La segunda condición radica en la promesa de limitar el precio del alquiler. El haber escrito ampliamente sobre este tema y sobre los resultados negativos que se pueden obtener, contrarios a los que teóricamente se pretenden, me libra de extenderme sobre ello en esta ocasión (entre otros, ver mi artículo del 26 de marzo pasado). Sin embargo, no renuncio a señalar el riesgo que puede haber de destruir el incipiente mercado de alquiler. La poca extensión de este mercado ha lastrado tradicionalmente el problema de la vivienda en España, lo que constituye un grave perjuicio precisamente para las clases más desfavorecidas, a las que les está vedada la compra.

Además, no puede por menos que extrañar que se plantee precisamente ahora, cuando los precios de los alquileres están descendiendo; a no ser que detrás de esta demanda se encuentre una finalidad política, en el sentido más prosaico del término, el dar satisfacción a Esquerra Republicana y asegurar su apoyo a los presupuestos. La Generalitat, sin tener competencia para ello, ha aprobado una ley limitando los precios de los alquileres. (Colau debe su carrera a la plataforma antideshaucios). El Gobierno, como era de esperar, no la ha recurrido ni ha instado su suspensión. La amenaza de inconstitucionalidad, sin embargo, revolotea sobre la medida al estar tomada por un órgano que no tiene competencias para ello. La aprobación de una ley nacional la cimentaría y legalizaría.

Quizás se piense que con esta promesa Esquerra estaría dispuesta a apoyar los presupuestos. Por supuesto, con esta promesa y con algo más. Se asigna a Cataluña un montante de inversión desmedido con respecto a otras regiones. Se justifica afirmando que es la correspondiente a la participación del valor añadido que Cataluña tiene en el PIB nacional, pero ahí está precisamente el problema, que extrapolando ese modelo a todas las Autonomías se rompería la política redistributiva, y la desigualdad entre regiones se haría cada vez más pronunciada. Se condenaría a Extremadura, por ejemplo, a tener indefinidamente un ferrocarril tercermundista.

El problema de aprobar unos presupuestos Frankenstein es que nacen hipotecados a los partidos nacionalistas y regionalistas. Todos están dispuestos a pasar factura. No son de izquierdas ni de derechas, sino populistas, híbridos, hechos a trozos, de compras y de ventas; del PNV, de Esquerra, del PDeCAT, y de un sinfín de formaciones localistas y provincianas prestas a poner precio. Pero al mismo tiempo, pretenciosos y teatrales, alejados de la realidad presente y futura de la economía española. En las nubes, pendientes de la transición ecológica, la digitalización y la igualdad de género, pero olvidando tal vez las posibilidades más inmediatas de nuestra economía y de aquellos sectores en los que podemos ser más competitivos y en los que se puede crear más empleo.

republica.com 6-11-2020



GESTIONAR EL FONDO DE RECUPERACIÓN

EUROPA Posted on Wed, November 04, 2020 18:29:23

En 1992, Telecinco puso en antena un programa presentado por  Jesús Puente titulado “El millonario”. El juego consistía en que el concursante debía gastar un millón de pesetas en treinta minutos desde una habitación y cuando los establecimientos comerciales estaban cerrados. Solo podía contar con un teléfono y las páginas amarillas. El premio para el concursante consistía en quedarse con todo aquello que hubiese podido comprar durante esa media hora.

Ni que decir tiene que la elección de los artículos adquiridos no se acomodaba exactamente a las necesidades del concursante, ni a los bienes o servicios que hubiera adquirido con ese dinero en condiciones normales. La elección estaba condicionada por la prisa, la precipitación y por las posibilidades que en ese momento se le ofrecían, lo que hacía que, a menudo, con tal de gastar la mayor cantidad de dinero posible, el participante se llenara de cachivaches que en otras circunstancias hubiesen ocupado un lugar muy secundario en sus preferencias.

Lo anterior puede servir de paradigma a lo que a menudo ha ocurrido con los fondos de cohesión. Con frecuencia, el miedo a perder los recursos europeos hizo que las inversiones y los gastos acometidos no se acomodaran perfectamente a las prioridades de los españoles e incluso en ocasiones, con el tiempo, algunos resultaron fallidos, irracionales, poco útiles y con fuertes deseconomías.

El peligro se encuentra en que la historia se repita ahora con los recursos que van a venir de Europa. Ese riesgo revoloteaba por encima de la escenificación que el pasado 7 de octubre nos ofreció el presidente del Gobierno con piano y empresarios incluidos. En ese espectáculo montado con todo el mimo, con la vista puesta en la publicidad y en la propaganda, destacaron dos sensaciones que quedaron flotando en el ambiente, porfiando cada una de ellas por tener un puesto preferente y superar a la otra.

Destaco la ambigüedad y la levedad en la presentación de los proyectos; más que proyectos, enunciación de frases generalistas que no indicaban nada. Afirmar por toda explicación que el 37% se va a dedicar a transición verde y el 33% a transformación digital es dejar todo en el aire. Da la impresión de que quizás el Gobierno aún no sabe muy bien qué se puede hacer con ese dinero, y también de que está más interesado en garantizar que se gasten todos los recursos que en discriminar y seleccionar su destino.

Pero en aquel acto quedó también flotando la sensación de que el propio Gobierno desconfiaba de su capacidad para gestionar todos esos fondos. De ahí la insistencia del presidente del Gobierno en la prontitud y en la urgencia, primando estos objetivos por encima de la adecuada elección de los proyectos, de acuerdo con su eficacia y rentabilidad y teniendo en cuenta las necesidades reales.

Parece que el Gobierno se puede ver en la misma tesitura que el concursante de aquel programa de Telecinco señalado al principio del artículo y, llevado por el afán de utilizar todo el dinero, pueda encontrarse al final con una serie de inversiones que, en el mejor de los casos, no eran prioritarias y, en el peor, totalmente inútiles e incluso ruinosas para la sociedad española, aunque quizás convenientes para alguna iniciativa privada perspicaz.

