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ARTÍCULOS RECIENTES CONTRAPUNTO

EL GOBIERNO FRANKENSTEIN NO ESTÁ HECHO PARA GOBERNAR

APUNTES POLÍTICOS Posted on Tue, August 11, 2020 22:00:47

Por si cabía alguna duda acerca de la debacle económica que iba a sufrir el sector turístico español, la cuarentena impuesta por el Reino Unido a los viajeros que provengan de España la ha despejado totalmente. Hay quien dice que la postura británica obedece a motivos económicos, su afán por fortalecer el turismo nacional; otros afirman que hay razones políticas, Gibraltar. Es posible, y también lo es que la medida haya sido improvisada y muy desconcertante para todos, incluyendo los propios ingleses. Pero todos esos argumentos palidecen cuando vemos que otros países: Noruega, Bélgica, Francia, Alemania, Holanda, Austria, hasta Túnez, han tomado medidas si no iguales, al menos similares.

Desde luego algo ha fallado en nuestro país en la lucha contra la epidemia, y algo no funciona en la diplomacia española. El Gobierno, aunque lo pretenda, no se puede lavar las manos. Lo más llamativo han sido los bandazos. En marzo, en una semana, se pasó de afirmar que en España no había ningún problema y permitir manifestaciones y actos masivos de todo tipo a encerrar a toda la población en casa durante tres meses.

El Gobierno decidió imponer el mando único, lo que a todo el mundo le pareció lógico, teniendo en cuenta la grave situación que se avecinaba. De hecho, creo recordar que la primera prórroga del estado de alarma se aprobó en el Congreso casi por unanimidad.  En las crisis, los problemas se multiplican cuando el Estado está troceado en diecisiete centros de decisión. Parecía evidente, y ahora se demuestra, que no caben los comportamientos estancos. Las situaciones sanitarias de Cataluña o Aragón están influyendo negativamente en las economías de Baleares, Canarias o Benidorm. No se les puede pedir a los países extranjeros que distingan entre regiones o localidades. Algunos lo hacen, pero es comprensible que otros muchos no entiendan nuestro tinglado autonómico.

El problema, sin embargo, surgió tan pronto como se comprobó que el Estado estaba desnudo, y que no había posibilidad de mando único o este devenía caótico. Un ministerio de Sanidad vaciado de competencias desde hacía no se sabe cuántos años y un Gobierno Frankenstein que no estaba hecho para gestionar, sino para la representación. Y representación fue lo que hizo, montando a diario ruedas de prensa con entorchados y todo, y cuantos más entorchados mejor. Todo a mayor gloria del Gobierno y de su presidente. Homilías continuas de los ministros, de la portavoz, e incluso de Pedro Sánchez, llenas de contradicciones, rectificaciones y justificaciones. Las cifras que se facilitaban periódicamente eran un caos, un conglomerado anárquico lleno de contradicciones y que resultaban increíbles. Y no tuvieron ningún pudor en mentir, desaconsejando la mascarilla, que más tarde impondrían como obligatoria, por el único motivo de carecer de suministro.

A pesar de haberse instalado el estado de alarma y de tener el Gobierno central todas las competencias, cada Comunidad en la mayoría de las ocasiones tuvo que apañarse como pudo y por su cuenta, especialmente en un espacio difícil y poco asequible para ellas, el de los mercados internacionales de artículos sanitarios tensionados en esos momentos por la pandemia. Es más, a la hora de la gestión el Gobierno central se convirtió a menudo en un estorbo porque quería y no podía. Era impotente pero no abandonaba la prepotencia. Buscaba el apoyo -más que el apoyo la sumisión de las demás fuerzas políticas-, pero sin pactar nada, simple adhesión a lo previamente aprobado por el Gobierno.

El Gobierno central, aun cuando el estado de alarma le concedía el mando único y todas las facultades, a la hora de las responsabilidades no dudó en quitarse de en medio y atribuir a las Autonomías los muchos errores, fallos y equivocaciones que se produjeron. Incluso la culpa se le adjudicó al PP desde el instante en el que esta formación política no quiso aprobar la cuarta renovación del estado de alarma y se negó a dar un cheque en blanco al Gobierno, ya que este en ningún momento negociaba, ni tan siquiera adelantaba lo que iba hacer.

Tras una desescalada llena de contradicciones y arbitrariedades, que quisieron hacernos creer que estaba regida por criterios científicos y que ahora nos enteramos, aunque lo sospechábamos desde siempre, que el comité de expertos no existía, es decir, que las decisiones obedecían en el mejor de los casos a motivaciones políticas, cuando no a meras ocurrencias, nos hemos adentrado en lo que llaman “nueva normalidad”, que da la impresión de que se traduce tan solo en anarquía y desconcierto. Continúa sin existir ningún plan B, a pesar de las promesas que el Gobierno hizo a Ciudadanos, a los que una vez más les han tomado el pelo y parece que van a continuar tomándoselo, mientras imperen en ese partido los vientos que provienen del grupo parlamentario europeo.

La nueva normalidad ha venido a significar que cada Autonomía haga lo que pueda y quiera, sometidas tan solo a diferentes jueces, que, en muchas ocasiones, como no puede ser de otra forma, mantienen criterios legales dispares. El Gobierno central ha desaparecido. Se ha pasado del todo a la nada. De encontrar policías en cada esquina, dispuestos a multar por si con el perro se andaba más de la cuenta, o si se salía a comprar exclusivamente una barra de pan o si la mujer y el marido viajaban en el mismo automóvil, a la pasividad más absoluta ante botellones, fiestas nocturnas o aglomeraciones en las playas, focos indudables de rebrotes y que pretenden que los solucionen los ayuntamientos con la mermada policía municipal, si es que existe.

La inmigración continúa siendo una competencia del Ejecutivo central y, sin embargo, las delegaciones del gobierno quieren inhibirse en el caso de los inmigrantes ilegales contagiados. Se niegan a adoptar controles efectivos en aeropuertos, puertos y estaciones ferroviarias, y el servicio diplomático, por su parte, ha mostrado estos días su total inoperancia.

El problema del Gobierno Frankenstein es que no sabe o no puede gobernar. Como la cucaracha de la canción, no puede caminar. Está hecho para la representación, pero no para la gestión. Y así resulta que se encuentra presto a montar con los agentes sociales todo un espectáculo tendente a anunciar a bombo y platillo determinadas ventajas económicas y laborales, pero posteriormente le resulta imposible implementarlas y gestionarlas.

Son muchos los trabajadores sujetos a ERTE que tras varios meses aún no han cobrado y los que lo han hecho ha sido con mucho retraso. El Servicio Público de Empleo Estatal se ha visto colapsado, los funcionarios amenazados y en las oficinas públicas se han producido frecuentes alborotos, ocasionados por una multitud de trabajadores, que se encontraban de la noche a la mañana sin ningún recurso económico, y arrojados a la cola de los comedores benéficos a lo que no estaban acostumbrados. Los teléfonos no contestaban y los que al final tenían suerte y obtenían cita era para dentro de varios meses. Todavía son muchos los que esperan al mes de septiembre para cobrar. Más grave es, si cabe, el hecho de que los que en este momento tienen la desgracia de perder el empleo estén recibiendo cita para apuntarse al paro en octubre, con lo que no comenzarán a recibir la prestación por desempleo hasta por lo menos noviembre.

Eso sí, el Gobierno tenía mucha prisa en anunciar con clarines y trompetas la aprobación del ingreso mínimo vital que ha logrado colapsar también la Seguridad Social. Hoy no es posible realizar ninguna gestión sobre pensiones. Con un diseño excesivamente alambicado y engorroso, que va a ser difícil de gestionar, el ingreso mínimo vital presenta aspectos sumamente discutibles, que merecerían un artículo completo. Por la manía de este Gobierno de vender la mercancía cuanto antes, su elaboración ha sido sumamente apresurada, y la palabra que más se repite en el texto es “reglamentariamente”. De manera que muchos aspectos quedan pendientes de un desarrollo posterior que vaya usted a saber cuándo se va a realizar, con lo que en la actualidad estas partes estos aspectos serán inaplicables o de dudosa interpretación.

Dado su diseño, existe la impresión de que apenas va a surtir efecto precisamente sobre los que más van a necesitarlo, aquellos que quedarán en paro como resultado de la crisis económica que acompaña a la pandemia. Es posible que se hubiesen logrado mejores resultados centrando los recursos en gestionar adecuadamente el seguro de desempleo y en ampliar su cobertura incluyendo a todos aquellos colectivos a los que ahora no llega. Bien es verdad que este camino no hubiera resultado tan atractivo y efectista como ha sido el de poder exhibir con toda la parafernalia la creación de una prestación universal para los ciudadanos en situación de vulnerabilidad.

Curiosamente, quizás a los que más vaya afectar -por lo menos a corto plazo- va a ser a aquellos que ya estaban recibiendo una prestación similar o parecida de las Comunidades Autónomas, pero ello ni siquiera servirá para homogeneizar el caos que hay actualmente en estas ayudas de muy diferente cuantía, ya que la estatal se añadirá a estas como un mínimo a completar y la cuantía final quedará en manos de cada una de las Autonomías.

No, el Gobierno Frankenstein no está hecho para gobernar. Cuando Pedro Sánchez en mayo de 2018 presentó la moción de censura y estuvo dispuesto a ganarla con ochenta y cinco diputados debería haber sido consciente de ello. En nuestra legislación las mociones de censura son constructivas (Vox tendría que tenerlo ahora en cuenta).  Lo que quiere decir que su finalidad no puede ser exclusivamente repudiar al anterior gobierno, ni siquiera elegir sin más uno nuevo, sino uno que sea capaz de gobernar, y era evidente, como muy pronto se demostró, que las fuerzas concitadas en aquella moción de censura solo coincidían en el deseo de desalojar a Rajoy del Ejecutivo. Bien es verdad que todo esto no creo que le importase mucho a Pedro Sánchez. Lo único que entonces le interesaba era alcanzar como fuese el colchón de la Moncloa. No obstante, por más esfuerzos que hizo; por más cesiones que realizó, y por más mercedes que otorgó, no tuvo más remedio que convocar unas nuevas elecciones después de poco más de año y medio de desatinos.

Sánchez debería haber aprendido la lección y no haber pretendido construir por segunda vez un gobierno Frankenstein. No obstante, su ansia de poder ha sido siempre más fuerte que cualquier planteamiento racional. Así, a finales de 2019 conseguía recabar las complicidades necesarias (incluyendo a regionalistas, nacionalistas, independentistas, golpistas y hasta a pro etarras) para ser nombrado presidente de gobierno. Pero ese mismo batiburrillo (gobierno más Frankenstein que nunca) no le garantizaba que pudiera gobernar, al menos adecuada y democráticamente, y sobre todo sin hacer cesiones continuas a nacionalistas y regionalistas.

Poco después de su investidura se vio sorprendido por la pandemia y la subsiguiente crisis económica de las que sin duda él y su Gobierno no son culpables, pero difícilmente pueden eludir toda responsabilidad en el hecho de que nuestro país esté a la cabeza en el número de muertos por cien mil habitantes; de que nuestra economía se haya desmoronado en mucha mayor medida que la del resto de los países europeos o de que tengamos la mayor tasa de desempleo de toda la Unión Europea. Pedro Sánchez huye de toda esta realidad, a la que llama el pasado, para fijarse exclusivamente en ese espejismo que él mismo se ha construido, el maná que viene de Europa. Por eso el otro día, con todo lo que está cayendo, pretendió que la reunión con los presidentes de las Comunidades, convertida una vez más en espectáculo con monarca incluido, se centrase fundamentalmente sobre los recursos europeos y su reparto, utilizándolos como reclamo para la Unión.

El Gobierno Frankenstein no puede gobernar. De ahí que Pedro Sánchez, el hombre del “no es no”, exija ahora la ayuda de la oposición, pero esa incapacidad que era cosa conocida, debería haberla tenido en cuenta cuando presentó la moción de censura y más tarde a los dos años, al pretender la investidura. En el fondo, no quiere la ayuda para gobernar. Solo para aprobar los presupuestos. La aprobación de los presupuestos es otro acto de representación, que, a pesar de lo que muchos creen, ya que le otorgan un carácter taumatúrgico, tiene poco que ver con la gobernanza. Lo que en realidad desea Pedro Sánchez es que todo el mundo esté pillado en la trampa y que nadie pueda criticarle, censurarle o cuestionar lo que hace.