Esa ansiedad en utilizar los recursos es la que hace decir a Pedro Sánchez y a sus acólitos que van a modificar la ley de contratos, la de subvenciones, la de régimen jurídico, la general presupuestaria, y que van a emprender una reforma de la Administración, de los procedimientos administrativos, de los sistemas de control, de rendición de cuentas, en definitiva, de todo lo que consideran obstáculos para lo que, según ellos, es una gestión ágil, eliminar -como afirma Sánchez- los estrangulamientos funcionariales.

Hay que reconocer que en esto los sanchistas no son demasiado originales. En los muchos años que he trabajado en el sector público he escuchado esa cantinela multitud de veces y casi siempre se producía una correlación casi perfecta entre la incapacidad para gestionar de los políticos que proponían las medidas y la fuerza con la que reclamaban la eliminación de todos los mecanismos y condicionantes que son garantía de que el gasto público se administre con la ecuanimidad y objetividad necesarias y que minimizan las posibilidades de corrupción y de arbitrariedad.

Todo esto explica la postura del Gobierno. Ante los muchos fracasos cosechados en la gestión, en este corto plazo que llevan en el poder, tienden a justificarse culpabilizando de los descalabros a lo que llaman rigideces administrativas, descalabros de los que solo ellos son causantes. El Gobierno es responsable de todos los fallos que han rodeado la gestión de la pandemia, puesto que han contado con poderes ilimitados y los contratos se han hecho por el procedimiento de emergencia, como pagos a justificar, sin someterse a la ley de contratos ni a los mecanismos habituales de control. Quizás por eso las distintas compras han resultado  a menudo nefastas y se han adjudicado no precisamente a las mejores empresas.

El bloqueo sistémico en la concesión del ingreso mínimo vital solo tiene una causa, el absurdo diseño con el que se ha elaborado que va a dificultar la gestión hasta niveles inasumibles, no solo ahora, sino en el futuro, y con resultados insólitos y casi ridículos como la respuesta que se da a un solicitante en la que se le comunica que se le ha concedido la prestación por importe de 14,20 euros mensuales. Algo parecido ha ocurrido con el atasco en los ERTE, en la aprobación de las pensiones y en el seguro de desempleo. El Ejecutivo no debe buscar la causa en lo que Sánchez llama cuellos de botella de la Administración, sino en su incapacidad para gestionar.

La desconfianza del Gobierno en la posibilidad de utilizar correctamente y a tiempo los fondos europeos ha tenido un efecto positivo, el de limitar, al menos a corto plazo, los recursos que han de solicitarse a los 72.000 millones que se van a conceder a fondo perdido. En realidad, netos son solo 33.000 millones, porque los otros 39.000 millones son aproximadamente la cuota que por uno u otro procedimiento debe aportar España como un miembro más de la Unión Europea en función de la cuantía de su PIB.

En principio, no parece que nuestro país obtenga ningún beneficio por disponer de los fondos que puedan venir de Europa como préstamos cuando actualmente no tiene dificultad, gracias al BCE, en financiarse adecuadamente. Si seleccionar los proyectos es siempre una operación delicada que se debe realizar con sumo cuidado, aun cuando los recursos sean a fondo perdido, cuánto más si el dinero viene en forma de préstamos, que pueden constituir para el futuro una enorme losa sobre la economía española.

No nos puede extrañar que la CEOE haya reaccionado en contra de la exclusión, porque muchos empresarios contaban ya con repartirse ese dinero. Pero los intereses de la sociedad española no tienen por qué coincidir con los suyos, y el Estado debe elegir con mucho cuidado cuál debe ser el nivel de endeudamiento y, sobre todo, qué proyectos son tan necesarios e imprescindibles de manera que merezcan incrementar la deuda pública. La historia se repite. Rajoy tuvo que resistir la presión que provenía de ámbitos empresariales y mediáticos exigiéndole que pidiera el rescate. Esperemos que al menos en esta ocasión Sánchez sepa estar a la altura, se mantenga firme y plantee las cosas con realismo, no con el triunfalismo al que nos tiene acostumbrados.

Hay un cierto equívoco referente a las ayudas europeas. La verdadera mutualización de la deuda se encuentra en el BCE y en sus programas llamados de “flexibilización cuantitativa”. Desde 2012, momento en el que Draghi decidió actuar, el balance del instituto emisor se ha incrementado sustancialmente. En la actualidad, su activo sobrepasa los cinco billones y medio de euros, acercándose al 60% del PIB comunitario. Activo que en buena medida lo constituyen créditos a los bancos y a los países miembros comprando su deuda en el mercado secundario.

Con anterioridad a la pandemia, el BCE mantenía controladas las primas de riesgo de los países como España o Italia mediante el Programa de compras del sector público (PSPP por sus siglas en inglés), creado en 2015 y que ha llegado a ascender a 2,9 billones de euros. Más tarde, previendo las consecuencias económicas del Covid19, el BCE reaccionó desde el primer momento. El 26 de marzo creó el Programa de compras de emergencia para pandemias (PEPP por sus siglas en inglés), dotándolo con 750.000 millones de euros, cifra que ha incrementado en otros 600.000 millones de euros en junio. Es decir, que mientras la Comisión, el Consejo, incluso el Parlamento, están discutiendo por ese fondo de recuperación tan ensalzado cuyo importe es de 700.000 millones, y que todo el mundo considera fabuloso, pero del que todavía no se ha visto ni un euro, el BCE ha puesto el doble -1.350.000 millones- sobre la mesa y gracias a él España, Italia y otros muchos países han podido funcionar, endeudarse y no caer en la bancarrota.

Mientras el BCE siga actuando de esta manera no parece que haya necesidad de recurrir a los préstamos de los fondos de recuperación. Es más, puede que no sea conveniente, ya que estos recursos van a venir condicionados, como mínimo, a invertir en los planes y proyectos que aprueben, si no los hombres de negro, sí los hombres de gris. La emisión de deuda pública, siempre que se pueda realizar en la cuantía necesaria, presenta ventajas indudables, aunque sea tan solo porque aparecen de forma explícita el coste y la carga, mientras que con los préstamos de los fondos de recuperación puede dar la impresión de que nos lo regalan, y de este modo se decida gastar los recursos con mucha más alegría.

En realidad, el BCE no está haciendo nada que no hagan los otros bancos centrales, el de Japón, el de Inglaterra o la Reserva Federal de Estados Unidos. La única cuestión anómala se encuentra en la naturaleza de la Eurozona, una moneda única sin integración fiscal, presupuestaria y política. De ahí surgen las contradicciones. Mientras los países del norte son totalmente cicateros y reacios a aceptar en la política fiscal toda operación que comporte mutualización de riesgos, esta se consigue en una cuantía mucho mayor a través de la política monetaria del BCE. No puede extrañarnos que el Tribunal Constitucional alemán se haya pronunciado en contra.

Republica.com 30-10-2020



ESTADO FALLIDO

JUSTICIA Posted on Wed, November 04, 2020 18:27:16

Desde Europa contemplan con prevención la deriva populista que está experimentando nuestro sistema político, hasta el punto de preguntarse si España no es un Estado fallido.  El francés Benoît Pellistrandi, miembro de la Real Academia de la Historia, subía a la web del centro de estudios Telos un artículo titulado ¿España  fracasada? A su vez, el diario suizo Neue Zurcher Zeitung ha publicado una tribuna de Friedrich Leopold Sell, catedrático de Economía en la Universidad Bundeswehr de Munich, con el siguiente título: ¿Es España un Estado fallido y cómo deberá tratar la UE a este miembro?

No ignoro que posiblemente estos artículos no sean del todo inocentes, y que estén ligados al rechazo que en ciertos sectores de Europa experimentan ante cualquier mecanismo, por pequeño que sea, que implique mutualización de riesgos y pérdidas. Especialmente en la tribuna del economista alemán aparecen sus reparos ya en el mismo título al preguntarse cómo debería tratar Europa a España.

Dejando al margen segundas intenciones, es evidente que no deberíamos echar en saco roto mensajes como estos; muy al contrario, tendrían que hacer saltar todas nuestras alarmas. Solo el hecho de que se puedan plantear tales preguntas nos debería llenar de zozobra. No creo que España sea un Estado fallido, pero sí que estamos en presencia de un gobierno fallido y existe el peligro cierto de que su deformidad e insolvencia terminen contagiando a todo el Estado.

No se puede pedir a los que examinan un país desde el extranjero que su análisis sea extremadamente fino. Lo normal es que se limiten a narrar un catálogo de hechos y características sin ordenar ni jerarquizar y, sobre todo, sin designar cuáles de ellos son la causa y cuáles los efectos. Esto ocurre con los artículos citados, en los que se mezclan elementos de muy distinta relevancia. No obstante, ambos señalan un hecho que, a mi entender, está en el origen de todo.

El economista alemán pone en el punto de mira al Gobierno secesionista catalán, que se encuentra en rebeldía permanente frente al Estado español, siendo ello posible por la pasividad, si no complicidad, del Gobierno de Pedro Sánchez, que precisa de los independentistas para mantenerse en el poder. A su vez, Pellistrandi señala también a los separatistas catalanes y los considera la clave fundamental de la estabilidad parlamentaria del gobierno central. Incluso, el profesor francés apunta a la victoria simbólica que obtuvieron vetando la presencia del rey en Barcelona.

Es en esta realidad donde se encuentra la causa de todos los otros hechos que pueden dar a entender que España es un Estado fallido. La existencia de un gobierno nombrado y mantenido por un conglomerado heterogéneo de fuerzas políticas, muchas de ellas dispuestas a conspirar contra España y que desearían precisamente que fuera un Estado fallido. No son solo los golpistas catalanes, sino también los independentistas vascos, tanto el PNV como Bildu, y el resto de nacionalistas y regionalistas de todos los pelajes y territorios. Un gobierno así, denominado por su anormalidad Frankenstein, es posible que no pueda por una parte garantizar plenamente la cohesión territorial y por otra gobernar eficazmente. Es un gobierno hecho para la representación.

Entre los elementos que la doctrina predica de un Estado fallido se encuentra en primer lugar la pérdida del control físico del territorio o de una parte del mismo. Resulta incuestionable que este Gobierno ha renunciado a que el Estado con el conjunto de sus atribuciones esté presente en todo el territorio nacional. Por supuesto en Cataluña, donde el Gobern campa a sus anchas sin que el Ejecutivo central se muestre capaz de ponerle limitaciones. Al contrario, son más bien los partidos golpistas los que imponen condiciones y coartan la actuación de este, tal como ocurrió recientemente en el veto que, con el argumento de que no había que crear tensiones, el Gobierno de España puso a la presencia del rey en Cataluña. Pero no solo es Cataluña. Son múltiples los hechos que muestran con demasiada frecuencia que el Estado tiene dificultades para estar presente también en País Vasco y Navarra.

Si el Estado no está totalmente ausente en Cataluña es gracias a la justicia. Es el último residuo estatal que permanece de forma plena. Es por eso por lo que esta institución se ha convertido en el centro de los ataques de los independentistas catalanes, y por extensión esta animadversión se ha trasladado a todo el bloque de la investidura. El Gobierno ha iniciado una ofensiva en toda regla para politizar la justicia. Primero fue la Abogacía del Estado, más tarde la Fiscalía, después el propósito confesado de modificar los delitos de sedición y rebeldía en el Código Penal, rebajando las penas, a efectos de beneficiar a los condenados por la declaración unilateral de independencia en Cataluña, y por último -y más grave- su pretensión de cambiar el porcentaje necesario para que el Senado y el Congreso designen a los miembros del Consejo General del Poder Judicial.