El otro día en el debate del Congreso afirmó tajantemente que la legislatura sería larga y fructífera. Larga, no hay duda. He dicho desde el primer día que con presupuestos o sin presupuestos durará cuatro años. No hay nadie que pueda obligarle a abandonar la Moncloa. ¿Fructífera? Lo que pretende decir es que quiere que todo el mundo esté obligado a afirmar que lo es (esa es la ayuda que exige) aunque España se esté derrumbando. Una vez más, el “parecer” por encima del “ser”.

republica.com 7-8-2020



MISTER MARSHALL PARIÓ UN RATÓN

EUROPA Posted on Fri, August 07, 2020 14:21:41

En el artículo de la semana pasada me refería yo al mundo de apariencias construido por Sánchez y también a la farsa y a la representación en la que desde hace muchísimos años se mueve la Unión Europea (UE). En Pedro Sánchez todo es escena y espectáculo. Coreografía fue su entrada triunfal en el salón del Consejo de Ministros con todo el Gobierno (también los miembros de Podemos e IU) de pie en la puerta aplaudiéndole y vitoreándole, como si se tratase de Sigfrido después de haber matado al dragón. Una escena propia de un régimen caudillista y bananero que se repitió después, unos días más tarde, en el Congreso de los Diputados con los grupos parlamentarios del PSOE y de Podemos.

Lo malo es que la sociedad e incluso los medios de comunicación tienen muy mala memoria y nadie consulta la hemeroteca; de lo contrario, recordarían que hace tan solo tres meses Pedro Sánchez se lanzó a reclamar, con la prepotencia que le es habitual, lo que denominó un nuevo Plan Marshall. Su propuesta pasaba por la constitución en la UE de un fondo de un billón y medio de euros financiado por deuda perpetua mutualizada, que se transferiría a los distintos países miembros sin contrapartida y sin devolución, según las necesidades que cada uno de ellos hubiese contraído como consecuencia de la pandemia. Los recursos se asignarían sin condicionalidad alguna. Todo esto tiene poco parecido con lo que al final se ha aprobado. Del proyecto ha desaparecido la deuda perpetua. La cantidad que se concederá a fondo perdido es aproximadamente la cuarta parte (390.000 euros) de lo reclamado y, desde luego, tendrá condicionalidad no solo en la planificación y selección de los proyectos y políticas, sino en su ejecución; incluso se prevé que cualquier gobierno pueda convertirse en vigilante del vecino.

Como se puede apreciar, hay una gran diferencia entre la propuesta y lo conseguido. Sin embargo, se continúa hablando de Plan Marshall, de conquista histórica, de éxito sin precedente y no sé cuántos calificativos más; y todo ello basado únicamente en titulares, rueda de prensa y sin leer la letra pequeña, que en gran medida estará aún por escribir. La gran mayoría de los periodistas, comentaristas y medios de comunicación nacionales han comprado este relato. Unos por vaguería, por sentimiento de rebaño, porque así no hay que adentrarse en las implicaciones y recovecos que tiene el acuerdo. Otros, porque en el fondo se alegran, ya que la ayuda, sea cual sea, implica la intromisión de Bruselas en la política económica española y piensan que la va a condicionar en la línea neoliberal que de hecho impera en Europa. Son los mismos que en tiempos de Rajoy reclamaban insistentemente que el Gobierno pidiese el rescate, y a los que, con buen criterio, este no hizo caso.

Esta representación nacional tiene su correspondencia con ese otro espacio de quimeras que es la UE. Bruselas ha destacado siempre por su capacidad para manejar la publicidad y la propaganda, haciendo pasar los fracasos por éxitos. Desde al menos la firma del Tratado de Maastricht, la UE ha intentado tapar sus ingentes lacras y carencias con parches, que solo le permiten ir tirando, pero que son presentados como pasos de gigante en la buena dirección, como éxitos enormes de la integración. Todo lo más, sin embargo, son muletas que la facultan para continuar arrastrándose, pero sin solucionar en absoluto los problemas de fondo. Los desequilibrios entre los países son cada vez mayores y las contradicciones internas, más profundas. Y, según se ha visto precisamente en la última cumbre, no hay ninguna intención de establecer entre los Estados una verdadera integración presupuestaria y fiscal, complemento necesario del mercado único y de la Unión Monetaria. Incluso a los países que son contribuyentes netos, siguiendo la estela de Gran Bretaña, se les devuelve el dinero.

Triunfalismo y algaradas aparte, lo único que se ha hecho en la última cumbre es salvar los muebles, o al menos intentarlo. Merkel se lo espetó abiertamente al primer ministro holandés: “Si los países del Sur quiebran, caemos todos”. La canciller alemana ha sido la verdadera artífice del acuerdo. Muchos se extrañan del papel que ha asumido, enfrentándose incluso con los que son siempre sus aliados, pero hay una razón clara: Merkel es perfectamente consciente de que lo que está en peligro es la propia Unión, tan conveniente para Alemania y para los propios países del Norte y presuponía que la cerrazón de estos podría matar la gallina de los huevos de oro. Es un problema de supervivencia. En realidad, esto es lo único que se ha aprobado en la Cumbre, ese mínimo imprescindible para que el edificio no se desmorone; y, así y todo, dada la imponente debacle económica en la que se van a ver inmersos muchos países, no es seguro que se consiga.

No obstante, la presentación al exterior es muy distinta. Como en todas las ocasiones, se habla de éxito fabuloso, de paso de gigante, incluso de nueva Europa, cuando de nueva no tiene nada y ha quedado patente que continúa anclada en las mismas contradicciones y errores de siempre. Para ponderar la importancia del acuerdo se argumenta que es la primera vez que las transferencias se realizan a fondo perdido, lo cual no es cierto, ya que los Fondos de Cohesión, el FEDER, el Fondo Social Europeo y hasta la propia PAC, gozan de la misma característica. Es verdad que en la pasada crisis todos los rescates se instrumentaron mediante préstamos, pero, precisamente por ello y dado el desmedido nivel de endeudamiento que mantienen los países en el momento actual, los créditos malamente pueden constituir ya una solución. Me temo que tampoco vayan a serlo las transferencias a fondo perdido, si tenemos en cuenta su escasa cuantía.

Para entender lo mucho de superchería que acompaña a la presentación del acuerdo adoptado por el Consejo la semana pasada en Bruselas, no está de más que analicemos el montaje que ha venido rodeando desde el inicio todo lo referente a los Fondos de Cohesión, ya que da la impresión de que va a existir una cierta semejanza entre ambas realidades. También entonces Felipe González, al volver de la ciudad holandesa de Maastricht, agitó con todo el triunfalismo imaginable y a modo de botín los Fondos de Cohesión. Con tal motivo publicaba yo un artículo en el diario El Mundo en el que pretendía desinflar el optimismo del Gobierno y de la política oficial, situándoles ante la realidad de un presupuesto comunitario que se elevaba tan solo al 1,24% (nunca ha sido mayor) del PIB de la UE, porcentaje totalmente discordante con el que mantiene cualquier Estado por liberal que sea, y que demostraba bien a las claras la insuficiencia de los fondos creados para compensar las consecuencias de la integración monetaria que se acababa de realizar.

No obstante, en España se creó un auténtico mantra -que aún perdura- acerca de la ingente cantidad de recursos que se recibían de la UE. La generalización de esta opinión se ha conseguido a base de una campaña publicitaria bien organizada por la Comisión que obligaba a publicitar la marca Europa en todas las obras, infraestructuras, actuaciones etc., financiadas, aunque fuese solo en parte, por el presupuesto comunitario. Bien es verdad que a este objetivo colaboró también una propaganda interna empeñada en cantar las excelencias de la UE, y lo muy positivo que ha resultado para España incorporarse a ella.

Nadie ha puesto sin embargo el acento en el hecho de que España no solo era receptora de fondos sino también contribuyente, con lo que la cantidad a considerar era la posición neta, desde luego muy inferior a la bruta, y que por término medio ha podido ser a lo largo de todos los años anteriores a la ampliación aproximadamente el 1% del PIB. Unos años más, otros menos. Cantidad desde luego insuficiente para compensar el efecto negativo que producen sobre nuestra economía el mercado único y la unidad monetaria.

Por otra parte, las ayudas -al igual que se supone que van a ser las del nuevo Fondo de Recuperación- han sido finalistas. Se forzaba así a los países a invertir en determinados objetivos, no solo por la contribución realizada a la UE, sino incluso por la cofinanciación que se exigía en la mayoría de los proyectos al gobierno nacional. En muchos casos la elección no era la más acertada ni la que más convenía al país, ni la que el país libremente decidía, sino la que iba a contar con la aquiescencia de Bruselas. Eso explica, por ejemplo, el descomunal desarrollo de las infraestructuras, algunas de ellas sin demasiado sentido, en detrimento de los gastos de protección social.

Mucho de lo señalado para los Fondos de Cohesión tiene plena validez para la parte del Fondo de Recuperación que teóricamente se va a transferir a los países a fondo perdido. Pero antes parémonos un instante a considerar la otra parte, aquella que se va a conceder como bajo forma de préstamos. Parece evidente que poco o nada va ayudar en la solución del problema. En los momentos presentes, gracias al BCE, los países no tienen problemas de financiación y los tipos de interés son muy reducidos. El problema está en las enormes cotas que el endeudamiento va a alcanzar en algunos países y estas no se aminoran por el hecho de que los préstamos los facilite la UE en lugar de los mercados. Quizás el alivio sea en todo caso para el BCE que se verá obligado a respaldar en el mercado menor cantidad de deuda pública. Bien es verdad que en compensación a lo mejor deberá sostener los bonos que emita la propia Comisión.

Retornando a la parte del fondo que se transfiera a fondo perdido y ya que se empeñan en hablar de cantidades enormes y mareantes, deberíamos hacer unos sencillos cálculos. Afirman que el monto global va a ser de unos 390.000 millones de euros, de los que a nosotros, según dicen, nos corresponderán alrededor de 72.000 millones. Ciertamente los 390.000 millones no van a llover del cielo, ni van a ser generosamente donados por los países del Norte, aunque eso es lo que ellos quieren hacer creer, sino que de una u otra forma (impuestos comunitarios, préstamos, mayores aportaciones al presupuesto de la UE, etc.) va a recaer sobre todos los países miembros, y se supone que aproximadamente en función de su PIB. El nuestro se situará alrededor del 9 o 10% del de la UE, con lo que deberemos hacernos cargo de alrededor de 39.000 millones. El saldo neto que percibiremos quedará reducido por tanto a 33.000 millones de euros (72-39), que se distribuirá en tres anualidades (2021, 2022, 2023) de 11.000 millones de euros por término medio, aproximadamente el 1% del PIB. A ello habrá que descontar la parte que correspondería a España de las minoraciones que por ejemplo en la PAC y en los Fondos de Cohesión se van a hacer en el marco financiero plurianual 2021-2027, para compensar parcialmente el fondo de reconstrucción.

Por mucho que se quiera vender lo contrario, estas cantidades resultan bastante insignificantes comparadas con las necesidades que por desgracia va a presentar la economía española, según señalan todas las previsiones (20 o 30 puntos sobre el PIB). Necesidades que se van a ir haciendo rápidamente presentes, aun cuando la ministra de Hacienda sea portavoz de todo, menos de la ejecución presupuestaria, y no se facilite ninguna información sobre esta materia.

Los cantores de las excelencias del acuerdo, en su afán laudatorio, proclaman la gran novedad que representa que por primera vez se vaya a mutualizar la deuda. La afirmación no es en sentido estricto exacta, puesto que el endeudamiento necesario para financiar el Fondo de Reconstrucción no lo van firmar sindicadamente los países, sino la Comisión con la garantía del presupuesto comunitario. Sin duda contestarán que para el caso da lo mismo, porque detrás se encuentran todos los Estados miembros, y tendrán razón. Pero entonces no se puede decir que es la primera vez, porque la Comisión ya se había endeudado con anterioridad y con la misma garantía. Y el argumento de que en el fondo son todos los países los que responden sirve exactamente igual para el endeudamiento del MEDE, del SURE e incluso para el pasivo del BCE.