La Constitución, en su artículo 122.3, determina la composición del Consejo que estará integrado por veinte vocales, divididos en dos grupos, uno primero de ocho miembros elegidos por las Cortes, cuatro por cada una de las cámaras, y con una mayoría de 3/5. Los doce restantes se designarán entre jueces dejando la forma de elección a la determinación de una ley orgánica. Parece claro que los redactores de la Constitución no contemplaban que este segundo grupo fuese elegido también por el Congreso y el Senado; pero tampoco caben demasiadas dudas de que, de haber entrado entre sus perspectivas esta opción, habrían establecido el mismo porcentaje de los 3/5.

La primera ley orgánica se aprobó en 1980 y prescribía que esos doce vocales fuesen elegidos por todos los jueces y magistrados en  servicio activo. En 1985 el partido socialista, con el argumento de que este procedimiento de designación era corporativista, elaboró una nueva ley orgánica disponiendo que fuesen el Congreso y el Senado los que los eligiesen y mediante la misma mayoría que la Constitución establecía para el otro grupo. Era impensable un porcentaje distinto.

Esta modificación, a pesar de los defectos que presentaba la ley orgánica de 1980, significó un paso atrás en la independencia del Consejo General del Poder Judicial, al establecer que todos sus vocales sean elegidos por el legislativo. Bien es verdad que el porcentaje de 3/5 de las respectivas cámaras garantiza un cierto consenso en la designación entre las fuerzas políticas e impide que la elección se escore hacia un partido o hacia una determinada corriente política, como sin duda puede ocurrir con un porcentaje más pequeño. Fue precisamente en esta prescripción de los 3/5  en la que se basó el Tribunal Constitucional para declarar constitucional la medida.

El procedimiento, no obstante, se fue adulterando por la mala práctica de los partidos mayoritarios, PSOE y PP (y en ocasiones con la complicidad de PNV y CiU), que, en lugar de buscar vocales de consenso, se repartían los puestos colocando cada uno de ellos a aquellos miembros más afines a sus respectivos planteamientos. Desde diversos sectores, se ha escuchado siempre el clamor de que se modificase esta ley orgánica, pero para conseguir una mayor independencia de los jueces y no precisamente para todo lo contrario.

La propuesta planteada en estos momentos por Sánchez supondría dar un golpe de muerte a la independencia judicial y acercarnos en la manera de actuar a las repúblicas bananeras. Transformar los 3/5 actuales en simple mayoría absoluta (la mitad más uno) de las cámaras propiciaría el sectarismo de los vocales elegidos, al ser designados por una sola fuerza, o por una posible alianza de la misma onda ideológica. Sería difícil encontrar en el Consejo General del Poder Judicial algún vocal con un mínimo de independencia.

En realidad, Sánchez y sus apéndices lo saben y saben la indignación que la propuesta ha producido en las instituciones, por eso han huido de presentar un proyecto de ley elaborado por el Gobierno, que habría necesitado, entre otros, informe del Consejo de Estado y del propio Consejo General del Poder Judicial. Informes que ciertamente no son vinculantes, pero que provocarían el bochorno de que el proyecto fuese fuertemente criticado y descalificado. En su lugar, han escogido el procedimiento de que los grupos parlamentarios de Podemos y del PSOE presentasen una proposición de ley, que tiene trámites más rápidos y no precisa de ningún informe.

Si bien una modificación en la línea que plantea Sánchez supondría en todo los casos desarbolar la autonomía del Consejo General del Poder Judicial, adquiere mucha mayor gravedad en los momentos actuales por los acompañantes que el presidente del Gobierno va a necesitar para aprobar la ley orgánica y para nombrar a los doce vocales del Consejo después. Van a ser los mismos que no creen en el Estado de derecho, que han dado un golpe de Estado y que no se recatan en decir que están dispuestos a repetirlo. Son los que con frecuencia arremeten contra los jueces y, en ocasiones, llegan a amenazarlos por el simple hecho de no estar de acuerdo con sus planteamientos o porque les aplican la ley. Son los que proclaman que hay presos políticos y que atacan en Europa al Estado español y afirman, paradójicamente, que la justicia no es independiente. Es posible que piensen que con la nueva ley los jueces serían mucho más independientes, porque los nombrarían ellos o sus compañeros de viaje. Si se llegase a aprobar esta proposición de ley, entonces sí que tendríamos que aseverar que nos acercamos peligrosamente a ser un Estado fallido.

El presidente del Gobierno, con la intención de justificar la modificación planteada, repite que se trata de nombrar a los vocales del órgano de dirección de los jueces, no a los jueces mismos. Pero dada la trayectoria de este Gobierno, se puede esperar todo. No nos engañemos, siempre puede darse un paso más. El acuerdo de PSOE-Podemos establecido al principio de la legislatura dedica un párrafo a lo que llaman modernización del acceso a la carrera judicial. “Crear nuevos mecanismos de acceso a la carrera judicial que garanticen la igualdad de oportunidades con independencia del sexo y de la situación económica de los aspirantes”. En principio parece algo inocente, pero se convierte en explosivo cuando se relaciona ahora con la ofensiva iniciada por el Gobierno contra los tribunales.