En un sentido si se quiere más laxo, y al mismo tiempo de forma más arcana, la verdadera mutualización de la deuda, y en cantidades más importantes, se está produciendo con las operaciones llamadas de expansión cuantitativa que el BCE, al igual que otros bancos centrales, lleva tiempo ejecutando. Cuando en marzo de 2015 Draghi comenzó esta operación, el balance del BCE era de 2,1 billones de euros; en la actualidad es ya de 6,2 billones, más del 50% del PIB comunitario. El BCE, con su actuación en el mercado, salvó al euro cuando estaba contra las cuerdas, y con las primas de riesgo de Italia y España por encima de 500%, y ha sido su actuación la que ha mantenido viva durante todo este tiempo la Unión Monetaria a pesar de sus contradicciones.

Ante los problemas económicos derivados del Covid-19, el BCE ha sido el primero en reaccionar poniendo sobre la mesa un programa de emergencia (PEPP) de 750.000 millones de euros, ampliado más tarde a 1,35 billones, que ha hecho posible que las primas de riesgo permanezcan relativamente estables. He aquí el verdadero rescate. La pregunta es hasta cuándo podrá el BCE seguir manteniendo al euro en sus contradicciones. El otro día en Bruselas lo que estaba en juego era si se descargaba al BCE, aunque fuese en pequeña medida, de tan pesada carga. De ahí la postura de Merkel. No se rescataba a Italia o a España, sino al BCE. Por eso resultan tan ridículas las peroratas de los botafumeiros de Europa; y más que ridícula, hiriente, teniendo en cuanta lo mal que lo van a pasar muchos españoles, la entrada triunfal de Pedro Sánchez al Consejo de Ministros y al Parlamento. Le faltó hacerlo bajo palio.  

republica.com 31-7-2020



APARIENCIAS Y REALIDAD EN SÁNCHEZ Y EN EUROPA

EUROPA Posted on Tue, July 28, 2020 14:00:16

Hay que admirar en Tezanos su capacidad de sacrificio por la causa. Al final de su carrera no le importa ser el hazmerreir de toda la profesión y de los medios de comunicación social con tal de prestar un servicio a su señorito. Lo cierto es que el director del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) se ha convertido en el prototipo y estandarte del régimen sanchista. Que la realidad no te estropee un buen reportaje o una buena encuesta, que para el caso es igual. El “parecer” es más importante que el “ser”. El sanchismo es una permanente enmienda a la realidad. Así, con 85 diputados Sánchez llegó a ser presidente del gobierno.

Es verdad que la realidad termina imponiéndose a la representación, pero mientras esta permanece produce sus frutos. Incluso hay ocasiones en las que las apariencias logran modificar la realidad. En eso es en lo que confía Sánchez. Le está sirviendo en la política interior. Desde hace cinco años viene construyendo una farsa que sustituye a lo existente y en la que se mueve como pez en el agua. Pero es difícil que esa misma estrategia le sirva en el campo económico, y más dudoso aún que dé resultados en la política exterior con Europa.  En economía la realidad es tronca y mostrenca y, por un medio o por otro, termina imponiéndose, y en Europa funciona otra representación teatral, cuyos hilos Sánchez, mal que le pese, no controla.

Desde el Gobierno, hace semanas, se lanzó el rumor de que íbamos a conquistar los organismos internacionales. Colocaríamos supuestamente a Calviño al frente del Eurogrupo, a González Laya en la Organización Mundial del Comercio (OMC) y a Pedro Duque en la Agencia Espacial Europea (ESA). Los medios se lo tomaron tan en serio que comenzaron a hablar de crisis de gobierno orientada a la sustitución de los candidatos. Es más, se apresuraron a sumar al cambio, el cargo de portavoz, ya que en esa función -según decían- la actual titular estaba muy desgastada.

De todo ello, lo único que parece tener visos de realidad es esto último. Porque si la pretensión de Pedro Sánchez era colocar de portavoz a alguien que a base de palabrería marease al personal, eludiendo cualquier pregunta, creo que lo ha conseguido, hasta el extremo de que en el momento actual nadie le haga ya caso. Sustituirla parece una necesidad. De esa manera, además, podrá asumir el papel de portavoz de las cuentas públicas, que es el que le corresponde. Se están perdiendo todas las buenas costumbres democráticas, entre ellas la de que el Ministerio de Hacienda comparezca mensualmente para dar cuentas del déficit, de los ingresos y de los gastos públicos.

Todos los demás cambios eran mera apariencia. González Laya se retiró enseguida de la carrera; Pedro Duque ni siquiera ha entrado en ella y ya hemos visto cómo ha terminado lo de Calviño. Mucha culpa la tienen los medios de comunicación que compran todas las representaciones del Gobierno, e incluso están dispuestos a hinchar y agrandar el montaje. En el caso de Calviño inflaron tanto el cargo como la cualificación de la candidata. El cargo es de representación más que de autoridad y eficacia. Es de relumbrón, de oropel, pero sin poder y sin apenas capacidad de influencia. De ahí que el puesto no exista de forma independiente, sino unido al de ministro de Economía o de Finanzas de algún país de la Eurozona. Su papel es el de mero coordinador de los restantes miembros del Eurogrupo. Su función, en todo caso, intentar que lleguen a acuerdos por unanimidad los representantes de diecinueve países muy distintos entre sí.

Es esa misma característica del cargo la que me hace dudar de si en las circunstanciales actuales el nombramiento hubiera sido conveniente para España. Su estatus, un poco de mediador y hombre bueno, dificulta la firmeza y rigidez a la hora de defender los intereses del país de pertenencia. De lo que no cabe duda es de que hubiera sido bueno para Sánchez, y por eso estaba vendiendo la pieza antes de cazarla, ya que hubiéramos tenido que escucharle lo importante que era este Gobierno, y él como presidente, al conseguir para un español un cargo tan significativo en Europa.

En realidad, el caso es similar al nombramiento de Borrell como Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (lo que coloquialmente se denomina Mister Pesc). El presidente del Gobierno se vanaglorió cumplidamente de ello, pero es dudoso que constituyese un gran triunfo para España. El cargo de Mister Pesc tiene más apariencia que realidad. La Unión Europea, y más concretamente la Comisión, carece casi por completo de competencias en política exterior y de defensa, con lo que el puesto, por más que se le quiera revestir de boato y esplendor, no goza de demasiado poder e influencia. El nombramiento de un español ha excluido la posibilidad de que nuestro país pudiese nombrar otro comisario en un puesto que poseyera más relevancia para los intereses españoles, tales como el de Economía o el de la Competencia.

Los medios de comunicación no solo inflaron la trascendencia del cargo de presidente del Eurogrupo, sino la cualificación e idoneidad de la candidata. Frente a la acusación vertida, para autojustificarse, por el nacionalismo periférico acerca del nacionalismo español, tengo por cierto que si de algún mal adolecen mayoritariamente los españoles no es el del nacionalismo sino el del complejo de inferioridad. Eso hace que consideremos excelente todo lo que proviene de allende los Pirineos y sobrevaloremos, por ejemplo, la burocracia de Bruselas y a todo el que haya ocupado un puesto en ella. La verdad es que en lo único que sobresalen es en el sueldo. La buena prensa de Calviño proviene además de la confluencia de dos tendencias: la de los sanchistas porque están abocados a defender a todos los que forman este Ejecutivo, y la de los detractores del Gobierno, que juzgan que Calviño constituye la única barricada frente a lo que consideran aberraciones de otros ministros.

El nombramiento en un cargo de este tipo, cien por cien político, no depende de la preparación personal del candidato, sino de la relevancia y el papel que juega el gobierno del que es ministro y de los distintos intereses enfrentados. La cualificación de Calviño no venía dada por haber sido directora general de Presupuesto en la Comisión (bien poca cosa por otra parte), sino por ser ministra de Economía de un gobierno español (aunque sea Frankenstein e hipotecado a los golpistas). Bien lo sabía ella que no tuvo ningún reparo en dar el salto de Bruselas a Madrid. Era consciente de que constituía una buena forma de medrar en su carrera profesional. Pero por eso mismo la no designación fue ante todo una bofetada a Pedro Sánchez y una manera de frenarle en seco. Le rompió su mundo de apariencias, y le hizo ver que existía otro espacio, quizás también de apariencias, pero que él no controlaba.

El bofetón le lanzó a un peregrinaje mendicante por las cancillerías europeas. A cada uno lo suyo. La responsabilidad de asumir este papel de pedigüeño no es desde luego, ni siquiera en la parte más importante, de Sánchez. Es de aquellos que firmaron el Tratado de Maastricht creando una unión monetaria, sin establecer al mismo tiempo un presupuesto comunitario con entidad suficiente para compensar los desequilibrios que el mercado único y la moneda única crean. La aceptación de esa anomalía es la causa de que los países del Sur tengan ahora que ir mendigando, pidiendo como dádivas, lo que les correspondería en justicia por el simple juego redistributivo de una política fiscal y presupuestaria común, como la que mantiene cualquier unión política, por liberal que sea.

Pedro Sánchez, en esa ronda de rogativas, tuvo que escuchar del primer ministro holandés, Mark Rutte, la impertinencia de que “vosotros tenéis que encontrar la solución dentro de España y no en la Unión Europea”. Impertinencia, porque el reproche sería lógico si la Unión Europea no existiese, y Holanda no pudiese hacer dumping fiscal, ya que España y el resto de países tendrían la capacidad de adoptar medidas de control de capitales. La crítica tendría coherencia si no tuviésemos que mantener obligatoriamente el mismo tipo de cambio que Alemania u Holanda, lo que beneficia a esas naciones, y les permite aprovecharse de unos superávits respectivos en sus balanzas de pago por cuenta corriente del 7% y del 10%, respectivamente. Estos superávits crean empleo en estos Estados y lo destruyen en el resto de la Unión.

Ha sido una impertinencia, pero le mostró a Sánchez el montaje de la Unión Europea y le debería haberle devuelto a la realidad y sacado del mundo de apariencias, en el que hasta ahora se ha movido, soñando con un espejismo, la creencia de que en esta ocasión la Unión Europea se comportaría de manera distinta, solo por el hecho de que él era el gran Pedro Sánchez. Su entrada triunfal en el Consejo afirmando que nos encontramos en un momento histórico indica bien a las claras hasta qué punto continuaba en la representación, y en la que iba a mantenerse después del acuerdo.  Para Sánchez todo lo que le rodea son momentos históricos. Debe ser, no obstante, un tic que se le ha pegado a todo el mundo en España y fuera de España. Es un clamor generalizado, se califica el acuerdo de momento histórico. Pero el “hoy” tiene poco de momento histórico, como no sea que nos muestra una vez más que la historia se repite. Desde hace treinta años la Unión permanece en los mismos errores.

La Unión Europea también crea su propia representación y farsa, igualmente vive de las apariencias. Nos quiere hacer creer que constituye una unión política cuando en realidad no es más que un haz de Estados heterogéneos, lleno de desequilibrios y contradicciones, y unido tan solo por intereses financieros y mercantiles. No deja de ser la Europa del capital y de los mercaderes. Anuncian como un gran triunfo e importante novedad que se van a conceder transferencias a fondo perdido, pero no hay ninguna originalidad en el invento. Los recursos traspasados por el FEDER y los fondos de cohesión también lo son. El problema radica, hoy como ayer, en su escasa cuantía, en comparación con las transferencias que se llevarían a cabo de unos países a otros como resultado de una Hacienda Publica Común, lógica compensación de las transferencias que se producen a la inversa, de una forma velada pero no menos real, mediante el mercado único y el mantenimiento de una misma moneda y como consecuencia indefectible de un mismo tipo de cambio.

El problema consiste también en que tanto hoy como ayer los recursos se transfieren como dádivas de los países ricos y no como el justo resarcimiento de los beneficios que estos obtienen de la Unión, y como el resultado de la acción fiscal de cualquier Estado, complemento de su unión mercantil y monetaria. Conviene señalar además que los fondos ni caen del cielo ni provienen solo de un grupo de países (los ricos), sino que todos los miembros contribuyen, y normalmente en función del PIB. En el caso de países grandes como España la contribución es considerable. No tiene sentido ni ahora ni entonces hablar de cantidades brutas. Las netas son mucho menos llamativas.

Pero, por encima de todo, el problema reside en que en la Unión Europea existe un profundo déficit democrático y en que, como siempre sucede, la regla de la unanimidad se convierte en la tiranía de las minorías y cualquier país por pequeño que sea y por muchos defectos que se den en sus estructuras económicas y democráticas se cree en el derecho de erigirse en guardián de la ortodoxia y en el de establecer una especie de protectorado sobre otra serie de países, dictándoles la política que deben seguir. Lo más grave es que hay españoles (políticos, periodistas, empresarios, etc.) que aplauden. Su repulsa del Gobierno y la prevención hacia sus actuaciones les conducen a desear que vengan de fuera a gobernarnos. El afrancesamiento parece que permanece en nuestro imaginario patrio. Es comprensible que un gobierno Frankenstein no despierte mucho entusiasmo y confianza, pero la democracia es la democracia; las reglas de juego son las reglas de juego. Y, además, la Unión Europea y países como Holanda generan aún más prevención y desasosiego.

republica.com 24-7-2020



HABLEMOS EN SERIO DE IMPUESTOS

HACIENDA PUBLICA Posted on Wed, July 22, 2020 13:58:26

¿Qué tipo de Estado queremos? Esta es la pregunta que debe hacerse toda sociedad y también la española. ¿Un Estado liberal o un Estado social? Un Estado liberal precisa de un nivel reducido de gravámenes, aquellos imprescindibles para que se desarrollen las funciones que son esenciales a toda unidad política: justicia, policía, exteriores; en su caso, ejército, y poco más. A medida que la actividad económica y la sociedad en general se fueron haciendo más complejas, los propios Estados liberales tuvieron que asumir competencias de tipo económico, infraestructuras, transportes, comunicaciones etc., pretendiendo, eso sí, minimizar su cometido y dejar el protagonismo al sector privado. Se reservaron fundamentalmente el papel de árbitro y regulador. Todo ello implica ya un cierto aumento del tamaño de la Hacienda Pública, aun cuando el nivel de imposición continúe siendo relativamente reducido.

El Estado social representa un salto cualitativo. Parte de la convicción de que el Estado liberal se encuentra en un equilibrio inestable. Ni el derecho ni la democracia pueden ser auténticos sin unas condiciones mínimas de igualdad social. Condiciones que deberían surgir: primero, de que los gravámenes se adapten al principio de progresividad, es decir, que contribuya más quien más posea; segundo, de que, junto con los derechos políticos, las Constituciones garanticen derechos sociales, empleo, educación, sanidad, pensiones, vivienda, seguro de paro, etc. Es más, tras la Gran Depresión del año 29 se comprobó que la economía no es un sistema perfecto que se autorregula, sino que precisa de la intervención de los poderes públicos. Poco a poco surge un fenómeno nuevo, es la misma clase empresarial la que se dirige con frecuencia al Estado para pedir ayuda.

Cabe poca duda de que el Estado social resulta caro y exige un nivel considerable de imposición, por eso, desde principios de los ochenta los países occidentales viven en una especie de esquizofrenia. Por una parte, se produce lo que se puede llamar “la rebelión de los ricos”, se establece una fuerte ofensiva contra los sistemas fiscales, especialmente en lo que respeta a la progresividad; pero, al mismo tiempo, desde todos los sectores de la sociedad se reclama la actuación del Estado y se exige su intervención. En especial en los momentos de crisis, ciudadanos, empresas, organismos e instituciones privadas reclaman su ayuda como un derecho propio y una obligación del sector público. Este comportamiento apareció con claridad en la recesión de 2008, y desde luego se está haciendo patente de forma irrefutable en los momentos actuales con la crisis sanitaria. ¿Podemos imaginarnos los estragos que la pandemia hubiera hecho en la sociedad y en la economía manteniendo simplemente un Estado liberal? El Estado social es caro, pero más caro puede resultar no tenerlo.

España llegó tarde al Estado social, y aún no había terminado de consolidarlo cuando se inicia en Europa el proceso involutivo del que hemos hablado antes, y al que nuestro país se sumó con entusiasmo, al menos en materia impositiva. Desde finales de los años ochenta tanto los gobiernos de González como los de Aznar y como los de Zapatero entraron en un proceso desaforado de bajada de impuestos, con argumentos tan descabellados como los de la curva de Laffer, que ya había mostrado con Reagan su inconsistencia. No solo se dañó la progresividad del sistema sino también la suficiencia, lo que explica nuestra brecha recaudatoria respecto al resto de países europeos.

Se mire como se mire, España está muy por debajo de lo que debería ser su puesto en la Unión Europea, ordenados sus miembros por el nivel de presión fiscal que cada uno mantiene. Esta magnitud en España es inferior en seis puntos a la media de la Eurozona, y en cinco a la de la Unión Europea. Pero no es solo que sea menor que la de Francia, Italia, Alemania, Suecia, Dinamarca, Noruega, Bélgica, Holanda, Austria y Finlandia, lo que podría tener una justificación, sino que está por debajo de Portugal, Grecia, Polonia, Chequia, Hungría, Eslovenia y Croacia, lo que resulta difícil de explicar por mucho que se empeñen los enemigos de los impuestos en buscar argumentos.

No se puede argüir que los tipos impositivos son superiores. Ello resulta muy difícil de comprobar. Los sistemas fiscales son un entramado complejo y cada elemento se complementa con los restantes,  por lo que no tiene sentido fijarse en uno solo, por ejemplo, en el tipo del impuesto sobre sociedades, prescindiendo de las deducciones, exenciones y beneficios fiscales que rodean el tributo.

Tampoco tiene sentido recurrir a lo que llaman esfuerzo fiscal, variable predilecta de todos aquellos que pretenden defender que en nuestro país la tributación es muy elevada. Ningún organismo internacional serio la utiliza para hacer comparaciones. Su definición no tiene ningún significado y quizás tan solo constituya un índice de pobreza, ya que al dividir la presión fiscal por la renta per cápita son lógicamente aquellos países en los que esta última variable es menor los que se sitúan a la cabeza de la clasificación. Todos los que pretenden usar el esfuerzo fiscal se limitan a mostrar que su nivel en España es superior al de Alemania, al de Austria, al de Holanda, al de Bélgica, etc. Pero nadie cita que los valores más altos se encuentran en países como Bulgaria, Rumania, Letonia, Lituania, Grecia, Eslovaquia, Portugal, Chipre, etc., en general en todos los países económicamente más débiles. Tampoco añaden que la brecha de recaudación es tan considerable en España que, a pesar de tener una renta per cápita inferior a Francia e Italia, está situada por debajo de ellos en la clasificación.

Si de verdad se quiere mantener en nuestro país el Estado social, no queda más remedio que dejarse de demagogias y plantearse en serio la subida de la presión fiscal. Sin abordar una auténtica reforma que incremente la progresividad y suficiencia de nuestro sistema tributario, no es creíble ni lo del escudo social, ni lo de no dejar a nadie atrás, ni lo de un gobierno progresista. Una reforma fiscal que no puede quedar reducida a elevar la tributación de las grandes empresas, a crear dos impuestos de final dudoso, sobre todo si no se implementan a la vez en toda la Unión Europea y un gravamen a las grandes fortunas, todos ellos elementos que suenan muy bien porque en teoría no afectan al común de confesores, pero que carecen de la suficiente capacidad recaudatoria.

Llenar el país de mercedes sin querer subir de verdad los impuestos no es progresismo, sino puro populismo y demagogia con efectos seguramente muy graves para la economía. Lograr enderezar la Hacienda Pública (dejando aparte que lo primero sería colocar al frente del Ministerio un equipo que supiese algo de impuestos) pasaría en buena medida por desandar el camino andando desde finales de los ochenta y por enfrentarse con los cuatro grandes (al menos deberían ser grandes) tributos que dotan o deberían dotar de progresividad al sistema: IRPF, impuesto sobre renta de sociedades, patrimonio y sucesiones y donaciones.

Comencemos por el IRPF. Lo primero que hay que señalar es que cualquier reforma que se quiera acometer en este impuesto tiene que empezar por devolverle su carácter global, con una sola base imponible y una sola tarifa. Sin duda el ataque mayor que se infligió a la progresividad del gravamen fue separar las rentas de capital de la tarifa general y someterlas a una tarifa más reducida. Es verdad que ya con Solchaga y Solbes se había venido otorgando de forma progresiva un trato de favor a los dividendos, pero fueron los gobiernos de Aznar los que dieron la puntilla al sistema, al escindir en dos la base imponible, la primera constituida fundamentalmente por las rentas de trabajo (y en menor medida por las rentas de la propiedad inmobiliaria y las de los autónomos) y a la que se le aplica la llamada tarifa general, y otra base imponible en la que se engloban los ingresos financieros sometida a una tarifa que eufemísticamente se llama “del ahorro”, para ocultar su verdadero concepto, de rentas de capital.

El primer efecto de esta escisión lo constituye la radical injusticia de hacer tributar a las rentas del trabajo a un tipo muy superior al que se aplica a las rentas de capital. Pero hay un segundo efecto tan pernicioso como el primero y es que los ingresos no se acumulan en una única base imponible, con lo que la progresividad del impuesto se ve reducida, fenómeno que afecta lógicamente a los que tienen rentas de ambas fuentes.

Curiosamente, no he visto que nadie en ese gobierno “progresista” exija esta modificación, sin la cual los otros posibles cambios pierden gran parte de su razón de ser. Crear tramos adicionales en la parte alta de la tarifa general con tipos marginales elevados no deja de discriminar una vez más a las rentas de trabajo respecto a las de capital. No digo que esa medida carezca por completo de sentido, puesto que en los niveles elevados de la tarifa general se encuentran los ejecutivos de las grandes corporaciones con salarios realmente escandalosos. No es lógico que el último tramo termine en los 60.000 euros. A menudo desde la izquierda, incluso desde la misma Unión Europea, se plantean limitar las retribuciones de los grandes ejecutivos. La mejor forma para ello, incluso desde la óptica más liberal, no es la prohibición, sino introducir en la tarifa del impuesto tramos elevados y a unos tipos marginales tales que desincentiven cualquier subida de sueldo en esos niveles. Ahora bien, esta medida queda totalmente coja sin dar un tratamiento homogéneo a las rentas de capital.

El argumento de que son muy pocos los contribuyentes que están en los tramos altos no representa ninguna objeción seria. Hay medidas fiscales que tienen su razón de ser en la suficiencia del tributo, pero otras obedecen principalmente a la justicia, aunque indirectamente también afectan a la suficiencia, porque es difícil exigir a la totalidad de los contribuyentes un esfuerzo fiscal si no existe ejemplaridad en aquellos que más tienen. A los que se rasgan las vestiduras por el nivel que alcanza el tipo marginal máximo hay que recordarles (a veces parecen ignorarlo) que no es un tipo medio, sino marginal, es decir, el que se aplica a los ingresos percibidos a partir de ciertas cantidades, y además que la tarifa vigente a principios de los ochenta, y establecida por un gobierno de centro como UCD, estaba conformada por 32 tramos y un tipo marginal máximo del 65%.

A pesar del trato de favor que actualmente mantienen en el IRPF las rentas de capital, la cuantía declarada es muy reducida, inferior al 10%, de las que se hacen constar como rentas de trabajo, lo que nos conduce, por una parte, al impuesto sobre sociedades y, por otra, a los de patrimonio y sucesiones. Al impuesto sobre sociedades porque resulta vital que las rentas de capital no queden estancadas y ocultas en sociedades interpuestas e instrumentales que carecen de finalidad como  no sea la de esconder patrimonios y sus rentabilidades. Hay sin duda formas para evitarlo. Es verdad, no obstante, que, por muchos esfuerzos que se haga en esta dirección, las rentas de capital siempre tienen la capacidad de permanecer retenidas como mayor valor de los activos hasta el momento de su realización en el que lucirán como plusvalías. Ello permite en muchos casos retrasar indefinidamente su tributación. Es precisamente esta condición de los activos financieros la que hace, junto con otros motivos, necesarios los gravámenes sobre patrimonio y sucesiones.