Debemos alarmarnos cuando se intuye que lo que se pretende es modificar el sistema actual; y es que no hay procedimiento más objetivo y menos discrecional que el sistema de oposiciones para garantizar el mérito y la capacidad, no solo de los jueces, sino de todos los funcionarios públicos. Si se trata de “garantizar la igualdad de oportunidades en cuanto al sexo y la igualdad económica”, que es la excusa que ponen los firmantes del acuerdo, pocos sistemas lo cumplen mejor que el de oposiciones. Ha sido uno de los mecanismos más eficaces de movilidad social, permitiendo el acceso a puestos socialmente elevados a personas de extracción humilde. Y en cuanto al género, actualmente ingresan más mujeres que hombres en la función pública. En la Administración no ha sido necesario establecer ninguna regla de paridad para que el número de puestos de relevancia ocupados por mujeres sea mayor, o al menos igual, que los que mantienen los hombres.

Si es importante defender el sistema de oposiciones en el acceso general a la función pública, se hace imprescindible cuando de lo que se trata es de la carrera judicial. Garantizar la objetividad y desechar toda posibilidad de discrecionalidad en la incorporación de jueces y fiscales constituye una condición indispensable para poder hablar de Estado de derecho. Pero, precisamente por eso, la tentación de intervenir por parte del poder político es más fuerte. Se trata de un control desde el origen, asegurándose la ideología y las preferencias políticas de los aspirantes. Para lograr ese objetivo se precisa establecer sistemas de selección con un fuerte componente de discrecionalidad, cuando no de arbitrariedad, permitiendo mayores grados de libertad a los seleccionadores.

republica.com  23-10-2020



LOS FONDOS EUROPEOS Y LOS FRUGALES

EUROPA Posted on Mon, October 19, 2020 18:35:34

La propaganda oficial tiene mucha fuerza, sobre todo cuando desde el Gobierno se pretende vender como un triunfo lo que en realidad es un fracaso. Eso ya ocurrió con González y los fondos de cohesión y ha vuelto a suceder en la actualidad con el cacareado dinero de Europa (ver mi artículo del 30 de julio pasado). Pienso que en la batalla que enfrentó en el Consejo Europeo a unos países contra otros fueron los llamados “frugales” los que se llevaron el gato al agua, concediendo el mínimo para que el invento continuase vivo y funcionando, pero que va a dejar a los países del sur casi moribundos.

Esta semana pretendo analizar el término “frugal” aplicado a los Estados, porque su concepción correcta quizás explique, más allá de los mantras, en qué terreno de juego se mueve la Unión Monetaria y puede que sirva para desmitificar el fondo de recuperación y las ayudas europeas.

La opinión pública entiende casi mayoritariamente que cuando se predica de un país el término frugal se está haciendo referencia al déficit y al endeudamiento público. En este sentido, sin duda, existen actualmente importantes diferencias entre los países del norte y del sur. Es más, generalmente se interpreta tal división en un sentido cuasi moral o al menos como signo de una recta política. Países austeros y países manirrotos.

Los frugales han reprochado a los endeudados que no han sabido aprovechar los años de expansión que siguieron a la última crisis para ajustar sus finanzas públicas. Lo embarazoso es que de esa misma percepción participan muchos comentaristas nacionales que piensan que nuestros problemas surgen de una mala gestión de las cuentas públicas al haber abandonado la estabilidad presupuestaria. Algún articulista incluso ha mirado para atrás y se ha acordado con nostalgia de cuando a nosotros se nos podía llamar frugales. Etapa dorada de Aznar y primera legislatura de Zapatero en la que nuestro déficit publico era casi inexistente (en algún año se convirtió incluso en superávit) y la deuda pública, muy reducida y gozaba de la calificación de triple A.

Pero a la hora de aplicar el calificativo de frugal a un país deberíamos entenderlo de otra manera, que en mi opinión es la correcta. Hay que considerar el déficit y el endeudamiento de todo el país frente al exterior, incluyendo tanto el sector público como el privado. Desde este punto de vista, la deuda en poder de los nacionales no cuenta puesto que son activos y pasivos que se consolidan dentro del propio Estado. Es el déficit de la balanza por cuenta corriente el que puede conceder el calificativo a todo el país de frugal o pródigo. Considerar únicamente el sector público y olvidarse del sector privado puede tener efectos perniciosos y eso fue lo que ocurrió en los años anteriores a la crisis. Zapatero después se quejaba amargamente de que nadie le había hablado del endeudamiento privado.

Esta óptica cambia por completo la historia. Desde la entrada en vigor del euro hasta el comienzo de la anterior crisis el comportamiento de los países del norte y los del sur fue muy distinto. Los primeros gastaron frente al exterior mucho menos que los ingresos que recibían del extranjero. En todos ellos el saldo de la balanza por cuenta corriente fue haciéndose positivo y cada vez de mayor cuantía. Así, países como Holanda o Alemania, en 2007 llegaron a alcanzar un superávit del orden del 7%, hecho insólito hasta entonces, solo comparable con China, pero es que este país, como es sabido, tiene características muy especiales. En este sentido se podría calificar a los países del norte de frugales, incluso de muy frugales, porque los alemanes, los holandeses o los daneses consumían menos de lo que producían.

Por el contrario, los países del sur desde la creación del euro comenzaron a sufrir déficits en su balanza por cuenta corriente, llegando algunos de ellos a niveles desproporcionados y alarmantes en 2007: España 9,4%, 9,7% Portugal, 15,5% Grecia. Francia e Italia tuvieron saldos más moderados, pero también negativos. No se puede dudar de que durante todos estos años estos países fueran pródigos. Consumieron más de lo que producían.

Desde esta perspectiva, la época de Aznar y la primera legislatura de Zapatero están muy lejos de poder considerarse como la edad de oro que dibujan algunos comentaristas. Por mucho que la deuda pública mantuviese entonces la calificación de triple A, España se comportó como un país profundamente despilfarrador. Vivió del crédito. En él se fundamentaba la prosperidad económica de la que se vanagloriaban los gobiernos. En estos años el endeudamiento exterior (endeudamiento privado) se incrementó fuertemente llegando a niveles desproporcionados y peligrosos, y causantes de los problemas económicos de nuestro país cuando estalló la crisis de las subprime.