Serán, quizás, estas dos figuras tributarias las más odiadas por los detractores de los impuestos, y objeto de toda clase de sofismas para condenar su existencia. Sin embargo, son dos complementos imprescindibles al impuesto sobre la renta y al de sociedades para construir un sistema fiscal justo y coherente. La imposibilidad de extenderme aquí en la justificación de su razón de ser y en desmontar las falacias que se han construido frente a ellos, me conduce a autocitarme por si algún lector quiere entrar más a fondo en el tema. Para ello pueden verse dos capítulos de mi libro “Economía, mentiras y trampas” (Editorial Península) y, entre otros, los artículos de este diario digital del 22-9-2011, y del 7-11-2018.

No obstante, sí añadiré el gran error que se cometió en los primeros años de la Transición al cederlos a las Comunidades Autónomas. Se permitió, así, la disparidad y casi la anarquía, y con ello el dumping fiscal entre las Autonomías. Se perdía también la función de control que poseen en una gestión integrada de los impuestos directos. Una reforma fiscal en profundidad debería pasar no tanto por homogenizar estos dos impuestos en las Comunidades como en retomar el carácter estatal de ambos tributos, compensando a las Autonomías si fuese necesario.

El impuesto sobre sociedades necesita una reforma amplia y a fondo, aunque sin chapuzas de tributaciones mínimas. El gravamen debe ser proporcional a los beneficios, pero examinando y eliminandocasi todas las deducciones y desgravaciones que ahora mantiene y que alejan el tipo efectivo del nominal y vacían casi por completo de contenido el tributo. Por otra parte, en este impuesto, a diferencia del de la renta personal, no tiene sentido discriminar por el tamaño, entre grandes y pequeñas empresas. Las primeras pueden tener muchísimos accionistas y las segundas un número reducido de socios, pero muy selectos. Las primeras pueden tener graves dificultades económicas, y las segundas notables beneficios y una situación muy saneada. Lo único que se logra al establecer estas distinciones es desincentivar las fusiones empresariales, y mantener nuestro país como una economía de PYMES.

Es verdad que,en los momentos actuales, a la hora de acometer una reforma fiscal no podemos prescindir del hecho de que impera la globalización y de que pertenecemos a la Unión Europea, institución que censura cualquier desviación en materia de déficit público, pero que es totalmente permisiva con los paraísos fiscales, y permite que países miembros como Irlanda, Holanda, Luxemburgo sean totalmente laxos en materia tributaria y que practiquen el dumping frente a otros Estados.

No es menos, cierto, sin embargo, que, si el capital es fácil de deslocalizar, las personas individuales que son las que reciben las rentas, tienen muchas más dificultades en hacerlo, a no ser que asuman el coste del exilio. De ahí la necesidad de imputar correctamente los patrimonios y sus ingresos, (bien estén o se produzcan en España o en el extranjero), a sus beneficiarios últimos, personas físicas. De ahí también la relevancia de la medida adoptada en 2013 por Montoro estableciendo la obligación, bajo elevadas sanciones, de declarar el patrimonio que se mantiene en el extranjero, lo que se recoge en el llamado modelo 720. Curiosamente, la Comisión, lejos de aplaudirlo, lo ha denunciado como norma abusiva al Tribunal de Justicia. ¿Nos puede quedar alguna duda de qué intereses defiende la Unión Europea? ¿Nos puede extrañar que elijan como presidente del Eurogrupo al ministro de Hacienda de un paraíso fiscal? Solo un gobierno imberbe, ansioso de apuntarse tantos, podría pensar otra cosa.

republica.com 17-7-2020



LAS DOS ETAPAS DE LA CRISIS

EUROPA Posted on Tue, July 14, 2020 09:49:02

El 13 de enero de 1993 en un artículo en el periódico El Mundo me refería a una conferencia pronunciada por Milton Friedman en la Universidad de Londres, y que junto con otros trabajos había publicado en castellano la editorial Gedisa, en la que el premio Nobel relataba cómo al colaborar en un libro sobre la historia monetaria de los Estados Unidos se vio obligado a leer medio siglo de informes del Banco de la Reserva Federal. Afirmaba que el único elemento que hizo más liviana esa tarea ingrata y pesada fue la oscilación cíclica que estos informes atribuían a la importancia y efectividad de la política monetaria. En los años buenos se decía: “Gracias a la excelente política monetaria de la Reserva Federal…”; en los años malos, por el contrario, se afirmaba: “Pese a la excelente política de la Reserva Federal…”. Y luego se insistía en las limitaciones de la política monetaria y en la influencia y potencialidad de otros factores, por supuesto negativos, y de otras políticas incompetentes.

Seguro -apostillaba yo en el citado artículo- que algo parecido le sucedería al estudioso español que quisiera bucear en los informes del Banco de España (BE) y consultar en las hemerotecas las declaraciones de sus responsables. La política monetaria ha funcionado siempre de manera perfecta, las culpas han debido buscarse en otras instancias: el déficit y el gasto público, los salarios, la actuación de los sindicatos, etcétera. La verdad -continuaba yo señalando entonces- es que soy de los que piensan que la política monetaria puede arreglar pocas cosas, pero puede destruir muchas. Es sumamente potente cuando se trata de restringir la demanda, desacelerar el crecimiento económico y sumir a la economía en la recesión y el desempleo; incluso puede conseguir, a base de matar al enfermo, un cierto alivio de dolencias tales como la inflación o el déficit comercial, pero resulta bastante inoperante cuando pretende reactivar la economía. “Se puede conducir al caballo al abrevadero, pero no se le puede obligar a que beba”. “La política monetaria es como una soga, sirve para arrastrar, pero es incapaz de retornar el objeto al punto de partida”. La historia económica de todos los países está plagada de situaciones en las que una política monetaria restrictiva -no sé por qué, pero las políticas monetarias siempre tienen una finalidad restrictiva- ha originado efectos desastrosos, y salir de la crisis solo ha sido posible tras muchos años de sacrificios y después de pagar un alto coste, tanto en forma de menor crecimiento como en aumento de desempleo. Es relativamente fácil deprimir una economía, pero mucho más difícil reactivarla.

Desde que escribí aquel artículo, no solo han transcurrido más de 25 años, sino que ha pasado mucha agua bajo el puente, como afirma el pianista de la película Casablanca. El BE acaba de presentar su informe económico anual referente al año 2019. Pero esta institución ya no maneja la política monetaria, puesto que España carece de moneda propia, y ahora paradójicamente los bancos centrales, incluyendo el Banco Central Europeo (BCE), no han tenido más remedio que pasarse a las políticas expansivas. Bien es verdad que en Europa continúa habiendo muchas reticencias tanto por parte del Bundesbank como por parte de los bancos centrales de otros países del Norte, ante esta forma de actuar de los institutos emisores.

Si hace 25 años, bajo el paraguas de los criterios de convergencia y la presión de Alemania, la tiranía de la política monetaria se imponía restringiendo el crecimiento económico, a partir de la crisis de 2008 las cosas cambian. El BCE, para salvar el euro, y ante la pasividad del resto de las instituciones, se ha visto forzado a practicar una política monetaria expansiva, y a terminar financiando a la mayoría de los Estados, rompiendo así, aun cuando no se quiera reconocer, las limitaciones de las que se le había revestido desde su creación.

La crisis del 2008 demostró el contrasentido que se escondía tras uno de los dogmas básicos en los que se había asentado la Unión Monetaria, el de la prohibición de que el BCE financiase a los Estados miembros. Muy pronto se hizo evidente que los Estados están indefensos ante unos mercados globalizados, si no tienen detrás un banco central que les respalde. La inestabilidad financiera de los países podría hacer tambalear la propia viabilidad de la Unión Monetaria.

La crisis del Covid-19 va a poner en solfa otro de los principios esenciales del credo comunitario: el rechazo a las ayudas de Estado, la prohibición de que los países puedan auxiliar a sus empresas, violando así la libre concurrencia. Alemania ha destinado ya más de un billón de euros a sanear sus corporaciones, y quizas aquí se encuentre el origen y el destino del fondo europeo de recuperación planteado por la Comisión. Origen porque, tal vez, surge de la convicción de que un mercado único no puede funcionar si unas empresas reciben dinero público porque pertenecen a países pudientes, y otras no porque están ligadas a naciones con dificultades presupuestarias. Y destino porque será seguramente a sanear empresas a lo que se dirija el dinero comunitario.

Pero volvamos al informe del BE de este año. Su importancia radica, a mi entender, en que su gobernador, Hernández de Cox, pertenece al consejo del BCE y sus palabras (al igual que las manifestaciones ocasionales de Guindos en la prensa) pueden darnos importantes pistas acerca de cuál va ser la postura del BCE en la crisis, postura que conviene tener muy en cuenta ya que la estabilidad económica de España -como la de casi todos los otros países del Sur- va a depender más que nada del comportamiento de dicha institución.

Si algo dejó claro el señor Hernández de Cox es que se prevé que las finanzas españolas acumulen un fuerte incremento del endeudamiento público, sin que de sus palabras parezca desprenderse que las ayudas europeas vayan a aliviar lo más mínimo la situación. Evidentemente, los recursos que provengan de Europa como préstamos se computarán como deuda pública. Pero y ¿las tan cacareadas transferencias a fondo perdido? Claramente no incrementarán la deuda, pero me temo que, sean muchas o pocas, van a orientarse a otros menesteres distintos de financiar los gastos de las administraciones públicas, y que en su mayoría se concederán condicionadas a las ayudas de Estado a las que me he referido antes.

Del informe y de las palabras del gobernador, se desprenden claramente también las dos etapas en las que pretenden dividir la crisis. Una primera época en la que el sector público tiene que asumir una política expansiva, más gasto, más subvenciones, más prestaciones, menos impuestos, etc. Se trata, según se dice, de salvar la economía, época durante la cual el endeudamiento público alcanzará, de acuerdo con distintas hipótesis, cuantías diferentes, pero todas ellas cifras astronómicas. Una segunda etapa que eufemísticamente se denomina de estabilización, consistirá en aplicar lisa y llanamente una política fiscal fuertemente restrictiva.

Que nadie se llame a engaño, ni piense que la política de austeridad es cosa del pasado. En realidad, el proceso que se planteó en la crisis de 2008 no difiere del planteamiento actual. También entonces se configuraron dos etapas (más que configurar o planificar, se produjeron de hecho), aunque los que han quedado marcados en el imaginario popular han sido únicamente los ajustes y los recortes de la segunda. Hay que recordar, no obstante, que estos no comenzaron hasta 2010 y que estuvieron precedidos durante dos años por de medidas expansivas de escaso éxito y que después todo el mundo ha afirmado que fueron contraproducentes.

Por recordar algunos hitos destacados. En agosto de 2008 el Gobierno de Zapatero aprueba 24 medidas aplicables a los sectores de la vivienda, el transporte, la energía, las telecomunicaciones, el medio ambiente y la financiación de las PYME. A finales de noviembre, se anuncia de nuevo un plan urgente para la reactivación de la economía dotado con 11.000 millones de euros, un 1,1 % del PIB, con el que se espera conseguir la creación de 300.000 puestos de trabajo durante 2009. En enero de 2009 se presenta el Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo, conocido como Plan E, por un coste del 2,3% del PIB. Todas estas iniciativas no tuvieron ningún rechazo en su momento en la Unión Europea; ni en el resto de organismos internacionales, más bien las aconsejaban. Sin embargo, sus resultados en el erario público sirvieron más tarde de argumento para imponer los ajustes de 2010 y años posteriores.

El Gobierno actual, oposición, representantes empresariales y sindicales no deberían desdeñar la enseñanza de la historia, ni olvidar que estamos en la Unión Monetaria y que nuestra soberanía está en extremo limitada, por una parte, por la libre circulación de mercancías y capitales y, por otra y principalmente, por la carencia de moneda propia. Queramos o no, nuestro nivel de endeudamiento nos va a dejar más que nunca en manos del BCE y conviene que no nos equivoquemos, los mandatarios de la Unión Europea y los halcones del Norte no se van a mover por fotos más o menos idílicas de concordia entre gobierno, patronal y sindicatos, sino por sus propios intereses. Nos ayudarán en la medida que sea imprescindible para la estabilidad de la Unión y, sin duda, estableciendo condiciones.

El Ejecutivo y los agentes sociales tendrían que ser por ello, en los momentos actuales, mucho más cautos a la hora de plantear los gastos o las rebajas de impuestos; no sea que comprobemos más tarde que, por intentar salvar lo insalvable, nos vemos obligados a acometer medidas muy punitivas tanto para la economía como para los ciudadanos. Con el argumento de que hay que ayudar a las empresas, son múltiples las actuaciones que el Gobierno está llevando a cabo que sin duda van a representar una enorme carga para el erario público. En economía nada es gratuito y todo tiene su coste de oportunidad. No sé si se están midiendo adecuadamente las necesidades y el coste beneficio.

Me temo que Podemos y la Izquierda Unida de Garzón van a descubrir las limitaciones que impone pertenecer a la Unión Monetaria, y lo que significa gobernar en estas circunstancias. Casado, por su parte, debería olvidar ese latiguillo de que hay que bajar los impuestos, y acordarse de lo que tuvo que hacer Montoro, en contra de todas sus convicciones. Constatará que la cosa no va a ir de bajarlos sino de subirlos. Y nuestro ínclito presidente de Gobierno quizás se entere, aunque a lo mejor no, de que la reforma fiscal que se precisa para garantizar la economía del bienestar es algo más que subir la tributación a las grandes corporaciones. Esa reforma fiscal que tal vez sea imposible aplicar, dadas las condiciones actuales en la Unión Europea. Posiblemente, merezca la pena hablar de ella la próxima semana.  

republica.com 10-7-2020



LA DICTADURA DE LO POLÍTICAMENTE CORRECTO

APUNTES POLÍTICOS Posted on Mon, July 06, 2020 19:15:03

La noticia ha saltado a la prensa. La cadena HBO Max ha retirado de su streaming la película “Lo que el viento se llevó”, tachándola de racista. No es un film que precisamente me apasione, pero acusarle de racista me parece desproporcionado y excesivo. Sobre todo, me repele lo que la acción tiene de censura.

Hace año y medio en España, en Operación Triunfo, la concursante María Villar se negó a cantar un párrafo de la canción de Mecano “Quédate en Madrid” porque empleaba el término “mariconez”. “Siempre los cariñitos me han parecido una mariconez y ahora hablo contigo en diminutivo con nombres de pastel”. Los responsables televisivos habían accedido a cambiar el vocablo por el de estupidez, pero el autor, José María Cano, se negó en redondo. Mantuvo que la canción era suya, que nadie tenía derecho, salvo él, a modificar la letra, y que no estaba dispuesto a hacerlo por ese motivo que, precisamente, sí le parecía una estupidez.

La semana pasada la estatua del misionero español Junípero Serra, que se encuentra en el centro de Mallorca, sufrió una agresión, apareciendo por la mañana manchada con tinta roja, con la inscripción “racista”. El ataque obedecía, al parecer, a la consigna dada por la concejala de Justicia social, Feminismo y LGTBI, Sonia Vivas, para que la derribasen. Los seguidores de la orden no debían de disponer de suficientes medios y se contentaron con pintarrajearla. En realidad, la orden no era nada novedosa, se trataba de imitar lo acaecido días atrás en San Francisco, hecho inscrito en esa furia iconoclasta que se ha desatado en Estados Unidos y que ha tenido como víctimas también a las estatuas de Colón y Cervantes.

Tres hechos, y se podrían citar muchos más, en apariencia sin conexión, pero que obedecen a un mismo fenómeno, el de la tiranía de lo políticamente correcto, un nuevo fundamentalismo referente a determinadas materias, que pretende reescribir la historia y la cultura. Ante el piquete de esta nueva Inquisición no hay obra de arte que esté a salvo del furor revisionista. Si le hiciésemos caso, no se librarían de su anatema ni las tragedias griegas, ni las más sublimes óperas, ni las más excelsas pinturas, ni esos monumentos extraordinarios y sorprendentes (casi todos se hicieron con un tipo u otro de esclavismo) ni los personajes históricos más relevantes. La acusación de racistas, antifeministas,  homófobos,  etc., revolotearían sobre todos ellos. Su pasión iconoclasta parece no tener límites y estarían dispuestos a emular la destrucción de los budas de Bamiyán por los talibanes.

La entidad del fenómeno se agrava porque surge en los propios países occidentales, en aquellas sociedades que se consideran herederas de la Ilustración, en las culturas que alardean de abrazar el laicismo frente al integrismo religioso, que proclaman el libre pensamiento como motor del desarrollo y del progreso. Es un discurso sin duda reaccionario, pero paradójicamente no proviene de las esferas más conservadoras de la sociedad que pretendiesen retornar al antiguo régimen, no nace de los nostálgicos del absolutismo y del dogma, sino de un pseudoprogresismo que, habiendo renunciado a su propio discurso en materia social y económica, lo sustituye por una especie de mistura de feminismo, ecologismo, defensa de minorías raciales o de grupos como el de LGTBI, etc. Todas ellas batallas muy respetables, pero que se convierten en nocivas al transformarse en un cuerpo doctrinal, en un nuevo catecismo de fe, en el que no cabe el desacuerdo o la objeción, en el que no es posible ni siquiera la duda.

Si no fuese por su fundamentalismo, gran parte de este discurso provocaría simplemente hilaridad. Muchos de sus juicios y aseveraciones se precipitan en lo ridículo, causan risa. ¿Cómo no encontrar chuscos los destrozos que pretenden hacer a menudo en el idioma con eso que llaman lenguaje inclusivo? ¿Y acaso no hay cierta comicidad en los garrafales errores que cometen a menudo en sus análisis históricos y culturales, llenos de anacronismos y de prejuicios ideológicos? Todo su discurso no pasaría de anecdótico a no ser por su pretensión de transformar todas esas afirmaciones en pensamiento único, prohibiendo y anatematizando todo otro discurso alternativo.

Ante ese nuevo dogma eclesial, ante esa nueva ortodoxia, hay que reivindicar por fuerza la libertad de pensamiento, la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos a mantener las tesis contrarias. Derecho a calificar de ridículos muchos de los planteamientos de ese lenguaje inclusivo y considerar que la mayoría de las veces se convierten en toscas patadas al diccionario. Derecho a utilizar nuestro idioma en toda su amplitud, en toda su riqueza modal, e incluso en los términos malsonantes, sin por eso suponer que se odia o ataca a algún colectivo.

Derecho a que se respete la historia y a que sean los historiadores con el máximo grado de libertad investigadora, y sin anacronismos y prejuicios ideológicos, los que establezcan los hechos y dictaminen sobre ella manteniendo un estricto pluralismo. Hay que reivindicar la espontaneidad de los artistas en su actividad creadora, sin que se vean obligados a hacer de sus producciones obras apologéticas.

Hay que reclamar el derecho que tienen muchos españoles de creer que el mayor error de la Transición fue el establecimiento del Estado de las Autonomías, o que al menos se ha ido demasiado lejos en esa materia, y el derecho a defender, por tanto, la reforma de la Constitución para corregir los excesos. El mismo derecho del que se apropian otros para querer reformarla en sentido contrario.

Hay que demandar respeto para todos aquellos, hombres o mujeres, que se manifiestan en contra de forzar, tanto en las listas electorales como en la constitución de los gobiernos, la paridad de géneros. Tal vez piensan, primero, que de esta forma las mujeres que ostentan cargos públicos nunca sabrán si los ocupan gracias a sus méritos y capacidades o al hecho de ser mujeres. Segundo, que con este procedimiento se comienza la casa por el tejado porque, si de verdad se quiere la paridad en los puestos políticos hay que empezar por cambiar los hábitos sociales y la mentalidad de hombres y mujeres de manera que estas accedan a la actividad política en el mismo número y con la misma intensidad que lo hace el género masculino.

Hay quienes cuestionan -y tienen derecho a ello sin que se les califique de homófobos- que, en los países occidentales, el colectivo LGTBI sea una minoría perseguida, maltratada o discriminada, cuando sus manifestaciones paralizan varios días muchas ciudades y su bandera durante sus fiestas hondea en múltiples organismos oficiales e incluso ocupa el perfil en Twitter de la Guardia Civil. La misma palabra de “orgullo” se orienta más que a la postergación a la preeminencia. 

Hay quienes defienden, y tienen derecho a ello, sin que se les acuse de cómplices de la violencia machista, que todas las víctimas, sean hombres o mujeres, son iguales, y que no parece coherente que la ley penal castigue en distinta medida según que la agresión se produzca en un sentido o en el contrario. Tienen perfecto derecho a reclamar que en esta materia también se proteja la presunción de inocencia, y a suponer que, en ocasiones, solo en ocasiones, la mujer en un proceso de separación esté tentada a utilizar acusaciones falsas para obtener beneficios adicionales, especialmente en la custodia de los hijos.

Hay quienes piensan, y tienen derecho a defender sus planteamientos, que la mayor frecuencia colectiva en la comisión de una clase de delitos constituye un problema social y de orden público, y como tal tiene que ser abordado, pero en ningún caso debe incrementar por ello la gravedad desde el punto de vista penal de cada uno de los delitos, ni alterar sus garantías procesales.

En esta línea hay quienes señalan, y al menos deberían ser oídos en lugar de ser anatematizados, que el aumento de la dureza en las medidas penales no ha servido, por lo menos hasta ahora, para reducir los casos de violencia doméstica. Se preguntan, y tienen derecho a ello, si no se debería analizar más profundamente el fenómeno, escrutando la totalidad de las causas, de manera que no todo quedase reducido a una cuestión penal.

Hay incluso quienes cuestionan la existencia de una violencia de género, en cuanto tal, y tienen derecho a ello, sin que les acusen de ser cómplices de esos asesinatos. Creen que actualmente en los países occidentales no existe una violencia estructural frente a la mujer, ni todos los hombres son asesinos, ni todas las mujeres son víctimas. Es más, a pesar de todo el dramatismo del fenómeno, constituyen un porcentaje reducido. En España el 68% de los homicidios son de hombre a hombre, el 27% de hombre a mujer, el 7% de mujer a hombre y el 3% de mujer a mujer. Piensan, y tienen derecho a ello, que estos porcentajes no parecen confirmar el hecho de que se mate a las mujeres por el hecho de ser mujeres.

Se podrá afirmar que todas estas opiniones están equivocadas, que son erróneas, pero para demostrarlo deben emplearse argumentos. No valen las descalificaciones, y mucho menos las prohibiciones ni las condenas a priori. Equivocadas o no, todas ellas son merecedoras de ser escuchadas, de analizarse y, si se piensa lo contrario, de combatirlas dialécticamente, pero nunca de ser censuradas. Bajo ningún concepto se puede retornar a macarthismos ni a establecer sistemas represores de todo lo que se considera que se sale del discurso oficial.

Mal síntoma, en este sentido, que dentro del bloque que apoya al Gobierno, el fundamentalismo haya llegado tan lejos que un grupo feminista haya llamado homófobo a otro por el simple hecho de no defender la doctrina queer, es decir, por no admitir que la identidad sexual, lejos de estar inscrita en la naturaleza biológica humana, es una construcción social que varía en cada sociedad.

Mal síntoma también lo que ocurrió el otro día en el Congreso cuando el grupo parlamentario socialista, mediante una proposición no de ley instó al Gobierno (a su propio Gobierno) a tomar medidas contra el negacionismo de la violencia de género. Medidas ¿de qué tipo?, ¿represivas?, ¿penales? ¿Dónde queda la libertad de expresión? Lo malo es que fue votada por todos los partidos excepto por Vox.