Fue precisamente en los años posteriores a la crisis cuando el Estado español entró por necesidad en un proceso de austeridad. Recortes en el sector público, sector público que terminó por asumir parte del endeudamiento privado, y una devaluación interna en precios y salarios con un alto coste para la sociedad española, pero que logró que a partir de 2012 el déficit de la balanza por cuenta corriente se transformase en superávit. Es decir, que nuestro país comenzó a la fuerza a ser frugal, puesto que consumía menos de lo que producía. Procesos similares se dieron en Grecia y Portugal.

Los países del norte, sin embargo, continuaron siendo frugales, y cada año en mayor medida; no realizaron ningún ajuste en su balanza de pagos, y los superávits por cuenta corriente han sido cada vez más elevados. Esta variable alcanza actualmente en Alemania más del 7% y en Holanda se eleva a dos dígitos.

En un mercado de libre flotación de la moneda, fuera por tanto de la Unión Monetaria, un país no puede mantener la condición de frugal mucho tiempo. Esta falta de permanencia se explica en economía por lo que se conoce como “mal holandés”. Recibe el nombre de los problemas que Holanda tuvo en los años sesenta. En 1959 se descubrieron importantes bolsas de gas en el Mar del Norte que concedieron a los Países Bajos durante unos años una expansión de sus exportaciones, superávit en su balanza de pagos y una cierta euforia económica, pero también, como es lógico, una fuerte entrada de divisas que apreciaron poco a poco el florín, de manera que los productos holandeses dejaron de ser competitivos y las exportaciones tradicionales de Holanda descendieron fuertemente. En virtud del tipo de cambio, la balanza de pagos se fue equilibrando.

El llamado mal holandés se ha repetido otras veces, en otros países y en otras situaciones y sin tener que estar ligado al descubrimiento de ningún producto energético. Lo importante de este hecho es que el mecanismo de tipos de cambio impide los desequilibrios comerciales permanentes. Es decir, que no se puede ser frugal o pródigo durante mucho tiempo.

El panorama cambia totalmente cuando nos movemos en la Unión Monetaria, donde no pueden jugar los tipos de cambio. No hay apreciación o depreciación de las monedas, puesto que existe una sola. Un país puede ser frugal por tiempo indefinido. El desequilibrio comercial no tiene por qué desaparecer, ninguna modificación del tipo de cambio le obligará a ello. Bien es verdad que puede forzar la revalorización de la moneda común, el euro, pero el impacto se diluirá entre 19 países, haciéndoles perder competitividad precisamente a los que precisarían todo lo contrario.

La situación anómala que crea la Unión Monetaria quizás se comprenda mejor cuando se considera la evolución de los tipos de cambio en los años anteriores al euro. De 1980 a 1999, el marco alemán y el florín neerlandés casi doblaron su valor con respecto a la peseta y esta moneda se apreció más del 100% con respecto al escudo portugués y al dracma griego. Variaciones similares quizás se podrían haber producido del año 2000 al 2020 si no se hubiese formado la Unión Monetaria.

Cabría pensar que al igual que pasa con la condición de frugal ocurre con la de pródigo, y que en con la Moneda Única resulta posible tener un déficit comercial de manera indefinida. Nada más alejado de la realidad. Es verdad que no habrá apreciación de tipo de cambio que corrija el desequilibrio, pero después de un tiempo y de un cierto nivel de déficit y endeudamiento los acreedores comenzarán a desconfiar de los países pródigos, los inversores se retraerán, aparecerán la crisis económica y el desempleo y el país en cuestión no tendrá más remedio que corregir su desfase entre importaciones y exportaciones, con una devaluación interna que empobrecerá a los trabajadores y a la mayoría de los ciudadanos.

Los países del norte pueden continuar siendo frugales, pero no es mérito suyo. No lo serian fuera de la Unión Monetaria. Es la moneda única la que les libra del mal holandés. Es la pertenencia al Euro la que les permite tener esos enormes superávits en sus balanzas por cuenta corriente, a costa de la economía de los países del sur. Alemania y Holanda gozan de esta situación de privilegio gracias a que la cotización del euro es bastante inferior a la que tendrían el florín neerlandés o el marco alemán si flotasen. Pero ese mismo tipo de cambio del euro resulta muy superior al que tendrían las monedas de países como España, Grecia, Portugal, e incluso Italia y Francia, si estuvieran fuera de la Unión Monetaria, lo que les está haciendo perder competitividad.

Merkel es perfectamente consciente de los beneficios que están obteniendo Alemania y el resto de los países acreedores de su pertenencia a la Unión Monetaria, y ha comprendido también que ante una crisis como la del coronavirus de origen sanitario y a pocos años de la anterior recesión económica, cuando los países del sur no están recuperados aún, el invento podía venirse al traste si no se les ayudaba. De ahí que diese la impresión de que cambiaba de postura y se aliaba con Macron, en la necesidad de establecer mecanismos de rescate, y de que convenciese (si es que no era un juego previamente pactado) al halcón holandés. El mercado único necesita a las empresas y a los consumidores españoles, italianos, portugueses, etc., y no se les podía dejar caer.

El problema es que esas ayudas europeas, por ejemplo, a las empresas españolas, van a venir en su mayoría bajo la forma de préstamos (las transferencias a fondo perdido no pasarán de los 33.000 euros) y que va a constituir una gigantesca carga sobre la hacienda española, cuyo endeudamiento alcanza ya niveles muy peligrosos. El dinero que va a llegar de Europa no es una conquista de Sánchez, sino el mínimo que los frugales han considerado necesario para que el chiringuito no se hunda. Lo que Sánchez presenta como un gran éxito en realidad es un enorme fracaso, porque solo consiguieron una parte, y no demasiado importante, a fondo perdido. Los préstamos pueden ser una losa muy pesada que ahogue la economía española para muchos años.

Republica.com 16-10-2020



LA CIENCIA DE ILLA

PSOE Posted on Wed, October 14, 2020 11:00:14

Concluía yo el artículo de la semana pasada sosteniendo que el plus que otorga a Sánchez el gobierno y le permite continuar en él, no es otro que la coyunda con todas las fuerzas centrífugas que le consideran la vía más propicia para conseguir sus objetivos. Eso le sirve, sin duda, en el ámbito nacional, pero tiene su talón de Aquiles en el escenario autonómico, especialmente en aquellas Comunidades que no cuentan con partidos nacionalistas o regionalistas en los que apoyarse, si obviamos algunas como Extremadura o Castilla-La Mancha, cuyos presidentes, aun perteneciendo mal que les pese al sanchismo, se han mostrado siempre más jacobinos.

En este mapa aparece Madrid como pieza fundamental, como objeto de deseo, tanto más cuanto que Sánchez se había implicado directamente en esta Comunidad, quitando y poniendo secretario general y nombrando –si bien mediante la pantomima de las primarias- directamente a los candidatos. Es por eso por lo que desde el primer momento se desató una cacería contra la presidenta de la Comunidad de Madrid. Se podría considerar una batalla política normal, si no se usasen instrumentos tan torticeros y, sobre todo, si no tomase a la población madrileña como rehén y como medio para atacar al gobierno regional. Esto es lo que está ocurriendo con la pandemia.

No me detendré a relatar el desastre que representó la gestión de la primera época de la crisis sanitaria durante el estado de alarma, y los múltiples errores que cometió el gobierno central, hasta el extremo de que el mismo se asustó y decidió dejar todo en manos de las Comunidades Autónomas. Eso sí, sin ese plan B que todos le pedían y que pactó con Ciudadanos, pero que, como de costumbre, no cumplió, engañándoles una vez más. De todos modos a Ciudadanos parece gustarles que les toree, así que todos contentos.

Sánchez, durante meses, en el tema de la pandemia ha estado de vacaciones. Ante las críticas a su pasividad, compareció en rueda de prensa para manifestar que estaba dispuesto a ayudar a las Comunidades y poner a su disposición tres instrumentos. El primero, ofrecer a los presidentes de las Autonomías la posibilidad de  comparecer ante el Congreso para pedir el estado de alarma, facultad que constitucionalmente solo a él le corresponde, pero que de ninguna manera quiere asumir personalmente.

El segundo consiste en ofrecer como rastreadores 2.000 miembros del ejército (que parece ser la única institución que funciona con el gobierno Frankenstein), pero a los que había que formar en esta tarea y, lo que es más dificultoso, en el sistema informático de cada Comunidad, que según dicen son diferentes. Cosas del Estado de las Autonomías. Y tercero, poner a disposición de los ciudadanos una  app, que ya existía pero que casi nadie usa.

Después de eso, Sánchez ha seguido inhibiéndose, incluso en los momentos en los que la pandemia azotaba fuertemente a Comunidades como Aragón, Cataluña, País Vasco, la Rioja etc., y dejando a las Autonomías todas ellas a expensas de los múltiples dictámenes de múltiples jueces que, como es lógico, tienen criterios dispares. Pero, cosa curiosa, cuando los contagios comienzan a llegar con fuerza a Madrid, el gobierno se despierta de repente y abandona su aparente apatía.

Se tenga la opinión que se tenga de la señora Ayuso, incluso de la efectividad y suficiencia de las medidas que se habían adoptado en Madrid, hay que ser muy iluso para no darse cuenta de que las actuaciones del gobierno central no obedecen a ningún motivo sanitario ni epidemiológico, sino a su particular guerra con la presidenta madrileña y su objetivo de de desalojarla de la Puerta del Sol. En los últimos quince días ha montado todo un aquelarre orientado en esa dirección.

Se inició con una entrevista entre los dos presidentes con comparecencia conjunta incluida, llena de pasteleo y moralina en la que Sánchez, en su papel de tartufo, reiteró que venía a la Puerta del Sol a colaborar y en ningún momento con intención de inspeccionar o juzgar las medidas que se estaban adoptando. Pero, al mismo tiempo, mandaba a sus huestes a que montasen contra el gobierno de Madrid algaradas y manifestaciones, y a su perro de presa, la portavoz parlamentaria, a lanzar todo tipo de venablos aduciendo los argumentos más burdos, atribuyendo a motivos clasistas el cierre de algunos barrios de Madrid.

Es posible que haya muchos motivos para criticar tanto al gobierno de Madrid como al central por las condiciones sociales del sur de la capital, pero es demagógico y absurdo pensar que el confinamiento (acertado o no) decretado en ellos obedece a factores distintos de los epidemiológicos. Aquellos de los que viviendo en estos barrios exigían medidas similares en todo Madrid, paradójicamente, cuando estas se hagan efectivas, si trabajan en otras partes de la capital, puede ser que vean en peligro su empleo.

Tan solo han hecho falta dos días para que la imagen idílica de la Puerta del Sol se invirtiese e hiciese su aparición la faz más bronca, personificada en el hasta entonces amorfo Illa, contraprogramando incluso una rueda de prensa y exigiendo el confinamiento de todo Madrid. El desenlace es conocido, continuas presiones a la Comunidad y la convocatoria de un Consejo Territorial trampa con un acuerdo adoptado sin consenso y que se ha trasladado al BOE por una resolución de la secretaría de Estado de Sanidad (ninguna orden ministerial ha sido publicada). Esa secretaría de Estado creada recientemente sin que se supiese bien cuál era su finalidad (es posible que fuese esta o alguna similar que evitase que se manchase las manos el ministro) y cuya titular ha estado casi desaparecida desde su nombramiento.