Al dejar a Vox la exclusiva en el cuestionamiento de lo políticamente correcto, el resto de los partidos, también los de izquierdas, corren el peligro de que muchos de sus votantes, que pueden disentir de ese nuevo credo que se pretende imponer, se trasladen a lo que llaman extrema derecha, tanto más cuanto en materia social y económica no logran ver demasiada diferencia entre las formaciones políticas. En países como Francia o Italia esa extrema derecha también se nutre de los ex votantes de la izquierda.

La globalización, el proyecto de Unión Europa y más concretamente el del Unión Monetaria, tal como se han construido, amenazan el Estado social. La dictadura de lo políticamente correcto puede terminar poniendo en cuestión el Estado democrático y de derecho.

republica.com 3-7-2020



LOS EMPRESARIOS NOS HABLAN DE SU LIBRO

HACIENDA PUBLICA Posted on Wed, July 01, 2020 19:20:05

Convocados por la CEOE, se han reunido los líderes de las grandes empresas del país. El Covid-19 ha cambiado muchos de nuestros conceptos. Por ejemplo, el de reunión. Las cumbres ahora son telemáticas, y telemática ha sido la del IBEX 35. Ello no ha impedido que cada uno haya ido, como Umbral, a hablar de su libro, es decir, a trasladar su rogativa particular a papá Estado. Resulta curiosa la contradicción del discurso. Por una parte, alardean de autosuficiencia, y piden al Gobierno que les deje actuar, que ellos son los que saben, en una palabra, que el Estado no intervenga; pero inmediatamente a continuación reclaman todo tipo de ayudas públicas. Todos, de repente, se vuelven keynesianos.

Hay un tópico mantenido por el mundo empresarial y difundido ampliamente por los voceros de la derecha. Repiten de forma machacona que los empresarios son los que crean empleo y riqueza. El relato, ciertamente, se podría hacer al revés. Son los consumidores y los trabajadores los que hacen posible la existencia de las empresas. El tópico anterior encierra, además, una segunda intención, la de contraponer sector público a sector privado. El segundo es el que hace que la economía crezca; el primero, no. Desde esta perspectiva se da por sentado que todo el empleo público es improductivo y que cuanto más reducido sea, mejor.

A menudo, se tiene la impresión, de que los gobiernos participan de esta creencia, al no dimensionar adecuadamente las plantillas de los empleados públicos o, al concederles, con la finalidad de obtener rentabilidad política y electoral, beneficios en los horarios o en los días festivos, sin la compensación correspondiente en el número de efectivos, como si el trabajo pudiera ser de chicle y adaptarse a todas las circunstancias. Buen ejemplo de esto es el acuerdo adoptado la semana pasada entre la ministra de la Función Pública y los sindicatos sobre el teletrabajo en la Administración central. Todo lo referente al Plan Concilia está muy bien, pero sin incremento de las plantillas termina influyendo negativamente en los otros trabajadores o en la eficacia de los servicios públicos.

Después de la pandemia, la tesis acerca de la inutilidad de los empleados públicos resulta difícil de mantener. ¿Cómo defender que el personal sanitario es improductivo cuando toda la riqueza del país, pública o privada, ha estado dependiendo de ellos? Digamos la verdad, lo que subyace detrás de esta postura no es la diferente valoración de los servicios o de los bienes que se producen, sino de la forma de financiarlos. Se prefiere el precio a los impuestos. Se tienen como productivos aquellos outputs que presta el mercado por una contraprestación económica y personal, e improductivos los que suministra el sector público, financiados de forma colectiva mediante tributos. En realidad, lo que se repudia es la función redistributiva del Estado.

Las crisis -y esta no es una excepción- demuestran, guste o no, el papel imprescindible del sector público. En estos meses ha sido el Estado el que ha mantenido el empleo, no solo público sino, también privado, a través de los ERTE y de los avales ICO. Es por eso por lo que los líderes de las grandes sociedades del país se han reunido y, según Garamendi, presidente de la patronal, para mostrar su compromiso con España y porque querían sumar en el proceso de reconstrucción. En realidad, lo que más bien parecen querer es que el Estado sume. Así que cada uno, como Umbral, ha venido a hablar de su libro.

La señora Botín ha reclamado protección para el sector turístico, pero sobre todo está interesada en un plan de ayuda para la compra de la vivienda para jóvenes menores de 35 años, muchos de ellos desempleados y con trabajos precarios, a los que se les facilitaría la adquisición de la primera vivienda mediante el aval del Estado. Según la presidenta del Banco Santander, se crearían 1.700.000 empleos. No dudo de que el plan sería muy beneficioso para la banca, al igual que lo están siendo los créditos del ICO al trasladar el riesgo al sector público. Pero no parece que lo más conveniente para la economía española, ni ahora ni nunca, sea acentuar esa tendencia de convertir a todos los ciudadanos, aun cuando no tengan medios económicos, en propietarios de un piso.

Cabría pensar que las entidades financieras no han aprendido nada de la crisis pasada, cuyo origen se encuentra en los años en los que la banca concedía préstamos hipotecarios a gogó; incluso en muchas ocasiones a quienes no iban a poder hacer frente a la deuda, en cuanto se presentase el menor problema económico. Aunque pensándolo bien, quizá sí tengan presente aquella crisis y por eso ahora piden que el riesgo de los insolventes lo asuma el Estado. Hay que esperar que por una vez el Gobierno tenga mejor criterio y los recursos destinados a este sector los destine a la rehabilitación y a la vivienda pública de alquiler.

Sin duda, ese es el camino para dar cumplimiento al mandato constitucional. Hay que incentivar el alquiler y no la compra, aunque las entidades financieras prefieran lo contrario. Y dentro del alquiler, para hacerlo asequible y moderar el precio, es preciso incrementar la oferta pública y desechar todas aquellas medidas como la de anatematizar los desahucios que pueden expulsar a los arrendatarios del mercado, con lo que se producirá el efecto contrario al deseado. Puestos a que el Estado avale no sería mala idea que lo hiciese, no a los que van a adquirir un piso, sino a aquellos que por estar en situación laboral precaria y no ofrecer garantías de solvencia no encuentran a nadie que esté dispuesto a alquilarles una vivienda. Esta medida tendría además el efecto positivo de incrementar la oferta al movilizar a muchos propietarios que hoy prefieren tener los pisos vacíos por miedo a los impagados.

A veces, los libros de los que han venido a hablar los líderes empresariales también son contradictorios entre sí, y es que los intereses de sus empresas son a menudo opuestos. La postura de Galán (Iberdrola) ha chocado con la de Brufau (Repsol). Galán, arrimando el ascua a su sardina, pide que se adelante a 2025 el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima previsto para el 2030, y que se establezcan impuestos para aquellos sectores que emiten CO2: transporte, calefacciones, etc. Los recursos obtenidos deberían servir para reducir la factura de la luz. A Brufau no le gusta la idea y defiende que se atienda a la neutralidad tecnológica, evitando medidas que alejen a la inversión. Para el presidente de Repsol hay que proteger a la industria, que ha demostrado durante la pandemia ser menos vulnerable que los servicios. En concreto, ha defendido al sector del automóvil, que en la actualidad genera el 10% del PIB.

El Gobierno ya ha anunciado un plan de ayuda al automóvil, pero como siempre epatando con cantidades ingentes, pero sin que esté claro el destino ni el modo en el que se van aplicar los recursos; en esto se parece a la Unión Europea. En todo caso, habría que tener en cuenta dos aspectos. El primero es que estamos en una economía abierta y que solo una parte limitada de la producción del sector se orienta al consumo interior, el resto va a la exportación, por lo que los incentivos a la demanda tienen un efecto muy reducido, tanto más cuanto que también se pueden diluir vía importaciones. El segundo es que creer que la salvación del planeta depende de nosotros puede tener consecuencias negativas para nuestra industria y para nuestra economía, cuando las grandes potencias se toman los problemas ecológicos con más parsimonia.

Tal vez el libro más interesante sea el de Jordi Gual, presidente de Caixabank, que echa en falta que la Unión Europea no sea como Estados Unidos y que no disponga de un Tesoro único. El problema es que la idea llega con treinta años de retraso. Algunos, desde el Tratado de Maastricht (1990), venimos señalando una y otra vez esta carencia, que creemos que es la que hace inviable el funcionamiento correcto de la Unión Monetaria, o al menos imposibilita que los gobiernos puedan instrumentar una política económica seria. En buena medida, el libro de Gual cuestiona y pone en cuarentena todos los otros libros que han venido a plantearse en la cumbre de empresarios. El presidente de Caixabank ha calificado de pequeño embrión de unión fiscal el plan de recuperación puesto sobre la mesa por la Comisión. Desde luego, embrión y muy embrión, pero es que además está en el aire y precisa de todo tipo de concreciones. Se cuenta con él de forma generalizada, se reparte la pieza antes de cazarla. Puede ocurrir como en la película “Bienvenido Mister Marshall”, que después quedemos sumidos en el mayor de los chascos.

En los momentos actuales, todo el mundo incita al gasto, o a la reducción de impuestos que para el caso es lo mismo. Hasta Kristalina Georgieva, gerente del Fondo Monetario Internacional, invita a los gobiernos a gastar todo lo que puedan. Desde el Ejecutivo español se señala con cierto triunfalismo y jactancia la diferencia con la crisis pasada, y ciertamente la hay, pero conviene no olvidar que en los primeros años de aquella la propensión a incrementar el gasto público también estuvo muy presente y de forma generalizada en todos los países. En distintos artículos saludé con alborozo el hecho de que todos los organismos internacionales, hasta el mismo G20, se hubiesen vuelto keynesianos. Pero más tarde vinieron los ajustes, el llanto y el crujir de dientes. Entre las múltiples estupideces que dijo Zapatero el otro día en la COPE, manifestó una verdad irrebatible, que ni en 2008 ni en 2009 hubo recortes. Más bien lo que se aplicó en casi toda Europa fue una política expansiva. Los ajustes aparecieron más tarde, en 2010, cuando los mercados comenzaron a bramar y los políticos se asustaron.

Las diferencias entre ambas crisis son evidentes. No obstante, existen parecidos esenciales. El primero y más importante, y que distingue estas dos crisis de todas las anteriores, es la carencia de moneda propia en países como España, que quedan a merced de los mercados y del BCE. El segundo, y que acentúa y empeora esta debilidad y dependencia, es el fuerte endeudamiento exterior que estuvo en el origen de la crisis de 2008, y que, aunque en la crisis actual la causa sea diferente, puede crear múltiples problemas en los próximos años.

En bastantes ocasiones he defendido las políticas económicas expansivas y he censurado esa obsesión injustificada por el déficit público que a menudo tenían las autoridades fiscales y económicas en los años ochenta y noventa. Pero las circunstancias han cambiado sustancialmente con la entrada en la Unión Monetaria. Los gobiernos nacionales tienen atadas las manos, y poco se puede esperar de las instituciones europeas, al no existir, como afirma Gual, un Tesoro comunitario. El embrión será eso, como mucho embrión.  Sea cual sea la cantidad del fondo de recuperación y se instrumente como se instrumente, el endeudamiento público español va a crecer considerablemente y a partir de ahora, con más motivo que en 2008, estaremos a expensas del BCE.

Es cierto que el comportamiento actual del BCE es muy distinto al de entonces. De momento, parece comprometido con la finalidad de que no se disparen las primas de riesgo. Pero quién nos asegura que va a actuar de la misma manera en el futuro. La última sentencia del Tribunal Constitucional alemán revolotea como pájaro de mal agüero, y constituye un pésimo presagio de cara al futuro. Cuidado con los libros.

republica.com 26-6-2020



¿QUO VADIS, CIUDADANOS?