Sin duda, el acuerdo, de muy dudosa legalidad, se redactó a la carta, y a la medida de la Comunidad de Madrid, porque, ¡oh, casualidad!, los criterios seleccionados solo los cumplian nueve municipios de esta Autonomía y la capital. ¿Por qué se han escogido estos y no otros?; ¿por qué 500 y no 300 o 700 casos?; ¿por qué en los últimos 14 días y no en los 7 o en los 10?; ¿por qué un 10% de positivos y no 20 o por qué un 35% de camas de UCI ocupadas y no el 20 o el 40? Y ¿por qué las medidas solo se aplican a municipios mayores de cien mil habitantes?

A pesar de sus continuas referencias a los expertos, a los científicos y a los criterios sanitarios y epidemiológicos, Illa no ha sido capaz de dar una explicación ni de presentar un informe sobre la materia. No ha dejado de ser asombrosa esa continua demanda del ministro de Sanidad: “Hagan caso a la ciencia”, que exclamaba con tono profesoral, cuando el gobierno central nos engañó a todos y continúa engañándonos con un comité de expertos inexistente. Esta es la ciencia del señor Illa, cambiar de opinión según le interese al gobierno.

Se violó el reglamento y la forma de funcionar del Consejo Interterritorial, que hasta ese momento había tomado decisiones siempre por unanimidad y haciendo simples recomendaciones. Por primera vez, se adopta la mayoría para imponer una serie de medidas que deben hacerse efectivas en 48 horas. Se da la casualidad que de los 63 municipios que potencialmente pueden verse afectados, 39 pertenecen a las Autonomías que votaron en contra, Comunidades que a su vez representan el 60% de la población total de España.

Las propias medidas que el ministro ha forzado a votar al Consejo Interterritorial son muy discutibles y, al menos para Madrid capital, aun desde la propia perspectiva epidemiológica van a tener un efecto muy dudoso, es posible que incluso perjudicial. Madrid capital tiene más de tres millones de habitantes, 30 veces los 100.000 habitantes establecidos. Prohibir entradas y salidas pero permitiendo la movilidad interior entre todos sus distritos, sin considerar las características de cada uno de ellos puede ser contraproducente. Solo puede tener como justificación el sectarismo y la demagogia, de creer que los confinamientos se hacen atendiendo al nivel económico y social de sus habitantes. Mal de muchos, consuelo de tontos. El tema resulta tanto más delirante cuando se renuncia a controlar los aeropuertos y las estaciones ferroviarias. Sánchez se ha negado siempre a exigir PCR en origen como hacían otros países, pensando que así salvaba el turismo. El efecto ha sido el contrario. Afirmar que el número de contagios en Barajas ha sido del 0,2% es de una enorme estupidez. ¿Cómo lo saben si no se han hecho  PCR? Estupidez solo comparable con la del delegado del gobierno en Madrid cuando asevera que los pobres no utilizan el transporte aéreo.

El gobierno se ha inhibido durante meses de lo que eran competencias propias, tráfico aéreo y ferroviario, y muy especialmente en lo referente al ministerio del Interior. Frente a una presencia incluso excesiva en la primera parte de la epidemia, la policía ha desaparecido desde que terminó el estado de alarma. Cataluña, País Vasco y Navarra tienen sus propias fuerzas de seguridad, pero ¿y el resto de las Autonomías? ¿De qué vale que las Comunidades aprobasen normas si no había nadie que las vigilase? La policía municipal resulta insuficiente, hasta inexistente en muchos ayuntamientos. Los botellones, las fiestas privadas, llevar o no llevar la mascarilla, la distancia de seguridad, los aforos, todo ha quedado a la buena voluntad de los ciudadanos. ¿Qué utilidad tienen los propios rastreos si no hay nadie que vigile que se cumplan las cuarentenas? El Ministerio del Interior ha estado ausente. Ahora sale de su letargo para vigilar los confinamientos perimetrales, pero ¿es esta la única medida o, si me apuran, la más importante?

Sánchez, mientras, continúa haciendo el tartufo, da orden a sus huestes para que entren en Madrid como un caballo en una chacharería. Él no, él no quiere implicarse. Nada de ir de frente decretando el estado de alarma que le permite la Constitución. Escoge el sistema más torticero. Ni siquiera la firma del ministro de Sanidad aparece en público. Emplea una orden comunicada que, como es conocido, no se publica en el BOE y que los órganos administrativos emplean para comunicarse entre sí, cuando surte efectos frente a terceros. ¿Orden comunicada cuando va a afectar casi a seis millones de ciudadanos? Lo único que aparece explícitamente en el BOE es una resolución de una secretaria de Estado fantasma que acaba de llegar al cargo. ¿Se pueden limitar los derechos fundamentales de la octava parte de los habitantes de España mediante una simple resolución?

En realidad, el número de afectados es mucho mayor porque Madrid es el centro neurálgico de comunicaciones. Paradójicamente, a los que se confina de verdad y de forma más dura es a los habitantes de los municipios de la Comunidad de Madrid a los que en teoría no se les aplica las medidas, ya que se les cierran la capital y las principales ciudades dormitorio. Todos estos pueblos viven, en buena parte, en una profunda simbiosis con los territorios ahora confinados, con lo que van a quedar reducidos a moverse en sus pequeños municipios o en algunos similares colindantes.

No hay duda de que las consecuencias económicas de las medidas van a ser graves no solo para los madrileños, sino que se extenderán a toda España. El eslogan de que lo primero es la salud es de una gran simplicidad porque ciertamente sin salud no hay economía, pero sin economía tampoco hay salud, ni siquiera sanidad pública, para mantener la salud. Como en todas las cosas, aquí también es imprescindible la proporcionalidad, ¿Por qué sino no volvemos todos a encerrarnos en nuestra casa durante tres meses? Es posible que muchos de los habitantes de esos barrios del sur que los sanchistas tanto dicen defender estén más preocupados por mantener el empleo que por la propia pandemia.

Republica 9-10-2020



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