PARTIDOS POLITICOS Posted on Thu, June 25, 2020 11:12:12

“Cuando un mortal se entrega a labrar su propia perdición, los dioses acuden a colaborar para que consiga su cometido”. No estaría mal que esta frase de Esquilo resonase en los oídos de la nueva dirección de Ciudadanos, porque parece que esta formación política está empeñada en caminar hacia su desaparición. Es cierto que la situación heredada por Arrimadas ha sido francamente mala, pero, siguiendo la ley de Murphy, si algo puede empeorar, empeorará. Pretender situarse en el centro no es garantía de supervivencia, en especial cuando el río baja revuelto. Que se lo digan si no al CDS.

La trayectoria de Ciudadanos ha sido un tanto ambigua. Fue meritorio su comportamiento casi en solitario en contra del nacionalismo, cuando su acción se reducía exclusivamente a Cataluña. Sin embargo, tras su salto al ámbito nacional, no ha sabido encontrar ni su sitio ni su papel. Hasta ahora sus planteamientos han sido impecables en lo referente a la política territorial, pero en el resto de los asuntos ha dado tumbos sin mostrar un perfil coherente. Comenzaron reduciendo su discurso a una especie de rigorismo, según el cual solo ellos eran los cátaros, los puros. Pretendieron instaurar un cierto código ético, un catecismo de la democracia, pero reducido a meros aspectos formales, muchos de ellos discutibles e incluso algunos contraproducentes como el de las primarias.

Más tarde, entraron en una carrera desenfrenada por arrebatar al PP el liderazgo de la derecha, presentando en el ámbito económico un programa muy similar al de esta formación política, incluso más reaccionario. Fue elaborado por un grupo de profesores que, en su momento y para medrar, habían rondando sin demasiado éxito al Gobierno de Rajoy, y que también se acercaron, con mejor resultado en esta ocasión, a las proximidades del Ibex 35. De ahí la simpatía que los dirigentes de las grandes sociedades mostraron en un principio por la formación naranja, en detrimento incluso de los populares.

En su andadura por la política nacional, Ciudadanos ha cometido una serie de equivocaciones que los condujeron muchas veces a obtener todo lo contrario de lo que, al menos en teoría, era su objetivo y que constituía su mayor activo, la firmeza frente al nacionalismo. La primera fue ya en 2015 cuando, basándose en una supuesta corrupción generalizada del PP y personalizándola en Rajoy, Rivera aseguró que bajo ningún pretexto estaba dispuesto a pactar o a votar al entonces líder del PP, insinuando que la postura sería distinta si los populares presentaban otro candidato. Esa pretensión sin duda era un brindis al sol, y se fundamentaba en el desconocimiento de cómo funciona un partido ya consolidado como el PP. Era impensable que después de haber ganado las elecciones, aunque fuese por un escaso margen, los populares iban a descabalgar a su candidato.

El error de Rivera fue aún mayor cuando, tras los comicios de diciembre de 2015, se dejó arrastrar por Sánchez a ese vodevil del pacto, puro teatro, que realizaron en el Congreso y con gran dosis de parafernalia y de boato, bajo el cuadro de Genovés. Era evidente que no conducía a nada que Ciudadanos pudiera aceptar y que para lo único que servía era para que el líder del partido socialista ganase tiempo de cara a torear al Comité Federal, en ese objetivo ya acariciado de pactar con los independentistas.

Ciudadanos erró también cuando se mostraron contrarios y se opusieron durante largo tiempo a la aplicación en Cataluña del artículo 155 de la Constitución, y aún más cuando, al ser ya la medida ineludible, la terminaron aceptando, pero condicionándola a la celebración inmediata de elecciones. El motivo, la creencia de que los comicios les iban a ser propicios, como así ocurrió en realidad, pero sin obtener de ello demasiados frutos políticos. Más bien al contrario, consiguieron que el independentismo volviese a gobernar, sin que hubiese habido tiempo para desarticular la estructura que había posibilitado el golpe de Estado.

Es muy posible, sin embargo, que la equivocación mayor la cometiese Ciudadanos en 2018 con su reacción desproporcionada y desmedida ante la sentencia sobre la Gürtel, pensando que así provocaban unas elecciones generales. Creían que iban a obtener mejores resultados de los que entonces tenían, e incluso que podían dar el sorpasso al PP. De nuevo, el efecto conseguido fue el contrario del que buscaban. Sánchez utilizó la sentencia y la reacción de Ciudadanos como coartada para la moción de censura, que le posibilitó hacerse con el gobierno con 85 diputados y conseguir lo que parecía imposible, ese proyecto ansiado desde tiempo atrás.

Ciudadanos, y en particular Rivera, se sintieron burlados por Sánchez, quien en ningún caso tras la moción de censura quiso convocar elecciones generales. No era para menos. Fueron conscientes de que su aireada y teatralizada ruptura con el PP, lejos de acercarles a su objetivo, les dejaba en mucha peor situación que antes. Perdían la capacidad de presión que hasta el momento habían mantenido frente al Ejecutivo, y se constituía un gobierno Frankenstein, que era todo lo contrario de lo que defendían. Se concedía así una buena dosis de poder a los golpistas. Eso explica, quizás, la tajante negativa que Rivera mantuvo a lo largo de toda la campaña electoral de abril de 2019 a pactar con Pedro Sánchez.

Se ha generalizado una especie de mantra que da por cierto que la mayor equivocación de Rivera se produjo cuando, tras las primeras elecciones de 2019 y teniendo 57 diputados, no quiso negociar con el PSOE y que esa fue la causa de la debacle que experimentó en noviembre de ese mismo año. Discrepo de tal aseveración. Si hubo error, sería tal vez en la campaña de abril momento en el que, de forma gratuita y sin que nadie se lo exigiese, reiteró con frecuencia la negativa a prestar su apoyo a Sánchez. Esa postura le proporcionaría votos provenientes de la derecha, pero le alejó del centro.

Es razonable pensar, sin embargo, que, tras las elecciones, pocos serían los electores que, habiendo apoyado a Ciudadanos bajo ese supuesto, querrían el pacto, que representaba en realidad un incumplimiento de la promesa electoral. La prueba es que los votos perdidos por la formación naranja no se orientaron (como hubiera sido lo lógico, si este hubiera sido el motivo del abandono) hacia la izquierda, ya que el bloque PSOE-Podemos obtuvo cerca de un millón de votos menos (diez diputados). Por el contrario, parece que se dirigieron hacia el PP motivados por el llamado voto útil, y en el intento de desalojar a Sánchez de la Moncloa. Por otra parte, no conviene engañarse, el líder del partido socialista en ningún caso pensó seriamente pactar con Ciudadanos. Lo único que pretendía era su apoyo incondicional. De lo contrario, hubiese aceptado la oferta que Rivera le hizo en el último momento.

Los únicos que estaban totalmente a favor del pacto se encontraban dentro de la propia formación. Era el grupo que después se denominarían “críticos” y que curiosamente en buena medida coincidían con los que habían elaborado el programa económico, profundamente neoliberal, pero tal vez también los que tenían prisa por ocupar puestos de responsabilidad y de poder en la Administración. Serían también los que de forma más o menos velada se enfrentaron con Arrimadas tras la dimisión de Rivera. Ha sido este grupo, junto con los cañones mediáticos del sanchismo, los que crearon el mantra de que el desastre electoral de Ciudadanos en noviembre de 2019 se debió a no pactar con el PSOE. En buena medida son las mismas voces que mantienen ahora la conveniencia para Ciudadanos de ayudar a Sánchez. Da la impresión de que Arrimadas, que tan firme se mostró en Cataluña frente al golpismo, se ha dejado arrastrar por los vientos que vienen del grupo parlamentario europeo y que están conduciendo a Ciudadanos a representar un triste papel, el de comparsa del Gobierno Frankenstein.

El sanchismo ha sabido poner en circulación un discurso un tanto artero, el de la crispación, que afirma que en la situación difícil por la que atraviesa España, tanto desde el punto de vista sanitario como económico, toda crítica al Gobierno es dañina, puesto que convulsiona la vida política. Los partidos lo único que deben hacer es plegarse a la voluntad del Ejecutivo (según dicen, arrimar el hombro). Las formaciones políticas, los medios de comunicación social, los periodistas, las personas en general, se dividen en dos categorías: los que crispan y los que ayudan. Premio para los segundos y anatema para los primeros. Según este discurso, Ciudadanos se ha encaminado ahora por el camino correcto, merece todos los parabienes.

El buenismo se ha adueñado también de muchos de los altavoces mediáticos que repiten con frecuencia que los españoles lo que quieren es que los políticos se entiendan. Sin duda y planteado así, ¿quién va a decir que no en las encuestas? El problema como siempre está en el qué, en el contenido. Es el eterno dilema. En Cataluña hay que dialogar. Sí, pero ¿de qué? Hay que reformar la Constitución, sí, pero ¿qué aspectos y con qué orientación? Las formulaciones vacías de contenido no conducen a ninguna parte. Son meros tópicos para encubrir la incompetencia o la imposibilidad de gobernar. Sánchez, en enero pasado, creó una alianza política monstruosa, contra natura, que le sirvió para ser investido presidente de gobierno, pero que difícilmente le permite gobernar, y mucho menos en la situación crítica actual (véase mi artículo de la pasada semana). De ahí su llamada al entendimiento. Pretende ahora que las fuerzas políticas que no le apoyaron en la investidura y que se opusieron radicalmente a la formación del gobierno Frankenstein le ayuden; dice que por el bien de España.

Ciudadanos parece haber caído en la trampa, comenzando por esa absurda propuesta de recrear los Pactos de la Moncloa (véase mi artículo de 23 de abril de este año), que fue cogida al vuelo por el PSOE. Pero no nos engañemos, en la situación actual Sánchez necesita repartir culpas y responsabilidades, pero de ninguna manera está dispuesto a dar participación en el gobierno y en las decisiones más allá de lo que se vio obligado con Podemos para conseguir la investidura. Lo que pide son votos y adhesiones en blanco. Eso sí, concede dádivas a los independentistas y regionalistas con aquello que no es suyo. Pero más allá y como mucho, a todo lo que está dispuesto es a realizar gestos y teatro, como con Ciudadanos, haciendo ver que le han arrancado tales o cuales medidas, que carecen totalmente de importancia. Resulta patético contemplar al portavoz de Ciudadanos justificarse en el Congreso por votar a favor del Gobierno Frankenstein, haciendo ver que lo hacen por el bien de los españoles. Al tiempo Sánchez pacta con Bildu y otorga prebendas a independentistas vascos y catalanes.

Hay una argumentación que resulta inocente o interesada, según como se mire. Mantiene algo así: la postura de Ciudadanos es muy conveniente porque libera a Sánchez de la dependencia de los nacionalistas. Es una forma curiosa de verlo. La dependencia de los golpistas y demás secesionistas no es algo sobrevenido como un fenómeno atmosférico, sino algo libremente asumido y querido por el sanchismo, que en ningún momento se ha planteado pactar con los constitucionalistas y que tampoco está dispuesto a hacerlo ahora. Es evidente que el bloque de la moción de censura y el de la investidura, continúa perfectamente vivo y es el que concede la mayoría al PSOE. Ciudadanos no puede proporcionársela y, desde luego, Sánchez no quiere aproximarse al PP pues sabe que tendría que pactar y compartir poder.

Ciudadanos, con sus diez diputados, no sirve de alternativa a la alianza de la investidura, solo de muleta a Sánchez para afianzar su poder dentro de ese grupo, que es el mismo que el de la moción de censura y, cuya fidelidad le reclaman continuamente, y que desde luego nunca va abandonar, porque con Ciudadanos o sin Ciudadanos la necesita forzosamente para continuar en el poder. Su alianza y sus intereses van mucho más allá del Gobierno central, se extiende por Comunidades y Ayuntamientos: Cataluña, País Vasco, Navarra, Baleares, Valencia, etc. Ciudadanos, una vez más, va a protagonizar un penoso papel. Quiéralo o no, se va a convertir en un apéndice del bloque Frankenstein. Si deseaba girar a la izquierda, tenía un camino sencillo, ir rectificando poco a poco su programa económico hacia el espacio socialdemócrata que está casi vacío, pero sin corregir un ápice su discurso territorial, aun cuando tuviese que coincidir en esa materia con la derecha, incluso con la extrema. Lo de Agamenón y su porquero.

republica.com 19-6-2020



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